El bluf de los cursos

Jorge Muñoz | 24 de julio de 2016 a las 5:00

alaya

La juez Mercedes Alaya

¡AY si Alaya volviera hoy al despacho de la segunda planta de los juzgados del Prado de San Sebastían de Sevilla! Esa pequeña habitación que está tan sólo a unos metros cruzando el edificio donde hoy está destinada en la Audiencia y en el que Alaya se encerró durante los últimos años las distintas macrocausas…. Si Alaya volviera, lo primero que vería es que la nueva titular ha cambiado de orientación el mobiliario y la mesa donde redactaba esos autos que hacían temblar los cimientos en San Telmo ya no está escoltada por la ventana de hierro –el aluminio sigue siendo un lujo ajeno a la Justicia– que mantiene este viejo edificio, sino que la mesa mira ahora hacia directamente hacia la puerta del despacho. Ese sería el detalle menor en el que a buen seguro se fijaría Alaya.
Para tratar de aventurar cuál podría ser la reacción de Alaya al estar de nuevo en el que fuera su juzgado me viene a la cabeza la frase que Alfonso Guerra acuñó cuando elPSOE ganó las elecciones en 1982:“Vamos a poner a España que no la va a conocer ni la madre que la parió”. Del cambio político al judicial. Y vaya si ha cambiado el juzgado donde sirvió Alaya. Si la magistrada de la Audiencia regresara ahora, un año después de su marcha, todo le resultaría irreconocible: desde los muebles a las personas, los funcionarios que trabajaron codo con codo con ella y que ahora se dedican a otros meresteres en esta oficina judicial.
Pero los cambios que ha realizado la nueva titular del juzgado, María Núñez Bolaños, no son sólo estéticos o decorativos. La juez de Familia con la que Alaya tanto rivalizó a través de los escritos que envió tanto al Tribunal Superior deJusticia de Andalucía (TSJA) como al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para reivindicar que debía seguir investigando las macrocausas, ha atacado el corazón de los sumarios que Alaya diseñó desde el principio.

La juez María Núñez Bolaños

La juez María Núñez Bolaños

Un buen ejemplo está en la macrocausa de la formación. Primero trascendió que la juez María Núñez Bolaños archivará la denominada “pieza política” de la causa de la formación, en la que figuran como investigados 24 ex altos cargos de la Junta, entre ellos el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, las ex directoras generales de Formación Teresa Florido y María José Lara, los ex directores generales Manuel Brenes y Andrés Sánchez, así como ocho ex directores provinciales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y 11 jefes de servicio.
La decisión de Bolaños de archivar la causa vendría motivada porque la instructora, siguiendo las declaraciones que han prestado en el juzgado los interventores provinciales, estimaría que los hechos investigados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no son constitutivos de delitos, sino que se trata de irregularidades administrativas.
Esta misma semana, la Fiscalía Anticorrupción ha corroborado la tesis del carpetazo a la causa, al sostener en un escrito que no hay delito en las resoluciones de exceptuación o exoneración acordadas por la Junta en relación con las subvenciones para las actividades relacionada con la formación.
Para acabar de zanjar la cuestión, la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha confirmado que no hay menoscabo de fondos públicos en la formación ni ilícito contable, según el acta de liquidación provisional –elaborado tras la denuncia de la Fiscalía Superior de Andalucía y que se centraba sobre el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas–, que descarta por tanto responsabilidades de los funcionarios y autoridades de laJunta.
En su informe al CGPJ, Alaya acusó a Bolaños de venir a archivar la causa de los cursos, al afirmar que la división de la macrocausa en piezas “pulverizaría de un plumazo lo que puede ser una prevaricación-malversación para convertirlo en irregularidades administrativas”.
La pregunta que queda en el aire es evidente. Si la nueva titular, la Fiscalía Anticorrupción –que no olvidemos es el garante de la legalidad del procedimiento– y el Tribunal de Cuentas coinciden en que no hay delito en los cursos, sino irregularidades administrativas, no será que desde el principio eran sólo eso: irregularidades administrativas. De la espectacularidad de la operación Barrado al bluf de los cursos. Las tesis de Alaya se quedan con dos únicos seguidores:la UCOde la Guardia Civil y el PP, que como acusación popular en el caso sigue manteniendo la hipótesis del red de “clientelismo político” que defendió Alaya.

 

VISTO PARA SENTENCIA

El castigo de la “loewe story”
*La juez Mercedes Alaya ha condenado finalmente a la ex alcaldesa de Bormujos Ana Hermoso a seis meses de cárcel por el cohecho del bolso de Loewe. El jurado popular que enjuició el caso no se creyó la Loewe story que alegó Ana Hermoso, en un veredicto que fue más allá de las pruebas que se vieron en la vista oral, donde todos los testigos avalaron la versión de la defensa respecto a que el bolso que recibió del empresario Jesús Calvo Soria –imputado en la trama Gürtel– fue un regalo amoroso y no un presente a cambio de votar a favor de la moción de censura que devolvió la alcaldía a Baldomero Gaviño. En la sentencia, Alaya fundamenta el veredicto señalando que la ex regidora cometió un “acto injusto” porque actuó “por intereses personales”, puesto que iba a adquirir una “alta posición” en el ámbito político de la localidad y además percibiría un sueldo por los cargos que tendría en el gobierno local. Alaya insiste en que Hermoso actuó por una “motivación bastarda” y no pensando en los intereses generales de los ciudadanos. Pero lo que falla de esta argumentación es, en primer lugar, que las mociones de censura son mecanismos lícitos en democracia para alterar el resultado de las urnas e imponer el juego de las mayorías. Y por supuesto que en todas las mociones de censura se ofrece a los intervinientes un reparto de las concejalías o de los puestos, como elemento para lograr el apoyo de los otros ediles, sin que por ello la conducta sea delictiva. Es como si llegáramos a la conclusión de que los partidos que puedan apoyar una investidura de Mariano Rajoy lo van a hacer porque, por ejemplo, llegado el caso se les ofreciera entrar en el Gobierno, con un puesto de responsabilidad que le supondría unos mayores emolumentos de los que cobra un diputado raso. Y luego está que Hermoso se dejara comprar por un simple bolso…La Loewe story se tendrá que resolver por el TSJA porque, de momento, el caso sigue abierto.
A la espera del recurso de la mina de Aznalcóllar
*El recurso contra el archivo de la mina de Aznalcóllar puede ver la luz en breve. Alaya, que es la ponente del mismo, ha ido dictando en las últimas semanas la sentencia de Contsa –de 381 folios–, la de la ex alcaldesa de Bormujos, y antes de irse de vacaciones podría resolver este recurso. En la Junta se espera con ansiedad la decisión, que podría reabrir el caso o confirmar el archivo.

