Dando la cara

Jorge Muñoz | 14 de diciembre de 2017 a las 2:00

 

COMIENZA JUICIO DE LOS ERE CONTRA 22 EX ALTOS CARGOS GOBIERNO ANDALUZ

Nadie les ordenó que se sentarán en primera fila. Podían haber optado por tratar de pasar más desapercibidos ocupando la segunda o la tercera fila, pero no quisieron. A muchos se les vino a la cabeza la comparación de la imagen del banquillo de los ERE con la del juicio por el caso Nóos, con la Infanta Cristina en las últimas filas, compartiendo banco con los otros acusados.
Los ex presidentes Chaves y Griñán entraron ayer los primeros en la sala de vistas, acompañados de sus abogados, y de motu proprio ocuparon el lugar central del banquillo, en la primera fila. La que acapara todas las fotografías del pool que ofreció la agencia Efe, fijado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), y de las imágenes institucionales que difunde Canal Sur televisión. Chaves y Griñán no se ocultaron, mostraron su valor al exponerse, una vez más, como la diana en cuyo centro los situó la incansable juez Mercedes Alaya aquella mañana del 10 de septiembre de 2013. Ese día, en pleno acto de toma de posesión del gobierno de Susana Díaz, la instructora hizo público el auto en el que preimputaba a los ex presidentes en la macrocausa de los ERE, iniciando de esta forma el peculiar calvario de Chaves y Griñán y del resto de procesados que ayer asistieron a un nuevo episodio de este tortuoso proceso judicial que se prolonga desde hace ya casi siete años.

COMIENZA JUICIO DE LOS ERE CONTRA 22 EX ALTOS CARGOS GOBIERNO ANDALUZ

Los ex presidentes estuvieron escoltados en el banquillo, cual fiel guardia pretoriana, por cinco de sus más estrechos colaboradores, todos ex consejeros: Zarrías, Viera, Aguayo, Álvarez y Vallejo. Sólo quedó fuera de ese exclusivo club –la verdad es que tampoco había más sillas en la primera fila–, el ex consejero Antonio Fernández, otro de los sospechosos habituales que Alaya primero y luego María Núñez Bolaños fueron imputando sucesivamente en cada una de las 200 piezas en las que se troceó la macrocausa de los ERE, hasta que la Audiencia de Sevilla acordó un salvoconducto procesal y decidió que los ex altos cargos sólo se someterán a un único juicio, en aplicación del principio legal non bis in ídem. Fernández se situó en la segunda fila, muy próximo a los ex presidentes, y al que fuera su estrecho colaborador Javier Guerrero, el principal imputado del caso, que se situó justo detrás de Chaves. El juicio aumentará en interés una vez que acaben las cuestiones previas y comiencen las declaraciones de los acusados.

Mucho más que una mera molestia

Jorge Muñoz | 10 de diciembre de 2017 a las 2:00

El derecho al descanso es cada vez más reconocido por los jueces andaluces. Como en otros ámbitos de la vida o de la política, la Justicia se ha convertido también en la última barrera contra la dejadez de las instituciones públicas, sobre todo los Ayuntamientos, en materia de contaminación acústica y los excesos de los locales destinados al ocio nocturno. Una juez de Utrera, Irene de Alarcón Alonso, acaba de dictar una sentencia, en materia civil, en la que condena al propietario de un bar de música ubicado en una localidad de la comarca de Utrera a indemnizar con 30.000 euros a dos familias por el moral causado por el establecimiento, que prolongaba su actividad hasta altas horas de la madrugada –más allá en muchas ocasiones del horario de cierre establecido– y contaba incluso con un tablao flamenco y máquinas recreativas como un billar y un futbolín, con los consiguientes ruidos que las mismas pueden generar.
La sentencia del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Utrera recoge que los vecinos soportaron durante más de tres años (desde 2006 a 2009)las molestias del bar musical instalado junto a sus viviendas, lo que provocó que presentaran numerosas denuncias y quejas, no sólo ante la Policía Local y el Ayuntamiento, sino también ante la Junta de Andalucía y el Defensor del Pueblo andaluz.La juez señala que el contenido de esas denuncias permite “concluir claramente sobre la efectiva desesperación y desasosiego de los actores ante las continuas molestias percibidas por la actividad desarrollada en el bar, no apreciándose en modo alguno que las insistentes quejas y denuncias formuladas por los mismos resulten fruto de una mera invención, obedezcan a un simple capricho o respondan a motivos espurios”.
Los vecinos denunciaban el incumplimiento sistemático del horario de cierre, la aglomeración y bullicio de los clientes en las puertas del local hasta altas horas de la madrugada, la utilización de equipos de reproducción musical a gran potencia sin estar activado el limitador de sonido, ruidos de impacto procedentes del arrastre de sillas y mesas, golpes con vasos y la utilización de máquinas recreativas –sobre todo un futbolín y un billar–, así como de un tablao donde ser realizaban actuaciones musicales en directo.
Los dueños del bar –fueron demandados dos, porque hubo un traspaso de la actividad– negaron la inmisión acústica y formularon lo que se denomina una demanda reconvencional en la que reclamaban a los vecinos afectados una indemnización de 19.159,38 euros en concepto de daños y perjuicios, por el supuesto lucro cesante y los daños morales causados, dado que alegaban que habían perdido clientela como consecuencia de las denuncias vecinales. Esta indemnización ha sido descartada rotundamente por la juez, que insiste en que las denuncias no fueron “ni caprichosas ni infundadas”, habiéndose limitado a denunciar los excesos de ruido procedentes de la actividad del local.
Lo paradójico es que la sentencia se ha dictado ocho años después de que se denunciaran los hechos –por la histórica saturación que tienen los juzgados de Utrera–, cuando ni los vecinos residen ya en la urbanización y el bar cerró en diciembre de 2009.
En el fallo, la magistrada recoge los testimonios de varios agentes de la Policía Local, que señalaron que había más vecinos que se quejaban de los ruidos y que corroboraron que los mismo se emitían en horarios entre las cuatro y las siete de la mañana, una vez cumplido el horario de cierre. Y también afirmaron que aunque normalmente “estaba echada la persiana”, sin embargo se escuchaba el ruido de la música y de la clientela dentro. Otras veces los clientes solían salir fuera del local a tomarse las copas y dejaban las puertas abiertas, percibiéndose el ruido de la música desde la calle al estar las puertas abiertas y la música “a tope”.
Los vecinos aportaron a la causa un informe pericial acústico que concluyó que en la vivienda se superaban los límites máximos permitidos en 12,6 decibelios, lo cual merece la calificación de “intolerable”, por cuanto los niveles de ruido “no son compatibles con el descanso ni la actividad normal de una vivienda”, considerándose “riesgo de grave perjuicio para la salud de las personas cuando los valores medios superen en más de seis decibelios los valores límites nocturnos de inmisión”. “Un ruido tremendo”y “una barbaridad” fueron las expresiones que utilizó el perito, máxime teniendo en cuenta que se trata de una zona residencial “especialmente silenciosa”.
La juez concluye que es evidente que los ruidos que sufrieron los demandantes “no pueden ser calificados como una mera incomodidad o una molestia tolerable en el contexto de una ordinaria relación vecinal”.

