La filtración es lo de menos

Jorge Muñoz | 24 de junio de 2016 a las 5:00

La juez María Núñez Bolaños

La juez María Núñez Bolaños

El presidente del TSJA, Lorenzo del Río, decía hace algunos meses que existía una regla no escrita por la que los jueces no debían interferir en las campañas electorales con sus resoluciones judiciales. Pero estas reglas unas veces se cumplen y otras no, porque no hay que olvidar que tan sólo cuatro días después de que se iniciara la presente campaña electoral que hoy concluye, el Alto Tribunal andaluz anunció el archivo de la causa contra el consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, en relación con la adjudicación de unas obras cuando era vicerrector de la Universidad de Sevilla.

Ahora ha trascendido que la juez María Núñez Bolaños archivará en los próximos meses la denominada pieza política de los cursos de formación, en la que figuran 24 personas imputadas entre políticos y funcionarios del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). El Partido Popular ha arremetido contra la supuesta filtración de esta decisión y ha anunciado que pedirá al CGPJ que se investigue la filtración, pero en realidad era algo cantado y no había que ser un lince para ver los derroteros por los que seguiría la instrucción tras las declaraciones de los interventores negando la existencia de delitos y los archivos decretados en otros juzgados andaluces.

Las noticias surgen cuando el periodista las conoce y si ahora ha trascendido el archivo no hay que buscar explicaciones políticas o coincidencias electorales. En este caso, la información no favorece a la acusación popular al desinflar la instrucción. Lo que sorprende es que nunca hubo una reacción parecida en las filas populares cuando la anterior juez, Mercedes Alaya, hacía coincidir sus autos bomba con las campañas electorales o determinados hitos políticos.
Lo trascendental no es la filtración, sino la explicación que se les va a dar a esas 16 personas que estuvieron varios días en unos mugrientos calabozos tras ser detenidos por orden de la juez Mercedes Alaya.

El Supremo establece que las personas jurídicas no son titulares del derecho al honor

Jorge Muñoz | 21 de junio de 2016 a las 17:48

El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo, en una sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Fernando Pantaleón Prieto, ha declarado como doctrina jurisprudencial que: «las personas jurídicas de Derecho Público no son titulares del derecho al honor que garantiza el artículo 18.1 de la Constitución Española»El Ayuntamiento de Sobrescobio interpuso demanda frente a un particular, a raíz de unas alegaciones que hizo este último con motivo de un expediente administrativo abierto sobre una concesión y en cuyo seno se cuestionaba su propia apertura, al no existir estudio de impacto medio ambiental, ni informe de sanidad y denunciar que se falsificó la autorización de carreteras.

La Sala Primera se cuestionó de oficio, al ser determinante de la legitimación activa, si el Ayuntamiento, en cuanto persona jurídica de Derecho Público, sin individualizar a sus miembros, era o no titular del derecho fundamental al honor, concluyendo que no.

Sin embargo, ha precisado que esta solución no es aplicable a las personas jurídicas privadas en un sentido amplio, que abarca a asociaciones, partidos políticos, sindicatos y fundaciones, entidades que sí gozarían de este derecho.

Para justificar las razones de esta conclusión, la Sala se apoya en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, al estimar que el honor en nuestra Constitución tiene un significado personalista y por eso resulta inadecuado hablar de honor de las instituciones públicas, respecto de las cuales, en cambio, se predican otros valores que pueden ser tutelados por el legislador,
como la dignidad, el prestigio y la autoridad moral. Por otro lado, esta es la posición que sigue la doctrina científica de modo prácticamente unánime y también se vislumbra en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Por último, el Tribunal Supremo reconoce que las personas jurídicas de derecho público pueden ser titulares de otros derechos fundamentales, como son los procesales derivados del artículo 24 de la Constitución y aquellos necesarios para la consecución de sus fines, sin que tampoco estén impedidos para reclamar, con fundamento en el artículo 1902 del Código Civil, indemnización de los perjuicios que les causen los atentados a su prestigio institucional o autoridad moral.

 

Cerrado por “desinsectación”

Jorge Muñoz | 20 de junio de 2016 a las 5:00

cucarachasEl cartel fue colgado el pasado viernes en unas dependencias del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, el que investiga las macrocausas. En él puede leerse una advertencia: “Prohibida la entrada por tareas de desinsectación”.

Estas labores se iniciaron después de tan sólo unos días antes los funcionarios del juzgado descubrieran unos asquerosos insectos, en concreto, varias cucarachas. Por lo menos, la actuación del departamento que dirige Emilio de Llera ha sido rápida en esta ocasión.

Suponemos que después de varios días cerradas estas dependencias -ha pasado todo el fin de semana desde que se pulverizaron las habitaciones con los materiales tóxicos-, los funcionarios podrán volver con normalidad este lunes a sus puestos de trabajo porque, lo que sí está claro, es que trabajo no les falta para sacar adelante todos los sumarios que se investigan en este juzgado.

Esta imagen viene a poner nuevamente de manifiesto lo cutre que son las instalaciones de la Justicia en Sevilla y la necesidad de llevar a cabo eso que los jueces denominan como “dignificar” las sedes judiciales.

