Asesinato y aborto en el triple crimen

Jorge Muñoz | 22 de octubre de 2017 a las 2:00

La Policía recupera los cadáveres del turco y de Sandra Capitán y su hija

Ricardo el Pollino, el asesino confeso de Cerro Blanco.

Ricardo García Hernández, alias el Pollino, el joven que ha confesado el triple crimen de una pareja y una niña de seis años a los que disparó y luego enterró en sosa cáustica bajo una losa de cemento, no sólo se enfrentará a una condena por esos tres asesinatos, sino que además podría ser acusado de un delito de aborto, puesto que una de las víctimas, Sandra Capitán Capitán estaba embarazada de tres meses. Se trata de velar por los derechos de lo que se denominada “nasciturus”, es decir, el ser humano concebido y que no ha nacido.
Un fiscal, un juez y un abogado penalista coinciden en que esos podrían ser los cargos que se le imputen, aunque todos ellos hablan de forma genérica, en supuestos parecidos y sin referirse concretamente a este caso, que está actualmente en instrucción bajo secreto de sumario.
Así, el fiscal de la Audiencia de Sevilla Enrique Pedrós señala, en relación con la muerte violenta de una mujer embarazada, que pueden distinguirse dos conductas. La primera consiste en que la muerte causada a la mujer sería constitutiva de un delito de homicidio o, en su caso, de un delito de asesinato, “dependiendo de las circunstancias que hayan concurrido en la comisión del hecho (alevosía, ensañamiento, mediante precio o para facilitar la comisión de otro delito o evitar que se descubra)”.
En segundo lugar, en el caso de la muerte de la mujer embarazada, se produce otro resultado “penalmente relevante”, como es la muerte del feto a consecuencia del ataque a la mujer. “Respecto a este segundo hecho, dicha muerte no podría calificarse como un delito de homicidio o, en su caso, como asesinato, en primer lugar porque la protección de la vida humana independiente, como bien jurídico protegido en los delitos contra la vida desde el punto de vista penal, se inicia cuando comienza propiamente el parto”.
El fiscal Enrique Pedrós precisa que “antes de dicho momento, cualquier ataque al feto puede ser calificado como un delito de aborto o de lesiones al feto si se le causan daños sin llegar a producir su muerte”. Partiendo de lo anterior, la muerte del feto puede ser calificada como un delito de aborto, previsto en el artículo 144 del Código Penal, que se castiga con pena que oscila entre los cuatro y ocho años de prisión, “siempre que resulte acreditado, primero, el hecho mismo del embarazo y, en segundo lugar, que el autor de la muerte conocía el estado de embarazo de la mujer en el momento de realizar su ataque, bien porque conociese previamente a la mujer víctima, bien porque el estado de gestación pudiera deducirse claramente de su estado físico”.
La misma opinión tiene el abogado penalista Manuel Pérez Cuajares, que explica que aunque tampoco conoce en concreto la causa del Pollino, los hechos “nunca” podrían dar lugar a que se le imputaran cuatro delitos de asesinato, dos de ellos por la mujer embarazada y su hijo no nacido. “Podría ser un delito de homicidio o de asesinato, en concurso ideal con un delito de aborto, si bien habría que ver si se puede acreditar que estaba embarazada [algo que puede corroborar la autopsia] o se pudiera intuir que estaba embarazada”.
El letrado señala que tampoco se conoce si el embarazo de la mujer “iba a buen término” y sobre todo que el sospechoso del crimen “supiera” que la joven estaba en estado de gestación.
Manuel Pérez Cuajares señala que la jurisprudencia relacionada con supuestos similares, en los que se analiza la muerte de una mujer y un nasciturus, hablan del concurso ideal entre los delitos de homicidio y asesinato y el delito de aborto, además del conocimiento que el acusado pudiera tener de la situación de embarzao o si éste era “notorio” porque pudiera apreciarse a simple vista.
Una sentencia del Tribunal Supremo de marzo de 2015 condenó precisamente a un hombre que mató en Madrid a su compañera sentimental, que estaba embarazada de entre cuatro meses y medio y cinco meses, por un delito de asesinato en concurso ideal con otro de aborto, imponiéndole una condena de 16 años de cárcel. Los hechos enjuiciados en esta sentencia se remontan a la mañana del 4 de abril de 2011, cuando el acusado se encontraba en el domicilio que compartía con su pareja y, con ánimo de causarle la muerte, la estranguló apretándole el cuello con una corbata, presionándole “hasta causarle la muerte por parada cardiorrespiratoria por anoxia-anóxica”.
Tras la muerte, a la víctima le fue extraído un feto sin vida de entre cuatro meses y medio y cinco meses de gestación, del que se encontraba embarazada y cuya paternidad correspondía al acusado, “el cual sabía que estaba embarazada y actuó contra la madre, asumiendo que ello provocaría la muerte del feto”, según declaró como hechos probados el jurado popular que enjuició este caso. El jurado declaró culpable al acusado de los dos hechos que s le sometieron a su consideración:de haber causado la muerte a su compañera y al feto que ésta llevaba en su vientre.
Por su parte, el magistrado de la Audiencia de Sevilla Federico Jiménez Ballester considera que “si se declarase probado que la intención del procesado era la de matar a la mujer y se considerase igualmente acreditado que conocía que ésta se hallaba embarazada, la pérdida del hijo que ésta esperaba habría de ser imputada, forzosamente a título de dolo a aquél, puesto que conocía perfectamente el embarazo y no se le hubiese podido ocultar que la muerte de la madre acarrearía inevitablemente la del feto, todavía incapaz de vida independiente”.
El juez añade que si finalment se considera que el acusado “no podía conocer ni aún siquiera sospechar que la mujer estaba embarazada, no podría establecerse que el resultado del aborto fuera en algún modo previsible, por lo que no podría imputársele la comisión del delito por imprudencia”.
Finalmente, prosigue Federico Jiménez Ballester, si se pudiera entender que “esa sospecha era razonable, por ejemplo, por el avanzado estado de gestación u otras circunstancias conocida por el autor de los hechos, podría efectuarse la imputación y, en su caso, condena por un delito de aborto por imprudencia grave, castigado por el artículo 144 del Código Penal”.
Ricardo el Pollino, el asesino confeso de Sandra Capitán Capitán, de 26 años, de su compañero sentimental, el turco Mehmet Demir, de 55, y de su hija Lucía Begines Capitán, de sólo seis años, podría aplicársele la reforma del Código Penal que introdujo en 2015 la pena de prisión permanente revisable, con lo que podría pasar el resto de su vida en la cárcel, salvo que prospere la supresión de la norma al haber dado ya el Congreso de los Diputados el primer paso para derogar esta forma de cadena perpetua.

Los jueces decano consideran un “absoluto fracaso” el plan de urgencia sobre las cláusulas suelo

Jorge Muñoz | 18 de octubre de 2017 a las 17:55

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Los jueces decano de España consideran un “completo y absoluto fracaso” el plan de urgencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para hacer frente al aluvión de demandas de cláusulas suelo, según han denunciado en las jornadas de jueces decano celebradas en Bilbao.

Estas son las conclusiones de las jornadas de jueces decanos de España celebradas esta semana en Bilbao:

1.- INDEPENDENCIA JUDICIAL.

  1. Elección y funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial.

Resulta ineludible reforzar la independencia del Poder Judicial mediante la reforma del mecanismo de elección de sus órganos de gobierno, por la apariencia de politización que tiene en la actualidad. Así, solicitamos que la elección de los vocales de procedencia judicial del CGPJ se realice por todos los Jueces y Magistrados de forma universal y directa, un juez un voto, de forma que todas las sensibilidades que concurren en la Carrera Judicial puedan tener presencia en el Consejo.

  1. Independencia económica del Poder Judicial.

Reclamamos la independencia económica del Poder Judicial, que no puede ni debe seguir condicionado por la mayor o menor generosidad de los poderes ejecutivos central o autonómicos, ya que estos pueden derivar en una sutil forma de condicionamiento de la eficacia judicial. El Poder Judicial es hoy económico-dependiente cuando al menos se le debería garantizar autonomía presupuestaria para decidir y dotar las medidas de apoyo, sustituciones y la política de creación de plazas judiciales, ya que el sistema actual en el que intervienen el Ministerio de Justicia, las Comunidades Autónomas, el CGPJ y las Salas de Gobierno carecen de instrumentos eficaces para exigir que las administraciones competentes cumplan sus obligaciones a la hora de poner a disposición de los juzgados y tribunales los medios materiales y humanos, ya que hoy por hoy carecen de capacidad para exigir el cumplimiento de dichas obligaciones y la actividad gubernativa queda en algo puramente testimonial, inoperante e inútil. De hecho se trata del único Poder del Estado que depende en todo de los demás para disponer de recursos y funcionar eficazmente, lo que implica que la Justicia será lo que los demás Poderes del Estado quieran que sea, según le proporcionen los medios necesarios o no.

  1. Recuperación de los derechos económicos y estatutarios perdidos por los jueces durante la crisis económica.

Los recortes que se han producido durante la crisis económica han mermado notablemente los derechos económicos y estatutarios de los jueces. Por tanto, una vez constatada la recuperación económica como un hecho indiscutible, según indica el Gobierno, entendemos que es el momento para que los jueces españoles, que han realizado un duro trabajo durante la crisis económica con importantes sacrificios económicos y estatutarios, recuperen los derechos perdidos como consecuencia de dichos recortes durante siete años. En todo caso, exigimos por elementales razones de absoluta independencia institucional, que las retribuciones de los jueces deben pasar a depender del CGPJ y no del Ministerio de Justicia.

