Testigo de cargo increíble

Jorge Muñoz | 4 de diciembre de 2016 a las 7:00

 

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Una historia que bien podría haber inspirado la obra escrita por Agatha Christie y llevada en 1957 al cine por Billy Wilder: Testigo de cargo (Witness for the Prosecution), una enrevesada historia con un desenlace inesperado en la que un hombre es finalmente absuelto de un asesinato gracias al testimonio paradójicamente incriminatorio de su esposa, interpretado por Marlene Dietrich.
La Audiencia de Sevilla ha absuelto a un ciudadano norteamericano de 29 años, identificado como A. C. E., que pasó 17 meses en prisión provisional y se enfrentaba a una condena de hasta 13 años y medio de cárcel, acusado de delitos de agresión sexual y/o abusos sexuales a un menor de 13 años. En este caso, el principal testigo cargo era la propia víctima: un menor marroquí de 13 años. Y aquí es donde la noticia –como la mencionada obra de Agatha Christie– sufre un giro sorprendente, porque este joven pasa de ser presunta víctima a presunto asesino.
El abogado Julio Azancot Yanes, que defiende al norteamericano, explica lo que sucedió. Su cliente estaba en prisión provisional desde el 15 de febrero de 2014. El lunes 13 de julio de 2015, un perito psicólogo había citado al menor marroquí a las cinco de la tarde, para continuar con el informe en relación con los supuestos abusos. “Sobre las seis de la tarde, se presenta la madre del menor y manifiesta que su hijo había sido detenido por la Policía y no podría asistir a la realización de la pericial.Era un hecho excepcional que dio un giro al procedimiento”, precisa Julio Azancot.
El abogado constató que el menor denunciante era precisamente el adolescente que fue detenido por el homicidio de María Gracia Martínez, la limpiadora de 62 años que fue agredida brutalmente el 8 de julio de 2015 en el centro comercial Nervión Plaza y que falleció al día siguiente en el hospital Virgen del Rocío. En febrero de este año, el adolescente marroquí  –que aparece en la imagen adjunta–fue condenado a cinco años y medio de internamiento en régimen cerrado y a otros tres años de libertad vigilada por este crimen.
La defensa del ciudadano norteamericano encargó un informe psicológico para valorar la veracidad del testimonio del menor, en el que se concluía que las declaraciones del adolescente “no constituyen una prueba válida y suficiente para ser sometida a un análisis de contenido sobre su credibilidad”. A partir de ahí, Azancot fijó la estrategia de cara al juicio en determinar si concurrían situaciones de conflicto o de otro tipo que pudieran desvirtuar el testimonio del menor por concurrir sospecha de que actuaba por “venganza, miedo o resentimiento, o por cualquier motivación espuria”.
La sentencia dictada ahora por la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla ha acabado absolviendo al joven norteamericano. El tribunal recoge como hechos probados que el acusado y el menor se habían conocido en un salón recreativo del centro comercial Nervión Plaza, donde jugaban a los videojuegos. Dice el fallo que ambos se iban a una furgoneta Nissan Vanette, donde el acusado practicaba sexo oral con el menor, y en una ocasión se masturbaron a la vez, “sin que uno interviniera en la masturbación del otro”. El joven fue detenido en el salón recreativo en el momento en que estaba jugando con el menor.
A lo largo de la instrucción, la presunta víctima había asegurado que el acusado actuó con “violencia o intimidación” en esos contactos sexuales, extremo que el tribunal descarta porque entiende que “si bien el menor ha mantenido que el acusado le obligaba a introducirse en la furgoneta, bien cogiéndole el brazo, bien amenazándole con gestos como de cortarle el cuello u otro tipo de amenazas de que si no accedía a sus pretensiones sexuales le ‘iba a pasar algo’, lo cierto es que se han practicado pruebas de las que se infiere que no medio violencia o intimidación”.
Los médicos forenses que examinaron al joven concluyeron que el adolescente “falta a la verdad” cuando declara que el acusado le dejó encerrado en la furgoneta durante “prolongados periodos de tiempo”, lo que le impedía huir. Los forenses rechazan esta versión porque las puertas del vehículo se podían abrir desde dentro y por las fotografías en las que se les ve a ambos divirtiéndose, lo que demuestra que “no tenía miedo al narrar lo sucedido” y que se encontraba “relajado en compañía del acusado”.
Todas estas cuestiones llevan al tribunal a acoger una “duda razonable” que determina la absolución del acusado, por cuanto se ha acreditado además que el menor le dijo que tenía 13 años, la antigua edad penal para mantener relaciones sexuales consentidas, que ahora se ha elevado a los 16.
Tras esta absolución, el abogado Julio Azancot estudia reclamar una indemnización por los 17 meses que su cliente pasó encarcelado, aunque es consciente de la “complejidad” de lograr dicha compensación. En este caso, el testigo de cargo lo fue de descargo por su testimonio increíble.

 

VISTO PARA SENTENCIA

Hasta la Fiscalía critica ya al PP por los cursos

La juez María Núñez Bolaños, en los juzgados de Sevilla

La juez María Núñez Bolaños, en los juzgados de Sevilla

La acusación popular que ejerce el PP-A en los cursos de formación ha recibido esta semana un nuevo reproche, en este caso no ya por parte de la juez María Núñez Bolaños, sino de la propia Fiscalía Anticorrupción. El fiscal delegado ha acusado a los populares de “enmarañar” y actuar “de manera artera” por la estéril polémica creada en torno a la entrega de las grabaciones de los interventores en la pieza separada de la formación, que fue archivada provisionalmente por la juez Bolaños en octubre pasado. El fiscal delegado de Anticorrupción Fernando Soto considera “sorprendente” que el PP planteara a la instructora que debía de abstenerse cuando no consta que la misma fuese recusada, ya que esta acusación sólo se presentó un “escrito confuso de recusación administrativa” que fue desestimado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El representante del Ministerio Público añadió que el PP “vuelve a enmarañar la cuestión con la petición de nuevo plazo para recurrir, y ahora con la excusa de no tener copias de las grabaciones, trayendo de nuevo a colación una recusación fuera de toda regulación legal y que se utiliza de nuevo de manera artera para mantener vivo un procedimiento sin entrar sobre el fondo del asunto”. Duras palabras del delegado de la Fiscalía Anticorrupción con la acusación popular, que ha dado otra vuelta de tuerca al pedir ahora que se reabra el caso porque la Guardia Civil había precintado dos despachos en el SAE. Habrá que estar atentos a la respuesta de Bolaños, que seguro va a generar una nueva polémica con la acusación.

