Todos niegan el fraude

Jorge Muñoz | 22 de abril de 2018 a las 2:00

El tribunal que enjuicia el "procedimiento específico" de los ERE

El tribunal que enjuicia el “procedimiento específico” de los ERE

Se acabó la declaración de los 22 ex altos cargos que se sientan en el banquillo por el caso de los ERE y mañana, sin solución de continuidad, comenzarán a declarar los 150 testigos que han sido citados en la macrocausa. Con el testimonio de estos testigos y la prueba pericial que les seguirá arranca el verdadero juicio, donde las acusaciones intentarán corroborar los cargos en los que sustentan sus peticiones de inhabilitación y los ocho años de prisión que solicitan para algunos de los acusados. También asistiremos al estreno de las acusaciones populares, que hasta ahora no han podido interrogar a nadie, porque todos los acusados se han limitado a responder a las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, del tribunal y de su abogado defensor.
En la primera fase de la vista oral que ahora ha terminado todos los acusados han negado los cargos, cierto es que unos con más rotundidad que otros. No ha habido ninguna asunción de la más mínima culpabilidad por parte de ninguno de los ex altos cargos procesados en las 40 sesiones que se han desarrollado ya de la vista oral.
En líneas generales, los procesados han defendido la legalidad del sistema por el que se concedían las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis, y la mayoría ha negado que recibieran los informes de la Intervención General de la Junta que alertaban de los reparos. Quién si admitió que los recibió, la ex consejera de Economía Carmen Martínez Aguayo, explicó que no le dio traslado al ex presidente José Antonio Griñán –cuando ella era viceconsejera y Griñán consejero–, porque ninguno de esos informes eran de los denominados “de actuación” y no requerían intervención de la Consejería.
La legalidad del uso de las transferencias de financiación al IFA/IDEApara el pago de las ayudas y el rechazo a que los parlamentarios andaluces pudiesen haber sido “engañados” sobre el uso de la partida 31L, conocida como el fondo de reptiles, han sido otras de las constantes que más se han repetido en estos primeros cuatro meses de juicio.

Manuel Chaves
Negó que se creara un sistema para “burlar la ley”
El ex presidente de la Junta Manuel Chaves atacó en su declaración la base de la acusación pública, al negar la existencia misma de ese denominado “procedimiento específico” para la concesión de las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis. Chaves, que fue presidente de la Junta durante 19 años (1990-2009) rechazó con vehemencia que su Gobierno estableciera un sistema “conscientemente ilegal o para burlar la ley”.

 

JUICIO PIEZA POLÍTICA ERE EN AUDIENCIA SEVILLA

José Antonio Griñán
Defensa de la legalidad e ignorancia sobre los reparos
El ex presidente andaluz, que fue consejero de Economía y Hacienda previamente, sostuvo en su declaración que no recibió las alertas de la Intervención General de la Junta porque no había “menoscabo o riesgo de menoscabo” de los fondos públicos y por tanto no se requería una “actuación directa” suya, en su condición de consejero de Economía y Hacienda, cargo que ocupó entre los años 2004 y 2009.
Griñán añadió que todos los informes se presentaron de acuerdo con el artículo 12.3 del decreto 9/99 sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable de las empresas de la Junta, pero nunca plantearon la realización de un “informe de actuación”, que figura en el artículo 12.5. de la citada norma.

Gaspar Zarrías
El ex consejero defendió que había una “regulación”JUICIO PIEZA POLÍTICA ERE EN AUDIENCIA SEVILLA
El ex consejero de la Presidencia destacó en su declaración que siempre hubo una “regulación” de las ayudas bajo sospecha, dado que las mismas estaban contempladas en las leyes de Hacienda y de Presupuestos, en decretos y en las normas dictadas por el Ministerio de Trabajo en 1994 y 1995 que tenían una “carácter supletorio” sobre la legislación autonómica.
Gaspar Zarrías explicó que desconoce cómo se articuló el mecanismo de concesión de las ayudas en la Consejería de Empleo, pero en cualquier caso sostuvo que era “público y notorio” que las mismas existían. “Lo conocía yo y todo el mundo que se daban ayudas sociolaborales”, sentenció.

 

 

 

 

 

Magdalena ÁlvarezREANUDACIÓN JUICIO PIEZA POLÍTICA CASO ERE
Desconocía el procedimiento de las subvenciones
La ex consejera de Economía y Hacienda y ex ministra de Fomento no sólo desconocía cómo se daban las ayudas de los ERE sino que además tampoco tuvo conocimiento de los numerosos reparos de la Intervención General de la Junta alertando sobre las presuntas irregularidades.
Magdalena Álvarez defendió que existió un control de las ayudas, refiriéndose a la “fiscalización previa” de las transferencias de financiación cuando los recursos llegaban a la empresa pública (IFA/IDEA), mientras que el pago estaba sometido a Control Financiero Permanente(CFP).
La ex consejera añadió que los reparos se trabajaban entre la Consejería afectada, en este caso Empleo de la que dependía la partida 31L, y la intervención delegada, y cuando no se llegaba a un acuerdo, se elevaba la cuestión a la Intervención, y si no había cuerdo, es cuando lo conocía el Consejo de Gobierno. “En diez años que fui consejera no llegó ningún reparo al Consejo de Gobierno y tampoco a la Consejería”.

 

 

 

 

Antonio FernándezEL EXCONSEJERO DE EMPLEO ANTONIO FERNÁNDEZ CONTINÚA DECLARANDO MAÑANA EN EL JUICIO DE ERE
La declaración más extensa de todos los ex altos cargos
Siete jornadas acaparó la declaración del ex consejero de Empleo Antonio Fernández, cuyo director general de Trabajo, Javier Guerrero, se sitúa en el epicentro del presunto fraude.
Fernández sostuvo la legalidad del sistema y alegó que las ayudas que concedía la dirección general de Trabajo estaban amparadas en una “base normativa suficiente”, llegando a afirmar incluso que estas ayudas eran “absolutamente iguales” a las que el Estado había otorgado a través de la tan traída y llevada orden de 5 de abril de 1995.
Pero la sorpresa se produjo al final de la declaración de Fernández, cuando el presidente del tribunal, el magistrado Juan Antonio Calle Peña acorraló al ex consejero con sus preguntas, después de que éste hubiese afirmado en la sesión anterior que se sintió “acosado” por la juez Mercedes Alaya cuando prestó declaración en la fase de instrucción. El interrogatorio del magistrado para que Fernández dijera qué aspectos de aquella declaración ratificaba y cuáles no, dejó al acusado contra las cuerdas y sólo se salvó al alegar motivos de “cansancio” por sus problemas de voz. Al día siguiente, cuando el magistrado iba a seguir con sus preguntas, Fernández, ya asesorado por su abogado, se acogió a su derecho a no declarar, “asustado y aturdido” por las preguntas del magistrado.

 

José Antonio VieraCONTINÚA JUICIO CASO ERE CON INTERROGATORIO AL EXCONSEJERO VIERA
En defensa de la “legalidad” del sistema de ayudas
El ex consejero de Empleo José Antonio Viera fue uno de los primeros altos cargos en prestar declaración, en febrero pasado, tras la reanudación de la vista oral por el parón para resolver las cuestiones previas planteadas por las defensas al inicio del proceso. Viera aseguró en su declaración que el sistema por el que se concedían las ayudas era “absolutamente legal” y precisó que la Intervención General de la Junta “jamás” se dirigió a él para advertirle de una “situación de ilegalidad”. El ex consejero fue uno de los primeros en defender el convenio marco de 17 de julio de 2001 que él mismo firmó con Antonio Fernández –entonces director del IFA–.
Sobre el conocimiento concreto que el presidente de la Junta Manuel Chaves podía tener de las ayudas, por ejemplo como las que se otorgaron ante la crisis de Santana Motor, Viera destacó que “el presidente conocía el problema, pero tenía un desconocimiento total de los instrumentos” que se empleaban para darle solución a los conflictos laborales y empresariales.
Viera admitió que tuvo conocimiento en el segundo semestre del año 2000 que la Intervención había paralizado el pago de unas ayudas por importe de 159 millones de pesetas a los trabajadores de Hijos de Andrés Molina (Hamsa), por lo que unos meses más tarde “propuso” a su equipo en la Consejería que buscara una “fórmula legal y ágil” para la concesión de las ayudas a los trabajadores de empresas en crisis. El objetivo, prosiguió, era “resolver el drama personal de los trabajadores y de las comarcas” en las que estaban ubicadas dichas empresas. El resultado de ese encargo fue el convenio marco de 2001, que tenía la “apariencia absoluta de legalidad”, al pasar por todos los departamentos correspondientes, por todos los “centros directivos” de la Consejería: técnicos de la dirección general, el director general, el secretario general de área, la secretaría general técnica y el viceconsejero de Empleo.

