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admin | 15 de junio de 2018 a las 7:00

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El equipo de Juzgado de Guardia

 

Amanda González de Aledo, Jorge Muñoz y Reyes Rocha. El equipo del nuevo canal jurídico "Juzgado de Guardia".

Amanda González de Aledo, Jorge Muñoz y Reyes Rocha. El equipo del nuevo canal jurídico “Juzgado de Guardia”.

 

Alaya se libra del expediente

Jorge Muñoz | 10 de junio de 2018 a las 2:00

Un vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha planteado ya en dos ocasiones si se debe actuar contra la magistrada pero el promotor de la acción disciplinaria no ha visto motivos

 

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Alaya, en la conferencia en el club siglo XXI

Alaya sigue siendo intocable. No hay nadie que pueda con la magistrada de la Audiencia de Sevilla. Da igual que con sus recientes manifestaciones –que para muchos exceden la legítima libertad de expresión de los jueces– denigre a sus antiguos compañeros, los jueces de Instrucción de Sevilla; que ataque a la institución del Ministerio Fiscal, al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y al mismísimo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el máximo órgano de gobierno de los jueces.

Hasta ahora sólo la junta de jueces de Sevilla y el Consejo Fiscal se han posicionado ante las declaraciones de Alaya, las últimas con motivo de una conferencia en el club siglo XXI de Madrid, que han llevado al órgano consultivo del fiscal general del Estado a denunciar el “menosprecio” y el “absoluto desconocimiento” de la magistrada sevillana con respecto a lo que representa la institución del Ministerio Público. El Consejo Fiscal acordó remitir las declaraciones de Alaya al CGPJ por si los hechos “fueran constitutivos de expediente disciplinario”.

¿Y el CGPJ y el TSJA van a seguir callados? La cuestión evidentemente no ha pasado desapercibida para estos órganos que también han sido el centro de las críticas de Alaya, sobre todo después de que la apartaran de la instrucción de las macrocausas por sus graves acusaciones a la nueva titular del juzgado, María Núñez Bolaños.

En la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hay al menos un vocal que ha planteado ya en dos ocasiones –la última en la reunión del pasado jueves– la cuestión de las declaraciones de Mercedes Alaya, que ha denunciado en sus recientes intervenciones  públicas las injerencias del poder político en la Justicia.

Tanto en la primera vez en la que la Permanente ha analizado las declaraciones, a finales de mayo, como en la reunión del pasado jueves, el asunto fue planteado al final de las sesiones, en el turno de ruegos y preguntas –fuera de lo que es el orden del día ordinario de cada sesión–, en el que uno de los siete vocales que integran la comisión, planteó si cabía alguna actuación por parte del Consejo ante las duras declaraciones de la magistrada sevillana, según han confirmado fuentes del máximo órgano de gobierno de los jueces.

La Comisión requirió entonces la opinión del promotor de la acción disciplinaria, que analiza la actuación y conducta de los jueces y magistrados para determinar si las mismas podían ser  constitutivas de una infracción disciplinaria, de acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El promotor concluyó que las declaraciones de Mercedes Alaya “no eran encajables” en ninguno de los supuestos contemplados dentro de las faltas disciplinarias en las que pueden incurrir los jueces, que aparecen en los artículos 415 y siguientes de la ley orgánica del Poder Judicial, añadieron las mismas fuentes consultadas.

El promotor apuntó, de otro lado, que las personas que se consideraran “agraviadas” por las intervenciones de la juez podían acudir a los tribunales para denunciar posibles injurias o calumnias, como cualquier ciudadano.

Aunque el promotor de la acción disciplinaria no ha visto motivos para que el Consejo investigara las declaraciones de Mercedes Alaya, la cuestión sí que ha generado cierto debate en el seno de la Comisión Permanente, cuyos vocales se han planteado si, descartada la vía disciplinaria, el asunto podría tratarse en la primera Comisión de Ética Judicial que está creando actualmente el Poder Judicial.

Este nuevo órgano tiene entre sus funciones precisamente las de emitir dictámenes sobre las consultas relativas a casos concretos que le hagan las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia, las juntas de jueces, las asociaciones judiciales o cualquier juez en servicio activo. A la Comisión de Ética Judicial corresponderá “excepcionalmente”, la elaboración de  informes sobre asuntos o cuestiones que resulten de interés general y “estén relacionados con el comportamiento ético que se espera de los miembros de la Carrera Judicial”.

Es en el marco de esta nueva comisión donde los vocales de la Permanente entienden que podrían analizarse las manifestaciones de Alaya, una vez rechazada la actuación disciplinaria.

En cualquier caso y del debate generado en el seno de la Comisión Permanente se desprende que el máximo órgano de gobierno de los jueces no quiere darle mayor relevancia a las declaraciones de la magistrada. No quieren darle “más bombo y platillo” para que la magistrada siga generando más polémica, creen las fuentes.

Hay quien incluso sostiene que las intervenciones de Alaya, que acusó directamente al PSOE y al PP de haberla “quitado” de la macrocausa de los cursos de formación se deben a que la juez está planteando dar el salto a la política –el ataque a los dos grandes partidos podría considerarse como un guiño a Ciudadanos–, a pesar de que la propia Alaya ha desmentido “rotundamente” que vaya a fichar por algún partido político.

Parecía incluso que la magistrada estuviese buscando o provocando una reacción de las instituciones judiciales. De hecho, Alaya dijo en el club siglo XXI que  “seguro” que sus críticas le perjudicarán en su carrera profesional, porque “tal vez estaría mejor calladita en casa”.

En cuanto al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que preside otro de los blancos humanos de Alaya, Lorenzo del Río, la Sala de Gobierno del Alto Tribunal andaluz tampoco se ha pronunciado sobre las declaraciones, más allá de las tímidas afirmaciones del propio Lorenzo del Río, que pidió “prudencia” a Alaya, puesto que sus comentarios sobre posibles “presiones” políticas cuando instruía las macrocausas puede “poner en duda” la profesionalidad e independencia con la que el presidente del TSJA defiende que trabajan los jueces.