 

VISTO PARA SENTENCIA

Escandalosa actuación en la causa de los ERE 

La sala donde se celebrará el juicio de los ERE a los ex presidentes de la Junta Chaves y Griñán.

La sala donde se celebrará el juicio de los ERE a los ex presidentes de la Junta Chaves y Griñán.

*De esta forma es como puede definirse lo que ha ocurrido con las comisiones de servicio de dos magistradas que forman parte del tribunal que enjuiciará a los ex presidentes Chaves y Griñán a partir del próximo miércoles. Al tribunal se le había prometido que ambas magistradas estarían “liberadas” de la tramitación de los asuntos ordinarios como mínimo un mes o mes y medio antes del inicio de la vista oral. Sin embargo, esta liberación no se producirá hasta el próximo martes, día 12, a tan sólo un día del arranque del macroproceso. ¿La culpa de la situación? El Ministerio de Justicia responsabiliza a la Sala de Gobierno del TSJA que preside Lorenzo el Río, puesto que desde el 14 de noviembre se autorizó la “habilitación económica”. Y el CGPJ no aprobará dichas comisiones hasta este martes. Todo bastante lamentable y las dos jueces sin poder dedicarse en exclusividad al estudio de los más de 200.000 folios de la causa.

El juicio de los ERE, el más mediático de los últimos años en Andalucía
*Arranca el próximo miércoles el que está considerado como uno de los juicios más mediáticos de los que se han celebrado en Andalucía. En el banquillo de los acusados -en realidad son sillas– se sentarán los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 20 ex altos cargos para responder de las presuntas irregularidades relacionadas con la concesión de ayudas públicas durante una década. Los 150 periodistas acreditados de 37 medios de comunicación demuestran las expectativas que despierta este macroproceso.

Malestar por la falta de baños para jueces 

*En la Audiencia de Sevilla existe cierto malestar entre los jueces por la falta de aseos público, con motivo de unas obras que se están realizando en los baños de la cuarta planta, precisamente en una zona muy próxima a donde se encuentra la sala de vistas de los ERE. El problema no es nuevo. El viejo edificio del Palacio de Justicia no está diseñado para albergar las dimensiones de la Justicia en Sevilla y eso se nota también en la falta de aseos para el público. Antes los funcionarios y jueces disponían de servicios reservados pero para evitar que el público tuviera que acudir otro edificio, el de los juzgados, el presidente de la Audiencia decidió abrir todos los aseos para que se compartieran con el público en general. Las protestas no han tardado en llegar, pero no por clasismo, sino por seguridad, porque se puede dar el caso de que el juez coincida en el baño con un acusado. Tienen razón, no es nada apropiado.

Justicia para la manada

Jorge Muñoz | 3 de diciembre de 2017 a las 2:00

Los cinco sevillanos acusados de la violación en los Sanfermines de 2016.

Se terminó uno de los juicios más mediáticos y polémicos de los últimos tiempos y ahora sólo queda que los jueces dicten sentencia. Justicia para la manada, los cinco jóvenes sevillanos acusados de violar a una chica de 18 años en los Sanfermines de 2016.
Nada más terminar el juicio, una de las defensas solicitó a la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra la inmediata puesta en libertad de los acusados, al estimar que las pruebas practicadas y los informes avalarían la inocencia. El tribunal respondió el pasado viernes y lo hizo en un auto en el que mantuvo a los cinco sevillanos en prisión provisional, lo que puede interpretarse como un posible anticipo de la sentencia. Es cierto que el tribunal deja abierto, como no podía ser de otra manera, el posible resultado de la resolución, al afirmar que la Sala “no ha podido establecer dicho pronunciamiento de culpabilidad, ello sin perjuicio de que la Sala pueda adoptar las decisiones oportunas sobre la situación procesal de los procesados, en función del desarrollo de las deliberaciones”.
Es decir, el tribunal rechaza la excarcelación porque dice que aún no ha deliberado o no ha llegado a una conclusión sobre la inocencia o culpabilidad de los encausados. La decisión del tribunal provocó distintas reacciones en la acusación y en las defensas, por cuanto el abogado de la víctima sostiene que la decisión no anticipa el fallo y los defensores valoran la existencia del voto particular de uno de los tres magistrados que sí era partidario de la excarcelación de los acusados.
En cualquier caso, lo que parece desprenderse del auto es que existe una profunda división en el seno del tribunal. De un lado, estarían el presidente de la Sección Segunda de Navarra, José Francisco Cobo Sáenz –que es además el ponente de la causa y por tanto el juez que ha estudiado con detenimiento el sumario y será el encargado de redactar la sentencia–, y la juez Raquel Fernandino Nosti; y de otro, el magistrado Ricardo Javier González González, el autor del voto particular que discrepa del parecer de la Sala, y que ya había emitido con anterioridad otros dos votos particulares emitidos en los mismos términos en los autos del 14 de julio y 7 de septiembre de este año.
Si la acusación particular no valora la decisión del tribunal como un anticipo de la posible condena, el abogado Agustín Martínez, que representa a tres de los cinco acusados, sí que entiende que el magistrado discrepante “ha puesto de manifiesto de manera explícita su incredulidad con la versión mantenida por la Fiscalía” en cuanto a que las relaciones no fueron consentidas. Para las defensas, este voto particular es “bastante claro y contundente”.
Si se consideran estos extremos, todo indicaría que de los tres magistrados que forman el tribunal, dos podrían ser supuestamente favorables a asumir las tesis del Ministerio Público en cuanto a que los hechos enjuiciados son constitutivos de una agresión sexual, mientras que el tercero podría posicionarse a la absolución de los cinco acusados, al estimar que no habría quedado acreditado con la contundencia que exige una condena penal la culpabilidad de los jóvenes.