 

Carmen Martínez Aguayo
La ex consejera de Economía que defendió a Griñán
Carmen Martínez Aguayo lo había afirmado antes del juicio y lo mantuvo en la vista oral: “nunca” trasladó al entonces consejero de Economía y Hacienda, José Antonio Griñán, los informes de la Intervención General porque el interventor no requirió en ningún momento a su departamento que actuara ante las “discrepancias” que se habían detectado en torno a la partida presupuestaria 31L.
La que fuera ex viceconsejera –luego también fue consejera– insistió ante el tribunal en que “en ningún momento” tendría que haber comunicado al consejero de Economía los informes porque siempre se emitieron “con carácter de normalidad”. Aguayo agregó que este órgano de control únicamente advirtió en sus informes de “discrepancias contables” y no de un menoscabo de fondos públicos, lo que hubiera conllevado la realización del “informe de actuación”.

DECLARACIÓN DE CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO EN JUICIO PIEZA POLÍTICA CASO ERE

Javier GuerreroCONTINÚA JUICIO PIEZA POLÍTICA DEL CASO ERE
El principal acusado reniega del fondo de reptiles
El ex director general de Trabajo y Seguridad Social, el principal imputado en el caso, ha sido el único de los 22 ex altos cargos que no ha respondido a las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción y del tribunal. Guerrero culpó a la “presión mediática y de la Policía” de sus declaraciones en la fase de instrucción, de las que se retractó en el juicio. A preguntas de su abogado, el ex alto cargo quiso aclarar que “nunca” habló de que existiera un fondo de reptiles para el pago de las ayudas, ya que, según afirmó, en su dirección general no tenían “fondos reservados”.

 

 

 

 

 

Manuel GómezDECLARACIÓN EXINTERVENTOR GENERAL GOBIERNO ANDALUZ EN JUICIO PIEZA POLÍTICA CASO ERE
Ni apreció ningún delito ni menoscabo de fondos
El ex interventor general de la Junta es una de las figuras clave del juicio por el denominado “procedimiento específico” de los ERE. Sus informes alertando de las deficiencias en el sistema por el que se concedían las ayudas, del uso inadecuado de las transferencias de financiación, es el argumento principal sobre el que se sustenta la base de la acusación pública, junto al informe pericial elaborado por los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).
Manuel Gómez, que en el juicio mostró un perfil menos combativo con otros acusados del que había hecho gala durante la fase de instrucción, sostuvo que no hizo un informe de actuación en relación con el uso de las transferencias para el pago de las ayudas porque no apreció que se estuviera cometiendo un delito ni el menoscabo de fondos públicos que exige la ley para la emisión de dicho informe.
El ex interventor aclaró que las ayudas sociolaborales “no son subvenciones” y aunque lo fueran estaba la normativa supletoria estatal, la orden de 1995 que, a su juicio, era aplicable a estas ayudas y exige únicamente para su concesión la petición y un memoria justificativa, por lo que rechaza que las ayudas se hayan concedido “prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido”.
Manuel Gómez explicó que aunque había “muchas deficiencias” en la concesión de las ayudas, “ninguna suponía un menoscabo de fonos públicos”, algo que no apreciaron ni él ni una docena de interventores”.

Agustín BarberáPRIMERA SESIÓN JUICIO ERE TERMINA SIN TIEMPO PARA INICIAR CUESTIONES PREVIAS
El Parlamento no fue engañado con las ayudas
El ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá rechazó que se engañara al Parlamento andaluz con el uso de las transferencias de financiación a la agencia IDEA para el pago de las ayudas bajo sospecha, dado que, según afirmó, los parlamentarios andaluces “siempre tuvieron la posibilidad de pedir” la aclaración de las memorias presupuestarias en lo que respecta a la utilización de la partida 31L.
Barberá recordó que los parlamentarios andaluces formulaban “modificaciones” a la partida para que se aumentara el crédito, para lo cual sostuvo que sólo basta acudir a las actas de la Comisión de Empleo. “Me causa estupor que se intente criminalizar en esta causa el acudir a una modificación presupuestaria”, algo que era normal porque la conflictividad que existía en aquella época “descuadraba” cualquier presupuesto.

 

Adiós al actor de la serie “Juzgado de Guardia”

Jorge Muñoz | 19 de abril de 2018 a las 14:18

El actor Harry Anderson, el juez Stone....

El actor Harry Anderson, el juez Harry Stone….

Ha fallecido el actor Harry Anderson, que interpretaba al juez Harry Stone en la serie televisiva que da título a este blog…. Sirva como homenaje este post a quien durante años nos hizo pasar un buen rato con esas peripecias de un peculiar juzgado neoyorquino.

El actor ha fallecido a los 65 años según ha informado Variety. El crítico de TV del grupo Joly Francisco A. Gallardo recuerda que Juzgado de guardia (Night Court) fue una de las comedias de éxito a principios de los años 90 (su nombre daría idea a Antonio Mercero para crear Farmacia de guardia).

El protagonista, Harry Anderson, fue hallado muerto el pasado lunes en su casa de Asheville, en Carolina del Norte. El actor daba vida al desastroso juez Harry Stone, al frente de un tribunal nocturno de Manhattan, con un equipo que halló la complicidad de los espectadores españoles. Se emitió en la NBC entre 1984 y 1992.

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Justicia contable en los ERE

Jorge Muñoz | 15 de abril de 2018 a las 2:00

* El Tribunal de Cuentas dicta cuatro primeras sentencias que condenan al ex director de Trabajo Juan Márquez a devolver 1,2 millones a la Junta * Los fallos ratifican todas las irregularidades

Las primeras cuatro sentencias de los ERE ya han sido dictadas y todas ellas son condenatorias. La Justicia contable, la que emana del Tribunal de Cuentas y que en muchas ocasiones es una gran desconocida, ha condenado al que fuera director de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Juan Márquez Contreras, el sucesor de Javier Guerrero en el organismo que durante diez años otorgó las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis, a reintegrar a las arcas de la Junta de Andalucía 1.252.611,83 euros, en concepto de “responsable contable” de los pagos realizados con fondos públicos a los ex trabajadores de cuatro empresas que figuran en la macrocausa judicial de los ERE fraudulentos: Calderinox, Saldauto, Nueva Lima y Valeo Iluminación.