En vigor el nuevo recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso del Supremo

Jorge Muñoz | 22 de julio de 2016 a las 11:44

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha puesto en marcha el nuevo modelo de casación con la constitución de la Sección de Admisión, que será la encargada de decidir qué asuntos pueden recurrirse ante esta jurisdicción, según ha informado hoy el Alto Tribunal.

La Sección de Admisión está integrada por el presidente de la Sala Tercera, Luis Díez-Picazo, y por los magistrados Manuel Vicente Garzón Herrero, Segundo Menéndez Pérez, Octavio Juan Herrero Pina, Eduardo Calvo Rojas, Joaquín Huelin Martínez de Velasco, Diego Córdoba Castroverde, José Juan Suay Rincón y Jesús Cudero Blas.

El primer acuerdo aprobado por la Sección de Admisión señala que la nueva regulación casacional se aplicará a sentencias y autos susceptibles de recurso de casación que tengan fecha de 22 de julio de 2016 en adelante. El acuerdo se ha enviado a los presidentes de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia y de la Audiencia Nacional.

Tal y como establece la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, desde hoy la página web poderjudicial.es, en el apartado del Tribunal Supremo, incluye en una nueva pestaña toda la información relativa al recurso de casación.

Nuevo criterio admisión

La nueva regulación ha modificado el criterio para determinar la admisión del recurso al introducir el criterio del interés casacional objetivo, que debe ser apreciado por la Sala III del Tribunal Supremo como base para la admisión del recurso. Desaparecen los recursos de casación para unificación de doctrina y en interés de ley y los límites de cuantía y materia existentes hasta ahora.

También se ha producido un cambio importante al ampliar las sentencias que podrán recurrirse ante el alto tribunal. En principio, serán todas las dictadas por las Salas de lo Contencioso de los Tribunales Superiores de Justicia, las de los Centrales de lo Contencioso y las de los Juzgados de lo Contencioso en algunos supuestos.

Cuatro secciones de enjuiciamiento ordinario

Además de la Sección de Admisión (Primera), otras cuatros secciones (Segunda a Quinta) se encargarán de enjuiciar los asuntos ordinarios y estarán presididas por los magistrados más antiguos de la Sala (Manuel Vicente Garzón, la Segunda; Pedro José Yagüe, la Tercera; Jorge Rodríguez Zapata, la Cuarta; y José Manuel Sieira, la Quinta) e integradas por ocho magistrados.

Asimismo, se mantiene la sección dedicada a resolver las impugnaciones de los asuntos del Consejo General del Poder Judicial, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, y la sección creada para resolver los recursos por el llamado “céntimo sanitario”.

El Supremo avala que Hacienda pida a un colegio privado las facturas pagadas por el padre

Jorge Muñoz | 20 de julio de 2016 a las 11:45

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha avalado que Hacienda pida a un colegio privado las facturas emitidas a un padre por los gastos de enseñanza, manutención y actividades extraescolares de sus hijos, sin que la remisión de las mismas por parte del centro docente tampoco suponga la vulneración de los derechos fundamentales a la intimidad y a la protección de datos de carácter personal, según ha informado hoy el Alto Tribunal.

La sentencia desestima el recurso de casación interpuesto por los tres hijos del contribuyente contra el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que consideró que el requerimiento que la Oficina Nacional de Investigación del Fraude dirigió al Runnymede College no vulneraba los citados derechos, ya que la información facilitada ni era reservada ni se obtuvo de forma ilícita.

Los recurrentes alegaban, entre otros motivos, que los datos requeridos por Hacienda podían poner en peligro la intimidad y la seguridad de los menores al tratarse de información sensible. También argumentaban que la Agencia Estatal de Administración Tributaria no puede realizar requerimientos genéricos de información solicitando cualquier dato de los ciudadanos, “tirando una red al mar” y desechando después lo que no tenga trascendencia tributaria.

Después de examinar las facturas, el Tribunal Supremo constata que en las mismas  aparecen “datos con relevancia económica”, como las cantidades pagadas por el padre al colegio y los conceptos honorarios year, lunch, ballet, reserva de plaza y seguros de accidentes.

En efecto, prosigue la sentencia, “las facturas de referencia contienen datos personales de los menores pero no todo dato personal es íntimo ni la protección que a la información personal fundamenta el artículo 18 de la Constitución puede erigirse en obstáculo para el cumplimiento del deber que la propia Constitución impone a todos de contribuir al sostenimiento de los gastos púbicos de acuerdo con la capacidad económica de cada uno”.

En la misma línea, añade que “las referencias al colegio en que estudiaban los menores, a que realizaban una actividad extraescolar y a que comían en el centro no forma parte, propiamente, del ámbito de la intimidad y en ningún caso están excluidas del conocimiento de la Administración Tributaria desde el momento en que todas ellas tienen una traducción económica y, por tanto, son relevantes para establecer la capacidad económica de su padre”.

Por todo ello, concluye que la información recibida por Hacienda es de carácter personal pero no pertenece al ámbito de la intimidad reservado al conocimiento propio o familiar ni está excluida de la potestad de inspección y comprobación tributaria. Afirma que predomina en ella el carácter económico, de manera que esos datos no son “privados no patrimoniales”.