El abogado Agustín Martínez, que defiende a tres de los cinco sevillanos.

El abogado Agustín Martínez, que defiende a tres de los cinco sevillanos.

De cómo se desarrollen las deliberaciones de la Sala dependerá el futuro de la manada, de cómo se inclina la balanza: si el juez que discrepa es capaz de convencer a los otros dos magistrados de que existen dudas razonables sobre si se trató de una agresión sexual o de sexo consentido, en el marco del ambiente de excesos que envuelve las fiestas de los Sanfermines junto a un elevado consumo de alcohol y otras sustancias.
La sentencia se conocerá tras las Navidades y como suele ocurrir siempre que se imparte Justicia, nunca contentará a ambas partes. Sea el resultado que sea, no hay duda de que se habrá hecho Justicia, con independencia de que las partes puedan ejercer los recursos correspondientes en caso de no estar de acuerdo con el fallo.
Será el momento también de reflexionar sobre el lamentable espectáculo mediático que se ha montado en torno a esta causa y el consiguiente juicio paralelo que, en parte, se debe a la decisión del tribunal de celebrar el juicio a puerta cerrada.
Hubiera sido más acertado que la vista oral, como pidió en su día la propia Fiscalía, tuviera lugar en audiencia pública salvo lo que respecta a la declaración de la víctima y la exhibición de los vídeos grabados por la manada durante las relaciones sexuales.

El propio tribunal reconoció su error cuando, de forma sorpresiva, decidió abrir al público las dos últimas sesiones del juicio, en las que se expusieron los informes de la Fiscalía y las demás partes, permitiendo que se conocieran detalles sobre los testimonios que la víctima, los acusados y los testigos habían rendido ante el tribunal. No hay nada mejor que la luz y los taquígrafos, también en la Justicia.

Las “sillas” sustituyen al banquillo de los acusados en los ERE

Jorge Muñoz | 29 de noviembre de 2017 a las 17:13

La sala donde se celebrará el juicio de los ERE a los ex presidentes de la Junta Chaves y Griñán.

La sala donde se celebrará el juicio de los ERE a los ex presidentes de la Junta Chaves y Griñán.

 

Sillas en lugar de banquillo de los acusados para el juicio de los ERE. Cuando quedan dos semanas para el arranque de la vista oral contra los 22 ex altos cargos imputados en el denominado “procedimiento específico” por el que se concedían las ayudas de los ERE, entre los que se encuentran los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, la Sala de vistas de la Audiencia comienza a tomar forma.

Lo primero que llama la atención es la conformación de una sala en la que el tradicional banquillo de los acusados ha sido sustituido por unas sillas de estilo funcional, más modernas que el tradicional mobiliario de la Audiencia Provincial de Sevilla y a priori más cómodas y confortables que el banco de madera.

Se han instalado 22 sillas, una para cada uno de los 22 ex altos cargos. En el estrado destacan las dos filas de mesas distribuidas a la izquierda de la imagen adjunta, donde se sentarán los 18 abogados de la defensa personados en representación de los 22 acusados.

A la derecha, de la sala, según la imagen, se sentarán los dos fiscales delegados de Anticorrupción Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra, la acusación popular del Partido Popular -representada por los letrados Luis García Navarro y Lourdes Fuster- y el abogado Rafael Prieto Tenor, que ejerce la acusación popular por el sindicato Manos Limpias, cuya presencia en el juicio ha motivado un escrito conjunto de todas las defensas en el que tildan de “verdadero bochorno y escándalo” que esta acusación comparta estrados con la Fiscalía a raíz de la causa que se lleva en la Audiencia Nacional por las presuntas extorsiones de Ausbanc y su relación con dicho sindicato.

Todo parece estar listo, o en camino de estarlo, para el pistoletazo de salida del juicio: el próximo 13 de diciembre con la presentación de las cuestiones previas, aunque el verdadero juicio, con la declaración de los acusados, comenzará tras las fiestas de Navidad, el 9 de enero de 2018.

