El anticipo de los ERE

Jorge Muñoz | 25 de junio de 2017 a las 2:00

ALAYA EN LA PICOTA

Rosell

 

La labor de un juez de Instrucción consiste en recopilar el mayor número de indicios o pruebas de la comisión de un delito, garantizando el ejercicio del derecho de defensa de los investigados y adoptando, en su caso, las medidas para proteger a las víctimas o a los perjudicados por esos delitos. En función de cómo haya sido esa instrucción, de la contundencia o no de las pruebas que se pongan a disposición del tribunal que debe enjuiciar el caso, habrá más probabilidades de que la sentencia acabe en una condena. Y a la inversa, si la instrucción no ha sido buena y se ha sustentado en meras conjeturas o sospechas, la posibilidad de una sentencia absolutoria está más que cantada.
A lo largo de mi carrera como cronista de los tribunales he asistido a centenares de juicios, desde los antiguos juicios de faltas a algunos de los procesos relevantes, y siguiendo el desarrollo de una vista oral, con la práctica de las pruebas, el interrogatorio de los acusados y de los testigos, cualquier persona puede llegar a hacerse una idea de los hechos, aunque es finalmente el tribunal el que decide si realmente hay delito o no.
Cierto es que, como dice Michael Connelly en su novela El Veredicto, un juicio es un concurso de mentiras, donde todo el mundo miente: los acusados, los testigos, los abogados e incluso los policías. De ahí la importancia que tiene la fase de instrucción a la hora de recopilar las pruebas que puedan contrarrestar la subjetividad de todos esos testimonios que se someten a la deliberación de los jueces.
Una juez de lo Penal de Sevilla, Yolanda Sánchez Gucema, ha desmontado esta semana con contundencia una de las macrocausas que en su día abrió la mediática Mercedes Alaya, absolviendo a los diez acusados, entre ellos políticos, empresarios y funcionarios de Urbanismo, por la “fraudulenta e ilegal” –según Alaya– adjudicación del concurso para la venta de los terrenos de Mercasevilla. Se ha pasado de una instrucción en la que se hizo creer a la opinión pública, mediante vehementes y mediáticos autos y resoluciones judiciales, que había numerosas pruebas del presunto fraude a una sentencia que dice todo lo contrario: que no hay prueba alguna del “amaño”, de la “confabulación”, ni del “concierto previo” o manipulación del concurso público con la idea de favorecer a la constructora Sanma.
Un ejemplo. Cuando Mercedes Alaya imputó –el 7 de abril de 2011– al entonces primer teniente de alcalde y candidato de IU a las elecciones municipales de 2011 Antonio Rodrigo Torrijos –la imputación se hizo un mes y medio antes de la cita electoral–, lo hizo en un auto en el que la magistrada afirmaba que del resultado de las pruebas practicadas en esa instrucción se deducía la “responsabilidad y activa participación” de Torrijos en los asuntos de la Unidad Alimentaria y de “modo especial” en el proceso de adjudicación de los terrenos de la lonja a Sanma.
De esa “activa participación” que citaba Alaya podemos leer ahora en los 393 folios de la sentencia de la juez Yolanda Sánchez Gucema que hay una “escasa o nula participación” de Torrijos en los hechos, afirmando esta magistrada que ex portavoz de IU no participó ni intervino en los acuerdos entre Mercasevilla, Larena 98 y Sanma, ni mantuvo ningún contacto con los empresarios, ni tuvo ninguna intervención en el pliego de condiciones del concurso. Como declaró el propio Torrijos en su declaración en el juicio, lo único que hizo fue promover la fórmula del concurso público para evitar un “pelotazo urbanístico” en la operación de enajenación de los suelos del mercado mayorista.
La abogada de Torrijos, Encarnación Molino, criticó la instrucción “inquisitiva” y “viendo fantasmas donde no los había” en esta causa que comenzó a investigarse en el año 2009. Como el caso de Torrijos, sucede lo mismo con respecto a la ausencia de pruebas de su implicación en las supuestas irregularidades en los otros nueve acusados que también han sido absueltos de los delitos de fraude y exacciones ilegales, prevaricación y delito societario, por los que se enfrentaban a una condena de dos años de cárcel.
A la espera de la decisión que pueda adoptar ahora la Fiscalía de Sevilla, que dispone de un plazo de diez días para recurrir –aunque parece que el Ministerio Público no tiene muchos resquicios legales para plantear un recurso de apelación que pueda prosperar–, la sentencia supone un auténtico varapalo y un fracaso de la instrucción de Alaya, sin olvidar que la denuncia partió del actual ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y fue avalada hasta el final por el propio Ministerio Público, que llegó a calificar el concurso como “un paripé”.
La absolución de todos los acusados es un verdadero mazazo para la tesis acusatorias que en su día dibujó Mercedes Alaya, porque en el caso de que la juez hubiera dictado alguna condena se había corroborado mínimamente la labor de la instructora, pero con una absolución total como la que se ha producido, las críticas por el calvario que han padecido todos los acusados durante esta larga instrucción y enjuiciamiento tras más de ocho años, se vuelven directamente hacia Alaya.
Lo cierto es que en los 393 folios de la sentencia no hay ningún reproche concreto a la instrucción de Alaya –que a la hora de analizar determinados aspectos puede incluso echarse en falta para comprender el sentido del fallo–, a la que ni siquiera menciona. Es más, la única vez en la sentencia en la que la juez habla de la instrucción es para defender a Alaya respecto a las cuestiones previas en las que se le atribuía una falta de imparcialidad por el hecho de que su marido, Jorge Castro, hubiese auditado las cuentas de Mercasevilla con anterioridad al inicio de esa investigación.

La juez Yolanda Sánchez Gucema, que dictó la absolución en el caso Mercasevilla

La juez Yolanda Sánchez Gucema, que dictó la absolución en el caso Mercasevilla.