Es necesario poner fin a la situación de agravio comparativo que afecta a los jueces respecto del resto del sector público en materia de recuperación de permisos y vacaciones. En este sentido pedimos que se modifique la LOPJ a fin de introducir una cláusula para aplicar de forma automática a los jueces aquellas reformas que mejoren los derechos del resto de servidores públicos, como ya ocurre en materia de igualdad.

En concreto, y con relación a los Jueces de Instrucción, es necesario revisar la retribución del servicio de guardia y compensar los festivos en que se presta este servicio con los correspondientes días libres, garantizando así el debido derecho al descanso y equiparando el estatuto personal del juez al de los funcionarios de la administración de Justicia que ya lo tienen reconocido.

  1. La gestión imposible de la administración de Justicia.

1. La gestión gubernativa de los Juzgados y Tribunales debe, ante todo, facilitar la actividad jurisdiccional, sin que en ningún caso pueda suponer injerencia en materias que por ley competen con carácter exclusivo a los jueces y magistrados.

2. Los jueces decanos demandamos una actuación responsable y meditada de los órganos de gobierno en el ejercicio de las competencias que la LOPJ atribuye al Consejo General del Poder Judicial, a los Presidentes y Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia.

3. Las decisiones tomadas por estos órganos de gobierno del Poder Judicial en relación a la especialización de ámbito provincial de un único órgano para el conocimiento exclusivo de determinadas demandas, los planes anuales de sustitución de jueces y magistrados y las sustituciones externas están suponiendo una grave perturbación para el correcto desarrollo de la actividad de juzgados y tribunales.

4. La intervención concurrente del Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas exige el cumplimiento leal de sus respectivas competencias y que las administraciones prestacionales suministren cuantos medios personales y materiales les sean solicitados para el ejercicio de la actividad jurisdiccional lo que, por desgracia, es poco habitual.

2.- CARGAS DE TRABAJO Y ESTATUTO JUDICIAL.

  1. Adecuación de la Planta Judicial.

Es imprescindible incrementar el número jueces y elaborar un programa de ampliación de la planta judicial a medio y largo plazo, que aspire a situar la ratio de jueces en España en términos ajustados a los países de nuestro entorno para garantizar un servicio de calidad. Como ha señalado el CEPEJ en un reciente informe, España tiene la mitad de jueces que la media europea. En efecto: hoy somos 5.692 jueces y juezas en España (12’2 jueces por cada 100.000 habitantes; no se computan los jueces de paz, porque prácticamente no tienen funciones jurisdiccionales, sin pertenecer a la carrera judicial) y para alcanzar la ratio europea de 21 jueces por 100.000 habitantes deberíamos contar con al menos 9.600 jueces. Pero antes debemos diseñar el nuevo modelo judicial y determinar qué tipo de organización judicial queremos. La planta judicial es un tema pendiente de resolver desde hace años. Además del número de jueces que hacen falta también hay de determinar en qué lugares son necesarios.

  1. Planes anuales de sustitución.

La regulación sobre sustituciones contenida en los artículos 210 y siguientes de la LOPJ comporta una vulneración del principio de especialidad en la medida en que prevé la posibilidad de que los jueces atiendan órganos de distinto orden jurisdiccional. Así mismo, implica un esfuerzo adicional e incluso agotamiento al tener que compatibilizar el propio juzgado y la sustitución en otro órgano.

Los planes de sustitución están provocando, además, un retraso notable en los procedimientos de las jurisdicciones especialmente sobrecargadas.

Ante la necesidad de acudir a las sustituciones la regla a aplicar no puede ser que las realicen jueces/zas no voluntarios que ya superen la carga de trabajo exigible por el CGPJ. Y como quiera que la indicada reforma propuso que “la actuación de jueces sustitutos y magistrados suplentes sea excepcional”, su plena aplicación debe quedar supeditada a la convocatoria urgente de oposiciones con carácter anual que remedie la situación de colapso de la Justicia, y como consecuencia, de riesgo muy grave o grave para la salud de un porcentaje alto de jueces/zas. La solución al problema pasa por la adecuación de la planta judicial a los estándares europeos. La llamada a la sustitución externa constituye un remedio a la actual situación.

Instamos al CGPJ a dejar sin efecto la decisión de impedir que los sustitutos externos ya nombrados puedan entrar en el turno de sustituciones internas, tal y como se está llevando a cabo en los períodos vacacionales.

  1. Medidas ante el incumplimiento de la fijación de las cargas de trabajo.

1. El Consejo General del Poder Judicial tiene la obligación de fijar las cargas de trabajo de los jueces y juezas de conformidad con el art. 560.1.21 LOPJ, con los arts. 7 y siguientes de la Ley 15/2003, de 26 de mayo, y con el Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la Carrera Judicial.

2. A pesar de ello, nuestro órgano de gobierno viene incumpliendo sistemáticamente dicha obligación, habiendo iniciado los trabajos en todos los ámbitos (carga de entrada, de salida -a efectos retributivos y a efectos disciplinarios- y a efectos de salud) pero sin resultados definitivos, desconociendo el estado de dichos trabajos en la actualidad.

3. En particular, es llamativa la resistencia del CGPJ en fijar las cargas de trabajo a efectos de salud, entendiendo que se trata de una cuestión esencial para la carrera definir la carga que, con carácter orientativo, debe soportar un juez como máximo para no ver comprometida su salud, y esto con prioridad a la fijación de cualquier otra carga, porque es la que debe servir de base al resto y condicionarlas. La salud es lo primero.

4. El incumplimiento de su obligación por parte del CGPJ hace que el sistema descanse exclusivamente en el voluntarismo o heroicidad de los jueces, que ponen así en riesgo su salud tratando de abarcar la totalidad de asuntos que entran, y debido a la resistencia a crear plazas judiciales o incrementar la planta judicial.

5.- En consecuencia, y como ya hicimos el año pasado, pedimos al CGPJ que fije de una vez nuestras cargas de trabajo, en particular a efectos de salud, siguiendo la propuesta elaborada por los representantes de las cuatro asociaciones judiciales en la Comisión Nacional de Seguridad y Salud, de fecha 20 de abril de 2016, conforme a la cual se planteaba: “fijar, con carácter provisional, como carga de trabajo de la que eventualmente pudiera derivarse un riesgo para los integrantes de la carrera judicial, una horquilla entre el 90% y el 100% del tiempo de dedicación (módulo de salida) del sistema provisional de medición de la función jurisdiccional aprobado por el CGPJ en el año 2010”, que parte de los módulos anulados del año 2006 pero que se sigue utilizando para la inspección de los Tribunales.

6. En ningún caso puede hacerse recaer en los integrantes de la carrera judicial la inoperatividad del CGPJ en la determinación de las cargas de trabajo.

7. Los jueces decanos estamos dispuestos a colaborar en todo lo que sea necesario para la fijación de dichas cargas de trabajo.

3.- MODERNIZACIÓN Y EXPEDIENTE DIGITAL.-

  1. El fiasco del papel cero y el abandono del Juez.

Los jueces decanos apoyamos la modernización de la Administración de justicia mediante la implantación y desarrollo de sistemas informáticos de calidad que mejoren las condiciones laborales de los Magistrados y la agilización de las causas. El cambio debe realizarse de manera paulatina respetando los tiempos de adaptación a un nuevo sistema y facilitando la imprescindible formación de todos los intervinientes, incorporando al mismo tiempo las sugerencias que formulen los miembros del poder judicial para mejorar el sistema y para que la herramienta sea útil. Será necesario simultanear el papel con el expediente digital cuando sea preciso; lo importante es que la transición se haga bien, de forma que no se produzcan disfunciones que hagan cuestionar la implantación de esta herramienta, muy desigual en su implantación en todo el territorio nacional. El expediente judicial electrónico no puede suponer para el juez más tiempo de trabajo del que comportaba el expediente en papel.

  1. Una nueva perspectiva de los tribunales de instancia.

Los jueces decanos apostamos por la sustitución del Partido Judicial por el Tribunal o Tribunales de Instancia como nuevo modelo de distribución territorial de los órganos judiciales de instancia, que merece una favorable acogida en cuanto motor de la creación de nuevas plazas judiciales posibilitando que la planta judicial española se acerque a la media europea de jueces por habitante y la distribución más equitativa de las cargas de trabajo.

Este modelo de organización territorial de la justicia de instancia debe, en todo caso, asegurar el respeto a la titularidad de las plazas judiciales actualmente existentes en cada uno de los órdenes jurisdiccionales, un reparto de asuntos entre todos sus integrantes basado en criterios objetivos y no de oportunidad, con carga de trabajo predefinida y que la designación de su presidente o decano se realice, como hasta ahora se ha venido efectuando en los órganos judiciales de instancia, por todos los jueces y magistrados que lo integren.

4.- LA JUSTICIA ANTE LA SOCIEDAD.-

  1. Últimas actuaciones del Consejo General del Poder Judicial en relación con la inamovilidad del Juez.

Entendemos que el celo del CGPJ por tener previstos todos los aspectos de la legislación orgánica, sobre todo en lo que viene a generar un esfuerzo adicional para los jueces y magistrados que, con escasos medios, afrontamos día a día la ardua tarea de ejercer la jurisdicción, no se corresponde ni con el principio de especialización de jurisdicciones, ni con el que muestra hacia el cumplimiento de la obligación de fijar cargas máximas de trabajo a efectos de salud laboral, o hacia la exigencia a los restantes poderes públicos para dar cumplimiento a las previsiones de la Ley de Retribuciones sobre la constitución de la mesa de revisión de las mismas que debió haberse convocado hace casi diez años.

En el mismo sentido, la pretensión de adscribir a los jueces/zas de Menores, de Vigilancia Penitenciaria o Social a otros órganos (Acuerdo de la CP del CGPJ de 23 de marzo de 2017), como a los alumnos de la 67 promoción de la Escuela Judicial para asumir funciones de sustitución o refuerzo en los Juzgados Bis (Acuerdo del CGPJ de 25 de mayo de 2017), muestran la actitud del referido CGPJ que lejos de atender el problema estructural de la falta de jueces/zas, busca soluciones parciales e insuficientes, con afectación en la salud laboral de aquellos.