La sentencia, con ponencia del magistrado Pablo Lucas, recuerda que la Ley General Tributaria establece el carácter reservado de los datos con trascendencia tributaria que haya obtenido la Administración en el desempeño de sus funciones y solamente autoriza su uso para los específicos fines que señala: la efectiva liquidación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada la Administración Tributaria o la imposición de las sanciones que procedan.

También señala que se prohíbe la cesión o comunicación a terceros y que se obliga a Hacienda a tomar las medidas precisas para garantizar la confidencialidad de la información tributaria y su uso adecuado, obligando a autoridades y funcionarios que tengan conocimiento de los mismos “al más estricto y completo sigilo respecto de ellos”.

Por otra parte, la Sala Tercera afirma que se trata de datos personales que, pese a su relevancia tributaria, no se ven desprovistos de toda protección, pudiendo ser cedidos a la Administración Pública sin consentimiento del afectado cuando así lo autorice una Ley, como ha ocurrido en este caso.

La Sala Tercera rechaza además que el requerimiento sea ilegal al basarse en una Memoria del citado colegio que no era pública, tal y como alegaba el recurso. Sobre este extremo, afirma que aunque  la Memoria no esté a la venta y se dirija a la comunidad educativa del Runnymede College, no es un documento sustraído al conocimiento de la administración tributaria ni es ilícito servirse de él para las actuaciones de inspección y comprobación tributaria.

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El Supremo elimina las preferencias del reglamento de costas para conceder los chiringuitos de playa

Jorge Muñoz | 18 de julio de 2016 a las 13:46

chiringuito

La Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha estimado el recurso de una particular y ha anulado la Disposición transitoria vigesimosexta del Real Decreto 876/2014, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas, donde se reconoce ese derecho de preferencia en el otorgamiento de concesiones a quienes, cuando entró en vigor la Ley de Costas de 2013, tuvieran su actividad o instalación abierta. Para el Supremo, ello vulnera los principios de igualdad de trato, proporcionalidad y jerarquía normativa por “beneficiar” a quienes tuvieran chiringuito abierto, ha informado hoy el Alto Tribunal.

En línea con la recurrente, el Tribunal Supremo entiende que esta disposición es desproporcionada y afecta a las condiciones de igualdad de las personas que estén interesadas en obtener una concesión de instalaciones ubicadas en tramos naturales de playa.

Entendemos que –señalan los magistrados–, al no establecer factor o criterio alguno que venga a acotar los términos en que la preferencia pudiera hacerse valer y consentir por tanto a partir de tal grado de indeterminación que pueda venir a prevalecer aquella de modo absoluto e irresistible, convirtiendo a quienes no ostentan otra posición que la de meros precaristas en auténticos concesionarios, la disposición transitoria vigesimosexta impugnada aparece desprovista de la justificación objetiva y razonable que le es exigible y desatiende, en suma, las exigencias dimanantes de los principios de igualdad de trato y de proporcionalidad”. Además, el Reglamento también vulnera el principio de jerarquía normativa, ya que el reconocimiento del derecho de preferencia que establece no está respaldado en el texto legal de referencia, que es la Ley de Costas.

La disposición transitoria vigesimosexta que ahora se anula reconoce el derecho de preferencia de los actuales ocupantes de terrenos de dominio público marítimo terrestre con títulos habilitantes extinguidos o en curso de tramitación. Según la recurrente, esta disposición supone en la práctica la concesión encubierta de una prórroga, concedida a quien carece de un derecho vigente y con una preferencia contraria al principio de igualdad y libertad de empresa.

En su sentencia, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso reconoce la legitimidad de la recurrente (que había sido rechazada por el abogado del Estado), al subrayar que su interés no es “ meramente potencial” puesto que compromete su derecho “ y de cuantos se encuentren en su misma posición a presentarse a los concursos que se convoquen y que pueden tener lugar de forma inmediata a partir de la entrada en vigor de la disposición transitoria impugnada”. El tribunal añade que para concursar se requieren unas inversiones y gastos que devendrían inútiles de mantenerse el derecho de preferencia en los términos establecidos en la citada disposición.

Una vez despejada la legitimidad de la recurrente, la Sala entra a valorar el fondo del asunto y concluye que no está justificada una cláusula como la disposición transitoria recurrida, que por beneficiar a los actuales ocupantes de terrenos de dominio público marítimo terrestre con instalaciones activas y abiertas, les otorga una posición de ventaja que no resulta proporcionada puesto que en los términos en que aparece legalmente consagrada, “la preferencia es absoluta y sin matices” y confiere a los actuales ocupantes “una posición de ventaja incompatible con el principio de igualdad de trato”.

Además la Sala ha valorado las nuevas disposiciones legales sobre la materia que amplían a 75 años los plazos máximos de la duración de las concesiones, así como los del otorgamiento de las prórrogas correspondientes. Asimismo, el ponente Jose Juan Suay hace constar que el texto legal de referencia, la Ley de Costas, no respalda el reconocimiento del derecho de preferencia contemplado en la mencionada disposición transitoria del Reglamento, por lo que al no existir cobertura normativa dicha disposición trasciende de lo legalmente previsto, que consiste en servir de complemento normativo.

El abogado del Estado explicó en sus alegaciones que la norma cuestionada trataba de dar respuesta a una situación de hecho, como era la existencia, a la entrada en vigor de la Ley de Costas de 2013, de ocupantes de terrenos de dominio público marítimo-terrestre que mantenían su actividad o instalación abierta.

Por otro lado, la Sala establece que no cabe acceder, en el marco de este recurso, a la nulidad de cuantas prórrogas hayan sido concedidas en aplicación de la disposición transitoria recurrida, como también pedía la recurrente.