Los presuntos corruptos

Jorge Muñoz | 19 de junio de 2016 a las 5:00

Todos los reos evidentemente son presuntos, mientras la Justicia no demuestre lo contrario y lo acredite motivadamente en una sentencia. Hay presuntos corruptos, presuntos mafiosos, presuntos malversadores, presuntos asesinos, presuntos ladrones… Hasta Omar Mateen, el asesino del club gay de Orlando habría sido considerado inicialmente como un presunto asesino de no haber sido abatido en club Pulse y haber llegado a sentarse frente a un jurado para responder de su brutal crimen.
Nuestro sistema penal es tan garantista que hasta los policías que custodian a sospechosos como las dos hermanas y al novio de una de éstas que están imputados por el presunto asesinato de su cuñada en La Rinconada tratan de eludir a los fotógrafos saliendo por otra puerta de los juzgados, para tratar de evitar que se capte el rostro de los imputados, ahora llamados investigados. Presuntos también, aunque haya muchas pruebas, como varios testigos protegidos, que los han señalado como las personas que salieron de la vivienda poco después que se oyeran los desgarradores gritos de socorro de la víctima, que murió brutalmente golpeada y apuñalada más de 50 veces.
El presidente del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme) en Sevilla, Manuel Bustelo, ha apelado esta semana a la “presunción de inocencia” en relación con las distintas causas judiciales que se investigan o están pendientes de que se celebre el juicio. Coincidiendo con el juicio a cuatro policías que formaban parte del Grupo Giralda y que están acusados de haberse apropiado de 5.000 euros con falsas dietas por asistir a juicios –elAyuntamiento de Sevilla abonaba hasta 2011 unos 34,75 euros a los agentes por asistir a actos judiciales fuera de las horas de servicio–, el sindicalista volvió a sacar toda su artillería para matar al mensajero, al rescatar la teoría de la caza de brujas contra la PolicíaLocal y lamentar que estaban “todos los días machacados en los medios de comunicación”.
El señor Bustelo sólo tiene razón en una cosa: hay que respetar la presunción de inocencia de todos los policías locales imputados en las distintas causas judiciales. Incluido su hijo, señor Bustelo, que no sólo está imputado, sino ya procesado, por el presunto amaño de las oposiciones de la Policía Local junto a otros 37 agentes, entre ellos el superintendente Juan José García, el mismo del que el alcalde, Juan Espadas, dijo que apartó tras su imputación pero sigue firmando e interviniendo en el día a día del Cuerpo.
Presuntos todos hasta la sentencia, como reclama Bustelo. Por cierto, desde aquí podemos anunciar que el juicio por el presunto fraude en las oposiciones se celebrará a la vuelta de las vacaciones, el próximo otoño. Los juzgados de lo Penal están fijando para esas fechas los dos grandes juicios con los que se inaugurará el próximo año judicial en Sevilla: el de las presuntas irregularidades en la venta de los suelos de Mercasevilla y el que sentará a 45 personas –entre ellos los 37 policías locales– por el caso de las oposiciones.
Como ha dicho esta misma semana Espadas, la imagen de la Policía Local no es “en absoluto satisfactoria”, pero de eso no tiene la culpa la prensa, por mucho que desde el sindicato mayoritario se acuda a presuntas campañas de desprestigio presuntamente orquestadas desde los medios de comunicación. Señor Bustelo, aquí no hay ni cazas de brujas ni campañas de prensa. Utilizar esos argumentos es simplista.
Los periodistas son los mensajeros, los que informan a la sociedad. No tienen (tenemos) ningún interés más allá (ni oculto) que el de informar a la opinión pública. Si la Justicia actúa y ha sentado en el banquillo a 53 policías locales en Sevilla desde el año 2010, será porque hay indicios suficientes de que han cometido algún delito. Pero como usted dice, habrá que esperar a que hablen las togas.

“Lo que pasa en Alborán se queda en Alborán”

Jorge Muñoz | 17 de junio de 2016 a las 12:15

Condenado un teniente de navío por trato degradante a una marinera

La Sala V de lo Militar del Tribunal Supremo ha confirmado una condena de 2 años, 7 meses y 15 días de prisión al teniente de navío Antonio del R.P. por delito de trato degradante a una marinera. Los hechos ocurrieron en la madrugada del día de Año Nuevo de 2014 en la Isla de Alborán, donde el oficial era el comandante del Destacamento y la segunda una de las marineras allí destinadas.

Los hechos probados de la sentencia ratificada señalan que, tras una cena de Nochevieja de todos los miembros del Destacamento, hacía las 5 de la mañana, el teniente de navío tocó la cintura de la marinera y le dijo que “lo que pasaba en Alborán se quedaba en Alborán”. Luego, en un camino estrecho y de escasa visibilidad de la isla, el oficial se colocó detrás de la mujer, la agarró con una de sus manos por las muñecas llevándoselas a la espalda de la misma e inmovilizándola, “al tiempo que con la otra mano libre le tapaba la boca, evitando así, que pudiera ésta avisar a sus compañeros que iban delante. Acto seguido el oficial tiró de la cabeza a la marinero hasta apoyarla en su hombro, diciéndole que no gritara que no pasaba nada y besuqueándola en el cuello y la cara”.