El ‘error’ de Alaya

Jorge Muñoz | 26 de noviembre de 2017 a las 2:00

 

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Cuesta trabajo creer que a la ínclita juez Mercedes Alaya, la que puso en jaque al Gobierno andaluz con el escándalo de los ERE, le haya bailado una fecha de un documento obrante en el sumario, lo que ha contribuido a que un funcionario de Urbanismo haya pasado tres años imputado y haciendo frente al pago de una fianza tras haber sido imputado en la macrocausa de la operación Madeja por haber recibido presuntamente una mordida de la empresa Fitonovo. Esta es la historia del asiento contable fantasma de Alaya.
El error se desprende de toda la documentación obrante en el sumario de la operación Madeja y del auto dictado el pasado 14 de noviembre por el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, quien ha enmendado a Alaya y a la Audiencia de Sevilla, y ha archivado la causa contra el que fuera jefe de Negociado de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla José Enrique Castro, al estimar que el posible cohecho que se le imputaba ha prescrito al transcurrir más de diez años en que se produjeron los hechos y el momento en que se dirigió la imputación contra él.
La cuestión parece simple, a primera vista, pero hay que prestar especial atención sobre todo a las fechas. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil citó a declarar a este funcionario de Urbanismo en calidad de “testigo” y en el marco de la denominada operación Enredadera –segunda fase de la Madeja– el día 19 de noviembre de 2014. En esa comparecencia, como recoge la propia acta, los agentes de la Guardia Civil le muestran al entonces testigo dos documentos extraídos de la contabilidad B de la empresa Fitonovo, de la que se pagaban las mordidas. En concreto, le exhiben una tabla contable en formato Excel donde figura en uno de los asientos un pago de 3.000 euros a “J. E. Castro de Rafael Gonza” (sic), en posible alusión a él y a Rafael González, el dueño de la empresa contratista. Lo importante en este caso es la fecha de la entrega: el 21 de octubre de 2004.
Los agentes le muestran un segundo documento, un recibo firmado por Rafael González recogiendo la cantidad de 3.000 euros para el “pago a J. E. Castro”, igualmente con fecha de 21 de octubre de 2004. En su declaración, José Enrique Castro mostró su “sorpresa” ante esos documentos y negó que los reconociera, al tiempo que rechazó haber percibido ninguna dádiva de Fitonovo, añadiendo que nunca ha solicitado dinero a ninguna empresa y sólo ha percibido la cantidad correspondiente a su sueldo en Urbanismo.
Tras esta declaración, la juez Alaya decidió imputar a José Enrique Castro, que fue citado a declarar en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla al día siguiente, el 20 de noviembre de 2014, y tan sólo unos días después, la magistrada dicta un auto, de fecha 28 de noviembre, en el que impone una fianza de 12.000 euros al jefe de Negociado de Urbanismo.
Tanto en la declaración como imputado como el auto de la fianza, es donde aparece por primera vez el baile de fechas de Alaya, por cuanto la juez expone que de las investigaciones practicadas, así como de la declaración del imputado, queda indiciariamente acreditada su participación en los hechos, y lo explica de la siguiente forma: “Don José Enrique Castro Fernández, jefe de Negociado en la Gerencia Municipal de Urbanismo, quien recibió para favorecer a Fitonovo en la adjudicación y/o ejecución de contratos, el 31/12/2004 la suma de 3.000 euros, como así resulta de los archivos de la Caja B de la contabilidad de Fitonovo”. Como puede apreciarse, la fecha de la presunta mordida ha cambiado, puesto que del 21 de octubre de 2004 que aparece en la contabilidad B de Fitonovo y en el recibo que firma el dueño de la empresa se pasa otra distinta, la del 31 de diciembre de ese mismo año.
La variación de la fecha es muy significativa y es la que ha llevado a la Audiencia a archivar la causa, puesto que si se considera que la mordida se recibió el 21 de octubre, el delito podría haber prescrito, como ha estimado ahora el juez José de la Mata.
El cambio de fechas fue advertido y comunicado a Alaya por la defensa del funcionario, quien en un recurso de reforma y subsidiario de apelación ante la Audiencia de Sevilla, presentado contra el auto en el que se impuso la fianza, recogía las menciones efectuadas por la instructora respecto al 31 de diciembre de 2004 como la fecha en la que se produjo la supuesta entrega de 3.000 euros, “no alcanzando esta parte a entender, dicho sea con los debidos respetos, el motivo de reincidencia por parte de su señoría en la fecha del 31 de diciembre, que no consta en ningún momento en las actuaciones”.
Es más, la contabilidad de la Caja B de Fitonovo demuestra que ese día no hubo ningún movimiento en la misma, probablemente porque no hubiera actividad ese día o ésta fuese muy escasa tratándose del día de Noche Vieja.
En su recurso, la defensa insistía en la “inexactitud” de la fecha, por lo que pedía a Alaya que se realizara una diligencia de ordenación por parte del juzgado en la que se manifestara “cuál ha sido el motivo por el que se atiende a la fecha del 31 de diciembre de 2004 por parte de su señoría o si ésta fuera un error tipográfico, se manifieste la fecha correcta que consta en las actuaciones y que no es otra sino la del 21 de octubre de 2004”.
Alaya desestimó el recurso en un auto dictado el 7 de abril de 2015, confirmando la fianza impuesta y manteniendo la fecha del 31 de diciembre pero con un matiz, la juez ya no se refiere a la entrega del dinero sino a que el funcionario seguía en el cargo a esa fecha. “En el caso de autos, del análisis del atestado de la Guardia Civil, así como de los archivos de la Caja B de Fitonovo, resulta clara la apariencia de antijuricidad justificativa de la medida, ya que don José Enrique Castro Fernández, jefe de Negociado de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla a fecha 31/12/2004, habría recibido tal y como resulta del examen de los asientos contables de dicha Caja B, a la fecha anteriormente indicada, la cantidad de 3.000 euros por parte de la empresa Fitonovo”.
La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, en un auto dictado el 29 de julio de 2015 y del que fue ponente el magistrado Pedro Izquierdo, confirmó la actuación de Alaya, aunque rebajó la fianza a 4.000 euros.
Sobre el baile de fechas, la Audiencia señala que si bien la juez lo justifica “en el examen de los documentos contables de dicha Caja B”, “lo cierto es que, salvo error, no hemos visto el referido asiento, lo que no implica que deba accederse a lo solicitado” por la defensa. Aun así, entiende el tribunal que “en este momento procesal” el margen temporal de prescripción podría ser superior a diez años, una interpretación que la Audiencia Nacional ha corregido ahora al exculpar al funcionario de Urbanismo.

