Una pancarta que diga “terrorismo empresarial” es censurable pero no vulnera el derecho al honor

Jorge Muñoz | 28 de marzo de 2017 a las 15:21

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha considerado que un sindicato no vulneró el derecho al honor de una empresa por exhibir pancartas acusándola de “terrorismo empresarial”, ante una supuesta cesión ilegal de trabajadores, aunque precisa que se trató de una acción ilegítima y censurable. La sentencia admite que es una expresión de injustificada dureza pero reconoce que su uso ocupa un lugar común en la sociedad ya que se emplea habitualmente para descalificar determinadas actuaciones empresariales por sindicatos e incluso por partidos políticos, ha informado hoy el Alto Tribunal.

El origen del conflicto está en una denuncia por cesión ilegal interpuesta el 2 de marzo de 2015 contra DHL y C&J por tres trabajadores que estaban contratados formalmente por esta última empresa. Una semana más tarde, CNT Sindicat D’Oficis Varis de Barcelona notificó la constitución de una sección sindical, formada por los tres empleados, a DHL que, rechazó la medida porque consideró que ninguno de ellos era personal suyo. El 25 de marzo de 2015, C&J les comunicó el despido por causas objetivas basándose en la extinción del contrato que ella tenía con DHL.

A partir de ese momento y hasta octubre de 2015, en diversas concentraciones convocadas por CNT, afiliados de dicho sindicato aprovecharon diversos actos empresariales y sindicales en los que exhibieron pancartas y repartieron octavillas con el texto “DHL Terrorismo Patronal”, y denunciaron, además, la “precariedad laboral y cesión ilegal de trabajadores en DHL” o la “represión sindical”. El mismo sindicato envió correos electrónicos a clientes de la empresa demandante explicando el conflicto de los trabajadores de “C&J” y sus relaciones con “DLH”, y acusándolas pública y judicialmente de tráfico ilegal de trabajadores.

La Audiencia Nacional rechazó la demanda presentada por DHL en la que solicitaba a CNT el pago de una indemnización por daños morales y el cese de la conducta del sindicato por infringir su derecho al honor.

El Tribunal Supremo confirma la sentencia recurrida y expresa su “plena coincidencia con la Audiencia Nacional cuando afirma que si bien la expresión “terrorismo patronal” presenta injustificada –rectius, ilegítima- dureza y como tal es censurable, de todas formas no alcanza a integrar vulneración del derecho al honor”.

Libertad de expresión de los sindicatos

La sentencia recuerda que aunque de una interpretación literal del artículo 28.1 de la Constitución pueda deducirse que la libertad sindical se reduce a una vertiente exclusivamente organizativa o asociativa, una interpretación sistemática del mismo artículo y del 7 de la CE lleva a entender que también tiene una vertiente funcional que supone el derecho de los sindicatos a ejercer aquellas actividades dirigidas a la defensa, protección y promoción de los intereses de los trabajadores.

En suma, concreta la Sala, “a desplegar los medios de acción necesarios para que puedan cumplir las funciones que constitucionalmente les corresponde, y entre ellos se encuentra “el empleo de los derechos a la libertad de expresión y a la libertad de información respecto de cualquier asunto que pueda tener una repercusión directa o indirecta en las relaciones laborales”.

En este caso, afirman los magistrados, se trata de una persona jurídica por lo que, de acuerdo con la doctrina anterior, ha de relativizarse cualquier posible vulneración del honor, sobre todo, cuando la empresa ha reconocido que ni ha sufrido perjuicios materiales ni ha perdido clientela, lo que demuestra que ese aspecto -trascendencia- y su consiguiente “honor” como persona jurídica han quedado incólumes.

Otro aspecto valorado por la Sala es el contexto en el que se produce el empleo de la polémica expresión y que es el de una confrontación laboral prolongada y relativa a extremos -supuesto prestamismo laboral- que de resultar ciertos ofrecerían innegable gravedad (laboral e incluso penal) justificativa de una enérgica respuesta sindical, como la que se plantea en este caso, aunque sin improperios.

Por último, indica la sentencia, se ha devaluado socialmente el significado de la locución “terrorismo empresarial”, convirtiéndose en una crítica dura, pero sin que ninguna persona razonable lo asocie propiamente con el concepto de terrorismo.