La Sala de Gobierno del TSJA aún no ha analizado el acuerdo de la junta de jueces de Instrucción de Sevilla, que el pasado 24 de mayo arremetió contra Alaya por las duras críticas a la labor de sus compañeros. Está previsto que en la reunión del próximo 19 de junio, la Sala de Gobierno analice ese acuerdo, por lo que el presidente y los demás miembros de la Sala tendrán oportunidad de pronunciarse sobre las graves acusaciones de Alaya, remitiendo el acuerdo al CGPJ, o podrán limitarse a la insulsa fórmula de decir que han “tomado conocimiento” del acuerdo y dejarlo reposar el sueño de los justos.

El acuerdo de la junta de jueces de Sevilla expresó por unanimidad –sólo faltó el voto de uno de los 21 jueces y porque estaba de baja por motivos de salud– su “profundo malestar” y el “absoluto rechazo” a las declaraciones de Alaya, recordando que en una ocasión ya salieron en defensa de los “injustificados ataques” contra esta magistrada. Los jueces sevillanos lamentaron asimismo  los comentarios que Alaya ha realizado con respecto a sus “compañeros magistrados que realizaron funciones de refuerzo” en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. De uno de los magistrados, Alaya dijo que era habitual que cuando llegaba la una de la tarde le decía que se iba a almorzar con su mujer o a recoger a sus hijas del colegio.

La intervención de Alaya en el club Siglo XXI también ha generado malestar entre los imputados de los ERE, después de que la juez afirmara en tono de broma que la única reforma llevada a cabo en los últimos tiempos en la Audiencia de Sevilla han sido unos aseos nuevos “para que los señores políticos de los ERE hagan sus necesidades en un cuarto de baño en condiciones”. Cierto es que los baños han sido renovados –los que había eran tercermundistas–, pero también que los acusados tienen que bajar cuatro plantas para usarlos porque los que están en la misma planta del juicio están reservados para su uso exclusivo por funcionarios y jueces.

Está visto que Alaya es capaz de generar polémica hasta hablando de váteres.

¡Qué habilidad!

Claro que la Gürtel y los ERE no son lo mismo

Jorge Muñoz | 5 de junio de 2018 a las 2:00

La juez Alaya, en el club Siglo XXI de Madrid. Foto: José Ramón Ladra

La juez Alaya, en el club Siglo XXI de Madrid. Foto: José Ramón Ladra

La juez Mercedes Alaya seguirá en la carrera judicial y no emprenderá la carrera política. La magistrada desmintió ayer, en un almuerzo en el club Siglo XXI, los rumores que apuntaban a que, tras haber criticado con dureza al PSOE y al PP, a los que acusó de echarla de la instrucción de los ERE y de las otras macrocausas, podría dejarse tentar por alguna otra formación política como Ciudadanos. No habrá ese salto a la política, como en su día hizo otro de los jueces estrella de este país, Baltasar Garzón, quien recientemente ha criticado a Alaya por opinar sobre el caso de los ERE, donde están acusados los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
Alaya volvió ayer a pronunciarse sobre los ERE, pero curiosamente rehusó valorar la sentencia de la Gürtel, donde el Partido Popular ha sido condenado como partícipe a título lucrativo.
Para Alaya, la Gürtel y los ERE no son supuestos equiparables, porque, según la magistrada sevillana, tener a dos ex presidentes de la Junta sentados en el banquillo no guarda similitud alguna con la condena al PP en la Gürtel. Alaya continuó diciendo que el caso de los ERE es una “concesión ilícita de subvenciones públicas de hasta 850 millones de euros”, mientras que la condena del PP como partícipe a título lucrativo, en su opinión, “no es una responsabilidad penal”.
Olvida la juez que la sentencia de la Gürtel declara como hechos probados que se creó “en paralelo un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional” a través de “influyentes militantes de dicho partido” que tenían posibilidades de influir en los procedimientos de toma de decisión en la contratación pública que “dirigían o controlaban directamente a través de terceras personas”, además de las donaciones a la famosa Caja B.
Y también olvida Alaya que la gran diferencia entre la Gürtel y los ERE está en que en el primer caso altos cargos como el ex tesorero del PP Luis Bárcenas se lucraron, mientras que en los ERE –con la posible excepción del director de Trabajo Javier Guerrero– no se ha demostrado nada hasta ahora, y eso que se investigó a conciencia si existía una financiación ilegal del PSOE, más allá de que el sistema de concesión de las ayudas fuese irregular o no. En una cosa tiene razón Alaya, Gürtel y ERE no son lo mismo. Y de hecho la sentencia dictada ha acabado con el Gobierno del PP. Para saber el impacto de la de los ERE aún queda mucho tiempo.

CASO NEVADA: Un error de 165 millones

Jorge Muñoz | 3 de junio de 2018 a las 2:00

El interior del centro comercial Nevada, objeto de una batalla judicial que se ha prolongado durante más de una década. Foto: Carlos Gil

El interior del centro comercial Nevada, objeto de una batalla judicial que se ha prolongado durante más de una década. Foto: Carlos Gil