El primer intruso pide salir de los ERE

Jorge Muñoz | 21 de noviembre de 2017 a las 2:00

ANTONIO GARRIDO SANTAYO

Antonio Garrido Santoyo, con su abogado, tras comparecer ante la juez Alaya en abril de 2014.

Antonio Garrido Santoyo fue uno de los primeros nombres que a finales del año 2010 apareció como uno de los intrusos de los ERE. Ex sindicalista y ex responsable socialista, Garrido Santoyo figuraba como prejubilado en el ERE de 2007 de la empresa Mercasevilla, sociedad para la que nunca trabajó y cuyas irregularidades fueron el germen que dio lugar a varias macrocausas, entre ellas la del escándalo de los ERE.
Siete años después, el que fuera secretario de administración de UGT en Sevilla y ex secretario de Política Municipal del PSOE de Baeza (Jaén) vuelve a ser noticia. Su abogado defensor, Ramón Somalo, ha pedido a la juez María Núñez Bolaños que archive la causa contra él porque ha devuelto la cantidad que supuestamente cobró de forma indebida.
En un escrito remitido al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que investiga la macrocausa de los ERE, la defensa de este intruso alega que “aún siendo cierto que percibió 78.908,80 euros de la entidad Mercasevilla, no es menos cierto que procedió a restituir la misma, más los intereses incrementados en dos puntos desde su percepción, ingresando con fecha 15 de junio de 2011 la cantidad resultante en la cuenta de consignaciones del juzgado, donde se acredita que mi mandante consignó 92.852,53 euros, tal y como consta en las actuaciones”. El letrado añade que la devolución de esta cantidad fue realizada “libremente y con carácter previo a ser citado judicialmente y que fuese formalmente imputado en la presente causa.
Por todo ello, solicita el sobreseimiento de la causa contra Antonio Garrido Santoyo, al amparo del artículo 308 del Código Penal, que establece que el reintegro de las subvenciones o ayudas “impedirá que a dicho sujeto se le persiga por las posibles falsedades instrumentales que, exclusivamente en relación a la deuda objeto de regularización, el mismo pudiera haber cometido con carácter previo a la regularización de su situación”.
Aunque el nombre del intruso ya figura en el caso desde finales de 2010, es cierto que la anterior instructora, la juez Mercedes Alaya no citó a declarar hasta el 23 de abril de 2014 a Antonio Garrido Santoyo, al que atribuyó entonces delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. El intruso se acogió a su derecho a no declarar, aunque su abogado indicó que había el dinero lo percibió “de forma errónea”, por cuanto estaba pendiente de percibir una indemnización por un despido que gestionaba la mediadora Vitalia.

El Consejo Fiscal muestra su consternación por el fallecimiento de Maza

Jorge Muñoz | 20 de noviembre de 2017 a las 15:58

FISCALGENERAL

Los vocales del Consejo Fiscal han emitido un comunicado en el que expresa “a la opinión pública en general, y a la Carrera Fiscal en particular, su profunda consternación y tristeza ante el repentino fallecimiento” del Fiscal General del Estado, José Manuel Maza Martín.

“Su sencillez y bonhomía le definían, pero no podían ensombrecer su profunda cultura y su fina inteligencia jurídica, puesta al servicio de la legalidad y de la firme determinación de la defensa del Estado de Derec ho y del orden constitucional, en un ejercicio responsable del compromiso adquirido –una vez más – en su larga trayectoria de servidor público”, añaden.

“Ha sido un privilegio compartir con él nuestra tarea de representar a los miembros del Ministerio Fiscal. Descans e en paz”, concluye la nota.

El Supremo establece que hay delito por conducir sin permiso por la pérdida de todos los puntos

Jorge Muñoz | 20 de noviembre de 2017 a las 15:43

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La Sala II del Tribunal Supremo ha establecido que conducir con el permiso sin vigencia por pérdida de todos los puntos es delito y no una falta administrativa. El alto tribunal explica que el delito contra la seguridad vial, del artículo 384 del Código Penal, aplicable al caso, no requiere un elemento adicional de poner en un riesgo concreto la seguridad vial, y basta con la puesta en peligro en abstracto que supone conducir sin las condiciones legales para ello.

El Supremo, en tres recientes sentencias, fija este criterio que era compartido por la práctica totalidad de las audiencias provinciales, excepto la de Toledo, que consideraba que para que existiese el delito del artículo 384.1 del Código Penal la acción de conducir un vehículo a motor o ciclomotor, careciendo de permiso de conducir por pérdida total de los puntos asignados legalmente, se requería que en la conducción el autor infringiese algún precepto reglamentario que ponga en riesgo la seguridad vial, dado que en otro caso la acción solo constituía una infracción administrativa, según ha informado este lunes el Alto Tribunal.

La cuestión que se planteó el Supremo consistía, por consiguiente, en determinar si el delito de conducción con permiso caducado por pérdida de puntos, es un delito de riesgo abstracto o concreto, esto es, si requiere la puesta en peligro de modo concreto del bien jurídico protegido (la seguridad vial) o es suficiente con la puesta en peligro «in abstracto».

El Supremo resuelve que se da este segundo supuesto. “La pérdida de puntos del permiso de conducción por las sanciones recibidas, es indicativo de que se carece de las características adecuadas para conducir un vehículo en tanto que el conductor desprecia las normas de circulación legalmente dispuestas para ello, y tal desprecio ha puesto reiteradamente en peligro el bien jurídico protegido, optando el legislador por definir este tipo legal que suprime la vigencia de su permiso de circulación, obtenido regularmente en su día”, dice el Supremo.

