Con lluvia de barro, truenos y en 23-F

Jorge Muñoz | 24 de febrero de 2017 a las 2:00

Juzgados del Prado Movida por el caso de los ERE  Habra que estar hasta las doce y algo para hacer varias cosas, incluido fotos a la juez Maria Nu?ez Bola?os para renovar el archivo

La juez María Núñez Bolaños, fotografiada ayer en los juzgados de Sevilla.

Si Bolaños hubiera elegido el día para elevar el sumario de los ERE a la Audiencia no podría haberlo hecho mejor. Sevilla se despertó ayer en medio de una intensa lluvia de barro, capricho meteorológico que quizás presagiaba el marrón que pocas horas después iba a recaer sobre los jueces de la Sección Primera de la Audiencia, con tormenta y truenos. Y encima era la efemeride del 23-F. Con ese panorama, la juez María Núñez Bolaños, convocó a los periodistas para explicarles personalmente y junto a los funcionarios de su oficina judicial, la intensa labor que habían desarrollado en las últimas semanas para ordenar el voluminoso sumario para su envío a la Audiencia de Sevilla.
La juez cerraba de esta forma la polémica que ella no generó pero que se suscitó en torno a la remisión del sumario a la Audiencia, después de que se hubieran disparado todas las alarmas sobre el reparto de la causa de Chaves y Griñán.

Las sospechas, rumores y reproches obligaron a los magistrados de la Audiencia, en un hecho tan lamentable como vacío de precedentes, a tener que volver a celebrar un nuevo sorteo, el segundo, para decidir a qué Sala correspondía el juicio.
Y ya que tenemos tribunal, sólo queda que cuanto antes se conforme la Sala y se celebre el juicio. Muchos de los investigados esperan ese momento desde hace más de seis años.

El Supremo plantea una decisión prejudicial al TJUE sobre cláusulas abusivas

Jorge Muñoz | 23 de febrero de 2017 a las 16:46

La Sala Primera del Tribunal Supremo, en un recurso sobre cláusulas abusivas, en el que el recurrente solicitaba que la declaración de abusividad del interés de demora trajera como consecuencia que el préstamo dejase de devengar interés alguno, ha acordado plantear una petición de decisión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en los siguientes términos:

“1) Los artículos 3, en relación con el anexo 1.e, y 4.1 de la Directiva 93/13/CEE, ¿se oponen a una doctrina jurisprudencial que declara que la cláusula de un contrato de préstamo que establece un tipo de interés de demora que suponga un recargo de más de un 2% sobre el tipo del interés remuneratorio anual fijado en el contrato constituye una indemnización desproporcionadamente alta impuesta al consumidor que se ha retrasado en el cumplimiento de su obligación de pago y, por tanto, es abusiva?

2) Los artículos 3, en relación con el anexo 1.e, 4.1, 6.1 y 7.1 de la Directiva 93/13/CEE, ¿se oponen a una doctrina jurisprudencial que, al enjuiciar la abusividad de una cláusula de un contrato de préstamo que establece el tipo de interés de demora, identifica como objeto del control de abusividad el recargo que dicho interés supone respecto del interés remuneratorio, por constituir la «indemnización desproporcionadamente alta impuesta al consumidor que no ha cumplido sus obligaciones», y establece que la consecuencia de la declaración de abusividad debe ser la supresión total de dicho recargo, de modo que solo se siga devengando el interés remuneratorio hasta la devolución del préstamo?

3) En caso de que la respuesta a la pregunta segunda fuera negativa: la declaración de nulidad de una cláusula que establece el tipo de interés de demora, por abusiva, ¿debe tener otros efectos para que sean compatibles con la Directiva 93/13/CEE, como por ejemplo la supresión total del devengo de interés, tanto remuneratorio como moratorio, cuando el prestatario incumple su obligación de pagar las cuotas del préstamo en los plazos previstos en el contrato, o bien el devengo del interés legal?

El Tribunal Supremo ha solicitado que la petición se tramite por el procedimiento acelerado y se acumule a otras cuestiones planteadas por tribunales españoles sobre el mismo problema.

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El fiscal general propondrá a Manuel Moix como nuevo jefe de la Fiscalía Anticorrupción

Jorge Muñoz | 22 de febrero de 2017 a las 22:48

La Fiscalía General del Estado ha informado hoy de que tras la reunión del Pleno del Consejo Fiscal, el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, propondrá los siguientes nombramientos:

  1. Fiscal de Sala Jefe de la Fiscalía Anticorrupción: Manuel Moix Blázquez (1958), actualmente destinado en la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo, destino al que llegó en mayo de 2015. Ingresó en la carrera fiscal hace 31 años. En 2003 fue designado Fiscal Jefe de Madrid, que en 2008 pasó a denominarse Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma de Madrid. Anteriormente, estuvo destinado en la Secretaría Técnica.

  2. Fiscal de Sala Jefe de la Audiencia Nacional: Jesús Alonso Cristóbal (1962), en la actualidad es Teniente Fiscal de esta Fiscalía desde abril de 2013.

  3. Fiscal de Sala Jefe de la Unidad de Apoyo: Francisco Moreno Carrasco (1958), actualmente destinado en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Fue nombrado Fiscal Jefe de Ciudad Real en mayo del 2000. En 2006 fue destinado a la Secretaría Técnica y en 2012 se integra en la Unidad de Apoyo.