La Audiencia Nacional confirma la multa al Sevilla por los cánticos con insultos a los jugadores del Real Madrid

Jorge Muñoz | 2 de diciembre de 2016 a las 16:11

 

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El Juzgado Central de lo Contencioso-administrativo 3 de la Audiencia Nacional ha confirmado la sanción de 9.000 euros impuesta al Sevilla FC por los cánticos de una parte de su afición contra jugadores del Real Madrid durante el partido de Liga entre ambos equipos de la temporada pasada, disputado en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán el 8 de noviembre de 2015.
En su resolución, el juez considera que las expresiones dirigidas contra Cristiano Ronaldo “ese portugués, qué hijo puta es” y contra Sergio Ramos “hijo puta” o “písalo, písalo”, en modo alguno suponen “conductas intrascendentes” para el correcto desarrollo de los partidos, sino que son un “patente rechazo intolerante de la afición del equipo contrario hacia el comportamiento deportivo de los participantes en el encuentro”, según ha informado hoy la Audiencia Nacional.

Con esta resolución el juzgado desestima el recurso interpuesto por el Sevilla FC SAD contra la resolución del Tribunal Administrativo del Deporte, que a su vez confirmaba las resoluciones sancionadoras impuestas por la Real Federación Española de Fútbol en aplicación del artículo 107 del Código Disciplinario federativo, que castiga la pasividad en la represión de las conductas violentas, xenófobas e intolerantes.

Analizados los hechos, el contexto y las expresiones vertidas desde la zona lateral gol norte durante el encuentro, el juez considera que la expresión “ese portugués, qué hijo puta es” dirigida a Ronaldo de forma reiterada es “claramente denigratoria, vejatoria y atentatoria contra la dignidad de su actividad como deportista, además de una inaceptable alusión a su origen nacional, en el marco de una multitud de comportamiento imprevisible y frente a cuyo insulto, doble insulto, el deportista no puede defenderse”. Añade que la expresión coral utilizada es “preparatoria para la creación de un sentimiento de desprecio y de agresividad” hacia el jugador.

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Respecto al “písalo, písalo” dirigido a Sergio Ramos cuando era atendido en el suelo por los servicios médicos, el magistrado destaca que es “indudablemente despreciativa, violenta y agresiva y sugestiva para la multitud para la comisión de actos, aún más dañinos, que el derivado del dolor o del daño repentino provocado por el incidente”. Igualmente, respecto al grito “Sergio Ramos, hijo puta” considera que es infractora de los valores protegidos por el código disciplinario.

La sentencia, contra la que no cabe recurso, reconoce los esfuerzos del Sevilla para evitar estas conductas -que han derivado en otras sanciones anteriores por incidentes en otros partidos- por lo que la multa se ha impuesto en su grado mínimo. Sin embargo, entiende que las medidas adoptadas no han sido suficientes para evitar este tipo de comportamientos “eficazmente”, dice el magistrado.

En este sentido, el juzgado comparte con la Administración que no se haya utilizado ningún mecanismo de megafonía en el estadio tanto para prevenir como para evitar la repetición de los incidentes, tampoco se evidencia la adopción de específicas y concretas medidas de seguridad privada para evitar que se vuelvan a producir, así como que tampoco ha existido el “mínimo esfuerzo” por identificar a ninguno de los 1.800 espectadores que protagonizaron los hechos.

Todo ello demuestra, concluye el juez, que “no estamos ante una conducta de falta de prevención excepcional ante un acontecimiento excepcional, sino ante la repetición de unas pautas de conducta que se han demostrado insuficientes en diversas ocasiones para evitar o corregir o atenuar sensiblemente los incidentes producidos”.

José Luis Lledo, nuevo decano de los notarios andaluces

Jorge Muñoz | 30 de noviembre de 2016 a las 8:00

José Luis LLedó, nuevo decano de los notarios andaluces (2)

El nuevo decano de los notarios andaluces, José Luis Lledó.

En las elecciones celebradas el pasado 20 de noviembre, José Luis Lledó González ha sido elegido decano del Colegio Notarial de Andalucía para los próximos cuatro años. Lledó tiene 59 años y es notario desde octubre de 1984. Desde junio de 2003 ejerce en Sevilla capital.

En el período comprendido entre enero y octubre de este año, 933.100 ciudadanos andaluces acudieron a los 496 notarios de esta Comunidad, según informó el Consejo General del Notariado.

Los notarios andaluces están repartidos de la siguiente manera: 48 en Almería; 61 en Cádiz; 3 en Ceuta; 57 en Córdoba; 55 en Granada; 30 en Huelva; 48 en Jaén; 95 en Málaga; 3 en Melilla y 96 en Sevilla. Los ciudadanos acudieron para cuestiones como la compraventa de inmuebles, testamentos, constitución de sociedades, adjudicación de herencias, donaciones, capitulaciones matrimoniales, bodas y divorcios, poderes, pólizas y actas, entre otros servicios notariales.

La nueva Junta queda integrada por José Luis Lledó González, notario de Sevilla (decano); María Teresa Barea Martínez, notaria de Granada (vicedecana); Ramón Álvaro Blesa de la Parra, notario de Málaga (censor primero); Manuel Ignacio Cotorruelo Sánchez, notario de Cádiz (censor segundo); Mª de las Mercedes Álvarez Rodríguez, notaria de Ayamonte (Huelva) (censor tercero); Jorge Díaz Cadórniga, notario de Vera (Almería) (censor cuarto); Itziar Ramos Medina, notaria de Villanueva de Córdoba (Córdoba) (censor quinto); Francisco José Aranguren Urriza, notario de Sevilla (tesorero), y Ramón María Moscoso Torres, notario de Linares (Jaén) (secretario).

Los objetivos de la nueva junta

La nueva junta tiene como objetivo principal abrirse a la sociedad, intensificando la presencia de los notarios en distintos ámbitos, consciente del importante momento que vive el Notariado, que se enfrenta a grandes retos tanto a nivel autonómico como nacional.

Así, destaca las últimas reformas legales aprobadas, como la Ley de Jurisdicción Voluntaria o la modificación Ley Hipotecaria y Catastro. En su opinión, “estas modificaciones, a buen seguro, continuarán produciéndose, en gran medida motivadas por el desarrollo de las nuevas tecnologías. Por ello, promoveremos un posicionamiento activo del Notariado en relación con la revolución digital”.

