Carta de una policía local de Sevilla a propósito de la ‘juerga’ de Jerez

Jorge Muñoz | 24 de mayo de 2016 a las 5:00

policía local2

A continuación, reproduzco una carta que me ha enviado una policía local de Sevilla -que prefiere guardar su anonimato-, a propósito de la ‘juerga’ policial en Jerez de la Frontera (Cádiz) de octubre pasado. La misiva, que transcribo literalmente, es la siguiente:

“Quiero empezar este escrito, ante todo, diciendo que llevo muchos años en el cuerpo de la Policía Local de Sevilla, que no tengo ningún familiar en el mismo, y que me siento orgullosa del uniforme que visto y del trabajo que desempeño ante la ciudadanía.

Creo que estoy en todo mi derecho de exponer mi opinión, por la parte que me corresponde y por lo dolida e indignada que me siento debido a todo lo acontecido en estos días, y también por todas las consecuencias y repercusiones que esto me puede conllevar a la hora de desempeñar mi trabajo en la calle. Todo ello referente a la forma de actuar de unas mujeres vestidas con el uniforme reglamentario, que yo también porto en mi día a día.

Creo que las protagonistas de todo esto no deben de insistir tanto en tachar a nadie de machista, ni enfocarlo desde ese punto de vista. Aquí no se está hablando de nadie que esté disfrutando de una fiesta en su vida privada, ni en darle un lugar o trato discriminatorio a la mujer, respecto al que pueda tener el hombre. Aquí de lo que se está hablando es de que un grupo de mujeres que asistieron vestidas con sus uniformes reglamentarios, autorizadas por sus jefes, a un acto oficial, en representación de sus corporaciones a las que pertenecemos much@s, y que con sus formas de proceder no supieron mantener la compostura, ni darle el respeto que se merece el uniforme que vestían en ese momento.

Luego somos nosotras mismas las que queremos reivindicar el trato igualitario de ambos sexos, y que nos den nuestro lugar y nos respeten, cuando con estas formas de actuar estamos haciendo todo lo contrario, perdiendo todo el respeto profesionalmente, teniendo luego la falsa moralidad de querer implantar orden a la hora de desempeñar nuestro trabajo.

Aunque entiendo que por la situación en la que se encuentran, es normal que quieran darle la vuelta a lo ocurrido, y utilizar lo que pueden ser armas de mujer ante los medios de comunicación, pero creo que esta vez no les va a servir, porque es intentar defender y justificar lo indefendible, sin fundamento que las respalde, para intentar minimizar el error que han cometido.

Como tampoco cabe el intentar sacar trapos sucios y vídeos de otros compañeros con otras malas formas de actuar, porque el desprestigiar el uniforme, tan mal está que lo haga un hombre como una mujer.

Siendo lo más alarmante de todo esto, que los acontecimientos se produjeran en presencia de dos mujeres mandos de esta Policía Local de Sevilla, y que en ningún momento intentaran hacerse con el control de la situación o evitar dicho espectáculo.

Lo que si creo es que hay que reconocer cuando uno se equivoca, porque todos en algún momento lo hemos. Y no sólo preocuparse de buscar el apoyo incluso de algunas asociaciones que para vergüenza de nosotros nos representan, con el objetivo de no ser sancionadas.

Y sí, he echado en falta esa disculpa de humildad, respeto y consideración que se merecen las compañeras que visten los mismos uniformes que ellas, y que hicieran ver que reconocen que se han equivocado, y que son conscientes de todas las consecuencias que éstas pueden sufrir por la forma de actuar de ellas.

Y yo me pregunto, como creo que muchos ciudadanos, en qué se está atentado contra su intimidad, si todo transcurre en la vía pública, visible en todo momento debido a que el autobús tiene los cristales transparentes, como se puede observar en el vídeo, y está totalmente visible para cualquier persona, bien fuese viandante o conductor de otro vehículo que circulara al lado del autobús.

Pero quiero, dentro de la indignación, impotencia y ofuscación que siendo, consolarme de forma humilde y pensar que los jefes van a saber atajar el problema con firmeza y que no les va a temblar el pulso, a la hora de tener que afrontar la toma de alguna medida disciplinaria al respecto.

Y de ese modo contribuyan para hacerle ver al ciudadano que el uniforme que llevamos en la calle muchos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad lo vestimos con dignidad, respeto, orgullo, vergüenza, honor, satisfacción y sobre todo con mucha vocación para intentar mejorarnos en nuestro día a día.

Ahora la que suscribe se toma la libertad, en nombre de todas las mujeres y hombres que llevamos un uniforme, en hacer un ruego: Nos den la oportunidad de sentir nuestros superiores el reconocimiento de la labor que desempeñamos en nuestro día a día, y hacérsela ver también al ciudadano para que así seamos respetados también por ellos.

Y una de las mejores formas y maneras de hacérsela ver sería siendo los primeros en tener conductas ejemplares y que esto no caiga en un saco roto. Vamos a dar ejemplo, porque creo que el ciudadano lo necesita, necesita tener plena CONFIANZA EN SU POLICÍA, EN LA PROFESIONALIDAD DE ÉSTA, y en saber que está A SU LADO.

LA CIUDADANÍA LO ESTÁ REIVINDICANDO A GRITOS, ESCUCHÉMOSLA.

Al mismo tiempo pienso que si este ruego se hiciera público se unirían muchos ciudadanos de la ciudad de Sevilla y de otras provincias y localidades”.