  4. Fiscal de Sala Jefe de lo Penal del Tribunal Supremo: Juan Ignacio Campos Campos, quien renueva en esta plaza.

  5. Fiscal de Sala Jefe de lo Social del Tribunal Supremo: Pilar Barrero Juan, quien continúa para un nuevo mandato de cinco años.

  6. Fiscal de Sala de Cooperación Internacional: Rosana Morán, quien continúa al frente de esta especialidad otros cinco años.

  7. Fiscal de Sala de Criminalidad Informática: Elvira Tejada de la Fuente, que renueva en el cargo.

  8. Fiscal de Sala de Medio Ambiente y Urbanismo: Antonio Vercher Noguera, quien continúa al frente de esta especialidad.

El Supremo dice que un juez no pierde la imparcialidad por juzgar a una misma persona dos veces si es por hechos diferentes

Jorge Muñoz | 22 de febrero de 2017 a las 17:07

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha establecido que un magistrado no pierde la imparcialidad por enjuiciar a una misma persona dos veces si es por hechos diferentes y con acusados distintos (salvo él mismo). El tribunal rechaza así la alegación de un empresario, condenado en noviembre de 2015 por la Audiencia de Pontevedra por delitos de alzamiento de bienes y estafa, por una Sala de la que formó parte una magistrada que, en junio de 2015, había integrado también la Sala de la misma Audiencia que confirmó para él una condena también por delito de alzamiento de bienes, ha informado este miércoles el Alto Tribunal.
El empresario, Jaime Antonio M.D., alegó en su recurso ante el Supremo, entre otros motivos, que se había vulnerado su derecho fundamental al juez predeterminado por la Ley, como consecuencia de que la magistrada citada no se abstuvo de juzgarle en el segundo caso, después de que unos meses antes hubiese formado parte del tribunal que rechazó su recurso de apelación contra una sentencia del Juzgado de lo Penal número 2 de Vigo que le condenó a 1 año de cárcel por alzamiento de bienes.

El Supremo, en sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Albero Jorge Barreiro, razona que “los hechos que se dirimían en el referido recurso de apelación y los que se examinan en la presente causa no son los mismos. Puede decirse que son dos episodios fácticos integrantes de una conducta de alzamiento de bienes, pero se trata de hechos distintos, tanto en sí mismos como con relación a los sujetos activos que los ejecutaron, e incluso también en lo que respecta a las víctimas de ambas conductas”.

Así, recuerda que en la causa del recurso de apelación intervinieron como acusados y fueron condenados el ahora recurrente en casación y también dos personas más, familiares directos del anterior. “El hecho se centraba en la puesta a nombre de los coacusados de dos bienes inmuebles con el fin de esquivar el pago de la deuda contraída por Jaime (Antonio) M.D. con varias entidades financieras que le habían prestado dinero. Ello significa que el episodio fraudulento era distinto de los hechos que ahora se juzgan, y tampoco coincidían en su totalidad las personas acusadas y condenadas ni los perjudicados”.

“Por consiguiente –destaca el Supremo–, no puede admitirse que la magistrada a la que ahora se tilda de falta de imparcialidad actuara con ese déficit procesal que se le atribuye, ya que se limitó a enjuiciar un hecho distinto y con protagonistas diferentes en la parte activa y pasiva de la intervención. Es cierto que coincidía la persona del recurrente, sin embargo, el hecho de que haya sido juzgado previamente en otra causa por unos hechos distintos no significa que no pueda ser enjuiciado por un mismo magistrado en un hecho diferente, a pesar de que en el presente caso, según se analizará, era un hecho que podía subsumirse normativamente en el mismo delito que después se enjuició en esta nueva causa”.

La Audiencia de Pontevedra condenó a Jaime Antonio M.D. por delito continuado de estafa agravada y alzamiento de bienes a cuatro años de cárcel (dos años por cada delito). El Supremo sí estima parcialmente otra alegación del empresario y reduce la pena por este último delito a un año y medio de cárcel (pasando la condena total a 3 años y medio), al entender que la pena, en alguna medida y para respetar el principio de proporcionalidad, debe computar la impuesta en la sentencia del Juzgado número 2 de Vigo, pese a que allí se dirimieron hechos distintos a los de la nueva causa.

La pelota en el tejado de la Fiscalía

Jorge Muñoz | 21 de febrero de 2017 a las 2:00

REAPERTURA DE LAS MINAS DE AZNALCOLLAR

La juez Patricia Fernández decidió a última hora parar la entrega de miles de correos electrónicos a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Se trata de una decisión prudente y, a la vez, conservadora, que traslada la pelota al tejado de la Fiscalía de Sevilla.

La instructora recuerda que si bien los recursos presentados por las defensas –entre ellos el de la viceconsejera de Empleo, María José Asensio– contra el auto en el que se acordó el volcado y entrega de la documentación electrónica a la Guardia Civil no tenía efectos suspensivos –es decir, la juez podía haberlos resuelto con posterioridad–, pero la magistrada, con buen criterio, ha decidido esperar a resolver los recursos para proceder a la entrega.
Y con esta decisión, la magistrada se garantiza además que, antes de resolver sobre el fondo del asunto, puede contar con el dictamen de la Fiscalía de Sevilla, el garante de la legalidad del procedimiento, que deberá pronunciarse ahora sobre el planteamiento de las defensas, que solicitan a la juez que no se pongan a disposición de los investigadores la totalidad de los correos electrónicos, sino sólo aquellos que de forma exclusiva estén relacionados con el concurso público para la explotación y reapertura de la mina de Aznalcóllar.

