De las macrocausas al caos

Jorge Muñoz | 30 de abril de 2017 a las 2:00

UNA SALA PRESIDIDA POR UN EX ALTO CARGO ENJUICIARA A CHAVES Y GRI?AN

Los jueces de la Audiencia de Sevilla están preocupados, unos más que otros, por las consecuencias que pueden acarrearles la avalancha de más de un centenar de juicios –hay quien apunta que podrían ser incluso más de 200– que van a tener que celebrar en los próximos años, derivados de las causas de las denominadas causas de “especial complejidad”, entre las que se encuentran las macrocausas de los ERE y de Invercaria, o los cursos de formación.
De momento, la Audiencia sólo ha recibido dos piezas de los ERE, que serán enjuiciadas por las Secciones Primera –la del denominado procedimiento específico, que sentará en el banquillo a los ex presidentes Chaves y Griñán y a otros 22 ex altos cargos– y Tercera –la ayuda concedida a la empresa Surcolor-Surcolor Óptica, donde hay otros 16 procesados–.
Pero a pesar de que sólo han llegado estas dos primeras piezas, ya se han encendido las primeras luces de alarma entre los jueces, sobre todo porque, según explican algunos, desde los órganos de gobierno, como el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), aún no han propuesto ninguna medida de refuerzo.
Fuentes judiciales apuntan que “lo ideal” sería que el presidente de la Audiencia de Sevilla, Damián Álvarez, presentara un informe sobre la situación que se avecina ante el aluvión de macrocausas a enjuiciar y en el que, para empezar, se designara dónde se van a celebrar estos juicios que, en algún caso, superan la treintena de imputados.
Damián Álvarez apuntó recientemente que cree el juicio de Chaves y Griñán podría celebrarse en la sede de la Audiencia, pero otras fuentes apuntan a que no sería factible porque la vista oral está previsto que se prolongue durante meses y además tendría que utilizarse la sala que ahora se emplea para los juicios con jurado, lo que supondría otro hándicap.
Una buena programación y una organización “al milímetro”, como la que efectuó la Audiencia de Málaga con motivo del juicio de la operación Malaya, que además coincidió con la celebración de otras macrocausas, es la única opción para evitar el caos.
Y en esa organización, resulta fundamental conocer en primer lugar si los juicios podrán celebrarse en el edificio de la Audiencia o habrá que buscar una sede alternativa para los juicios derivados de las macrocausas.
Pero la preocupación principal de los jueces de la Audiencia es la saturación que estos juicios supondrá en unas salas ya de por sí sobrecargadas de trabajo, como demuestran las estadísticas.
Las cuatro secciones penales (Primera, Tercera, Cuarta y Séptima) recibieron hasta diciembre pasado 7.635 asuntos, de los cuales la Cuarta recibió 2.108; la Primera, 1.861; y 1.833 las secciones Tercera y Séptima. Hasta el pasado 25 de abril, en estas cuatro secciones se repartieron 2.721 asuntos, con lo que la proyección a 31 de diciembre próximo apunta a que la Audiencia recibirá 8.489 asuntos, lo que supone 854 más que el año anterior. Así, la Sección Cuarta asumirá 2.617 asuntos (un 24,2% más); la Séptima, 2.065 (un 12,7% más); Primera, 2.018, (un 8,5% más); y la Tercera, 1.788, lo que supone un 2,5 menos, aunque hay que tener en cuenta que en esta sección uno de los magistrados está exento del 50% del trabajo por un problema de salud.
Cada sección penal tiene actualmente cinco magistrados (20 en total) y la carga máxima asignada a cada juez de la Audiencia, según el módulo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), es de 316 asuntos al año, por lo que las previsiones apuntan a que cada magistrado recibirá a final de este año 435 asuntos, superando el máximo del módulo en un 37,8%.
En esta situación, sin contar los juicios de los ERE y de Invercaria, los jueces advierten de que no pueden sacar adelante el trabajo que tienen ahora, por lo que en el futuro será aún peor.
Además, consideran que la situación empeorará cuando la Sección Primera celebre el juicio de Chaves y Griñán, por cuanto este tribunal tendría que ser eximido durante un tiempo del reparto de asuntos para compensar la carga de trabajo, lo que aumentará el volumen de asuntos de las otras secciones penales.
Cabe la posibilidad de aumentar todas las secciones con un magistrado más de refuerzo, con lo que cada una tendría seis magistrados y esto podría hacer que se conformaran dentro de cada sección dos tribunales de tres magistrados: uno de los cuales podría dedicarse a los juicios de las macrocausas y el otro al resto de asuntos.
Esta solución tampoco sería la mejor, por cuanto supondría que el trabajo que actualmente están haciendo cinco magistrados de cada sección pasarían a hacerlo sólo tres, con todo lo que ello supone de más saturación.
Y todo ello, sin contar, las posibles bajas por enfermedad, como ocurre ahora con un juez de la Sección Primera, lo que ha obligado a sustituirle por otro juez en un jurado que debe celebrar pronto, y también provocará que sus nuevos asuntos se repartan entre otros jueces de su sección.
Pero la llegada de las macrocausas plantea además otros problemas que harán necesaria esa organización “milimétrica” de los juicios porque, como muchas de las vistas se componen de piezas separadas de una misma macrocausa, pueden producirse conflictos a la hora de fijar los juicios, dado que pueden coincidir no sólo los mismos imputados en esos procedimientos diferentes, sino también los mismos abogados defensores.
Un ejemplo. Si el primer juicio que se fija, como todo parece indicar, es el de Chaves y Griñán, no se podrán celebrar más juicios de piezas de los ERE hasta que este proceso finalice, dada esa coincidencia de investigados y abogados. Para complicar aún más el rompecabezas, se da la circunstancia de que algunos de los imputados y los abogados también son los mismos que aparecen en otras piezas de Invercaria, con lo que también tendría incidencia a la hora de señalar las vistas orales.
Esto conduce a que será necesaria una labor casi de cirugía con ese calendario de señalamientos o de lo contrario algunas de las causas podrían tardar años en ser enjuiciadas.
Si no se actúa de manera urgente, las macrocausas podrían provocar el colapso de la Audiencia, el caos, y habría que acudir, como ha sucedido otras veces, al esfuerzo individual de los jueces para salvar, de nuevo, la imagen de la Justicia.

Ayudas justas, no delictivas

Jorge Muñoz | 29 de abril de 2017 a las 2:00

Juzgados del PradoMovida por el caso de los ERE Habra que estar hasta las doce y algo para hacer varias cosas, incluido fotos a la juez Maria Nu?ez Bola?os para renovar el archivo

La juez María Núñez Bolaños llega a los juzgados. Foto: Juan Carlos Vázquez.