La esposa del traficante

Jorge Muñoz | 26 de marzo de 2017 a las 2:00

48 TONELADAS DE HACHIS ANDRES CARRASCO (59).jpg

La Audiencia de Sevilla la condenó en julio de 2016 a tres años y tres meses de prisión y a pagar una multa de 357.000 euros por un delito de blanqueo de capitales, agravado por la relación con el tráfico de drogas, al entender que se había beneficiado supuestamente de la actividad de su esposo, que cayó con una banda a la que se había intervenido una tonelada de hachís en 2008. Y el Tribunal Supremo la ha absuelto ahora al rechazar que el dinero que manejó procediera de las actividades del marido, dándole un auténtico repaso a la valoración de la prueba realizada por la Audiencia de Sevilla.
La Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla había condenado a la mujer porque entendía que ésta había realizado determinadas operaciones financieras –como la compra de cuatro pisos, una parcela y varios turismos– gracias al dinero que su ex esposo le entregaba y que obtenía del tráfico de hachís, una actividad que ésta “conocía”, según los magistrados que la enjuiciaron.
Entre los hechos probados, los jueces destacaban que la acusada desde 1998 tenía reconocida una pensión de alimentos de 900 euros, y que entre los años 2002 y 2010 había percibido sólo ingresos de forma regular por su actividad de “empleada de hogar”, más otros 18.757 euros por trabajos por cuenta ajena, así como un premio de la ONCE de 33.000 euros en julio de 2004 y otros 55.000 euros en el sorteo de Navidad del 22 de diciembre de 2006.
El tribunal destaca que en ese periodo participó en operaciones de compra y venta de cuatro viviendas, canceló algunos préstamos y constituyó otros, y adquirió asimismo una parcela de regadío por 54.000 euros.
Su marido, del que se había separado legalmente en 1998 pero con el que convivía desde 2006, fue detenido en marzo de 2008 en relación con una organización que había introducido 1.169 kilos de hachís en una avioneta procedente de Marruecos y que aterrizó en un punto de la provincia de Toledo. La Audiencia Nacional lo condenó en 2010 como cómplice de un delito contra la salud pública –por haber realizado labores de contra-vigilancia para la organización de traficantes– a dos años de cárcel y al pago de una multa de 1,6 millones de euros, cantidad que se corresponde con el valor de la droga incautada.
La mujer fue posteriormente condenada por blanqueo de capitales a una pena superior a la del marido, pero recurrió en casación ante el Tribunal Supremo, alegando que su ex esposo fue detenido inmediatamente tras la operación policial, por lo que no obtuvo de su intervención ningún dinero, y añadía que su condena se basaba en una “cadena de conjeturas o sospechas extraídas de algunos elementos objetivos, pero que en modo alguno conducen de manera sólida a la conclusión” a la que llegaron los jueces de la Audiencia. Tras analizar el caso, el Alto Tribunal señala que “no hay ninguna prueba de que el metálico” que la mujer aportó para comprar una de las viviendas procediera del patrimonio de su esposo, puesto que los únicos datos que obran en autos es que a la fecha de compra –en abril de 2006–, el matrimonio estaba separado y no reanudaron su relación hasta mediados de ese mismo año. Y tampoco se aprecia “ninguna discordancia” entre los ingresos que la propia sentencia admite y los desembolsos extraordinarios que se abordaron durante ese periodo.
Para el Supremo, la conclusión de que los recursos de la mujer eran “claramente insuficientes” para atender los gastos derivados de las cargas inmobiliarias, no deriva de sólidas variables aportadas por la acusación, “sino de un evanescente análisis especulativo carente de soporte estable”.
De un lado, la Audiencia admite la posibilidad de unos ingresos laborales y de una pensión de alimentos, por lo que “no se excluyen los significativos ingresos que la recurrente esgrimió en el acto del plenario y reitera en su recurso”. Y de otro, el tribunal de instancia considera que los “gastos son excesivos para sus ingresos, si bien la conclusión se muestra inconsistente, dado que se extrae de variables especulativas o erróneas”, critica el Supremo.
De ahí que concluya que la prueba practicada es “insuficiente” para evidenciar que el dinero de la mujer proceda de una actividad delictiva de su ex esposo, y que ella fuera “conocedora de ese origen y prestara su apoyo a ocultar su procedencia delictiva y aprovechar los fondos, sino que ni siquiera permiten concluir que las inversiones y gastos no procedan de las propias fuentes de ingresos de la recurrente”. Lo que no entra a valorar el Supremo es la “suerte” de la acusada por los premios que le tocaron en tan corto tiempo.

VISTO PARA SENTENCIA

El profesor Zoido

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El Zoido profesor. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, impartió el pasado lunes, 20 de marzo, una clase de Derecho Civil a los alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla. El ex alcalde, magistrado de profesión, dio clase a los alumnos que realizan el primer año de la licenciatura de Derecho y lo hizo en su condición de colaborador honorario del departamento de Derecho Civil de la Hispalense, de la que también fue alumno.

En su intervención ante los jóvenes estudiantes, el ministro recordó su paso por la universidad pública y también cómo aprobó las oposiciones de judicatura “a la primera”.

Por cierto, que el nombre de Zoido también salió esta semana a relucir en relación con la recusación que el Partido Popular ha presentado contra el magistrado de la Audiencia de Sevilla Pedro Izquierdo para que se aparte del primer juicio de los ERE, en el que están procesados los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

El propio Pedro Izquierdo explicó en el informe en el que rechaza la recusación que no tiene ninguna relación de amistad o enemistad con ninguno de los acusados, pero sí se refirió, sin citar a Zoido, a la “relación profesional con una persona vinculada con una de las entidades recusantes” en el decanato de los juzgados de Sevilla en 1992, época en la que el ministro era decano de los jueces. Y no hay que olvidar que en Zoido fue quien en su día denunció el caso Mercasevilla, del que surgió el escándalo de los ERE.

 

Sospechosos habituales sin “salvoconducto procesal”

Jorge Muñoz | 23 de marzo de 2017 a las 2:00

CASO ERE  JUZGADOS DEL PRADO Declara por sexta vez en este caso por el ERE de Egmasa el ex consejero Antonio Fernández

El ex consejero Antonio Fernández, uno de los “sospechosos habituales” de los ERE

No habrá “salvoconducto procesal” para los sospechosos habituales, los imputados de los ERE que serán juzgados en la pieza política del caso, la del denominado “procedimiento específico” por el que se concedían las ayudas, y que están abocados además a sentarse en el banquillo de los acusados posiblemente en las más de 200 piezas distintas que serán juzgadas individualmente, en relación con cada una de las ayudas.
La Audiencia de Sevilla ha rechazado la posibilidad de que estos investigados sean enjuiciados una única vez, al desestimar los recursos presentados por el ex consejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández y el ex director de la agencia Idea Jacinto Cañete. Ambos habían solicitado, tras ser procesados en la pieza del procedimiento específico, el “sobreseimiento parcial subjetivo” (sic) en las diligencias previas 174/2011, la causa matriz del escándalo de los ERE, de la que la juez María Núñez Bolaños está desgajando cada una de las piezas individuales de ayudas.