La nueva junta señala también que pretende “reforzar las relaciones con la Universidad, impulsando las actividades de las Cátedras de Derecho Notarial; colaborar con colectivos sociales interesados en materias que también incuben a la función notarial, como son la atención y la protección de personas con discapacidad y de personas mayores; alcanzar acuerdos para impulsar la Fundación Notarial Andaluza para la Mediación y el Arbitraje (Nexum), y potenciar la colaboración con las Administraciones Públicas y las principales instituciones andaluzas, como la Junta de Andalucía, el Ministerio Fiscal, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la Judicatura, y los Registradores, para poder intervenir de la manera más adecuada en materias de interés común”.

El nuevo decano. José Luis Lledó cursó Derecho en la Universidad de Sevilla, ingresando en el Notariado en 1984. Ha sido notario de Alcalá de Guadaíra, Jerez de la Frontera y actualmente de Sevilla. Muy unido a la ciudad que le vio nacer, ha sido preparador de opositores, profesor de Derecho Notarial de la Universidad Pablo de Olavide, así como del “practicum” de esa Universidad y de la Hispalense. Anteriormente ocupó los cargos de de vicedecano y de secretario de la Junta Directiva del extinto Colegio Notarial de Sevilla, así como los de Archivero de Protocolos del distrito de Sevilla y vicedecano del Colegio Notarial de Andalucía.

La función del notario

El notario es un funcionario público que ejerce en régimen profesional. Controla la legalidad y es un pilar básico del sistema de seguridad jurídica preventiva español. Tiene el deber de asesorar imparcialmente, interpretar, configurar y autentificar con arreglo a la ley la voluntad de las partes, que recoge en la escritura pública. Por eso el Estado atribuye a la escritura importantes efectos: tiene valor probatorio, ejecutivo y legitimador.

Los notarios en España, más de 2.800, están repartidos geográficamente por todo el territorio español, incluso en localidades muy pequeñas, con el fin de garantizar este servicio público. Los ciudadanos tienen el derecho de elegir al notario que prefieran. El colectivo notarial está organizado por Colegios, 1 por Comunidad Autónoma, que les apoyan en su función y al tiempo controlan su actuación. Los decanos de estos 17 colegios integran el Consejo General del Notariado, que representa al colectivo a nivel nacional. Los notarios dependen jerárquicamente de la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) del Ministerio de Justicia.

Los ciudadanos acuden al notario en momentos muy importantes de su vida: las notarías son observatorios de la realidad del país. Se acude al notario para: comprar o vender un inmueble; contratar un préstamo hipotecario o personal; constituir una sociedad; hacer testamento; heredar, hacer una declaración de herederos abintestato; donar; proteger jurídicamente a un hijo discapacitado; otorgar capitulaciones matrimoniales; casarse o divorciarse; otorgar un poder; redactar un acta; hacer una póliza; nombrar tutores; gestionar arrendamientos; formalizar convenios de separación; ejercer retractos, etc.

El asesoramiento ofrecido por parte del notario a la ciudadanía es imparcial y gratuito y, junto a la libertad de elección del notario, hace posible que los ciudadanos con menor nivel adquisitivo y sin experiencia en temas legales accedan a un servicio de las mismas características y garantías que el resto.

Los honorarios de los notarios están determinados y controlados por el Estado, por lo que todos cobran lo mismo por idéntico servicio. Los notarios han sido positivamente valorados por su colaboración con las autoridades en materia de prevención del blanqueo de capitales y por su permanente actualización y mejora de conocimientos.

Bolaños no es ‘archivator’

Jorge Muñoz | 27 de noviembre de 2016 a las 5:00

La juez Bolaños llegó con el doble marchamo de amiga de la Junta y presunta archivadora de las distintas macrocausas que durante más de cuatro años investigó Mercedes Alaya, a la que el TSJAy el CGPJ dejaron fuera de estas investigaciones precisamente por las críticas a su sucesora y la más que previsible falta de colaboración con la misma.
La juez Bolaños ha tomado esta semana una decisión que, evidentemente, tumba el falso mito de que venía a hacerle favores al Gobierno andaluz y al PSOE, con todo lo que este tipo de acusaciones infundadas representan de cara a la imparcialidad e independencia que se presume de todos los jueces. Bolaños no es archivator, el arma definitiva que viene a sobreseer todas las causas que afectan a los socialistas.
La juez ha elevado esta semana al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) una investigación para que este tribunal investigue al parlamentario andaluz del PSOE y vicesecretario de organización de los socialistas sevillanos, Carmelo Gómez, en relación con los supuestos “contratos simulados” con las empresas del entramado dirigido por el conseguidor de los ERE Juan Lanzas. En ese dictamen, Bolaños ha incluido asimismo al ex concejal en elAyuntamiento de Sevilla José Antonio García y a la nuera del ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas. Un auto que anula las críticas que ha recibido prácticamente desde antes de entrar en el juzgado.
Alaya llegó a decir de Bolaños, en un informe remitido al máximo órgano de gobierno de los jueces, que tenía una “estrecha amistad” con el consejero de Justicia e Interior de la Junta, el fiscal Emilio de Llera, además de “escasos conocimientos” de la jurisdicción penal, tras haber pasado muchos años como juez de familia.
La magistrada que inició las macrocausas se cebó con vehemencia con su sucesora y legítima nueva titular del juzgado –Bolaños era la más antigua en el escalafón de la carrera para pedir la plaza–, al asegurar que la instrucción de Bolaños en la causa de los cursos de formación “pulverizaría de un plumazo lo que puede ser una prevaricación-malversación para convertirlo en irregularidades administrativas”.
Y es cierto que Bolaños ha dado carpetazo a la denominada pieza política de los cursos de formación, en la que estaban imputados varios ex altos cargos de la Junta destinados en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y en las ocho delegaciones provinciales. Pero también es cierto que no fue una decisión que la juez adoptara de oficio, puesto que viene avalada por un contundente informe nada menos que de la Fiscalía Anticorrupción en el que se descartaba claramente la supuesta “red clientelar” que en su día advirtieron la propia Alaya y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que ahora depende del juez de la Audiencia de Sevilla José Manuel Holgado, que ha sido designado por el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. El que fuera alcalde de Sevilla fue además quien denunció en los tribunales el caso Mercasevilla, germen de los ERE y de las demás macrocausas que hicieron tan popular a Alaya.
Zoido ha pasado de denunciante del caso a dirigir la unidad que lo investiga. Curiosas las vueltas que da la vida, pero en el caso del nuevo titular de la cartera de Interior nadie ha cuestionado, al contrario de lo que se hizo con la nueva titular del juzgado, que pudiera influir en el curso de las pesquisas policiales.
Bolaños también ha archivado una pieza de los ERE, la relacionada con la ayuda de 1,3 millones concedidas a Azucareras Reunidas de Jaén, porque entiende que en este caso no hay delito. Se trata de la primera vez que la instructora ha sobreseído una pieza por este motivo, no porque haya prescrito el delito, aunque en este caso no cuenta con el aval de la Fiscalía Anticorrupción, que ha presentado un recurso de apelación al considerar que esta decisión es “apresurada y precipitada”.
Y este archivo, como el de los cursos de formación, es verdaderamente trascendente, porque si la Audiencia lo confirma –cosa que se me antoja a priori difícil– podría provocar una avalancha de archivos de otras muchas causas relacionadas con ayudas a empresas en crisis, en las que no haya intrusos y en las que, prescindiendo del sistema empleado, pudieran haberse podido conceder.
Como titular del juzgado, Bolaños decidió entregar la principal pieza de los ERE al juez de refuerzo Álvaro Martín, quien finalmente ha acabado procesando a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán junto a otros 24 ex altos cargos.
Dos archivos importantes y dos autos de procesamiento que no lo son menos. O dos de cal y dos de arena.Mientras siga actuando en conciencia no podrá colgársele el sambenito de Archivator.