La marinero –prosiguen los hechos- logró zafarse un instante y pudo gritar el nombre de una compañera, pero inmediatamente el oficial le volvió a agarrar por el brazo izquierdo, tirando de ella hacia atrás, haciendo que cayese al suelo boca arriba, “momento que éste aprovechó para colocarse a horcajadas encima de la marinera y darle un beso en la cara, inmovilizándole los brazos que tenía extendidos a lo largo del cuerpo, con sus rodillas. Al mismo tiempo, le tapaba la boca con la mano derecha para que no gritase y le decía ‘pórtate bien que tú eres una niña muy buena, esta noche te voy a hacer una reina, te voy a chupar entera y te voy a hacer un traje de saliva, esta noche te vas a meter en mi cama conmigo que te voy a hacer cosas que nunca te han hecho’.

“El teniente de navío Del real, que besaba a la marinera por toda la cara, le agarró la mano izquierda para colocársela sobre su pantalón, obligándole de este modo a tocarle sus genitales. El oficial tocaba a la marinera por todo el cuerpo, metió su mano a través de la cinturilla de chándal, llegándole a tocar por debajo de la ropa interior a la altura del vientre y la zona del pecho, por debajo de la sudadera y por encima del sujetador”. La marinero logró escapar del teniente de navío, que posteriormente la rogó por sus hijos que no contase nada, llegando a ofrecerle dinero si no lo revelaba. Tras conocerse lo sucedido, el oficial fue relevado del puesto.

El Tribunal Supremo rechaza en su sentencia los recursos de casación interpuestos tanto por el oficial como por la marinero contra la sentencia del Tribunal Militar Central que estableció contra el teniente de navío una pena de 2 años, 7 meses y 15 días de prisión por delito consumado de abuso de autoridad en su modalidad de trato degradante, con aplicación de la eximente incompleta de trastorno mental transitorio. Además tendrá que pagar una indemnización a la marinera (que se concretará en fase de ejecución de sentencia) con declaración de la responsabilidad civil subsidiaria del Estado.

El alto tribunal desestima que se haya vulnerado el derecho a la presunción de inocencia del acusado, ya que el tribunal de instancia ha explicado razonadamente los motivos por los que otorga crédito absoluto a la víctima, cuyo testimonio está corroborado además por otras declaraciones, pruebas periciales y documentales. Tampoco acepta aplicar al oficial la eximente completa de trastorno mental transitorio, ya que el informe pericial médico sólo reconoce que tenía alteradas, pero no anuladas, sus capacidades para obrar. Además, no acepta que se le aplique la eximente completa de embriaguez, ya que fue precisamente la embriaguez la que determinó el trastorno transitorio que como eximente incompleta sí se ha apreciado.

El Supremo también rechaza la alegación del oficial de que la pena impuesta no se rebajase en un grado por la concurrencia de dicha eximente incompleta. En ese sentido, respalda que el tribunal de instancia concretará la pena a la vista de la condición de jefe de Destacamento que ostentaba el acusado, la notable diferencia de graduación entre agresor y víctima, gravedad de la conducta, lugar donde se desarrollaron los hechos, y conocimiento previo que el acusado tenía de los efectos que le podía producir el consumo de alcohol.

Respecto al recurso de la víctima, contraria a que se hubiese estimado el trastorno mental transitorio incompleto, la Sala contesta que se ha considerado probado que el teniente de navío consumió alcohol la noche de los hechos, y que fue ese consumo, unido a la base patológica que padece, la que provocó el trastorno.

La Justicia aplicó la ley del ‘robabicis’

Jorge Muñoz | 16 de junio de 2016 a las 5:00

Centro de Insercion Social CIS. Junto a la carcel. Entra Adrian Moreno, el chaval que robo una Sevici

Adrián entra ayer en el Centro de Inserción Social (CIS) de Sevilla.