Hace tan sólo unos meses, en octubre pasado, la juez de los ERE, María Núñez Bolaños, abrió un debate muy interesante para el devenir de la investigación de las macrocausas. La juez decidió archivar entonces la primera pieza de los ERE no porque las ayudas concedidas en su día hubieran prescrito, sino porque no apreció que en las mismas se hubiesen cometido los delitos de prevaricación y malversación que han marcado la instrucción desde el inicio. En ese auto, dictado el 11 de octubre, Bolaños archivó la causa relativa a las ayudas de 1,3 millones concedidas a la empresa Azucareras Reunidas de Jaén porque la ayuda no era “injusta” y además en la misma no aparecen intrusos, con independencia de que el procedimiento empleado en la tramitación pudiera ser inadecuado.
Ese auto ha sido ahora revocado por la Audiencia de Sevilla, que ha ordenado a la magistrada que siga investigando esta ayuda porque entiende que hay una “patente apariencia” de que se han cometido los delitos de prevaricación y malversación de caudales.
La Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, encargada de los recursos, tenía en sus manos la posibilidad de poner coto a la investigación expansiva que en su día realizó la anterior instructora, Mercedes Alaya, con el amparo de la Fiscalía Anticorrupción. La cuestión no es nueva y su autoría no puede atribuirse en exclusiva a la juez Bolaños, dado que el magistrado Alberto Jorge Barreiro, que en su día instruyó en el Tribunal Supremo la causa de los ERE cuando Manuel Chaves y José Antonio Griñán eran aforados, ya lo expuso claramente en uno de sus autos.
Decía el juez Barreiro que el hecho de que las subvenciones de los ERE sean “nulas por haber infringido el ordenamiento jurídico, no significa que todo el dinero concedido con cargo a ese programa presupuestario haya sido defraudado en perjuicio del erario público”. El magistrado añadía que “un porcentaje de las subvenciones ilegalmente concedidas habría que concederlas también en el caso de que la concesión fuera legalmente tramitada”.
La propia Audiencia de Sevilla reconocía recientemente en uno de sus autos que tras estallar el escándalo de los ERE, la Consejería de Empleo inició un plan para recuperar los pagos indebidos que dio lugar a 69 informes referidos a 70 empresas, donde se analizaron 322 pólizas que afectaban a 5.982 personas, de las cuales “72 nunca habían trabajado para las empresas beneficiarias de las ayudas y otras 54 no cumplían los requisitos mínimos para ser beneficiarios de dichas ayudas”. Es decir, de unos 6.000 trabajadores, las supuestas ilegalidades se reducen a 126 personas, que habrían percibido más de 12 millones de euros, que ya son objeto de reclamación, frente a los 741 millones –la totalidad– en que cifra el fraude la Fiscalía Anticorrupción.
La Audiencia ha cerrado ahora el debate, al confirmar de nuevo las tesis de Alaya de que todas las ayudas son ilegales porque parten de un procedimiento inadecuado. Da igual todo lo demás, que no haya intrusos, que la empresa pudiese haber recibido esa ayuda, etc.
La juez Bolaños aún no ha tomado ninguna decisión tras recibir el atestado de Heineken, pero visto el auto dictado ayer por la Audiencia, pocas posiblidades hay de que se produzcan nuevos archivos. En el caso de Heineken sorprende además que la Guardia Civil haya introducido delitos como el de administración desleal.

El voto particular de Lorenzo del Río contra las Salas de lo Penal de Sevilla y Málaga

Jorge Muñoz | 28 de abril de 2017 a las 13:33

Este es el voto particular del presidente del TSJA, Lorenzo del Río, contra el acuerdo de la Sala de Gobierno para crear las salas de lo Penal desplazas en Sevilla y Málaga, y al que se adhirieron los magistrados María Luisa Martín Morales, Lourdes Molina García y José Luis López Fuentes. 

El presidente del TSJA, Lorenzo del Río.

El presidente del TSJA, Lorenzo del Río.

“El Real Decreto 229/2017, de 10 de marzo, dota de plazas de magistrados en órganos colegiados para hacer efectiva la segunda instancia penal, al tiempo que crea Secciones de Apelación Penal en los Tribunales Superiores de Justicia de Cataluña, de la Comunidad de Madrid y de Andalucía, Ceuta y Melilla. La especificidad, en este último caso, radica en crear dos Secciones, cuya sede y circunscripción territorial serán las propias de la Sala de lo Civil y Penal del TSJA, junto a la previsión que efectúa en su Preámbulo relativa a la posibilidad de que, una vez creadas las mismas, el Consejo General del Poder Judicial pueda acordar su desplazamiento a otra sede, a petición de la Sala de Gobierno y según lo establecido por el artículo 269.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio.

La Sala de Gobierno de este TSJA considera, y así lo ha acordado mayoritariamente, que deviene necesario desplazar la sede de ambas Secciones de apelación penal, de forma la dotación de 6 plazas de magistrado para el TSJA se distribuya inmediatamente de la siguiente forma: 3 plazas en Málaga y 3 plazas en Sevilla, constituyendo 2 Secciones desplazadas de apelación penal.

Entiendo, por el contrario, que no concurren circunstancias objetivas que justifiquen esta decisión en el momento presente, ni contribuye a una mejor administración de la justicia, sino que responde a lógicas e intereses de carácter territorial o local, más que a necesidades reales de organización judicial y optimización de recursos. Por ello, formulo voto particular al referido Acuerdo, que baso en las consideraciones siguientes:

PRIMERO.- Debo referirme, en primer lugar, a la base legal que posibilitaría la efectividad del Acuerdo adoptado por la Sala de Gobierno, y que el propio Real Decreto 229/2017 indica en su Preámbulo, cual es la disposición del artículo 269.2 LOPJ, cuya génesis y finalidad no parece obedecer a un desplazamiento de los Juzgados, o las Salas o Secciones de los Tribunales, con vocación de permanencia,

sino a la necesidad de dar respuesta a contingencias puntuales o específicas, con una mayor o menor duración en el tiempo, pero determinantes, en cualquier caso, de un desplazamiento no definitivo, aunque repetido periódicamente, e incluso esporádico.

Por otra parte, y esto me parece esencial destacarlo, al margen de la procedencia legal de acordar un desplazamiento de carácter permanente al amparo de este precepto, una decisión en ese sentido debe adoptarse en función de las circunstancias concurrentes o del buen servicio de la Administración de Justicia, pues constituye la premisa y punto de partida de los preceptos habilitadores. Pienso, como ya he apuntado, que en este momento sería una decisión prematura e injustificada, ya que ni las circunstancias concurrentes ni el buen servicio de la Administración de Justicia aconsejan tomar la decisión inmediata de desplazar la sede de las Secciones de apelación penal creadas en el seno de la Sala Civil y Penal del TSJA, por las razones que expongo seguidamente:

A) Hasta la fecha se han recibido en la Sala Civil y Penal cuatro recursos de apelación contra sentencias dictadas en primera instancia por Audiencias Provinciales, lo que denota que la entrada de asuntos va a producirse de forma progresiva, sin posibilidad inmediata de realizar una previsión cierta sobre el momento en que se alcanzará la carga de trabajo definitiva – o probable- en cada parte del ámbito territorial de este TSJ. Y no debe olvidarse que el artículo 76.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial condiciona el desplazamiento de la sede de las secciones de apelación a la necesidad derivada del número de asuntos, lo que no sucede en este momento, aún cuando pueda presumirse que sucederá. Esta propuesta no contradice el Acuerdo de esta Sala de Gobierno de 19 de abril de 2016 que no fue adoptado por unanimidad, sino por mayoría, y que, además, contemplaba y proponía un escenario diferente al que nos encontramos.

Por ello, la lógica aconseja que la efectividad y entrada en funcionamiento de las nuevas plazas de magistrados creadas por el Real Decreto 229/2017 se haga de forma escalonada, en función de la previsible entrada de asuntos y la propia evolución real de la carga de trabajo. En este sentido, lo conveniente o aconsejable sería constituir una primera Sección de apelación penal en el seno de la Sala Civil y Penal del TSJA, compuesta por un Presidente y dos Magistrados, sin llevar a cabo desplazamiento alguno de su sede, sin perjuicio de lo que pueda resultar conveniente en un futuro.

B) La inicial puesta en funcionamiento de las Secciones de apelación puede hacerse con recursos existentes en la sede del TSJA, ya que la actual Letrada de la Administración de Justicia de la Sala Civil y Penal puede asumir, conjuntamente, la responsabilidad de la Sección de apelación penal y el incremento de la nueva carga de trabajo, a lo sumo con un pequeño aumento de funcionarios. No sería necesario, por tanto, incrementar exponencialmente los recursos para constituir esas dos sedes desplazadas, ni crear dos nuevas Secretarías con funcionarios en las mismas, ni crear dos plazas de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) – uno para cada sede desplazada-. Además, la sede del Tribunal Superior cuenta ya con infraestructura disponible y preparada, en concreto varias dependencias sin uso, reservadas a tales fines por la Administración competente tras el traslado de la Fiscalía Superior.