CONDUCTOR CON PERMISO ESPAÑOL SIN PUNTOS Y UN PERMISO PORTUGUÉS

En uno de los tres casos resueltos, el Supremo examina el caso de un conductor que cuando fue sorprendido conduciendo, a pesar de tener cancelado el permiso de conducir español por pérdida de puntos, ostentaba un permiso de conducir portugués que había sido obtenido mediante canje. Los hechos ocurrieron en una carretera navarra, donde el acusado fue interceptado por agentes de la Policía foral.

El canje del permiso de conducir se regula a nivel europeo por la Directiva 91/439 del Consejo, de julio de 1991, junto a la Directiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006.

Para el Supremo, en el caso enjuiciado estamos en presencia de un fraude de ley. “Al amparo de tal disposición, puede obtenerse el canje del permiso de conducción para aquellas personas que residan más de medio año en otro Estado miembro de la UE, pero lo que no puede conseguirse es contar con dos permisos de conducir, uno caducado por pérdida de puntos, y otro perteneciente a país distinto del que se conduce cuando se es sorprendido sin vigencia por pérdida de puntos”, indican los magistrados.

El que se haya obtenido el canje no puede impedir las disposiciones sancionadoras de tal manera que aquella que determina la imposición de una sanción de privación de la autorización administrativa de conducir vehículos por pérdida de puntos en uno de los Estados, pueda dejar de aplicarse.“De todo ello resulta que no pueden detentarse dos permisos, y usar el que convenga en cada momento, sobre todo cuando se circula por un Estado cuyas autoridades impiden tal conducción como consecuencia de las infracciones cometidas, que acarrean la caducidad de su vigencia por pérdida total de puntos”, indica la resolución.

En ese sentido, recuerda que lo que se imputaba al acusado no era conducir sin permiso, situación en la que la titularidad del permiso portugués haría la conducta atípica, sino que se le acusa de conducir en España cuando media resolución firme de pérdida de vigencia del permiso de conducción, conducta típica que concurre en el caso que nos ocupa.

En suma, “no puede pretenderse por el hecho de detentar el referido permiso portugués mediante canje, al ser residente en el extranjero, ser de mejor condición que el resto de ciudadanos nacionales que tienen únicamente el permiso de conducir español; si pierde, como perdió, la vigencia del permiso de conducir en España no puede su conducta quedar impune, máxime teniendo en cuenta que el acusado conocía perfectamente cómo funciona el sistema de pérdida de vigencia, al habérsele retirado en dos ocasiones anteriores, y en esta tercera sencillamente se adelantó a la resolución de la Jefatura de Tráfico”. Las condenas impuestas en los tres casos van desde 5 meses de prisión, para este último acusado, a multas pecuniarias de entre 2.160 y 6.000 euros.

 