 

VISTO PARA SENTENCIA

La muerte de esta semana de un infarto de la ex alcaldesa de Valencia Rita Barberá ha hecho saltar muchas alarmas. La ex senadora del PP falleció tan sólo dos días después de prestar declaración ante el Tribunal Supremo en el marco de la operación Taula. Su muerte ha hecho reflexionar a parte de la clase política. Desde su propio partido, representantes como el ex presidente del Generalitat valenciana Francisco Camps han criticado que el PP no arropara a la ex regidora. Hay quien dice que la muerte de Barberá puede marcar un ante y un después en la forma de actuar ante este tipo de causas tan mediáticas.

Rita Barberá: No he contribuido a ningún blanqueo de dinero ni lo he ordenado

El abogado de Rita Barberá, José Antonio Choclán, pidió precisamente tras conocer el fallecimiento de la senadora una reflexión ante la presión que sufren las personas que se ven sometidas a una investigación penal y que, según dijo, son “vapuleadas” de forma pública. “Nadie sabe” los niveles de presión que se experimentan en estos casos los imputados. El caso de Rita Barberá, como el de los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, procesados por el escándalo de los ERE fraudulentos junto a otros 24 ex altos cargos de la administración autonómica, son dos buenos ejemplos de cómo en muchas ocasiones la sociedad dicta sentencia antes de que lo hagan los jueces, olvidando el derecho a la presunción de inocencia que ampara a todos los ahora llamados investigados, también a los políticos. D. E. P. Rita Barberá.

 

El pleito de la espada Tizona

Jorge Muñoz | 23 de noviembre de 2016 a las 15:54

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El actor Charlene Heston en su interpretación de El Cid.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha estimado el recurso de José Ramón Suárez-Otero Velluti, marqués de Falces, y determina que era el titular por herencia y propietario exclusivo por posesión de la espada “Tizona”, atribuida a El Cid Campeador, y como tal podía disponer íntegramente de la misma, como así hizo al venderla en 2008 a un grupo de empresas y una fundación por el precio de 1,5 millones de euros. Los adquirentes donaron la espada, que fue depositada en el Museo de Burgos, a la comunidad autónoma de Castilla y León, según ha informado este martes el Alto Tribunal.

La sentencia revoca las anteriores dictadas por el Juzgado de Primera Instancia número 72 de Madrid y por la Audiencia de Madrid, que dieron la razón a las hijas de un matrimonio que fue declarado en 1987 heredero universal por un marqués de Falces antecesor del actual y tio suyo, Pedro Velluti de Murga.

Tanto el Juzgado como la Audiencia consideraron que de la espada eran cotitulares el actual marqués de Falces y las hijas del citado matrimonio (que reclamaban la mitad del precio de la espada, es decir, 750.000 euros).

El Supremo estima el recurso de José Ramón Suárez-Otero, que heredó la espada y el título de marqués de Falces de su madre, Olga Velluti, hermana de Pedro, y señala que ambos adquirieron la propiedad por ‘usucapion’, es decir, por su posesión ininterrumpida durante más de seis años.

La Sala Primera del Tribunal Supremo, en una sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Antonio Salas Carceller, ha estimado el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que declaraba la cotitularidad por herencia sobre la espada Tizona.

La sentencia de la Audiencia Provincial resolvió sobre la titularidad dominical de la espada Tizona, que se considera pudo pertenecer al Cid Campeador y que llegó a Navarra de la mano de su hija doña Cristina Elvira. Tras figurar inventariada en la armería de distintos reyes, fue regalada por Fernando el Católico a Monsen Pierres de Peralta el Joven, en recompensa por los servicios prestados a la Corona de Aragón, esencialmente por las gestiones por él realizadas para lograr el matrimonio entre Fernando de Aragón e Isabel de Castilla.

Desde el último tercio del siglo XV estuvo unida al Mayorazgo de Falces y, tras el fallecimiento de uno de los marqueses de Falces sin descendencia, fue legada en testamento por su viuda a su sobrino y sucesor del título, con el encargo de transmitir “este recuerdo” a quién fuera sucesor en el título de nobleza.

La espada fue depositada por el legatario en el Museo del ejército el 12 de julio de 1944. Al fallecimiento del depositante, en el año 1959, el título nobiliario pasó a su hijo, instituido heredero junto a su hermana por testamento en el que no había mención a la espada Tizona. Los dos hermanos acudieron al Ministerio del Ejército a ratificar el depósito de la espada efectuado en su día por su padre. Fallecido uno de los dos hermanos en el año 1987 sin descendencia, nombró herederos –sin mencionar la espada- a los padres de las demandantes, mientras que el título nobiliario pasó a su hermana. Ésta cedió el título a su hijo -demandado en el presente proceso- y manifestó ante notario que esa cesión conllevaba la transmisión de la referida espada. En 2007, el sucesor en el título vendió la espada a un grupo de empresas y a una fundación que, a su vez, la donaron a la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

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Lo que se discutía en el recurso era, esencialmente, si la mitad indivisa de la espada que pudo pertenecer al hermano fallecido en primer lugar había sido adquirida por usucapión, al haber sido poseída primeramente por su hermana y luego por el hijo de ésta en concepto de dueños y por un periodo superior a los seis años que establece el Código Civil.