La juez Yolanda Sánchez explica en la sentencia que no puede afirmarse que las defensas hayan mantenido “el rigor exigido” cuando apoyan sus argumentos sobre la ausencia de imparcialidad de Alaya en “meras alegaciones de irregularidades graves que, sin embargo, no identifican, ni detallan ni reseñan de forma pormenorizada”.
Pero la falta de reproches a la instrucción de Alaya en la sentencia no quita que, de la lectura de la misma, se aprecie que la juez rechaza la existencia de prueba o indicios de delitos y de ello se desprende que todos los acusados se han sentado en el banquillo para responder de sospechas o conjeturas sin una verdadera base probatoria.
Es como si a Alaya se le desmoronaran todas las macrocausas, algo que también le ha pasado a otros jueces estrella a lo largo de la historia judicial más reciente. Su sucesora al frente del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, archivó, con el visto bueno de la Fiscalía Anticorrupción, la denominada “pieza política” de los cursos de formación, en la que estaban imputados 24 ex altos cargos de la Consejería de Empleo y del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), y que fue la última operación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que autorizó Alaya. No obstante, otras piezas de los cursos de formación siguen abiertas, como la del ex consejero andaluz de Hacienda Ángel Ojeda.
El caso Mercasevilla es la segunda macroinvestigación de Alaya en la que se dicta sentencia. La anterior también estaba relacionada con la empresa pública del mercado mayorista, en concreto, con la petición de una mordida de 450.000 euros a los hosteleros de La Raza a cambio de la concesión de una escuela de hostelería.
En esa causa, Mercedes Alaya procesó a cuatro personas, pero un jurado popular, primero, y el Tribunal Supremo, después, absolvieron a dos de los acusados, uno de ellos el ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas. Sólo fueron condenados, finalmente, al pago de una multa de 600.000 euros y a 21 meses de inhabilitación los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet –que ahora ha sido absuelto de la venta de los suelos– y Daniel Ponce.
De los 14 procesados por la juez Alaya en estos dos asuntos, sólo dos de ellos han sido condenados y los otros doce han sido exculpados. Dos condenas y doce absoluciones no parece una gran estadística para una instructora de grandes procesos, ni tampoco para la Fiscalía, pero sobre todo lo relevante, más allá de la cifra de imputados, es cómo se argumenta la absolución en el proceso de la enajenación de los suelos.
Una tercera causa, que en realidad es la primera de gran relevancia que comenzó a instruir Mercedes Alaya, está siendo actualmente enjuiciada en la Audiencia de Sevilla: la investigación por el delito societario al ex mandatario del Real Betis Manuel Ruiz de Lopera, que está acusado junto a otras siete personas y se enfrente a una petición del fiscal de tres años de cárcel.
También está en investigación, aunque en la Audiencia Nacional, la macrocausa de la operación Madeja, en la que se investiga el pago de mordidas a funcionarios por parte de la empresa Fitonovo y en la que hay 107 imputados. En este macroproceso, que también se inició por parte de Alaya, el juez José de la Mata ya ha anunciado que la instrucción finalizará en noviembre próximo.
Sin duda la macrocausa más importante que instruyó Alaya es la relacionada con el escándalo de los ERE fraudulentos, en la que implicó a los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
Esta misma semana se ha conocido la fecha del juicio por el denominado “procedimiento específico” por el que se concedían las ayudas bajo sospecha y que arrancará el 13 de diciembre próximo. Además de los ex presidentes, están acusados otros 20 ex altos cargos de la Junta de Andalucía.

El tribunal que enjuiciará  a los ex presidentes Chaves y Griñán

El tribunal que enjuiciará a los ex presidentes Chaves y Griñán.

La absolución de los diez acusados por la venta de los suelos de Mercasevilla puede entenderse hasta cierto punto como un anticipo de lo que puede ocurrir con el caso de los ERE, que podría acabar con un resultado similar –con absoluciones de los acusados– si el tribunal encargado de enjuiciar la causa, la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, llegara a apreciar las mismas supuestas deficiencias en la instrucción que se han revelado con el caso de la venta de los suelos de Mercasevilla.
Si los magistrados que tienen la difícil misión de analizar estos hechos advierten esa misma falta de indicios o pruebas que se ha apreciado de forma tan clara y rotunda en Mercasevilla, la macrocausa podría derivar en la absolución de parte o muchos de estos 22 ex altos cargos, como por ejemplo los ex presidentes, de los que habría que probar sin ningún género de dudas que tenían conocimiento de que se estaba utilizando durante una década un procedimiento inadecuado para la concesión de las subvenciones públicas; que tenían conocimiento además de que se estuviera produciendo un menoscabo de fondos públicos; y que a pesar de ello no realizaron ninguna actuación para evitarlo.
Esa presunta responsabilidad podría centrarse sobre los altos cargos más próximos a la dirección general de Trabajo y Seguridad Social, encargada de la concesión de las ayudas, pero también es cierto que a medida que se asciende en la organización de la Junta y en el Gobierno andaluz ese posible conocimiento sería más complicado de acreditar con la contundencia que exige una condena penal.
El problema es que los altos cargos que salgan finalmente absueltos ya habrán sido condenados a seis, ocho o diez años de instrucción –de momento los ex presidentes llevan cuatro años imputados–, con la consiguiente pena de banquillo o de telediario que ello conlleva. Y de daños y perjuicios colaterales e irreparables.

Un fallo que no repara el calvario

Jorge Muñoz | 22 de junio de 2017 a las 2:00

 

Una imagen de la sala de vistas durante la lectura, ayer, del fallo. Foto: EP

Una imagen de la sala de vistas durante la lectura, ayer, del fallo. Foto: EP

Había una gran expectación a las nueve y veinte minutos de la mañana de ayer. En una de las principales salas de vistas de la sede judicial propiedad del edificio Noga –la empresa que paradójicamente fue penalizada en el concurso de los suelos por haber realizado una oferta muy superior al precio de salida–, abogados, procuradores, nueve de los diez acusados –sólo faltó Torrijos por motivos de enfermedad– y familiares y amigos acudieron para conocer la sentencia por las presuntas irregularidades en la venta de los suelos de Mercasevilla.
La tensión era máxima en los momentos previos a conocer el fallo. Había opiniones para todos los gustos, los periodistas hacían cábalas sobre el posible resultado. El abogado Joaquín Herrera, marido la funcionaria María Victoria Bustamante, mostraba su confianza en la Justicia.
Cuando la juez de lo Penal número 13, Yolanda Sánchez Gucema, leyó el contenido del fallo en el que absuelve a los diez acusados, se desató la euforia. El ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet, sentado en primera fila, alzó su puño en señal de victoria, y poco después se fundió en un emotivo abrazo con su abogado, José Manuel Carrión. Otros letrados corrieron a felicitar a sus clientes.
A su salida, muchos de ellos coincidieron en denunciar el sufrimiento y el calvario por los más de ocho años que han transcurrido desde que la juez Mercedes Alaya, que evidentemente no queda en buen lugar con esta sentencia, iniciara la instrucción de la causa tras la denuncia presentada en su día por el actual ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, por entonces portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Sevilla.
La abogada Encarnación Molino, que ha defendido al ex portavoz de IU Antonio Rodrigo Torrijos, se preguntó “quién repara los daños causados” tras una instrucción que definió como “innecesariamente larga, inquisitiva, buscando lo que no había, viendo fantasmas donde no había”.
Y ésa es la pregunta a la que la juez de lo Penal que le ha tocado examinar las pruebas recopiladas por Alaya y dictar la sentencia no puede dar en los 393 folios de los que consta el extenso fallo.
La juez Yolanda Sánchez Gucema, que dirigió con una extraordinaria profesionalidad las 20 sesiones en las que se desarrolló la vista oral, no hace ninguna alusión a Mercedes Alaya ni a su instrucción. Pero eso no quita que del contenido de la sentencia se desprenda que no había pruebas del supuesto amaño o concierto para favorecer a la constructora Sanma en el concurso público para la adjudicación de los terrenos de Mercasevilla.