Hace unos meses el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, lamentaba que España tenía un “modelo de organización criminal que está pensado para el robagallinas pero no para el gran defraudador, no para los casos como los que estamos viviendo ahora donde hay tanta corrupción”. Lesmes apostaba por la reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal, que ya se ha producido, pero aún así siguen registrándose casos como el de Adrián Moreno, al que se ha aplicado la Justicia del robabicis.
Cuando se hace una reflexión sobre una cuestión tan llamativa como la de este joven –o la Alejandro Fernández que también entró en prisión por una estafa de 79,20 euros con una tarjeta falsa– hay examinar bien los hechos para no caer en una reflexión demagógica.
Hay que partir que tanto Adrián como Alejandro cometieron un delito y deben cumplir las penas, otra cosa distinta es que la Justicia que tenemos sea tan lenta que cuando se llega al final del proceso, a la hora de ejecutar la sentencia, hayan pasado muchos años y el reo está plenamente reinsertado en la sociedad. ¿Qué sentido tiene entonces ese encarcelamiento?
Adrián Moreno fue condenado a seis meses de prisión por haber robado una bicicleta del servicio público de alquiler hace siete años, cuando era muy joven.
El rodillo de la Justicia, que es lento pero al final te alcanza inexorablemente, ha sobrepasado a Adrián con 26 años, cuando es padre de dos hijos y tenía un trabajo estable como cocinero en un restaurante de la Alameda.
Los intentos de suspender el ingreso en prisión de Adrián –que tenía cuatro condenas anteriores, una de ellas por allanar el domicilio de su ex pareja– y de que se le concediera el indulto también han resultado infructuosos. Probablemente el hecho de que el Gobierno siga en funciones ha perjudicado a este joven, si no no se explica la celeridad con la que se actuó en otros casos como el de María Salmerón, condenada por incumplir el régimen de visitas de su hija con su ex marido.
El ingreso en prisión de Adrián coincidió con la noticia sobre la inminente salida de la cárcel del ex banquero Mario Conde, investigado por un presunto blanqueo de 13 millones de euros. Del robabicis a la Justicia para el ex banquero. Al final va a ser verdad que hay dos Justicias: la de los ricos y la de los pobres. Cuanta razón tenía Lesmes.

El Ministro de Justicia en funciones Rafael Catalá atribuyó ayer el ingreso en prisión de Adrián Moreno a sus antecedentes, algo que fue rechazado expresamente por el abogado defensor del joven, Ángel Bordas, quien emitió el siguiente comunicado:

“Es increíble que un ministro sea capaz de decir que mi representado tenga un historial” que desaconseja la concesión del indulto en base a lo siguiente:

– PRIMERO. El expediente del indulto recoge que no tenía antecedentes penales en el momento de los hechos del hurto de la bici. Los Hechos son de 2008 y la condena del allanamiento de morada fue posterior a esa fecha. Por lo que el penado era una delincuente primario.

– SEGUNDO. Adrián es condenado por allanamiento de morada y la suspensión de la pena fue cumplida y por tanto dichos antecedentes fueron remitidos y cancelados antes de 2014.
– TERCERO . Adrián es condenado en primera instancia en el año 2010 por el delito de hurto de la bicicleta y no es hasta 2014 cuando la Audiencia Provincial de Sevilla confirma la sentencia.
Si no se hubiese recurrido, nunca hubiese cumplido la pena pues cumplía los requisitos de sustitución y suspensión. La tardanza de la Audiencia de recurrir dicha Sentencia , 4 AÑOS, es lo que lo condena. Una JUSTICIA LENTA E INHUMANA.
– CUARTO. Adríán no comete ningún delito desde el delito del hurto de la bicicleta desde 2008 a 2014.
– QUINTO . El fiscal y el Juez no suspenden ni sustituyen la pena de prisión en base a que en 2014 tiene una condena ( conformada) de 32 dias de trabajo de comunidad por conducir sin carnet con puntos. Dicha pena esta cumplida.
– SEXTO. A posteriori tiene otra condena en el mismo sentido , delito menor contra la seguridad vial al pago de una multa. Dicha pena esta cumplida.
Es completamente falso que existan más delitos ni que se hayan incluido antecedentes delictivos cuando ni siquiera existen procedimientos penales abiertos por otras causas.
– NOVENO. La nueva Ley del Código Penal permite la suspensión o sustitución de las penas para estos casos, por lo que el desconocimiento de la Ley del propio Ministro demuestra la ineptitud de algunos gobernantes. Las penas nos suman ni siquiera 16 meses de prisión. Si no puede dar el indulto en este caso ¿ por que se puede sustituir o suspender por la ley actual?
– DÉCIMO. Adrián es una persona completamente reinsertada en la sociedad, padre de dos hijos y con trabajo estable.
Los indultos concedidos a traficantes de drogas, políticos y estafadores no tienen ni comparación con los delitos leves cometidos por Adrián.
Animamos al Ministro Rafael Catalá a que se lea el expediente y la documentación aportada y solicite información a juristas expertos para que le informen sobre la medida de gracia para este caso. Y si no lo ve conveniente que resuelva no concediendo el indulto que es lo que debía realizar motivándolo y no en un acto político de su partido.
Su falta de sensibilidad por sus manifestaciones demuestran la poca calidad humana que se le pretende a un Ministro de Justicia”, concluye Bordas.

 

La juez que equilibró la balanza en la herencia de las macrocausas

Jorge Muñoz | 12 de junio de 2016 a las 5:00

María Núñez Bolaños llegó por sorpresa al juzgado de las grandes investigaciones, dividió en piezas los macroprocesos y venció a “la más grande” en su propio terrerno

Moldura balanza

ALAYA IZQ-ANINVERSARIO BOLAÑOS bolañosil

La juez María Núñez Bolaños aterrizó en el juzgado de las macrocausas en medio de las fuertes críticas de su antecesora, Mercedes Alaya, que se resistía a ceder el testigo, y de las injustificadas sospechas de que la nueva titular del juzgado venía a archivar todas las investigaciones debido a su estrecha amistad con el consejero de Justicia e Interior de la Junta, Emilio de Llera. El próximo jueves, día 16, María Núñez Bolaños, que sin duda ha marcado grandes distancias con la era Alaya, cumple su primer aniversario al frente del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, donde sin duda ha tenido que realizar un auténtico ejercicio de malabarismo jurídico para equilibrar la balanza de la Justicia, a la hora de administrar la complicada herencia y el legado de Mercedes Alaya.