C) El desplazamiento de sede inmediato de las dos Secciones de apelación penal constituirá un impedimento para la formación ordenada de un nuevo escalón intermedio de jurisprudencia penal, al disgregar territorialmente un órgano llamado a cumplir una función integradora y unificadora de criterios interpretativos de las normas penales, dada la actual configuración del recurso de casación penal.

D) Debe valorarse, además, que constituir la Sección de apelación penal en la propia sede del TSJA permite otras potencialidades organizativas, no sólo por las peculiaridades que presenta este Tribunal desde el plano gubernativo y jurisdiccional (con importante estadística en temas de arbitraje, jurado y aforados), sino también por la necesidad de formar Sala con Magistrados distintos al instructor y la problemática de las sustituciones internas por diversos motivos justificados (permisos, licencias, bajas por enfermedad, posibles abstenciones de los nuevos Magistrados, etc.), que obligan en la actualidad a recurrir siempre a Magistrados integrantes de la Sala de lo Social o de lo Contencioso; es más, todo ello será también importante tenerlo en cuenta ante lógicas situaciones de imposibilidad para formar Sala cuando los recursos provengan del previsible destino anterior en Audiencias Provinciales de los nuevos integrantes de las Secciones de apelación penal. Y, del mismo modo, cuando deban ser sustituidos ante cualquier tipo de contingencia que determine su ausencia, deberán serlo por Magistrados con destinos en las Salas de este TSJ, de la misma sede, pertenecientes a otros ordenes jurisdiccionales.

E) La distancia para el justiciable o los profesionales no es una circunstancia ni argumento que, en este caso, pueda justificar el desplazamiento de la sede de las Secciones de apelación, pues el recurso de apelación penal que se ha instaurado es de tramitación escrita. Todas las actuales competencias de la Sala Civil y Penal – jurado, arbitraje, procesos penales de aforados, etc.- recogen una regulación procedimental que exige desplazamiento de las partes y profesionales hasta la sede del TSJA y vistas orales obligatorias ante la Sala. Por el contrario, esto sólo ocurrirá excepcionalmente en la regulación procesal de la segunda instancia penal, conforme al artículo 846 ter, párrafo tercero, LECriminal, que remite a las normas del procedimiento abreviado, el cual tiene tramitación exclusivamente escrita, salvo los casos limitados de admisión de prueba que requieran celebración de vista. No sólo eso, sino que se han introducido modificaciones hacia un sistema de apelación más restrictivo, de forma que para las partes acusadoras únicamente cabe la nulidad de la sentencia y, en tal caso, se devolverán las actuaciones al órgano que dictó la resolución recurrida (art. 790.2.2).

En este contexto, tampoco es baladí recordar que las nuevas aplicaciones informáticas y el nivel que está alcanzando el desarrollo del expediente digital en la Comunidad Autónoma permite transferir electrónicamente los asuntos, lo que que no justifica en absoluto la decisión inmediata de duplicar sedes de apelación penal en otras ciudades, cuando todo el procedimiento se podrá remitir y consultar de manera telemática, al tiempo que no se exige desplazamiento de las partes ni de los Letrados ni Procuradores.

F) También debe recordarse la importancia de valorar la incidencia en la Fiscalía Superior de Andalucía, cuya sede coincide con la de este TSJA, que se verá afectada claramente con una dispersión territorial de sedes para la segunda instancia penal, cuando, por el contrario, sus actuales recursos unificados (personales y materiales) están perfectamente preparados y diseñados para el conocimiento de estos recursos de apelación penal en la sede de la Sala Civil y Penal, junto al resto de actuales funciones de esta misma Sala.

La materialización del Acuerdo adoptado por al Sala de Gobierno, obligará, por tanto, a plantear de la misma forma la dispersión de la Fiscalía Superior, con el coste económico correspondiente.

G) No considero que pueda anteponerse a los razonamientos hasta ahora expuestos, “la legítima expectativa profesional de aquellos magistrados destinados en lugares distantes a la sede de Granada que, por el contrario, están cercanos a las sedes de Málaga o de Sevilla” o “la propia existencia de otras salas del TSJ en las sedes de Málaga y de Sevilla”. En el primer caso, porque una expectativa, aunque sea legítima y, por tanto, respetable, no deja de ser eso, una expectativa, que además es de índole estrictamente personal y entiendo que una decisión de esta trascendencia sólo puede basarse en necesidades de buen gobierno y en aras a una mayor eficacia en la prestación del servicio. Además, la creación de esas expectativas necesariamente implica la frustración de otras.

Tampoco la existencia de Salas ya desplazadas en este TSJA es un argumento que pueda servir, a mi juicio, para sostener el Acuerdo adoptado, puesto que las circunstancias que ahora concurren en cuanto al volumen de asuntos a conocer en apelación en el orden penal, no resiste comparación alguna con la sobrecarga existente en el momento en que crean las Salas desplazadas de lo Social y de lo Contencioso Administrativo. En esos casos, el volumen de asuntos sí aconsejaba la creación de sedes desplazadas y un número considerable mayor de magistrados, y así se hizo, mediante la oportuna previsión en la Ley de Planta y Demarcación judicial. Por otra parte, no es previsible que el registro en las Secciones de apelación llegue a ser equiparable al de las Salas desplazadas.

SEGUNDO.- En segundo lugar, el Acuerdo adoptado por la Sala de Gobierno es contrario a las demandas organizativas que se vienen planteando desde los distintos órganos de gobierno del Poder Judicial y a las propuestas que, de lege ferenda, vienen siendo objeto de debate en los últimos tiempos y que, en general, reclaman un cambio profundo en la organización judicial para optimizar nuestros recursos personales, con el consiguiente cambio de mentalidades, abriendo otras perspectivas de futuro. En esta línea, las palabras clave son concentración y colegiación, frente a dispersión e individualidad. Así, todas las novedosas propuestas organizativas buscan superar la actual atomización de la organización judicial, en aras a aprovechar los actuales recursos personales y las infraestructuras judiciales, pero con mayor eficiencia y eficacia.

Precisamente, los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, en su reunión del año pasado, alcanzaron por unanimidad dos conclusiones en este sentido: a) “replantearse la actual distribución territorial de órganos judiciales, para ajustarla a una realidad en la que la proximidad física de los Juzgados a los ciudadanos ya no sea el criterios fundamental de planificación”, b) “necesidad de reformar la estructura organizativa judicial hacia una colegiación de los órganos jurisdiccionales unipersonales con el fin de mejorar la distribución del trabajo y compartir recursos e información, reduciendo así los costes”.

Y, en igual sentido y orientación, deben citarse las propuestas de las últimas Jornadas nacionales de Jueces Decanos: 1.d) “mapa judicial. Concentración territorial. Las dificultades derivadas de la distancia entre sedes judiciales hoy son muy diferentes de las existentes hace 200 años y ello requiere redistribuir el mapa judicial y concentrar sedes. En suma, el concepto de “proximidad judicial” tiene ya poco que ver con la distancia física…”, 1.e) “Organización de los tribunales. Colegiación organizativa. Como medida complementaria de la anterior, es necesario cambiar el sistema de organización interno de los órganos judiciales superando el concepto de Juzgado-isla separado y numerado y tender a la nueva organización que suponen los Tribunales Colegiados, ya existentes en otros países…”

Por tanto, la medida que estamos cuestionando -constitución inmediata de dos Secciones de apelación desplazadas en el ámbito del TSJA-, está en contradicción con el sentido de las reformas organizativas de nuestra justicia, a que aspiran la mayor parte de los colectivos jurídicos, y que confluyen en la necesaria concentración territorial y la colegiación de órganos judiciales, que permitirían incrementar nuestros niveles de eficacia y la mejor optimización de ciertos órganos.