El abogado Miguel Villegas saluda a su cliente, el ex concejal Gonzalo Crespo. Foto: José Ángel García

El abogado Miguel Villegas saluda a su cliente, el ex concejal Gonzalo Crespo. Foto: José Ángel García

La sentencia está plagada de argumentos que rechazan la existencia de pruebas o indicios de los delitos que sostuvieron la Fiscalía y las acusaciones particulares, de lo que también se colige que todos los acusados se han sentado en el banquillo para responder de sospechas o conjeturas sin una verdadera base probatoria. De hecho, la juez deja claro que no hay pruebas del “amaño”, de la “confabulación” ni del “concierto previo” que apreciaron Mercedes Alaya y la Fiscalía, la acusación pública a la que la magistrada ha reprochado que calificara el concurso como de “un paripé”.
Más de ocho años después todos los acusados acogen con satisfacción la sentencia absolutoria, pero el daño al prestigio profesional y a la marca por ejemplo del grupo Sando, uno de los principales de Andalucía, es irreparable a pesar de los 393 folios de la sentencia.
La imagen de Antonio Rodrigo Torrijos, la pieza política a cobrar con esta instrucción, fue otra de las más vapuleadas por la investigación de la juez Alaya, quien decidió imputarlo en esta causa el 7 de abril de 2011, un mes y medio antes de que se celebraran las elecciones municipales del 22 mayo de 2011, con el consiguiente desgaste para su imagen y la de su formación.
Torrijos ni siquiera pudo ayer asistir a la lectura del fallo por motivos de salud. ¿Quien sabe si puede haber alguna relación entre su enfermedad y el calvario de estos ocho años?

El descrédito de la UCO

Jorge Muñoz | 18 de junio de 2017 a las 2:00

UN DETENIDO EN LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA Y REGISTROS EN VARIOS AYUNTAMIENTOS

La marcha de Mercedes Alaya a la Audiencia de Sevilla y la llegada de María Núñez Bolaños supuso un cambio a la hora de valorar los atestados de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Surgieron entonces las primeras críticas a los atestados elaborados por esta unidad especializada, unas críticas que Bolaños transformó en auténticos reproches en el auto en el que archivó la denominada “pieza política” de los cursos de formación, donde la juez no dudó en afirmar que estos agentes habían cometido “errores” y criticó que la investigación había surgido “sobre la teoría o hipótesis elaborada por la UCO” en sus atestados.
Más recientemente, Bolaños ha vuelto a reprochar, esta vez en la causa en la que se investigan los avales y préstamos concedidos por la agencia IDEA, que esta unidad plantee “teorías o hipótesis” en sus atestados. La magistrada asegura que la labor de esta unidad debe consistir en primer lugar en “confirmar o descartar si existen las irregularidades denunciadas o, por el contrario, son sólo unas conclusiones que se obtienen de interpretaciones erróneas en la aplicación de las normativas complejas, entrelazadas, que deben ser interpretadas de forma conjunta, y no aisladamente”.
Bolaños advierte en ese auto que “no sería la primera vez que en la interpretación y aplicación de normativas administrativas se constata el error interpretativo y la insostenibilidad de las hipótesis formuladas”.
De hecho, uno de los principales errores de la UCO se produjo cuando cifró erróneamente el presunto fraude en los cursos de formación en 3.000 millones de euros. Esta cifra en realidad se correspondía con la totalidad de las ayudas concedidas, pero la Guardia Civil estableció un silogismo equivocado al considerar que una ayuda que no había sido justificada era, por tanto, fraudulenta y habría provocado el menoscabo de los fondos públicos de la Junta, sin tener en cuenta que la Administración andaluza disponía de cuatro años para iniciar el proceso de reintegro de las cantidades concedidas para las actividades formativas en el supuesto de que éstas no fuesen justificadas.
La Fiscalía Anticorrupción aclaró perfectamente la situación en su escrito en el que solicitó el archivo de esta pieza política de los cursos , al recordar que se han justificado ya casi 2.000 millones de los 2.900 millones concedidos para los cursos y sólo había prescrito el derecho al reintegro en “cinco expedientes”. A fecha del 31 de diciembre de 2015, según la Fiscalía, quedaban por justificar 529 millones.
Las críticas a la actuación de la UCO sólo se habían producido hasta ahora en las macrocausas que se investigan en Sevilla, pero la imagen de la unidad ha sufrido un nuevo varapalo desde que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco descartara actuar contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, a pesar de que la UCO había solicitado en dos informes que se la investigara en una de las piezas de la trama Púnica en la que se analiza la financiación del PP de Madrid.
La UCO implicaba a Cifuentes en supuestos delitos de prevaricación y cohecho en relación con los contratos de adjudicación –Cifuentes fue presidenta de la mesa de contratación en esa época– del servicio de cafetería de la Asamblea de Madrid en 2009 y 2011 al Grupo Cantoblanco, del ex presidente de la patronal madrileña Arturo Fernández.
El juez de la Audiencia Nacional no ha visto elementos para proponer la imputación de la presidenta madrileña ni cree que las posteriores diligencias apunten en ese sentido.
Cristina Cifuentes, por su parte, calificó ese informe de la UCO como una “sucesión de juicios de valor sin ningún fundamento”.
Los ERE, los cursos de formación, y ahora también la Púnica… ¿Por qué le llueven ahora tantas críticas a la UCO? Lo cierto es que las críticas no son nuevas y, de hecho, ya en el año 2014, uno de los abogados defensores del caso de los ERE, Juan Pedro Cosano, fue sancionado con 3.000 euros por una “falta de respeto” a la juez Mercedes Alaya, que por entonces dirigía la investigación, por haber censurado la actuación de la magistrada en un escrito en el que la UCO tampoco salía bien parada.
Juan Pedro Cosano escribió en un recurso presentado en la Audiencia de Sevilla que en el caso de los ERE –durante la época de Alaya– se recurría constantemente a la Guardia Civil “no como un cuerpo auxiliar que se limita a formular atestados con simple valor de denuncia, sino que se la conceptúa como un auténtico oráculo”, a lo que añadió: “lo que por la Guardia Civil se escribe es verdad, va al cielo y no se le aplica la humana capacidad de la crítica”.
Y no le faltaba razón al letrado y escritor, porque con Alaya de instructora lo que la Guardia Civil ponía en blanco sobre negro en un atestado era incuestionable. La entonces instructora de los ERE acogía esa argumentación sin cuestionar ninguna de las afirmaciones que se recogían en dicho informe y a continuación reproducía y plasmaba el contenido de esos atestados en un auto en el que adoptaba una decisión relevante, ya fuese para acordar nuevas imputaciones en la macrocausa o para trazar la línea que debía seguir la investigación.
La estrecha colaboración entre la juez Alaya y los agentes de la UCO se prolongó durante casi cinco años, desde que la magistrada decidió arrebatar la investigación de los ERE a la Policía Nacional para entregársela a esta unidad de la Guardia Civil. A este caso siguieron otras operaciones como la Madeja y la Enredadera, o las irregularidades en las ayudas a la formación, los avales y préstamos de Idea, etc. En todas estas operaciones intervinieron los agentes de esta unidad de élite, llegando Alaya y la UCO a una simbiosis perfecta, en la que cada uno alcanzaba sus objetivos.
Tanto Alaya como esta unidad tenían en común que les gusta trabajar solos y sin interferencias. Y ésta es una de las principales diferencias que se observan ahora que la juez María Núñez Bolaños lleva dos años al frente de las macrocausas. Bolaños ha logrado ha montado un auténtico equipo en su oficina judicial, con los funcionarios destinados en su juzgado, y ha recordado a la UCO que están para auxiliar a las magistradas en una instrucción cuya dirección es competencia exclusiva de la juez, no de los cuerpos policiales.