Muchos se preguntan por qué una veterana juez de Familia, que llevaba once años resolviendo asuntos sobre separaciones matrimoniales y custodias de hijos, decidió un día optar a la plaza que iba a dejar Alaya después de solicitar esta magistrada un nuevo destino en una de las Secciones Penales de la Audiencia de Sevilla.
Una juez quijotesca
Los que conocen bien a Bolaños aluden a su sentido quijotesco de la vida y argumentan que María Núñez Bolaños, al dar este decisivo paso profesional –recuérdese que sólo pidió el juzgado de Instrucción número 6, no ningún otro– quería sobre todo “hacer Justicia”, porque en su fueron interno pensaba que “no se estaban haciendo bien las cosas” en este juzgado. Bolaños es una magistrada vocacional y sus amigos recuerdan que con sólo 14 años ya hablaba de convertirse en juez porque, según decía entonces la propia Bolaños,“quería defender a los trabajadores”.
La solicitud de la plaza por parte de Bolaños causó una enorme sorpresa y dejó en fuera de juego el plan diseñado por Alaya para garantizarse un destino en la Audiencia pero sin renunciar a acabar la instrucción de las grandes investigaciones que en los últimos cinco años la habían convertido en una de las jueces más populares del país, al mismo nivel o incluso superior que algunos de los jueces de la Audiencia Nacional. Alaya había previsto su marcha a la Audiencia, pero en realidad pretendía seguir instruyendo todas las macrocausas. Para ello, el plan de la juez incansable –como ella misma se definió en uno de sus autos– consistía que el juez de refuerzo Álvaro Martín –de gran experiencia y delegado de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM)– solicitara su plaza en el juzgado número 6, como de hecho hizo, y una vez que éste fuera designado como nuevo titular, permitiría a Alaya continuar con la instrucción de los macroprocesos.
Pero la solicitud de Bolaños truncó para siempre estos planes y supuso el inicio del fin de la Alaya instructora, la misma que se había ganado en esos años el apelativo de “la más grande”. Bolaños dio un paso valiente al optar a la plaza vacante y en sus primeros cuatro o cinco meses estuvo prácticamente atada de pies y manos, a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y el Consejero General del Poder Judicial(CGPJ) resolvieran el culebrón en el que se convirtió la salida de Alaya del juzgado.
Las críticas
En esa pugna por la dirección de las macrocausas, María Núñez Bolaños tuvo que hacer frente a las vehementes e injustificadas críticas de su antecesora en el cargo. Alaya la descalificó por su “estrecha amistad” con el consejero de Justicia, al que también definió como un “notorio detractor” de su trabajo en la investigación de las macrocausas.
Pero este ataque a la nueva titular, que al final dio al traste con las expectativas de Alaya de seguir investigando los macroprocesos a pesar de las promesas que había recibido desde algunos sectores del CGPJ, no sólo fue personal, sino que entró en cuestiones profesionales.
En el informe que remitió a los órganos de gobierno de los jueces, Alaya criticó los “escasos conocimientos” de Bolaños de la jurisdicción Penal, y también la acusó de que venía a archivar algunas de las causas. Alaya aseguró que los planes de la nueva juez para dividir alguna de las causas, como la de los cursos de formación, “pulverizaría de un plumazo lo que puede ser una prevaricación-malversación para convertirlo en irregularidades administrativas”, sostuvo Alaya en relación con la investigación de las delegaciones provinciales de Empleo y el servicio central.
Tras conocer el informe de Alaya, Bolaños se limitó a decir que no veía “elegantes” las formas que había empleado su antecesora con ella, pero no fue más allá. Bolaños podía haber denunciado al CGPJ el contenido de ese informe que, según algunas fuentes consultadas, podría haber tenido incluso consecuencias disciplinarias para Alaya.
La salida de Alaya
De junio a octubre fueron meses de intensa agitación en el juzgado de las macroinvestigaciones, que quedó en la práctica paralizado a la espera de que los órganos de gobierno de los jueces resolvieran la complicada papeleta que tenían entre manos, divididos entre los que querían que Alaya continuara, los más próximos a la asociación APM –de carácter conservador y mayoritaria en la carrera judicial–, y los que entendían que era la propia Alaya la que había decidido abandonar la instrucción al solicitar la plaza en la Audiencia hispalense y además no podía seguir por el conflicto generado con Bolaños.
El 13 de octubre de 2015, la Comisión de la Sala de Gobierno del TSJA acordó “por unanimidad” apartar a Alaya de las macrocausas por su “clara voluntad de no colaborar” con la nueva instructora y para evitar precisamente un “escenario de conflicto” entre ambas magistradas. El TSJA reprochó a Alaya que cuestionara la “idoneidad e independencia” de Bolaños y consideró inaceptable la exigencia de Alaya de que su competencia en la comisión de servicio fuese “exclusiva y excluyente, con funcionarios concretos designados por ella”. Alaya pujó por seguir investigando todas las macrocausas y se quedó fuera de las investigaciones.
División del trabajo
Cuando el Poder Judicial resolvió el caso Alaya, María Núñez Bolaños se encontró ya en la posición adecuada para desplegar sus nuevas formas de trabajo, a pesar de que ya en julio de 2015 –sólo un mes después de tomar posesión– había dinamitado las tesis de Alaya al dividir el caso de los ERE en tres grandes bloques: la pieza del denominado “procedimiento específico” en el que han acabado procesados los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán; las sobrecomisiones pagadas en las pólizas de prejubilaciones; y un tercer bloque con las más de 200 empresas que recibieron ayudas bajo sospecha.