TERCERO.- En resumen, entiendo, y así quiero manifestarlo en este Voto Particular, que el desplazamiento de la sede de las Secciones de apelación penal del TSJA que propone la Sala de Gobierno: a) responde a lógicas e intereses de carácter local o territorial, más que a necesidades reales de organización judicial y optimización de recursos; b) constituirá un impedimento para la formación ordenada de un nuevo escalón intermedio de jurisprudencia penal, al disgregar territorialmente un órgano llamado a cumplir una función integradora y unificadora de criterios interpretativos de las normas penales; c) supondrá un gasto innecesario de recursos económicos, materiales y personales; y d) en todo caso, es una decisión precipitada, no necesaria en el momento actual.

Además, no parece conveniente por el momento la división territorial, ni distribuir de inmediato en varias sedes la competencia para conocer de recursos de apelación penal, porque ello genera un riesgo cierto de aparición de desequilibrios competenciales y situaciones disfuncionales en la organización y funcionamiento antes comentadas (por ejemplo, formar Sala, reuniones para unificación de criterios y coordinación prácticas procesales, sustitución entre magistrados titulares, regulación magistrados suplentes, abstención y recusación, etc.), sin olvidar la difícil determinación a priori de los concretos ámbitos territoriales competenciales, dentro de la actual circunscripción de la Sala Civil y Penal de este Tribunal Superior de Justicia.

En definitiva, la medida más idónea y razonable con carácter inmediato sería la constitución de Secciones de apelación en el seno de la Sala Civil y Penal de este TSJA, sin desplazamiento de su sede, fórmula que garantiza una mejor eficiencia y gestión de recursos en el comienzo de estas nuevas funciones de apelación, asegurando una unidad de criterio y seguridad jurídica, así como también un equilibrio competencial en la distribución de asuntos.

Todo ello, sin perjuicio de que pueda valorarse de futuro la conveniencia de desplazar alguna o todas las secciones de apelación, siempre que ello se vislumbre como solución ante las circunstancias concurrentes o para la mejora de la administración de la justicia. Así, incluso, lo asume, con carácter general, el propio Real Decreto 229/2017, al establecer que, transcurridos dieciocho meses desde su entrada en vigor, el Ministerio de Justicia efectuará un análisis de la evolución real de las cargas de trabajo y de las necesidades judiciales existentes a fin de valorar la necesidad de acordar, en su caso y previo cumplimiento de los trámites que procedan, la dotación de nuevas plazas de magistrado en las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia o la creación de nuevas Secciones de Apelación Penal.

Particípese el presente Acuerdo, junto con el voto particular formulado, al Consejo General del Poder Judicial para su conocimiento y efectos procedentes”, concluye el dictamen de Lorenzo del Río.

Suspendido un cabo de la Guardia Civil por imputar a un fallecido una multa de tráfico suya

Jorge Muñoz | 27 de abril de 2017 a las 14:32

La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ha confirmado la sanción de un año de suspensión de empleo a un Cabo primero de la Guardia Civil destinado en la Unidad de Tráfico de Herrera de Pisuerga (Palencia) que accedió a las bases de datos del Instituto Armado para imputar a una persona fallecida en accidente de circulación la responsabilidad de una de las dos multas que le impusieron por conducir a velocidad excesiva -161 km/h- su vehículo habitual, según ha informado el Alto Tribunal.La sentencia considera probado que el sancionado, que estaba de baja por enfermedad cuando ocurrieron los hechos, cometió una falta muy grave consistente en el abuso de atribuciones que cause grave daño a los ciudadanos o a la Administración –artículo 7.7 de la LO 12/2007 del régimen disciplinario de la Guardia Civil-.

Falta cometida, explica la sentencia, al utilizar de forma “indebida o abusiva” las facultades que como miembro del Instituto Armado tenía conferidas y que “no le otorgaban un poder omnímodo tanto en la prestación del servicio como en la utilización, dentro o fuera de este, de los medios públicos que se habían puesto a su disposición exclusivamente para desempeñar su trabajo”.

El cabo sancionado no pagó dos multas de tráfico por exceso de velocidad que le pusieron el 1 de diciembre de 2008 y el 15 de agosto de 2010, cuando conducía el vehículo que utilizaba habitualmente, cuya titularidad era de su esposa. Tras recibir la notificación de la incoación del expediente sancionador, imputó la responsabilidad derivada de una de dichas infracciones – la cometida a las 12.22 horas del 15 de agosto de 2010 en el km. 175 de la A-66, en sentido León, por circular a 161 km/h- a una persona fallecida en accidente de circulación el 3 de septiembre de dicho año, tal y como él mismo averiguó accediendo de forma indebida a las bases de datos ARENA y SIGO. De ese modo, consiguió que la denuncia se archivara.

Para el Tribunal Supremo, las atribuciones que los miembros de la Guardia Civil tienen legalmente confiadas deben utilizarse para las funciones propias del servicio y no deben emplearse para otras finalidades, incluidas las particulares, y menos aún para evitar el normal funcionamiento de la Administración sancionadora haciendo posible, a través de un desviado ejercicio de aquellas atribuciones, la mendaz imputación a un fallecido en accidente de tráfico de una infracción, eludiendo que la multa llegara a hacerse efectiva, sobre su persona o cualquier otra, por archivo del expediente sancionador.

En esa línea, la Sala Quinta afirma que, pese a que estaba de baja para el servicio, se valió de su posibilidad de acceder, en varias ocasiones y en cuanto miembro del Instituto Armado destinado en el Destacamento de Tráfico de Herrera de Pisuerga, a los datos reservados que se encuentran registrados en dichas bases de datos, en concreto a datos de personas fallecidas en accidentes de tráfico, a pesar de no estar facultado para realizar esas consultas, ya que en las fechas en las que se realizaron no estaba de servicio de atestados al estar de baja por enfermedad, y además, lo hizo para beneficiarse él o beneficiar a otra persona.

“En aquellas situaciones usó mal, de manera excesiva, impropia o indebida, para beneficio propio o ajeno, las facultades o poderes que le correspondían como miembro de la Guardia Civil y, más en concreto, como integrante de un Destacamento de Tráfico”, subraya la sentencia.

La sentencia explica que es evidente el grave daño ocasionado tanto a la Administración –que sufrió el perjuicio derivado de la falta de abono de la multa cuyo pago eludió para sí o para su esposa- y, en concreto a la Guardia Civil –que con su comportamiento vio públicamente empañada su imagen y aquilatado su prestigio con una actuación y unas prácticas contrarias a los más elementales deberes de integridad y dignidad de informar, y generalmente informan, la conducta de los miembros del Instituto Armado-, como a unos ciudadanos, habida cuenta del innegable daño moral sufrido por los familiares, en particular los padres y hermana, del fallecido al que el sancionado imputó falsamente la infracción de tráfico, y que tuvieron que prestar declaración en el procedimiento sancionador.

El comportamiento sancionado, afirma la sentencia, “denota una extrema ausencia de fiabilidad, honradez y dignidad, pone en entredicho la confianza que la ciudadanía ha depositado secularmente en el Cuerpo de su pertenencia en razón del impecable comportamiento que, en su inmensa mayoría, han mantenido y mantienen sus integrantes y hace a su autor radicalmente incompatible con el desempeño de funciones públicas y, por ende, con la permanencia en la Guardia Civil”.

Por todo ello, la Sala de lo Militar desestima el recurso de casación interpuesto por el agente sancionado y confirma la sanción de un año de suspensión de empleo con los efectos previstos en el artículo 13 de la LO 12/2007 del régimen disciplinario de la Guardia Civil, salvo en lo que se refiere a la pérdida de su actual destino, y sin que pueda solicitar nuevo destino en la Agrupación de Tráfico o en la demarcación territorial del Subsector de Tráfico de Palencia durante dos años.