Adiós al Llerismo

Jorge Muñoz | 11 de junio de 2017 a las 2:00

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Rosell

Emilio De Llera regresa a la Fiscalía tras cinco años de aventura política. La remodelación del Gobierno de Susana Díaz se llevó por delante a quien durante estos años ha sido un relevante asesor para la presidenta en la convulsa materia de unos tribunales marcados por la instrucción de los ERE y de las demás macrocausas. De Llera regresa, en principio, a la Fiscalía de Sevilla, aunque por su trayectoria en la carrera fiscal está en condiciones de optar a las próximas plazas que convoque el Tribunal Supremo. Y seguramente solicitará alguna de ellas.
Los dos mandatos como consejero de Justicia se han caracterizado por su espontaneidad, naturalidad y su verbo coloquial, lo que le ha costado numerosas críticas, algunas de ellas completamente merecidas, y que se convirtiera, por unas desafortunadas declaraciones, en el primer consejero de un gobierno andaluz reprobado por el Parlamento, después de haber asegurado en una entrevista que los jueces de instrucción actúan “como si fueran reyes de Taifa” y criticar su independencia. “Los jueces son tan independientes y tan irresponsables que hacen lo que les da la gana y eso es muy peligroso. Hitler era independiente y mire la que montó”, aseguró en esa entrevista De Llera.
Pero el fiscal no siempre metió la pata con sus manifestaciones, en algunas ocasiones dijo la verdad y se atrevió a afirmar lo que otros no hubieran dicho nunca para no ser políticamente incorrectos, como cuando en su toma de posesión, en mayo de 2012, fue preguntado por el futuro del proyecto de Ciudad de la Justicia de Sevilla. De Llera enterró ese día el proyecto, que hoy sigue muy muerto y lo que le queda, al afirmar que un complejo de estas características en una época de crisis y recortes presupuestarios entraba en el “campo de la ciencia ficción”. Lo más fácil era haber dicho lo que otros tantos anteriores consejeros: que se iba a retomar el proyecto, que se va a impulsar en esta legislatura, y tal y tal…
De Llera era un político atípico y eso le llevaba a emplear expresiones coloquiales poco comunes en el lenguaje de los partidos pero que calan rápidamente en la opinión pública.
Sus frases más polémicas, al margen de las ya mencionadas sobre la independencia judicial, guardan relación con el caso de los ERE fraudulentos, la juez Mercedes Alaya, o el caso del asesinato y desaparición de Marta del Castillo, donde el padre de la joven llegó incluso a pedir públicamente su dimisión, aunque posteriormente explicó que el propio consejero le había telefoneado para pedirle disculpas. De Llera opinó que es una “tontería despilfarrar” el dinero porque la búsqueda del cuerpo de Marta no ha tenido éxito y Carcaño no ha dejado de mentir sobre el paradero. La reacción del padre de Marta era comprensible.
Sobre la juez Mercedes Alaya, el consejero destacó el esfuerzo que estaba realizando la magistrada en la investigación, pero lo remató con otra frase polémica. “Es una mujer muy trabajadora, que está llevando varios procedimientos judiciales complicados adelante y sigue estando muy guapa”, dijo el consejero, que por este comentario fue acusado de machista por algunos sectores.
De Alaya también dijo en otras ocasiones que “no es superwoman”, cuando la juez se negó a aceptar los jueces de refuerzo que le puso el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para ayudarle en la instrucción de las macrocausas que investiga.
De Llera también fue objeto de las críticas de Alaya, que en un informe remitido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) afirmó que era un “notorio detractor” de su trabajo y criticó la “estrecha amistad” de su sucesora, la juez María Núñez Bolaños, con él, aunque en realidad es amigo del marido de Bolaños.
Y en otras ocasiones no hay que negarle un fino sentido del humor, como cuando De Llera criticó al entonces ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, al que reprochó que “no resuelve los grandes males de la Justicia” y del afirmó lo siguiente sobre su actuación: “Es como si a una persona que tiene mucha hambre le ofrecemos una gamba en lugar de un plato de cocido”.
Otra frase que Emilio de Llera suele decir guarda relación con la anterior: “Lo peor del mundo es un cólico de gambas, sin haber comido gambas”. Y que cada cuál interprete el significado. En una ocasión, durante la presentación de los presupuestos de la Junta para Sevilla dejó otra perla, cuando justificó la falta de inversiones en grandes proyectos de esta guisa: “No vamos a ser tan animales como para invertir en obras si hay hambre física”.
Como ya he dicho alguna vez, el hiperrealismo de su lenguaje es lo que le juega a veces malas pasadas a Emilio de Llera y eso es difícil de corregir, aunque muchos alaban –en privado, claro– tanta naturalidad.
El último entuerto de De Llera se produjo tan sólo unos días antes de que se anunciara la remodelación del Gobierno andaluz, cuando en una comisión parlamentaria aseguró que los periodistas eran “un océano de conocimientos con un centímetro de profundidad”, lo que provocó la protesta incluso de la asociación de la prensa de Sevilla, a pesar de que esta frase la había tomado prestada del insigne periodista e historiador italiano Indro Montanelli.
La antología de frases y refranes de De Llera también incluye alguna que le contaba su padre y que él asume como un principio vital que muchos deberíamos seguir: “La vida se compone de días de 24 horas. Ocho horas hay que dormir: busca una buena cama. Ocho horas tienes que trabajar: busca un trabajo que te guste. Y las ocho horas restantes: ¡Ahí cada cual se las arregla como puede!”.
Emilio de Llera fue a la política y le gustó, y ahora regresa a su profesión. La etapa de Emilio de Llera al frente de la Consejería de Justicia e Interior no ha dejado a nadie indiferente. Su peculiar estilo no ha sido igualado por ninguno de los consejeros que le han precedido en el cargo y tampoco lo harán los que le seguirán. Con su salida del gobierno andaluz se acaba el Llerismo, pero el Ministerio Público recupera a un gran fiscal.