La Audiencia Provincial estimó la demanda y rechazó la usucapión alegada por considerar que la madre del demandado conocía el testamento de su hermano y sabía que la mitad de la espada Tizona formaba parte de su haber hereditario, sin actos inequívocos de propiedad exclusiva frente a los herederos, que en el año 2001 habían tenido noticias por publicaciones en prensa de la espada Tizona.

La Sala Primera del Tribunal Supremo estima el recurso de casación interpuesto y desestima la demanda. La sentencia distingue entre la posesión mediata e inmediata, que pueden coexistir sobre un mismo objeto. Considera que la posesión mediata puede servir a efectos de la usucapión y reitera la doctrina existente sobre la posesión en “concepto de dueño” a efectos de la usucapión, que no debe confundirse con el requisito de la “buena fe” –no necesario en la prescripción extraordinaria- y que exige como elemento objetivo o causal actos inequívocos con manifestación externa en el tráfico.

La Sala considera que la usucapión extraordinaria se consumó a favor de la madre del demandado por el transcurso de seis años desde del fallecimiento de su hermano y, en consecuencia, desde ese momento podía disponer íntegramente de la espada y donarla a su hijo, como efectivamente hizo.

Un recurso imposible

Jorge Muñoz | 20 de noviembre de 2016 a las 8:00

la grua municipal retira un vehiculo mal aparcado en presencia de la policía localLa Fiscalía de Sevilla da por buena la absolución de cuatro policías locales que se enfrentaban a una condena de dos años y siete meses de cárcel, acusados de haber cobrado más de 5.000 euros en dietas falsas por la asistencia a los juicios. El Ministerio Público ha decidido no recurrir ante el Tribunal Supremo la sentencia dictada por la Sección Cuarta de laAudiencia de Sevilla, que consideró que no podía acreditarse que falsificaran los sellos para justificar precisamente la asistencia a los juicios y poder percibir las dietas.

Fuentes del caso apuntaron que, aunque en un primer momento no estaban de acuerdo con la totalidad de los fundamentos que llevaron a la Audiencia a absolver a los agentes –sobre todo en lo que respecta al supuesto falseamiento con un tampón de 53 de los 63 documentos presentados en su día por los imputados–, al final se ha decidido no recurrir porque el asunto revestía tal “complejidad” probatoria que “o se ganaba en primera instancia” o resultaría muy difícil recurrir en casación ante el Alto Tribunal. Por ello, la sentencia de la Audiencia de Sevilla será firme y los agentes investigados, que en su día pertenecían al grupo Giralda, podrán continuar en sus puestos.
La Fiscalía de Sevilla sorprendió en el juicio con la importante rebaja que aplicó a los agentes acusados, que inicialmente se enfrentaban a una condena de cinco años, pero el representante del Ministerio Público redujo la petición a dos años y siete meses de cárcel, al apreciarles una circunstancia atenuante “muy cualificada” de reparación del daño, después de que los agentes devolvieran las cantidades de las dietas antes del inicio del juicio. Y llamó igualmente la atención que en algunos momentos el fiscal parecía que estaba interviniendo en la vista oral más como defensa que como la acusación pública, llegando a revelar que en su momento se intentó alcanzar un acuerdo con las defensas de los agentes investigados para tratar de rebajar la pena a dos años de prisión y suprimir la inhabilitación especial, pero es algo que, según el fiscal, no se podía hacer legalmente porque “la ley es la que determina la pena”. En su alegato, el fiscal llegó incluso a abogar por un indulto que finalmente no ha sido necesario.
No me cuesta trabajo reconocer –y lo digo por algunos liberados muy aficionados a dejar comentarios críticos en este blog en relación con las informaciones de la Policía Local– que se trata de la segunda investigación realizada por el extinto Grupo Especial de Policía Local (Gepol) que se queda en pólvora mojada. Pero también debe rechazarse de plano, porque es de Justicia, que la absolución se deba a una mala investigación por parte de esta denostada unidad de Asuntos Internos.
Una buena investigación puede quedar en nada porque el juez entienda, como ha ocurrido en este caso, que no hay pruebas suficientes para condenar a los agentes, cuya absolución evidentemente debe ser acatada y respetada por todos.
Lo mismo sucedió con la primera de las investigaciones en las que participó la Gepol, relacionada con el cobro ilegal de tasas en la Policía Local. En este caso, se dieron varias circunstancias que desembocaron en el sobreseimiento de una investigación iniciada hace más de seis años. La primera, el fallecimiento de un policía local que estaba considerado como el cabecilla de la trama. La segunda, la muerte también de la juez que había iniciado la instrucción del caso. Ambos factores se conjugaron y llevaron a la actual titular del juzgado a decretar el archivo, a pesar de los indicios recopilados a lo largo de la “prolija investigación” realizada por la Gepol, según puso de manifiesto la instructora en el auto de archivo.
La juez señaló que la investigación de esta unidad policial constató igualmente que “no existía control exhaustivo ni cadena de custodia” sobre las multas de tráfico, tanto las del propio Ayuntamiento como las procedentes de la Dirección General de Tráfico (DGT).
La Justicia ha tumbado dos investigaciones de la Gepol pero aún está abierta la más importante: la relacionada con el amaño de las oposiciones y en la que están procesados 37 agentes. El resultado final de ese juicio, que se celebrará en septiembre de 2017, es la verdadera prueba de fuego para la labor realizada por estos agentes en los últimos años.

 

VISTO PARA SENTENCIA

Los abogados del rehabilitado juez Serrano

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El juez Serrano con el abogado Miguel García Diéguez, en el juicio celebrado en el TSJA.