Para ello, tal y como expuso la empresa pública para el Desarrollo de las Telecomunicaciones (Sandetel), encargada de las copias de seguridad de los dominios de correo de la Junta, existen programas de búsqueda (por palabras, expedientes, fechas, nombres, etcétera) para concretar la búsqueda de estos correos.
Sin embargo, la UCO ya ha dicho en un oficio remitido al juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla que no está de acuerdo con que esa búsqueda se haga de forma previa. Los agentes quieren llevarse toda la documentación electrónica para, posteriormente, realizar ellos mismos la criba de los correos, separando el grano de la paja, la mina de los correos que no tengan que ver con la adjudicación a Minorbis-Grupo México.

Decían los agentes que la búsqueda no puede reducirse a una serie de palabras, fechas, y nombres en concreto elegidas en el momento de la extracción de la información, dado que una investigación de este tipo posee un “cariz dinámico que requiere adaptar las búsquedas conforme se vayan obteniendo nuevos datos dimanantes de las diligencias que se vayan practicando, para lo cual es conditio sine qua non estar en posesión del total de los datos obrantes en cada una de las cuentas de correo electrónico”.

Si no se les entregan todos los correos, los agentes advertían de que se “mermaría en gran medida la efectividad de la diligencia”. La Fiscalía debe valorar, ahora, si esa eficacia que reclama el cuerpo policial tiene encaje con las investigaciones prospectivas que prohíben las leyes españolas y con los “irreparables perjuicios” que denuncian las defensas. Del informe del Ministerio Público dependerá en gran medida la decisión de la juez.

Las fotografías de Facebook no pueden ser usadas por la prensa, sostiene el Supremo

Jorge Muñoz | 20 de febrero de 2017 a las 15:43

 

facebook

El Pleno de la Sala I, de lo Civil, del Tribunal Supremo ha establecido en una sentencia que publicar en un periódico la fotografía de una persona sacada de su cuenta de Facebook exige su consentimiento expreso, ya que lo contrario supone una intromisión ilegítima en su derecho a la propia imagen. El alto tribunal condena a un diario  a indemnizar con 15.000 euros a un hombre del que publicó en portada, en su edición en papel, una fotografía obtenida de su cuenta de Facebook, que ilustraba una noticia de sucesos en el que el hombre había resultado herido. Asimismo, el diario es condenado a no volver a publicar la foto en ningún soporte y a retirarla de cuantos ejemplares se hallen en sus archivos.
“Que en la cuenta abierta en una red social en Internet, el titular del perfil haya “subido” una fotografía suya que sea accesible al público en general, no autoriza a un tercero a reproducirla en un medio de comunicación sin el consentimiento del titular, porque tal actuación no puede considerarse una consecuencia natural del carácter accesible de los datos e imágenes en un perfil público de una red social en Internet. La finalidad de una cuenta abierta en una red social en Internet es la comunicación de su titular con terceros y la posibilidad de que esos terceros puedan tener acceso al contenido de esa cuenta e interactuar con su titular, pero no que pueda publicarse la imagen del titular de la cuenta en un medio de comunicación”, señala el Supremo..

Agrega que “el consentimiento del titular de la imagen para que el público en general, o un determinado número de personas, pueda ver su fotografía en un blog o en una cuenta abierta en la web de una red social no conlleva la autorización para hacer uso de esa fotografía y publicarla o divulgarla de una forma distinta, pues no constituye el «consentimiento expreso» que prevé el art. 2.2 de la Ley Orgánica 1/1982 (de protección de derecho al honor y la propia imagen) como excluyente de la ilicitud de la captación, reproducción o publicación de la imagen de una persona. Aunque este precepto legal, en la interpretación dada por la jurisprudencia, no requiere que sea un consentimiento formal (por ejemplo, dado por escrito), sí exige que se trate de un consentimiento inequívoco, como el que se deduce de actos o conductas de inequívoca significación, no ambiguas ni dudosas”.

La sentencia, de la que ha sido el magistrado Rafael Sarazá Jimena, prosigue: “Tener una cuenta o perfil en una red social en Internet, en la que cualquier persona puede acceder a la fotografía del titular de esa cuenta, supone que el acceso a esa fotografía por parte de terceros es lícito, pues está autorizada por el titular de la imagen. Supone incluso que el titular de la cuenta no puede formular reclamación contra la empresa que presta los servicios de la plataforma electrónica donde opera la red social porque un tercero haya accedido a esa fotografía cuyo acceso, valga la redundancia, era público. Pero no supone que quede excluida del ámbito protegido por el derecho a la propia imagen la facultad de impedir la publicación de su imagen por parte de terceros, que siguen necesitando del consentimiento expreso del titular para poder publicar su imagen”.

NO FUE MORBOSO

El Supremo, sin embargo, estima parcialmente el recurso del periódico contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Bizkaia que le condenó, además de por intromisión en el derecho a la propia imagen, por intromisión en el derecho a la intimidad. El motivo era que, en el reportaje publicado en la edición de papel y digital del diario el 8 de julio de 2013, se contenían datos que permitían identificar al demandante. El reportaje señalaba que el demandante había sido herido por su hermano con un arma de fuego, y que luego éste último se había suicidado.

En el reportaje se publicaba el nombre de pila del herido y el de su hermano, las iniciales de sus apellidos, el apodo de su hermano, la dirección exacta del domicilio familiar, que su madre padecía alzheimer, y que su padre había sido médico en una localidad de la provincia. El Juzgado de Primera Instancia de Bilbao, y la Audiencia de Bizkaia, establecieron una indemnización de 30.000 euros por vulneración del derecho a la propia imagen (publicación de la foto), pero también del derecho a la intimidad (por los datos personales y familiares publicados).