El final de la operación Madeja

Jorge Muñoz | 8 de junio de 2017 a las 2:00

FITONOVO

Estamos tan acostumbrados a las operaciones espectaculares y a las macrocausas que cuando un juez pone por fin cordura en la instrucción de uno de estos procesos, acotando el final de la instrucción, se convierte en noticia. Esto es lo que ha ocurrido con la decisión adoptada por el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, quien acaba de dictar un auto en el que acuerda el final de la instrucción de la denominada operación Madeja, en la que se investiga el pago de mordidas a funcionarios por parte de la empresa Fitonovo, a cambio de favores en la adjudicación de los contratos públicos.
En ese auto, el titular del juzgado central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional se opone a la petición de la Fiscalía de prorrogar durante otros 18 meses más la investigación de esta macrocausa, en la que hay 107 imputados, y concreta además que las diligencias que aún quedan por practicar deben estar acabadas en los próximos cinco meses. Así, el magistrado ha acotado al 6 de noviembre próximo como fecha tope para el final de la instrucción.
El magistrado recuerda que la investigación de la operación Madeja, que instruyó la juez Mercedes Alaya, fue abierta el 8 de julio de 2013, “hace ya cuatro años, habiéndose prolongado la investigación durante un largo periodo de tiempo, lo que excede de los plazos de investigación razonables que establece la ley”.
El instructor de la Audiencia Nacional recuerda que ya se han desagregado de la causa distintas “piezas separadas, que están prácticamente finalizadas, estando pendiente únicamente de algunas diligencias ya acordadas y, eventualmente, de algunas derivadas”.
Pero sobre todo, el juez de la Audiencia Nacional pone de manifiesto que “ha habido tiempo suficiente, durante el periodo de instrucción que se abrió hace un año, cuando se determinó la complejidad de la causa para haber solicitado las diligencias necesarias indispensables para concluir la instrucción”.
Por todas estas razones, De la Mata argumenta que no procede acordad, dadas las “circunstancias actuales y visto el grado de avance de la instrucción, la prórroga de la instrucción de la causa” en los términos previstos en el artículo 324.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Sin embargo, dice el juez que la “postrera solicitud de algunas diligencias instructoras y la necesidad de examinar documentación que ha sido solicitada a distintos ayuntamiento y evacuar informes (y la necesidad de proceder a su digitalización), no permite descartar que pueda ser necesario para el instructor acordar, o para las partes solicitar, todavía, la práctica de alguna diligencia de investigación”, lo que “aconseja hacer uso de la previsión contenida en el artículo 324.4 de la Lecrim y así, excepcionalmente, fijar un nuevo y último plazo máximo de cinco meses para la finalización de la instrucción, de modo que la investigación finalizará el día 6 de noviembre de 2017”, concluye el auto.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional había reclamado al juez que ampliara la investigación por otro plazo igual de 18 meses, al considerar que concurrían una serie de circunstancias previstas en el artículo 324.2 de la Lecrim, por cuanto los hechos se comenten en el seno de una “organización criminal, son muy numerosos los hechos objeto de investigación y se precisa la gestión de la entidad Fitonovo y de otras personas jurídicas que participaron en los hechos”.
De otro lado, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitió recientemente un informe al juez en el que apunta que, a su juicio, se han practicado “diligencias suficientes para esclarecer los hechos y la participación de los distintos investigados” en relación con la adjudicación de los distintos lotes del macrocontrato 400/2012 del servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla, que ascendía a 48 millones. La adjudicación de los lotes 2 y 3 de este contrato se investiga en una pieza separada que el juez De la Mata acordó abrir en abril pasado.