Estafa masiva en familia

Jorge Muñoz | 19 de noviembre de 2017 a las 2:00

juzgados

Dos hermanos y una estafa masiva relacionada con la inversión para la compra de inmuebles que supuestamente procedían de subastas judiciales. La Audiencia de Sevilla ha condenado a los hermanos Sergio y David C. G. a seis años de prisión por haber estafado 772.292,84 euros a una treintena de personas a las que engañaron para que invirtieran en estas gangas que al final les resultaron muy caras a las víctimas. El primero de los acusados acaba de ser condenado ahora por la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla, dado que no pudo ser enjuiciado junto a su hermano –que ya está en prisión cumpliendo su condena– porque permaneció fugado durante más de tres años.
Como suele ocurrir en estos casos, el estafador llevaba un lujoso tren de vida, conducía un descapotable, comía en los mejores restaurantes y tenía un impresionante despacho plagado de banderas nacionales y de la Unión Europea, y en el que no faltaba hasta un tricornio de la Guardia Civil.
Sergio C. G. era dueño y administrador de la sociedad Gestión de Activos Financieros Integrales S. L. (Gafi), en la que desde 2004 y hasta mediados de 2009 hizo figurar formalmente como socio único y administrador a su hermano David, que ya fue juzgado y condenado con anterioridad. El objeto declarado de la sociedad era la gestión y administración de capital privado, tanto de personas físicas como de sociedades inversoras, aunque su principal actividad era la intermediación financiera en el mercado de crédito.
La sentencia recoge como hechos probados que a partir del año 2006, Sergio, que tenia una “desenvuelta labia” concibió un plan para“enriquecerse a costa de terceros, ofreciendo a sus clientes (a los que en general captaba por relaciones de amistad o vecindad y a los que invitaba a su vez a captar a otros) la adquisición, a precios muy por debajo de los de mercado, de inmuebles que decía estaban sujetos a embargo o ejecución hipotecaria y sobre los que fingía que tenía un derecho preferente de adjudicación o podía obtenerla fácilmente en el procedimiento de apremio judicial”.
Los clientes seleccionaban el inmueble que deseaban adquirir de un catálogo o dossier que el propio acusado les exhibía con fotografías e informaciones de distintas viviendas, locales o garajes situados en las provincias de Sevilla, Cádiz y Huelva; incluyendo en algunos casos “notas simples registrales de la finca en cuestión, lo que contribuía a afianzar la apariencia de seriedad del negocio y del derecho o la expectativa que el acusado decía ostentar sobre ella”.
Las víctimas firmaban un documento, en ocasiones denominado “contrato de inversión” y en otras “contrato de prestación de servicios de intermediación financiera”, donde se hacía constar que entregaban una cantidad de dinero como “depósito o anticipo” de la inversión final, y la empresa se comprometía a devolver la inversión en 30 o 45 días si las gestiones no daban resultado o si el inversor desistía.
Los contratos, según explica el magistrado José Manuel de Paúl Velasco en la sentencia, tenían una cláusula tan peculiar como la que afirmaba que el inversor conservaba la propiedad del dinero entregado y, al mismo tiempo, autorizaba a la empresa “a mover el dinero de la parte inversora como crea conveniente, sin tener que dar explicaciones de dónde”.
Pero ni el acusado ni su hermano tenían ningún derecho preferente sobre los inmuebles, ni estaban en condiciones de obtener su adjudicación en la vía de apremio, y lo que es más relevante, “ni realizaron ninguna gestión para ello, apropiándose pura y simplemente del dinero que les era entregado”.
Los últimos contratos se firmaron en los primeros meses de 2010, cuando ya se habían presentado las primera denuncias por estafa, y el último de ellos se suscribió “parece ya a la desesperada” en unas dependencias de los juzgados del Prado de San Sebastián. El acusado cambió además el nombre a la empresa y se trasladó a Bormujos “guardándose mucho de comunicar el traslado a los frustrados clientes”, lo que demuestra una “actitud de empecinamiento y ocultación que constituye un indicio retrospectivo de la voluntad defraudatoria desde un principio”.
El tribunal otorga una absoluta credibilidad al testimonio de las víctimas y señala que los dos hermanos condenados no niegan la realidad de los contratos, culpándose entre sí hasta el punto de que Sergio alegó en el juicio que era un “mero empleado comercial encargado de la captación de los clientes”.
Los magistrados consideran que los hechos son constitutivos de un delito de estafa por las “maniobras engañosas” que emplearon para apoderarse del dinero y destaca que de las más de 50 operaciones con inmuebles no hay “ni un solo caso en el que el cliente consiguiera su objetivo con el buen fin de la inversión”, llegando incluso los acusados a ofrecer una misma vivienda a cuatro clientes distintos.
En realidad, concluye el fallo, ninguno de los hermanos efectuó las gestiones sobre los inmuebles que promocionaban y ninguno sugiere siquiera que algún empleado pudiera haberlas hecho, por lo que “tales gestiones no existieron y no pasaba por la mente del acusado realizarlas”.
Para el tribunal no hay duda alguna de la “idoneidad del engaño empleado”, por lo que no se puede descargar sobre los perjudicados, como pedía la defensa, que no hubieran consultado en el registro de la propiedad o en los juzgados de Primera Instancia sobre la efectiva existencia de esos procedimientos judiciales de ejecución sobre los inmuebles que se pretendían adquirir. “La averiguación de la situación real de las fincas distaba de ser sencilla en muchos casos, pues una cosa es obtener una certificación o nota simple en el Registro de la Propiedad y otra bien distintas averiguar la existencia y estado de un procedimiento de apremio o de ejecución hipotecaria en un juzgado”, precisa el fallo, que añade que además “el nivel cultural de los clientes que resultaron defraudados no permite presuponerles, sino al contrario, los conocimientos y las aptitudes necesarias para comprender la necesidad de esa información adicional y saber cómo obtenerla e incluso, en su caso, interpretarla”.
En este sentido, el abogado Carlos , que ejerció la acusación particular en este procedimiento por varias de las víctimas, indicó que este caso es una “estafa clara y burda, una estafa de libro” y advirtió de que el fraude se podría haber evitado si los ciudadanos “contrataran los servicios de un abogado cuando van a hacer una inversión de este tipo, lo que les supondría un pequeño coste pero con la intervención de un abogado medianamente preparado se hubiera detectado que la venta de estos inmuebles era en realidad una estafa nada más ver el contrato que les ponían para la firma en el despacho de la empresa y sin exhibirles documentación alguna. Esos contratos no se habrían firmado en esas condiciones de contar con el asesoramiento de un letrado”.
La sentencia argumenta asimismo que la “desenvuelta labia del acusado y la apariencia de seriedad empresarial eran suficientes para generar un clima de confianza que difuminaba cualquier reticencia del cliente, moviéndole a aceptar como verídica y suficiente la información que se le suministraba sobre la finca apetecida”.
Cuando algún cliente mostraba alguna intención de recabar información adicional sobre la operación, el acusado le desaconsejaba hacerlo, aduciendo que no era conveniente para l fin de la operación “remover las cosas”. Ante ese consejo, prosigue el tribunal, es muy posible que alguno de los clientes pudiera “barruntar o sospechar que en la operación pudiera haber algo irregular en el procedimiento de adjudicación de la finca”, como los “contactos del juzgado” que señaló uno de los testigos. Pero esa sospecha “no tenía por qué llevar al cliente a inferir el carácter ficticio de la operación que se le proponía, por lamentables razones de orden sociológico y cultural que, por evidentes y ajenas al objeto de esta resolución, es excusado detallar”.
No obstante, el magistrado apunta a la “mala fama histórica que arrastran las subastas judiciales, por más reformas legales que en aras de su limpieza y transparencia se hayan verificado en la materia en los últimos años”. El tribunal concluye que el negocio que se les proponía a las víctimas estaba “muy lejos de ser una operación de riesgo que hubiera debido llevarles a extremar sus precauciones”.
Por todo ello la versión exculpatoria del acusado, según la cual era un simple empleado comercial de la empresa Gafi y sin responsabilidad en el diseño de las operaciones, “se derrumba ante la contundencia de las diversas pruebas que señalan unánime e inequívocamente en sentido contrario”, quien añade que el otro acusado que ya está en prisión, David C. G., ha señalado también a su hermano como el dueño y administrador de la empresa, y quien diseñó y controlaba las operaciones, sin que el tribunal aprecie motivos para sospechar que éste “haya querido arrastrar consigo a prisión a su hermano Sergio” en el caso de que éste fuera inocente.

Fallece José Manuel Maza, fiscal general del Estado

Jorge Muñoz | 19 de noviembre de 2017 a las 1:31

JOSEMANUELMAZA

El Fiscal General de Estado, José Manuel Maza Martín (Madrid, 23 de octubre de 1951), ha fallecido en una clínica de Buenos Aires (Argentina), como consecuencia de una insuficiencia renal aguda. El Fiscal General del Estado se encontraba en la capital argentina participando en la reunión de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), que se ha celebrado esta semana. José Manuel Maza fue nombrado Fiscal General del Estado el 25 de noviembre de 2016, y tomó posesión del cargo el 29 de noviembre en el Tribunal Supremo.