El Supremo rebaja a la mitad la indemnización (15.000 euros), al considerar que no hubo vulneración del derecho a la intimidad, ya que el diario no incurrió “en ninguna extralimitación morbosa” y respetó “los cánones tradicionales de la crónica de sucesos” al dar información que era veraz, por lo que en este caso prevalece el derecho a la información frente al derecho a la intimidad del demandante.

“La intromisión en la intimidad personal y familiar del demandante que supone la información del artículo periodístico no puede considerarse grave. En un ámbito geográfico reducido, como Zamora, pues se trataba de un periódico de ámbito provincial, la información que se contiene en el artículo periodístico no aumenta significativamente el conocimiento que de un hecho de esas características, ocurrido en una vivienda de la ciudad y en el seno de una familia conocida, podían tener sus convecinos. Se trataba, además, de hechos objetivamente graves y noticiables, una disputa familiar en la que un hermano hirió a otro y después se suicidó”, indica la sentencia.

“Es especialmente relevante –prosigue la resolución– que la noticia se acomoda a los usos sociales, y concretamente a los cánones de la crónica de sucesos, que es un género periodístico tradicional. Se trata de una información dada inmediatamente después de que sucedieran los hechos (en la edición en papel del diario, apareció al día siguiente). No se exponen los hechos con extralimitación morbosa, ni se desvelan hechos íntimos sin relación con lo sucedido, es más, ni siquiera se hace referencia a la causa de la desavenencia familiar. La mención a la enfermedad de la madre se justifica porque tenía cierta relevancia para informar sobre lo acaecido: sólo presenció los hechos un sobrino, la madre estaba presente pero se encontraba en un estado avanzado de Alzheimer, y tuvo que ser llevada a casa de unas vecinas”.

Una mina para la UCO

Jorge Muñoz | 19 de febrero de 2017 a las 2:00

NUEVE DETENIDOS EN SEGUNDA FASE DE OPERACIÓN HERACLES POR FRAUDE EN LOS ERE

Un agente de la Guardia Civil durante un registro.

Una auténtica mina de información para la UCO. En eso se pueden convertir los millares de correos electrónicos que los agentes de la Guardia Civil han intervenido de tres altos cargos y doce funcionarios de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. La juez de Instrucción número 3 de Sevilla, Patricia Fernández Franco, que investiga las supuestas irregularidades en la adjudicación del concurso para la reapertura de la mina de Aznalcóllar, autorizó en enero pasado, en una pieza declarada secreta, el pinchazo de 19 cuentas institucionales o corporativas de estas 15 personas en el periodo comprendido entre 2013 y 2016, entre las que se encontraban inicialmente las del consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado, de la viceconsejera y ex directora general de Minas María José Asensio Coto, del ex viceconsejero Luis Nieto Ballesteros, y del ex secretario general de Industria, Energía y Minas y actual interventor general de la Junta, Vicente Fernandez Guerrero.
Un oficio de la UCO del pasado 9 de enero solicitando a la juez la intervención de los mails ya incluía la cuenta del consejero, a pesar de su condición de aforado, lo que impide esta investigación ordenada por un juez de instrucción, que no tiene competencias para ello. La Guardia Civil no indicó a la instructora que Maldonado seguía ocupando el cargo en la actualidad y el auto de la magistrada autorizando los pinchazos, que tiene fecha de 17 de enero, dispuso que “el suministro de la información requerida, deberá comprender también a los responsables de la consejería, en ese momento, el consejero José Sánchez Maldonado y el viceconsejero Luis Nieto Ballesteros , y el secretario general de la consejería , en aquella fecha, Vicente Fernández Guerrero”.
Sólo cuando la Junta le recordó a los agentes que se presentaron el 23 de enero en la sede de la Consejería el aforamiento de Sánchez Maldonado, la UCO, de motu proprio, comunicó a la juez que había acordado “excluirlo de la lista de personas afectadas” por el auto, pero no hay ninguna resolución de la instructora corrigiendo su decisión anterior de investigar las cuentas de correo del consejero, algo que le está vedado jurisdiccionalmente.
La Guardia Civil no se llevó ningún correo del consejero, pero sí los miles de correos de esas 15 personas (19 cuentas) en el periodo a investigar y en principio sin ninguna limitación a la causa en la que se investiga el proceso de adjudicación de la mina de Aznalcóllar. Es decir, la Guardia Civil se ha incautado de todos los correos de los altos cargos y de los funcionarios, en los que se incluyen los relacionados con la causa judicial y los que no guardan relación alguna. Toda la comunicación electrónica, sin excepción, entre 2013 y 2016, según confirmaron fuentes del caso.
La empresa pública Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones (Sandetel), encargada de las copias de seguridad de los dominios de correo de la Junta, informó a la Guardia Civil y a la juez que ponía a disposición de los investigadores programas de búsqueda (por palabras, expedientes, fechas, nombres, etcétera) para concretar la búsqueda de los correos, dado que la labor encomendada estaba poniendo en riesgo la función de backup de la información.
La respuesta de la Guardia Civil, en sendos oficios remitidos el 31 de enero y 7 de febrero, no tiene desperdicio. Para empezar, los agentes sostienen que el sistema de almacenamiento físico de los datos contenidos en los correos electrónicos del personal de la Junta es “antiguo y obsoleto”, lo que provoca que las labores de localización y obtención de datos resulten “lentos” porque se encuentran en “cientos de cintas magnéticas, lo cual obliga a hacer una búsqueda en el sistema para averiguar en qué cinta se encuentra el backup de un año y cuenta determinada, para después cargarla manualmente en un robot que se encarga de las operaciones mecánicas de obtención de los citados datos”, según relata el oficio del 7 de febrero.