El auge de los ciberdelitos

Jorge Muñoz | 4 de junio de 2017 a las 2:00

ciberdelitos

Los delitos relacionados con el uso de internet y de las nuevas tecnologías siguen creciendo, año tras año, como consecuencia de una mayor utilización de estos medios para nuestro día a día. El fiscal Juan Enrique Egocheaga, que además de fiscal delegado de Anticorrupción es uno de los dos fiscales de Sevilla encargados de la coordinación, auxilio y visado de los delitos relacionados con la criminalidad informática –el otro es Francisco Sánchez Mellado–, explica que la curva de este tipo de delitos es ascendente, cada año va a más, porque cada vez los ciudadanos están “más enganchados a internet”.
El incremento no es de la criminalidad en sí misma, sino que procede del hecho de que “nuestro día a día está cada vez más vinculado a lo online”, como por ejemplo a la hora de hacer las gestiones bancarias, en las que las oficinas están dando paso a una mayor presencia de las gestiones a través de internet y de los smartphones.
El fiscal señala que la página del Instituto de Ciberseguridad Nacional (Incibe) debería ser de “lectura obligatoria para todo el mundo”, dado que en la misma se recogen una serie consejos y precauciones que todos los usuarios deberían tener en cuenta a la hora de usar estas nuevas tecnologías. En cualquier caso, Egocheaga destaca que los usuarios de la red deben aplicar ante todo el “sentido común”, al igual que cuando los usuarios acceden al comercio convencional para, de esta forma, ver la reputación de la empresa y sobre todo “sospechar cuando te ofrecen unas zapatillas de marca a 20 euros”, por cuanto puede tratarse de una falsificación.
En cuanto a los principales delitos informáticos que se registran en Sevilla, el fiscal destaca los daños informáticos, como los ataques de hackers que asaltan los servidores de empresas o hacer caer una página web; los accesos no autorizados, en los que no tienen por qué robar nada pero sí hay un descubrimiento y revelación de secretos. También se han detectado casos de pishing, estafas relacionadas con una transferencia de una cuenta no autorizada o cargos online no autorizados.
De la misma forma, se han detectado casos de child grooming, el acoso a través de la red a menores de entre 13 y 16 años, que pueden derivar en encuentros físicos y abusos, o limitarse sólo a la obtención de imágenes. Y también se han realizado actuaciones por la piratería online o por amenaza, injurias y calumnias a través de la red.
Pero el “mayor índice” de delitos que generan calificaciones y escritos de acusación por parte de la Fiscalía de Sevilla está relacionada con la pornografía infantil. El año pasado se presentaron 25 calificaciones –escritos de acusación– contra personas imputadas por este delito, que castiga la creación y distribución de pornografía infantil y lleva aparejada la pena de uno a cinco años de prisión, mientras que la mera posesión de este material pedófilo se castiga con penas de entre tres meses y un año de prisión. La creación de pornografía infantil supone el 90% de los casos de pedófilos, puesto que para poder intercambiar los archivos debe disponer de ese material, precisa el fiscal.
En cuanto a los delitos relacionados con el acoso a menores de edad, Juan Enrique Egocheaga destaca el cibergrooming –artículo 183 del Código Penal, que castiga con penas de dos a seis años al que realice actos de carácter sexual con un menor de 16 años– y el sexting, cuando se consiguen fotos íntimas enviadas por la red. El fiscal explica que en Sevilla se han dado varios casos de sexting, pero de contacto físico sólo ha habido uno en los últimos años.
El representante del Ministerio Público apunta además que en el último año se han presentado muchas denuncias por descubrimiento y revelación de secretos, por usar fotos sin el consentimiento del afectado, generalmente de contenido íntimo.
Este delito aparece tipificado en el artículo 197.7 del Código Penal, que sanciona con penas de tres meses a un año de cárcel o multa de seis a doce meses a quien “sin autorización de la persona afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquélla que hubiera obtenido con su anuencia en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal de esa persona”.
Por último, la Fiscalía de Sevilla también investigó un caso relacionado con una aplicación para teléfonos móviles, en concreto de linterna, en la que al descargarla se suscribía al usuario del teléfono móvil a contenidos premium, lo que le acarreaba un coste de entre 20 y 30 euros. La aplicación se retiró de la tienda de aplicaciones tras la denuncia.
En estos casos, la Fiscalía suele actuar coordinándose para sumara estos delitos menores y reunir a un grupo de afectados –pueden ser 100 o 200– para acumular la investigación en un juzgado único y por un delito grave. La Fiscalía recuerda que “siempre es importante denunciar” cuando se produce una estafa en la red.

El bufete Nertis se alía con la firma alemana ETL Global

Jorge Muñoz | 1 de junio de 2017 a las 5:00

Firma de una alianza del bufete Nertis Manuel Salinero con una firma alemana

Manuel Salinero y el apoderado de ETL Global en España, José Manuel Rodríguez Rivera, ayer en la firma del acuerdo. Foto: Juan Carlos Vázquez.

El despacho sevillano Nertis, que dirige el letrado Manuel Salinero, suscribió ayer ante notario un acuerdo con la firma alemana ETL Global, convirtiéndose de esta forma en el socio de referencia en el sur de España para potenciar el crecimiento de su red de despachos en Andalucía y Extremadura.

El acuerdo firmado ayer en la sede de Nertis entre Manuel Salinero y el apoderado de ETL Global en España, José Manuel Rodríguez Rivera, prevé una integración gradual en los próximos tres años. Asumiendo el lema de ETL, “Compartir para crecer”, el objetivo es crear una serie de despachos que trabajen en coordinación permanente pero a los que a la vez se les respeta escrupulosamente la autonomía en su gestión.
Salinero explicó ayer que cuando se fundó Nertis (Salinero y Bautista) en marzo de 2016, desde el principio el objeto fue el de crecer para abarcar todas las áreas del asesoramiento jurídico y entre ellas la fiscal y la laboral.
ETL nació en la localidad alemana de Essen, cuenta en la actualidad con una facturación próxima a los 750 millones de euros, y está avalada por casi 50 años de experiencia. Actualmente está presente en 44 países y está especializada en servicios profesionales de asesoramiento legal, laboral, auditoría y consultoría con una clara vocación de servicio hacia la pequeña y mediana empresa (pyme), donde ya cuenta con un volumen de facturación cercano a los 40 millones de euros.

En el proceso de su internacionalización, la firma fijó a España como uno de los ejes principales, y así ha integrado en nuestro país a despachos como Ejaso (ahora complementado con Aguayo abogados), con sede en Madrid, Lisboa y seis capitales españolas; BK Consulting en el norte; o Addiens, Nexum y Linkservices en Cataluña, para situarse ya en el octavo puesto en facturación de firmas de servicios profesionales en España.

Manuel Salinero explicó que para Nertis el acuerdo con ETL va a ser un “reto importantísimo”, al convertirse en “socio de referencia de la firma en Andalucía y Extremadura” y desarrollar ese proceso de expansión en el sur, conservando al mismo tiempo la gestión y dirección de su despacho. “Sin duda el futuro está marcado por firmas unidas y con fuerza que permitan desarrollar el asesoramiento bajo esa perspectiva de estar conectados y formar parte de una red que cubra todas las esferas y todas las situaciones”, concluyó Salinero.

Los jueces decano alertan del posible colapso de los juzgados de cláusulas suelo

Jorge Muñoz | 30 de mayo de 2017 a las 20:58

COMUNICADO DE LOS JUECES DECANOS DE ESPAÑA SOBRE LA ESPECIALIZACIÓN DE JUZGADOS PROVINCIALES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS SOBRE CLAUSULAS ABUSIVAS

Los 50 Jueces Decanos de España que suscribimos el presente comunicado, ante la próxima entrada en funcionamiento de Juzgados provinciales para el conocimiento de demandas sobre condiciones generales de la contratación (cláusulas abusivas) acordado por la Comisión permanente del CGPJ el pasado 25 de mayo de 2017 (BOE 27 de mayo), estimamos necesario realizar las siguientes consideraciones:

  • El día 21 de febrero de 2017 en reunión mantenida entre el CGPJ y una representación de los Jueces Decanos de diversas ciudades de España, el órgano de gobierno aseguró que no se aplicaría el “Plan de Urgencia” que implicaba la creación de dichos Juzgados provinciales especializados si no se disponía de medios humanos y materiales, lo que se reiteró en posterior acuerdo del Pleno de 23 de febrero de 2017 que se hizo público en todo los medios de comunicación.