Aunque el euro ya lleva con nosotros bastante tiempo, los que conocimos la peseta todavía ponderamos mejor en esta moneda la relevancia de algunas macrocifras, como la indemnización que la Junta de Andalucía debe pagar al promotor del centro comercial Nevada de Granada, Tomás Olivo, en concepto de indemnización por el daño emergente y el lucro cesante durante los casi ocho años que estuvieron paralizadas las obras. Son 165 millones de euros, que hacen 27.560 millones de las antiguas pesetas.
Estos 165 millones de euros que el empresario percibirá, salvo que el Tribunal Constitucional falle a favor del recurso de amparo que ha anunciado la Junta –el Tribunal Supremo ha rechazado recientemente el recurso de la Administración andaluza–, superan con creces otras macrocifras que se han barajado en casos de corrupción como la propia Gürtel, donde se estima que la trama movió 120 millones en las instituciones públicas, e incluso duplica el presunto fraude de los ERE. La Fiscalía Anticorrupción fija el fraude con las ayudas públicas de la Junta en 741,6 millones, pero en realidad este importe se corresponde con el total de las ayudas concedidas –muchas de las cuales se siguen pagando en la actualidad–, mientras que la defensa del ex presidente de la Junta José Antonio Griñán reduce la cuantía del fraude a efectos dialécticos a 80,8 millones de euros –6,6 millones por los intrusos, 30 millones de sobrecomisiones y 44,2 millones por las ayudas directas a empresas. En total esos 80 millones, que siguen siendo menos de la mitad de lo que habrá que pagar al empresario Tomás Olivo
La indemnización por la paralización de las obras del centro comercial Nevada es, no obstante, inferior a la multa de 240 millones que se impuso en el caso Malaya al ex asesor de Urbanismo de Marbella y presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, que además fue condenado a 17 años de prisión.
El caso Nevada es además un ejemplo de las paradojas inexplicables de la Justicia, porque el empresario a quien se ha reconocido el derecho a recibir esa millonaria indemnización, fue también condenado –junto a varios responsables del Ayuntamiento granadino de Armilla– por un delito contra la ordenación del territorio a 15 meses de cárcel y a demoler parte del centro comercial, en concreto un trozo de terreno de 1.000 metros cuadrados del camino Viejo de Alendhín –suelos calificados como zona verde y equipamiento público–, según expone la sentencia dictada por la Sección Primera de la Audiencia de Granada el 28 de julio de 2011. Siete años después de esa condena en la vía penal, la misma Justicia, aunque en una jurisdicción distinta –la Contencioso-administrativa– le da la razón en cuanto a los perjuicios económicos sufridos por la paralización de unas obras que en la vía penal se consideraron ilegales y posibilitaron la condena de Tomás Olivo. Es decir, la Justicia otorga una doble condición al constructor: la de autor de un delito urbanístico y la de víctima por unos relacionados con ese delito.
¿Quién tiene la culpa de todo este desaguisado en el que como siempre juega en contra la lentitud de los tiempos judiciales? Si se acude a la sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de Granada, dictada en mayo de 2017 y que ahora ha sido avalada por el Tribunal Supremo, buena parte de la culpa la tiene la Junta de Andalucía, por los errores que cometió en el pleito, a pesar de que el TSJA haya dado parcialmente la razón a la Administración andaluza, únicamente en lo que se refiere a la reducción en un 17% del lucro cesante. Y por eso se rebajó a 165 millones la indemnización que reclamaba Tomás Olivo, que inicialmente superaba los 220 millones.

Una imagen exterior del macrocomplejo comercial en Armilla. J. Ochando

Una imagen exterior del macrocomplejo comercial en Armilla. J. Ochando

La Junta consideró irracional e ilógica la valoración de los daños y perjuicios realizada por la mercantil General de GaleríasComerciales, al estimar que los daños eran meros “sueños de fortuna” que no estaban mínimamente acreditados, pero lo cierto es que el varapalo de la sentencia dictada por la del TSJA han acabado por convertir en realidad esos sueños y en hacer a Tomás Olivo un hombre más rico.
La licencia de obras para la construcción del centro comercial Nevada fue concedida por el ayuntamiento de Armilla en septiembre de 2005 y la Consejería de Obras Públicas instó al Consistorio en abril de 2006 a revisar la licencia, lo que motivó la suspensión de las obras. Y ese mismo año, la Junta presentó un recurso contencioso-administrativo en el que se pidió como medida cautelar la paralización de las obras, que fue acordada el 31 de octubre de 2006.
La Junta alegaba que el juzgado de Instrucción número 6 de Granada, que investigó el delito urbanístico, también paralizó las obras, y argumentaba que el promotor había sido condenado en esta causa, por lo que no era razonable otorgar una indemnización “como consecuencia de la comisión de un delito”.
Sin embargo, la Sala de lo Contencioso del TSJA recuerda que la paralización de las obras se acordó a instancias de la Junta –se acordó el 31 de octubre de 2006 y se levantó en 2014–, mientras que en la vía penal la paralización se produjo en abril de 2007 y el proceso finalizó con la sentencia de la Audiencia de 2011, por lo que “ninguna incidencia pudo tener sobre la medida acordada en la jurisdicción contencioso-administrativa, pues la suspensión en vía penal comenzó más tarde y finalizó tres años antes de que se dictara sentencia firme por este órgano judicial”.
El tribunal concluye que la indemnización “no es por causa de un delito” y así recuerda que las consecuencia del procedimiento penal supusieron, además de las penas de cárcel, la demolición de 1.000 metros cuadrados “sobre los que ningún tipo de resarcimiento se pretende por la actora; y es incuestionable que la consecuencia anudada al procedimiento penal no es la total paralización de unas obras durante casi ocho años, que es el supuesto objeto de estudio en el presente incidente, y que se adoptó en otro procedimiento distinto y seguido en otro orden jurisdiccional”.

El promotor Tomás Olivo y el alcalde de Armilla visitan las obras.  Foto: Miguel Ángel Molina.

El promotor Tomás Olivo y el alcalde de Armilla visitan las obras. Foto: Miguel Ángel Molina.

Es más, aunque la Junta entendía que la “excesiva dilación” en el procedimiento penal también tuvo incidencia (se prolongó desde 2006 a 2014) en el daño, el TSJA recuerda que la Administración “estuvo en disposición de solicitar en cualquier momento la finalización de la medida cautelar. Ni este tribunal ni la demandante podían proceder a su revocación. Así pues, ante la duración del procedimiento y las consecuencia que podía llevar aparejadas una suspensión como la que nos ocupa, era la demandada la única que se hallaba en situación de poner fin a la medida cautelar, por lo que debemos concluir que es la única responsable”, sentencia el Alto Tribunal andaluz. Pero no sólo la Junta es la única responsable por ese motivo, sino que hay más. En 2015, Tomás Olivo presentó la reclamación de indemnización y es aquí donde se produce un nuevo error de la Junta de Andalucía, que aportó un dictamen pericial negando los perjuicios. El juzgado de lo Contencioso número 1 de Granada fijó una vista para el 6 de junio de 2016 a la que no compareció el letrado de la Junta, lo que motivó que la juez no admitiera el informe pericial.
Esto llevó a que el TSJA sólo pudiera valorar el dictamen pericial elaborado por General de Galerías Comerciales, al haberse inadmitido el aportado por la Junta ante su incomparecencia. Razonan los magistrados que el “presupuesto de hecho indispensable para la admisión en segunda instancia de las pruebas que no se practicaron en la primera” es que no se hubieran practicado por causas que no le son imputables. Pero en este caso, concluye, “la prueba no se practicó por causas sólo imputables a la Administración recurrente, y en ningún momento se presentó recurso de reposición o se formuló protesta en la vista a los efectos de poder hacer valer dicho medio probatorio en segunda instancia, lo que impide su válida admisión ante este tribunal”.
Más claro, imposible.