Aznalcóllar 21 FOTO.JUAN CARLOS VAZQUEZ
En el oficio del 31 de enero, la Guardia Civil comunica a la juez que efectivamente para una “eficaz práctica” de la diligencia encomendada será necesario el uso de herramientas de búsqueda y filtrado, para “ceñirse únicamente a los extremos de la investigación, si bien dicha búsqueda no puede reducirse a una serie de palabras, fechas y nombres en concreto elegidas en el momento de la extracción de la información, dado que una investigación de este tipo posee un cariz dinámico que requiere adaptar las búsquedas que se realicen conforme se vayan obteniendo nuevos datos dimanantes de las diligencias que se vayan practicando, para lo cual es conditio sine qua non estar en posesión del total de los datos obrantes en cada una de las cuentas de correo electrónico”, argumentaba la UCO.
Los agentes insistían en que “limitar la información a analizar a una primera y única búsqueda mediante el filtrado de palabras, nombres y fechas cerradas, sin posibilidad de acceder posteriormente al total de la información, mermaría en gran medida la efectividad de la diligencia”.
Pero, ¿cuál es la naturaleza de la investigación que le encargó en su día la juez Patricia Fernández a la Guardia Civil después de que la magistrada Mercedes Alaya ordenara la reapertura de las investigaciones?
La juez de Instrucción número 3 de Sevilla ordenó expresamente a la UCO en octubre pasado la realización de un informe completo sobre el “papel real” desempeñado por la empresa Minorbis –ganadora del concurso para la reapertura de la mina– y las “circunstancias reales relacionadas con la factura de honorarios y recursos personales, económicos y materiales –desde la presentación de la oferta hasta la adjudicación– para desarrollar o asumir una labor que justifique dicha remuneración”.
Y con ese mandamiento, lo que ha hecho la Guardia Civil es acudir en tromba a la Junta para incautarse de todos los correos electrónicos de funcionarios y altos cargos, pero ni siquiera ha solicitado un solo papel, documento o correo electrónico a Minorbis ni a la empresa Magtel, y todo ello a pesar de que en el oficio del 9 de enero, en el que solicita el acceso a los correos, los investigadores destacaban las “estrechas relaciones que sostienen el grupo de empresas vinculado a la familia López Magdaleno, con la administración andaluza, concretamente, entre otros, con los responsables de la Consejería de donde emana el concurso público objeto de la presente casua, cargos que ocupaban en ese momento José Sánchez Maldonado, como consejero, y Luis Nieto Ballesteros, como viceconsejero”.
Resulta paradójico que de un concreto encargo de la juez, el “papel real” desempeñado por Minorbis y de la factura de honorarios y recursos personales, económicos y materiales, la UCO haya asumido por completo y absolutamente la investigación de toda la causa. Basta echar un vistazo al arranque del oficio del 9 de enero para comprender cómo se extiende el objeto de la investigación más allá de lo solicitado por la magistrada.
La Guardia Civil justifica su intervención de la siguiente forma: “Que para la valoración de los hechos y circunstancias que se pretenden investigar, en torno al procedimiento concursal objeto del análisis y a la actuación de los distintos actores que, de manera indirecta o indirecta, han ido participando en las distintas fases, sería necesario retrotraerse en el tiempo más allá de la fecha de la publicación del concurso público, mediante la resolución de 13 de enero de 2014”.
Y en este contexto, los agentes han pedido –y la juez lo ha autorizado– los miles de correos electrónicos enviados y recibidos durante tres años, entre los que puede haber incluso muchos que afecten al contenido de los Consejos de Gobierno de la Junta, porque no hay que olvidar que los viceconsejeros participan en las reuniones de la Comisión General de Viceconsejeros, conocida popularmente como consejillo, y su comunicación electrónica va a estar en poder de la UCO.
La juez ha acordado que mañana se proceda a hacer en las dependencias del juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla una copia del disco duro de 2 terabytes que contiene la información intervenida. Y aunque la instructora ha dado instrucciones para que los investigadores estudien “única y exclusivamente aquellos pasajes de los correos” relacionados con la causa de Aznalcóllar y excluya todo lo relacionado con la defensa de los funcionarios imputados, lo cierto es que, si nadie lo remedia, habrá entregado una mina –o una bomba– de información a la UCO. Y veremos si los investigadores son capaces de sacar petroleo, como acostumbran, aunque luego muchas de sus actuaciones se vayan desinflando conforme avanza la instrucción judicial. Es el riesgo de la Alayización de los procedimientos judiciales y la tendencia a fomentar la creación de macrocausas.

 

Una intervención “masiva e indiscriminada”

La UCO tendrá acceso a los miles de correos si la juez rechaza la petición de la viceconsejera de Empleo, María José Asensio, que ha pedido al juzgado que anule el volcado de los correos previsto para mañana, al entender que podría causar “irreparables perjuicios” y la vulneración de derechos fundamentales con una investigación que considera “prospectiva”.

La viceconsejera de Empleo María José Asensio

La viceconsejera de Empleo, María José Asensio.