Sin embargo, sí modifica los hechos probados de la sentencia recurrida que refieren que el guardia civil imputó ante la Dirección General de Tráfico la responsabilidad de dos infracciones a personas fallecidas en accidentes de circulación y que las mismas se archivaron.

A este respecto, señala que de las pruebas existentes sólo está probado que actuó de ese modo en una de las dos multas –la cometida a las 12.22 horas del 15 de agosto de 2010, fecha en la que estaba libre de servicio, en el km. 175 de la A-66, en sentido León, por circular a 161/km/hora- y que ésta se archivó por la causa citada.

Lopera y el escáner

Jorge Muñoz | 23 de abril de 2017 a las 2:00

Lopera a su llegada a la Audiencia de Sevilla.

Lopera a su llegada a la Audiencia de Sevilla.

Decía en esta misma sección la semana pasada que el escáner y el arco detector de metales de los juzgados son la puerta de entrada a un mundo desconocido, lo que generaba que se produjeran numerosas escenas divertidas y anecdóticas. Esta semana se inició el juicio por el denominado caso Betis, la presunta apropiación indebida que se atribuye al que fuera mandatario bético Manuel Ruiz de Lopera, quien acudió a la Audiencia de Sevilla para asistir a la primera sesión del juicio, en la que se plantearon las cuestiones previas por parte de las defensas de los ocho procesados.
La llegada de Lopera a la sede de la Audiencia de Sevilla provocó una gran expectación mediática. Eran numerosos los periodistas, reporteros gráficos y cámaras de televisión los que aguardaban al ex dirigente verdiblanco. Tras pasar la barrera mediática, Lopera, que no era la primera vez que entraba en una sede judicial, se topó con el control de seguridad. Guardias civiles y vigilantes de seguridad, y cómo no, con el escáner y el arco detector de metales.
Lopera estaba haciendo cola, como los restantes ciudadanos, y cuando le llegó el turno, lanzó una pregunta a los funcionarios:
–¿Qué tengo que hacer para pasar?
–Suelte usted todo lo metálico que lleve encima: monedas, teléfono, reloj, … –respondieron los funcionarios.
Pero antes de que terminaran de repetir la retahíla de objetos que pueden hacer que el escáner pite –y que suelen pronunciar en numerosas ocasiones a lo largo de la mañana–, Lopera cogió y comenzó a quitarse la chaqueta con la intención de introducirla en el escáner.
–¡Don Manuel, no se quite usted la chaqueta! ¡Que lleva al Gran Poder, no vaya a meter al Señor por el escáner! –replicó el atento funcionario.
Y es que, como es habitual en el ex mandatario verdiblanco, esa mañana llevaba en las solapas de su chaqueta dos pines de sus dos grandes pasiones: el señor del Gran Poder y el Real Betis.
Lopera se echó a reír ante el comentario que le hizo el funcionario de la Audiencia de Sevilla, pero al final pasó la chaqueta –y con ella el pin del Gran Poder– por el escáner.
No cabe duda de que el ex dirigente del Betis es un personaje singular de Sevilla y del mundo del fútbol, que no deja indiferente a nadie. Lo mismo provoca simpatías que repulsas, pero de lo que no cabe duda es de su ingenio y chispa.
A su llegada a los juzgados y, probablemente desatendiendo las recomendaciones de su plantel de abogados del bufete Montero-Aramburu, Lopera no dudó en atender a la prensa.

Además se mostró “tranquilo” porque “no ha hecho nada malo”. Y luego, como no podía faltar, se encomendó de nuevo al Señor de Sevilla, tras recordar su actuación con el Betis en 1992. “Lo salvé de la muerte y encima me han correspondido con este castigo, pero Dios está arriba y no tengo nada que temer. Me he encomendado en este juicio a mi Gran Poder de mi alma, al que visito todas las semanas; también a mi Cautivo, que también lo visito todas las semanas, y a mi Macarena. Lo único que quiero, Padre Mío, es que digan la verdad… que Tú obres con la verdad”, aseveró el ex mandatario verdiblanco.
Todo esto en la primera sesión de un juicio que no ha hecho nada más que comenzar y del que se han programado 24 sesiones entre los meses de junio, julio, septiembre –para en agosto por las vacaciones– y octubre.
Todo apunta a que Lopera dará grandes tardes, o mañanas, en este juicio, en el que ya se aguarda con expectación el momento de su declaración, previsto inicialmente para el próximo 5 de junio, dado que ahora sólo se están tramitando las cuestiones previas al inicio de la vista oral. Y todavía, según algunos, habría incluso posibilidad para tratar de negociar un acuerdo in extremis con la Fiscalía y las acusaciones particulares que evite el proceso, aunque a priori parece imposible porque para ello Lopera tendría que reconocer la comisión de algún delito que hasta este momento ha venido negando con rotundidad. Aunque para eso está el aforismo que reza que más vale un mal acuerdo que un buen pleito.

 

VISTO PARA SENTENCIA

 

La juez Alaya respalda de nuevo a la UCO

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*La magistrada de la Audiencia de Sevilla Mercedes Alaya ha vuelto a respaldar la actuación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, con la que mantuvo una estrecha colaboración en su estapa de instructora de las macrocausas. Ahora en la Audiencia y apartada de los ERE y de los otros macroprocesos, la juez que ha sido designada como ponente para resolver los recursos en la investigación del concurso para la reapertura de la mina de Aznalcóllar, ha confirmado la decisión de la instructora de autorizar la entrega y volcado de miles de correos electrónicos de tres altos cargos y 12 funcionarios que intervinieron en el proceso administrativo. Para Alaya, en una postura secundada por otros tres magistrados de la Sala, la entrega de los correos no supone una investigación “prospectiva” ni indiscriminada, como habían denunciado las defensas. Aun así, veremos como estos correos van a ser una mina de información en manos de la UCO.

 

El caso de los ERE acumula ya 345 tomos

La juez María Núñez Bolaños

La juez María Núñez Bolaños

*La macrocausa de los ERE que ahora investiga la juez María Núñez Bolaños sigue sumando miles de folios por momentos. Esta misma semana, el juzgado ha abierto el tomo 345. Sí, no es una errata tipográfica. La macrocausa principal (las diligencias 174/2011) de la que se han ido separando las distintas piezas, una por cada una de las ayudas, tiene ya 345 tomos, lo que traducido en folios son decenas de miles.

El escáner

Jorge Muñoz | 16 de abril de 2017 a las 2:00

ESCANER JUZGADO

El escáner y el arco detector de metales suele ser el primer contacto de los ciudadanos con la Justicia. Son miles los que entran a diario en las sedes judiciales. El pórtico de acceso a un mundo desconocido que, para muchos, causa como mínimo incertidumbre, desazón y hasta en algunos casos una angustia kafkiana similar a la que José Luis López Vázquez mostró magistralmente en su interpretación en La cabina (Antonio Mercero, 1972).