 

Un abogado que fue juez y un instructor parecido a Alaya

El caso Nevada tiene otras particularidades como la de que el abogado de Tomás Olivo, que representó a la mercantil General de Galerías Comerciales y ha ganado el litigio en la vía Contencioso-administrativa, Joaquín García Bernaldo de Quirós, es magistrado en excedencia y especialista en el orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo. De hecho, el ex magistrado García Bernaldo fue presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJAen Málaga entre los años 2001 y 2011. Fue además presidente de la Comisión Nacional de la Competencia y desde el año 2013 es socio del bufete Ramón y Cajal abogados. Por su parte, el juez Miguel Ángel García del Arco, que en su momento paralizó las obras del centro comercial Nevada, fue titular hasta su jubilación del juzgado de Instrucción número 6 de Granada. Muchos ven similitudes entre este magistrado y la juez Mercedes Alaya, la instructora que inició la investigación de las macrocausas como los ERE y que en su día dirigía el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla –ambos coincidían también en el número-. En una reciente entrevista en el periódico Granada Hoy, Miguel Ángel del Arco, quien en su día calificó el Nevada como un “leviatán de hierro y cemento” comentaba que hizo “bien en paralizar la obra” y aludía a los comentarios que le hizo el perito del caso, quien según el juez le manifestó que ese edificio es “el más grande disparate urbanístico que se haya producido en la historia de Granada pero además es un delito, pleno de trampas y de engaños, claramente demostrados pero que los jueces no han querido ver. Y un partido prefiere pagar esa enorme cantidad para indemnizar -un dinero nuestro, claro- a reconocer responsabilidades de sus gobiernos municipal y autonómico”, recogía la cita que el juez atribuye al perito que intervino en la causa.

Absuelto de la Malaya y que llevó sus empresas a la bolsa

El promotor murciano Tomás Olivo compartió el banquillo de los acusados con Juan Antonio Roca, el presunto “cerebro” de la trama de corrupción del caso Malaya destapada en Marbella, si bien los destinos de ambos corriendo suertes bien distintas. Roca fue condenado a 17 años, mientras que Tomás Olivo fue absuelto en la sentencia dictada por la Audiencia de Málaga. Tomás Olivo fundó la empresa General de Galerías Comerciales precisamente en Marbella en el año 1995, tan sólo cuatro años después del desembarco de Jesús Gil y de su hombre de confianza. Su éxito consiste en comprar suelos a buen precio, promover la construcción de un centro comercial y ocuparse de su gestión. De esta forma, ha llegado a ser propietario de seis complejos comerciales en España, entre ellos el Nevada de Granada, o La Cañada de Marbella, el negocio más jugoso del promotor. Tomás Olivo se ha convertido asimismo en el primer empresario de la Costa del Sol cuyas empresas han llegado a cotizar en la Bolsa. Desde el 4 de julio de 2017, la mercantil General de Galerías Comerciales cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) y en el primer mes alcanzó una revalorización del 24%. El valor de su sociedad superaba los 2.500 millones de euros a mediados de 2017 y tiene además el atractivo de no arrastrar deuda. Y a todo ello se sumarán ahora los 165 millones que la Junta tendrá que abonarle por el caso Nevada.

 