La actuación de la UCO y la autorización concedida por la juez provocó que el propio consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, enviara una carta a la juez recordándole su condición de aforado, por lo que la instructora no podía intervenir sus comunicaciones. En esa misiva, el consejero cuestionaba la legalidad de un mandamiento determinante de una recopilación “masiva e indiscriminada” de comunicaciones electrónicas. Esa carta fue enviada al juzgado el 31 de enero pasado –ocho días después de que la UCO se presentara en la sede de la Consejería requiriendo la documentación, y en la misma el titular de Empleo solicitaba la revocación del mandamiento judicial en la parte que le afectaba.

Maldonado explicaba a la juez que el correo electrónico es un “instrumento habitual para comunicar, debatir y deliberar legítimamente aspectos no afectos por esta investigación masiva e indiscriminada del conjunto de decisiones, pensamientos y reflexiones atribuidas al Poder Ejecutivo”, por lo que alertaba de que se podía ocasionar un “grave perjuicio a los intereses generales”.

Por su parte, los letrados del servicio jurídico de la Junta de Andalucía, que representan a los funcionarios imputados en la causa de la mina, se pronunció en el mismo sentido en un escrito presentado el 24 de enero, en el que señalaban que la “intervención masiva, indiscriminada y prospectiva de las comunicaciones está proscrita por la ley” porque la medida ha de ser “necesaria y proporcionada al fin perseguido” y advertía que en esos correos podría haber comunicaciones relativas a su defensa. La juez tildó de “infundadas” las críticas de los abogados e insistió en que “única y exclusivamente” se trata de acceder a los pasajes que están “directamente relacionados” con la investigación.

Primera condena a un profesor universitario que aprobó a una alumna por la cara

Jorge Muñoz | 16 de febrero de 2017 a las 15:37

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La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha condenado a un profesor de la Universidad de Granada a siete años de inhabilitación por delito de prevaricación por aceptar aprobar a una alumna en un examen al que no se presentó. El profesor, Fernando Peñafiel Martínez, le puso sobresaliente, lo que permitió a la joven aprobar por compensación otras asignaturas y obtener un mes después el título de Licenciada en Pedagogía. Según ha informado este jueves el Alto Tribunal, se trata de la primera condena del Supremo a un docente por una prevaricación de este tipo. El fallo también  ratifican  los 7 años de inhabilitación por cooperar en la prevaricación a María del Carmen Cara Jiménez, quien era adjunta a la administradora de la Facultad de Ciencias de la Educación de la citada Universidad, y quien medió entre alumna y profesor.
En sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Luciano Varela, el Supremo rechaza íntegramente el recurso del profesor contra la sentencia de la Audiencia de Granada que le condenó. Entre otros argumentos, el docente afirmaba que la nota de un examen no revestía el carácter de resolución de carácter decisorio dictada en asunto administrativo, por lo que no concurría el elemento objetivo del delito de prevaricación (dictar resolución injusta) por el que ha sido condenado.

El alto tribunal, sin embargo, contesta que la calificación en un examen, y su reflejo en el acta académica, sí constituye una resolución administrativa susceptible de determinar la comisión de un delito de prevaricación. “La decisión del personal administrativo, en general el profesor, que fija el nivel de adquisición de conocimientos, con destino al expediente del alumno, y que se refleja, al ser definitiva, en un acta, constituye pues de manera indudable un acto administrativo de resolución definitiva de un procedimiento de tal naturaleza”, indica la sentencia.

Agrega el Supremo que entre las especificidades de esta resolución podrán señalarse las que se consideren derivadas de la libertad de cátedra. “Pero ésta nunca constituye –explica la sentencia–, o al menos no debe constituir, una carta en blanco para expedir la acreditación de suficiencia de conocimientos de modo libérrimo y, menos, exento de control que excluya la arbitrariedad. Porque, sin necesidad de otras consideraciones, ha de partirse de dos referencias limitativas incuestionables: el derecho del estudiante a la objetividad en la evaluación de su competencia y los intereses públicos sobre los que en definitiva la oficial proclamación de capacidad del estudiante despliega sus efectos en la medida que habilita para actividades profesionales de las que son destinatarios los ciudadanos”.

Según los hechos probados de la sentencia, J.G.A., alumna de la Facultad de Pedagogía de la Universidad de Granada, se dirigió antes del 9 de enero de 2008 a María del Carmen Cara, Jefa de Sección y Adjunta a la Administradora de la Facultad de Ciencias de la Educación de la citada Universidad, exponiéndole el grave problema en el que se encontraba, pues siéndole muy difícil acudir a Granada para asistir a clases y realizar exámenes al estar trabajando en Cádiz, necesitaba aprobar alguna asignatura para poder acceder al derecho de compensación previsto en la Normativa de la Universidad de Granada, pues no reunía los requisitos exigidos para la obtención del correspondiente título, al no tener aprobadas asignaturas troncales de primer y segundo ciclo y carecer de créditos suficientes, de manera que solicitó a dicha persona una solución de dicho problema, pues pensaba abrir un Centro de Pedagogía.

María del Carmen Cara, accediendo a lo solicitado, expuso la situación al profesor titular del Departamento de Didáctica y Orientación Escolar, Fernando Peñafiel Martínez, con quien mantenía buena relación y que impartía la asignatura del primer cuatrimestre “Orientación Escolar y Tutoría”, “consintiendo éste en aprobar a J. sin qué esta tuviera que realizar ningún examen, aun sin conocerla y sin que hubiera podido asistir a ninguna de sus clases hasta ese momento, pues entonces ni siquiera estaba matriculada”.