Y el hecho de acceder a esos edificios, muchos todavía lúgubres, provocan un sinfín de situaciones anecdóticas, muchas de las cuales son del todo ciertas, verídicas –como diría aquél maestro del humor–, aunque parezcan en ocasiones increíbles. El desconocimiento, la incertidumbre y los nervios de entrar en ese otro mundo, hacen el resto.
Hace unos años trascendió el caso de una señora mayor que, cuando llegó por primera vez a un juzgado, fue recibida como sucede a diario por los agentes y vigilantes de seguridad que hay en las sedes judiciales. Estos le indicaron a la mujer que pasara “sus cosas” por el escáner. Y la mujer cumplió, vaya si cumplió. Cuando los vigilantes se dieron cuenta, la anciana estaba subida a cuatro patas sobre la cinta transportadora de la máquina y dispuesta para atravesar esas cortinillas de plástico que cubren el acceso a la misma.
–Señora….!!! Usted no…! Son sus pertenencias las que tiene que pasar por el escáner –exclamaron los vigilantes para evitar una desgracia mayor.
Todo quedó en un susto. Eso ocurrió ya hace unos años, cuando los ciudadanos estábamos menos acostumbrados a la presencia de los escáneres. Sin embargo, lo llamativo es que estos aparatos sigan siendo un caldo de cultivo para las situaciones divertidas. Y si no, sigan leyendo.
Hace unos meses, una mujer joven, de unos 20 años, llegó al viejo edificio de los juzgados del Prado de San Sebastián. Mujer joven y con minifalda ceñida. Y con un cinturón metálico, de esos que a simple vista se ve que van a hacer sonar la máquina.
Los vigilantes, como hacen con todos los ciudadanos que llegan a esta sede, le piden que se quite el cinturón antes de pasar por el arco detector de metales. Y es aquí cuando se produce la sorpresa. Sin dar tiempo de reacción a los vigilantes, la chica se desprende de la estrecha y muy corta minifalda –cinturón metálico incluido– y se queda con unas medias ligeras que mostraban toda su ropa interior y el color de la misma. Sin titubear, la joven pone la minifalda en la cinta del escáner y, una vez atravesada, vuelve a ponerse la ropa.
En este caso, la mujer fue tan rápida al quitarse la ropa, que los vigilantes no tuvieron tiempo de indicarle que no era necesario que se desnudara. Cuando estaban explicándole que debía de quitarse el cinturón, la chica ya se había quitado la minifalda a toda prisa. Visto y no visto.
A la chica no le resultó embarazoso quitarse la prenda, lo pasaron peor los vigilantes de los juzgados, entre los que hay hombres y mujeres, que se quedaron con la boca abierta por completo ante la reacción de la joven.
Algo parecido sucedió con otra mujer que llegó a los juzgados para hacer una gestión. En este caso, la sorpresa se produjo al decirle los vigilantes que colocara todos los objetos metálicos que llevara en una bandeja antes de pasar el arco detector. La mujer se dio la vuelta, colocándose de espaldas a los funcionarios y comenzó a manipular su vestido, a la altura del pecho.
Los agentes no sabían qué estaba haciendo la mujer hasta que comprobaron, al darse la vuelta, que se había arrancado literalmente los aros metálicos del sujetador que llevaba y los había puesto sobre la cinta del escáner. ¡Eso sí que es cumplir a rajatabla la orden de quitarse todos los objetos metálicos!
Pero aún hay más. Después de haber presenciado escenas como la descrita anteriormente puede decirse que los vigilantes de seguridad de los órganos judiciales están curados de espanto. O no.
Otra mujer llegó a una sede judicial y la historia parece repetirse. A la primera advertencia de que debe quitarse todos los objetos metálicos que lleve encima, la mujer informa los vigilantes.
–Llevo un DIU –comentó con absoluta normalidad la joven mientras se echaba mano a la portañuela de su pantalón….
–¡No por Dios! ¡No es necesario que muestre nada! Sólo llaves, reloj, etc. –se apresuraron los vigilantes a responder, sabedores por experiencia de que el público es capaz de cualquier cosa cuando se enfrentan al escáner de los juzgados.
Afortunadamente, la chica retiró la mano del pantalón y atendió el requerimiento de los agentes, que ya veían que la cosa podía desmadrarse. Éstas son sólo algunas de las situaciones divertidas que se producen a diario en nuestros juzgados y tribunales, y de la que son testigos directos los propios funcionarios.

 

VISTO PARA SENTENCIA

A vueltas con la procesión de la vagina

*La Audiencia de Sevilla ha reabierto recientemente la causa contra tres mujeres que intervinieron en la procesión de la vagina de plástico. La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha revocado el auto de archivo dictado por el juzgado de Instrucción número 10, al estimar el recurso de la asociación de Abogados Cristianos y entender que los hechos que ocurrieron en la manifestación del 1 de mayo de 2014 pueden constituir un delito contra los sentimientos religiosos. El magistrado ponente del recurso, Luis Gonzaga de Oro-Pulido, explica en el auto que no puede descartarse que los hechos integren este delito, porque la conducta de las tres investigadas “se realiza de palabra y con publicidad y, además, constituye un escarnio al dogma de la santidad y la virginidad de la Virgen María (profiriendo frases como ‘La Virgen María también abortaría’, llevando un palio con una imagen, de gran tamaño, del órgano genital femenino, con una especie de mantilla y corona, como si se tratara de la Virgen María, y usando oraciones como el Ave María, con expresiones de contenido sexual, soeces y ofensivas)”. El juez también aprecia una “mofa del rito religioso de las procesiones de Semana Santa; así como una vejación a quienes profesan la religión católica utilizando el Credo con expresiones de contenido sexual, vejatorias y humillantes”. Y todo ello, lleva al tribunal a afirmar que no se puede descartar la “intención de ofender los sentimientos religiosos de los católicos a la vista de la naturaleza y contenido de los actos realizados y a su contenido humillante e hiriente que hace difícil que no concurra ese ánimo de ofensa”.

Las sobrecomisiones, la pieza más numerosa
*La juez María Núñez Bolaños, que investiga el escándalo de los ERE, ha ampliado a 38 personas el número de imputados en la pieza separada relativa a las sobrecomisiones pagadas en las pólizas con las que se financiaban las ayudas para los trabajadores afectados por los ERE. De esta forma, la pieza de las sobrecomisiones se convierte en la más númerosa de todas las que están bajo investigación, superando incluso la del denominado “procedimiento específico”, en la que están procesadas 25 ex altos cargos, entre ellos los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Lo que aún no está claro es si la Audiencia de Sevilla dispone de una sala para albergar a un número de acusados tan elevado o si habrá que buscar una sede provisional en otro edificio.

 

El matrimonio de conveniencia no es delito si no hay ánimo de lucro ni falsedad documental

Jorge Muñoz | 12 de abril de 2017 a las 13:27

matrimonio

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha anulado la condena de 2 años de prisión que la Audiencia de Barcelona impuso a una pareja al considerar que se casaron por conveniencia (para lograr la legalización de la situación en España del hombre, de nacionalidad dominicana), y que por tanto su matrimonio era “mendaz” e “inexistente”, de lo que se derivaban delitos de falsedad y contra los derechos de los trabajadores extranjeros. El Supremo absuelve a los dos acusados de ambos delitos, y recuerda que el matrimonio de complacencia o conveniencia, de acuerdo a la legislación española, sólo puede acarrear sanciones administrativas o derivar en un ilícito civil pero no penal, si no media ánimo de lucro y no existe usurpación de estado civil o falsedad documental previa, ha informado el Alto Tribunal hoy.

En el caso examinado, la Audiencia de Barcelona condenó por delito continuado de falsedad documental y delito contra los derechos de los trabajadores extranjeros a una pareja, ella dominicana con DNI español, y él dominicano, que celebraron matrimonio religioso en España en julio de 2009, un enlace que, según los hechos probados en la sentencia de la Audiencia barcelonesa, fue “contraído de forma simulada y por lo tanto inexistente” con la única finalidad de legalizar la situación del hombre, e inscrito de forma “mendaz” en el Registro Civil.

La Audiencia explicaba que ambos hacían vidas separadas cada uno con su pareja verdadera y sus hijos respectivos, ella residiendo en Montcada i Reixach y él en Santa Coloma de Gramanet. El matrimonio de conveniencia habría servido además para las declaraciones realizadas en el expediente con el que obtuvieron las tarjetas de residente familiar comunitario de dos hijas del acusado, que habría intentado una gestión similar respecto a su padre.