La recaída de Alaya

Jorge Muñoz | 27 de mayo de 2018 a las 2:00

CASO ERE La juez Mercedes Alaya

Alaya ha logrado la unidad de los jueces en su contra. Al menos, de todos los jueces de Instrucción de Sevilla, sus antiguos compañeros, a los que ha denigrado con ocasión de sus recientes declaraciones en las que no ha dejado títere con cabeza. Sólo la más grande, como es conocida por muchos Alaya en la vieja sede judicial del Prado de San Sebastián, podía hacer algo así en la creencia de que sólo ella puede estar llamada a liderar una mesiánica labor en la Justicia y en la lucha contra la corrupción.
La salvadora Alaya, la juez infalible e infatigable, la única que se consideraba capaz de acabar las macrocausas, cada vez va dejando más cadáveres en el camino y engrosando la lista de enemistades. Vilipendiar a los jueces de refuerzo que tuvo en su faceta de instructora como ha hecho ahora, le ha granjeado el rechazo absoluto del colectivo de jueces de Instrucción, quienes han expresado por unanimidad su “profundo malestar” con las declaraciones.
Sobre todo porque es que además los comentarios no son justos. Decir que un juez de refuerzo en concreto –en realidad es el único que aceptó trabajar con ella después de la desbandada que protagonizaron otros dos jueces– le decía a la una de la tarde que se iba a almorzar con su mujer a un club de Sevilla, del que ni siquiera es socio, o a recoger a las niñas del colegio, supone una mezquindad. Olvida Alaya que ella misma llegaba muchos días a mediodía al juzgado y hacía esperar durante horas a abogados e imputados durante horas antes de tomarles declaración. Basta con preguntarles a los abogados de los que ahora están en el juicio de los ERE.
Y se olvida también de que detrás de un juez, hay todo un equipo de funcionarios que son fundamentales para la marcha de las investigaciones. De este juez de refuerzo también ha asegurado que durante su estancia el juzgado ha estado más retrasado que nunca en la tramitación de los asuntos ordinarios, una afirmación que es fácilmente desmontable, sólo hace falta ver las estadísticas judiciales del juzgado de la época.
Mercedes Alaya, la que en su día se autodefinió como una instructora incansable, parece haber perdido el norte. Y no se resigna a su nueva situación como magistrada de la Audiencia de Sevilla.
A Alaya le ha faltado quizás contar con ese esclavo que llevaba Julio César, cuando era vitoreado por el pueblo en su trayecto subido en el carro triunfal, y al que le iba diciendo “mira hacia atrás y recuerda que sólo eres un hombre” (en este caso una mujer).
Cierto es, y en esta página lo he defendido siempre, que Alaya es una excelente profesional, con una gran capacidad de trabajo que puede superar en un momento dado a otros jueces, pero eso no es óbice para presentarse como la última esperanza de la Justicia, un mensaje populista que cala en parte de la ciudadanía, cada vez más asqueada de la clase política y cuya decepción aumenta a medida en que se conocen sentencias como la de los 1.600 folios de la Gürtel.
Pero la labor instructora de Alaya no se está traduciendo luego en condenas, lo que cuestiona su particularísima forma de instruir y la denunciada búsqueda de “causas generales” o prospectivas. Lo cierto es que la estadística no deja en buen lugar a Alaya. Además del archivo de la “pieza política” de los cursos de formación, la Justicia ha tumbado las instrucciones de Alaya relacionadas con la macrocausa de la venta de los suelos de Mercasevilla, donde los diez acusados fueron absueltos, y más recientemente la Audiencia de Sevilla absolvió al ex mandatario del Real Betis Manuel Ruiz de Lopera, la primera de las grandes investigaciones que inició Alaya y que tanta fama le generó.
Hasta ahora, la única instrucción de Alaya que ha sido avalada con una condena es la exigencia de una mordida de 450.000 euros a los hosteleros de La Raza a cambio de la concesión de una escuela de hostelería, que acabó sólo con la condena de dos de los cuatro acusados.
Muchos se preguntan a qué han venido ahora estas declaraciones de Alaya, en las que no sólo ha criticado a los jueces de Sevilla y a los partidos políticos, sino también a otras instancias judiciales, como el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y el CGPJ que, por cierto, siguen callados, sin reaccionar.
Sólo Alaya sabe por qué ha vuelto en este momento al candelabro, como diría Sofía Mazagatos. Quizás sea por no caer en el olvido, o porque la magistrada no ha pasado página y ha sufrido una recaída, tras el varapalo que supuso en el otoño de 2015 verse apartada de la instrucción de las macrocausas, algo que se debió a sus propios errores de cálculo y por criticar con la dureza que lo hizo a su sucesora en el juzgado, de la que sacó a relucir una supuesta estrecha relación de amistad con el entonces consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, además de poner en duda la capacidad y profesionalidad de la juez María Núñez Bolaños.
Y todo ello, claro está, con independencia de que algún vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le prometiera a Alaya que aunque solicitara la plaza de magistrada en la Audiencia no tendría problemas para continuar investigando las macrocausas. Ése fue otro error de cálculo de Alaya del que ahora no puede culpar a los demás o fabular con un supuesto pacto entre los dos grandes partidos por miedo a que ella investigara los cursos de formación. Hay que recordar que el PP ha recurrido el archivo de la denominada pieza política de la formación, en contra del criterio de la Fiscalía, que pidió el sobreseimiento.
Tampoco creo que Alaya esté pensando en entrar en política, como se ha apuntado. Esta semana, el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Parlamento andaluz, Sergio Romero, dejó abierta la posibilidad al fichaje de la juez por la formación naranja, al afirmar en Ondaluz que en Ciudadanos nunca negarán “la entrada al talento”, pero parece más bien que este político se vio sorprendido por la pregunta. Aunque quien sabe…

El lapsus del fiscal de los ERE

Jorge Muñoz | 26 de mayo de 2018 a las 2:00

COMIENZA JUICIO DE LOS ERE CONTRA 22 EX ALTOS CARGOS GOBIERNO ANDALUZ

La anécdota ocurrió en la última sesión del juicio por el denominado “procedimiento específico” de los ERE. El fiscal Juan Enrique Egocheaga interrogaba a un testigo que había trabajado como director del área de Planificación y Seguimiento de la Consejería de la Presidencia de la Junta. Al inicio del interrogatorio, el fiscal suele preguntar por la formación y el cargo que el testigo ha ocupado en la Administración andaluza.
Después de presentarse como director de esta área de la Presidencia, el testigo explicó que se encargaba de realizar las labores de “atención al ciudadano”, con lo cual recibía las cartas que, como ocurre en el caso de los ERE, podían enviarles ex trabajadores o prejubilados afectados por esas situaciones de crisis empresariales, con la idea de que sus peticiones llegaran hasta el presidente de la Junta.
El lapsus se produjo cuando el fiscal preguntó al testigo por una de sus funciones de “atención al cliente”. El testigo rápidamente corrigió al ilustre representante del Ministerio Público y le recordó que su departamento se encargaba en realidad de la “atención al ciudadano”. Vamos que no era un servicio de los que habitualmente disponen las operadoras telefónicas u otras empresas similares. El desliz del fiscal provocó las risas en la Sala de los ERE, que alivia de esta forma la inevitable tensión y cansancio que se genera después de varias horas de comparecencias.
Aunque la expresión del fiscal fue un lapsus, a algunos se les vino a la mente uno de los términos que se asocian a la instrucción de las macrocausas, el de la “red clientelar” supuestamente establecida en la concesión de las ayudas públicas para la prejubilación de los EREo los cursos de formación.
Pero no fue la única anécdota que se produjo en la última sesión del juicio de los ERE. La otra está relacionada con la citación “telefónica” de los testigos para acudir a declarar al juicio, dado el interés del tribunal en agilizar todo lo posible estas comparecencias para evitar que el juicio se eternice.
Así, en la sesión del miércoles, el tribunal llamó a declarar por la mañana a dos ex trabajadores de la empresa Bilore de Lucena (Córdoba), que tuvieron que desplazarse esa misma mañana a toda prisa para declarar. Cuando el presidente del tribunal le hizo a uno de estos testigos la advertencia de que debían decir la verdad, dado que el falso testimonio es un delito contemplado en el Código Penal, el testigo, un hombre campechano, respondió con una sencillez tremenda:“No he mentido en mi vida y no voy a mentir aquí”, contestó a la pregunta de si prometía o juraba decir la verdad.
Cuando la declaración terminó y el magistrado le dio las gracias por su presencia, el testigo se dirigió al magistrado para rogarle que, la próxima vez que le citen, “por favor que lo hagan con tiempo”, porque había tenido que buscar un coche para poder desplazarse desde la localidad cordobesa hasta Sevilla, y todo ello en la misma mañana. Se trata de una petición razonable del testigo, que no estaba al corriente de las pretensiones del tribunal para agilizar la comparecencias. Quien no ha accedido a la premura del tribunal es el ex consejero de Empleo Manuel Recio, que fue convocado telefónicamente pero que pidió ser citado formalmente.