El Tribunal Constitucional rehabilitó hace varias semanas al que fuera juez de Familia número 7 de Sevilla Francisco Serrano Castro, al tumbar la sentencia del TribunalSupremo que le había condenado a diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación por haber prolongado el régimen de visitas para que un niño pudiera salir en una cofradía. El Alto Tribunal daba por buena la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que le había inhabilitado durante dos años por un delito de prevaricación culposa. Serrano estuvo defendido en el juicio por el abogado Miguel García Diéguez, quien también se encargó de su representación jurídica ante el Tribunal Supremo y quien recurrió el fallo ante el Tribunal Constitucional. Sin embargo, García Diéguez dejó de representar a Serrano –quien incluso se había incorporado a trabajar en su despacho cuando salió de la judicatura– por discrepancias surgidas entre ambos, por motivos que no han trascendido. Esto propició que el abogado Fernando Rodríguez Galisteo se personara en el Constitucional para continuar defendiendo los intereses del juez, si bien no había intervenido en la elaboración del recurso de amparo.

Tras la victoria de Serrano, algunos compañeros de Miguel García Diéguez se han sentido molestos por la falta de reconocimiento de la labor realizada. Por ejemplo, el letrado José Manuel Sánchez del Águila escribió en su facebook lo siguiente:“Pasan los días y se sigue ninguneando al brillante letrado sevillano Miguel García Diéguez, responsable en última instancia del éxito obtenido en el TCen el caso de Francisco Serrano, consiguiendo que el delito de éste quedase en una prevaricación culposa”. El propio Miguel García-Diéguez escribió una carta al nuevo letrado de Serrano, en junio de 2015, recordándole que la labor profesional desarrollada “sigue conservando su propiedad intelectual, cualquiera que sea el resultado final conseguido”. Al César lo que es del César…

Los juzgados de Violencia se trasladarán al edificio del Prado “con plenas garantías”

Jorge Muñoz | 17 de noviembre de 2016 a las 21:36

El consejero de Justicia e Interior de la Junta, Emilio de LLera.

El consejero de Justicia e Interior de la Junta, Emilio de Llera, ha señalado en el Parlamento que el traslado de los juzgados de Violencia sobre la Mujer de Sevilla se incluye en el proyecto de reordenación del Complejo Judicial del Prado de San Sebastián y que se hará con todas las garantías relativas a separación de víctima, agresor y menores previstas en la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

De Llera, respondiendo al grupo parlamentario de Podemos en la Comisión de Justicia e Interior, ha explicado que estos juzgados se trasladarán desde su ubicación actual, una sede en alquiler en la Avenida de la Buhaira, al edificio de los Juzgados del Prado, en la planta segunda, junto a otros servicios como el Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía (SAVA).

El expediente de contratación de las obras se tramitará para que la licitación se publique en los primeros meses de 2017. Las obras tienen una duración prevista de cinco meses y es muy probable que puedan estar finalizadas en el transcurso del próximo año. “A día de hoy”, ha dicho el consejero, “es imposible adelantar una fecha exacta, pues ello irá en función de cuando se efectúen a tramitación, adjudicación y contratación”.

Foto recurso de incendio en los Juzgados de Sevilla.

Esta reordenación propiciará el ahorro del alquiler de la sede de la Buhaira que ocupan los Juzgados de Violencia y permitirá un mejor aprovechamiento de los espacios de El Prado, infrautilizados desde que, en enero de 2010, los trece juzgados de lo Penal que antes lo ocupaban fueron trasladados al edificio NOGA, ha concluido De Llera.

La multa por la botellona de las cofradías

Jorge Muñoz | 13 de noviembre de 2016 a las 5:00

foto multa botellon

El boletín de denuncia de la Policía Local, que lleva “preimpresionados” los hechos denunciados…

 

Permítanme que comience esta historia diciéndoles que este caso no habría llegado a juicio si el protagonista de la misma no fuera el hijo de un abogado. No podría ser de otra manera. ¿Quién si no podría recurrir en los tribunales una multa de 100 euros? Llevar este tipo de sanciones a la revisión por un juez cuesta más el collar que el perro, si se tienen en cuenta los gastos de abogado y de procurador que hay que abonar, a pesar de la eliminación de las polémicas tasas judiciales que impuso el no menos polémico ministro Alberto Ruiz-Gallardón. Entremos en el fondo del asunto. El abogado Juan Diego Asencio Cantisán ha recurrido en la jurisdicción Contencioso-Administrativa la sanción que le impuso el Ayuntamiento de Sevilla a su hijo, un joven de 18 años, por infringir la ley 7/2006, de 24 de octubre, sobre potestades administrativas en materia de determinadas actividades de ocio en los espacios abiertos en los municipios de Andalucía, más conocida como ley antibotellón.
Los hechos que motivaron la denuncia de los agentes de la Policía Local se remontan al 1 de abril de 2015, Miércoles Santo, y tuvieron como escenario la céntrica calle Moratín. La hora, las once y media de la noche. Lo primero que llama la atención del boletín de denuncia de la Policía Local es que lleva preimpreso el motivo del hecho denunciado, supongo que para ahorrarle tiempo al agente a la hora de redactarlo. Por economía procesal, como dirían los jueces. ¿Predisposición para sancionar o afán recaudatorio? En la notificación entregada al joven figura impreso como hecho denunciado lo siguiente: “La permanencia y concentración en unión de personas consumiendo bebidas fuera de las zonas habilitadas, colaborando con el requerimiento de los agentes”.
A continuación, ya de su puño y letra, el agente señala que se ha intervenido “una botella de litro de cerveza y otra de 1,5 litros de tinto”, y añade que el grupo de personas “asciende a cuatro”. Matemática pura. Es decir, cuatro chavales de segundo de Bachiller que están en la Semana Santa de supuesta botellona en el centro de Sevilla.
Frente a esta denuncia y la correspondiente sanción de 100 euros como falta leve de la ley antibotellón, el abogado Juan Diego Asencio Cantisán sostiene que la misma no es ajustada a derecho. Para empezar, el letrado explica que su hijo “en ningún momento” se encontraba consumiendo bebida alguna, con independencia de lo que pudieran estar haciendo los otros chicos a los que éste acompañaba.
Pero aunque los otros chavales estuvieran bebiendo, el letrado sostiene que en este caso no sería de aplicación la ley antibotellón, porque estaríamos ante una de las exclusiones que establece el artículo 2 b de la norma, que excluye precisamente la “permanencia de personas en espacios abiertos del término municipal destinados a la celebración de fiestas y ferias locales, verbenas populares, así como manifestaciones de carácter religioso, político, sindical, docente, turístico, cultural o análogas”. Y así, señala que en el centro de Sevilla un Miércoles Santo hay varias cofradías haciendo su estación de penitencia, con “miles de nazarenos y plagado de personas que abarrotan los distintos establecimientos y las zonas que el Ayuntamiento haya establecido como permitidas para el consumo de bebidas”.
Alega el recurrente que en ese momento había una “saturación de bares y terrazas” y que los jóvenes sólo estaban bebiendo “refresco y agua, por lo que concluye que se ha producido una “clara vulneración del principio de proporcionalidad, el cual supone una correspondencia entre la infracción y la sanción”.
LaAgencia Tributaria de Sevilla rechazó, en la vía administrativa, las alegaciones del joven afirmando que el artículo 8.1 de la ley antibotellón sanciona el consumo de bebidas “de cualquier tipo, no necesariamente alcohol”, y eso mismo fue lo que defendió el letrado del Ayuntamiento de Sevilla en el juicio celebrado esta semana en el juzgado de lo Contencioso-administrativo número 9 de Sevilla. Da igual que estuvieran bebiendo “agua o gaseosa”, lo que se sanciona es la “permanencia y concentración de personas que se encuentren consumiendo bebidas o realizando otras actividades que pongan en peligro la pacífica convivencia fuera de las zonas del término municipal que el Ayuntamiento haya establecido como permitidas”.
El agente de la Policía Local que impuso la sanción argumentó, en un informe remitido a la Agencia Tributaria, que a pesar de que los hechos se produjeron durante la Semana Santa, “la permanencia del denunciado en la vía pública no se debía al paso de cofradía alguna, pues el lugar donde se encontraba no era itinerario de ninguna de ellas”. “Cabe señalar que el denunciado se encontraba junto a tres jóvenes más, lo que hace un total de cuatro, diferenciándose perfectamente del resto de las demás personas, puesto que no había nadie más allí concentrado con motivo del paso de cofradías”, añade el informe. Menuda botellona. Cuatro chavales bebiendo agua y refrescos –según el denunciado– o una litrona y una botella de tinto, según los agentes de la autoridad. Lástima que el cuerpo del delito –las botellas– y que fueron intervenidas por la Policía hayan acabado como residuos sólidos urbanos, según consta en el boletín de denuncia.
La Policía Local defiende que el motivo de la presentación de la denuncia es la “obligación que tiene este agente de denunciar la infracción observada” tras atender una orden del Centro de Control para personarse en la calle donde se habían reunido los jóvenes.
La última palabra la tiene ahora el juez, que debe decidir si anula o confirma la multa. Ya veremos.