La tercera en siete años

Jorge Muñoz | 17 de julio de 2016 a las 5:00

JUZGADOS

La estadística nunca favoreció a Mercedes Alaya, tal vez por su ambición en seguir abriendo macrocausas sin detenerse a ir concluyendo las que ya estaban en marcha. Esta semana se ha conocido que, por fin, se ha fijado la fecha para el juicio por las supuestas irregularidades en la venta de los suelos de Mercasevilla, una investigación que Alaya inició hace siete años, en concreto, en el año 2009 y en la que hay diez procesados, entre ellos el que fuera portavoz municipal de IU en Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos y el ex asesor del grupo municipal del PSOE Domingo Enrique Castaño, dos de las personas que centraron las pesquisas de Alaya y que acabaron siendo imputadas en varias ocasiones, en distintos procesos.
La causa de la venta de los suelos no podía considerarse una macrocausa, pero la demora en la instrucción ha hecho que el inicio del juicio no se haya fijado hasta diciembre próximo, es decir, siete años después de que comenzara la instrucción.
Lo cierto es que Alaya dejó a su marcha prácticamente encarrilada esta investigación, pero fue la nueva titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, la que puso el broche final a la instrucción y envió el sumario a los juzgados de lo Penal para su enjuiciamiento.
Decía que la estadística destroza a Alaya porque este sumario es el tercero de los que instruyó que llega a juicio en siete años. Nadie cuestiona, no me cansaré de decirlo, el enorme esfuerzo y las horas que Alaya dedicó a las macrocausas, pero también lo es que tres juicios en siete años resulta un balance muy pobre. Sobre todo porque de las distintas causas que investigó, sólo una, la del cohecho en Mercasevilla, de la que derivó el fraude los ERE, está acabada: hubo una condena de dos de los cuatro acusados –los ex directivos Fernando Mellet y Daniel Ponce–, mientras que el Tribunal Supremo absolvió al ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, contra el que únicamente había el testimonio no ratificado en juicio de un coimputado, algo que la jurisprudencia no estima suficiente para fundamentar una condena. Los indicios contra Rivas eran muy débiles, como había reconocido la propia Alaya en alguno de sus autos.
Es la única causa sobre la que hay una condena firme. Las otras dos que han llegado a juicio son la mencionada con las supuestas irregularidades en la adjudicación del concurso público para la venta de los suelos de Mercasevilla, y la del denominado delito societario del Real Betis, cuyo juicio está fijado en la Audiencia de Sevilla para abril del año próximo, con lo que la sentencia que pueda dictarse no se conocerá, como muy pronto, hasta finales de 2017, y no será firme, dado que la misma podrá ser recurrida ante el Tribunal Supremo. Esta era la causa más antigua que investigaba Alaya, dado que comenzó a investigarse en 2008.
Alaya sí que terminó de instruir otra de las macrocausas que inició, la de la denominada operación Madeja o Enredadera, que destapó una red que se dedicaba a pagar comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de obras públicas por parte de distintas administraciones. Como los delitos se cometieron en distintas provincias, Alaya remitió la investigación a laAudiencia Nacional, donde actualmente continúa la instrucción contra el casi centenar de imputados sin aparentes visos de acabar pronto.
En junio pasado entró en vigor la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que limita, en principio, la instrucción de las causas simples a seis meses y de las consideradas como complejas –en las que estarían las macrocausas– a 18 meses.
La nueva titular del juzgado, María Núñez Bolaños, en el año que lleva al frente de este órgano judicial, ya ha declarado la complejidad de varias de las macrocausas y ha dividido en piezas las macrocausas de los ERE y de los cursos de formación, algo a lo que se oponía rotundamente Mercedes Alaya.
Y a pesar de la división en piezas de los ERE y de que ha terminado la instrucción de la pieza política, la del “procedimiento específico” por el que se concedían las ayudas, el juicio no se celebrará, como muy pronto, hasta finales del año próximo o principios del 2018. Una dilación más de la que se beneficiarán los imputados.

 

VISTO PARA SENTENCIA

 

¿Dónde están jPd y el foro judicial?

La juez María Núñez Bolaños

La juez María Núñez Bolaños

*En los mentideros judiciales de Sevilla se ha echado en falta el apoyo de las asociaciones Jueces para la Democracia (JpD) y el Foro Judicial Independiente en el comunicado de apoyo a la juez María Núñez Bolaños. La asociación Francisco de Vitoria, a la que pertenece la instructora, y la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria y de carácter conservador, denunciaron la “tendenciosa campaña partidista” contra la titular del juzgado, con el objetivo de condicionar su labor e “insinuando de forma insidiosa y sin la más mínima base, que tiene predisposición hacia una parte y hasta que oculta y destruye pruebas”. Dicen que Jpd y el Foro decidieron no firmar el comunicado de apoyo a Bolaños porque entendían que las criticas podrían enmarcarse en el ámbito de la libertad de expresión o de prensa, pero lo cierto es que la ausencia ha llamado la atención de muchos jueces, que esperaban el respaldo de las asociaciones consideradas progresistas a la titular del juzgado.

Nueva condena por estafa al dueño de Contsa

Audiencia de Sevilla.

*La Audiencia de Sevilla ha condenado esta semana al dueño de Consta a otros nueve años de prisión por la estafa piramidal que dejó sin sus ahorros a casi 1.600 personas, que acudieron a la llamas de unos altos intereses y la imagen que tenía el que fuera hermano mayor de la Hermandad del Rocío de Villamanrique de la Condesa, que solía brindar con Moët Chandon. Se trata de la segunda condena a Salas Burzón, que ya fue castigado en 2014 con una pena de otros 22 meses de cárcel por fraude al fisco. El empresario estuvo en prisión provisional casi dos años tras prestar declaración ante la juez que comenzó a investigar la estafa piramidal por la que ahora ha sido condenado nuevamente. Si se confirma la nueva condena, que aún puede ser recurrida, Salas tendrá que volver a la cárcel. Cuando declaró en el juzgado, en octubre de 2008, el dueño de Contsa no era consciente de que la juez podía enviarle a prisión, y de hecho se comenta la anécdota de lo que le comentó a su abogado defensor antes de saber la decisión de la magistrada:–¿A dónde nos vamos a ir a comer ahora?–no dejaba de preguntar José Salas. Lo que el imputado no sabía es que esa comida se la iban a servir no en un buen restaurante de los que solía frecuentar en aquella época, sino en un lugar denominado Sevilla-I, donde a partir de ese momento desayunó, almorzó y cenó durante una buena temporada.
La sede de Viapol va volviendo a la normalidad