 

 

 

La juerga policial acabó al son de la más grande

Jorge Muñoz | 22 de mayo de 2016 a las 5:00

De los gritos de ¡la picoleta, la picoleta! a cantar por la más grande. Y no me refiero a la juez Mercedes Alaya, sino a la mismísima Rocío Jurado. Así terminó la fiesta que un grupo de mujeres policías montó improvisadamente en un autobús urbano de Jerez de la Frontera (Cádiz) que les trasladaba en esta localidad con motivo de los actos conmemorativos del XXX aniversario de la incorporación de la mujer al cuerpo de la Policía Local, que tuvo lugar en octubre del pasado año.
En un nuevo vídeo que pueden ver completo en la web de este periódico, se observa en primer lugar como otra agente, que viste igualmente su uniforme de Policía Local y en la guerrera lleva diversas distinciones, se arranca a cantar a los sones de la canción Señora de Rocío Jurado.
Las gesticulaciones y movimientos de manos imitando a la tonadillera se suceden mientras la policía canta él me dijo que era libre… La verdad es que la imitación es divertida. El resto de las agentes que viajaban en el autobús no dudan en hacerle los coros: Ahora nadie puede apartarlo de mí…. Ahora nadie puede apartarlo de mí. La letra de la chipionera impregna musicalmente el autobús.
La interpretación acaba con una gran ovación del respetable, acompañada por silbidos y aplausos. La sorpresa viene al final, como siempre cuando ya nadie se lo espera. Es entonces cuando la improvisada doble de la más grande alza sus brazos y piernas hasta encaramarse en la barra del bus. El júbilo se desata mientras la mujer continúa su acrobacia y coloca sus tacones en el techo del vehículo.
Además de este vídeo hay otra imagen de la fiesta en la que se puede observar a otra de las agentes tras lanzar las piernas hacia arriba para realizar una voltereta asida a dos barras laterales. Como comenté hace unas semanas con motivo de la difusión del primer vídeo de la juerga, estas imágenes no tendrían mayor trascendencia de no ser porque las mujeres visten el uniforme del cuerpo –de la Policía Local o incluso la Guardia Civil– y lo hacen en un autobús que está en marcha, circulando por las calles.
Evidentemente no se comete ninguna infracción de tráfico por ir cantando en un vehículo en marcha, si no habría que multar a más de uno que, seguramente, incluso cantan mucho peor de lo que lo hace la agente en este vídeo. Que nadie intente ver machismo en esta crónica, lo habría contado igual si el espectáculo lo hubiesen protagonizado agentes masculinos.
Pero lo que no puede pasarse por alto es de nuevo el espectáculo de la agente colgándose de la barra del techo, y eso sí que podría constituir en su caso una infracción en materia de Seguridad Vial. Esto es quizás lo único que pueda resultar grave del vídeo, amén de que las agentes no estaban en una celebración privada, puesto que aunque no estaban en acto de servicio sí que su desplazamiento para asistir a los actos del XXXaniversario estaba revestido de oficialidad, por cuanto para vestir el uniforme fuera de la localidad donde prestan servicio es necesaria una autorización de la Jefatura correspondiente.
La difusión de este vídeo ha llevado a los Ayuntamientos de Sevilla y Jerez de la Frontera a abrir una investigación y analizar las imágenes del vídeo.

Desde el Ayuntamiento de Sevilla. que mantiene abierto un expediente informativo y ha nombrado ya a un instructor, explicaron que si de ese estudio se desprenden motivos para presentar una denuncia por infracciones de tráfico o contra la seguridad vial, la responsabilidad no sería del Consistorio hispalense porque los hechos no se han producido en su término municipal. Además, hay que tener en cuenta de que no se trata de un acto de la Policía Local de Sevilla y que hay agentes integrantes de distintos cuerpos. No obstante, el Ayuntamiento sí que podría tomar alguna medida de carácter disciplinario por el hecho de mantener una conducta poco apropiada vistiendo el uniforme policial. “La Jefatura de la Policía de Sevilla, al igual que los responsables del resto de cuerpos de seguridad con agentes que puedan aparecer en este vídeo, sí que puede tomar medidas en caso de que se pueda comprobar de forma objetiva que una agente de la Policía Local de Sevilla que se pueda identificar de forma cierta por estas imágenes haya cometido alguna irregularidad”, explicaron a este periódico desde el gobierno local cuando se difundió el primer vídeo.

Los responsables de la PolicíaLocal están analizando “todo el material y se tomarán las medidas oportunas si se identifican agentes de la Policía Local de Sevilla que puedan haber cometido irregularidades que se vean reflejadas en éstas u otras imágenes”. Por el momento, esa investigación no ha concluido.

Aquí les dejo el anterior vídeo, por si aún no lo habían visto…

 

 

VISTO PARA SENTENCIA

 

La juez mercedes Alaya, ¿diosa o demonio?

*Éste es el sugerente título del libro que la periodista sevillana Mercedes Benítez ha realizado sobre la juez Mercedes Alaya, que investigó el caso de los ERE y otras macrocausas. El libro, que la periodista plantea como una “radiografía de la magistrada más famosa de España”, será presentado a mediados de junio en Sevilla. Antes de que la obra esté en las estanterías de las librerías ya está generando cierta expectación entre los incansables abogados que durante los últimos cinco años han intervenido en el caso. Dicen que hay incluso algún que otro letrado que está nervioso a la espera de conocer qué interioridades del caso relata la periodista. Será interesante saber a qué conclusión llega sobre la figura de la instructora, si se acerca a la divinidad, como entienden algunos, o al lado oscuro. Estaremos atentos a las reacciones.

Bolaños devuelve el dinero al ex edil García

*La juez María Núñez Bolaños, que recibió la complicada herencia de las macrocausas de Alaya, ha devuelto esta semana al ex concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla José Antonio García los 14.000 euros que éste depositó tras haber sido imputado en el caso Mercasevilla, en relación a su trabajo en una de las empresas del conseguidor de los ERE, Juan Lanzas. García depositó el dinero y la instructora ha decidido devolvérselo porque no se ha adoptado ninguna medida cautelar contra el concejal. Una decisión con la que Bolaños sigue marcando distancias con su antecesora…

 