5.- OTRAS PROPUESTAS DE LOS JUECES DECANOS.

  1. Registro Civil.

PROPUESTA SOBRE EL RÉGIMEN TRANSITORIO DE LOS ENCARGADOS DE REGISTROS CIVILES EXCLUSIVOS

1. Debe considerarse acertado el plan avanzado por el Ministerio a principios de este año para reformar la LRC 2011 y que el Registro Civil permanezca dentro de la Administración de Justicia. Esta es la solución que se acomoda a la tradición jurídica española, la que mejor garantiza los derechos de los ciudadanos y la que resulta más fácil de poner en marcha desde el punto de vista legislativo, económico y organizativo.

2. Ahora bien, si los jueces no ostentáramos competencia alguna en esta materia tal como prevé el referido plan del Ministerio, el Registro Civil no debería permanecer dentro de la Administración de Justicia. Esta tiene carácter finalista tal como está diseñada constitucionalmente, es decir, está al servicio del Poder Judicial y de las funciones, jurisdiccionales o no, que corresponden a jueces y magistrados. Si el propósito es eliminar del Registro Civil a los jueces, lo coherente sería aplicar el modelo que prevé la LRC 2011, administrativizando el Registro Civil. La desjudicialización no es quitar al juez para poner al LAJ. La verdadera desjudicialización supondría extraer el Registro Civil de la Administración de Justicia.

3. No obstante, en caso de que finalmente el plan del Ministerio se llevara a efecto, debería articularse un régimen transitorio que garantice y sea respetuoso con los derechos profesionales de los actuales encargados de los registros civiles exclusivos. Para ello debería mantenerse la situación actual del Registro Civil hasta la plena efectividad de la LRC 2011 en todo el territorio nacional. A partir de ese momento debería permitirse que los encargados de registros civiles exclusivos se mantuvieran, en situación de servicios especiales, y con pleno respeto de sus derechos económicos actuales, al frente de las nuevas oficinas del Registro Civil hasta un máximo de siete años. Transcurrido dicho plazo quedarían adscritos al presidente del Tribunal Superior de Justicia respectivo y serían destinados a la primera vacante que se produzca en un juzgado de primera instancia de su localidad. Todo ello sin perjuicio del derecho de los magistrados afectados para participar en los concursos ordinarios de traslado que se convoquen con arreglo a su escalafón.

  1. Adscripciones forzosas.

En relación con las adscripciones forzosas que se están produciendo y/o valorando respecto de los jueces de Menores, los jueces decanos quieren hacer constar que tales medidas, además de conculcar todas las normas internacionales asumidas por España sobre la especialización de la jurisdicción y de todos sus intervinientes y el trato profesionalizado del interés del menor –interés prioritario-, han sido acordadas con un total desconocimiento de la regulación que al respecto establece el artículo 216 bis de la LOPJ, esto es, órgano de gobierno que debe proponerla (Presidente de los TSJ y no CGPJ) e indeterminación de las cargas de trabajo, tanto del juez llamado a la adscripción como de los jueces reforzados, llegando incluso a acordarse alguna adscripción respecto de órganos que no cumplen el módulo de entrada. Esto supone un riesgo evidente de que todos los jueces podamos ser llamados con criterios indeterminados, coyunturales y no estrictamente judiciales a reforzar otros juzgados. Además, debería valorarse el impacto que esta medida puede tener en derechos básicos como el del juez ordinario predeterminado por la ley.

En lugar de promocionar la existencia de una jurisdicción especializada y de unos jueces especialistas que son referente internacional y que tantos buenos resultados ha producido, están promoviendo el abandono de la jurisdicción y el desconocimiento de los derechos profesionales de los jueces afectados.

  1. Prevención y edificios judiciales.-

Los jueces decanos tenemos la obligación de denunciar el reiterado incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, debido al estado, en muchos casos, de abandono de los edificios judiciales, siendo alarmante las recientes consecuencias que ello ha tenido, por ejemplo, en la Ciudad de la Justicia de Valencia así como en la Comunidad de Madrid, debido a los graves incendios sufridos y otras incidencias.

La ausencia o deficiencia del mantenimiento de muchos edificios judiciales, donde ni tan siquiera funcionan los servicios de detección de incendios careciendo algunos de ellos incluso de salidas de emergencia, y las insuficiencias apreciadas en la seguridad de las sedes por recortes de personal, deficiencias de medios para un adecuado control de accesos, sistemas de seguridad obsoletos o inexistentes, avoca a un riesgo inadmisible.

Se hace urgente y necesario la elaboración o, en su caso, actualización inmediata, en cada sede judicial, de los Planes de Prevención de Riesgos Laborales, Evaluación de Riesgos de Seguridad y Salud, con inclusión de Planes de Evacuación, dotación de equipos de trabajo y medios de protección (desfibriladores, botiquines, realización de simulacros de evacuación…), formación e información, con determinación de recursos preventivos en las sedes judiciales.

Consideramos necesario una actuación más activa del CGPJ, Ministerio de Justicia y Comunidades Autónomas en cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, debiéndose instar también a la Inspección de Trabajo para que realicen visitas de inspección a las diversas sedes en las que se aprecien deficiencias, a los efectos legales oportunos.

d) Creación de Juzgados.- Sin perjuicio de que la recientemente publicada creación de 93 juzgados merece una valoración positiva, sigue siendo manifiestamente insuficiente ya que son muchas más las plazas judiciales que deben crearse en toda España. Por otro lado, como ya se ha indicado, continuamos muy lejos de la ratio europea de jueces por habitante, por lo que es necesario convocar al menos 250 plazas anuales durante 4 años.

e) El diagnóstico de la Justicia ya está hecho.- Invariablemente durante los últimos años los jueces decanos venimos exponiendo lo que a nuestro juicio debería ser la hoja de ruta para una Justicia más ágil y eficaz, y a tal fin hemos realizado numerosas propuestas en materia de organización, medidas legislativas, medios personales y materiales y lucha contra la corrupción, entre otras. En particular deben reiterarse todas y cada una de las propuestas de las Jornadas de Valencia, Vigo y Málaga (2014-2016) que están plenamente vigentes dado que no han sido hasta la fecha atendidas.

f) Ratificación de las reivindicaciones de las asociaciones.- Los jueces decanos nos adherimos a las reivindicaciones que se contienen en el comunicado suscrito por todas las asociaciones de fecha 16 de junio de 2017 y que han sido asumidas mayoritariamente por las Juntas de Jueces celebradas en todo el territorio nacional, incluidas las medidas de presión que en el mismo se contienen.

CONCLUSIONES SOBRE LA ESPECIALIZACIÓN DE ÓRGANOS JUDICIALES, REALIZADA POR EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, EN MATERIA DE ACCIONES INDIVIDUALES SOBRE CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN (CLÁUSULAS SUELO)

Los Jueces Decanos de España quieren dejar constancia, a día de hoy, 18 de octubre de 2017, que las medidas de refuerzo, consistentes en la especialización de Juzgados para el conocimiento de acciones individuales sobre Condiciones Generales de Contratación, está resultando un “completo y absoluto fracaso”.

Tal y como se advirtió por los propios Jueces Decanos, desde un inicio, y se insistió en todo tipo de reuniones e informes elaborados al respecto, la entrada de asuntos de ese tipo, desde el 1 de junio de 2017, ha desbordado todas las previsiones realizadas por el Consejo General del Poder Judicial. Hasta el punto de que la inmensa mayoría de Juzgados especializados en toda España, están ya saturados de asuntos, con números imposibles de ser manejados por los compañeros que prestan su servicio en dichos órganos, y por las oficinas judiciales. Y la previsión de entrada de asuntos se mantiene al alza, sin que se observe ningún indicio de que decrezca, o de que se atisbe su final. En este sentido, se ofrecen los siguientes datos (del 1 de junio de 2017 hasta la fecha, cuatro meses y medio, contando agosto):

.- Madrid 22.234 asuntos (2 jueces en prácticas, un JAT, y un 25% del Juez Titular; 10 funcionarios; 2 LAJ)

.- Barcelona 8.727 (2 jueces en prácticas y un 10% del Juez Titular; 4 funcionarios; y un LAJ en comisión de servicio sin relevación de funciones).

.- Valencia 4.257 asuntos (3 jueces en prácticas; y 7 funcionarios; y un LAJ).

.- Málaga 3.888 asuntos (1 juez en prácticas y un JAT, 4 funcionarios; un LAJ).

.- Sevilla 5.173 asuntos (2 jueces en prácticas; 5 funcionarios; y un LAJ en comisión de servicio sin relevación de funciones)

.- Zaragoza 2.901 (1 juez en prácticas; 5 funcionarios y un LAJ en comisión de servicio sin relevación de funciones).

.- Palma asuntos (1 juez en prácticas; un LAJ en comisión de servicio sin relevación de funciones; y 3 funcionarios)

.- Vitoria 572 asuntos (1 juez en prácticas; un LAJ en comisión de servicio sin relevación de funciones; y 2 funcionarios)

.- Alicante 2.524 asuntos (1 juez en prácticas; un LAJ en comisión de servicio sin relevación de funciones; y 5 funcionarios).

.- Vigo 1.972 asuntos, dictadas 60 sentencias (1 juez en prácticas; el LAJ del Juzgado; y 3 funcionarios).

.- A Coruña 1.763 asuntos, 30 sentencias dictadas (1 juez en prácticas; un LAJ en comisión de servicio sin relevación de funciones; y 3 funcionarios).

.- Bilbao 3.062 asuntos (3 jueces en prácticas; el LAJ del Juzgado; y 4 funcionarios).