Los siguientes pasos que dio Bolaños mostraron de nuevo la habilidad de la magistrada. Sólo así puede calificarse el hecho de que tras haber pugnado por las macrocausas, Bolaños entregara al juez de refuerzo Álvaro Martín la investigación de las seis primeras piezas desgajadas de los ERE, sobre todo la parte política del “procedimiento específico”, con lo que marcó distancias sobre las infundadas sospechas que se difundieron.
el nuevo modo de actuar
Desde que dirige el juzgado, Bolaños ha cambiado la dinámica y la forma de trabajar, intentando poner orden no sólo con la división en piezas, sino también en lo que se refiere a la distribución interna del trabajo entre los funcionarios destinados en este órgano, creando equipos y eliminando la anterior organización de Alaya, que había centrado su confianza sólo en algunos juzgados.
Bolaños ha aceptado la propuesta que en su día ya realizó el TSJA a Alaya para que en este juzgado coincidieran hasta tres magistrados, con la incorporación de José Ignacio Vilaplana para la llevanza de los asuntos ordinarios del juzgado mientras que Bolaños y Álvaro Martín se han distribuido la investigación de las macrocausas.
A Álvaro Martín le encomendó la instrucción de las seis primeras piezas de los ERE con un claro objetivo: acabar en este mes de junio al menos la instrucción de la pieza del procedimiento específico, mientras que está previsto que las restantes piezas de ese plan piloto finalice en otoño.
Bolaños, por su parte, se ha reservado la investigación de la macrocausa de los cursos de formación y de los avales y préstamos de la agencia Idea –cuya instrucción ha acotado a sólo 18 empresas de las numerosas que en principio tenía previsto investigar Alaya–, así como la instrucción del delito societario de Mercasevilla, una causa que se abrió en el año 2009 y por tanto se ha convertido en la investigación más antigua que inició Alaya y que sigue sin resolverse, aunque todo apunta que puede haber novedades en los próximos meses.
ADIÓS A LA LEY DEL SILENCIO
Las nuevas formas de actuar en este juzgado también han supuesto un cambio radical en lo que se refiere al ejercicio de defensa de los investigados. En la última etapa de Mercedes Alaya se instauró una verdadera Ley del silencio entre los imputados, que preferían acogerse a su derecho constitucional a no declarar antes que someterse a los duros interrogatorios de la juez y a las numerosas discrepancias con respecto al contenido que reflejaban las actas de las declaraciones.
El abogado José María Mohedano, que defiende al ex presidente Griñán y a otros ex altos cargos de la Junta, se quejó la primera vez que asistió a una declaración de Alaya del “interrogatorio inquisitorial” a los imputados, y criticó que la instructora no accediera a que se grabaran las declaraciones.
Con la llegada de Bolaños se produjo un cambio radical. La juez permitió por primera vez la grabación audiovisual de las comparecencias y, sobre todo, se eliminó la tensión que se producía con motivo de estas declaraciones.
Los cambios hicieron que, poco a poco, muchos de los imputados en la causa de los ERE que inicialmente se habían acogido a su derecho a no declarar ante Alaya solicitaran prestar declaración de forma voluntaria ante Bolaños, una juez que según las defensas permitía a los abogados realizar más preguntas –Alaya declaraba impertinentes muchas de las cuestiones– y a los imputados responder de una forma más natural, explican otras fuentes.
ni buenos ni malos
En el balance del primer aniversario destaca evidentemente el impulso que Bolaños ha impuesto en las macrocausas frente a la que parecía una interminable instrucción de Alaya. No se trata de distinguir entre buenos y malos. Ni todo lo que hizo Alaya fue tan malo –hay que reconocerle la gran capacidad de trabajo y esfuerzo que desplegó– ni lo que está haciendo Bolaños tiene por qué ser necesariamente bueno.
Ente el debe de Bolaños está el garrafal error cometido esta semana al imputar “por error” al ex consejero de la Presidencia Gaspar Zarrías en la pieza de las sobrecomisiones de los ERE y también que no ha sabido, querido o podido mejorar las relaciones con los fiscales delegados de la Fiscalía Anticorrupción, con los que ha mantenido importantes desencuentros desde su llegada, aunque lo cierto es que las relaciones de la Fiscalía con Mercedes Alaya nunca fueron idílicas y estuvieron jalonadas por numerosos enfrentamientos jurídicos, aunque en el fondo compartían aparentemente una misma visión con respecto a la investigación del fraude de los ERE y la teoría de la confabulación entre los altos cargos.
El primer encontronazo serio de los fiscales con Bolaños se produjo con motivo de la división de los ERE, en la que el Ministerio Público presentó varios recursos al estimar que las resoluciones no estaban suficientemente motivadas porque faltaba un “relato sucinto” de los hechos y los imputados.
Los autos de Alaya eran auténticas bombas mediáticas que se detonaban de forma controlada cada viernes y algunas veces sin importarle que se tratara de periodos electorales. Alaya sabía lo que quería transmitir y cómo hacerlo a través de sus resoluciones, muchas de ellas espectaculares. La llegada de Bolaños también ha supuesto un toque de normalidad en este punto, un equilibrio en la herencia de las macrocausas y, sobre todo, en la balanza de la Justicia. Un nuevo comienzo.