De los 1,2 millones que deben ser reintegrados a la Administración autonómica, Juan Márquez –que ha sido declarado en rebeldía en todos estos procedimientos al no haber comparecido a los mismos– debe devolver personalmente la cantidad de 402.280,23 euros (183.649,67 por Calderinox y 218.630,56 por Saldauto), mientras que el resto, 850.331,6 euros, tendrá que reintegrarlos de manera solidaria con las empresas beneficiarias (381.601,9 euros en el caso de Nueva Lima y 468.729,70 euros por Valeo Iluminación). Dice el Alto Tribunal que con su actuación, Márquez dio lugar al “menoscabo” de los caudales públicos.
Las cuatro sentencias del Tribunal de Cuentas están fechadas en diciembre pasado y han sido dictadas por la consejera del departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento Margarita Mariscal de Gante, la que fuera ministra de Justicia en el primer gobierno de José María Aznar.
Con un contenido básicamente similar y salvando las evidentes distancias entre la jurisdicción contable y la Penal, lo relevante de estas cuatro sentencias condenatorias es que consideran probadas todas y cada una de las irregularidades sobre las que la SecciónPrimera de la Audiencia de Sevilla tendrá que pronunciarse una vez que finalice el juicio que se celebra actualmente por del denominado “procedimiento específico” por el que se concedían las ayudas, en el que están procesados 22 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
Para empezar, las sentencias del Tribunal de Cuentas estiman las demandas presentadas por la propia Junta de Andalucía –a las que se ha adherido la Fiscalía–, que en la vía penal ejerce la acusación particular pero que en el juicio a los ex altos cargos fue apartada tras haber pedido el sobreseimiento para los 22 acusados, al estimar que no hay ninguna “trama criminal” ni se creó un procedimiento concreto para eludir los controles de la Intervención y conceder de forma arbitraria las ayudas de los ERE.
Las cuatro resoluciones recuerdan que los hechos fueron investigados en las actuaciones previas 116/2013 del Tribunal de Cuentas, que a su vez se basaron en el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía, de fecha 18 de octubre de 2012, sobre las ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por Expedientes de Regulación de Empleo y a empresas en crisis otorgadas por la Junta en el periodo 2001-2010.
Así, señalan las sentencias que el informe de fiscalización pone de manifiesto, con carácter general, “graves irregularidades”, entre las que destaca que hasta la orden de 3 de marzo de 2010 no consta el acto administrativo previo y necesario de delegación de competencias para que las ayudas de la partida 31L, conocida como el fondo de reptiles, pudiesen ser otorgadas por el director general de Trabajo y no por el consejero de Empleo.
Tampoco consideraba el informe del órgano de control andaluz que haya quedado acreditado en los expedientes de concesión de las ayudas las “razones de interés social o económico” que exige el artículo 12.5 del decreto 254/2001.
De la misma forma, entiende que “se ha realizado un uso inadecuado de la figura de las transferencias de financiación como procedimiento de ejecución presupuestaria” para tramitar las ayudas concedidas por la Consejería de Empleo con cargo a la partida 31L, lo que ha conducido a la “ausencia de la preceptiva fiscalización previa, adecuada a la naturaleza del gasto subvencional”.


DECLARACION EXDIRECTOR TRABAJO JUNTA EN JUICIO PIEZA POLITICA CASO ERE

 

Otras irregularidades, según el informe de fiscalización, consisten en que la Consejería de Empleo no realizó el diseño previo de las ayudas, por lo que no se establecieron los requisitos, los plazos de ejecución ni las actuaciones posteriores para la justificación de las finalidades y de empleo de los fondos.
Por todo ello, el dictamen concluye que hasta el año 2010 esas ayudas se han otorgado “prescindiendo absolutamente del procedimiento administrativo establecido al efecto” y no se ha acreditado el cumplimiento de las finalidades para las que fueron concedidas, ni la “correcta aplicación de los fondos”.
El informe concluía asimismo que la calificación de estas ayudas como “subvención excepcional” ha dado lugar a un “abuso del margen de discrecionalidad administrativa en su concesión, que se ha puesto de manifiesto en hechos tales como la concentración de las ayudas en determinadas zonas geográficas, en grupos de empresas y en concesiones realizadas sin acreditar el fin o interés público perseguido con las mismas”.
La consejera del Tribunal de Cuentas Margarita Mariscal de Gante explica a continuación que desde la perspectiva de la “responsabilidad contable” el pago con fondos públicos realizado prescindiendo absolutamente del procedimiento administrativo establecido al efecto y con “absoluto desprecio” de la exigencias más elementales derivadas de la normativa aplicable en materia de gasto público, constituye un “hecho dañoso para los fondos públicos que debe ser calificado como alcance o malversación, en el sentido de los artículos 177.1.a) de la Ley General Presupuestaria (LGP) y 72 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas (LFTcu)”.
La responsabilidad contable alcanza “a los gestores de fondos públicos que hayan ordenado o realizado los pagos, o hayan realizado cualquier otra actuación que suponga ejecutar, forzar o inducir a ejecutar , o cooperar en la comisión de los hecchos, o incluso participar con posterioridad para ocultar los hechos o impedir su persecución (artículo 42.1 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas)”.
Al analizar las ayudas concedidas, las sentencias destacan en primer lugar que se trata de pagos “carentes de cobertura legal”, al haberse realizado sin cumplir los requisitos ni seguir los procedimientos establecidos, al tiempo que resulta “imposible determinar cuál fue el destino final de los fondos, ya que ni siquiera está acreditado que los mismos se hayan ingresado en una cuenta de la empresa a la que, según el expediente de la ayuda, debían ir destinados”. Tampoco existió una “convocatoria pública” para la concesión, siendo entregados los fondos de forma directa, y además el pago “no cumplía los requisitos legalmente exigidos en para la concesión de las ayudas públicas”, ni hay constancia de la solicitud de las ayudas ni de que la Dirección general de Trabajo realizara un análisis de la situación económica de las empresas beneficiarias o de la merma económica que sufrieron sus ex trabajadores.

 

Una de las sedes del Tribunal de Cuentas en Madrid.

Una de las sedes del Tribunal de Cuentas en Madrid.

Sobre las transferencias de financiación a IDEA para el pago de las ayudas, el Tribunal de Cuentas considera que “por imperativo legal” el fin era cubrir pérdidas y no pagar subvenciones, por lo que las cantidades de esas transferencias de la partida 31L “quedaron al margen del control previo de la Intervención de la Junta porque en lugar de aparecer como pagos de subvenciones con cargo al presupuesto de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social se contabilizaron como transferencias de financiación para IDEA, no estando sometida esta entidad a dicho control previo”.
Las sentencias reproducen el informe pericial de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE)) para firmar que estas “subvenciones” fueron concedidas “prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido”. Las ayudas concedidas por Juan Márquez constituyeron, según el Tribunal de Cuentas, un “acto de disposición de fondos públicos carente de la más mínima justificación en cuanto a su finalidad e interés público y con total incumplimiento de la normativa para la concesión de este tipo de ayudas”.
Para el Tribunal de Cuentas, el ex director de Trabajo Juan Márquez, en cuanto que fue él quien ordenó los pagos de estas cuatro ayudas, es “responsable contable directo del mismo ya que con su actuación dio lugar a ese menoscabo para los caudales públicos”.
En esa gestión de los fondos públicos no cabe sino apreciar “culpa grave”, pues omitió “la más mínima diligencia exigible a quien dispone de dichos caudales dando lugar a un pago que no debía haberse efectuado” y a ello añade que el ex director era “plenamente conocedor de que con su actuación incumplía gravemente la normativa presupuestaria y contable, porque no siguió procedimiento alguno, ordenó un pago sin haber quedado acreditado el destino del mismo y eludió los controles legalmente previstos”.
A estas cuatro primeras sentencias pueden sumarse otras tantas en los próximos meses a raíz de los distintos procedimientos que siguen en el Tribunal de Cuentas, a instancias de la Administración andaluza, para la devolución de las ayudas concedidas de forma irregular.

 

La consejera que nombró a Zoido director de Justicia

 

La ex ministra de Justicia y actual consejera del Tribunal de Cuentas Margarita Mariscal de Gante

La ex ministra de Justicia y actual consejera del Tribunal de Cuentas Margarita Mariscal de Gante.

Las cuatro sentencias del Tribunal de Cuentas que han declarado la responsabilidad contable del ex director de Trabajo de la Junta Juan Márquez han sido dictadas por la consejera del departamento segundo de Enjuciamiento Margarita Mariscal de Gante, que fue ministra de Justicia en el primer gobierno de José María Aznar.

Mariscal De Gante fue además quien nombró en 1996 como director general de Relaciones con la Administración de Justicia al actual ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, quien a su vez fue quien llevó a los tribunales el escándalo de los ERE fraudulentos cuando fue elegido alcalde de Sevilla, cargo que ocupó entre los años 2011 y 2015.

Los interrogatorios de Alaya

Jorge Muñoz | 8 de abril de 2018 a las 2:00

El exconsejero andaluz de Empleo Antonio Fernandez en el juicio de la pieza politica de los ERE

El ex consejero de Empleo Antonio Fernández declarando en el juicio de los ERE.