El Huesca y la juez Alaya, a primera división, por Alberto Revuelta

Jorge Muñoz | 22 de mayo de 2018 a las 20:19

La juez Mercedes Alaya, con la toga, presidiendo un juicio con jurado.

La juez Mercedes Alaya, con la toga, presidiendo un juicio con jurado.

La Sociedad Deportiva Huesca, con su equipo de fútbol, acaba de ascender por puntos a la primera división de la Liga española. La magistrada sevillana señora Alaya ascendió entre ayer y hoy, gracias a sus declaraciones a ABC, al primer puesto de jueces estrella de la Administración de Justicia española. Como el Huesca, por puntos. El Huesca, metiendo goles se ha ganado el ascenso. La magistrada señora Alaya le ha metido goles al Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal Superior de Justicia andaluz, al Gobierno y a los partidos políticos, a sus compañeros jueces y a los dependientes fiscales acollarados a través del Fiscal general por el poder ejecutivo. Con tales chupinazos colados en tantas porterías nos hecho saber a los ciudadanos que no todos los españoles somos iguales ante la ley. Tal aseveración la conocíamos y experimentábamos hace años, pero ahora tenemos el golaverage de la magistrada como aval confirmatorio.
El gol de chilena de la señora Alaya constata que la independencia del poder judicial español está afectada de grave enfermedad, ya que el Consejo General del Poder Judicial esta, a su juicio, absolutamente politizado.
El día 27 de abril de este año de gracia, un antiguo magistrado, don Elpidio Silva, presentaba en el Tribunal Supremo, en nombre de ATENAS, una asociación de abogados registrada en Cataluña, una querella contra el presidente y algunos vocales del Consejo por trazar un plan y llevarlo a efecto para controlar los altos órganos jurisdiccionales, en beneficio de determinados aforados.
He tenido el honor, y el placer bienhumorado, de asistir a testigos e imputados en el juzgado de instrucción seis de los de Sevilla cuando lo servia la señora Alaya. Si el juez de refuerzo se iba a Pineda a la una, doña Mercedes llegaba a las 11 o las 12 y los justiciables y sus letrados debíamos aguantar una o dos horas de espera, citados a las nueve y media o a las diez, a que su señoría debidamente compuesta, se dignara cumplir con su deber y cortesía con el pueblo llano aunque togado en parte. No es oro todo lo que reluce.

La magistrada, con veste de amarillo limón como los lazos liberadores de políticos presos según el lenguaje correcto al uso, acusa a sus colegas, a algunos de ellos al menos, de haberla engañado, quitándole la instrucción de sus causas dando así al traste con su justiciero afán de perseguir poderosos a su alcance. No olvidemos que la acusación de esta instructora a una peligrosísima comunista sevillana dio en absolución liberadora en el juzgado de lo penal; que la espantosa asociación de políticos, funcionarios y empresarios para saquear suelos y erario municipal de la capital sevillana, dio en absolución de los diez imputados, tras sentencia de trescientos y pico folios de otra magistrada; que la sangrante vaciada de fondos del Real Betis -en primera como el Huesca- con millones por medios, de euros y de folios, de días y de años, ha dado en absolución por sentencia brillante de una de las secciones de la Audiencia, en la cual se ubica el puesto escalafonado de la magistrada señora Alaya. Téngase , Señoría, téngase.

Non enim quae se ipsum commendat ille probatus est, sed quem Deus commendat. Dice la Escritura. No está probado el que se alaba a sí mismo. Sino aquel a quien Dios recomienda. Y no debe olvidarse que a Dios nadie le ha visto ni le puede ver.

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Alberto Revuelta

abogado

Tiento al fiscal y la causa se acelera

Jorge Muñoz | 20 de mayo de 2018 a las 2:00

 

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Una imagen del juicio de los ERE.

El tercer aviso del tribunal de los ERE, el que ha dado precisamente esta semana a la Fiscalía Anticorrupción, para que no se eternice el juicio con el interrogatorio de los testigos, parece más atinado que los otros dos anteriores y comienza a dar sus frutos. Del ritmo cansino de las semanas anteriores, parece que, por fin, se ha pasado al “pisa el acelerador… gasta las ruedas” que cantaba Joaquín Sabina. El cambio se ha producido después de que en la sesión del pasado lunes, el presidente del tribunal, Juan Antonio Calle Peña, se dirigiera a los “señores fiscales” delegados de Anticorrupción –Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra– para que no hicieran tantas preguntas relacionadas con las piezas separadas que, tal y como recordó la Audiencia en el auto en el que resolvió las cuestiones previas, no son objeto de este juicio por el denominado “procedimiento específico” de los ERE, el supuesto sistema que según las acusaciones idearon presuntamente los 22 ex altos cargos para conceder las ayudas sin procedimiento legal y eludiendo los controles de la Intervención General de la Junta.

El magistrado indicó a los fiscales que estaban haciendo “excesivas preguntas” sobre las piezas separadas que siguen actualmente en instrucción, tantas que rebasaban lo que el tribunal comentó en su momento que “iba a permitir” para poder enmarcar esta causa en el contexto de la macrocausa de los ERE. La advertencia, al menos en lo que respecta a esta semana, ha surtido efecto, porque ya han declarado 21 de los 150 testigos que deben rendir testimonio. Recalculemos las cuentas que hicimos la semana pasada, en las que irremediablemente la vista oral se iba a meter irremediablemente en los primeros meses de 2019.
Sin embargo, esta semana han pasado ocho testigos –y a partir de mañana hay otros 11 testigos citados–, con lo que se si este ritmo se mantiene de manera constante y parecida, se llegaría a las vacaciones de agosto habiéndose superado la centena de testigos (102 aproximadamente), con lo que la fase testifical podría finalizar para mediados de octubre. A partir de ahí deben declarar los doce peritos, incluidos los de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que hicieron el peritaje oficial y los propuestos por las partes, pero aún así se estaría más o menos en el calendario que planteó el tribunal con sesiones hasta finales de noviembre.
Para que se haya podido acelerar el ritmo de las declaraciones de los testigos, desde los propios fiscales, a las acusaciones populares (PP yManos Limpias), así como las defensas han limitado sus preguntas en los interrogatorios, incluso algunas de las partes y defensas no han planteado ninguna pregunta a muchos de lo comparecientes.
Además, muchos de los testigos –esta semana les ha tocado a trabajadores y directivos del IFA/IDEA– han coincidido en las principales afirmaciones que han realizado, por lo que no era necesario insistir demasiado en los interrogatorios. Para las próximas sesiones está previsto uno de los principales testigos que más morbo puede despertar: el ex chófer de Guerrero que admitió el gasto del dinero de las ayudas en cocaína y regalos. A lo mejor con este testigo alguna de las partes, lejos de acelerar, pisa el freno y se detiene para hacer más preguntas. Será interesante. Ya veremos.