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*La Consejería de Justicia e Interior de la Junta tuvo que adoptar a finales de junio una medida insólita en la Justicia andaluza, al tener que reducir por decreto la jornada laboral en los juzgados del edificio Viapol de Sevilla por la avería de los aparatos de aire acondicionado. Desde esa fecha, los funcionarios de 11 juzgados y del Registro Civil estaban autorizados legalmente a salir de trabajar a la una de la tarde, dado que el intenso calor que se registra en este edificio por la avería del sistema de climatización podía suponer un riesgo para la salud de los funcionarios. La Junta anunció entonces la contratación de una empresa para colocar la nueva maquinaria de climatización y esta misma semana la situación se está normalizando. Ya se han puesto por ejemplo los aparatos en el juzgado de Primera Instancia números 19 y 20, el Contencioso-administrativo 9, varias dependencias del Registro Civil, y la próxima semana estarán convenientemente climatizadas todas las salas de vista de la primera planta.

El PP quiere juzgar por los ERE a “Manuel Chaves Nogales”

Jorge Muñoz | 13 de julio de 2016 a las 9:34

Errare humanum est. Y el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Lo dice un periodista que, como cualquier humano, también se equivoca en ocasiones… Lo que ocurre es que algún error puede convertirse en una buena anécdota, como la que ahora les cuento. Vean cómo arranca el escrito de la acusación popular en el que impugna la petición para archivar la causa de los ERE contra el ex presidente de la Junta…

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Efectivamente, la acusación impugna el escrito en representación de “Manuel Chaves Nogales”, en lugar de Manuel Chaves González, como se apellida el ex presidente andaluz. No hay que dejar de reconocer que la errata tiene su gracia: incluir en los ERE al ilustre periodista y escritor sevillano, y a quien debemos grandes obras como Juan Belmonte, matador de toros, su vida y sus hazañas, entre otras.

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Manuel Chaves Nogales

No es la única vez en la que alguien en esta causa se confunde con los apellidos del ex presidente. La anterior instructora, Mercedes Alaya, se refirió a él en los más de 200 folios de la exposición razonada que remitió al Tribunal Supremo como el ex presidente “Manuel Chávez”, si sí con zeta, como el presidente venezolano Hugo Chávez… Lo dicho: el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, pero no deja de tener su gracia.

Lo que quizás habría que preguntarse, me comentan fuentes del caso, es que habría pasado si el auténtico Chaves Nogales hubiera pasado por el despacho de Mercedes Alaya…. ¿habría acabado también imputado….? Ustedes mismos pueden responder.

Por cierto, y como Errare humanum est, aquí otro ejemplo de hoy mismo. Vean el auto que ha notificado a las partes esta misma mañana el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos.

autovacíoSe trata efectivamente de un auto “vacío”, sin completar, con la fecha del 8 de julio. En teoría debería ser un auto resolviendo un recurso presentado en relación con una ayuda concedida al Ayuntamiento de La Puebla del Río pero, o bien, no se han guardado los cambios, o se ha producido un error informático que ha hecho que el auto no tenga ningún contenido. Puede verse la parte relativa a los hechos, fundamentos jurídicos y parte dispositiva completamente “en blanco”.

Incluso está mal quien firma el auto, pues aparece el juez de refuerzo José Ignacio Vilaplana, cuando debería ser en este caso la titular del juzgado, María Núñez Bolaños.

Un error que, al igual con el “Chaves Nogales” imputado, no tiene mayor trascendencia, puesto que este auto notificado a las partes puede ser ahora aclarado y corregido por la instructora. Una nueva anécdota para engrosar el ya de por sí amplio anecdotario judicial.

 

El Supremo ordena retirar aires acondicionados de una fachada por tener preinstalación

Jorge Muñoz | 12 de julio de 2016 a las 13:05

aire

Una sentencia que no es ninguna tontería y que puede afectar a los ciudadanos más de lo que se piensa. La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha condenado a los vecinos de un inmueble a retirar cinco aparatos de aire acondicionado que colocaron en la fachada del patio interior del edificio, pese a contar con preinstalación de aire acondicionado en todos los pisos. Los magistrados destacan que “la promoción tenía preinstalación de aire acondicionado, por lo que los comuneros demandados debieron proceder a la puesta en marcha de su sistema de aire acondicionado sin alterar, innecesariamente, una fachada que ornamental y estéticamente se percibe cual si fuese principal, al estar abierta sobre un patio de recreo, en el que se desarrolla vida comunitaria, infringiendo los artículos 12 y 17 de la Ley de Propiedad Horizontal en la redacción vigente en la fecha de los hechos”, ha informado hoy el Alto Tribunal.
El Supremo, en sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Francisco Javier Arroyo Fiestas, destaca que su doctrina en materia de instalación de aparatos de aire acondicionado en inmuebles apuesta por una interpretación flexible de la Ley que permita la refrigeración en viviendas que se construyeron sin tener previsto dicho avance tecnológico. Algo que no concurre en este supuesto, donde existía preinstalación de aire acondicionado en todos los pisos, por lo que no consta que sea preciso instalar en el exterior (fachada del patio de manzana) los aparatos.

La demanda en este caso fue presentada por varios vecinos de un edificio de San Fernando de Henares (Madrid) contra los siete propietarios de cinco pisos de la misma comunidad, que habían instalado aparatos de aire acondicionado en la fachada del patio interior. Los demandantes reclamaban el desmontaje y retirada de los aparatos de aire acondicionado, reponiendo la fachada al estado anterior y reparando el daño producido.