Ambos pedían ese archivo para que no pudieran ser imputados en cada una de las piezas, algo que según algunas fuentes consultas tiene cierta lógica jurídica. Si ya están imputados por su supuesta participación en la creación del sistema que habría permitido el fraude y van a ser enjuiciados por estos hechos, en los que incluso se les reclama una indemnización por la totalidad de las ayudas, no sería lógico jurídicamente que se repitiera luego un juicio por cada ayuda en el que volvieran a pedirse responsabilidades penales y civiles, partiendo según las defensas de que se trata de unos mismos hechos.
En un auto dictado ahora por la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, que tiene fecha del 3 de marzo, el tribunal señala que los recursos de Antonio Fernández y Jacinto Cañete sostienen que tras el dictado del auto de procesamiento del 31 de mayo de 2016 –el que procesó a Chaves y Griñán y otros 23 ex altos cargos– “se han venido a agotar los hechos de relevancia penal apreciables en su contra en el llamado caso de los ERE, de forma que toda pieza ya abierta o que se abra en el futuro dimanantes de las presentes diligencias 174/2011 implicarían la vulneración de su derecho fundamental a un juicio con las debidas garantías ya que supondría su persecución penal por los mismos hechos en más de un enjuiciamiento”, y la imposición de sucesivas supuestas penas en caso de condena.
Los magistrados ponen de manifiesto la “imposibilidad lógico-jurídica de entrar a analizar” esta petición porque no concretan los hechos que forman parte del objeto actual de las diligencias, por cuanto con esta petición de sobreseimiento entienden que se está reclamando una “especie de salvoconducto procesal que cierre la posibilidad de toda apertura futura de piezas separadas contra estos imputados, algo que es ajeno a la finalidad del instituto procesal del sobreseimiento que se reclama, y que conllevaría el riesgo de impedir la formación de piezas separadas cuya incoación sí pudiera estar justificada”.
El tribunal deja abierta la posibilidad, no obstante, a que en esos “eventuales otros procesos con los que deba establecerse la comparación entre los hechos objeto de uno y otro para aclarar si se está o no ante un doble enjuiciamiento, como los mismos apelantes han hecho ya”.

Defensas al contraataque

Jorge Muñoz | 20 de marzo de 2017 a las 2:00

UNA SALA PRESIDIDA POR UN EX ALTO CARGO ENJUICIARA A CHAVES Y GRI?AN

El magistrado de la Audiencia de Sevilla Pedro Izquierdo, que fue secretario para la Justicia entre 2008 y 2014.

Varias defensas pasan al contraataque en la recusación planteada contra el magistrado de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla Pedro Izquierdo. Los abogados de varios ex altos cargos de la Junta han presentado sendos escritos en los que se oponen al incidente de recusación planteado por las acusaciones populares que ejercen el sindicato Manos Limpias y el Partido Popular, al considerar que no concurre ni razones de amistad ni de interés directo o indirecto en el asunto.
La sorpresa en torno a la recusación puede venir de la mano de la Fiscalía Anticorrupción, que se va a pronunciar de manera inminente. En Sevilla, sin contar con la recusación de un magistrado del caso Betis, no se producía un incidente de tal nivel desde el año 2010, cuando una defensa recusó a la juez Mercedes Alaya por el caso Mercasevilla, por el hecho de que su marido había sido en el pasado auditor de cuentas del mercado mayorista. La Fiscalía de Sevilla, que inicialmente se pronunció en contra de la recusación de Alaya al no apreciar motivos, en un cambio radical en cuestión de días, acabó por apoyar que la juez fuese apartada del procedimiento, pero la Audiencia de Sevilla lo rechazó de forma tajante.
Ala espera de que la Fiscalía Anticorrupción se pronuncie, las defensas de varios ex altos cargos de la Junta, como el ex interventor general Manuel Gómez –también se han pronunciado el abogado de un ex consejero procesado–, han presentado escritos impugnando la recusación y, en consecuencia, apoyando que Pedro Izquierdo siga adelante.
Las defensas consideran que no hay causa legal para que el magistrado no forme parte del tribunal, pese a que durante ocho años (entre 2008 y 2014) ocupó el cargo de secretario general para la Justicia y, por tanto, coincidió con los dos ex presidentes imputados en la pieza del denominado “procedimiento específico” por el que se concedían las ayudas. No hay causa legal, pero sí la pérdida de la apariencia de imparcialidad, tal y como comenté recientemente en este mismo blog.
En el escrito presentado por la defensa del ex interventor general de la Junta y también del ex secretario general de Hacienda Antonio Estepa, se recuerda que Manos Limpias alegó las “dudas” que podía generar a un ciudadano medio la posible relación de amistad del magistrado o el interés que éste pudiera tener en el procedimiento.
Pero esas dudas o sospechas sobre la imparcialidad, prosigue, “no basta con que surjan en la mente de quien recusa, sino que es preciso determinar caso a caso si las mismas alcanzan una consistencia tal que permitan afirmar que se hallan objetiva y legítimamente justificadas”, según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que cita en su escrito.
Así, esta defensa rechaza que existan indicios de afinidad, sintonía política, compañerismo o amista que pudieran comprometer al juez en su función de juzgar, por cuanto “nadie puede, pues, ser descalificado como juez en razón de sus ideas y, por tanto, no resultaría constitucionalmente posible remover a los magistrados recusados, aun cuando fuesen ciertas las actitudes que se les atribuyen”.
En cuanto al interés directo, sostienen que la única relación del magistrado está en que algunos de los acusados fueron miembros del Consejo de Gobierno que aprobó su nombramiento, pero esto “no es suficiente para que prospere la pretensión”. La defensa concluye que “ni se acredita la pretendida relación de amistad, ni tampoco se acredita le existencia de un interés directo o indirecto”.

El otro juicio de Mercasevilla

Jorge Muñoz | 19 de marzo de 2017 a las 2:00

Caso Mercasevilla  Audiencia de Sevilla Declara Antonio Rodrigo Torrijos y compa?ia