.- Santander 1.275 asuntos (1 juez en prácticas; el LAJ del Juzgado; y 5 funcionarios). En el mismo periodo, en los otros nueve Juzgados de Primera Instancia se han ingresado un total de 1.056 asuntos.

.- Pamplona 1.351 asuntos (1 juez en prácticas; un LAJ en comisión de servicio sin relevación de funciones; y 6 funcionarios).

.- Palma 1.757 asuntos, sólo se han admitido 984, con una bolsa de 773 asuntos sin incoar (1 juez en prácticas; un LAJ en comisión de servicio sin relevación de funciones; y 3 funcionarios).

.- Valladolid 2.200 asuntos (1 juez en prácticas; un LAJ en comisión de servicio sin relevación de funciones; y 5 funcionarios, que trabajan una hora al día cada uno de ellos).

.- Jaén 2.100 asuntos (1 juez en prácticas; un LAJ en comisión de servicio sin relevación de funciones; y 4 funcionarios).

.- Las Palmas 2.922 asuntos (1 juez en prácticas; el LAJ del Juzgado con ampliación de jornada; y 7 funcionarios).

.- León 1.808 asuntos (1 juez en prácticas; el LAJ del Juzgado con ampliación de jornada; y 2 funcionarios. Hay oficina judicial con SCOP).

.- Cáceres 1.510 asuntos (1 juez en prácticas; un LAJ en comisión de servicio sin relevación de funciones; y 2 funcionarios).

.- Mérida 1.800 asuntos (1 juez en prácticas; un LAJ en comisión de servicio sin relevación de funciones; y 2 funcionarios).

.- Soria 170 asuntos, sin ninguna medida de refuerzo. El Juez Titular había ingresado en 2016 un total de 67 procedimientos ordinarios.

.- Oviedo 1.879 asuntos, más 95 ejecuciones (1 JAT; un LAJ en comisión de servicio sin relevación de funciones; y 3 funcionarios).

.- Córdoba 1.717 asuntos (1 JAT; un LAJ en comisión de servicio sin relevación de funciones; y 3 funcionarios).

.- Huelva 1.845 (1 JAT; un LAJ en comisión de servicio sin relevación de funciones; y 2 funcionarios).

.- Tenerife 1.986 asuntos (1 Juez sustituto; un LAJ en comisión de servicio sin relevación de funciones; y 7 funcionarios). 30 asuntos ya resueltos por sentencia.

.- Castellón 627 asuntos. Refuerzos implementados el 1 de octubre de 2017, (1 juez en prácticas; el LAJ del Juzgado; y 2 funcionarios).

.- Logroño 746 asuntos (el Juez Titular en comisión de servicios in relevación de funciones; un LAJ en comisión de servicio sin relevación de funciones; y 2 funcionarios).

.- Granada 2.541 asuntos (1 juez en prácticas; un LAJ en comisión de servicio sin relevación de funciones; y 5 funcionarios).

.- Cádiz 2.433 asuntos (1 juez en prácticas; un LAJ en comisión de servicio sin relevación de funciones; y 4 funcionarios)

.- Burgos 669 asuntos (1 juez en prácticas; 2 LAJ con prolongación de jornada, con dedicación de aproximadamente media hora al día; y 2 funcionarios con dedicación de aproximadamente media hora al día. Existe Oficina Judicial con Servicio Común que absorbe todo).

.- Ourense 402 asuntos (1 juez en prácticas; sin funcionaros y sin LAJ).

.- Segovia 344 asuntos, sin ninguna medida de refuerzo, con exención de reparto del resto de asuntos civiles.

.- Lugo 199 asuntos, sin ninguna medida de refuerzo.

.- Lleida 285 asuntos, sin ninguna medida de refuerzo.

.- Girona 784 asuntos, sin ninguna medida de refuerzo.

Por los Jueces Decanos, y por la inmensa mayoría de Juntas Sectoriales de Magistrados de Primera Instancia, ya se advirtió sobre los inconvenientes del plan diseñado, poniendo el acento sobre:

1.- El número de procedimientos que se podrían llegar a acumular en Juzgados de ámbito provincial, o de Comunidades Autónomas uniprovinciales, y la falta de estadísticas previas, fiables al respecto.

2.- El injusto y desmotivador criterio seguido para seleccionar el Juzgado a especializar en aquellos territorios donde no había uno voluntario. Se ha enviado un mensaje a los compañeros, en la idea de que si destacan especialmente en su trabajo, puede ser que se les encomiende aquello que no quieren, simplemente por eso, por hacer bien lo que les corresponde. Lo que ha desmotivado sobremanera al elegido, y ha provocado, sin duda, que todos los demás tengan una prevención a la hora de rendir satisfactoriamente, para el futuro. Se antoja complicado pensar que alguna organización de trabajo, de cualquier tipo, pueda diseñarse conscientemente un sistema que penalice a quien mejor haga su labor.

3.- El también criticable criterio de especializar un Juzgado por provincia. Así, el conocimiento de esta materia residía antes de octubre de 2015 en Juzgados de lo Mercantil; que luego se aperturó a todos los Juzgados de Primera Instancia no especializados, para terminar en la re – especialización vía acuerdo del Consejo General del Poder Judicial. Y ello, en un camino de vuelta a la especialización, en el que sólo se crea un Juzgado por provincia; independientemente del tamaño de la provincia. Cuando hay muchas provincias en España, donde se cuenta con más de un Juzgado de lo Mercantil.

Todas estas críticas fueron absolutamente desoídas, y se siguió adelante con el plan de especialización, sobre la base de las promesas de medios materiales, incumplidas por el Ministerio de Justicia y por algunas Comunidades Autónomas. La situación actual aboca al completo atasco de los Juzgados especializados, con una previsión de resolución de asuntos que se va a alargar de manera realmente importante en el tiempo; frustrando la resolución de las demandas interpuestas por los ciudadanos por su tardía respuesta.

En este punto, los Jueces Decanos instamos al Consejo General del Poder Judicial a dejar sin efecto el plan a partir del día 31 de diciembre de 2017, dado que, como se repitió por el propio Consejo, no se han puesto los medios que se preveían en un inicio, en función de la entrada de asuntos, pasando los asuntos que se ingresen a partir del 1 de enero de 2018 a reparto general entre todos los Juzgados de Primera Instancia de todos los partidos judiciales. Una vez puesto fin al plan deberán mantenerse en marcha todos los órganos especializados, hasta la finalización del último de los asuntos que se le haya asignado.

En todo caso, y para el supuesto de que esta petición vuelva a ser desoída, exigimos que se concrete expresamente cómo se va a proveer a la sustitución de los compañeros que sirven en dichos órganos, cuando la promoción 67 finalice su periodo de prácticas, y puedan concursar, como es su derecho, a otros Juzgados. Si ya se necesita un número muy superior de Jueces para resolver la avalancha de asuntos que siguen entrando constantemente, la pérdida de los jueces que actualmente se ocupan de todo ello, supondría un escenario insoportable, en el que los Magistrados Titulares de los Juzgados especializados no podrían, de ninguna de las maneras, asumir tal carga de trabajo. Asimismo, pedimos que se especifique qué gestiones va a realizar el Consejo para que se cumplan las promesas de medios materiales y personales en las distintas oficinas judiciales.

Reconocimiento especial. Los jueces decanos queremos reconocer expresamente la labor prestada por los equipos judiciales que tuvieron que intervenir a raíz de los atentados perpetrados en Barcelona y Cambrils.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE LOS JUECES DECANOS DE ESPAÑA DE APOYO A LOS JUECES DE CATALUÑA

Ante los acontecimientos ocurridos en Cataluña en las últimas semanas, los Jueces Decanos de España reunidos en Bilbao, creemos necesario realizar las siguientes manifestaciones:

1) Los jueces siempre hemos estado y estaremos al lado de la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político, valores en los que se asienta la Constitución y el conjunto del ordenamiento jurídico que, como servidores públicos, nos comprometimos a aplicar y defender.

2) Los jueces siempre hemos estado y estaremos por la pacífica convivencia de los ciudadanos, cualquiera que sea su lengua, cultura u origen

3) Los jueces siempre hemos estado y estaremos por la Ley y con la Ley, especialmente frente situaciones que pongan en peligro el Estado Democrático y de Derecho, único que dota de pleno sentido a la función judicial como último refugio para la tutela de los derechos ciudadanos. El incumplimiento generalizado de las leyes solo aboca al caos más absoluto, porque más allá de la Ley, los derechos están inermes y la Justicia se desvanece.

4) Los jueces decanos no hemos permitido ni permitiremos que ninguna instancia política pretenda ejercer influencia sobre la función jurisdiccional. Por ello la “Comisión especial sobre la violación de derechos fundamentales en Cataluña” es un esperpento sobrecogedor que carece de toda justificación en nuestra democracia, en cuanto desconoce la separación de poderes e ignora que los derechos y libertades están reconocidos y garantizados en nuestra Constitución.

5) Los jueces decanos mostramos nuestro apoyo a la labor de los jueces y magistrados que desempeñan su trabajo en Cataluña aplicando la Ley desde la más absoluta independencia, cumpliendo su deber constitucional en un momento complicado, y respetamos el trabajo que han venido desempeñando en nuestra democracia las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para el cumplimiento de las resoluciones judiciales, la protección de los ciudadanos y la defensa de sus derechos.

6) Entendemos que como jueces y como ciudadanos libres, debemos reafirmar sin complejos el Estado de Derecho frente a posiciones que pretenden desconocer la Ley desde una pretendida legalidad paralela que sólo contribuye a crear inseguridad y a acentuar el enfrentamiento. Por ello, instamos a que se haga todo lo posible y en todos los ámbitos a fin de favorecer el clima necesario para restaurar la pacífica convivencia y el Estado de Derecho en Cataluña, para que los ciudadanos puedan desarrollar en paz y libertad sus actividades cotidianas y para que nuestros jueces puedan desempeñar su trabajo con la serenidad y el rigor que precisa la función jurisdiccional.