La sentencia de primera instancia, del Juzgado número 3 de Coslada, desestimó la demanda, considerando acreditado que las unidades externas de aire acondicionado colocadas por los demandados en la fachada interior del edificio, colocadas por anclaje atornillado y totalmente desmontable, no generan daño o menoscabo para la propia fachada afectada, por lo que, interpretando que el artículo 12 de la Ley de Propiedad Horizontal cuando se refiere a «alteración de la estructura o fabrica del edificio o de las cosas comunes», viene referida a una alteración sustancial y perdurable en el tiempo que dañe de forma efectiva el elemento común afectado por la misma, entiende que en el presente caso no era preciso para efectuar la instalación en la fachada de la comunidad, el acuerdo unánime de los propietarios, sino sólo un respaldo de la mayoría, que se obtuvo en Junta del 1 de junio de 2010.

Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid, ante quien recurrieron los demandantes, corrigió la decisión y les dio la razón a éstos, argumentando que los aparatos de aire acondicionado se han instalado en una fachada que no es un simple patio de luces sino un amplio patio de manzana habilitado para su estancia con mobiliario y plantas, donde las fachadas sobre el mismo guardan una configuración armónica y todo el conjunto presenta una apariencia de “auténticas fachadas principales”. Se define estatutariamente como un patio mancomunado.

Los siete vecinos condenados recurrieron al Supremo reclamando que estableciera como doctrina jurisprudencial que la instalación de aparatos de aire acondicionado es posible, sin autorización previa de la comunidad, en determinadas circunstancias, como que no se realice en la fachada principal, que la unidad exterior no sea de tamaño desmedido, que la instalación se haga con un sistema de anclaje fácilmente desmontable y que no genere molestias a los vecinos.

El Supremo rechaza los recursos y recuerda que los aparatos se instalaron “en fachada que da al patio de manzana habilitado para su estancia con mobiliario y plantas, con apariencia de fachada principal, como se declara en la sentencia recurrida, definiéndose estatutariamente como patio mancomunado, con lo que se produce una alteración estética que afecta a los elementos comunes, comprometiendo su configuración externa”.

Y agrega que en este caso no cabe hacer una aplicación flexible de la ley por existir preinstalación de aire acondicionado en todos los pisos, por lo que no consta que sea preciso instalar en el exterior (fachada del patio manzana) los aparatos.

El Supremo rechaza que los Ayuntamientos cobren una tasa de telefonía móvil por el uso del espacio aéreo

Jorge Muñoz | 11 de julio de 2016 a las 11:49

antena

La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha rechazado  que los ayuntamientos cobren una tasa a las empresas de telefonía por el uso que realizan los usuarios de teléfonos móviles del espacio aéreo que se eleva sobre el suelo del municipio. La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Juan Gonzalo Martínez Micó, rechaza la ordenanza fiscal que en tal sentido aprobó en 2013 el Ayuntamiento de San Cebrián de Castro (Zamora) y destaca que “es como si cada Ayuntamiento aspirara a imponer un canon por la navegación de aeronaves que circulen por encima del territorio local”. El Supremo destaca que la tasa vulnera la Constitución, la Directiva Europea del sector, y la Ley General Tributaria, ya que es “una inaceptable invasión de las competencias estatales y una manifiesta duplicidad impositiva”, según ha informado este lunes el Alto Tribunal.

El citado Ayuntamiento se consideraba amparado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo , por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en cuanto autoriza a las entidades locales a establecer tasas por aprovechamiento especial del dominio público local. Pero el Supremo recuerda que el derecho de vuelo (espacio sobre el suelo del municipio) “siempre va ligado a las construcciones e infraestructuras que puedan realizarse sobre la superficie del terreno, sin que en absoluto pueda definirse aquel derecho como una facultad genérica del titular del suelo para considerar hasta el infinito todo “el aire” que se extienda sobre el terreno de su propiedad”.

Añade que el propio Ayuntamiento expuso de forma reiterada en el Informe Técnico-Económico que sirvió de base a la Ordenanza que el pretendido objeto de gravamen de la Tasa no son solo los tendidos de redes fijas que se eleven por encima del suelo, lo que se trataría de una construcción y sí podría dar lugar a la imposición de una tasa a su titular, “sino que es la ocupación que del aire hacen las ondas de telefonía móvil”.

El Supremo rechaza los recursos del Ayuntamiento zamorano y de la Federación Nacional de Asociaciones y Municipios con Centrales Hidroeléctricas y Embalses, que también defendía la tasa de San Cebrián de Castro. Ambas entidades plantearon recurso contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que dio la razón a Telefónica Móviles España, S.A., y anuló la tasa en cuanto gravaba “el uso u ocupación del suelo o vuelo del dominio público local por clientes receptores de los servicios de las empresas operadoras de las telecomunicaciones (…) y que operen mediante el uso de radio frecuencias para la emisión de ondas de radio que posibiliten las telecomunicaciones, las cuales llegan a aparatos terminales transceptores o denominados teléfonos móviles o desde móviles a otros receptores, consideradas comunicaciones, intercomunicaciones o interconexiones ya sean de datos, de voz, imagen o todos ellos, que necesariamente llegan o salen de los aparatos de telefonía móvil, cuyos usuarios ocupan o pueden ocupar suelo del dominio público municipal “.

El Supremo indica que del tenor literal del transcrito artículo 2.b de la Ordenanza (que queda anulado) parece deducirse que el hecho imponible de la tasa vendría dado por el aprovechamiento especial que del vuelo del dominio publico local –“espacio aéreo situado sobre calles, plazas, parques y demás vías y caminos públicos”- obtienen las operadoras de telefonía móvil “por el mero hecho de tener clientes abonados a líneas de móvil en el municipio, y ello bajo los presupuestos de que la telefonía móvil conlleva necesariamente el tránsito indiscriminado de ondas radioeléctricas por el espacio aéreo (vuelo) y de que los abonados portadores de sus móviles transitan u ocupan, o pueden transitar u ocupar, el suelo municipal”.