El misterio de la Caja 5

Jorge Muñoz | 15 de mayo de 2016 a las 5:00

cajas de expedientes

A nadie le voy a descubrir a estas alturas, tras cinco años de una tortuosa instrucción, que el sumario de los ERE es un monstruo difícil de gobernar. La documentación acumulada en dos habitaciones del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla y la que se almacena en archivos digitales acumula ya más de 300.000 folios. Una buena parte de esa apabullante marabunta de documentos es la que han utilizado precisamente los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para hacer sus laboriosos atestados, y también los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), cuyo dictamen es la pieza clave de la acusación de los ERE.
La primera instructora del caso, Mercedes Alaya, entregó a la Guardia Civil y a los peritos esa ingente cantidad de papeles para que desarrollaran su trabajo y, una vez finalizada la labor, los documentos fueron devueltos al juzgado en julio de 2014. Se trata de cien cajas –algo más de 100.000 folios– que están depositadas en dos habitaciones del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. Alaya “puso” esos documentos a disposición de las partes, es decir, les dijo a las acusaciones y a los abogados de la defensa que podían ir a consultar esas cajas, pero no ordenó que se escanearan para facilitar el trabajo a la hora de examinar esos documentos. La decisión de Alaya suponía, en la práctica, algo como impedir el acceso a esa documentación. ¿Quién sería capaz de meterse a escudriñar esos tomos en busca de algo de interés? ¿Quién haría de ratón de biblioteca de los ERE?
Aquí es donde comienza a gestarse el enigma de la Caja 5. El abogado Antonio Uceda, que representa a dos ex altos cargos de la agencia Idea investigados en esta macrocausa, examinó el índice de los documentos que habían remitido la Guardia Civil y los peritos de la IGAE, y detuvo su mirada en la caja etiquetada con el número 5, que llevaba la siguiente descripción:“Acuerdos de Transferencias de Financiación a IFA-Idea”.
El abogado, que a lo largo de estos cinco años se ha mostrado muy combativo –otro incansable, como diría Alaya– en la defensa de los intereses de sus clientes –es uno de los letrados que más recursos ha presentado–, no lo dudó ni un segundo y se sumergió en el examen de la Caja 5.
Emulando a Allan Quatermain en la búsqueda de las minas del rey Salomón –si se me permite la licencia literaria–, Uceda buscó y rebuscó entre los papeles devueltos por los interventores del Estado. ¿Y qué descubrió en esa caja 5? En esa caja se encontraban los expedientes de gastos en los que se fiscalizaban las transferencias de financiación y lo importante del hallazgo del abogado es que a través de esa documentación ha encontrado los argumentos para desvirtuar una de las afirmaciones que los peritos recogían en su voluminoso informe pericial.
Ahora viene la parte compleja técnicamente del hallazgo: la IGAE asegura en su informe –en la página 80 de los 8.245 folios que contiene– que no hay constancia de que la Intervención General de la Junta comunicara al interventor delegado en la Consejería de Empleo la existencia de las irregularidades puestas de manifiesto en los informes de control financiero realizados al IFA-Idea, o las contenidas en el informe adicional, “ni que éste las conociera por ninguna otra vía”.
Esta afirmación que los peritos despachan en una sola frase, según la defensa y a tenor de los documentos que aparecen en la Caja 5, es falsa. ¿Por qué? Porque en esa caja 5 están los expedientes de gasto en los que se fiscalizaban las transferencias de financiación y en los que se pondría de manifiesto que no se ha ocultado a la intervención delegada en Empleo el sistema empleado. Pero la actuación del interventor delegado sí que puede apreciarse en esos expedientes de gasto, que vendrían a acreditar que este funcionario de que las transferencias se estaban siendo utilizada para ejecutar el convenio marco de 17 de julio de 2001 por el que se concedieron las ayudas de los ERE durante una década.
Es decir, los documentos de la Caja 5 contradicen las afirmaciones de los peritos y el interventor delegado conocía lo que estaba ocurriendo y que esos pagos figuraban en las correspondientes partidas presupuestarias. La tesis que sostienen las defensas es que no hubo ilegalidades –más allá de posibles conductas individuales relacionadas con el destino del importe de alguna de las subvenciones– porque el sistema era conocido y aprobado año a año por el Parlamento andaluz en la ley de Presupuestos.
La conspiración que Alaya considera que hubo en torno al fraude de los ERE debía comenzar por el interventor delegado, que es quien tenía la llave para abrir o no el grifo de las ayudas, y para pararlas en caso de que hubiera detectado las irregularidades.
Quizás la revelación más importante de la Caja 5 sea la falta de “control judicial” sobre la documentación que se entregaba a los peritos y a la Guardia Civil, que podrían incluso haber hecho una selección de los documentos que avalan las tesis acusatorias y obviar aquellos que podrían beneficiar a la defensa de los imputados.
La juez  ha ordenado ahora que se digitalicen las 100 cajas para facilitar su entrega a las partes. La Caja 5 puede ser el inicio de una investigación, la punta del iceberg de los papeles de Panamá del caso de los ERE. Quien sabe qué otras sorpresas pueden deparar el resto de las 100 cajas que todavía quedan por escrutar por las defensas. La búsqueda continúa.

 

VISTO PARA SENTENCIA

Las agentes de la juerga estaban de servicio
*Las policías locales que la semana pasada vimos en un vídeo de juerga en un autobús en Jerez de la Frontera (Cádiz)no estaban de asuntos privados, sino en una comisión de servicio. Es decir, no estaban en acto de servicio, puesto que su competencia para desarrollar su actividad como agente se circunscribe a la localidad donde trabajan, pero su viaje era totalmente oficial. De hecho, para usar el uniforme fuera de sus localidades tienen que estar autorizadas por la Jefatura correspondiente. Es más, algunas de las que acudieron a la celebración del XXX aniversario de la incorporación de la mujer a la Policía Local de Jerez tuvieron que levantar sus descansos y, posteriormente, recuperaron esos descansos a costa de la fiestecita. Dicen que las policías están intentando recabar apoyos de los mandos policiales para que su conducta no sea sancionada. A ver en qué concluyen las investigaciones abiertas por varios ayuntamientos.