Nace la firma Maio Legal, impulada por Martínez Escribano

Jorge Muñoz | 9 de junio de 2016 a las 8:00

 Socios y profesionales de MAIO Martínez Escribano

Socios y profesionales de MAIO Martínez Escribano

Martínez Escribano Abogados se ha integrado en la firma Maio Legal. La integración supone la consolidación del crecimiento experimentado por el despacho sevillano desde el año 2012.

Para presentar el despacho tuvo lugar un acto en el hotel Alfonso XIII de Sevilla, que contó con la presencia de socios y profesionales de las distintas oficinas que integran la firma.

Martínez Escribano Abogados inicia una nueva etapa en su proceso de expansión con la integración en la firma jurídica MAIO Legal. A partir de ahora, cambia su denominación por MAIO Martínez Escribano para ampliar su proyección.

El bufete cuenta con una plantilla de 70 profesionales y oficinas en Madrid, Vigo y México. Maio Martínez Escribano se sitúa así en primera línea de la abogacía nacional e internacional.

El Supremo confirma la condena a Santiago Calatrava a pagar 2,96 millones por los fallos en la construcción Palacio de Congresos de Oviedo

Jorge Muñoz | 8 de junio de 2016 a las 12:27

Port Authority Discusses Plans For WTC Transportation HubLa Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a Santiago Calatrava a pagar una indemnización de 2,96 millones de euros a la promotora Jovellanos XXI por los fallos en la construcción del Palacio de Congresos de Oviedo. La sentencia considera que el arquitecto es responsable por su conducta negligente de los daños que se produjeron tras el derribo de un graderío durante las obras y la construcción de la cubierta que se hizo fija cuando en el contrato estaba previsto que fuera móvil.

La Sala Primera desestima el recurso de casación interpuesto por el arquitecto y ratifica el fallo de la Audiencia Provincial de Oviedo que estimó parcialmente los recursos presentados por ambas partes contra la sentencia del juzgado que cifró en 3,27 millones de euros la condena al arquitecto y absolvió a la promotora. La sentencia recurrida, en cambio, condenó a Jovellanos XXI a pagar 7.285.000 de euros al arquitecto en concepto de honorarios y, al mismo tiempo, condenó a éste último a pagar a la promotora 10.245.781,74 euros por los defectos en la construcción y sobrecostes en dichas instalaciones. Al restar ambas cantidades, estableció que la indemnización que finalmente tiene que abonar Santiago Calatrava es de 2,96 millones de euros.

El Tribunal Supremo en su sentencia indica que existen unos daños y perjuicios acreditados y evaluados, y una sociedad -Jovellanos- que encarga a otra -Santiago Calatrava LLC- la confección de un proyecto y la dirección y vigilancia de unos trabajos que se ha visto obligada a satisfacer “por el actuar negligente de quien se había obligado a ejecutarlos correctamente por un contrato de obra, al que no ha dado cumplimiento, o, si se prefiere, por quien está vinculado a un contrato que ha incumplido negligentemente, por no guardar en su forma de actuar la debida diligencia y que ha obligado a la promotora a reparar los desperfectos ocasionados, que ahora reclama”.

La sentencia considera responsable al arquitecto de los daños ocasionados porque su sociedad era la encargada de la dirección de la obra y de su ejecución, por imperativo legal y contractual, y como tal “responsable de poner las personas necesarias y con suficiente cualificación, a pie de obra, durante la realización de las obras, con el fin de ejecutar el proyecto y validar el mismo”.

En segundo lugar, afirma que “la contratación de un arquitecto de evidente renombre internacional para la construcción de una obra singular o emblemática en Oviedo, priorizando esta circunstancia sobre otras posiblemente más económicas, debe ser correlativa con la debida exigencia de responsabilidad a quien en cumplimiento de sus obligaciones profesionales tiene un control absoluto no solo del proyecto sino de su ejecución para que la obra se concluya sin problemas”. Por todo ello, concluye que si el arquitecto realizó con competencia casi exclusiva tales funciones es evidente que la promotora puede exigirle todos los daños derivados de su “negligencia” en su ejecución en virtud del contrato existente entre ambas partas.