 

  • A fecha de hoy, 30 de mayo de 2017, a tan sólo dos días de que comience el reparto a los nuevos Juzgados especializados de ámbito provincial, nos encontramos en muchas ciudades con que no se dispone de la dotación mínima necesaria para entren en funcionamiento, es decir, carecen de medios personales y materiales (letrados de la administración de Justicia, funcionarios, dependencias e instalaciones adecuadas, ordenadores, cuenta de consignaciones propia, etc…). Lógicamente, el desconcierto entre los jueces es absoluto.

 

  • En consecuencia el próximo jueves día 1 de junio de 2017 puede ocasionarse el colapso de dichos juzgados desde el mismo momento de su nacimiento, dada la situación caótica en que nos encontramos, ya que se repartirán a los mismos centenares de demandas de toda la provincia pero no podrán tramitarlas por falta de medios. Obviamente el resultado de todo ello es que la medida, en lugar de agilizar las demandas, va a ralentizarlas, con evidente perjuicio para el ciudadano.

 

  • La imprevisión y falta de coordinación –que ya viene siendo habitual- entre el CGPJ, el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas ha llevado a esta situación en muchas ciudades de España dejando abandonados a su suerte a los jueces afectados sin que nadie aporte soluciones efectivas a dos días de su entrada en funcionamiento.

 

  • Según se indica en el acuerdo de la Comisión Permanente del CGPJ del pasado día 25 de mayo de 2017, el próximo día 31 de mayo el CGPJ va a celebrar una reunión con las Comunidades Autónomas, es decir, tan sólo un día antes de que se ponga en marcha el aludido Juzgado bis de refuerzo, lo cual no deja de ser sorprendente.

 

  • La preocupación por este asunto en la judicatura es enorme, siendo su única inquietud dar un servicio adecuado, ágil y eficaz al ciudadano, tarea sencillamente imposible si no se dota a los jueces de los medios imprescindibles para el desempeño de sus funciones.

 

En consecuencia, y por todo el expuesto, los Jueces Decanos solicitamos:

 

  • Al CGPJ, que interese y reitere expresa y formalmente del Ministerio de Justicia y de las Comunidades Autónomas que cumplan su obligación de dotar de medios personales y materiales a dichos Juzgados provinciales.

 

  • A las Salas de Gobierno, que eleven consulta al CGPJ en el caso de que no se disponga de los medios personales y materiales suficientes para poner en marcha el Juzgado provincial de apoyo al Juzgado especializado el próximo jueves día 1 de junio, fecha en que comenzarán a presentarse ante los mismos las demandas sobre cláusulas abusivas, a fin de que indique, a la vista de su acuerdo de fecha 23 de febrero de 2017 y en coherencia con el mismo, si debe suspenderse el denominado “Plan de Urgencia” y el destino que debe darse a las demandas repartidas.

 

  • A los Jueces Decanos, que procedan a la convocatoria de Juntas de Jueces en aquellas sedes donde los Juzgados provinciales especializados carezcan de los medios necesarios para entrar en funcionamiento, o sean insuficientes, valorando la posibilidad de solicitar la convocatoria del Pleno de la Sala de Gobierno del TSJ correspondiente.

 

El notario y su cláusula suelo

Jorge Muñoz | 28 de mayo de 2017 a las 2:00

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Ahora que están tan de actualidad las reclamaciones por las cláusulas suelos que algunos bancos incluyeron en los préstamos hipotecarios, conviene recordar lo que el Tribunal Supremo estableció en su famosa sentencia de 9 de mayo de 2013. Este tipo de cláusulas son perfectamente lícitas y válidas, salvo que la misma adolezca de una falta de transparencia o de claridad y su redacción sea confusa, oscura, farragosa o ininteligible, o no se haya informado al cliente del alcance y consecuencias de dicha cláusula. Algo de lo que, evidentemente, son perfectamente conocedores los notarios, profesionales que está acostumbrados a firmar este tipo de escrituras.
Esto es precisamente lo que ha argumentado la Audiencia de Sevilla para rechazar la demanda presentada por un notario, en la que pedía la devolución de las cantidades indebidamente cobradas en relación con una hipoteca de 525.000 euros que firmó en el año 2006 y que tenía una cláusula suelo del 3,5%.
La sentencia de la Sección Quinta de la Audiencia de Sevilla establece precisamente que el perfil profesional del prestatario “no es baladí” en estas contrataciones, pues un notario tiene “un nivel de conocimientos jurídicos y de formación sobre las condiciones contractuales muy superior a la media, siendo habitual su intervención profesional en el otorgamiento de préstamos hipotecarios como el que nos ocupa, y teniendo el deber de conocer las obligaciones que a los notarios impone la normativa vigente sobre la transparencia de las condiciones financieras de los préstamos hipotecarios y la obligación notarial de informar a los prestatarios de determinadas condiciones contractuales, especialmente de la existencia de límites a la variación del tipo de interés”.
El tribunal señala expresamente que el demandante conocía por su profesión que en estas operaciones era habitual la incorporación de cláusulas de limitación de la variablidad del tipo de interés, y “conocía el alcance y efectos jurídicos y económicos que ello representaba, sin necesidades recibir mayores explicaciones o información al respecto, pues por su profesión era conocedor de todo ello”.
Así, insiste en que su formación y capacidad de comprensión del contenido y el alcance de las cláusulas contractuales del préstamo era “muy alto”, lo que le “permitía sin dificultad alguna entender en sus exactos términos el significado y alcance económico y jurídico de la operación de financiación que estaba realizando”.
El notario había alegado que las condiciones que se incorporaron a la escritura no eran las mismas que las contenidas en la certificación que el banco les entregó previamente, pero esto para los magistrados no significa que el notario no conociera previamente de la existencia de la cláusula suelo que se proponía concertar, por cuanto la escritura fue “redactada en su notaría, siguiendo la minuta del acreedor y utilizando el formulario de la notaría”, por lo que “es lógico y razonable pensar que revisó precisamente la redacción y contenido de la escritura”.
Dicen los jueces que en este caso la cláusula está redactada de manera “clara y comprensible”, cumple las expectativas de transparencia y la parte prestataria “conoció y comprendió desde la firma de la escritura de préstamo las condiciones económicas que contenía l contrato celebrado y la existencia de la cláusula”.
La Audiencia concluye que el notario “conoció la existencia de la cláusula, la aceptó y consintió con pleno conocimiento”, por lo que el tribunal, en contra de su criterio habitual, ha decidido imponerle además la condena en costas, por cuanto “no había ninguna seria duda en cuanto a que la cláusula no era nula, pues la conoció antes de firmar la escritura, y tenía capacidad y conocimientos para comprenderla, aceptándola con pleno conocimiento de su alcance, trascendencia y repercusión económica”.