El polémico acuerdo de condena a los Perla
*Esta semana causó sorpresa e incluso indignación el pacto alcanzado por la Fiscalía y la acusación para rebajar de forma espectacular la condena al clan de los Perla, acusados de la muerte de una niña de seis años en un tiroteo en las Tres Mil Viviendas. El principal acusado aceptó una condena de 14 años frente a los 80 que pedía la Fiscalía y se acordó además que la familia de la niña reciba una indemnización de 400.000 euros. Este dinero fue intervenido a los acusados y procedía del narcotráfico.Sin embargo, la Fiscalía, para favorecer el acuerdo, dio por bueno que eran los “ahorros” del clan. Quizás tenga razón una juez que el otro día comentaba que la Justicia debe buscar ante todo satisfacer al perjudicado. Y si los padres se dan por satisfechos, no debe ser la Justicia la que eche por tierra ese pacto…

El Supremo anula la sanción a guardia civil por las imágenes de su whatsapp

Jorge Muñoz | 13 de mayo de 2016 a las 11:31

whatsappLa Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ha anulado la sanción de cuatro días de suspensión de funciones impuesta a un guardia civil al no acreditarse que las expresiones e imágenes que aparecían en la presentación de su whatsapp se referían a la nota baja que había sacado su superior en el curso de la Escala de Oficiales de la Guardia Civil, según ha informado este viernes el Alto Tribunal.Los hechos sancionados ocurrieron cuando el sargento comandante de Puesto de Cabra de Santo Cristo, en Jaén, después de recibir un whatsapp del citado agente sobre un servicio, le abrió un parte al tener la certeza de que las palabras que figuraban en su “estado” de whatsapp “20 de 100?? 3,5 en psicología? Inútil…”, con varios emoticonos de caras sonrientes, iban dirigidas “abiertamente” contra él, que obtuvo una nota semejante, un 3,167, en la prueba de psicología.

El expediente disciplinario concluyó con la imposición de la mencionada sanción al guardia civil por una falta leve de desconsideración o incorrección con los superiores en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellos; sanción confirmada por el Tribunal Militar en una sentencia que ha sido anulada ahora por la Sala Quinta.

La Sala Quinta indica que el Tribunal Militar ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia del recurrente al efectuar una valoración no razonable del conjunto de la prueba, extrayendo conclusiones que no se compadecen con las reglas de la lógica, la racionalidad y la sana crítica.

Por un lado, considera que no pueden tenerse en cuenta las manifestaciones autoinculpatorias del agente sancionado ante el Capitán Jefe de la Compañía de Baeza, a la que pertenecía el Puesto de Cabra de Santo Cristo, porque no se le informó de su derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable.

En este sentido, indica que se trata de una prueba irregularmente practicada que vulnera derechos fundamentales del expedientado que, ante la recriminación de su superior, mostró su arrepentimiento y afirmó que había quitado inmediatamente el contenido del “estado” de su whatsapp al darse cuenta de que no había actuado bien”.

Por otro lado, la sentencia señala que en el listado con el resultado provisional de las pruebas –documento que obra en la causa- se aprecia que la nota que realmente sacó el sargento -3,167- no coincide con la del “estado” del whatsapp -3,5-, salvo que se acepte que el guardia civil los redondeó al alza, y que no puede atribuirse únicamente a aquel.

Tras esas precisiones, la Sala Quinta señala que el parte disciplinario emitido por el sargento -incompleto y sin firmar- no refleja datos objetivos sino juicios, apreciaciones o valoraciones subjetivas que vierte quien lo emite y que carecen de valor probatorio y de eficacia para permitir imputar al guardia civil sancionado la falta leve por la que fue sancionado.

La sentencia subraya que dicho parte, en el que el suboficial manifiesta su “certeza” de que la frase se dirigía a él, es la única prueba realmente existente de los hechos, cuya veracidad y exactitud no ha sido corroborada por el resto de la prueba testifical y documental, por lo que no puede considerarse prueba de cargo suficiente contra el guardia civil sancionado.

¿Mejor que un buen pleito?

Jorge Muñoz | 10 de mayo de 2016 a las 7:00

Una ilustración de Daniel Rosell sobre el juicio al clan de los Perla

Una ilustración de Daniel Rosell sobre el juicio al clan de los Perla

El refranero popular asegura que “más vale un mal acuerdo que un buen pleito”, en alusión a que a veces resulta más adecuado y barato negociar antes del juicio que someterse al criterio del juez. Desconozco si los padres de Encarnación Silva, la niña de seis años que murió en las Tres Mil Viviendas, se han dejado guiar por este refrán o hay otros motivos que le han llevado a pactar una condena con los responsables de la muerte. Sea como fuere, el acuerdo contempla una fuerte indemnización de 400.000 euros, que triplica o cuatriplica la posible compensación con la que legalmente se cuantifica la pérdida de una vida. Supongo que para cualquier padre la vida de un hijo no tiene precio, y por mucho dinero que te ofrezcan, no estás dispuesto a aceptar que el caso quede impune. Dicho esto, hay que recordar que el acuerdo alcanzado está avalado por la Fiscalía de Sevilla, que es la parte que como acusación pública garantiza la legalidad del procedimiento.
Es cierto que la rebaja de la petición de condena por parte del Ministerio Público es impactante –de 80 años de prisión se pasa a 14 en el caso de Antonio Girón, el Coleta, y a 11 años en su hijo–, pero también lo es que los principales acusados seguirán en prisión.
En cualquier caso, hay varios aspectos en las conclusiones de la acusación pública que también resultan llamativos, como el hecho de que la matriarca del clan, María del Carmen Barrera, que se enfrentaba en principio a una condena de 54 años, salga con una pena de sólo dos años, por un delito de “conspiración” para cometer un delito de homicidio.
Y en segundo lugar también sorprende que el dinero con el que será indemnizada la familia –esos 400.000 euros– fuesen inicialmente considerados por la Fiscalía como procedentes de la supuesta actividad de narcotráfico a la que se dedicaba al clan –según el anterior escrito de acusación– y ahora, por arte de magia, no conste su origen ilícito y sí su procedencia de los “ahorros” familiares.
Puede que al final éste sea el mejor acuerdo, sobre todo si se tiene en cuenta que los familiares no acudieron ayer al juicio para evitar posibles represalias y que algunos testigos posiblemente tampoco iban a declarar por “miedo”. Con este acuerdo, la familia se da por satisfecha, las defensas también, el fiscal santifica el pacto y suma varias condenas. Y se evita el coste de un juicio que se iba a prolongar durante 14 interminables sesiones. ¿Hay quien dé más?