Después de cuatro días declarando ante la juez Mercedes Alaya, con la intensidad que la magistrada imprimía a esos interrogatorios, no me cabe duda de que cualquier persona sería capaz de confesar lo más grande con tal de que esa situación termine cuanto antes. El ex consejero de Empleo Antonio Fernández trató de explicarlo esta semana en su declaración en el juicio de los ERE, donde dijo que se sintió “permanentemente acosado” por la magistrada durante el interrogatorio, que se prolongó durante cuatro días y la madrugada siguiente, en la que la juez lo envió a prisión provisional.
Fernández relató la vehemencia de la juez para que respondiera sí o sí a las preguntas tal y como la magistrada quería que lo hiciera. Puedo asegurarles, porque seguí aquella maratoniana comparecencia en el juzgado de Instrucción número 6, de viernes a lunes de Feria –con un derbi Madrid-Barça que los periodistas seguimos en un Ipad a las puertas del juzgado la noche del sábado y sobre el que Fernández se interesaba en los recesos de su declaración–, que las voces de Alaya y del ex consejero se escuchaban desde fuera de la sala de vistas sin necesidad de pegar el oído a la puerta. Alaya atacaba con sus preguntas y Fernández, que entonces no tenía problemas de voz como ahora, respondía también con contundencia.
Antonio Fernández ha denunciado ahora, seis años después de aquella comparecencia ese “acoso” al que le sometió Alaya, de la que también criticó que le había tenido 14 meses imputado antes de citarle a declarar. El ex consejero dibujó un panorama muy negro, al asegurar que la magistrada le planteó una imputación sorpresiva con nuevos delitos por su supuesta inclusión en el ERE de González Byass, la empresa en la que había trabajado desde los 14 años. Y acabó denunciando que se sintió indefenso en aquella declaración en la que no se respetaron sus garantías procesales.
Pero la denuncia de Fernández a la juez Alaya, cuya instrucción no estaba recibiendo hasta ahora críticas severas, se topó con las acertadas preguntas del presidente del tribunal, el magistrado Juan Antonio Calle, que acabó acorralando al acusado. El magistrado le preguntó por qué no hizo constar en el acta de la declaración –que Fernández firmó cada día– todas esas “vicisitudes”, o por qué no solicitó el aplazamiento de la declaración o pedir una nueva comparecencia, conociendo como licenciado en Derecho que los imputados pueden pedir una declaración voluntaria en cualquier momento.
El magistrado le expuso que no hiciera nada frente a un interrogatorio del que ahora pretendía que se hizo en condiciones inadecuadas que determinarían que la declaración fue nula.
Fernández salió al paso diciendo que valoró que si “colaboraba” con Alaya y respondía a todas las preguntas de todas las acusaciones –incluidas las del PP– podría haber evitado lo que finalmente no pudo: su ingreso en prisión. Estaba equivocado, como le demostró el auto que la juez le notificó sobre las siete de la mañana del 24 de abril, tras toda una noche en vela. Debió denunciarlo entonces.
El problema es que, en aquel momento, con Alaya en su mayor apogeo, nadie cuestionaba a la juez más grande y los abogados tampoco se atrevían a quejarse de la instructora por temor a causarle males mayores a sus representados. No fue hasta la llegada de José María Mohedano, el abogado de Griñán, cuando comenzaron las críticas a la juez. En julio de 2013, Mohedano ya dijo que el interrogatorio de Alaya “es más propio de un juez inquisitorial y preconstitucional”.

 

VISTO PARA SENTENCIA

 

Juicio ERE Chaves, Gri?an , Magdalena, Zarrias, Guerrero.

¿Se va del juicio de los ERE el abogado que defiende a Javier Guerrero?

* Fernando de Pablo ha sido el abogado del ex director general de Trabajo Javier Guerrero desde que se destapó el escándalo de los ERE en el año 2011. Siete años después y una vez arrancado el juicio por el “procedimiento específico” hay quien apunta a que De Pablo podría dejar de ser de manera inminente el letrado de Guerrero. De momento, el propio Fernando de Pablo dice que no sabe nada de su marcha, aunque reconoce que ya ha dejado la defensa de Guerrero en otras piezas en manos de otros compañeros, como Carlos Sierra y Rafael Ramírez.

Con los ojos de hoy

Jorge Muñoz | 1 de abril de 2018 a las 2:00

El juicio de los ERE se suspende provisionalmente por enfermedad exconsejero

El tribunal que preside el juicio. Foto: pool Efe.

Ha sido sin duda la expresión más repetida por muchos de los 19 ex altos cargos de la Junta que ya han prestado declaración en el juicio de los ERE. Y la han utilizado cuando el fiscal les ha preguntado por los aspectos supuestamente más comprometidos en relación con el sistema que durante diez años se empleó para conceder las ayudas bajo sospecha.
Para distinguir entre el conocimiento actual de los hechos, de la materia presupuestaria, de las transferencias de financiación, de la fiscalización previa, o del Control Financiero Permanente, muchos de los acusados han recurrido a la frase “Con los ojos de hoy… señoría puedo decirle…”, para diferenciar entre el grado de conocimiento de estos asuntos que podían tener en el momento en que ocurrieron, por ejemplo, cuando se firmó el convenio marco en 2001, y lo que han podido saber ahora, dieciocho años después y tras haber tenido acceso a los miles de folios del sumario –el “procedimiento específico” tiene 16.000 folios a los que hay que sumar los más de 200.000 que integran la causa matriz–.
Y a los acusados no les falta parte de razón porque es evidente que en los 18 años desde que ocurrieron estos hechos ha podido cambiar y mucho la perspectiva social, económica, política y hasta legal y jurídica con la que se pueden (o deben) examinar cuestiones como el procedimiento que se empleaba para conceder las ayudas o la actuación que en su momento tuvo (o no tuvo, según la tesis acusatoria de la Fiscalía Anticorrupción) el Gobierno andaluz y el órgano de control, la Intervención General de la Junta.
La frase “con los ojos de hoy…” ocupa el top ten de las que se han empleado hasta ahora en las 30 sesiones que se han celebrado de una vista oral que se inició en diciembre pasado con las cuestiones previas. Pero no ha sido la única, con un juicio tan largo y con tantas horas de declaración ha habido tiempo para que se produzcan numerosas situaciones curiosas y anécdotas de toda índole propiciadas bien por la tensión, el nerviosismo o el cansancio de los interrogatorios a los que los fiscales delegados de Anticorrupción están sometiendo a los acusados.
Una de estas situaciones se ha producido precisamente esta misma semana, con la declaración del ex consejero de Empleo Antonio Fernández. En un momento dado, el fiscal le estaba preguntando por las ayudas sociolaborales concedidas a determinadas empresas y Fernández dijo los siguiente: “Mientras yo he estado vivo, Santana ha sido un tema prioritario”, dijo Fernández sin inmutarse lo más mínimo, probablemente sin percatarse de la frase, dado que en ocasiones estaba más pendiente de sus problemas con la voz.
El ex director general de IDEA Jacinto Cañete afirmó, muy acertadamente, que la “semántica” es importante sobre todo cuando, como en este caso, se trata de un procedimiento penal, en alusión a la “inadecuación” o “inidoneidad” del procedimiento de concesión de las ayudas.
La mayoría de los acusados se han esforzado en sus declaraciones en negar que la utilización de las transferencias de financiación hubiese causado un “déficit” millonario en los presupuestos de la agencia IDEA y han recurrido, nuevamente, al lenguaje para afirmar que en realidad las transferencias sólo provocaron un “desajuste” o “desfase” presupuestario, pero no un “déficit”, ya que la agencia IDEA sólo pagaba las ayudas una vez que había recibido los fondos correspondientes desde la Consejería de Empleo.
Y más que semántica fue una cuestión léxica la que le jugó una mala pasada a la ex secretaria general técnica de Empleo Lourdes Medina, quien para referirse a una situación que se estaba produciendo en los edificios de las residencias Tiempo Libre de la Junta, aludió a los problemas de “salmonelosis”, aunque rápidamente lo corrigió por la correcta “aluminosis”. Quien tiene boca se equivoca, yo el primero.
Pero no fue la única a la que le traicionó el lenguaje, porque también uno de los fiscales delegados de Anticorrupción preguntó a la ex consejera de Economía Carmen Martínez Aguayo por su etapa como “miembra” (sic) del Consejo Rector de la agencia IDEA, o a lo mejor estaba haciendo gala de la tan excesiva política, en términos língüísticos, de igualdad de género. Quien sabe.

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El ex director general de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero, en su declaración en el juicio. Foto: pool Efe.