Asimismo, señala que se trata de “un fracaso generalizado de la unidad de estructura a la que se extendían las labores de dirección, supervisión y vigilancia, dada la singularidad que tenía la que soportaba el graderío, del que debe responder, por más que en su ejecución hayan intervenido otros agentes, bajo su control, contra los que tendrá la posibilidad de repetir lo que a su culpa pudiera imputárseles”.

Sobre la cubierta móvil, indica que también se produjo un incumplimiento contractual porque pese a que dicho dispositivo móvil a modo de visera era el elemento diferencial del Palacio de Congresos y una de las señas de identidad del mismo, no se consiguió en la forma que se había convenido, cuando era posible hacerlo en la totalidad de las situaciones. En este sentido, destaca que hubo una “falta de previsión en el diseño, fabricación y ejecución de la estructura de la cubierta, lo que llevó a que no pudiera cumplir su función de móvil con la necesaria seguridad y frecuencia, incluso antes de producirse la fisura en el proceso de sondeo del arco móvil a las orejeras de conexión de las costillas móviles. En consecuencia, el condenado aceptó “una solución constructiva que evidentemente ha fracasado y que ha generado un daño a la promotora perfectamente evaluable”, subraya la sentencia.

Plebiscito sin rivales en el decanato

Jorge Muñoz | 8 de junio de 2016 a las 5:00

Juzgados del Prado.El hombre tranquilo de los juzgados seguirá al frente del decanato otros cuatro años. Francisco José Guerrero (Sanlúcar la Mayor, 1959) se someterá el próximo viernes a un plebiscito en el que no tendrá ningún rival. A diferencia de hace cuatro años, cuando fue elegido decano en su tercer intento –había aspirado en 2004 y 2008 frente a Federico Jiménez Ballester–, en esta ocasión ninguno de los 98 jueces que hay en Sevilla ha presentado candidatura.
Hace cuatro años el puesto de decano estuvo muy disputado. Además de Guerrero, otros tres jueces optaron al decanato:el juez de Instrucción número 4, Francisco de Asís Molina –que investigó el asesinato de Marta–, la juez de Primera Instancia Celia Belhad-Ben Gómez –que en su día investigó y archivó la causa por el vertido tóxico de las minas de Aznalcóllar–, y la juez de lo Penal Mercedes Fernández Ordóñez, en la actualidad secretaria general para la Justicia en la Consejería que dirige el fiscal en excedencia Emilio de Llera.
Después de estos cuatro años, Guerrero decidió aspirar a la reelección porque, según dijo recientemente, tiene vocación de servicio público. “No me mueve más que las ganas de prestar servicio a mis compañeros y a la Administración de Justicia, explicó el decano, que reconoció que lleva “cuatro años aprendiendo mucho en este ámbito gubernativo”.
De hecho, a pesar de su fama de persona tranquila, en estos cuatro años Guerrero ha denunciado en múltiples ocasiones la falta de medios de los juzgados y la necesidad de crear nuevos órganos o de más plazas de jueces y funcionarios para tratar de reducir la carga de trabajo que mantiene al borde del colapso a varias jurisdicciones, sobre todo las más afectadas por el incremento de la litigiosidad derivada de la crisis económica de los últimos años.
Además, en esta etapa ha tenido que hacer frente a todos los problemas relacionados con la instrucción de las macrocausas, entre los que destacan los enfrentamientos de la juez Mercedes Alaya con los jueces de refuerzo, o de Alaya con la nueva titular, María Núñez Bolaños. Fue él quien en su día solicitó que se pusiera un servicio de escolta a Alaya, después de que la magistrada, con la que siempre se llevó muy bien, fuese increpada a las puertas de los juzgados por un grupo de sindicalistas que la insultó, en protesta por la detención de varios representantes sindicales en una operación contra el cobro de las sobrecomisiones vinculadas al pago de los ERE. A día de hoy esa escolta, con Alaya destinada en la Audiencia desde hace casi un año, se sigue manteniendo.
Las elecciones del próximo viernes se plantean como una reválida en el cargo. No habrá ninguna candidatura alternativa, aunque en teoría cualquier juez podría presentarse hasta un día antes de las elecciones, algo que por otra parte está prácticamente descartado porque lo normal es que desde que se anunció el proceso para la elección del decano hace aproximadamente un mes, en caso de que algún juez quisiera optar al cargo ya lo habría hecho para, entre otras cosas, dar a conocer su candidatura entre los otros jueces y buscar apoyo para la misma. Sin rivales, las votaciones tendrán no obstante que llevarse a cabo y para ello será necesario, en primer lugar, que haya un quorum suficiente: 50 jueces, la mitad más uno del censo de votantes. Si hay quorum, el juez necesitará una mayoría simple de votos para ser reelegido para un nuevo mandato.
Guerrero, que está casado y tiene cuatro hijos, ingresó en la carrera judicial hace 31 años y desde 1992 era titular del juzgado de lo Penal número 3 de Sevilla, tras haber estado destinado en juzgados de Sanlúcar la Mayor y Carmona.