Despedida de soltera de policías

Jorge Muñoz | 8 de mayo de 2016 a las 5:00

Si les dijera que las imágenes que acompañan a esta página se corresponden con una despedida de soltera, a nadie le extrañaría. Nadie sospecharía incluso de que las participantes en la fiesta vistieran uniformes de Policía Local y de la Guardia Civil, al fin y al cabo hay despedidas en las que las participantes utilizan disfraces de todo tipo, muchos de ellos de mal gusto. A nadie les sorprendería tampoco que este grupo de mujeres hubiesen alquilado un autocar para desplazarse por la ciudad en el contexto de esa celebración. Ni tampoco el ambiente festivo, alegre y dicharachero del que hacen gala.

En el vídeo se observa cómo las mujeres se jalean, unas a otras, para que algunas, en un juego entre gimnástico o acrobático, se cuelguen por las piernas de una de las barras horizontales de sujeción del autobús, entre el aplauso y los vítores de júbilo del resto de viajeras. A esas peripecias no se resiste ni la mujer que va vestida con el uniforme de la Guardia Civil, después de que sus compañeras la invitasen al grito de ¡la picoleta, la picoleta!. Y ésta no duda en colgarse del asidero, con la cabeza hacia abajo. Las risas se suceden y le hacen hasta la ola en un ambiente muy lúdico.
Luego le toca el turno a otra mujer vestida de policía local, que no duda en quitarse la chaqueta porque tiene mucho calor. Alguna, con la guasa, necesita ayuda para bajar de la barra. Otra utiliza un asidero vertical del autocar para simular que está en un sala de striptease, mientras las otras mujeres corean la música de Jack Nitzsche que inmortalizó el sensual baile de Kim Bassinger en la película Nueve semanas y media. Una de las mujeres, mientras está encaramada, llega a simular incluso un gesto libidinoso con su lengua.
A estas alturas todos estamos curados de espanto y la capacidad de asombro de los ciudadanos es cada vez menor. La despedida de soltera que refleja el vídeo estaría muy bien si se tratara realmente de una despedida de soltera. Pero la realidad es bien distinta. Esas mujeres que se divierten tanto no están celebrando que una de sus compañeras va a dar el paso de contraer matrimonio, de dejar atrás el mundo de la soltería.
Son en realidad mujeres que pertenecen a los cuerpos de la Policía Local de varias provincias andaluzas, entre ellas Sevilla y Cádiz. La escena se grabó en octubre de 2015 en la localidad de Jerez de la Frontera (Cádiz), dentro de los actos de conmemoración del XXX aniversario de la incorporación de la Mujer a la Policía Local, que se celebró los días 8, 9 y 10 de octubre. Un acto que contaba con la colaboración de Mupolia, la asociación de Mujeres de la Policía Local, Nacional y Guardia Civil. Y de hecho había una mujer del benemérito instituto en el autobús.
Con motivo de este homenaje, el Consistorio de la localidad gaditana organizó una serie de actividades para las mujeres policía, entre ellas la asistencia al espectáculo Cómo bailan los caballos andaluces de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, y también se realizó una visita guiada al Alcázar de Jerez, la visita a las Bodegas González Byass y los Museos de La Atalaya.
Para facilitar los desplazamientos del grupo, el Ayuntamiento cedió además un autobús urbano, que es donde se grabaron estas imágenes.
El vídeo no tendría mayor trascendencia que otros que triunfan en youtube de no ser por varios aspectos que no pueden pasar por alto. El primero: que las mujeres que aparecen en él, aunque no estén de servicio, visten el uniforme del Cuerpo, ya sea el de la Policía Local o la Guardia Civil, y no parece que sea correcto o decoroso actuar de esa forma cuando se viste de uniforme.
El segundo: el espectáculo colgándose de las barras que protagonizan varias de las mujeres policía que viajan en el autobús para mayor divertimento de sus compañeras no resulta ya apropiado desde un punto de vista de la Seguridad Vial. No olvidemos que el autobús va en marcha, circulando por Jerez, y que cualquier frenazo o imprevisto podría haber provocado un accidente y la caída o lesión de alguna de las singulares acróbatas.
Y tercero: No se trata de ser anticuados, pero sin duda no es el mejor ejemplo que pueden dar los miembros de la Policía Local o de la Guardia Civil de cualquier ciudad, sobre todo si se tiene en cuenta que estos agentes son en la mayoría de los casos los encargados de velar por la seguridad del Tráfico y de la circulación. Es más, el vídeo es un ejemplo de lo que no debe hacerse en un vehículo a motor, y el hecho de que esa conducta la lleven acabo precisamente personas que deben velar por la seguridad vial añade un plus de gravedad a su conducta.
¿Se imaginan qué les pasaría a ustedes si una de estas agentes, en el ejercicio de sus funciones, les pilla en una actitud similar? La sanción –multa, pérdida de puntos, etc.– que les caería no se la quitaría ni el mismísimo Perry Mason, ese abogado de la ficción televisiva que era capaz de llegar a donde no lo hacía la Policía y de resolver crímenes salvando a su inocente cliente. Los miembros de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado deben tener una conducta ejemplar, vistan o no el uniforme, estén o no de servicio.