Finalmente, los jueces decanos queremos dejar constancia de que estamos orgullosos de desempeñar nuestra labor en una de las más sólidas democracias del mundo, que con todos sus defectos y con todas sus virtudes ha supuesto para España 39 años de libertad, tolerancia y progreso.

Bolaños tiene el detonador de los ERE

Jorge Muñoz | 15 de octubre de 2017 a las 2:00

 Un grupo de imputados pide a la juez María Nuñez Bolaños que se pronuncie sobre las ayudas de los ERE fraudulentos estaban amparadas por la orden del Gobierno central de 1995

 

Ilustración: Rosell

Ilustración: Rosell

La semana pasada comentábamos en esta misma sección la bomba que había supuesto para el caso de los ERE fraudulentos el informe remitido al juzgado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en el que se confirmaba que el Gobierno central había actuado de la misma forma que la Junta de Andalucía a la hora de conceder las ayudas extraordinarias de los ERE, unas ayudas que se otorgaron directamente y sin concurso público. Esa era la primera vez que en un informe oficial remitido al juzgado se informaba del sistema de concesión de ayudas amparados en la orden ministerial del 5 de abril de 1995, la misma que algunos imputados habían señalado con anterioridad como norma supletoria al marco legal por el que se otorgaban las ayudas a las prejubilaciones en Andalucía.
De hecho, un grupo de nueve imputados presentó en noviembre del año pasado un extenso informe en el juzgado de María Núñez Bolaños sobre la aplicación de dicha normativa estatal y en el que reclamaban un pronunciamiento de la instructora que puede devenir fundamental para el futuro del caso. Este grupo de investigados pidió a la juez que se pronuncie sobre la “aplicabilidad” de la orden ministerial del 5 de abril de 1995 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a las ayudas sociolaborales que se investigan en la causa de los ERE, estableciendo si “dicha orden constituye el marco legal adecuado en el que se desenvuelven dichas ayudas”. Todo ello al amparo del artículo 24 de la Constitución Española, que consagra el derecho a la tutela judicial efectiva.
En el escrito, que tiene una extensión de 43 folios, las defensa de estos nueve imputados plantean asimismo a la magistrada que, de ser correcta la tesis que mantienen sobre la aplicabilidad de la norma estatal, esta “corrección afecte de modo positivo al contenido de la imputación que se ha efectuado” a estos investigados y “a todos cuanto se hayan en su situación procesal, en estas actuaciones, acordando lo que proceda sobre tal imputación, sobre su situación personal y patrimonial, sobre las fianza exigidas y sobre cualquier otra cuestión derivada de la adecuada aplicación de la ley”.
El documentado solicita a la juez que cite a declarar como testigo a tres altos cargos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, entre ellos Javier Thibault Aranda, director general del Ministerio de Empleo y autor del informe incorporado a la pieza de la Faja Pirítica de los ERE; a Juan Manuel Gutiérrez Hurtado, subdirector general; y a Raquel Pena Trigo, vicesecretaria general técnica.
Los imputados firmantes del escrito recuerdan que el informe pericial elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) concluye que la Junta carecía de competencia para otorgar ayudas sociolaborales, que podrían ser nulas de pleno derecho por carecer de marco legal en el que pudieran ser encuadradas. A esa conclusión, apuntan, “se llega per saltum, por considerar que la Junta sólo tendría competencias para ejecutar las disposiciones de la orden ministerial de 5 de octubre de 1994, que se refiere a ayudas previas a jubilaciones ordinarias, y que el sistema establecido carecía de soporte legal en lo referido a las ayudas concedidas a trabajadores que, fuera de la edad exigida para la jubilación o la jubilación anticipada, pertenecían a empresas en crisis”.
Pero la orden ministerial de 5 de abril de 1995, que regula las ayudas a trabajadores afectados por procesos de reconversión y/o reestructuración de empresas es “sistemáticamente ignorada por la IGAE en su informe de diciembre de 2013”.
Los investigados también critican que el Tribunal Supremo, en la exposición razonada que elaboró en relación a los ex presidentes de la Junta aforados, ha seguido “a pies juntillas y asume las conclusiones del informe de la IGAE y ni estudia ni analiza, ni siquiera contempla ni cita en una sola ocasión, la aplicabilidad, influencia, alcance y proyección en los hechos debatidos de la orden de 1995, que omite y obvia por completo”.
Este grupo de imputados concluye que la comunidad autónoma andaluza tiene “plena competencia para la gestión y abono con su propio presupuesto las ayudas sociolaborales que se discuten en el presente procedimiento” y considera “chocante” que la orden ministerial “nunca ha sido citada en el presente procedimiento, dado que con la misma se hubiera evitado casi toda esta instrucción”.
Las defensa han planteado a la juez que se pronuncie sobre estos extremos, aunque la cuestión no ha sido respondida por el juzgado. Bolaños tiene así en sus manos el detonador de la bomba de los ERE, la que puede acabar con el halo de ilegalidad que impregna a la causa desde el principio y dejarlo en aquellos casos en los que se han detectado irregularidades y fraude, como por ejemplo la inclusión de forma ilegal de los denominados intrusos. Y sin ayudas ilegales no habría causa de los ERE.
“¿Es la orden de 1995 un marco legal adecuado para servir de soporte a las ayudas sociolaborales concedidas y a las que se refiere el procedimiento?”. Esta es la pregunta que “permanece sin respuesta en este procedimiento, la interrogante que hasta ahora el juzgado no se ha atrevido a abordad, más allá de la negativa dogmática y axiomática contenida en la exposición razonada elevada por la anterior instructora al Tribunal Supremo”, y es la pregunta para la que “exigen respuesta”.
Los firmantes coinciden en la “plena aplicabilidad” de la orden de 1995 a las ayudas de la Junta, “no sólo porque existen en el procedimiento decenas de resoluciones que manifiestan que se dictan al amparo de dicha orden, sino porque les parece evidente que tales ayudas participan plenamente de la naturaleza de las articuladas” en dicha norma estatal, por lo que dichas ayudas eran competencia de la dirección general de Trabajo y no han de atenerse a los principios de concurrencia y publicidad, dado que la “discrecionalidad es una de las notas características de las ayudas articuladas en la orden de 1995”. Y además esta norma “no establece requisito ni tope alguno para la concesión de las ayudas, más allá que el de la pertenencia del trabajador beneficiario a una empresa o sector en crisis o en proceso de reestructuración”.
Así, señalan que todo parece indicar que, “salvo los casos concretos en que se haya acreditado fraude, las ayudas sociolaborales individuales concedidas por la Junta responden a verdaderas situaciones de necesidad y urgencia social, cuestión ésta que ha sido completamente ignorada en la instrucción, pese a su trascendencia jurídica”. Es más, prosiguen, en los expedientes de ayudas cofinanciados entre la Junta y el Ministerio de Trabajo se establece “expresamente” que la normativa a aplicar es la orden de 1995, toda vez que se trata de ayudas públicas individuales concedidas a ex trabajadores en situación de necesidad social con motivo de procesos de reestructuración de empresas.
De ahí que concluyan igualmente que la “inmensa mayoría” de las ayudas fueron concedidas en base a un “marco legal legítimo”, hasta el punto de que los errores en su tramitación, concesión o baremación podrán dar lugar a su nulidad o no, pero “no pueden conllevar su tipificación como delito”.
También entienden que la actuación de la Administración andaluza, a la vista de que existía un amplio encaje legal, “no puede ser tachada de negligente y mucho menos de dolosa”, y por último, afirman que el análisis jurídico penal “siempre es individualizado a una conducta y a unos hechos”, por lo que “no pude basarse en la eficacia, eficiencia o incluso legalidad u oportunidad de toda una administración valorada en su conjunto”.
Los nueve imputados que han solicitado este pronunciamiento a la juez son el ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas; el ex diputado del PSOE-A Ramón Díaz Alcaraz; el dueño de Uniter, José González Mata; Antonio Manuel Bustamante, presidente de Surcolor; Manuel Castilla Bustamante, consejero de Surcolor; María del Carmen García Sánchez, dueña del restaurante Río Grande; Antonio Albarracín Muñoz, ex directivo de Vitalia; Carlos Leal Bonmati, responsable de Estudios Jurídicos Villasís; y Fernando Mellet, ex director general de Mercasevilla.
Este grupo de investigados ha hecho esta reflexión seis años después del inicio de la instrucción de los ERE, cuando hay centenares de imputados y las responsabilidades civiles “ascienden a cifras astronómicas”, y entre los investigados, recuerdan, figuran “políticos, gestores públicos, funcionarios de alto y medio nivel, letrados de reputados despachos, mediadores de seguros, sindicalistas, empresarios, altos cargos que lo fueron del Gobierno central y los denominados intrusos”.
Además, critican que aunque se sigue hablando de “centenares de millones de euros defraudados”, el procedimiento se tramita “a espaldas de quienes se sabe fueron los receptores de ese dinero, a los que no se ha llamado al procedimiento en ninguna cualidad: ni como investigados, ni como testigos ni como partícipes a título lucrativo ni en ninguna otra condición”, asevera en alusión a los 6.000 trabajadores que se beneficiaron de las ayudas durante una década.
El hecho de que no se haya actuado contra los beneficiarios de las ayudas, prosiguen, debiera llevar a la “convicción de que la entregas de dinero, a pesar de hablarse de malversación, fueron legales, pues no se persigue a quienes fueron destinatarios de los fondos malversados, lo que de principio parece incompatible” con este delito.
Los nueve investigados se preguntar por qué la Tesorería General de la Seguridad Social “no advirtió” del presunto origen ilícito de los fondos que le valieron para la suscripción de los convenios con empresas y trabajadores, y “ni por qué el Estado, que realizo actuaciones al alimón con la Junta de Andalucía, no advirtió en su momento ilegalidad alguna en la actuación de los órganos autonómicos, a pesar de toda su inmensa maquinaria inspectora e interventora”.
También denuncian que mientras persisten muchos interrogantes sin respuesta, la causa avanza “a ritmo cansino” frente a unos investigados que ven cómo “su vida ha sido deshecha por completo, desde el punto de vista personal, familiar, político, social y económico”.