 

VISTO PARA SENTENCIA

La Fiscalía y la denuncia de José Castro

El presidente del Sevilla, José Castro, con sus abogados cuando declaró en los juzgados.

El presidente del Sevilla, José Castro, con sus abogados cuando declaró en los juzgados.

*La Fiscalía de Sevilla ha pedido a la juez que investiga al presidente del Sevilla, José Castro, el archivo de la denuncia abierta por el uso de la cuenta que tiene en el club y por la compra de varios paquetes de acciones, al entender que los hechos investigados no son constitutivos de delitos de administración desleal ni de falsedad documental.

La postura de la Fiscalía, que se ha producido una vez que la defensa de Castro había pedido el sobreseimiento de la causa, ha despertado cierta sorpresa, sobre todo si se tienen en cuenta que fue la propia Fiscalía hispalense la que, tras una primera investigación de los hechos, decidió presentar una denuncia en los juzgados contra el presidente del Sevilla para que un juzgado investigase precisamente si había delito o no.

El juzgado, que ahora debe decidir y muy probablemente archivará la denuncia, ha tomado declaración como investigado a Castro y a varios testigos, pero no se han practicado más diligencias. El caso de Castro recuerda recientemente al del ex jefe de los servicios técnicos de Fiestas Mayores Rafael Carretero, quien también fue denunciado por la Fiscalía y cuya causa se archivó por el juzgado, aunque en este caso Carretero no llegó ni siquiera a prestar declaración como investigado. La Fiscalía no recurrió el archivo, pero tanto en el caso de Carretero como ahora Castro no cabe duda de que ambos han sido sometidos a la pena de banquillo.

El 53,5% de las sentencias de 2017 las dictaron mujeres

Jorge Muñoz | 14 de mayo de 2018 a las 16:30

El 53,5 por ciento de las sentencias notificadas en 2017 por los órganos judiciales fue dictado por mujeres jueces y magistradas, que a 1 de enero de ese año representaban el 52,7 por ciento de los miembros de la Carrera Judicial en activo, según ha informado este lunes el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Este es uno de los datos que figura en el informe “Una perspectiva de género en la Justicia” publicado hoy por la Sección de Estadística, en el que se analiza la presencia de la mujer en la Carrera Judicial desde distintas perspectivas.

La mujer no pudo acceder a la Judicatura ni a la Carrera Fiscal hasta la entrada en vigor de la Ley 96/1966, que suprimía la limitación establecida en el apartado c) del número 2 del artículo tercero de la Ley de 22 de julio de 1961 sobre derechos de la mujer. Aun así, hubo que esperar hasta la Ley 11/1981, de modificación del Código Civil en materia de filiación, patria potestad y régimen económico del matrimonio para poder hacerlo sin necesidad de consentimiento del marido, en caso de estar casada.

Desde entonces se ha recorrido un largo camino, pero en los últimos años la mujer viene incrementando de manera imparable su presencia en la Administración de Justicia, como prueba su predominio total en el ingreso en la Carrera Judicial desde 1996, lo que ha hecho que desde el año 2013 las mujeres sean mayoría entre los jueces y magistrados españoles.

Así, a 1 de enero de 2018 el porcentaje de mujeres entre los miembros de la Carrera Judicial en activo era del 53,2 por ciento y superaba al de los hombres en todos los órganos unipersonales, a excepción de los Juzgados de lo Mercantil. Entre los titulares de Juzgados de Violencia sobre la Mujer, las mujeres suponen el 71,4 por ciento.

Por el contrario, y tal y como reflejaba el informe sobre Estructura Demográfica de la Carrera Judicial publicado el pasado 28 de marzo, el porcentaje de presidentas de Sala de Tribunales Superiores de Justicia era del 20,7 por ciento; el de presidentas de Audiencia Provincial del 16,3 por ciento; y el de presidentas de Sección del 21,9 por ciento. Entre los magistrados del Tribunal Supremo, las mujeres suponen el 14,5 por ciento.

Puede acceder a los datos del informe sobre Estructura demográfica de la Carrera Judicial a 1 de enero de 2018 en el siguiente enlace: http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-Informes/Estructura-demografica-de-la-Carrera-Judicial/

El 53,5 por ciento de las sentencias, dictadas por mujeres

El porcentaje de sentencias dictadas en 2017 por juezas y magistradas, que en total fue del 53,5 por ciento, alcanzó el 66,1 por ciento en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer (penales), el 62,1 por ciento en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer (civiles) y el 62 por ciento en los Juzgados de Menores.

Las mujeres también dictaron prácticamente seis de cada diez sentencias en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción y en los Juzgados de lo Penal. Las juezas y magistradas también dictan más de la mitad de las sentencias –exactamente el 56 por ciento- en los Juzgados de lo Social.

Por el contrario, los órganos judiciales en los que el porcentaje de resoluciones finales dictadas por mujeres no alcanzó el 40 por ciento son las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia (33,6 %), las Secciones civiles de las Audiencias Provinciales (34,8 %), las Salas de lo Social de los TSJ (37,9 %) y los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo (39,5 %).

En el caso de los órganos colegiados, aunque las sentencias las firman todos los miembros del tribunal, a cada juez/a o magistrado/a se le han contabilizado como suyas solo aquellas de las que ha sido el/la ponente.

Otras profesiones jurídicas

El informe “Una perspectiva de género en la Justicia” ofrece datos de la presencia de mujeres en otras profesiones jurídicas. Así, en la Carrera Fiscal las mujeres representan a fecha de hoy el 64,1 por ciento de sus miembros y el 36 por ciento de sus cuadros directivos (fiscal de Sala, fiscal jefe, fiscal jefe de Área o fiscal superior de Comunidad Autónoma).