El Supremo, en sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Andrés Palomo del Arco, destaca en primer lugar que la jurisdicción penal no tiene competencia para pronunciarse sobre la validez del matrimonio, por lo que la referencia de la Audiencia de Barcelona a que el citado enlace fue inexistente o nulo debe suprimirse. Para ello, la Ley requiere una previa declaración de nulidad dictada por un juez civil en sentencia firme, que no concurre en este caso, ni la inscripción registral recoge datos falsos o inauténticos, porque el acta matrimonial es genuina, su data correcta y recoge un acto (la ceremonia del matrimonio) objetivamente celebrado.

En cualquier caso, la sentencia indica que, de acuerdo a su jurisprudencia, los matrimonios de complacencia, los matrimonios interesados o los matrimonios de conveniencia no pueden dar lugar a delito de falsedad, ni en el celebrante ni en los contrayentes, aunque uno y otro conozcan y consientan las particularidades del acuerdo, del interés o de la ventaja que se quiere obtener con tal unión, pudiendo tratarse de un ilícito civil con consecuencias civiles y matrimoniales, mas nunca llegar a la incriminación de tal conducta en el contexto del Código Penal (sentencia 1004/1997, de 9 de julio).

Recoge la sentencia que de los varios centenares de matrimonios de complacencia de los que la Fiscalía especializada en extranjería tiene noticia cada año, salvo usurpación de estado civil o falsedad documental previa, ninguno origina diligencias penales por falsedad documental ideológica en el único sustento de ser el consentimiento otorgado por mera conveniencia o complacencia.

Sobre este mismo aspecto, recuerda además que la Circular de la Fiscalía General del Estado 1/2002, de 19 de febrero, sobre aspectos civiles, penales y contencioso-administrativos de la intervención del Fiscal en materia de extranjería, sólo contempla actuación del Ministerio Fiscal ante los matrimonios simulados en el ámbito civil, en forma preventiva y si ya se hubiese inscrito el matrimonio, a través del ejercicio de la acción de nulidad ante la jurisdicción civil. Sólo cabría la deducción de testimonio a un juzgado penal una vez hubiese sido declarada previamente la nulidad del matrimonio por simulación en el ámbito civil.

TAMPOCO DELITO DE MIGRACIÓN

En cuanto al delito contra el derecho de los trabajadores, el Supremo subraya que desde la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2015, la acusación que impute el delito del artículo 318 bis 1 del Código Penal habrá de identificar, no solamente la conducta probada, sino la concreta infracción administrativa y la razón por la que ésta adquiere relevancia penal más allá de una antijuridicidad meramente administrativa. Y en autos, ninguna entrada (o tránsito) ilegal se describe y en todo caso, dada la relación familiar directa, con finalidad exclusiva de reagrupación familiar, la hija de muy corta edad y el padre del coacusado, concurre de modo inequívoco la excusa absolutoria de ayuda humanitaria, que excluye la punibilidad. Tampoco existe el ánimo de lucro que exige el artículo 318 bis 2 cuando se da ayuda para permanecer en España.

La Sala añade que cuando el matrimonio de conveniencia o reconocimiento de un niño, con el fin de de obtener o hacer obtener un título de residencia, evitar la expulsión, de adquirir o hacer adquirir la nacionalidad, quiere sancionarse en todo caso, surge la necesidad de tipificarse específicamente, como ocurre en Francia, Bélgica o Portugal.

En España, indica el Supremo,“nuestro legislador ha optado por considerar ilícito administrativo, contraer matrimonio, simular relación afectiva análoga o constituirse en representante legal de un menor, cuando dichas conductas se realicen con ánimo de lucro o con el propósito de obtener indebidamente un derecho de residencia, siempre que tales hechos no constituyan delito, sancionado como infracción grave con multa de 501 hasta 10.000 euros, en adecuada proporcionalidad que solo deviene penalmente típico, cuando en la ayuda a permanecer en España, media ánimo de lucro”.

Más fricciones por los ERE

Jorge Muñoz | 11 de abril de 2017 a las 2:00

Juzgados del Prado Movida por el caso de los ERE  Habra que estar hasta las doce y algo para hacer varias cosas, incluido fotos a la juez Maria Nu?ez Bola?os para renovar el archivo

La juez María Núñez Bolaños sale de los juzgados de Sevilla.

El desencuentro cada vez más patente entre la juez de los ERE, María Núñez Bolaños, y los fiscales delegados de Anticorrupción, amenaza con convertirse en todo un culebrón. Y por capítulos. Si hace tan sólo unas semanas la Fiscalía Anticorrupción cargaba contra la instructora por usar argumentos sociales y “no jurídicos” a la hora de archivar la causa contra uno de los denominados intrusos, los representantes del Ministerio Público han vuelto a cuestionar una decisión de la instructora.
Esta nueva fricción se produce con motivo de una providencia dictada por la juez Bolaños el pasado 30 de marzo, en la que solicitaba a la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla que remitiera una “copia testimoniada” de todas las resoluciones que se dicten en relación con los recursos presentados en la denominada “pieza política” de los ERE, en la que se investiga el procedimiento específico que se implantó para la tramitación de las ayudas bajo sospecha y en la que están procesados los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán junto a otros 23 ex altos cargos de la administración autonómica.
En esa providencia, la juez motivaba la petición a la Audiencia de la entrega de esas resoluciones en tanto que “puedan afectar al curso del presente procedimiento”, en referencia a las diligencias 174/11, la causa matriz de los ERE de la que se han ido desgajando las diferentes piezas separadas para su enjuiciamiento por la Audiencia de Sevilla.
En el escrito presentado el pasado 5 de abril en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, los fiscales Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra plantean una aclaración a la magistrada.
En concreto, la Fiscalía “interesa que para un mejor entendimiento para todas las partes de los resuelto por la magistrada instructora se aclare el alcance de la afección que el dictado de resoluciones resolviendo recursos dictados” en las diligencias del procedimiento específico –“seguidas por hechos distintos, desgajados, de las presentes diligencias previas”–, puedan “tener sobre los hechos que aún siguen siendo objeto de las presentes”. Es decir, que los representantes del Ministerio Público no entienden la petición de la juez.
La respuesta de María Núñez Bolaños no se ha hecho esperar y, en otra providencia que ahora ha sido notificada, la instructora ha zanjado la cuestión al afirmar que la petición de que se le envíe una copia de los recursos “viene justificada por considerarlo útil e ilustrativo a la presente causa”.
No sabemos qué hará ahora la Fiscalía, si dará un paso más y recurrirá la providencia a la Audiencia, pero lo que sí evidencia este nuevo cruce de escritos es que las relaciones entre la instructora de la macrocausa y los fiscales del caso no parece que tiendan a normalizarse, sino todo lo contrario. El rifirrafe entre los fiscales y la juez continúa.