Sevilla: objetivo 2020

Jorge Muñoz | 8 de octubre de 2017 a las 2:00

La reproducción de la citación para un juicio el "10 de marzo de 2020 a las 09.30 horas"

La reproducción de la citación para un juicio el “10 de marzo de 2020 a las 09.30 horas”.

No piensen por el título que encabeza este artículo que voy a comentarles algo relacionado con las próximas olimpiadas de Tokio (Japón) previstas para el 2020. Para esa cita olímpica quedan ahora mismo casi tres años, dado que arrancarán el 24 de julio. Les propongo que se fijen en otra fecha, la que aparece en la imagen que aparece junto a estas líneas. Sí, como pueden comprobar, se trata del señalamiento de un juicio laboral por uno de los juzgados de lo Social de Sevilla. Y no hace falta que se pongan las gafas de cerca para verlo, lo que han leído es correcto: la fecha fijada para el juicio es el día “10 de marzo de 2020 a las 09:30 horas”. Y lo gracioso, aunque la cosa sea en realidad para llorar, es que antes de la fecha la citación dice que se señala “el próximo día”. El adjetivo “próximo” en realidad no debería ir acompañado nunca del año 2020, sobre todo porque para que se celebre este juicio quedan nada menos que dos años y cinco meses.
Y hablando del léxico judicial, a la Justicia le gusta rodearse de términos que expresan la celeridad que debería caracterizar su actuación y que quizás tratan de enmascarar su lamentable lentitud. Los juicios rápidos, los juicios inmediatos, el divorcio exprés, las diligencias urgentes, son algunos ejemplos de la paradójica terminología.
Pero la demora de los juzgados de lo Social es un verdadero problema para miles de ciudadanos que acuden a la Justicia para reclamar un despido, la impugnación de un grado de incapacidad o la reclamación de cantidades a la Seguridad Social.
La abogada laboralista Laura Montes conoce bien el retraso de los señalamientos de estos juzgados. “¿Cómo le explicas a un cliente que el juicio se ha señalado para el año 2020?”, se pregunta. “Cuando le dices que el juicio se ha fijado para 2020 hay gente incrédula, pero al final acaban aceptándolo con resignación”, añade la letrada, que tiene claro que el motivo del atasco es que “no hay suficientes juzgados de lo Social en Sevilla”. Aunque las demandas por despido y otras tienen una tramitación preferente –como por ejemplo los pleitos sobre derechos sindicales–, lo normal es que la vista oral no pueda fijarse antes de cinco, diez meses o incluso un año. Laura Montes pone como ejemplo que el juicio por una demanda por despido presentada en enero de este año se celebrará en 2018, un año después.
Y el retraso aumenta cuando se trata del resto de asuntos, que no tienen esa preferencia, pero que no dejan de resultar importantes para los ciudadanos, como por ejemplo cuando se reclama una modificación de la declaración de una incapacidad permanente total, que supondría una pensión mayor para el ciudadano en caso de prosperar.
El señalamiento de juicios para 2020 –o a casi tres años vista– es algo que comienza a ser frecuente en los últimos años en los juzgados de Sevilla, a pesar de los infructuosos planes de refuerzo que ha ido estableciendo el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
Según los jueces de lo Social, la Sala de Gobierno del Alto Tribunal andaluz debería ampliar los refuerzos, sobre todo después de que desde el pasado 1 de septiembre, la jurisdicción de lo Social de Sevilla haya perdido a una magistrada de refuerzo que solicitó destino en la Audiencia Provincial, donde refuerza las secciones de lo Penal con motivo del aluvión de juicios derivados de las macrocausas como los ERE o Invercaria.
La salida de esta magistrada llevó a la junta de jueces a plantarse, a suspender todos los juicios que debía celebrar esta juez. Sin embargo, la Sala de Gobierno del TSJA rechazó el acuerdo de los jueces de Sevilla y ordenó que los señalamientos de esta magistrada fuesen asumidos por todos los titulares de los 11 juzgados de lo Social que hay en Sevilla, así como por los tres Jueces de Adscripción Territorial (JAT) que siguen realizando funciones de refuerzo de estos órganos.
La Sala de Gobierno del Alto Tribunal andaluz recordó al rechazar que se suspendan los juicios que la reducción de una plaza de los cuatro jueces de refuerzo que había hasta septiembre no obedece a una decisión unilateral alguna del presidente del TSJA, Lorenzo del Río, sino que es fruto de la petición del traslado y resolución del “concursillo” entre los JAT destinados en este Alto Tribunal.
La Sala añadió que, aunque es “plenamente consciente” de la sobrecarga de trabajo que hay en la jurisdicción Social, no puede acogerse una “suspensión general e indiscriminada de los señalamientos” asignados a la juez que ha concursado a la Audiencia, y emplazaba la solución a finales de este año, cuando podría cubrirse de nuevo la plaza de la cuarta JAT, puesto que al tratarse de un refuerzo no es posible la sustitución, argumentó la Sala en su día.
Tenga o no culpa el TSJA de lo ocurrido con el refuerzo, lo cierto es que la situación de esta jurisdicción no aguantar mucho más. La Consejería de Justicia e Interior también debería interesarse por un asunto que afecta a miles de ciudadanos.

 

VISTO PARA SENTENCIA

 

Medallas policiales en la Justicia
*La Policía Nacional otorgó esta semana, con motivo de la festividad de los Santos Ángeles Custodios, las medallas al mérito policial con distintivo blanco, algunas de las cuales han recaído en personas vinculadas al mundo de la Justicia. Así, la Policía distinguió al letrado de la Administración de Justicia de la Audiencia de Sevilla, Luis Revilla, a la fiscal Natividad Plasencia, y a la directora del Instituto de Medicina Legal (IML), Rocío Marín, quienes aparecen en esta fotografía junto a otros condecorados, en el transcurso del acto celebrado en el Palacio de Exposiciones y Congresos. Enhorabuena a todos por una distinción más que merecida.

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El archivo de la denuncia contra Carretero

*La Fiscalía está estudiando actualmente el auto de la juez de Instrucción número 3 de Sevilla, Patricia Fernández Franco, que ha archivado la denuncia presentada contra el jefe de los servicios técnicos de Fiestas Mayores, Rafael Carretero, por las supuestas irregularidades en el montaje de la Feria de Abril. A tenor de la contundencia del acto, que no deja el más mínimo resquicio de indicios contra Carretero, todo apunta a que el departamento que dirige María José Segarra no recurrirá el archivo. El caso se desinfló cuando declaró el principal testigo de cargo, el denunciante.

La bomba de los ERE

Jorge Muñoz | 7 de octubre de 2017 a las 2:00

El informe enviado a la juez Bolaños por el Ministerio de Empleo supone un nuevo giro en la macrocausa, al confirmar que el Gobierno central concedía las ayudas de la misma forma

CASO ERE. Declaran Chaves, Griñán y Viera . Que se hagan fotos de ambiente y de los jueces Bolaños y Álvaro

La bomba de los ERE ha estallado antes de que comience el juicio a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y sin necesidad de escuchar la artillería pesada que las defensas de los 22 ex altos cargos imputados en el caso van a desplegar en el trámite de las cuestiones previas al juicio, a partir del próximo 13 de diciembre. Desde hace unos meses se esperaba un informe del Ministerio de Empleo y Seguridad Social que puede ser clave a la hora de determinar la legalidad del sistema por el que se concedían las ayudas a las prejubilaciones por parte de la Junta de Andalucía entre los años 2001 y 2011.
Ese informe, que firma el director general de Empleo del Ministerio, Javier Thibault Aranda, corrobora que durante la misma década, el Gobierno central concedió 220 ayudas extraordinarias por un importe global aproximado de unos 300 millones de euros, y lo hizo “directamente” y sin concurso público, al igual que el Gobierno andaluz en los ERE.
Las ayudas del Ejecutivo central –que se siguen concediendo de la misma forma– estaban amparadas en la orden del Ministerio de 5 de abril de 1995 y para pedirlas sólo se requería la solicitud por la empresa y los trabajadores, o sólo por estos últimos, acompañando una “memoria explicativa en la que constasen los motivos por los que se solicitaba, la cobertura y el coste económico individualizado”. Es decir, los requisitos eran los mismos que se pedían en las ayudas de la Junta.
¿Quiere esto decir que todas las ayudas concedidas por la Junta eran correctas o legales? No, porque en algunas se han detectado flagrantes irregularidades, como por ejemplo la presencia de los intrusos, o aquellas que concedió el director general de Trabajo Javier Guerrero a su chófer sin amparo alguno. Pero que haya casos concretos de irregularidades y posibles delitos, no implica que la totalidad de las mismas fuesen otorgadas de forma ilegal.
Desde el PP, que ejerce la acusación particular en el caso de los ERE, y desde el Gobierno central se afanan en defender tras conocerse el informe del Ministerio de Empleo que hay una diferencia “clara” entre unas y otras ayudas, porque las primeras estaban amparadas en esa orden ministerial y las otras se hicieron sin normativa.
Para desmontar este argumento basta con acudir al auto del juez Álvaro Martín que procesó a los ex presidentes de la Junta, donde el magistrado los acusa de haber impulsado la creación y el mantenimiento durante una década de un “procedimiento particularísimo” para otorgar las ayudas –conocido como el procedimiento específico–, conociendo ambos tanto los mecanismos de las transferencias de financiación y las modificaciones presupuestarias, como la falta de un procedimiento dotado de las “mínimas y elementales garantías para el reparto de las ayudas”.