En otras ocasiones, los acusados han sorprendido en sus declaraciones por las comparaciones que han empleado. Así, destaca la respuesta que tuvo el ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román cuando su abogado defensor, José Manuel García-Quílez le preguntó si tuvo alguna participación en la creación de ese procedimiento específico para supuestamente cometer el fraude. “Es complicado contestar a eso porque no sé cómo se puede poner de acuerdo a tantas personas para hacer algo que desconocíamos y cargos públicos de distintas fechas. ¿Cómo se hacía, había una contraseña para entrar en el club? Duele bastante”, lamentó el ex alto cargo.
Por su parte, el secretario general técnico Javier Aguado Hinojal insistió en su declaración que no le podía extrañar que se “ayudara a las comarcas y a los ciudadanos” en periodos de crisis económica, dado que no eran ayudas para las empresas, y así señaló que si no se hubieran dado por ejemplo las ayudas a la Faja Pirítica de Huelva se habría “cerrado el condado”. Este mismo procesado aseguró que su departamento era “las amas de casa” de la Consejería de Empleo, donde se hacía toda la “cocina” y también las modificaciones presupuestarias con las que se fueron incrementando las transferencias de financiación al IFA para el pago de las ayudas.
Otra de las situaciones, casi cómicas, se producen al inicio de las sesiones y guardan relación con las sustituciones que se hacen entre sí los abogados de la defensa cuando uno de ellos no asiste a la vista oral y otro letrado asume la defensa del compañero. El turno de sustituciones se prolonga a veces durante varios minutos, en los que los sustitutos toman la palabra para informar al tribunal sobre a que letrado sustituyen y en representación de qué acusado. En una ocasión se dio la circunstancia de que dos abogados intentaron sustituir al letrado del ex consejero de la Presidencia Gaspar Zarrías. Un primer letrado intervino para hacerse con la representación del ex consejero y acto seguido otro letrado al que la defensa de Zarrías le había comentado su ausencia también habló para asumirla, lo que motivó las risas en el estrado.
La que no ha salido tan bien parada en el juicio es la juez Mercedes Alaya y sus vehementes interrogatorios, a tenor de las manifestaciones que han realizado la mayoría de los acusados, que se han negado a ratificar las declaraciones que prestaron en la fase de instrucción porque, según han ido explicando, las actas elaboradas por la magistrada “no reflejan” a juicio de los acusados la realidad de sus afirmaciones.
El principal imputado, el ex director general de Trabajo Javier Guerrero, se retractó de cuatro declaraciones en las que había implicado a todo el Gobierno andaluz y culpó a la“presión mediática y de la Policía” de las declaraciones que realizó en la fase de instrucción, llegando incluso a renegar de haber sido él quien acuñó el término “fondo de reptiles” para referirse a la partida presupuestaria 31L. “Yo nunca he hablado de fondo de reptiles, eso no ha salido de mi boca, porque no tenemos fondos reservados”, precisó el ex alto cargo, que sólo respondió a las preguntas de su abogado.

Comienza el juicio de los ERE contra 22 ex altos cargos del Gobierno andaluz

Los 22 ex altos cargos acusados en el juicio del “procedimiento específico” de los ERE. Foto: pool Efe.

Como Guerrero no declaró a los fiscales, éstos pidieron que se leyeran sus declaraciones y así volvieron a oírse las frases con las que Guerrero ha hecho historia en el caso de los ERE, como cuando dijo que sus únicos vicios son “un paquete de Marlboro y una copa de gin-tonic con Beefeater”, o cuando declaró lo siguiente: “La Consejería de Innovación se quedó con diez millones míos”.
En otra de las declaraciones no ratificadas por Guerrero, éste contó como el ex consejero de Empleo le dijo en una ocasión que fuese al IFA/IDEA para solucionar los pagos de unas pólizas: “Me dijo [Antonio Fernández] que fuera a IDEA y le diera una patada en los cojones al gerente”, afirmó ante la Guardia Civil.
También resultó gracioso el enojo del secretario judicial al inicio del juicio por tener que leer durante horas seguidas los escritos de las acusaciones y las declaraciones que los acusados no ratificaban. Menos divertido resultó la llamada al orden del tribunal a los acusados para que guardaran la compostura –y se sentaran bien– ante la “solemnidad” del juicio.
Todo esto ha sucedido en sólo 30 sesiones de un juicio que, según el calendario inicial fijado por el tribunal, llegará en principio hasta las 94 sesiones, con lo que prácticamente quedan dos terceras partes de juicio en las que habrá nuevas situaciones anecdóticas. Y aquí se las contaremos. No todo va a ser el máster en materia presupuestaria que se imparte en cada sesión del juicio.

Las mujeres suponen ya el 53,2% de los miembros de la carrera judicial

Jorge Muñoz | 28 de marzo de 2018 a las 17:51

Una jura de jueces en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Una jura de jueces en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

La presencia femenina solo es inferior al 50 % en Aragón, Murcia, Navarra y los órganos centrales * La media de edad de los jueces y magistrados españoles es de 50,1 años; y la de antigüedad en la Carrera de 18,9 años * Canarias cuenta con los jueces más jóvenes y Aragón con los que llevan más tiempo ejerciendo su función jurisdiccional

Las 2.858 juezas y magistradas en activo suponen el 53,2 por ciento de la Carrera Judicial, según el “Informe sobre la Estructura de la Carrera Judicial” publicado hoy por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial con los datos disponibles a 1 de enero de este año. Es el mismo porcentaje que representaban los hombres hace exactamente diez años, ha informado este miércoles el máximo órgano de gobierno de los jueces.

Hace una década, las 2.065 juezas y magistradas entonces en activo eran el 46,8 por ciento de los miembros de la Carrera Judicial. Desde entonces, su presencia se ha incrementado año a año, superando por primera vez a sus compañeros varones a lo largo de 2012, según el informe publicado con datos del 1 de enero de 2013.

Fecha

Mujeres

%

Hombres

%

1/1/2008

2.065

46,8

2.350

53,2

1/1/2009

2.094

47,2

2.345

52,8

1/1/2010

2.163

47,7

2.373

52,3

1/1/2011

2.267

48,3

2.422

51,7

1/1/2012

2.404

49,2

2.486

50,8

1/1/2013

2.524

50,1

2.512

49,9

1/1/2014

2.661

51,0

2.558

49,0

1/1/2015

2.781

52,0

2.571

48,0

1/1/2016

2.812

52,4

2.554

47,6

1/1/2017

2.827

52,7

2.540

47,3

1/1/2018

2.858

53,2

2.519

46,8

A fecha de hoy, las mujeres son mayoría en todas las Comunidades Autónomas excepto en Aragón, Murcia y Navarra. También es minoritaria su presencia en los órganos centrales (Tribunal Supremo y Audiencia Nacional).

La Comunidad Autónoma con mayor proporción de juezas y magistradas es el País Vasco, donde suponen el 60,5 por ciento del total. En el otro extremo se sitúa la Región de Murcia, donde en cualquier caso representan ya el 45,1 por ciento.

En cuanto a los órganos centrales, la presencia femenina sigue siendo minoritaria: un 27,4 por ciento. Las cifras, no obstante, varían del Tribunal Supremo –donde las mujeres suponen el 14,5 por ciento de sus magistrados- a la Audiencia Nacional, donde alcanzan un 38,5 por ciento.

Distribución por sexo de jueces y magistrados por Comunidad Autónoma

Mujeres

%

Hombres

%

Total

Andalucía

479

50,9

462

49,1

941

Aragón

69

46,3

80

53,7

149

Asturias

77

50,0

77

50,0

154

Illes Balears

74

55,2

60

44,8

134

Canarias

142

54,2

120

45,8

262

Cantabria

41

51,3

39

48,8

80

Castilla-La Mancha

101

53,4

88

46,6

189

Castilla y León

152

50,2

151

49,8

303

Cataluña

430

55,5

345

44,5

775

Comunidad Valenciana

306

55,8

242

44,2

548

Extremadura

60

55,0

49

45,0

109

Galicia

200

58,3

143

41,7

343

Madrid

417

57,1

313

42,9

730

Región de Murcia

69

45,1

84

54,9

153

Navarra

32

47,8

35

52,2

67

País Vasco

141

60,5

92

39,5

233

La Rioja

22

56,4

17

43,6

39

Órganos centrales*

46

27,4

122

72,6

168

España

2.858

53,2

2.519

46,8

5.377

*Tribunal Supremo y Audiencia Nacional

Hace diez años, las mujeres solo eran mayoría en cuatro Comunidades Autónomas: Cataluña, la Comunidad Valenciana, Madrid y el País Vasco. En los órganos centrales, representaban el 20,9 por ciento frente al 27,4 por ciento de hoy.