Asegurado ya el aprobado en la asignatura mencionada, Cara contactó por correo electrónico con J., conminándola a ponerse en contacto con ella, y manifestándole explícitamente que le había podido solucionar el problema, “hablando con un profe amigo mío que imparte una asignatura en primer cuatrimestre y que me ha dicho que te la va a aprobar sin que vengas ni siquiera al examen”, contestándole J. en la tarde del 9 de enero de 2.008, agradeciéndole el favor que le había hecho, y diciéndole que el 14 de ese mes iría a Granada para presentar el impreso de peticiones varias para compensación y pagar la asignatura.

Así, y aun cuando la alteración de matrículas para el primer cuatrimestre ya había terminado el 2 de noviembre de 2.007,  Mª del Carmen Cara procedió a matricular a J. el mismo 9 de enero, sin que conste ninguna solicitud previa al efecto ni resolución estimatoria.

El 7 de marzo de 2.008, Fernando Peñafiel Martínez, hizo constar en el acta de la convocatoria ordinaria de febrero de su asignatura, que J. G.A., había obtenido la calificación de sobresaliente, y ello, sin que hubiera realizado examen de ningún tipo, y sin que tampoco hubiera asistido ésta a clase” y sin que hubiera desarrollado trabajo o tarea alguna de las indicadas en el programa de la asignatura ni ninguna otra. “En definitiva: careciendo de cualquier mérito”.

El 7 de abril de 2.008, J.G.A. aprobó por compensación las asignaturas indicadas, pudiendo cerrar su expediente tras cumplir los requisitos para superar los dos ciclos, y obteniendo el título de Licenciada en Pedagogía.

El Supremo aplica la retroactividad total de las cláusulas suelo

Jorge Muñoz | 15 de febrero de 2017 a las 14:12

Supremo

El Tribunal Supremo adapta la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a las cláusulas suelo. El Pleno de la Sala Civil del Alto Tribunal, al resolver un recurso de casación del BBVA, ha adaptado la jurisprudencia de la sala sobre la retroactividad de la nulidad de las cláusulas suelo a la sentencia del TJUE de 21 de diciembre de 2016, según ha informado este miércoles el Alto Tribunal.

El Pleno ha decidido confirmar la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que acordaba la retroactividad total. Además, rechaza que concurra la “cosa juzgada” propuesta por el banco, primero porque “conforme a la jurisprudencia de la propia Sala Primera, del TC y del TJUE, por tratarse en este caso de una acción individual y no colectiva”. Segundo, porque la cláusula enjuiciada era diferente de las examinadas por la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013; y tercero porque la entidad de crédito contratante no fue en este caso el propio BBVA, sino por la entonces Caixa  d’Estalvis Comarcal de Manlleu.

Por último, el Supremo no ha considerado procedente plantear al TJUE la cuestiones prejudiciales que proponía el BBA. El texto íntegro de la sentencia se redactará en los próximos días.

CASO ERE: Llamadas desconcertantes

Jorge Muñoz | 12 de febrero de 2017 a las 2:00

JUECES

Rosell

Nerviosismo, preocupación, intriga, desconcierto. Cualquiera de estas palabras podría usarse para intentar describir las extrañas maniobras que se han sucedido en las últimas semanas en la Audiencia Provincial de Sevilla para supuestamente teledirigir el sumario de la macrocausa de los ERE, el que afecta a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, hacia una concreta Sala o tribunal para su enjuiciamiento.