En cualquier juicio, por muy complejos o graves que puedan ser los hechos que se enjuician, se producen anécdotas. Si además el juicio se prolonga durante 20 sesiones, como ha ocurrido con el caso de la venta de los suelos de Mercasevilla, el ambiente que se suscita entre los propios acusados y los abogados se vuelve más propicio para que proliferen situaciones o comentarios divertidos. Unos dirán que esto se produce por pseudocompañerismo o por lo que une el banquillo, pero lo cierto es que las anécdotas se disparan.
La primera anécdota se produjo el mismo día en que se iniciaba la vista oral, cuando uno de los principales acusados, el ex primer teniente de alcalde y ex portavoz municipal de IU Antonio Rodrigo Torrijos coincidió a la entrada de la sede judicial con la juez Mercedes Alaya, quien instruyó la causa y lo procesó, y cuya labor instructora fue criticada por las defensas a lo largo de este juicio. Torrijos y Alaya compartieron incluso ascensor para subir a la planta donde se celebraba la vista oral, y seguro que el primero recordó el vehemente interrogatorio al que fue sometido por la juez en la fase de instrucción.
La peculiaridad de los interrogatorios de Alaya se puso nuevamente de manifiesto con motivo de la declaración de uno de los testigos: el economista de la sociedad estatal Mercasa Ángel Gil, quien relató cómo fue la disputa técnica que mantuvo con esta juez respecto a si la oferta de Sando incluía pago al contado o no. El testigo llegó a decir que la juez le “metió los dedos” en esa declaración hasta que tuvo que abandonar su postura y dejar que la juez se saliera con la suya. “Fue una discusión larga [con la juez] y al final yo me allané”, reconoció el economista.
Con este testigo se produjo otro momento divertido en el juicio cuando, al inicio de la comparecencia, la juez le formuló las preguntas generales de la ley –si jura o promete decir la verdad, o si tiene amistad o enemistad con algunas de las partes– y le advirtió de las consecuencia del delito de falso testimonio. En ese momento, el testigo completó la exposición de su señoría añadiendo que el falso testimonio lleva aparejada “penas de prisión…”, de lo que se desprende que no era la primera vez que rendía testimonio ante un tribunal.
La verdad es que el juicio de Mercasevilla fue en algunos momentos muy técnico –y hasta podría decirse que aburrido y agotador–, como cuando salía a relucir la cuestión de las tan traídas cláusulas que supuestamente se introdujeron en el pliego de condiciones para favorecer a la constructora Sando. La juez Yolanda Sánchez Gucema, que al final del juicio logró el reconocimiento de la práctica totalidad de los diez acusados y de sus abogados, tuvo que emplearse a fondo en algunas ocasiones, pero lo hizo en ocasiones con cierta gracia, como cuando le pidió a un letrado que “no volviera a preguntar por la legalidad de las cláusulas”.
–Señor letrado, el testigo ya ha contestado tres veces esa misma pregunta. Ha dicho que las cláusulas le parecían legalísimas –exclamó con cierta sorna.
La juez también bromeó con los letrados por el tema de los micrófonos abiertos, que tantos quebraderos de cabeza han causado en el mundo de la política. La magistrada pidió a los letrados que no hicieran comentarios entre ellos mientras se sucedían las declaraciones de los testigos.
–Señores letrados, les recuerdo que todo el juicio se está grabando, por lo que me enteraré de los comentarios que están haciendo durante los interrogatorios –explicó la juez, lo que provocó una sonora carcajada en la sala de vistas.
En otra ocasión, la magistrada reprochó a los abogados de la defensa que “gesticularan” durante la declaración del inspector de Policía que investigó el caso y quien sostuvo la tesis del amaño del concurso. “Ya sea el testigo un letrado, un economista o un inspector de Policía. Seamos respetuosos a todos por igual”, reclamó la juez.
Y a uno de los testigos, el dueño de Larena 98, Antonio Pardal, la juez le impuso una multa de 3.000 euros –que después le retiró– por no asistir a declarar, al haberse confundido de sede judicial. El hombre, de 80 años, le explicó a la juez que no podía pagar la multa y le reprochó que, por su propia torpeza, o porque el juzgado “no pone las señas de la Audiencia” no pudo llegar a la vista, a lo que la juez le preguntó que por qué ese día “sí que había” dado con el sitio si no habían cambiado las señas…
La magistrada tuvo en líneas generales un trato exquisito con los acusados, salvo cuando llamó la atención al ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet por utilizar el teléfono móvil. “Seamos respetuosos. Lleva todo el tiempo con el móvil y no consigo concentrarme”, le espetó la juez, que en otra ocasión reprendió a otro de los procesados por quedarse “dormido” durante la exposición de los informes finales.

 

VISTO PARA SENTENCIA

Esta semana un juzgado de lo Penal de Sevilla ha condenado al ex alcalde de Sanlúcar la Mayor Eustaquio Castaño y a otros ocho antiguos ediles de la corporación municipal a cuatro años de inhabilitación por haber autorizado, en contra de las normas urbanísticas, que se ampliara en dos metros –hasta los nueve– la altura de la casa de la Hermandad de la Virgen de la Soledad, todo ello para permitir el acceso del paso de palio. Para fundamentar la condena y desmontar el argumento de los acusados respecto a que no tuvieron ningún interés en la concesión de la licencia a la Hermandad, la juez ha recordado la importancia que tienen las cofradías.

“Los intereses, en ocasiones, no tienen por qué tener una traducción económica. No se debe olvidar que se trata de un pueblo de unos 11.000 habitantes, dentro del cual, por raíces religiosas, las Hermandades, siendo ésta la más numerosa, tienen mucho peso social en el municipio y además de todo ello, en el aspecto político, tampoco hay que perder de vista que las elecciones municipales estaban muy cerca”, relata la sentencia. El mundo de las cofradías y la política, unidos por una licencia municipal que no tuvo en cuenta los informes negativos del arquitecto y de la secretaria del Ayuntamiento, que advirtieron de que se estaban quebrantando las normas urbanísticas.

La sentencia, que se ha dictado 14 años después de que ocurrieran los hechos, también rechaza la supuesta falta de conocimiento del entonces regidor y de su equipo de gobierno de los informes de los técnicos, apelando a su responsabilidad política. “Los acusados no pueden basarse en su falta de conocimiento de los informes por dos razones, en primer lugar porque se dio cuenta de ellos tanto en la comisión como en el pleno al menos de viva voz por portavoces de partidos políticos distintos al PP y, en segundo lugar, por propia responsabilidad personal y política, pues no es consecuente votar sin tener conocimiento de aquello que se vota, se trataría de una irresponsabilidad censurable”, alega la juez Patricia Rubio en la sentencia, en la que reprocha además que los políticos no pueden “escudarse en las circunstancia de los múltiples temas a tratar puesto que éste tenía una importancia añadida y por ello se lleva al pleno, siendo por tanto un asunto excepcional al que seguramente se le prestó mayor atención”, concluye.

