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Narcos en Sanlúcar

José Aguilar | 25 de junio de 2009 a las 19:44

La red de narcotraficantes que acaba de desarticular la Guardia Civil en Sanlúcar de Barrameda tenía como jefe a un veinteañero. No me extraña. Numerosos niños sanluqueños alimentan desde chicos el sueño de una vida regalada, con poco esfuerzo y cierto riesgo. Es la vida que ven en sus vecinos o familiares, la que lanzan bravuconamente a la cara a los profesores que tratan de disciplinarlos con más fe y moral que suerte. Los consideran -a sus profesores- unos funcionarios desgraciados y mal retribuidos, lo contrario de un ejemplo a emular.

Este capo de Sanlúcar, como digo, tiene menos de treinta años y, según la Guardia Civil, no dirigía la organización desde la sombra, ni mucho menos, ya que pilotaba él mismo las embarcaciones, dotadas de tres o cuatro motores fueraborda, con las que se introducían las partidas de tres toneladas de hachís por cada operación. De hecho, los once detenidos son menores de 42 años, lo que revela que el tráfico de drogas se ha constituido en los últimos en un poderoso yacimiento de empleo en una población de mucho paro y economía deprimida, o sumergida. Nativos y visitantes se ríen a mandíbula batiente cuando conocen el anuario de La Caixa, que sistemáticamente coloca a Sanlúcar como el municipio español más pobre. Año tras año se perpetúa el equívoco estadístico.

En los registros domiciliarios se han decomisado coches de alta gama, embarcaciones de lujo, motos acuáticas, televisores de plasma, joyas y algunas armas. Realmente, el primer indicio de delito de narcotráfico en pueblos pequeños y medianos se puede detectar con facilidad. Basta una vigilancia somera, incluso una observación no profesional, de los vehículos que manejan algunos individuos sin oficio conocido, los chalés en los que viven o el dinero que gastan para levantar la sospecha.

Claro que una cosa es sospechar y otra probar. Estos traficantes del medio rural no suelen dejar rastro en el sector bancario y en los registros de la propiedad, disfrutan de una cierta impunidad social en determinados sectores que llegan a justificarlos con la consabida apelación a la crisis y la falta de trabajo y disponen de una capacidad de soborno considerable, la que proporciona la droga -dura de verdad- del dinero abundante ganado sin doblarla. ¿Cuántas peonadas en la construcción se necesitan para meterse en el bolsillo lo que se mete uno en una sola noche de alijo?

El poder contaminante y corruptor del dinero de la droga alcanza a algunos policías y guardias civiles, que pueden duplicar o triplicar sus bajos salarios oficiales con tan sólo hacer la vista gorda durante una guardia al relente. En fin, es mucho más fácil saber con seguridad quién trafica que ponerlo a buen recaudo.

Ley justa, efecto perverso

José Aguilar | 2 de junio de 2009 a las 19:11

DEL caso tremendo de José Antonio Santos, el albañil sevillano que ha pasado once meses en la cárcel y cuatro años de calvario judicial por ocho denuncias de maltrato conyugal que se han revelado falsas, no cabe deducir la maldad de la Ley de Violencia de Género, sino los efectos perversos de su aplicación en un clima social que abona el prejuicio contra el hombre en general.

Entendámonos. La Ley es justa y necesaria, ha ayudado a muchas mujeres a salir del infierno de un amor equivocado y ha puesto en su sitio a los cafres que las tratan como una propiedad particular. En general, ha hecho mucho por la igualdad esencial de nuestro tiempo y ha educado a una sociedad que llevaba siglos conviviendo con el maltrato con toda naturalidad. Por tanto, debe seguir vigente, sin duda.

Pero algo falla en su puesta en práctica. Porque el caso de Santos, aunque extremado (su esposa llegó a denunciar una agresión imposible, dado que él se hallaba en prisión, y una horrible paliza que milagrosamente le dejó intactas las uñas postizas), es paradigmático de una forma de actuar de la Policía y la Justicia en materia de violencia doméstica. Todos conocemos demasiados ejemplos en los que la presunción de inocencia del hombre ha sido literalmente destruida por una simple denuncia de su mujer, compañera o amante, que le hace, de momento, dormir en los calabozos, a la espera de que su presunta culpabilidad se demuestre. Cuando el juez concluye que los malos tratos denunciados fueron en realidad autolesiones han pasado meses de padecimientos, rechazo y deshonra pública.

Numerosos juristas han revelado, por otra parte, la excesiva frecuencia con que algunas mujeres utilizan bastardamente la legislación que las protege para su beneficio personal en un proceso de divorcio o en la disputa por la tutela de los hijos, a los que se enemista contra un padre al que se le ha colocado ya la etiqueta infame de maltratador. En ocasiones la retirada de las denuncias de agresiones de género obedece a la fragilidad emocional de la denunciante, a la dependencia o al miedo, que deben ser combatidos por las instituciones de defensa de la mujer, pero otras veces responde sencillamente a que eran falsas. Sucede así, aunque los adalides de la corrección política lo nieguen o lo desprecien alegando que se trata, dicen, de casos excepcionales. Ahora bien, ¿no bastaría un solo caso para hacernos pensar que algo va mal? ¿No vale aquí el lema que prefiere que haya culpables sin castigo a que un solo inocente sea inicuamente condenado?

Y no es sólo por los hombres. En realidad a quienes más perjudica esta aplicación deficiente de la ley es a miles de mujeres maltratadas que la necesitan y la merecen para ser libres.