Para el Supremo, “la regulación del hecho imponible que lleva a cabo la Ordenanza Municipal recurrida vulnera frontalmente la Ley General de Telecomunicaciones, ya que es cuestión pacífica que el espacio radioeléctrico no es propiedad de las entidades locales sino que es de titularidad estatal. La imposición de una tasa municipal por el uso del dominio radioeléctrico supone una inaceptable invasión de las competencias estatales y una manifiesta duplicidad impositiva que contraviene el artículo 31 de la Constitución y los principios generales que han de regir la imposición fiscal recogidos en el artículo 3 de la Ley General Tributaria”.

“Es evidente –añade– que de imponerse la tasa de telefonía móvil establecida en la Ordenanza se estaría dando carta de naturaleza a dos tributos con idéntico hecho imponible, concurriendo, además, la circunstancia de que la Administración local carece de competencia para gravar el espacio radioeléctrico, por ser éste de titularidad estatal, lo que convierte a la Tasa debatida en este procedimiento en manifiestamente ilegal”.

Se produce, adicionalmente, una vulneración del artículo 6 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales que, al regular los principios que han de regir la tributación local, prohíbe que la fiscalidad municipal recaiga sobre bienes, actividades o negocios realizados fuera del territorio de la entidad local (como se encuentra el dominio estatal radioeléctrico) y declara que los tributos municipales no implicarán obstáculo alguno a la libre circulación de servicios.

Además, argumentan los magistrados, en relación con la ocupación de la propiedad pública o privada, o por encima o por debajo de la misma, el artículo 13 de la Directiva europea del sector “autoriza un gravamen vinculado, primero, a la colocación o instalación física de las infraestructuras y, después, a su titularidad, por lo que no cabe entender amparado por dicho precepto un gravamen municipal como el cuestionado, que se configura al margen o con independencia de las infraestructuras físicas y que, en realidad y puesto que es notorio que los usuarios/clientes en algún momento transitarán por las calles, parques o plazas, se establece como un canon “del sistema puro de telefonía» móvil’ -en expresión de la propia Ordenanza-, es decir, un gravamen que recaería sobre la actividad misma que posibilita la emisión de ondas de radio que circulan por el espacio, lo que la Ordenanza denomina, impropiamente “vuelo del suelo de dominio público”.

A los efectos de delimitar el concepto de vuelo, la Sala indica que la Ordenanza impugnada emplea un concepto de “vuelo” “que parece, por así decirlo, remontarse sin mayor matización a la época de los jurisconsultos romanos, que reconocían al propietario la facultad de utilización indefinida del espacio aéreo que se halla sobre su fundo y del subsuelo bajo él, y de los ulteriores romanistas medievales, que emplearon una fórmula mucho más absoluta: el poder del propietario se extendía usque ad sidera et usque ad inferos ; algo así como que la propiedad de la tierra va desde los cielos hasta los infiernos, en palabras de la sentencia (del TSJ de Castilla y León) recurrida”.

La sentencia impone el pago de las costas a las recurrentes, por haberse destinado totalmente su recurso, por una cuantía máxima de 8.000 euros.

Injurias en 140 caracteres

Jorge Muñoz | 10 de julio de 2016 a las 9:00

 

tuits

Los abogados y los procuradores son dos profesiones que caminan de la mano. Uno no puede actuar sin el otro en los tribunales. Eso no significa que las relaciones siempre sean buenas y que no haya disputas, como la que ha protagonizado un abogado de Alcalá de Henares (Madrid) que ha criticado abiertamente en las redes sociales a los procuradores, a algunos de los cuales no ha dudado en atacar con comentarios personales y del todo fuera de lugar.
Los tuits del letrado Christian Salata motivaron una queja del Consejo General de Procuradores a su colegio de abogados, que ha sido finalmente archivada, y ahora el letrado ha respondido reclamando una indemnización de 1.500 a los procuradores, entre ellos a la procuradora sevillana Silvia de Carrión, a la que el letrado hizo objeto de algunas de sus críticas más vehementes.
La polémica comenzó en la red social Twitter, cuando el letrado publicó un mensaje en el que decía que su deseo para 2016 era que el sistema Lexnet funcionara y “todos los procuradores se vayan al paro. ¡Estoy harto de vuestra inutilidad!”. Este tuit encendió la mecha y provocó la respuesta de muchos procuradores de distintas partes del país, entre ellos la mencionada procuradora de Sevilla, a la que el letrado replicó de la siguiente forma:“No eres mi tipo. No me van las rubias tontitas wloggers que tienen una profesión ridícula de mensajero” (sic).
En otro tuit, añadía lo siguiente:“Tú al menos te salvas, que eres mona. Ya que no aportáis nada, al menos que seáis bonitas #procuJarronChino” (sic). Y en otro mensaje concluía diciendo: “Yo estoy harto de vosotros: Ojalá os liquiden de una vez, como han hecho en todos los países”.
Ante estos comentarios, varios procuradores acudieron en amparo al Consejo General de los Procuradores, cuyo presidente, Juan Carlos Estévez, envió una carta al decano de los abogados de Alcalá de Henares, Vicente Sánchez, reclamando una actuación deontológica contra el abogado.
El presidente de los procuradores lamentaba en esa misiva las “asombrosas comunicaciones” de Christian Salata, por cuanto el destinatario de sus “despropósitos denigratorios es exclusivamente” la profesión de procurador, “cuya naturaleza esencial para la Justicia ha reconocido siempre hasta las fechas más recientes el propio legislador”. Juan Carlos Estévez consideró que las comunicaciones del letrado “son un conjunto de expresiones burdamente denigratorias, vejatorias, infamantes e incluso extravagantes y sexistas sobre la profesión de procurador de los tribunales, huérfanas además de las más elementales exigencias de una crítica razonada o fundada, que siempre sería admisible en ejercicio de la libertad de expresión”.
El presidente de los procuradores reconocía que las posibilidades de que prosperara una acción sobre el derecho al honor y las injurias es muy escasa porque la jurisprudencia es “extraordinariamente restrictiva” en cuanto a las posibles vejaciones o críticas a grandes colectivos, aunque sean “malsonantes, disparatadas o infundadas”.
Pero lo que sí apreció el Consejo de Procuradores es una “muy posible infracción” del código deontológico de la Abogacía española, que exige el “obligado respeto a todos los profesionales de la Justicia”, de ahí que pidieran al decano de los abogados de Alcalá que investigara los tuits del letrado.
Esa queja fue finalmente archivada por el colegio de abogados de la localidad madrileña y lo que ha sorprendido ahora a los procuradores es la carta que el letrado Christian Salata ha enviado a varios de ellos reclamando una indemnización de 1.500 euros.
El abogado comunica a los procuradores que va a ejercer acciones legales “por la intromisión ilegítima al derecho al honor” en las redes sociales Facebook y Twitter, así como por el “desprestigio que supone la imputación inexacta de comportamientos ilícitos y contrarios a la Deontología Profesional que rige mi profesión”.
El abogado llega a hacer un requerimiento de pago y cuantifica el “daño causado, de forma prudencial e inicial, en 1.500 euros, dado el grave perjuicio a la consideración pública y profesional de este letrado y la publicidad que se ha dado a los comentarios vertidos, ciertamente muy críticos, pero a su vez ponderados, hacia un colectivo como es el de los procuradores”, dice el letrado en la carta de pago, que por descontado no ha sido atendida.

