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Menos códigos éticos y más voluntad

José Aguilar | 23 de diciembre de 2009 a las 12:23

¿CUÁNTOS códigos éticos hacen falta para que la ética resplandezca en el funcionamiento de los partidos políticos? ¿Cuántas normas se necesitan para que la corrupción sea extirpada de raíz cuando se produce, ya que evitarla de antemano parece incompatible con la frágil condición del hombre y con la perversa condición del poder?

Todas las leyes y todas las reglas de buena conducta del cargo público y del militante que se han aprobado ya o vayan a aprobarse en el futuro serán insuficientes si no existe la firme voluntad de aplicarlos a rajatabla. ¿Firme y a rajatabla? Eso quiere decir que nunca ni con nadie se harán excepciones, que sus compromisos y cláusulas serán de observancia general y que los incumplimientos tendrán consecuencias, caiga quien caiga.

Ya las leyes aprobadas en el Congreso y en los Parlamentos autonómicos contienen un importante arsenal de prohibiciones y cortapisas a los cargos públicos, aunque siempre se pueden mejorar (la ambición y la picaresca nunca descansan). También los partidos han ido completando los códigos anticorrupción, generalmente a golpe de escándalos. El PSOE tiene uno, también lo tiene Izquierda Unida y el PP ya se dotó de otro en 1993. Ahora, impelido por las consecuencias del caso Correa, Rajoy ha hecho aprobar a la dirección nacional del PP un Código de Buenas Prácticas que obliga a los militantes a rechazar según qué regalos y a adjudicar por contrato público la publicidad, los viajes y las campañas electorales del partido. Nunca está de más.

Ahora bien, como si la realidad se hubiese empeñado en darme la razón, el mismo día en que el PP lanzaba a bombo y platillo su código un militante popular se hacía con la Alcaldía de Arrecife, la capital de Lanzarote, mediante una moción de censura contra el alcalde socialista que respaldaron siete ediles del Partido de Independientes de Lanzarote. Entre ellos, dos en libertad provisional por su implicación en una trama corrupta de empresarios, concejales y funcionarios. El nuevo alcalde no es ningún quídam desconocido, sino Cándido Reguera, diputado nacional del Partido Popular, que se codea todas las semanas con Rajoy y demás compañeros impulsores del Código de Buenas Prácticas.

Y a eso iba yo. Por motivos sectarios y por ansia de acumular poder, las cúpulas de los partidos -no sólo el PP, naturalmente- siempre están dispuestas a hacer la vista gorda ante un incumplimiento de sus códigos éticos, e incluso de las leyes generales, si de ese incumplimiento se deriva la conquista o el mantenimiento de una Alcaldía o el logro de una mayoría parlamentaria. Con la corrupción hacen lo mismo que con el transfuguismo. No es cuestión de códigos.

La guerra de las Pajines

José Aguilar | 11 de septiembre de 2009 a las 10:49

DONDE las dan las toman. El PP se hizo con la Alcaldía de Benidorm -en la persona de Eduardo Zaplana- en 1991 gracias al apoyo de un concejal tránsfuga del PSOE que cambió de bando. Los doce concejales socialistas en el Ayuntamiento benidormense anunciaron ayer una moción de censura que le arrebatará la Alcaldía al popular Manuel Pérez merced al voto de un edil tránsfuga del PP. La historia se repite como farsa (doble, porque aquello del 91 ya lo fue).

También se repiten los argumentos pretextados por los censuradores para defender la inevitabilidad de su iniciativa: parálisis del equipo municipal del PP, desgobierno de la ciudad, clamor ciudadano… No hay moción de censura con tránsfuga que no se postule en bien del interés general ni se exima a sí misma del tufillo de la pura ambición de poder. La moción de Benidorm se justifica también por la necesidad de “una regeneración ética, inmediata y urgente”. La degeneración disfrazada de regeneración, no hay quien dé más.

Lo que hace notable este caso es, aparte de la importancia de Benidorm (más de 300.000 habitantes en verano, más de 100 millones de euros de presupuesto), la personalidad de una de las ediles socialistas comprometidas. Se trata de Maite Iraola, que ha sido secretaria general del PSOE de Benidorm durante siete años, entre 2000 y 2007, cargo orgánico en el que sucedió a su marido, José María Pajín. Ambos son los padres de la secretaria federal de Organización socialista, y ninfa de Zapatero, Leire Pajín. Y ahí es donde está el quid de la noticia: Leire Pajín ha tenido que lidiar con su madre y los once compañeros de aventura. El 29 de agosto les ordenó parar la moción so pena de expulsión del partido en aplicación del Pacto Antitransfuguismo. Ayer anunció que sancionaría de inmediato a su mamá y a los otros.

Pero no habrá lugar. Los doce han dicho que se darán de baja en el PSOE y cuando se apoderen del Ayuntamiento, previo pago político al tránsfuga por su traición, lo harán como independientes. Les diré lo que probablemente pasará: si el nuevo equipo se consolida en la gestión municipal de aquí al término del mandato (junio de 2011), la dirección federal del PSOE amnistiará su pecado de ahora y los presentará de nuevo como candidatos. De este modo la paz política volverá al hogar de los Pajín y los socialistas habrán cumplido la letra del Pacto Antitransfuguismo, cuyo espíritu es vulnerado por unos y otros cada vez que les conviene.

¿Malpensado? Por supuesto. ¿Qué otra cosa puede ser quien se dedique a comentar la política patria? En realidad el perdón futuro de los concejales del PSOE de Benidorm ya se otorgó aquí cerca, en Gibraleón, al alcalde Juan Serrato, tránsfuga redimido por el paso del tiempo, que, dicen, es el olvido.