El pleito del sacristán

Jorge Muñoz | 12 de marzo de 2017 a las 2:00

SACRISTÁN DESPIDO IMPROCEDENTE

Rosell

¿Existe realmente una relación laboral tras la figura del sacristán? La Fiscalía de Sevilla ha analizado el caso concreto de un sacristán de la provincia de Sevilla que ha presentado una demanda por despido nulo o improcedente contra su parroquia y el párroco de la misma, tras haber trabajado durante 14 año sin contrato, y ha llegado a la conclusión de que este caso se trata de una relación sujeta al Estatuto de los Trabajadores.
La cuestión jurídica se había suscitado a raíz de que una juez de lo Social de Sevilla haya plantease una cuestión de competencia en este asunto, al objeto de dirimir si es la jurisdicción Social o la Civil la que debía resolver la cuestión, según explicaron fuentes de la Fiscalía. La juez alegaba una posible falta de competencia de la jurisdicción Social para conocer este litigio y lo argumentaba en una conocida sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Las Palmas que, en un supuesto similar, había concluido que “no existe en estos casos relación de tipo laboral”.
Y la Fiscalía de Sevilla ha presentado ahora un exhaustivo y preciso informe, realizado por el fiscal Federico Buero Pichardo, conocido cofrade, que analiza la demanda laboral de este sacristán. Dice el representante del Ministerio Público que el sacristán había venido prestando sus servicios en la parroquia “con una jornada laboral, remuneración mensual, y enumerando las funciones que desempeña en el ejercicio de tal función” y que le fueron encomendadas de manera verbal, percibiendo sus emolumentos de forma mensual.

El estudio del fiscal comienza señalando que la parroquia como ente eclesiástico con autonomía según el Código de Derecho Canónico tiene “personalidad jurídica civil en el ordenamiento jurídico español ya desde los acuerdos de 3 de enero de 1979 suscritos entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos jurídicos, donde el apartado 2 del punto 1 establece que la Iglesia Católica puede organizarse libremente, pudiendo crear entre otras entidades las parroquias, que gozarán de personalidad jurídica civil en cuanto la tengan canónica y ésta sea notificada a los órganos competentes del Estado”. Se trataría, prosigue, de una circunscripción de la Iglesia Católica con personalidad jurídica propia distinta de los demás entes eclesiásticos de esta Iglesia.
Para el fiscal, desde el punto de vista canónico, la parroquia es sujeto de “derechos y obligaciones y puede tener un patrimonio (canon 1255.1), un patrimonio con una contabilidad propia (canon 1284.2 y 7), debiendo presentar cada año un informe administrativo al ordinario del lugar (canon 1284 y 1287), así como un inventario de bienes (canon 1283.2) y en cuanto a los inmuebles por ejemplo tendrán que tener una identificación catastral según cómo se encuentre en el registro público de la propiedad”.
El fiscal entiende además que la personalidad jurídica civil deriva igualmente del Real Decreto 594/2015, de 3 de julio, por el que se regula el registro de entidades religiosas que en su artículo 2 prevé “la inscripción de las circunscripciones territoriales de las iglesias y en el artículo 7 la inscripción de entidades creadas por una iglesia y en el artículo 18 la anotación de la condición de ministros de culto”.
Recuerda igualmente una resolución de la dirección general de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones sobre inscripción de entidades católicas en el registro de entidades religiosas, que señala que las parroquias gozarán de “personalidad jurídica civil en cuanto la tengan canónica y sea notificada por la autoridad eclesiástica al registro de entidades religiosas, pudiendo acreditar tal personalidad jurídica por cualquiera de los medios de prueba admitidos en derecho”.
Por último, cita una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón en la que, en un pleito contra el arzobispado de Zaragoza, “no planteó ninguna cuestión de competencia sobre la personalidad de tal ente eclesiástico”.
El informe del fiscal es un auténtico tratado de derecho canónico, como puede verse. Si el fiscal se ha pronunciado así sólo respecto a la competencia para resolver el litigio, me parece que el juicio por el pleito del sacristán promete bastante.

 

VISTO PARA SENTENCIA

Hermano contra hermano, el caso García-Quílez

En el Derecho dicen que cabe todo, cualquier interpretación. Todas y ninguna. Hasta un particular Kramer contra Kramer como el que han protagonizado dos abogados durante las 20 sesiones del juicio que acaba de terminar sobre la venta de los suelos de Mercasevilla. El caso de los hermanos García-Quílez, José Manuel y Jaime.

Juicio Mercasevilla  Ultima sesion

José Manuel García-Quílez

El primero ha ejercido la defensa de uno de los principales acusados en la vista oral, el ex director de área de Vía Pública Domingo Enrique Castaño, a quien la Fiscalía y la acusación particular que ejerce Mercasevilla atribuyen un papel primordial en el supuesto amaño del concurso, al haber presuntamente puesto en contacto a la empresa Sando con la lonja. Jaime, por su parte, era uno de los dos abogados de Mercasevilla en el caso, junto a Juan Piñeyro.

JUICIO MERCASEVILLA.ANTONIO PARDAL

Jaime García-Quílez

Los hermanos García-Quílez frente a frente, como defensa y acusador, con argumentos y propósitos también enfrentados. Frente a la absolución que pide el defensor, que trabaja para Montero-Aramburu, se alzaba la petición de condena del acusador y, en medio, las críticas del defensor al considerar que se trata de una “causa política” con la que se pretendía atacar al ex alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín. Un hermano defendiendo que no hay pruebas contra su cliente y el resto de los acusados, y el otro que existió amaño. Y por encima, la profesionalidad de ambos y las entrañas del Derecho que, a tenor de lo que el aserto jurídico mencionado, tienen que ser bastante grandes.