El Fiscal General era licenciado en Derecho y en Historia, así como Diplomado en Criminología por la Universidad Complutense de Madrid. Ingresó en la Carrera Judicial en 1975 y en la Fiscal en 1978, siendo el primero de su promoción. El pasado mes de julio obtuvo el doctorado en Derecho, con una tesis doctoral sobre la responsabilidad penal de los partidos políticos.

Fue presidente de la Sección Primera en la Audiencia Provincial de Madrid y en 2002 fue nombrado Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Durante su mandato como Fiscal General del Estado supo granjearse el respeto y la admiración de quienes trabajaron junto a él. Desempeñó sus funciones con total entrega y dedicación, al servicio del Estado de Derecho y en defensa de la legalidad y del interés social.

Descanse en paz.

 

Curriculum de José Manuel Maza

  • INFORMACIÓN PERSONAL:

Nacido en Madrid, el 23 de Octubre de 1951

Magistrado de la Sala II de lo Penal del Tribunal Supremo.

 

  • FORMACIÓN ACADÉMICA:

Licenciado en Derecho y Licenciado en Historia (1973) por la Universidad Complutense de Madrid.

Diplomado en Criminología por la misma Universidad y en Estudios Avanzados de Derecho Penal por la Universidad Europea de Madrid.

 

  • ACTIVIDAD PROFESIONAL:

-Miembro de la Carrera Judicial desde 1975 y de la Fiscal (nº 1 de su promoción y hoy en excedencia) desde 1978.

-Abogado en ejercicio (1978-1984). Letrado de la Red Nacional de Ferrocarriles.

-De 1987 a 1989 fue, por elección de sus compañeros, Juez Decano de los Juzgados de Distrito de Madrid y de 1989 a 1991 miembro, también electo, de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

-Desde Julio de 1988 a Febrero de 2002, Presidente de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Madrid.

-Actualmente es Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, desde su nombramiento en Febrero de 2002.

-En el B.O.E. de 26 de noviembre de 2016, se recoge su nombramiento como Fiscal General del Estado.

 

  • ACTIVIDAD ACADÉMICA:

– De 1992 a 2002, Profesor Asociado de Derecho Penal en la Universidad Autónoma de Madrid.

– Desde 2007, Profesor Colaborador Honorífico de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid (Departamento de Toxicología y Legislación Sanitaria).

– Desde 2012, Profesor Honorario de Derecho Penal de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

– De 2010 a 2013, Profesor de Derecho Penal y Política Criminal en las Facultades de Derecho Penal y Criminología de la Universidad Europea de Madrid.

– Profesor colaborador de diversos Masters y Cursos como los impartidos por el Consejo General del Poder Judicial, Escuela Judicial, Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia, Facultades de Psicología y de Medicina (Cátedras de Medicina Legal y Psiquiatría) de la Universidad Complutense, Universidad Rey Juan Carlos, Universidad Carlos III, Universidad Francisco de Vitoria, Universidad Camilo José Cela, Universidad Oberta de Cataluña, Úniversidad de Cádiz, Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), Colegio de Médicos, Colegio de Psicólogos, Escuela de la Policía, Escuela de Ciencias de la Salud, Instituto “Marqués de Beccaria”, “Schola luris”, Centro de Estudios Superiores de Especialidades Jurídicas, etc.

– Conferenciante en numerosos Congresos, Jornadas y Seminarios en España, Argentina, Colombia, Paraguay, Honduras, Méjico (Estados de Tabasco, Chihuahua, Jalisco, México-Toluca, Sinaloa y Aguascalientes), Brasil, Costa Rica, Bolivia, Alemania, Holanda, Luxemburgo, Francia, Portugal, Polonia, Bulgaria, Rumania, Andorra, etc.

– Conferenciante en los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid en El  Escorial, Universidad Autónoma de Madrid en Miraflores de la Sierra, Universidad Menéndez Pelayo de Santander y UNED en Mérida.

  • PUBLICACIONES:

Autor del “Manual de Psiquiatría Legal y Forense”, “Circunstancias que excluyen o modifican la Responsabilidad Criminal” y “Casación Penal Práctica”, así como de más de setenta publicaciones, artículos, monografías y libros en colaboración, relacionadas, fundamentalmente, con el Derecho Penal, tanto sustantivo como procesal, y las vinculaciones entre Derecho y Medicina.

  • PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS:

– Miembro del Comité Científico Asesor de la “Revista Española de Psiquiatría Forense, Psicología Forense y Criminología”, así como del Consejo de Redacción de la Revista “Actualidad Jurídica de Madrid” y de los Consejos Editoriales de las Revistas “Psicopatología clínica legal y forense”, “RC. Revista de responsabilidad civil, circulación y seguro” y “Revista de Ciencias forenses y de la Salud” del Instituto Tecnológico de Antioquia (Colombia).

– Patrono Fundador de la Fundación Internacional de Estudios Aeronáuticos, Portuarios y Aeroportuarios.

-Presidente de los subcomités sobre Controles de cumplimiento corporativo y Medidas anti corrupción (AENOR-ISSO): “Compliance Management Systems” (ISO PC 271) y “Anti-bribery Management Systems” (ISO PC 278).

– Presidente del Comité Científico del Máster de Derecho Penal Económico de la Universidad Rey Juan Carlos, miembro de la “Fundación Tejerina” y del Instituto “Skopos”.

– Fundador y Presidente de la Asociación “Justicia y Opinión”, desde 1992 a 2002, y, en la actualidad Vocal de la Junta Directiva.

 

  • RECONOCIMIENTOS:

*Premio “Medicina, Derecho y Sociedad 2013”.

*Miembro de Honor de la Sociedad colombiana de Derecho y nuevas Tecnologías.
*Miembro de Honor de la Sociedad Aragonesa de Psiquiatría Legal.
*Académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.
*Medallas de San Raimundo de Peñafort y al Mérito Policial.