CASO ERE. Declaran Chaves, Griñán y Viera . Que se hagan fotos de ambiente y de los jueces Bolaños y Álvaro
Había por tanto un procedimiento específico que regulaba –bien o mal– dicha concesión, pero lo regulaba, y es ahora la Justicia la que debe analizar en el juicio si el procedimiento fue legal o no.
La base que sustenta la acusación de los ERE es el informe de los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que considera “inadecuado” e “improcedente” el uso de las transferencias de financiación para pagar las ayudas, porque se impedía la “fiscalización previa” y además se concedieron con discrecionalidad –como las que otorgó el Ejecutivo central–, prescindiendo “absolutamente del procedimiento administrativo” y sin aplicar los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación que regula la ley general de Subvenciones –como ocurre en el caso de las subvenciones estatales–.
Es más, en la instrucción judicial de los ERE se están investigando la totalidad de las ayudas concedidas, algo que no se ha hecho con las 220 subvenciones otorgadas por el Ejecutivo central. Supongamos que una juez decidiera ahora abrir otra causa para escudriñar todas esas 220 ayudas estatales. ¿Alguien puede garantizar que en las mismas no haya ninguna irregularidad? También cabe preguntarse si aguantarían las ayudas del Estado el mismo escrutinio que en su día hizo la juez Alaya de las subvenciones de la Junta. Y cabe recordar que la juez Bolaños ha citado a declarar como investigados el día 17 a dos ex altos cargos del Gobierno de Aznar por las ayudas a los mineros de la Faja Pirítica.
Insisto. Es evidente que hubo irregularidades en los ERE, que se concedieron algunas ayudas por amistad o afinidades políticas de los responsables en su momento de la Consejería de Empleo, pero de ahí a sostener que hubo una confabulación o una trama organizada para cometer el fraude hay un auténtico abismo, el mismo que puede separar las acusaciones realizadas en la fase de instrucción y los “hechos probados” que sean acogidos en la sentencia que se dice en su día.

Por lo menos ha evitado el ‘paseíllo’

Jorge Muñoz | 6 de octubre de 2017 a las 2:00

El jefe de los servicios técnicos de Fiestas Mayores, Rafael Carretero, en la portada de la Feria.

El jefe de los servicios técnicos de Fiestas Mayores, Rafael Carretero, en la portada de la Feria.

UNA vez más un auto de un juez que desmonta por completo una denuncia por unos hechos que, en su momento, representaron un gran escándalo. El caso Carretero. La caída del funcionario del Ayuntamiento de Sevilla que durante 35 años fue el responsable del montaje de la Feria de Abril.
La Fiscalía llevó a Carretero a los juzgados con graves acusaciones de delitos de cohecho y malversación por supuestas irregularidades en el montaje de la Feria de los años 2013, 2014 y 2015. Al final, la denuncia se extendió al montaje de las instalaciones para la celebración del Corpus Christi.
Pero el escándalo comenzó a desinflarse el mismo día que la juez tomó declaración al técnico de Fiestas Mayores Miguel Ángel Baena, el denunciante del caso, que fue sometido a un intenso interrogatorio que puso en evidencia la fragilidad de sus sospechas. La juez señala precisamente las “contradicciones y falta de consistencia” del testimonio del denunciante, quien reconoció su “falta de afinidad” con Carretero.
Nada más prestar declaración este testigo, en junio de 2016, la juez tomó una decisión que a la postre ha resultado trascendental: suspendió sine díe la declaración como investigado de Rafael Carretero y de los cuatro representantes de las empresas que supuestamente habían ofrecido dádivas al funcionario, como “trabajos de pintura, carpintería y de electricidad, así como cambio de mobiliario, trabajos de poda, limpieza, mantenimiento y pintura de piscina, etcétera”, siendo todos los gastos ocasionados por cuenta de Ferrovial, según la denuncia de la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra.
Al final, según la instructora, no hay nada de nada. Otra denuncia desinflada, hasta el punto de que la magistrada afirma tajantemente que no ha habido una utilizado de fondos públicos para fines distintos que la “causa o servicio público”. Si hay alguna deuda es del Ayuntamiento con Ferrovial, que tendría un saldo a favor con el Consistorio y no al revés.
Rafael Carretero ha estado imputado 17 meses, marcado por el estigma de la imputación judicial, por mucho que ahora le cambien el nombre y lo llamen “investigado”. Lo único bueno, de haber algo, es que por lo menos ha evitado el paseíllo de los juzgados, dado que la juez ha estimado en última instancia que su testimonio no era necesaria para desmontar la causa. No todos los investigados tienen esa suerte.

Del Alayismo al Bolañismo

Jorge Muñoz | 1 de octubre de 2017 a las 2:00

bolaños

La juez María Núñez Bolaños, fotografiada en su despacho de los juzgados de Sevilla.

 Desde que asumió la instrucción de las macrocausas, la juez María Núñez Bolaños ha dictado tres importantes autos que revelan sus opiniones sobre cómo deben culminar las investigaciones

La juez Mercedes Alaya montó durante más de cuatro años (2011-2014) la teoría de la conspiración y confabulación en torno al fraude de la macrocausa de los ERE y su sucesora, María Núñez Bolaños, lleva más de dos años bajando el balón al suelo, desmontando y deconstruyendo la pirámide de responsabilidades que dibujó Alaya. Para la primera instructora todo lo relacionado con las ayudas de los ERE era claramente delictivo, desde la concesión de las mismas mediante un procedimiento administrativo inadecuado hasta la solicitud por parte de los beneficiarios, que eran llamados por Alaya al procedimiento en calidad de imputados, aunque tuvieran derecho a percibir las subvenciones y no pertenecían al grupo de los denominados intrusos, que por cierto han quedado reducidos a sólo 60, un 1% de los más de 6.000 trabajadores que en su momento se beneficiaron de estas ayudas.
Pero no piensen que Bolaños ha tenido que acudir a complicados razonamientos jurídicos ni bucear por las bases de datos –ahora digitales– de Aranzadi buscando jurisprudencia de órganos superiores como el Tribunal Supremo. No, ni mucho menos. A esta juez tan denostada en su día por Alaya le ha bastado únicamente recurrir a su sentido común, porque los jueces deben aplicar la ley, evidentemente, pero también el sentido común, la lógica y la razón.
Al igual que hubo una serie de autos en las macrocausas que marcaron las directrices del Alayismo, en los últimos años hay tres resoluciones que sustentan lo que es y será el Bolañismo. La última de estas resoluciones ha sido dictada esta misma semana en una de las piezas de investigación de los ERE, la relacionada con las ayudas concedidas por importe de 3,3 millones a la empresa Valeo Iluminación. La juez reflexiona en esta resolución sobre el papel que pueden jugar en el fraude de los ERE los beneficiarios de las ayudas y concluye que “el ciudadano cuando se dirige a cualquier administración desconoce cuál es el trámite legal adecuado” para solicitar una ayuda, por lo que “si un ciudadano pide una beca o cualquier ayuda a la Administración, sea ésta local, autonómica o estatal, se limita a cumplimentar los requisitos que desde la propia administración le exigen”.
Esta visión de Bolaños colisiona frontalmente con la que durante años sostuvo Alaya, con el aval sin fisuras de la Fiscalía Anticorrupción y la santificación por parte de la ilustrísima Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, la misma que ahora, según lamenta públicamente el Ministerio Público, le ha cambiado las reglas al permitir que los ex altos cargos sólo se sometan a un único juicio, el del denominado “procedimiento específico”, la pieza política de la macrocausa.
La argumentación de Bolaños en ese auto parece atacar uno de los cimientos del Alayismo, al afirmar que pretender que el ciudadano que solicita la subvención debe entender el marco legal administrativo que rige su actuación, si el órgano es o no competente, o si debió o no pedir otra documentación, “parece una petición que queda fuera de lo lógico y racional”, algo que se deba por hecho en la anterior etapa instructora, al estimar que todos tenían conocimiento de las irregularidades.
El razonamiento de Bolaños enlaza directamente con una petición reciente de la defensa de uno de los beneficiarios de las ayudas de los ERE, que ha solicitado el archivo de la causa al considerar que tras la decisión de la Audiencia de aplicar el non bis in ídem a los ex altos cargos imputados en la pieza del denominado “procedimiento específico” por la concesión de las subvenciones, no es posible juzgar por separado a los solicitantes de las mismas. Así lo ha expuesto el abogado Juan Carlos Alférez, que defiende a este empresario investigado en la pieza del Centro de Limpieza Industrial Huévar, quien asevera que es “conceptualmente imposible enjuiciar por separado a un presunto coautor-beneficiario de un delito de malversación de caudales públicos, sin que en el mismo proceso se enjuicie al autor principal del delito”.
Bolaños debe decidir ahora sobre esta solicitud, que puede dar un nuevo giro a la instrucción de una macrocausa que cada vez limita más su horizonte a que haya un único juicio o tan sólo varios más, a pesar de que se están investigando unas 200 ayudas.
En los otros dos autos que ilustran el Bolañismo, la instructora llega a aseverar, de un lado, que algunos de los imputados –ahora llamados de forma más elegante como investigados– no son mas que “víctimas de una macrocausa”; y de otro lado, que los jueces “no trabajan con papel”, porque “detrás de cada expediente o proceso hay familias y personas, por ello no es legítimo ni justificable utilizar maniobras para dilatar o mantener vivo un procedimiento”, en alusión a los recursos presentados contra el archivo de la pieza política de los cursos de formación.
Estas tres resoluciones marcan, por ahora, la era Bolaños al frente de las macrocausas. El presente y futuro de la herencia de las macroinvestigaciones que inició Alaya. Sólo el tiempo y el resultado de los juicios dirán cuál de las jueces estuvo más atinada en su enfoque de las macrocausas.