 

VISTO PARA SENTENCIA

Ana Hermoso vuelve a la procuraduría

COMIENZA JUICIO CONTRA EXALCALDESA DE BORMUJOS ANA HERMOSO

*Los procuradores sevillanos cuentan con un nuevo fichaje. La ex alcaldesa de Bormujos Ana Hermoso ha vuelto a ejercer su profesión de procuradora de los tribunales, una vez que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la absolvió del delito de cohecho relacionado con la Loewe Story, aquella supuesta compra de su voto, a cambio de un bolso de Loewe, para que apoyara la moción de censura que le devolvió la alcaldía de Bormujos al independiente Baldomero Gaviño. Ya dijimos en alguna ocasión que parecía descabellado que una concejal se dejara comprar por un simple bolso, por muy de marca que fuera. Era algo que no tenía sentido. Al final, la Justicia exculpó a Ana Hermoso, quien no obstante vio cómo su carrera política se vio truncada por este caso. Hermoso optó incluso en su momento a la presidencia del PP de Sevilla. Al final, la política ha perdido a una alcaldesa y los tribunales han ganado una procuradora.

Lorenzo del Río se interesa por el juicio de los ERE
*El presidente del TSJA, Lorenzo del Río, ha vuelto esta semana a la Audiencia de Sevilla para visitar la sala del jurado que puede acoger finalmente el juicio de la “pieza política” de los ERE, en la que están acusados los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán. La intención de la Audiencia y de la Consejería es que el juicio se celebre en este edificio sin tener que buscar una sede externa. El juicio podría comenzar a final de año.

El Supremo acuerda que es delito conducir sin haber sacado nunca el carné

Jorge Muñoz | 26 de mayo de 2017 a las 15:03

Supremo

El Pleno de la Sala II del Tribunal Supremo ha establecido en una sentencia que conducir vehículos a motor sin haber obtenido nunca el carné es un delito, y no una infracción administrativa, y no requiere que el conductor haya puesto en un peligro concreto la seguridad vial ni cometido una maniobra antirreglamentaria.

La Sala ha estimado el recurso de la Fiscalía contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Toledo, de 29 de febrero de 2016, que revocó a su vez la condena por delito contra la seguridad vial impuesta por un Juzgado de lo Penal de Toledo a un hombre por conducir un coche por una carretera de la provincia “siendo plenamente consciente de la imposibilidad que le afecta para la conducción de vehículos a motor, por no haber obtenido en ningún momento permiso de conducir o licencia que le habilite oficialmente para conducción de vehículos a motor”.

La Audiencia absolvió al conductor al destacar que no había puesto en riesgo la seguridad vial, ni cometido ninguna maniobra antirreglamentaria. Añadía que el legislador no ha dibujado claramente la línea de separación entre el delito y la infracción administrativa en estos casos.

Ante las discrepancias entre varias audiencias provinciales sobre la cuestión, el Pleno de la Sala II ha decidido estudiar el recurso de la Fiscalía, cuyo objeto era determinar si el delito de conducción de un vehículo a motor o ciclomotor sin haber obtenido nunca permiso o licencia de conducción (artículo 384 del Código Penal) es un delito de peligro abstracto o concreto, y si fuera lo primero, si se consuma con la mera realización de la conducción referida, o si se trataba de lo segundo, si exige que se haya producido un peligro real para la seguridad vial.

El Supremo, en sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Julián Sánchez Melgar, establece que se trata de un delito de peligro abstracto: “De la lectura de dicho precepto no se desprende exigencia alguna de un peligro concreto para la seguridad vial, sino la realización exclusivamente de la conducción de un vehículo de motor sin la correspondiente habilitación administrativa, por no haberla ostentado nunca quien pilota tal vehículo de motor”.

“El riesgo abstracto para el bien jurídico protegido resulta, por consiguiente, de la conducción sin poseer la habilitación teórica y práctica y sin haberse comprobado las capacidades física y psíquica en el conductor, lo cual incrementa, como es natural, el riesgo para los demás usuarios de la la vía, por sí peligrosa y causante de una alta siniestralidad, cuya reducción pretende la norma”, añaden los magistrados.

“No estamos ante una conducta punible cimentada sobre un injusto meramente formal derivado de una infracción administrativa, sino ante la protección de la seguridad del tráfico vial mediante conductas, como la que es objeto de nuestra atención casacional, que suponen la creación de un riesgo indudable, aunque de características abstractas y no concretas, para la seguridad vial”, señala la sentencia.

Por ello, bajo la consideración de que se trata de un delito abstracto, la conducta se consuma cuando se conduce careciendo de la oportuna habilitación administrativa (permiso o licencia), sin que tenga incidencia, para el Supremo, el no haberse cometido infracción vial alguna, ni haberse realizado maniobra antirreglamentaria, como parece exigir la Audiencia Provincial de Toledo.

El alto tribunal indica que la Audiencia de Toledo, en su sentencia, ha construido unos requisitos que en modo alguno el legislador exige para colmar la conducta típica del delito, que precisa que el autor jamás haya obtenido permiso de conducir. Por eso ha de excluirse del radio de acción del nuevo tipo penal a quien posee permiso en el extranjero, tanto a aquellos correspondientes a países comunitarios como extracomunitarios, o un permiso internacional.

El Supremo discrepa también de la Audiencia en que la conducta que sustenta el delito del artículo 384.2 del  Código Penal, aplicado en este caso, sea exactamente la misma que la que se define en la Ley de Seguridad Vial como infracción administrativa muy grave. “El tipo penal —señala la sentencia– sanciona la conducción de un vehículo a motor careciendo de todo permiso o licencia por no haberlo tenido nunca o por haber perdido vigencia por la pérdida total de los puntos asignados legalmente, mientras que el tipo administrativo se refiere a carecer de la autorización administrativa correspondiente, es decir, puede tenerse pero no es adecuada a las características del vehículo con el que se circula, conforme a las diferentes modalidades que se determinan legalmente y las circunstancias propias del caso. Como dice el Fiscal, todo ilícito penal en esta materia parte como mínimo de una infracción administrativa, pero no a la inversa”.

La Sala II anula por tanto la sentencia absolutoria de la Audiencia de Toledo y condena al conductor por un delito contra la seguridad vial al pago de una multa de 2.160 euros. El artículo 384 del Código Penal, por el que es condenado, prevé penas de tres a seis meses de prisión o multa de doce a venticuatro meses, o con trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días. El Supremo ha optado por la multa de 12 meses con una cuota diaria de 6 euros.