El Supremo anula la sanción al brigada que no quería brindar por el Rey

Jorge Muñoz | 4 de mayo de 2016 a las 12:11

La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ha anulado por prescripción la sanción disciplinaria de un mes y un día de arresto impuesta a un brigada del Ejército de Aire por una falta grave cometida al decir que no brindaba por el Rey el día de su onomástica, aunque, finalmente, acabó alzando su copa por su Majestad junto al resto del Destacamento de Alhucemas, según ha informado hoy el Alto Tribunal.
La sentencia desestima el recurso de casación interpuesto por el abogado del Estado y ratifica el fallo del Tribunal Militar Central que anuló la citada sanción y estableció que se indemnizara al suboficial por los daños morales derivados del cumplimiento de la misma en el Establecimiento Disciplinario Militar de Ceuta. En este sentido, fijó que la cuantía de la indemnización sería la suma del importe de la dieta en territorio nacional por cada día que estuvo privado indebidamente de libertad, además de otra cantidad determinada en el trámite de ejecución de sentencia por otros daños o perjuicios que haya podido sufrir a consecuencia del castigo.

De acuerdo con la sentencia recurrida, la Sala Quinta indica que cuando se notificó al expedientado dicha sanción, el 17 de septiembre de 2013, ya había prescrito al haberse agotado el plazo de seis meses que establece el Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas para la caducidad de las faltas graves.

Los hechos ocurrieron el 22 de junio de 2012 cuando un teniente, entonces Comandante Militar del Destacamento de Alhucemas, le dijo a un sargento que preparara un vino con motivo del santo del Rey Juan Carlos. El brigada sancionado replicó que eso ya no se llevaba y el mando le contestó que allí sí se celebraría. Dos días después, el día de San Juan, el teniente se percató de que el militar no se encontraba en la formación con todo el Destacamento para entrar en el comedor y, como fue imposible localizarlo por teléfono, fue a buscarle al despacho, comunicándole que tenía cinco minutos para bajar. Al llegar allí, el suboficial expedientado dijo que él tenía lealtad a España y a la Bandera pero que no brindaba por el Rey, aunque, después, levantó su copa por su Majestad y se marchó del comedor.

Varios militares brindan por el Rey en la cena de Nochebuena en la base de apoyo avanzado de Herat (Afganistán).

Varios militares brindan por el Rey en la cena de Nochebuena en la base de apoyo avanzado de Herat (Afganistán).

Por estos hechos, el 12 de septiembre de 2012, se abrió al militar un expediente disciplinario, que acabó con la resolución sancionadora el 13 de septiembre de 2013 por una falta grave del artículo 32 del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas (emitir o tolerar manifiesta y públicamente expresiones contrarias, realizar actos irrespetuosos o adoptar actitud de menosprecio contra la Corona). Meses antes, se inició un procedimiento penal que fue archivado, decisión que fue comunicada al instructor.

La sentencia indica que la autoridad disciplinaria puede incoar y tramitar un expediente sancionador y que no está obligada a suspenderlo aunque tenga conocimiento de que se ha iniciado un procedimiento penal por los mismos hechos, señalando que no puede resolverlo antes de que acabe éste último.

En este caso, subraya la Sala, la autoridad disciplinaria conoció la apertura del procedimiento penal y en lugar de esperar a que éste terminase y se lo comunicaran, optó por incoar el expediente disciplinario y tramitarlo, sin llegar a suspenderlo justificadamente antes de que le fuera notificado el auto de archivo. De ese modo, concluye que el plazo legalmente establecido para su tramitación no quedó interrumpido por la existencia de actuaciones penales y continuó corriendo hasta agotar el plazo de tres meses fijado para su instrucción.

La Policía no puede observar una vivienda con prismáticos sin orden judicial

Jorge Muñoz | 3 de mayo de 2016 a las 12:47

guardia civilLa Sala II del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que establece que la observación de una vivienda con prismáticos por parte de la Policía sin autorización judicial vulnera la inviolabilidad del domicilio. El Supremo anula la condena de cárcel por tráfico de drogas impuesta a dos personas por la Audiencia de Ourense al considerar ilícita la principal prueba de cargo contra ellos, que fue la actividad observada por la Policía en el interior de un domicilio mediante prismáticos. Los dos acusados son absueltos por el alto tribunal.
En sentencia de la que ha sido ponente el presidente de la Sala, Manuel Marchena, el Supremo se pronuncia por primera vez sobre la incidencia en el derecho a la inviolabilidad del domicilio (artículo 18.2 de la Constitución) de la observación mediante prismáticos por agentes de Policía del interior de un domicilio. En ese sentido, indica que la protección constitucional de esa inviolabilidad, cuando los agentes utilizan instrumentos ópticos que convierten la lejanía en proximidad, no puede ser neutralizada con el argumento de que el propio morador no ha colocado obstáculos que impidan la visión exterior. El domicilio como recinto constitucionalmente protegido no deja de ser domicilio cuando las cortinas no se hallan debidamente cerradas, como ocurría en este caso.

La expectativa de intimidad no desaparece por el hecho de que el titular o usuario de la vivienda no refuerce los elementos de exclusión asociados a cualquier inmueble. Interpretar que unas persianas no bajadas o unas cortinas no corridas por el morador transmiten una autorización implícita para la observación del interior del inmueble, encierra el riesgo de debilitar de forma irreparable el contenido material del derecho a la inviolabilidad domiciliaria.

Añade el Supremo que la protección frente a la incursión en un domicilio debe abarcar, ahora más que nunca, tanto la entrada física del intruso como la intromisión virtual. La revolución tecnológica ofrece sofisticados instrumentos de intrusión que obligan a una interpretación funcional del artículo 18.2 de la Constitución. La existencia de drones, cuya tripulación a distancia permite una ilimitada capacidad de intromisión en recintos domiciliarios abiertos es sólo uno de los múltiples ejemplos imaginables.

drone camara

Pero incluso para el caso en que se entendiera que los supuestos de falta de presencia física por parte de los agentes en el domicilio investigado deben ser protegidos conforme al concepto general de intimidad que ofrece el artículo 18.1 de la Constitución, lo cierto es que en el presente caso no consta la existencia de ningún fin constitucionalmente legítimo que, por razones de urgencia, permitiera sacrificar la intimidad del sospechoso.