 

VISTO PARA SENTENCIA

Manos limpias podrá acusar a Chaves y Griñán
*El sindicato Manos Limpias no será expulsado del juicio por el denominado “procedimiento específico” de los ERE, por el que están procesados 26 ex altos cargos, entre ellos los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán. El juez Álvaro Martín impuso recientemente a la organización que preside Miguel Bernard una fianza de 42.000 euros, a raíz del recurso en el que piden el procesamiento de 15 de los 24 ex altos cargos que fueron exculpados por el instructor. El magistrado explicó al imponer la fianza que actualmente hay una nueva situación que “genera un riesgo potencial de acusación infundada y de posible responsabilidad por ello, el cual ha de ser cubierto, en su aspecto económico, a través de la oportuna fianza”. En el caso de que Manos Limpias no haga frente al pago de esta fianza, el juez tendrá a la organización por “desistida” del recurso de apelación, pero eso no significa que se quedarán fuera del procedimiento y del juicio a los ex presidentes. El instructor mantuvo que, en todo caso, el sindicato está legitimado para ejercer la acusación popular, por lo que, aunque no abone la fianza, sí podrá continuar en la causa y presentar su escrito de conclusiones provisionales en el que sólo podrá ya acusar a los 26 ex altos cargos a los que el juez decidió encausar en el auto dictado el pasado 31 de mayo. El juez está a la espera de recibir cierta documentación para comenzar a contar el plazo de 45 días concedido a las acusaciones para calificar.

La disolución del jurado del bolso de loewe

*Alaya pudo disolver el jurado de la ex alcaldesa de Bormujos Ana Hermoso, que fue finalmente declarada culpable. El artículo 49 prevé la disolución anticipada del jurado “una vez concluidos los informes de la acusación, la defensa puede solicitar del Magistrado-Presidente, o éste decidir de oficio, la disolución del Jurado si estima que del juicio no resulta la existencia de prueba de cargo que pueda fundar una condena del acusado”.

El jurado se dejó llevar por impresiones

Jorge Muñoz | 7 de julio de 2016 a las 5:00

La ex alcaldesa de Bormujos, Ana Hermoso abandona la audiencia despues de ser delarada culpable de cohecho.

La propia juez Mercedes Alaya dijo a lo largo del juicio de la Loewe story que esperaba que el legislador excluyera el delito de cohecho de la competencia del jurado, dada la complejidad y complicación técnica de este delito. El jurado emitió ayer, contra todo pronóstico –a tenor de las pruebas que se presentaron en el juicio–, un veredicto que considera culpable a Ana Hermoso del cohecho. Los nueve miembros del jurado –seis hombres y tres mujeres– no se creyeron la versión de Ana Hermoso de que recibió el bolso en el marco de la relación sentimental que mantenía con el empresario Jesús Calvo Soria desde el año 2003 y que ambos llevaban en secreto.

El problema del jurado, según los detractores de esta forma de participación ciudadana de la Justicia, es que en muchas ocasiones sus miembros pueden dejarse llevar por impresiones y no valorar las pruebas que se desarrollan en la vista oral.
A tenor del veredicto, esto es quizás lo que ha podido suceder en este caso porque, a lo largo de las distintas sesiones del juicio, de los testimonios presentados por las acusaciones, no se ha aportado ninguna prueba que acredite el presunto cohecho. Sobre todo porque al jurado no se le permitió escuchar la grabación de la conversación entre el empresario Eusebio Gaviño y Ana Hermoso, en la que ésta reconocía presuntamente que había aceptado el bolso de marca a cambio de su apoyo a la moción de censura. Esa prueba fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y por tanto excluida del jurado.
Todos los testimonios, incluidos los del empresario Eusebio Gaviño –que se retractó en la vista oral de su anterior declaración, en la que aseguró que el bolso fue un “premio” por su apoyo a la iniciativa política–, apuntaron en el juicio a que Ana Hermoso mantenía esa relación secreta con Jesús Calvo y que el bolso fue un regalo anticipado de Reyes.
Pero el tribunal popular se ha dejado guiar tal vez por sus impresiones –no sería incluso descartable que hayan podido escuchar estos días la polémica grabación, que fue difundida ampliamente en su día– más allá de las pruebas presentadas en el juicio. El caso no se cerrará con la sentencia condenatoria que ahora dictará Alaya, sino que está abierto al recurso que deberá resolver el TSJA, que tendrá que decidir si la deducción del jurado es lógica o no.