La cuestión llevaba analizándose desde muchos meses antes, cuando los 20 magistrados de las secciones Penales de la Audiencia de Sevilla –Primera, Tercera, Cuarta y Séptima– se reunieron en junio de 2016 para establecer los criterios para elegir al tribunal que debía enjuiciar el denominado “procedimiento específico” de los ERE, en el que están acusados los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán junto a otros 24 ex altos cargos, así como las distintas macrocausas que en los últimos años se han ido instruyendo sobre todo en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.
De esa reunión, surgió un acuerdo para establecer un turno de reparto específico para las causas de “especial complejidad”, entendiendo por éstas a las que excedían de los 3.000 folios –sin contar los posibles anexos documentales– o las que contaran con ocho o más intervinientes personados, sin tener en cuenta al Ministerio Fiscal y considerando como interviniente a cada acusado.
Ese acuerdo pareció –o debió– zanjar la polémica, pero no fue así. En septiembre de 2016, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ratificó el acuerdo de los jueces sevillanos y aprobó la modificación del turno de reparto de los asuntos en la Audiencia de Sevilla, lo que derivó en un sorteo entre las cuatro secciones penales para fijar el orden de inicio de ese turno nuevo. El sorteo, celebrado el 14 de octubre, deparó que fuese la sección Primera la que iniciara el turno específico. En realidad se habían fijado dos turnos, uno que la Audiencia denominaba como “recursos devolutivos contra resoluciones dictadas por órganos unipersonales”, que incluía sentencias y “autos interlocutorios”. Y un segundo reservado para los “asuntos de enjuiciamiento”, que engloba los “procesos ordinarios por delitos graves y procedimientos abreviados que son competencia de la Audiencia”. Aquí es donde debía incluirse el juicio por el “procedimiento específico” de los ERE, el primero cuya instrucción ha finalizado, junto al de las subvenciones concedidas a las empresas Acyco y Surcolor-Surcolor Óptica.
Un hecho que iba a cambiar de forma repentina la aparente normalidad con la que los jueces de la Audiencia habían asumido el turno de reparto fue el auto dictado el 4 de noviembre por el juez de refuerzo de Instrucción 6 Álvaro Martín, quien ese día dictó el auto de apertura de juicio oral contra los ex presidentes de la Junta y los otros 24 ex altos cargos. Con la instrucción finalizada, ese auto acercaba más a la Audiencia el reparto del primer juicio de los ERE.
En ese auto, el instructor concedió un plazo de un mes a las defensas de los 26 encausados para que presentaran sus correspondientes escritos de defensa, una vez conocida las peticiones de la Fiscalía Anticorrupción y de las demás acusaciones.
Las siguientes semanas de noviembre y las primeras de diciembre, el juez Álvaro Martín fue dando los últimos coletazos al caso con la clara intención de enviar el sumario de los ERE a la Audiencia antes de que finalizara su comisión de servicio en el juzgado de Instrucción número 6. El último día para que Álvaro Martín pudiera remitir el sumario era el 23 de diciembre pasado y ese día el magistrado dio instrucciones precisas para que la causa se enviara a la Audiencia. Sin embargo, no pudo hacerse porque, entre otras cuestiones, el procedimiento no estaba listo para su remisión porque faltaban aún por presentar –y estaban en plazo de hacerlo– los escritos de varias defensas.
Si la causa se hubiese enviado el 23 de diciembre, de acuerdo con el turno de reparto aprobado por los jueces de la Audiencia, el enjuiciamiento habría correspondido a la Sección Tercera, que preside el magistrado Ángel Márquez, quien en su día instruyó el denominado caso Juan Guerra. Márquez  había estado destinado precisamente en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla hasta 1998, cuando cedió el testigo a la juez Mercedes Alaya, la instructora de las macrocausas hasta el año 2015. Tras ese primer intento de enviar el sumario de Chaves y Griñán, se produjo un impasse propiciado por las vacaciones de Navidad, que prácticamente paralizan por completo el funcionamiento de los juzgados, salvo para las actuaciones consideradas urgentes.
Y una vez pasados los Reyes Magos, se produjeron los hechos más sorprendentes. El martes 10 de enero, a mediodía, poco antes de la finalización de la jornada en los juzgados, un magistrado de la Audiencia al que podría corresponder el juicio de Chaves y Griñán, telefoneó al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, pero no habló con la titular, María Núñez Bolaños, sino con un funcionario de esta oficina judicial. ¿El motivo? Interesarse sobre el hecho de por qué no se había remitido aún el sumario de los ERE a la Audiencia –que algunos esperaban para antes de las Navidades– y si quedaba aún mucho para que se elevara a la Audiencia. El funcionario no pudo dar respuesta a las inquietudes del magistrado.
Fue una conversación corta, pero que sin duda desató todas las señales de alarma. Unos dicen que con esa llamada –que no fue la única realizada desde la Audiencia, hubo al menos otras dos llamadas– el juez simplemente se estaba interesando por la supuesta demora en el envío de la causa por su interés en asumir el enjuiciamiento, aunque otras fuentes señalan que su interés era el contrario, que preguntaba porque no quería que le correspondiera el juicio.
Sea como fuere, lo grave es que se produjeran esas llamadas y que ese contacto no fuese por ejemplo a nivel de jueces, que podría tener cierta lógica entre compañeros, sino que se hiciera con un funcionario del juzgado y sin conocimiento de la titular, María Núñez Bolaños.

Los jueces María Núñez Bolaños y Álvaro Martín, en los juzgados de Sevilla.

Los jueces María Núñez Bolaños y Álvaro Martín, en los juzgados de Sevilla.

 

A partir de ese momento y conforme pasaban las semanas sin que el envío de la causa se produjera, aumentó la incertidumbre y las suspicacias, tanto en la Audiencia de Sevilla como en el juzgado de Instrucción.
Y también se dispararon los reproches mutuos y la rumorología, dándose por sentado en los mentideros judiciales que la juez Bolaños estaba supuestamente retrasando de forma intencionada la elevación a la Audiencia para controlar a qué Sala de la Audiencia podría corresponderle el caso de los ERE, cuando de los movimientos realizados por la Audiencia parece todo lo contrario, que el interés en controlar o al menos conocer el tribunal partía supuestamente de los magistrados de la Audiencia, los mismos que en teoría habían dejado zanjado en junio del año pasado el asunto del reparto de las piezas separadas de la macrocausa de los ERE. La juez Bolaños justificó la decisión de no enviar la causa en que estaba completando la documentación, de acuerdo con la “guía” para las macrocausas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
La situación se hacía cada vez más insostenible y llegó incluso a trascender el ámbito provincial hasta llegar al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), cuyo presidente aprovechó que el pasado 3 de febrero tenía que trasladarse a Sevilla para visitar varios órganos judiciales, para entrevistarse personalmente con el presidente de la Audiencia, Damián Álvarez, al que trasladó su preocupación por lo que estaba sucediendo con este primer juicio de los ERE.
Dicen que el presidente del TSJA pidió claridad y transparencia a la Audiencia, que se acabara con la rumorología, y Damián Álvarez convocó de nuevo a las secciones de lo Penal, que la semana pasada aprobaron modificar las normas de reparto para hacer un nuevo sorteo único y exclusivo para el caso de Chaves y Griñán. Oficialmente, la Audiencia ha justificado el nuevo sorteo por las “excepcionales circunstancias de especial complejidad y de singular trascendencia mediática” de la causa. En una cosa sí tiene razón el acuerdo de la Audiencia: las circunstancias que se han producido en torno al reparto son “excepcionales”, pero no por la complejidad del caso sino por las maniobras orquestadas por algunos jueces o sectores judiciales.