El CGPJ aprueba la creación de secciones penales del TSJA en Sevilla y Málaga

Jorge Muñoz | 7 de marzo de 2017 a las 21:22

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado hoy, por 19 votos a favor y dos en contra, el informe al proyecto de Real Decreto por el que se hace efectiva la implantación de la segunda instancia penal, en el que se advierte de que la previsión de plazas de magistrado para las nuevas Secciones de Apelación que se crearán en los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana puede ser insuficiente para atender el previsible incremento de la carga de trabajo.

El texto remitido por el Gobierno recoge la dotación de tres nuevas plazas de magistrado para la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional, que entraría en funcionamiento el próximo 1 de junio, y de otras trece que se distribuirían entre las Salas de lo Civil y Penal de los TSJ de Andalucía (6), Cataluña (3), la Comunidad Valenciana (1) y Madrid (3) como consecuencia de la generalización de la segunda instancia penal.

El informe aprobado por el Pleno del CGPJ, del que ha sido ponente la vocal Mar Cabrejas, señala, en relación con la dotación de plazas prevista para los Tribunales Superiores de Justicia, que “el previsible incremento de la carga de trabajo en sus Salas de lo Civil y Penal, unido en algunos casos a la escasa planta orgánica, hace necesaria la ampliación del número de plazas de magistrado”. Así, el órgano de gobierno de los jueces propone que el Ejecutivo “aprecie la oportunidad de aumentar el número de plazas de magistrado para la Sala Civil y Penal del TSJ de la Comunidad Valenciana para alcanzar la dotación de tres plazas de magistrado”, en lugar de la única plaza prevista; y sugiere también “la conveniencia de incrementar en una plaza el número de las dotadas hasta llegar a cuatro” en relación con la Sala Civil y Penal del TSJ de Cataluña.

Creación de dos Secciones de Apelación en Andalucía

El informe avala la creación de dos Secciones de Apelación en el TSJ de Andalucía, “dada la extensión del territorio sobre el que recae la jurisdicción de este Tribunal y el aumento de la carga de trabajo que supone resolver los recursos de apelación frente a las resoluciones dictadas por ocho Audiencias Provinciales”. Para el CGPJ, sin embargo, “resulta necesario que se amplíe en un magistrado la dotación de plazas prevista en el proyecto, de modo que el número total de plazas sea de siete”, en atención al “importante peso de las responsabilidades gubernativas” del presidente del TSJ, que también lo es de la Sala de lo Civil y Penal encargada de las apelaciones.

Además, el informe advierte de que aunque el proyecto de Real Decreto habla de la constitución de dos Secciones de Apelación en Málaga y en Sevilla, éstas tendrán “la misma circunscripción territorial y sede (Granada) que el órgano del que forman parte (la Sala de lo Civil y Penal), pues la competencia del Gobierno para crear Secciones, de acuerdo con el artículo 36 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, tiene el límite infranqueable de la no alteración de la demarcación judicial”.

Una vez creadas esas Secciones, la Sala de Gobierno del TSJ andaluz podrá aprobar las correspondientes normas de reparto para introducir un criterio territorial a la hora de distribuir los asuntos entre ellas. Después, y también a petición de la Sala de Gobierno, el CGPJ podrá acordar el desplazamiento de la sede de esas Secciones a Málaga y Sevilla, según lo establecido en el artículo 269.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Otra posibilidad sería crear Salas de lo Penal en Málaga y en Sevilla al amparo de lo previsto en el artículo 73.6 de la LOPJ, pero ello obligaría a modificar tanto la Ley de Demarcación y Planta Judicial como la propia Ley Orgánica del Poder Judicial, pues la creación de esas Salas afectaría a la composición de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior andaluz.

Plazo suficiente para la provisión de plazas

El informe aprobado por el Pleno del órgano de gobierno de los jueces señala la conveniencia de que la fecha de la efectividad de la dotación de las plazas que se creen en los Tribunales Superiores de Justicia coincida con la de las tres plazas previstas para la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional, es decir, el próximo 1 de junio.

“La convocatoria de la totalidad de las plazas creadas en unidad de concurso resultaría más beneficiosa para los solicitantes de esas plazas, al poder elegir todas ellas de acuerdo al orden de sus preferencias”, señala el Consejo, que estima que el tiempo que resta hasta el 1 de junio “permite un lapso temporal razonable” para adoptar las medidas necesarias para la provisión efectiva de esas plazas.

El informe ha sido aprobado con 19 votos a favor y dos en contra, los de los vocales Concepción Sáez y Enrique Lucas.El vocal Juan Manuel Fernández ha anunciado que formulará un voto concurrente, al que se adherirán los también vocales Roser Bach, Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga y Juan Martínez Moya.

Informe sobre la comisión de seguimiento de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo

El Pleno del CGPJ también ha aprobado hoy, con 18 votos a favor y dos en contra, el informe al proyecto de Real Decreto por el que se crea y regula la comisión de seguimiento, control y evaluación prevista en el Real Decreto-Ley 1/2017, de 20 de enero, que dispone un cauce extrajudicial para que los consumidores y las entidades de crédito que hayan suscrito un contrato de préstamo o crédito con garantía hipotecaria puedan alcanzar un acuerdo y solucionar las controversias que se susciten como consecuencia de los últimos pronunciamientos judiciales en materia de cláusulas suelo.

El texto remitido por el Gobierno establece que esa comisión recibirá la información que le traslade el Banco de España o las entidades de crédito y publicará semestralmente un informe en el que se evalúe el grado de cumplimiento del Real Decreto-ley 1/2017, que será remitido a la Comisión de Economía, Industria y Competitividad del Congreso de los Diputados.

Las entidades de crédito, según el proyecto de Real Decreto, estarán obligadas a facilitar información sobre el número e importe de las solicitudes iniciadas, resueltas y denegadas, así como sobre los motivos de denegación, en su caso; y sobre el número e importe de las medidas compensatorias distintas de la devolución del efectivo que hayan ofrecido a los consumidores y, en su caso, acordado con ellos.