Y se vulnera esa prohibición cuando sin autorización judicial y para sortear los obstáculos propios de la tarea de fiscalización, se recurre a un utensilio óptico que permite ampliar las imágenes y salvar la distancia entre el observante y lo observado, concluye la sentencia.

De Llera se salta la ley Godwin

Jorge Muñoz | 28 de abril de 2016 a las 7:00

EMILIO DE LLERA

Rosell

De Llera es un gran jurista pero parece desconocer la ley Godwin. Este principio, que un compañero recordaba ayer en relación con las polémicas declaraciones realizadas por el consejero de Justicia e Interior de la Junta, fue propuesto en la década de los 90 por el abogado estadounidense Mike Godwin. La ley Godwin, que comenzó a utilizarse en los grupos de discusión en internet, dice lo siguiente:“A medida que una discusión en línea se alarga, la probabilidad de que aparezca una comparación en la que se mencione a Hitler o a los nazis tiende a uno”. Y en ese momento, la discusión se acaba. Y pierde el interlocutor que ha recurrido a semejante comparación.
Si las declaraciones de Emilio de Llera, un brillante fiscal en excedencia, tenían el más mínimo atisbo de aproximarse aunque fuese remótamente a la realidad, se perdieron con el símil.Comparar la independencia de los jueces españoles con la que pudo tener el dictador que acabó masacrando al pueblo judío va mucho más allá que unas desafortunadas manifestaciones que han situado de nuevo a De Llera en el centro de la polémica. No hay que olvidar que, además, las declaraciones no las realiza un consejero cualquiera del Gobierno andaluz, sino precisamente el consejero de Justicia, el que debe tener una relación más directa con los jueces y fiscales, por lo que debe ser más exquisito si cabe en sus manifestaciones sobre estos profesionales, sin olvidar que durante cuatro décadas ha sido un miembro destacado de la carrera fiscal.
Si nos atenemos a la ley Godwin, De Llera perdió el debate –en realidad era una entrevista en una televisión local– al hacer semejante afirmación, más propia de una barra de bar que de una tertulia televisiva. El consejero andaluz se situó al mismo nivel –aunque sin entrar en injurias– que en su día se colocó el ex consejero delegado del Real Betis Luis Oliver, que fue condenado por afirmar en una rueda de prensa que “ni los nazis hacían lo que hace esta loca”, en alusión a la juez Mercedes Alaya, que en su día investigó los delitos societarios relacionados con el club verdiblanco.
La única circunstancia atenuante que cabe apreciar en la conducta del consejero es la rapidez con la que ha pedido disculpas, no sólo a los profesionales de la Justicia y a los fiscales, sino también a los simpatizantes de Podemos, formación de la que afirmó que si sube en las próximas elecciones supondrá que la sociedad “está enferma”.
Algunos podrían tratar de justificar las declaraciones del consejero respecto a la independencia de los fiscales porque, en cierto modo, se trata de un órgano jerarquizado, pero en el caso de los jueces está completamente fuera de lugar afirmar que son “tan independientes y tan irresponsables que hacen lo que les da la gana y eso es muy peligroso”. Peligroso también resulta atacar la independencia de unos jueces que, en los últimos años, se están mostrando como la última frontera contra la corrupción, aunque desde luego haya actuaciones judiciales que puedan ser en cierto modo cuestionables. De lo que no se puede dudar es que estos profesionales, al igual que los fiscales –por mucho que tengan un superior jerárquico dándoles órdenes–, no van a actuar bajo la única premisa sobre la que pueden hacerlo: la del imperio de la ley y el cumplimiento de la legalidad.
No quiero ser muy duro con De Llera porque, en el fondo, creo que, como en otras ocasiones, se ha dejado llevar por la espontaneidad y el lenguaje coloquial que varias veces ya le han jugado malas pasadas, desde el mismo día en que tomó posesión como consejero de Justicia, hace ya cuatro años, en mayo de 2012.
En estos cuatro años, repartidos en dos mandatos, De Llera no ha dejado títere con cabeza. Sus declaraciones públicas le han llevado a meterse en más de un entuerto. Entre sus perlas más sonadas está la que dedicó a la juez Mercedes Alaya, de la que dijo lo siguiente veinte días después de acceder al cargo:“Es una mujer muy trabajadora, que está llevando varios procedimientos judiciales complicados adelante y sigue estando muy guapa”. Unos meses después volvió a la carga con esta instructora:“Ni uno es Superman, ni Alaya es Superwoman, si sigue retrasando así las cosas y no acepta la ayuda de nadie, le podrán decir que es una prepotente, porque sola no puede”.
Y Alaya, en su defensa, lo calificó de un “notorio detractor” de su trabajo en el informe que remitió al Poder Judicial criticando a la juez María Bolaños, la nueva titular del juzgado de la macrocausas.
De Llera también ha tenido encontronazos con el padre de Marta del Castillo, después de que calificara de “tontería” y de“despilfarro” seguir costeando la búsqueda del cuerpo de la joven asesinada. Y en otras ocasiones no hay que negarle un fino sentido del humor, como cuando criticó al entonces ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, del que dijo que “no resuelve los grandes males de la Justicia, es como si a una persona que tiene mucha hambre le ofrecemos una gamba en lugar de un plato de cocido”.
La misma espontaneidad que muchas veces le pierde es la que hace destacar la singularidad de Emilio de Llera, que no deja a nadie indiferente. En la entrevista del pasado martes vimos de nuevo a Emilio “en estado puro”.

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La burra de Manos Limpias

Jorge Muñoz | 27 de abril de 2016 a las 7:00

Rueda de preensa de Arnaldo Fernandez Calderon, Coordinador General de Andalucia del Sindicato Manos Limpias, y Rafael Prieto Tenor, Delegado en la provincia de Malaga.

El coordinador de Manos Limpias en Andalucía, Arnaldo Fernández, y el nuevo abogado del sindicato, Rafael Prieto Tenor.