 

 

 

 

 

 

 

El Supremo declara nulo el despido de una profesora de religión que se casó con un divorciado

Jorge Muñoz | 11 de noviembre de 2016 a las 16:19

resurrección galera

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo considera despido nulo por violación de derechos fundamentales la falta de llamamiento para el curso escolar 2012-2013 de la profesora de religión Resurrección Galera Ramos, que se casó con un divorciado. El Alto Tribunal considera que esa acción tiene los síntomas de ser una represalia por el pleito judicial que ella emprendió once años antes por su exclusión como profesora para el curso 2001-2002 tras casarse en 2000 con un divorciado, según ha informado el Supremo.

El Tribunal le concedió su amparo en 2011 y aquel primer despido se declaró nulo. El Supremo estima ahora el recurso de la mujer en relación a su exclusión del curso 2012-13, y condena a los demandados por la profesora (Ministerio de Educación, Consejería de Educación andaluza y Obispado de Almería) a readmitirla y pagarle los salarios de tramitación que se devenguen hasta que la readmisión tenga lugar.

El alto tribunal destaca que vuelve a producirse una vulneración de sus derechos fundamentales con “la exclusión de la lista del personal a contratar”, porque, “tras once años pleiteando por el despido (…), despido declarado, finalmente, nulo por violación de derechos fundamentales, cuando llega el momento de reanudar el contrato indefinido a tiempo parcial existente, conforme a los artículos 12-3 del ET y 4 del RD 696/2007, se niega esa reanudación sin motivar, cual requiere el art. 7-b) del citado Real Decreto”.

“La existencia del procedimiento anterior durante once años, proceso en el que se consideraron vulnerados derechos como el de igualdad y no discriminación, libertad religiosa, intimidad y otros, constituía un indicio suficiente de la continuidad en la violación de los derechos fundamentales que se había sancionado en el anterior proceso, máxime cuando el nuevo despido se produjo, prácticamente, sin solución de continuidad, lo que constituía, igualmente, un síntoma de una represalia contraria al principio de tutela judicial efectiva del que deriva “la garantía de indemnidad” que consiste en el derecho a no ser represaliado por el ejercicio de acciones judiciales”, indica el Supremo.

El fallo añade que “la existencia de esos indicios y sospechas obligaba a la demandada a probar que su proceder estaba fundado en razones justas y objetivas, que era ajeno a todo propósito de revancha y que con él no se pretendía burlar la ley. Esta prueba no se ha logrado: ni se ha intentado probar causa que justificara ese proceder, ni la decisión del obispado fue motivada, cual requieren el art. 7 del RD 696/2007 y nuestra jurisprudencia”.

 

La investigación de la mina se ‘Alayiza’

Jorge Muñoz | 6 de noviembre de 2016 a las 5:30

UN DETENIDO EN LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA Y REGISTROS EN VARIOS AYUNTAMIENTOS

 