El informe aprobado por el CGPJ, del que ha sido ponente el vocal Gerardo Martínez Tristán, señala que las funciones de la Comisión previstas en el proyecto de Real Decreto “son consustanciales a su objeto, se muestran coherentes con el mismo y se mueven en el marco que ofrece la norma legal habilitante, a la que desarrolla y complementa en lo necesario para dotar de efectividad a aquel objeto y, en fin, a las genéricas funciones de seguimiento, de control, de evaluación y consultivas que tiene atribuidas”.

Respecto a las obligaciones impuestas a las entidades de crédito, el órgano de gobierno de los jueces considera que “son instrumentales al cumplimiento de las funciones atribuidas a la Comisión y se muestran adecuadas y proporcionadas a su objeto y finalidad”. El informe ha sido aprobado con 18 votos a favor y dos en contra, de los vocales Nuria Díaz, que formulará un voto particular, y Vicente Guilarte. El vocal Wenceslao Olea formulará un voto concurrente. El también vocal Rafael Fernández Valverde no ha participado en la votación

El Supremo niega el derecho al desempleo tras “dimitir” de un trabajo

Jorge Muñoz | 7 de marzo de 2017 a las 16:01

La Sala de lo Social niega a un trabajador el derecho a reanudar el cobro del subsidio de desempleo para mayores de 52 años por dejar de forma voluntaria el empleo de corta duración que suspendió la prestación. Para el Tribunal Supremo, la “dimisión del trabajador no está contemplada como situación legal de desempleo, ni siquiera si ocurre durante el período de prueba”, por lo que no es posible continuar cobrando el subsidio, según ha informado el Alto Tribunal.

El empleado comenzó a percibir el subsidio por desempleo para mayores de 52 años el 1 de abril de 2009. Siete meses después, empezó a trabajar como empleado doméstico –chófer- con un contrato de duración indefinida. El mismo día que le dieron de alta en la Seguridad Social, el 1 de noviembre de 2011, se despidió del trabajo porque no se encontraba bien en Madrid y añoraba su pueblo, como certificó su empleador en un documento. Poco después, el trabajador solicitó la reanudación del subsidio de desempleo que había quedado suspendido y el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) denegó la reanudación de la prestación solicitada por no hallarse el trabajador en situación legal de desempleo.

El juzgado de lo Social número 7 de Murcia desestimó la demanda presentada por el trabajador contra el Servicio Público de Empleo Estatal, basándose en que el contrato se extingue por la voluntad del primero, por lo que no existe situación legal de desempleo.

El Tribunal Superior de Justicia de Murcia revocó la sentencia del juzgado y declaró el derecho del demandante a reanudar la percepción del subsidio que venía cobrando, al concluir que la Ley General de la Seguridad Social no establece el requisito de encontrarse en situación legal de desempleo para tener derecho a las prestaciones de nivel asistencial ni para la reanudación de la percepción del subsidio cuando se suspende por una contratación de duración inferior a doce meses.

La Sala de lo Social estima el recurso de casación del SPEE, anula el fallo del TSJM y confirma el del juzgado. La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Antonio V. Sempere, afirma que el acceso a dicha prestación se limita a los supuestos en los que se ha terminado la prestación contributiva (a la que se accede desde una situación legal de desempleo).

A este respecto, señala que la realización de un trabajo por cuenta ajena inferior a doce meses es una causa de suspensión del subsidio, que puede reanudarse si se solicita y concurre el requisito de estar inscrito como demandante de empleo. En este caso, el interesado debe acreditar que ha finalizado la causa de suspensión y que “esa causa constituye situación legal de desempleo”.

La sentencia recuerda que la doctrina de la Sala sobre los requisitos citados para la reanudación de la prestación descarta el automatismo y reconoce la facultad de la entidad gestora para realizar las oportunas comprobaciones.

La Sala Cuarta concluye que la percepción del subsidio por desempleo para mayores de 52 años puede prolongarse hasta que el trabajador alcance la edad ordinaria que se exija en cada caso para cobrar la pensión de jubilación. Sin embargo, resalta que “no estamos ante una prestación equiparada a la de jubilación sino que el legislador desea que la persona beneficiaria siga conectada con lo que suele denominarse el mercado de trabajo”.

“Recordemos que quien perciba prestaciones o subsidios debe cumplir diversas obligaciones, entre las que aparecen las de buscar activamente empleo o aceptar una colocación adecuada”, subraya la sentencia.

Voto particular

La sentencia incluye el voto particular de la magistrada Rosa María Virolés en el que afirma que debió desestimarse el recurso del SPEE y, por tanto, reconocerse el derecho del trabajador a reanudar el cobro del subsidio porque no es exigible el requisito de encontrarse en situación legal de desempleo. La magistrada explica que “al extinguirse el contrato a los pocos días de su inicio, sin haber transcurrido el plazo de doce meses, y sin que el trabajador tenga derecho al percibo de la prestación de desempleo, nada impide que pueda reanudar el subsidio de desempleo que se encontraba en suspenso”.

Las demandas de divorcio caen un 8,6% en 2016 en Andalucía

Jorge Muñoz | 6 de marzo de 2017 a las 16:22

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El año pasado se presentaron en los juzgados 21.605 demandas de divorcio y 1.264 demandas de separación. Las 22.869 demandas de disolución matrimonial –es decir, demandas de separación o de divorcio, tanto de mutuo acuerdo como no consensuadas- presentadas en los juzgados de Andalucía durante el año pasado suponen una disminución del 8,6% respecto a las registradas en 2015, según los datos publicados hoy por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El descenso afectó tanto al número de demandas de divorcio –un total de 21.605, lo que representa un 8,1% menos que el año anterior- como la de demandas de separación -1.264, una disminución del 16,7% respecto a 2015-.

Del total de demandas de divorcio presentadas en 2016 en Andalucía, 11.001 fueron de consensuadas, y 10.604 contenciosas. En cuando a las demandas de separación, 768 de las presentadas fueron de mutuo acuerdo y 496 no consensuadas. Además, en 2016 se registraron 22 demandas de nulidad matrimonial, frente a las 27 del año anterior.

Poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial del total del año con la población a 1 de enero de 2016, se observa que el mayor número de demandas de disolución por cada 1.000 habitantes se dio en Canarias y en la Comunidad Valenciana (2,9), mientras que en el otro extremo se situó Castilla y León (1,9). La media de demandas en España fue de 2,6 por cada mil habitantes y en Andalucía está en 2,7 por cada mil habitantes.

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Balas en el juzgado

Jorge Muñoz | 5 de marzo de 2017 a las 2:00

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Son un elemento que no es ajeno a los juzgados. Las armas y la munición son frecuentes en cualquier sede judicial. Las portan los guardias civiles encargados de la custodia de los edificios, los policías nacionales que trasladan a los presos, y también los agentes de cualquiera de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que acuden a los juzgados para, por ejemplo, prestar declaración en un juicio o hacer gestiones policiales relacionadas con un caso. Lo que no es normal es lo que sucedió esta semana, cuando en los juzgados de Sevilla aparecieron dos balas depositadas en el suelo. Los dos proyectiles, en perfecto estado de utilización, estaban junto a una columna, a escasos metros de la puerta de acceso a los juzgados del edificio del Prado de San Sebastián. En las imágenes que aparecen adjuntas puede verse el lugar exacto y la posición en la que fueron halladas, y en otra fotografía ambas balas en las manos de una de las personas que la halló. Rápidamente, se alertó a los agentes de la Guardia Civil, que comprobaron que ambos proyectiles son de un arma corta, del calibre 7,65 milímetros.

Y a partir de ahí cabe preguntarse cómo pudieron aparecer ambas balas junto a los juzgados. ¿Podrían pertenecer a algún agente al que se le cayeron de un cinturón? No parece la explicación más probable.

Hay otra que sí podría ser la correcta, sobre todo teniendo en cuenta la zona y la posición en la que se encontraban los dos proyectiles, perfectamente alineados en la parte inferior de una columna, como si alguien los colocó allí precisamente para intentar que pasaran desapercibidos. Si contemplamos esta hipótesis, las balas podrían pertenecer a una persona que, probablemente, habría acudido esa mañana al edificio de los juzgados para acudir a una gestión judicial o para comparecer ante la oficina judicial de presentaciones, porque tuviera una medida cautelar de presentación cada cierto tiempo.

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Y en esa coyuntura, conociendo que para acceder al juzgado hay que pasar un escáner que detecta los objetos metálicos, no sería muy apropiado que le sorprendieran con tan extraña posesión entre sus pertenencias.

De hecho, es frecuente observan cómo en el alféizar de las ventanas próximas algunos individuos depositan toda clase de objetos metálicos y nada apropiados para entrar en una sede judicial. Desde pequeñas navajas, cuchillos, y la última moda: las navajas-tarjeta, un instrumento que a simple vista parece una tarjeta de crédito de plástico, pero que al abrirse y colocarse de una determinada forma, acaba formando un auténtico pincho o navaja de punta metálica y mango de plástico. Todo un invento que, según los entendidos, se está convirtiendo en un souvenir típico de las bodas.

Volviendo al tema de las balas. Después del hallazgo, los guardias civiles dejaron durante unos minutos los proyectiles en su lugar, para ver si alguien volvía a recogerlos. Al final, nadie se presentó y la munición fue intervenida.

Sólo cabe preguntarse en qué bodas se reparten esos curiosos regalos. ¿Y también qué personajes frecuentan a diario nuestros juzgados? Cada día, se intervienen en los juzgados muchos de estos objetos inapropiados a usuarios que entran con ellos. Desde luego parece que no estamos ante lo más granado de la sociedad sevillana. ¡Jodér, qué tropa!, como diría el conde de Romanones.

VISTO PARA SENTENCIA

Pedro Izquierdo, el juez recusado para los ERE

*El sindicato Manos Limpias ha sido la primera acusación popular personada en el caso de los ERE fraudulentos que ha recusado al presidente de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla Pedro Izquierdo, al que ha recaído la ponencia para enjuiciar la primera pieza de los ERE que llega a juicio, la que afecta a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán. El sindicato, que no pasa ahora por sus mejores momentos en cuanto a su credibilidad tras el escándalo que llevó a prisión provisional a su secretario general Miguel Bernard, alega que no duda de la profesionalidad, integridad y objetividad del magistrado, pero entiende que no puede estar el juicio por la “sombra de sospecha” para la ciudadanía. Manos limpias recuerda la etapa de Pedro Izquierdo como secretario general para la Justicia entre los años 2008 y 2014, seis años en los que coincidió con los mandatos de Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

De momento, la Audiencia ha devuelto a toriles el recurso del sindicato por un defecto de forma, aunque una vez subsanado tendrá que pronunciarse sobre el mismo. La acusación popular que ejerce el PP aún no se ha pronunciado sobre si recusará o no al magistrado, aunque todo parece indicar que no quieren que Pedro Izquierdo esté al frente del tribunal que juzgará a Chaves y Griñán, y mucho menos que sea él quien redacte la sentencia, en su condición de ponente de la causa. Interesante será, como no, la postura que adopte la Fiscalía Anticorrupción ante el incidente de recusación planteado contra este magistrado.

La juez y el Cuerpo de la Guardia Civil

*La anécdota ocurrió hace unos años. Era el primer destino en un juzgado de Ayamonte (Huelva) de una juez que acababa de aprobar las durísimas oposiciones para el acceso a la judicatura. Como la juez era nueva, el mando de la Guardia Civil de la localidad acudió al juzgado para presentarse a la nueva magistrada y lo hizo con toda la puesta en escena que le gusta a muchos agentes.
-Señoría, el Cuerpo de la Guardia Civil, a su disposición… –aseguró con una voz fuerte, rotunda y clara, como corresponde a un miembro de la Benemérita institución.
¿Todo el cuerpo? –preguntó con sorna su señoría.
La respuesta de la juez guasona hizo que el agente se sonrojara, si bien todo quedó en una anécdota.