“Yo también tenía que vender mi burra. Mi burra es la vuestra, la de la sociedad civil”. De esta forma tan gráfica justificó ayer el coordinador general de Manos Limpias en Andalucía, Arnaldo Fernández Calderón, la intensa y pintoresca rueda de prensa que ofreció en Sevilla para asegurar, entre otros asuntos, que el sindicato seguirá ejerciendo la acusación particular en los seis procesos en los que está personado como acusación popular en Sevilla, desde los ERE a los cursos de formación, pasando el caso Mercasevilla, el de la Fundación de Sevilla, el de las irregularidades en los fondos Jeremie y el de las facturas falsas de la UGT-A. De paso, el coordinador regional también aseguró que Manos Limpias no tiene intención de abandonar el caso Nóos, en el que está imputada la infanta Cristina.
Pero esta es la intención de los representantes del sindicato en Andalucía, que se da de bruces con la cruda realidad, que no es otra que el sindicato tiene problemas para encontrar un procurador que los represente en el caso de los ERE. El abogado malagueño Rafael Prieto Tenor ha asumido la representación jurídica en todos estos procesos, pero la búsqueda del procurador es más complicada.
Si hubiera que ponerle un título a la película que protagoniza el sindicato bastaría recordar uno de los títulos que protagonizó la cantante Madonna en uno de sus escarceos en el mundo del cine…. Aquella simplona pero a veces divertida “Buscando a Susan desesperadamente” podría trasladarse al caso de Manos Limpias como “Buscando un procurador desesperadamente”.
Y ésa es la pura realidad. El sindicato Manos Limpias busca desesperadamente un procurador antes del próximo martes para seguir ejerciendo la acusación popular en el caso de los ERE fraudulentos, después de que el abogado Rafael Prieto Tenor se personara ayer en la causa que se investiga en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.
La juez María Núñez Bolaños dio el pasado lunes un plazo de cinco días a la formación para nombrar un nuevo procurador, después de que el anterior procurador y el abogado que han representado al sindicato durante cinco años renunciaran por motivos personales.Ese plazo vence el próximo martes, 3 de mayo, y llegado ese día, si el sindicato no ha designado nuevo procurador, se quedará fuera de los ERE.
La búsqueda resulta complicada. Arnaldo Fernández explicó que buscan un procurador “valiente” y “que no cobre”, que colabore con Manos Limpias en defensa de la “sociedad civil”. “Tenemos una dificultad para conseguir un procurador, no encontramos ningún procurador que se haga cargo de los ERE, que se atreva a representar los intereses de la sociedad civil y no tenemos dinero para pagarle”, reconoció.
El problema de encontrar procurador, además de que buscan uno que trabaje de forma altruista, está en el irreparable desgaste a la imagen del sindicato que ha supuesto el escándalo de la detención de su coordinador general, Miguel Bernad, junto al presidente de Ausbanc, Luis Pineda, en la operación coordinada por el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. ¿Qué procurador se va a vincular ahora al sindicato, aunque se trate de desarrollar un cometido profesional, y además hacerlo gratis?
El representante de Manos Limpias Arnaldo Fernández, uno de los pocos que ha dado la cara –también es preciso reconocerlo– aseguró ayer que seguirán personado en todas las causas, incluida el caso Nóos donde está imputada la infanta Cristina. “Tengo noticias fidedignas de la junta directiva nacional de Manos Limpias de hace 30 minutos [aseguró durante la rueda de prensa que ofreció] de que Miguel Bernad ni la junta directiva han dado instrucciones u órdenes para que el sindicato se aparte de los casos en que estamos personados, entre ellos el caso Nóos”, aseveró Arnaldo Fernández, que rechazó que el sindicato se vaya a “ir al garete de momento” porque aquí hay “personas honradas que están luchando por esto”.
El coordinador en Andalucía del sindicato pidió respeto a la presunción de inocencia del secretario general, Miguel Bernad, de quien dijo es una persona “muy humilde” y piensa que “este hombre ha sido utilizado, pienso que el señor Pineda le ha comido el coco a Miguel”, aunque acto seguido afirmó que “no pone la mano en el fuego por nadie” y si ha hecho algo y lo condenan “bien condenado está”.
Arnaldo Fernández, que llegó a mostrar su curriculum a los periodistas –en el que se recoge que fue procurador, detective privado, criminólogo y dispone de varios másteres, así como la medalla de San Raimundo de Peñafort–, añadió que va a seguir en “Manos Limpias o en sin Manos”, ironizó y rechazó que se califique a este sindicato como “pseudosindicato”.
El abogado Rafael Prieto, que a partir de ahora asumirá la acusación popular de Manos Limpias en las distintas causas en las que está personado en los juzgados de Sevilla, aseguró que viene con una actitud “totalmente activa” y con la convicción de que las “acusaciones fundadas se deben mantener” y las va a mantener hasta “las últimas consecuencias”.
El letrado, que añadió que no viene a “defender ni justificar” a ninguna persona jurídica, añadió que pretende sentirse útil para la sociedad civil. “Que no nos roben los corruptos”, concluyó el nuevo abogado del sindicato.

El letrado informa al juzgado de que no cobrará

El nuevo abogado de Manos Limpias en Andalucía, Rafael Prieto, presentó ayer un escrito a la juez Bolaños, en el que deplora los “espeluznantes hechos” que han aparecido en los medios de comunicación sobre el dirigente nacional y “se aparta completamente de sus actos y de cuantas actuaciones presuntamente espurias exista rastro en las presentes diligencias”. Dice el letrado que su actuación es fruto de una “encomienda absolutamente desinteresada, no obteniendo ni un solo euro de Manos Limpias ni de terceros –más al contrario, asumiéndose gastos y dispendios de todo tipo–”. El letrado añade que en el caso de que se percate de que por parte “de su cliente o por terceros existe una motivación procesal ajena al beneficio para la sociedad civil, presentaría inmediata e irrevocable renuncia, amén de denunciar ante los juzgados y tribunales las negociaciones, maniobras espurias o presiones”.