El agente fallecido

Jorge Muñoz | 9 de abril de 2017 a las 2:00

fotos de policias locales

Es la tabla de salvación de muchos imputados o ahora llamados investigados. No hay nada como un fallecido en una causa judicial como para aclarar las ideas del resto de investigados y centrar todas las sospechas y la comisión de los delitos en el muerto, quien evidentemente ya no puede ser juzgado ni puede defenderse de los ataques de los vivos, aunque tampoco es que le vaya a importar mucho a estas alturas. Tanta paz lleves como descanso dejas, como diría alguno. La historia judicial está repleta de antecedentes de “culpar al muerto”, como ocurrió en el denominado caso Ollero y el cobro de comisiones por las obras públicas en maletines (antes no se usaban tanto los paraísos fiscales y las cuentas opacas en bancos internacionales, sino que se recurría al metálico).
Algo parecido ha ocurrido con el sumario en torno a la trama para el cobro de tasas ilegales relacionadas con los transportes especiales y para la retirada de multas a cambio de dinero. En octubre del año pasado, la juez de Instrucción número 8 de Sevilla, Reyes Flores, decidió dar carpetazo a esta investigación que se inició en 2010 y en la que figuraban como imputadas 17 personas, de las cuales 12 son policías locales (dos subinspectores, un subinspector ya jubilado, y nueve agentes, ente ellos, uno jubilado) que pertenecen o habían pertenecido a la unidad de Tráfico-Motoristas, mientras que las otras cinco son un tramitador de documentos administrativos y cuatro trabajadores de las empresas de grúas.
En esta investigación había otro policía local más imputado, pero falleció durante la instrucción, al igual que le ocurrió a la magistrada que entonces dirigía el juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla, lo que ralentizó aún más esta investigación que data de 2010.
La muerte del “cabecilla” de la trama, según explicó en su momento la instructora, fue uno de los elementos que determinaron el sobreseimiento de la causa.
Pero la Fiscalía de Sevilla recurrió este archivo considerando que al menos en la cuestión de los servicios especiales y las tasas no cobradas por el Ayuntamiento –quien por cierto dio por bueno el archivo de la causa–, sí se había cometido un delito de cohecho.
La juez Reyes Flores ha vuelto ahora a dictar un auto, en el que rechaza el recurso de reforma del Ministerio Fiscal y confirma el archivo de la causa porque, sostiene, “no se derivan de la instrucción practicada indicios suficientes” del delito de cohecho imputado a los policías y a las persona físicas.
Dice la instructora que la conducta que “más claramente resultaba, en la investigación policial, encuadrable en su caso” en la figura del cohecho es precisamente la del agente fallecido, “que pudiera entenderse que recibía dinero a cambio de realizar trabajos no sólo en su horario de descanso, para la empresa Grúas Lozano, sino que incluso convencía o presionaba a otros agentes para que le prestasen auxilio”.
La magistrada recuerda que “no se ha podido completar la instrucción a este respecto, dado el fallecimiento del mismo, sin que puedan determinarse hechos concretos, actuaciones con tales componentes objetivos y subjetivos, que sirvan de base a la formalización de una imputación para la continuación del procedimiento”.
En el auto, recuerda la declaración de varios de los imputados, como un gestor que afirmó que la expresión relativa a que se repartían el dinero entre los agentes “era una broma” y que la multa de la que hablaban no fue finalmente recurrida.
Otro de los agentes imputados declaró que nunca tuvo ninguna comunicación verbal ni por escrito de ningún agente por las presuntas irregularidades en el tema de las multas, si bien reconoció que cuando otro policía denunció la pérdida de algunas denuncias, “él puso orden pasando todas las denuncias de la oficina a un cajón con llave de su despacho” y asegurando que finalmente se tramitaron “todas”.
Los testigos, prosigue la juez, únicamente refieren “elementos indiciarios en cuanto a las noticias de que desaparecían boletines de denuncia, que alguno de ellos lo comunicó a los mandos y que se adoptaron medidas, mas no introducen elemento alguno relativo a la autoría de tales hechos”.
Sobre la aplicación de la ordenanza fiscal por servicios especiales, en cortes de calles y acompañamientos de transportes especiales, que se tramitaban mediante los papeles de pago de tasa que se gestionaban en la propia unidad de Tráfico o a través de valoraciones emitidas por la unidad de operaciones, la juez recuerda que el agente encargado de efectuar la liquidación de esos pagos declaró que fue el policía fallecido “quien elaboró e imprimió los nuevos modelos para el cobro de tasa” y añadió que dicha liquidación la podía hacer cualquiera cuando él estaba fuera de la oficina.
Otro agente negó que trabajara para el agente difunto, “de quien sabía que trabajaba para Grúas Lozano, ignorando que su actuación fuese irregular”. También alude la juez al gerente de la empresa de grúas, quien dijo que el fallecido trabajaba en la entidad “antes de llegar él y era este agente quien hizo constar los conceptos de gratificaciones a cobrar que se incluían en consecuencia por su empresa en los costes presupuestados”.
Otro policía reconoció haber prestado servicios encargados por el difunto, pero alegó que desconocía que fuesen “incompatibles con su labor profesional” y añadió que a veces recibió del mimo pequeñas cantidades, de unos “30 o 40 euros”, pero lo hizo “siempre sin uniforme y en su tiempo libre”, algo que en lo que también coincidieron otros dos imputados.
Y otro de los agentes aseguró que fue él quien elaboró una propuesta de protocolo para unificar los acompañamientos de transportes especiales, que se aplica desde enero de 2008, aunque no con referencia al pago de las tasas.
En el anterior auto, el dictado en octubre pasado, la juez explicó que aunque la “prolija investigación” realizada por el extinto Grupo Especial de Policía Local (Gepol) arrojó “indicios aislados, hechos concretos y noticias sobre posibles actuaciones de los agentes implicados a cambio de dinero, no ha podido precisarse transacción económica o entrega alguna; quizás esencialmente motivado por el fallecimiento del principal encausado, a cuyas órdenes e incluso bajo cuya presión, actuaban en su caso los agentes imputados”.
Lo dicho. No hay nada que no pueda arreglar en una investigación un imputado fallecido…

El Supremo rechaza revisar las sentencias firmes dictadas antes de la doctrina europea de las cláusulas suelo

Jorge Muñoz | 5 de abril de 2017 a las 12:38

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La Sala Primera del Tribunal Supremo, en un auto del que ha sido ponente el magistrado Rafael Sarazá Jimena, ha inadmitido a trámite una demanda que pretendía revisar la sentencia firme dictada por el Juzgado de 1a Instancia número 1 de Torremolinos (Málaga) en octubre de 2016, según ha informado hoy el Alto Tribunal.

Los demandantes alegaban que la sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de diciembre de 2016, sobre los efectos restitutorios de la nulidad de la «cláusula suelo», es un documento que debe permitir la revisión de la sentencia firme anterior en la que solo se condenó a la restitución de lo indebidamente pagado tras la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013.

No es la primera vez que se plantea la cuestión de los efectos que produce una sentencia del TJUE sobre las sentencias firmes anteriores de los tribunales nacionales, pero sí es la primera vez que se ha planteado con relación a los efectos restitutorios de la nulidad de una cláusula suelo.

El tribunal ha considerado que, de acuerdo con su jurisprudencia, no es posible obtener la revisión de una sentencia firme por el hecho de que una sentencia posterior establezca una jurisprudencia que sea incompatible con los argumentos que fundamentan el fallo de la sentencia anterior. Esa sentencia posterior no es un «documento» a efectos de lo previsto en la regulación de las demandas de revisión en la Ley de Enjuiciamiento Civil, precisa el fallo.

Por otro lado, nuestro ordenamiento jurídico preserva la firmeza de las sentencias frente a modificaciones posteriores de la jurisprudencia, adoptadas por propia iniciativa del Tribunal Supremo o impuestas por la doctrina sentada en las resoluciones del Tribunal Constitucional, y sólo permite, tras la reciente reforma de la Ley Orgánica 7/2015, la revisión de una sentencia civil firme en ciertos casos excepcionales cuando una sentencia del TEDH declare que dicha sentencia ha sido dictada en violación de alguno de los derechos reconocidos en el CEDH.

El tribunal ha aplicado la jurisprudencia del TJUE, que ha reconocido la importancia del principio de cosa juzgada tanto en el ordenamiento jurídico de la Unión como en los ordenamientos jurídicos nacionales, pues garantiza tanto la estabilidad del Derecho y de las relaciones jurídicas como la recta administración de la justicia. La aplicación de los principios de efectividad y equivalencia no determina en estos casos la revisión de las sentencias firmes por el hecho de que con posterioridad se haya dictado una sentencia por el TJUE que siente una doctrina incompatible con la de la sentencia firme del tribunal nacional.