La presencia femenina también es mayoritaria entre los letrados de la Administración de Justicia, donde suponen el 67,5 por ciento. Las mujeres son exactamente el 50 por ciento de los LAJ destinados en el Tribunal Supremo y, entre los cuadros directivos, representan el 52,4 por ciento de los secretarios de Gobierno y el 46,9 por ciento de los coordinadores provinciales.

En otras profesiones jurídicas, la presencia de la mujer, aunque importante, aun es minoritaria: son el 40 por ciento de los abogados del Estado, el 30,8 por ciento de los notarios, el 44,7 por ciento de los registradores, el 33,4 por ciento de los procuradores y el 47,1 por ciento de los graduados sociales.

Por último, las mujeres superan el 55 por ciento entre los estudiantes matriculados de grado y primer y segundo ciclo de Derecho, y el 57 por ciento entre los que obtienen el título.

 

El juicio de los ERE se eterniza

Jorge Muñoz | 13 de mayo de 2018 a las 2:00

DECLARACION DE JACINTO CA?ETE EN JUICIO CASO ERE

Cuando en diciembre pasado arrancó el juicio del “procedimiento específico” de los ERE ya se sabía que iba a ser la vista más larga de la historia judicial de Sevilla y posiblemente de Andalucía –sólo superada por el momento por el caso Malaya–, pero lo que nadie podía prever es el avance tan lento y cansino de la fase testifical, que se inició el pasado 23 de abril con la comparecencia de los primeros agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) que investigaron el fraude.

El tribunal ha acordado la declaración de 150 testigos, de los cuales hasta el pasado miércoles sólo han pasado 13 testigos, aunque el último todavía seguirá rindiendo testimonio mañana en una nueva sesión del juicio.
Las declaraciones avanzan, en el mejor de los supuestos, a un parsimonioso ritmo de seis testigos a la semana, con lo que para completar el extenso listado de comparecientes aún harían falta casi 23 semanas (22,8 en concreto). Según el calendario inicial del juicio, que tiene agosto como mes inhábil, hasta la fecha de las vacaciones quedan otras 11 semanas, con lo que daría lugar aproximadamente a completar la mitad de la lista, mientras que para llegar al final el calendario se trasladaría a la semana del 19 de noviembre.
A partir de ahí tendrían que comparecer los 12 peritos propuestos por las distintas partes, lo que sin duda requerirá varias semanas de sesiones, y después vendría la fase final con los informes de conclusiones. Con todo lo que queda de prueba por practicar, evidentemente el juicio, si no se remedia su lentitud, se meterá de lleno en los primeros meses del año 2019.
El problema de este retraso es que este juicio tiene paralizados, a la espera de su finalización –porque en muchos casos coinciden los propios acusados o sus abogados, o los mismos fiscales delegados de Anticorrupción–, más de una decena de procesos que no pueden comenzar hasta que éste acabe. Esto ocurre con la vista por el delito societario de Mercasevilla, cuyo inicio está señalado para el 15 de enero de 2019, así como con otras piezas separadas de ayudas de los ERE que están precisamente a la espera de que acabe este juicio para fijar la fecha de arranque de la vista oral, y lo mismo sucede con una media docena de piezas en las que se han investigados las ayudas y préstamos concedidos por la sociedad pública de capital riesgo andaluza Invercaria.
El retraso del juicio de los ERE, además de que como dicen muchos letrados “no hay despacho que aguante un proceso de estas características”, implica una serie de demoras en otros procesos que evidentemente luego conllevarán la aplicación de determinadas circunstancias atenuantes de dilaciones indebidas, si en el camino no se produce alguna prescripción que concluya en una sentencia absolutoria.
Creo que el tribunal que enjuicia la pieza política de los ERE es plenamente consciente de este problema, que repercute directamente en la labor de los otros magistrados de la Audiencia de Sevilla. De hecho, el juez Juan Antonio Calle Peña ya ha hecho dos avisos a las acusaciones y a las defensas, el último esta misma semana, cuando se dirigió a todas las partes volviendo a reclamar que acorten los interrogatorios o, de lo contrario, se verá obligado a ampliar las sesiones de la vista, incluyendo una tarde más (el juicio se celebra de lunes a miércoles, pero sólo el miércoles hay sesión de tarde).
Pero parece que nadie hace caso al tribunal. Cada parte realiza el interrogatorio que considera oportuno, aunque en muchos casos se acaban repitiendo preguntas para que el testigo ratifique lo que ya ha dicho con anterioridad, y en otras ocasiones, como el propio juez entiende, se hacen preguntas que la Sala considera que no son relevantes para la causa.
En cualquier caso, la cuestión no es fácil de afrontar, porque debe conjugarse el derecho de las partes a interrogar a todos los testigos, lo que resulta fundamental para las defensas, en el marco del principio de contradicción, con la necesidad de que la vista oral avance y no acabe eternizándose.
Pero como cada parte sigue igual, todo parece indicar que habrá más sesiones de tarde, para perjuicio de todas las partes personadas, puesto que dado el carácter eminentemente técnico de los interrogatorios, todo el mundo llega muy cansado. Por lo menos los 22 ex altos cargos están exonerados de asistir a esta fase del juicio y no tendrán que volver hasta la fase de informe. La pena de banquillo o de telediario se les ha reducido en parte. Algo es algo.

Visto para sentencia

A propósito del cambio de abogado de Guerrero

*El abogado Carlos Leal Bonmati, que está imputado en la macrocausa de los ERE, ha rechazado que esté detrás de la sustitución de Fernando de Pablo como encargado de la defensa del ex director de Trabajo Javier Guerrero.

El letrado explicó que el cambio de Fernando de Pablo se ha producido por divergencias en la línea de defensa, por cuanto Guerrero, al igual que un grupo de imputados –coincide con la defensa que José Ávila mantuvo con Daniel Rivera–, entienden que las ayudas sociolaborales estaban amparadas en la orden de 1995 del Ministerio de Trabajo. “El gran error de Mercedes Alaya está en que sabiendo y manteniendo en la instrucción que las únicas normas que regulan las ayudas sociolaborales son las órdenes del Ministerio de 1994 y 1995, se limita a comparar las ayudas de la Junta con la orden de 94, y concluye que se infringe la ley”, aseguró Leal.