Canarias tiene los jueces más jóvenes y Aragón los más veteranos

La media de edad de los jueces españoles es de 50,1 años, y su media de antigüedad en la Carrera Judicial es de 18,9. Ellas son más jóvenes -47,6 años de media frente a los 52,9 años de los varones- y cuentan también con menos antigüedad que sus compañeros: 16,7 años de media frente a los 21,4 años de ellos.

En 2008, la media de edad de los jueces españoles era de 45 años y la media de antigüedad de 14,4 años.

Por Comunidades Autónomas, es Canarias la tiene los jueces más jóvenes, con una media de edad de 46,4 años; y Madrid los de más edad, con 53,9 años de media, solo superada por la de los magistrados de los órganos centrales: 61,5 años.

Media de edad de los jueces en activo por Comunidades Autónomas

En 2008 también eran Canarias y Madrid las Comunidades Autónomas que contaban con los jueces más jóvenes -42,2 años de media- y con los de mayor edad -48,2 años-, respectivamente. En los órganos centrales, la media de edad de sus magistrados era de 56 años.

Por lo que respecta a la antigüedad en la Carrera Judicial –y si se exceptúan los órganos centrales, en los que la media de antigüedad es de 30,7 años- es Aragón la Comunidad Autónoma que cuenta con los jueces que más tiempo llevan ejerciendo la jurisdicción: 23,4 años de media.

La situación no ha cambiado en la última década: en 2008 también era Aragón el territorio que tenía los jueces más experimentados, con una media de 18,7 años en la Carrera Judicial. La media de antigüedad de los magistrados destinados en los órganos centrales era entonces de 24,7 años.

Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, los órganos con mayor presencia femenina

El 71,4 por ciento de los titulares de Juzgados de Violencia sobre la Mujer son juezas o magistradas, que también son amplia mayoría en los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción (66,3 por ciento), los Juzgados de Menores (63 por ciento) y los Juzgados de lo Penal (61,8 por ciento).

En el otro extremo, los Juzgados de lo Mercantil son los órganos unipersonales con menor presencia femenina (33,9 por ciento), situación que también se da en los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo (42,7 por ciento).

Las mujeres también son minoría en los órganos colegiados: representan el 37,6 por ciento de los magistrados de las Audiencias Provinciales y el 36,2 por ciento de los destinados en Tribunales Superiores de Justicia.

Hace una década, la presencia femenina en Juzgados de Violencia sobre la Mujer era prácticamente idéntica a la de hoy (71,2 por ciento), mientras que el porcentaje de mujeres en los Juzgados de lo Mercantil era del 19,4 por ciento, en las Audiencias Provinciales del 30,5 por ciento y en los Tribunales Superiores de Justicia del 28 por ciento.

Consulte el “Informe sobre Estructura de la Carrera Judicial” correspondiente a 2018 y la serie histórica desde 2005 en:

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-Informes/Estructura-demografica-de-la-Carrera-Judicial/

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La Pasión del ex consejero

Jorge Muñoz | 25 de marzo de 2018 a las 2:00

DECLARACION DE CARMEN MARTINEZ AGUAYO EN JUICIO PIEZA POLITICA CASO ERE

Una vista panóramica de la Sala que acoge el juicio del “procedimiento específico” de los ERE.

Muchas cábalas se habían hecho sobre cuál de los 22 acusados en el juicio de los ERE tendría que comparecer en las sesiones fijadas para el Lunes y Martes Santo. El que se llevaría el titular periodístico sobre su particular Semana de Pasión –algunos pensarán, no sin cierta razón, que llevan más de siete años de calvario judicial–, sometiéndose a los intensivos interrogatorios de los fiscales delegados de Anticorrupción Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra.

Al final, ese supuesto honor, en realidad no lo es, de comparecer en estos días clave de la celebración religiosa ha correspondido al ex consejero de Empleo Antonio Fernández, cuyos problemas de garganta han ido retrasando su declaración hasta que se ha fijado para estos días. Fernández debía haber sido el segundo de los 22 ex altos cargos en declarar, justo después de que lo hiciera el que fuera su estrecho colaborador en la Consejería y principal imputado en el caso, el ex director general de Trabajo Javier Guerrero.
El ex consejero fue precisamente durante la larga instrucción de los ERE uno de los sospechosos habituales de la juez Mercedes Alaya, que fue imputándolo un día sí y otro no en las distintas líneas de investigación que se iban creando en torno a las distintas macrocausas, no sólo en la de los ERE, sino también en la de las presuntas irregularidades relacionadas con los cursos de formación.
Y fue también Alaya quien decidió enviarlo a prisión provisional la noche del pescaíto del año 2012, después de haberlo hecho pasar por un vehemente interrogatorio que se prolongó durante tres días y finalizó con toda una noche en vela mientras la instructora redactaba el auto que lo enviaba a la prisión de Sevilla I.
Casi seis años después de aquel 24 de abril de 2012, Antonio Fernández se sentará mañana ante el tribunal para dar de nuevo sus explicaciones sobre la concesión de las ayudas bajo sospecha. Mientras el ex consejero declara, cerca rondarán las cofradías del Cautivo del Tiro de línea y del Cerro del Águila, que pasan por las proximidades de la sede judicial donde se celebra el juicio el Lunes y Martes Santo, respectivamente.
Estación de penitencia fuera y dentro de la Audiencia, porque parece que el interrogatorio de Antonio Fernández no va a ser más liviano que al que lo sometió Alaya, dado que la Fiscalía Anticorrupción sitúa el origen del fraude precisamente en la Consejería que Fernández dirigió durante años. Y a ver si las dos sesiones de la semana de Pasión del ex consejero van a resultar insuficientes para completar su interrogatorio, porque además seguro que su combativo abogado, Alfonso Martínez del Hoyo, también guarda en la recámara una buena ristra de preguntas para su defendido.
Mientras Fernández aguarda su declaración, el juicio de los ERE ha consumido ya sus primeras 88 horas tras haber completado 28 interminables sesiones en las que, como comentó esta semana el ex director general de IDEA Jacinto Cañete en su declaración, todos los asistentes parece que están asistiendo a un “máster en materia presupuestaria”, a tenor de todo lo que han ido exponiendo los distintos acusados en sus declaraciones.
Según los datos que figuran en el sistema de descargas de vistas judiciales de Andalucía –el portal Arconte de la Consejería de Justicia e Interior –, desde que arrancó la vista oral el 12 de diciembre de 2017, el juicio de los ERE acumula ya un total de 154 vídeos, con un peso de 40,96 gigabytes y una duración total de 88 horas, 25 minutos y 1 segundo, según los datos incorporados hasta la última sesión, celebrada el pasado miércoles y en la que declaró el ex consejero de la Presidencia Gaspar Zarrías.
De aquí al 31 de octubre, último día que el tribunal mantiene en el calendario del juicio elaborado en enero, todavía quedan muchas horas y horas de grabación, muchas horas y horas de ese peculiar máster presupuestario que este cronista tanto aborrece.
Lo que sí ha avanzado en las últimas semanas es precisamente la declaración de los 22 ex altos cargos que se sientan en el banquillo de los acusados. Ya se han sometido a los interrogatorios 18 de los procesados, aunque entre los cuatro últimos se encuentran los dos más relevantes, los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, quienes está previsto que declaren justo después de Semana Santa. También lo hará el ex secretario general técnico de la Consejería de Empleo Juan Francisco Sánchez García, a quien el tribunal permitió declarar el último al haber cambiado de abogado defensor poco tiempo antes de que se iniciara la vista oral.
De la última sesión del juicio todavía se recuerda la llamada al orden del tribunal a los acusados, a los que pidió que guardaran la “solemnidad” propia de una vista oral, tras haber reprendido en la sesión anterior al ex consejero de Innovación Francisco Vallejo. Con esa llamada de atención, a destiempo, el tribunal convirtió la anécdota en categoría, el chascarrillo en noticia. Sinceramente, creo que la reprimenda no era necesaria tras el aviso del día anterior.