Manuel Marchena, nuevo consejero de Sanguino Abogados

Jorge Muñoz | 29 de septiembre de 2017 a las 18:09

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Manuel Marchena, el que fuera durante años mano derecha de Alfredo Sánchez Monteseirín en el Ayuntamiento de Sevilla, se ha incorporado a la firma de abogados Sanguino, donde se integrará en el Departamento de Derecho Administrativo, Urbanismo y Medio Ambiente de Sanguino Abogados y compaginará su actividad con su actual labor docente.

Manuel Marchena, catedrático de Análisis Regional de la Universidad de Sevilla y uno de los profesionales con más experiencia dentro de la gestión pública del urbanismo, se ha incorporado como consejero a Sanguino Abogados, labor profesional que compaginará con su actual actividad docente, según ha informado el bufete en su página web.

El que fuera gerente de Urbanismo y Director de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento de Sevilla durante la etapa de Alfredo Sánchez Monteseirín al frente de la Alcaldía de Sevilla, desarrollará su actividad dentro del Departamento de Derecho Administrativo, Urbanismo y Medio Ambiente que dirige Vanesa Villegas Galván, abogada y socia de Sanguino Abogados.

Este departamento ha experimentado un notable crecimiento en actividad y volumen de trabajo, explica la firma. Por ello, la incorporación de Manuel Marchena refuerza la estructura de gestión de todos los asuntos que este despacho desarrolla en el campo del Derecho Administrativo, el urbanismo o el medio ambiente.

Manuel J. Marchena nació en Brenes (Sevilla) en 1959 y es catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Sevilla, número uno de su promoción y Premio Extraordinario de Licenciatura y Doctorado. También es Máster y Consultor de Desarrollo Regional por Naciones Unidas y Consultor Internacional en Territorio y Turismo.

Ha sido director facultativo del PGOU de Sevilla, vicepresidente de las Empresas Municipales de Sevilla, consejero delegado de Emasesa y miembro del Consejo de Administración de Isla Mágica, del Parque Tecnológico de la Cartuja y del Teatro de la Maestranza. También ha sido director del Plan de Desarrollo Integral de Turismo de Andalucía, director adjunto de la Empresa Pública de Turismo, director general del Patronato de Turismo de Sevilla y director del Plan Estratégico Sevilla 2010. Es autor de 63 libros y capítulos de libros y de 153 artículos y ponencias científicas sobre ordenación del territorio.

Banderas de la Policía Local

Jorge Muñoz | 28 de septiembre de 2017 a las 22:42

 

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Uno de los policías conduce su moto por las calles de Sevilla con la bandera de España.

Un gesto. Una bandera nacional. Varios agentes de la Unidad de Tráfico-Motoristas (UTM) han comenzado a patrullar hoy portando en sus vehículos banderas de España, como puede verse en estas imágenes que se están difundiendo de forma masiva a través de los grupos de mensajería.

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La moto aparcada con otros vehículos policiales.

Se trata de una iniciativa de varios integrantes de la UTM, que han querido de esta forma rendir su particular homenaje a sus compañeros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que están desplazados estos días a Cataluña con motivo del referéndum ilegal convocado para decidir sobre la independencia de esta comunidad autónoma.

 

 

La iniciativa, que posiblemente mañana sea secundada por otros motoristas de la Policía Local, ha tenido una gran acogida y, de hecho, los agentes que han comenzado a llevar las banderas nacionales en las motos han sido recibidos con aplausos y mensajes de apoyos cuando han coincidido con sus compañeros de la Policía Nacional. Un gesto, sin duda, digno de elogio.

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La moto, estacionada en la emblemática Plaza de España.

De otro lado, la Cámara de Comercio de Sevilla también se ha sumado a la iniciativa de las banderas. En la sesión plenaria celebrada esta mañana ha acordado apoyar, por unanimidad, al Gobierno de España en las medidas que se están adoptando para defender la Constitución y la legalidad,  ante la convocatoria del referéndum ilegal del 1 de Octubre en Cataluña.

Las banderas de España lucen en los balcones de la Cámara de Comercio de Sevilla

Las banderas de España lucen en los balcones de la Cámara de Comercio de Sevilla.

El contraataque del catedrático

Jorge Muñoz | 24 de septiembre de 2017 a las 2:00

Santiago Romero

El catedrático Santiago Romero.

El rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, dijo recientemente en una entrevista concedida a este periódico que si no hubiera sido por su actuación, el ex decano de la Facultad de Ciencias de la Educación Santiago Romero Granados “seguiría dando clases” a pesar de haber sido condenado por un juzgado de lo Penal de Sevilla a siete años y nueve meses de prisión. El rector, que en un principio reaccionó tarde en este caso, quizás tenga razón, aunque la sentencia aún no es firme porque ha sido recurrida tanto por las defensas como por las acusaciones particulares que representan a las dos profesoras y a la becaria de investigación que denunciaron los abusos.
Al margen de la batalla en la vía penal, el catedrático condenado ha iniciado el contraataque en la vía administrativa, después de que la Hispalense le haya denegado la posibilidad de acceder a la jubilación anticipada. El abogado Jorge Piñero, que representa al ex decano de Ciencias de la Educación, ha anunciado que presentará un recurso contencioso-administrativo contra esta decisión de la Universidad de Sevilla, puesto que aunque la institución “reconoce” al docente que por su edad tiene derecho al beneficio de la jubilación anticipada, se la ha rechazado porque tiene un expediente disciplinario pendiente “que además está suspendido” mientras se resuelve la vía penal y adquiere firmeza o no la resolución del juzgado.
Junto a ese recurso contencioso, el letrado también ha recurrido ante la propia institución académica el mantenimiento de las medidas cautelares que impiden al catedrático dar clases en la facultad de Ciencias de la Educación. Así, argumenta que actualmente hay un expediente disciplinario sobre supuestos actos de acoso laboral y sexual por los que el catedrático fue absuelto en la sentencia dictada por el juzgado de lo Penal número 2. Ese expediente, que fue reabierto en enero de este año después de que se dictara dicha sentencia, se encuentra suspendido pero no las medidas cautelares, que siguen vigentes.
La defensa de Santiago Romero se opuso a la reapertura de ese expediente, al considerar que la misma no procedía porque la sentencia “no era firme” y era susceptible de recurso, como finalmente sucedió y se está a la espera de la decisión que pueda adoptar la Audiencia Provincial de Sevilla.
La Universidad admitió, según explica la defensa, que no procedía seguir la tramitación de ese expediente mientras la vía penal continuara abierta, por lo que suspendió el procedimiento pero manteniendo las cautelares, algo que el letrado considera una contradicción.
Y ese expediente sin resolver ha llevado ahora a la Hispalense a denegar la jubilación anticipada, porque la institución considera que no puede concedérsele mientras continúe “pendiente” el expediente disciplinario.
Por su parte, la causa penal sigue tramitándose en la Audiencia de Sevilla, donde Santiago Romero ha solicitado su libre absolución alegando que las profesoras le denunciaron por “motivos espurios de venganza y resentimiento”.
La Audiencia tiene que resolver precisamente sobre la alegación de la defensa del catedrático respecto a las grabaciones de la vista oral que le fueron entregadas y que están “incompletas y defectuosas”, lo que llevó a Jorge Piñero a solicitar que en el caso de que esas deficiencias afecten a las grabaciones originales, se declare la nulidad de la sentencia dictada y, en consecuencia, se retrotraigan las actuaciones hasta un momento anterior a la vista oral, anulando el juicio y volviendo a repetirlo.
En su recurso, el catedrático sostiene que los testimonios de las denunciantes carecen de toda credibilidad objetiva, y considera “imposible creer que unas profesoras de fuerte complexión sean sometidas a abusos por otra persona de mucha más edad y de muy inferior estatura y complexión física”.

 

VISTO PARA SENTENCIA

El ex edil García se libra de mercasevilla

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El ex concejal José Antonio García

*La juez María Núñez Bolaños ha archivado esta semana la causa abierta contra el ex concejal del Ayuntamiento de Sevilla José Antonio García y contra la nuera del ex delegado de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, en relación con los supuestos “contratos simulados” por los que habrían recibido salarios de las empresas vinculadas al conseguidor de los ERE Juan Lanzas. La decisión de la juez es completamente lógica, dado que por estos mismos hechos el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) archivó recientemente la causa contra el diputado andaluz del PSOE Carmelo Gómez, al considerar que los posibles delitos relacionados con esos pagos estarían, en todo caso prescritos. Con este archivo, el que fuera concejal de Salud y Consumo se libra de la segunda causa penal por la que ha sido investigado, después de que hace años fuese exculpado del caso de las facturas falsas del distrito Macarena en aplicación de la mencionada doctrina Botín, dado que sólo le acusaba una acusación popular y ni siquiera la Fiscalía. García reconoció a la juez que el contrato con la empresa de Lanzas se lo ofreció el entonces director general de Mercasevilla Fernando Mellet.

Más problemas para el hijo de Ortega Cano

*Una juez de Sevilla ha pedido a la Fiscalía de Sevilla que informe sobre la “posible revocación” de la suspensión de la condena de un año y nueve meses que le fue impuesta a José Fernando Ortega Mohedano, hijo del torero José Ortega Cano, por la agresión y robo a las puertas de un club de alterne. Los problemas legales del hijo del torero se complican a raíz de otra condena de un año de prisión por haber quebrantado la orden de alejamiento sobre su pareja sentimental y que podrían llevarle de nuevo a la cárcel.