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Toros en Cataluña

José Aguilar | 29 de julio de 2010 a las 11:54

NO soy capaz de dilucidar si en la decisión del Parlamento catalán de prohibir las corridas de toros desde el 1 de enero de 2012 ha pesado más la iniciativa de los enemigos del maltrato animal o el oportunismo de los enemigos de la pertenencia de Cataluña a España.

Es una de esas cuestiones que llamamos transversales para significar que los posicionamientos sobre ella atraviesan las ideologías y no se fijan automáticamente en función de las adscripciones políticas. Hay un debate ético, sí, relacionado con la tortura y muerte del toro bravo, pero conviene preguntarse por qué la prohibición ha triunfado en Cataluña y no en cualquier otro sitio. Pues porque es allí donde el nacionalismo ha encontrado en esta iniciativa la coartada perfecta para arremeter contra algo que considera una seña de la identidad nacional española. Si no hubiera sido por este conflicto identitario postsentencia del Constitucional, la movida de la plataforma antitaurina hubiera quedado en ruido sin consecuencias.

Un ruido de corto alcance porque los argumentos animalistas carecen de consistencia. Deberían explicar por qué prohíben la tradición de los toros en la plaza y salvan la tradición de los correbous en los pueblos catalanes, con reses acosadas y con fuego en los cuernos, por qué no prohíben la caza (se conocen casos de toreros heridos o muertos por cogida de toro, pero ninguno de cazador herido o muerto por perdices o conejos) y por qué, ya puestos, no impiden que se inflen las ocas para extraerles el paté o se exterminen ignominiosamente cerdos, vacas y gallinas para alimentar a los humanos opresores. Animales son todos ellos, aunque el toro bravo al menos puede defenderse de la agresión y ha sido criado para embestir en vez de para ser degollado en el matadero.

Con todo, más grave que este pretexto inane es que la mayoría de los representantes del pueblo catalán hayan subido un peldaño más en la senda del prohibicionismo. Todo lo quieren reglamentar, desde los letreros de las tiendas a los paneles de los ambulatorios y desde el doblaje de las películas al idioma de la enseñanza. Hay en esta obsesión de la nomenclatura de Cataluña un renuevo del despotismo ilustrado (ellos deciden, con su superior criterio, lo que la sociedad debe hacer y lo que no debe hacer) y un desprecio ostensible a la madurez de los ciudadanos y a su condición de individuos adultos y libres que eligen sus opciones vitales sin coacción ni paternalismo.

Por el amor de Dios, dejen a los ciudadanos la libertad de asistir a una corrida de toros si creen que es un arte, una fiesta o un patrimonio cultural y la libertad de no asistir si piensan que los toreros son unos matarifes. Lo firma uno al que no le gustan los toros.

Contra los fumadores

José Aguilar | 16 de diciembre de 2009 a las 12:26

ESTOY totalmente de acuerdo con mi compañero Carlos Colón: aplaudo las medidas que se tomen para ayudar a los fumadores a desistir de su hábito y para garantizar la salud de los no fumadores. Disiento de él cuando afirma que “agradecería que existieran bares y restaurantes sólo para fumadores”. Yo más bien exigiría que existan estas reservas para tal especie en vías de extinción.

   Ya se veía venir que Trinidad Jiménez no iba a parar hasta quitarnos del tabaco, incluso a aquellos a los que un paquete nos puede durar una semana. No han pasado cuatro años desde que entró en vigor la ley antitabaco de Bernat Soria y la ministra de Sanidad ya ha confirmado que va a reformarla. Para endurecerla, claro. En 2010 se prohibirá fumar en todos los espacios públicos cerrados, locales de ocio y restaurantes (se podrá hacer en las terrazas y plazas de toros, menos mal). La ley seca en materia de nicotina, vía libre al consumo de alcohol.

   Esta revisión va a perjudicar a todos aquellos empresarios de la hostelería y el ocio que realizaron obras en sus locales para adaptarlos a la legislación vigente y dedicar una zona a los adictos al tabaco; van dados si tienen la esperanza de que el Gobierno les indemnice por cambiar la ley que él mismo impulsó. No es eso lo peor desde el punto de vista colectivo. Lo peor es que el afán prohibicionista de los gobernantes -que no merma para nada el afán recaudatorio: se mantienen, cuando no se aumentan, los impuestos sobre actividad tan nociva como fumar-, que se evidencia acumulativo e insaciable, supone en algunas circunstancias una intromisión insoportable en la vida y los derechos de las personas. Se insiste autoritariamente en salvar a quienes no desean ser salvados.

   Vayamos a esas circunstancias. Si el Estado protege con todos los medios a su alcance la salud de los no fumadores frente a la agresión de los fumadores, no hay nada que objetar. Es decir, volver a la situación anterior de que el vicio de unos pocos dañe la salud de muchos sería intolerable, regresivo e injusto. Pero, ¿por qué el Estado tiene que impedir coactivamente que unos individuos adultos acudan de manera libre y voluntaria a unos locales, a fumar como descosidos en unión de otros con la misma adicción, y sabiendo todos que se están envenenando? ¿A quién perjudican más que a sí mismos? Que dejen a los dueños de bares, tabernas, cafeterías y restaurantes elegir si abren establecimientos donde se pueda fumar o donde no se pueda fumar, y que sea la clientela respectiva, mayor o menor, la que decida en última instancia si hacen más o menos negocio. Descuiden: si no son rentables, los que permitan fumar irán cerrando solos.

   Dice Trini Jiménez que hay un amplio consenso sobre las nuevas prohibiciones tabáquicas. Una vez más estoy en minoría.