Prisión sin fianza para Turull, Forcadell, Romeva, Rull y Bassa

Jorge Muñoz | 23 de marzo de 2018 a las 22:05

Consulta el auto original aquí: AUTO PRISIÓN FORCADELL TURULL ROMEVA RULL Y BASSA

 

CAUSA ESPECIAL núm.: 20907/2017
Instructor/a: Excmo. Sr. D. Pablo Llarena Conde
Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Antonia Cao Barredo

TRIBUNAL SUPREMO Sala de lo Penal

Auto núm. /

Excmo. Sr. Magistrado Instructor D. Pablo Llarena Conde

En Madrid, a 23 de marzo de 2018.
Ha sido Instructor el Excmo. Sr. D. Pablo Llarena Conde.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 21 de marzo de 2018 se dictó auto acordando:

“Declarar procesados por presuntos delitos de rebelión, del artículo 472 y concordantes del Código Penal, a Carles Puigdemont i Casamajó, Oriol Junqueras i Vies, Jordi Turull i Negre, Raül Romeva i Rueda, Antonio Comín i Oliveres, Josep Rull i Andreu, Dolors Bassa i Coll, Clara Ponsatí i

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Obiols, Joaquim Forn i Chiariello, Jordi Sánchez Picanyol, Jordi Cuixart Navarro, Carme Forcadell i Lluís y Marta Rovira i Vergés.

Declarar procesados por presuntos delitos de desobediencia, del artículo 410 del Código Penal, a Lluís María Corominas i Díaz, Lluís Guinó y Subirós, Anna Isabel Simó i Castelló, Ramona Barrufet i Santacana, Joan Josep Nuet i Pujals, Meritxell Borràs i Solé, Lluís Puig i Gordi, Carles Mundó i Blanch, Santiago Vila i Vicente, Meritxell Serret i Aleu, Mireia Aran Boya Busquet y Anna Gabriel Sabaté.

Declarar procesados por el delito de malversación de caudales públicos, en los términos que se han expresado en los anteriores fundamentos jurídicos, a Carles Puigdemont i Casamajó, Oriol Junqueras i Vies, Jordi Turull i Negre, Raül Romeva i Rueda, Meritxell Borràs i Solé, Clara Ponsatí i Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Joaquim Forn i Chiariello, Josep Rull i Andreu, Lluís Puig i Gordi, Carles Mundó i Blanch, Dolors Bassa i Coll, Santiago Vila i Vicente y Meritxell Serret i Aleu.

Se mantiene la medida cautelar de prisión provisional, comunicada y sin fianza, de Oriol Junqueras i Vies, Joaquim Forn i Chiariello, Jordi Sánchez Picanyol y Jordi Cuixart Navarro, resolviéndose en la forma que se ha expresado la petición de libertad cursada por este último procesado en su escrito de 1 de marzo de 2018.

Se mantienen las medidas cautelares personales acordadas respecto de Carles Puigdemont i Casamajó, Anna Gabriel Sabaté, Antonio Comín i Oliveres, Clara Ponsatí i Obiols, Lluís Puig i Gordi y Meritxell Serret i Aleu.

Se fija como nueva cuantía de la fianza en garantía de las responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse del presente procedimiento, la cantidad de 2.135.948,6 euros, que habrá de ser solidariamente prestada por los procesados Carles Puigdemont i Casamajó, Oriol Junqueras i Vies, Jordi Turull i Negre, Raül Romeva i

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Rueda, Meritxell Borràs i Solé, Clara Ponsatí i Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Joaquim Forn i Chiariello, Josep Rull i Andreu, Lluís Puig i Gordi, Carles Mundó i Blanch, Dolors Bassa i Coll, Santiago Vila i Vicente y Meritxell Serret i Aleu.

Cítese para declaración indagatoria ante este Tribunal a los procesados antedichos para que comparezcan los días 16, 17 y 18 de abril de 2018, a las 10:00, debiendo comparecer con letrado que les defienda. En resolución aparte se señalará el día que deberá comparecer cada uno de los procesados.

Solicítese hojas histórico-penales de los procesados.”.

SEGUNDO.- En el día de la fecha, se ha celebrado la comparecencia prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal respecto de Carme Forcadell y Lluís, Jordi Turull y Negre, Raül Romeva i Rueda, Josep Rull i Andreu y Dolors Bassa i Coll, en la que el Ministerio Fiscal, la Abogacía del Estado y la Acción Popular interesan la prisión provisional, comunicada y sin fianza de los citados además de la de Marta Rovira i Vergés que no ha comparecido ni alegado causa legítima de su incomparecencia. Y los letrados de los procesados comparecientes solicitan que se mantengan las medidas personales de sus defendidos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Ya se ha expresado en anteriores resoluciones que es doctrina constitucional reflejada en el artículo 503 de la LECRIM, que la legitimidad constitucional de la prisión provisional, como medida cautelar restrictiva del derecho a la libertad en el seno de un procedimiento penal, no sólo exige el presupuesto de existencia de indicios racionales de la comisión de un delito, sino que concurra el riesgo de que alguna de las finalidades esenciales del

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proceso penal pueda malograrse como consecuencia de una inactuación judicial presente.

De este modo, se reconocen como fines que pueden legitimar constitucionalmente la prisión provisional: conjurar el riesgo de que el investigado pueda sustraerse a la acción de la justicia de continuar en libertad; que en igual situación pueda proceder a la ocultación, alteración o destrucción de fuentes de prueba relevantes para el enjuiciamiento; así como los supuestos en los que exista un razonable pronóstico de que si el encausado permanece libre pueda actuar contra bienes jurídicos de la víctima o, por último, que pueda reiterar su comportamiento delictivo.

SEGUNDO.- En la medida en que esta resolución es complementaria del auto de procesamiento de 21 de marzo de 2018, resulta innecesario incorporar a esta exposición los hechos que se atribuyen a los procesados y los indicios que la investigación refleja sobre su participación en ellos.

Tras practicarse la comparecencia prevista en el artículo 505 de la LECRIM, el Ministerio Fiscal, la Abogacía del Estado y las acusaciones populares personadas, han venido a interesar la agravación de las medidas cautelares decretadas en su día contra Carme Forcadell y Lluís, Jordi Turull y Negre, Raül Romeva i Rueda, Josep Rull i Andreu y Dolors Bassa i Coll, y concretamente reclaman la modificación de la medida de libertad con fianza, por la prisión provisional, comunicada y sin fianza. Expresan en sustento de sus pedimentos que, junto a un riesgo de riesgo de reiteración delictiva, confluye en todos ellos un marcado riesgo de fuga.

Su pretensión es compartida por este instructor.

TERCERO.- Como ya se ha indicado en el auto de procesamiento respecto de los otros investigados que estaban en situación de prisión provisional y que han sido procesados como presuntos autores de un delito de rebelión, la atribución de responsabilidades se realiza cuando el grueso de la investigación se ha concluido. Las sospechas que se plasmaban como base para la iniciación del

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proceso, así como para la adopción de las medidas cautelares en ese momento, son hoy indicios racionales y firmes de la posible perpetración de unos hechos que presentan una determinada consideración delictiva y de la participación que en ellos han podido tener los procesados.

En tal coyuntura, se configura un grave riesgo de fuga en los encausados derivado de la grave punición a la que se enfrentan por su eventual responsabilidad penal por rebelión.

Como ya se ha expresado en otras decisiones, la doctrina constitucional (STC 128/1995, de 26 de junio; 47/2000, de 17 de febrero o 23/2002, de 28 de enero) contempla que la relevancia de la gravedad del delito y de la pena para la evaluación de los riesgos de fuga -y con ello, de frustración de la acción de la Administración de la Justicia- resulta innegable, tanto por el hecho de que a mayor gravedad del delito más intensa cabe presumir la tentación de la huida, cuanto por el hecho de que a mayor relevancia de la acción cuya falta de enjuiciamiento se teme, mayor será el perjuicio que, en el caso de materializarse la fuga, sufrirían los fines perseguidos por la justicia. Una realidad que hoy se materializa respecto de una de las procesadas, que no ha atendido la citación de este Tribunal.

Expresan los procesados presentes que su comparecencia ante el Tribunal es expresión del posicionamiento contrario que trata de conjurarse y que no puede adoptarse una resolución en función del comportamiento procesal que hayan podido adoptar otros encausados. El alegato es razonable. La consideración del riesgo de fuga de los encausados debe de hacerse en análisis de las circunstancias personales que les afectan y estas vienen presididas por haber comparecido ante este instructor en cuantas ocasiones han sido llamados.