A ningún juez de instrucción le gusta que un órgano superior le corrija, enmiende, anule o tumbe sus resoluciones o planteamientos. Pero una vez que esa decisión del tribunal superior se produce, el instructor está obligado a acatarla. Es lo que le ha pasado a la juez de Instrucción número 3 de Sevilla, Patricia Fernández Franco, con la investigación de las presuntas irregularidades en la adjudicación del concurso público para la reapertura de la mina de Aznalcóllar. La juez archivó la denuncia de Emerita, la empresa perdedora de un concurso que ganó la sociedad Minorbis-Grupo México y ese sobreseimiento fue solicitado por la Fiscalía de Sevilla, que no apreció indicios de prevaricación en la actuación de los responsables y funcionarios de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.
El archivo fue recurrido ante la Audiencia deSevilla y el recurso recayó en la Sección Séptima, correspondiendo la ponencia a la magistrada Mercedes Alaya, instructora tan sólo unos meses atrás de las distintas macrocausas que se investigan en otro juzgado de Sevilla:el número 6. Alaya y otros tres magistrados decidieron en octubre pasado reabrir la investigación y ordenar la práctica de una serie de diligencias.
El varapalo que ha sufrido la instructora le ha llevado a tomar nuevas decisiones importantes relacionadas con el curso de la investigación. La más trascendente, en principio, consiste en la retirada de la Policía Nacional y su sustitución por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a la que Patricia Fernández ha encomendado la realización de un informe completo sobre el “papel real” desempeñado por la empresa Minorbis y las “circunstancias reales relacionadas con la factura de honorarios y sus recursos personales, económicos y materiales –desde la presentación de la oferta hasta la adjudicación– para desarrollar o asumir una labor que justifique dicha remuneración”.
La labor que había desarrollado la Policía no quedó bien parada con el auto de archivo inicial. Desde el principio, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) envió atestados avalando la postura de la empresa denunciante. El primer revés a las tesis policiales, que abrieron los ojos de la instructora, lo dieron las defensas de los imputados con motivo del interrogatorio del experto ornitólogo del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que realizó un informe para la Policía asegurando que había “errores aritméticos” de bulto en el proyecto presentado por Grupo México-Minorbis.
La sorpresa llegó cuando le testigo le dijo la juez que la Udef le entregó únicamente “seis folios” de los 3.000 que tenía el proyecto para elaborar ese dictamen.
Ese informe encontró una réplica en otro elaborado por la consultora de ingeniería y arquitectura Ayesa que aseguraba que sus cálculos sobre el proyecto de gestión del ciclo del agua aportados por Minorbis eran “correctos” y acusaba al experto ornitólogo de haber cometido un “grave error metodológico”.
Ahora la juez de Instrucción número 3 ha sustituido a la Policía por los agentes de la UCO de la Guardia Civil, un cambio que sin duda habrá agradado a la juez Mercedes Alaya –la ponente que deberá estudiar todos los recursos que se planteen en esta instrucción–. No hay que olvidar que esta unidad colaboró estrechamente con Alaya en su etapa de instructora de la macrocausa de los ERE, la de los cursos de formación, o la investigación de delitos relacionados con la empresa pública mixta Mercasevilla.
Y Alaya también decidió en su día retirar la investigación al mando policial que había iniciado las pesquisas de los ERE y que curiosamente es él mismo que se estaba encargando hasta ahora de investiga el concurso de la mina. Alaya quitó a la Policía y entregó la investigación a la UCO. La historia se repite ahora con la titular del juzgado de Instrucción número 3.
Hay quien se pregunta en estos momentos sobre los derroteros que puede tomar ahora la instrucción del caso Aznalcóllar, una vez conocida la tendencia a las macroinvestigaciones espectaculares por parte de esta unidad de élite de la Guardia Civil.
No obstante, la juez ha tratado de delimitar esas pesquisas a la realización de un informe sobre ese “papel real” que pudo jugar Minorbis, ante la posibilidad que se denuncia de que hubiera actuado en el concurso como “mero intermediario” para procurar la adjudicación a una tercera entidad, controlada por una filial de Grupo México.
En este proceso de Alayización de la causa de Aznalcóllar, sólo queda por saber si la instructora aceptará la sugerencia que le hizo la Audiencia con respecto a la forma de tomar las declaraciones, dado que la instructora suele grabarlas y el tribunal (Alaya siempre se negó a grabarlas) considera que es mejor que se levante un acta, como se ha hecho toda la vida en los juzgados. “Esta Sala, en relación a las declaraciones que en lo sucesivo hayan de tomarse, sugiere al juzgado, dada la complejidad de la causa y por ello su dificultad de estudio, que aquéllas se practiquen mediante acta levantada por el señor letrado de la administración de Justicia, ya que las grabaciones en instrucción dificultaría notablemente el análisis de las mismas y sobre todo la relación visual de determinados contenidos de éstas con documentos de la causa”, recogía el auto del 19 de octubre.

 

VISTO PARA SENTENCIA

 

La millonaria fianza a Griñán por los ERE

*El juez de refuerzo Álvaro Martín dio el pasado viernes un nuevo giro de tuerca que acerca más a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán al banquillo de los acusados de los ERE, que compartirán con otros 24 ex altos cargos de la Administración andaluza. En el auto, el juez estableció una fianza de 4,2 millones de euros para José Antonio Griñán, la misma cantidad para la ex consejera de Economía Carmen Martínez Aguayo; otros 3,7 millones para el ex consejero de Innovación Francisco Vallejo y 6,2 millones para el que fuera consejero de Empleo José Antonio Viera. La fianza impuesta, aunque muy importante e impagable, dista mucho de la que solicitó en su día la Fiscalía Anticorrupción. El Ministerio Público cifró la supuesta cuantía del fraude de los ERE, es decir, la cantidad que deben devolver de forma solidaria los 18 acusados por el delito de malversación en más de 741 millones (741.596.545 euros) en la década en la que estuvo funcionando el sistema (2000-2010), de los cuales la Fiscalía considera que Griñán debía devolver solidariamente junto a otros acusados más de 483 millones de euros, en concreto, 483.937.659 euros, por las ayudas concedidas entre los años 2005 y 2010. El instructor, sin embargo, aplicó una reducción al 10% de esas cantidades teniendo en cuenta los ejercicios en los cuales se participó y la existencia de otros procedimientos en los que también se exige el reintegro de las sumas. El juez ha dado un plazo de 30 días a las defensas para que presenten sus escritos rechazando los cargos, de lo que se deduce que el juez podría enviar a mediados de diciembre la causa a la Audiencia de Sevilla, justo antes de cesar en el cargo, el próximo 31 de diciembre, cuando Álvaro Martín volverá al juzgado de lo Penal número 2 de Sevilla.

El PP pierde el combate con la juez Bolaños

*El PP sigue sumando varapalos del Poder Judicial en su campaña contra la juez María Núñez Bolaños. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha archivado esta semana las dos últimas denuncias que la acusación popular había presentado contra la magistrada, en este caso por la supuesta falta de motivación de los autos de archivo de los cursos, algo que el promotor de la acción disciplinaria ha rechazado de plano. El juez recuerda que la Audiencia reprochó al PP que presentara recursos de apelación directo. Tres denuncias archivadas y la recusación rechazada. ¿Seguirá el PP combatiendo a Bolaños? Seguro.