Lamentablemente es de imposible percepción cual pueda ser la voluntad interna de los procesados, por lo que debe recurrirse a una serie de elementos externos que permitan construir un juicio razonable de pronóstico, y no sólo respecto de su voluntad presente, sino de la eventualidad de que esta pueda modificarse con ocasión del propio desarrollo de la causa. Y desde esta

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consideración, lo cierto es que la imputación que se cierne sobre los procesados no es precipitada y responde a las fuentes de prueba que se han acopiado durante el proceso, apuntando a una excepcional relevancia penal que tiene su correspondencia en una pena de incuestionable rigor. Ello aporta un primer parámetro objetivo de valoración, cual es que la tentación a la fuga ante una pena de intenso gravamen aumenta, a medida que lo hace también la proximidad legal y temporal de poder sufrir sus consecuencias.

En todo caso, y como se indica también en el auto de procesamiento, el riesgo se potencia por la concurrencia de otros dos factores:

En primer lugar, si bien es cierto que los procesados cuya situación se analiza han comparecido ante el Tribunal cuando han sido llamados, la investigación también ha reflejado su clara insurrección a las decisiones de la autoridad judicial, las cuales han desatendido de manera contumaz y sistemática durante los últimos años. Esta constatación coexistió con el convencimiento de que existían razones que les proporcionaban legitimación para enfrentarse a ese acatamiento de las decisiones judiciales. Y puesto que esos argumentos son los mismos que les llevan a entender que no han perpetrado delito alguno, como han manifestado en la mañana de hoy, puede concluirse que no se aprecia en su esfera psicológica interna un elemento potente que permita apreciar que el respeto a las decisiones de este instructor vaya a ser permanente, ni por su consideración general al papel de la justicia, ni porque acepten la presunta ilegalidad de la conducta que determina la restricción de sus derechos. En realidad, el acatamiento de la decisión del Tribunal se producirá mientras su voluntad no cambie, tal como ya ha acontecido hoy con otra de las procesadas. Más aún cuando la pérdida de la garantía personal prestada no supondría un gravamen para su propio patrimonio, por devenir de una solidaridad colectiva.

Por último, las motivaciones que impulsaron a los procesados a cometer los presuntos delitos que se les atribuyen, son compartidas por un amplio colectivo que se solidariza con su causa. Y este colectivo -como ya se ha dicho en el auto de procesamiento- cuenta con estructuras asociativas organizadas, asesoramiento legal especializado, relevantes recursos económicos derivados

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de las aportaciones de sus asociados, así como un armazón internacional desarrollado en los últimos años para la defensa de sus planteamientos y, por tanto, en condiciones de prestar un soporte eficaz.

CUARTO.- Concurre además un marcado riesgo de reiteración delictiva.

Sin perjuicio de que algunos de los procesados han renunciado a su acta de diputados (Dolors Bassa i Coll, así como Carmen Forcadell i Lluís), todos ellos han compartido la determinación de alcanzar la independencia de una parte del territorio nacional. Y no puede eludirse que la aspiración, en sí misma legítima, se ha pretendido satisfacer mediante instrumentos de actuación que quebrantan las normas prohibitivas penales y con apoyo de un movimiento social, administrativo y político de gran extensión.

En tal coyuntura, la renuncia al acta de diputado, ni despeja la posibilidad de que persista la determinación para impulsar los objetivos sin respeto a las normas pernales, ni excluye que los procesados puedan realizar aportaciones a esa intención desde colaboraciones muy diversas y todas ellas diferentes de la actividad parlamentaria.

Más allá de las personas que han sido encausadas ante esta Sala, la investigación demuestra que fueron muchos los sujetos que se concertaron para quebrantar el orden constitucional y penal como consecuencia del acuerdo delictivo que se investiga. Todos ellos han intervenido desde múltiples facetas de colaboración, por más que su participación sea objeto de investigación en otros órganos judiciales.

Si a esta pluralidad de planos de actuación se une, como se indica también en el auto de procesamiento, que el designio al que se incorporaron desde un inicio preveía (Libro Blanco) continuar con la actuación ilícita tan pronto como se recuperaran las instituciones autonómicas que hubieran sido intervenidas, puede concluirse que el riesgo de reiteración existe pese a la renuncia al acta de diputado.

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Decía el Libro Blanco “Incluso en el caso extremo de suspensión del autogobierno, esta suspensión no podría tener carácter indefinido y mucho menos definitivo y, por tanto, la voluntad popular y la voluntad institucional podrían seguir manifestándose una vez recuperada la autonomía y el funcionamiento ordinario de las instituciones”. La actuación de los últimos meses no permite obtener la convicción de que se haya abandonado la intención de algunos partícipes de retornar al anormal funcionamiento de las instituciones y, no conjurándose ese riesgo, tampoco se desvanece la posibilidad de prestar una colaboración desde distintos ámbitos del parlamentario, tal y como ya ha acontecido incluso respecto de una de las procesadas, habida cuenta Carme Forcadell inició la ejecución de estos hechos como presidenta de la entidad soberanista ANC, y continuó como presidenta del Parlamento de Cataluña después. La medida cautelar garantiza así el acertado retorno del autogobierno.

SEXTO.- Respecto a la imposibilidad material de Jordi Turull i Negre, así como del resto de parlamentarios, de acudir a desempeñar sus funciones parlamentarias y a participar en la sesión de investidura prevista para el día de mañana, en atención a la medida cautelar que ahora se adopta, considerando que su asistencia letrada remite a los argumentos desarrollados con ocasión de un pedimento semejante dimanante de otros procesados en esta causa, baste recordar lo que en dichos supuestos se indicó.

El artículo 23.1 de la Constitución Española establece que “Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal”, a lo que el número 2 añade que: “Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes”.

Como indicaron las resoluciones anteriormente referidas, la evaluación de cuál es el contenido material del derecho a acceder a las funciones y cargos públicos, concreta que el derecho no se agota con el acceso, sino que se extiende y amplía hasta abarcar el ejercicio de la función representativa (SSTC 32/1985, de 6 de marzo; 220/1991, de 25 de noviembre (FJ 5); 71/1994, de 3 de marzo

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(FJ 6); 109/2016, de 7 de junio (FJ 3 a); 11/2017, de 10 de enero (FJ 3 a) y 139/2017, de 29 de noviembre).

Ello no implica que resulte inadmisible su limitación cuando venga fundada en otras finalidades constitucionalmente legítimas que presenten una correspondencia razonable en su intensidad, pues, como ya indicaba el Tribunal Constitucional al evaluar el alcance del artículo 23.2 de la CE en su STC 71/1994, de 3 de marzo (con cita de la STC 25/1981), «Esta limitación o suspensión de derechos fundamentales en una democracia, sólo se justifica en aras de la defensa de los propios derechos fundamentales cuando determinadas acciones, por una parte, limitan o impiden de hecho su ejercicio en cuanto derechos subjetivos para la mayoría de los ciudadanos, y, por otra, ponen en peligro el ordenamiento objetivo de la comunidad nacional, es decir, el Estado democrático». Una exigencia de adecuada correspondencia entre la limitación que se impone al derecho y los bienes jurídicos que tratan de protegerse, que ha sido reconocida por el TEDH, en su sentencia de la Gran Sala de 6 de octubre de 2015 en el caso Thierry Delvigne vs Francia, contemplando además la gravedad de los delitos a los que viene asociada la restricción.

Dicho de otro modo, aunque cualquier ciudadano tiene el reconocimiento de optar a una investidura democrática y representativa, la facultad no desactiva la obligación judicial de velar porque el ejercicio del derecho por aquel a quien se atribuye una grave actuación delictiva, no ponga en riesgo facultades de mayor relevancia y más necesitadas de protección.

La gravedad de los hechos que el auto de procesamiento describe, la utilización de las instituciones para su ejecución, la previsión de retomar la actuación que contiene el Libro Blanco y que los procesados mantienen conforme a las expresiones generales del largo tiempo que ha precedido a la investidura, determinan que sus derechos políticos no muestren una preminencia y mayor necesidad de tutela, que los derechos que esta resolución preserva

Vistos los precitados argumentos jurídicos.

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PARTE DISPOSITIVA

EL INSTRUCTOR ACUERDA:

La PRISIÓN INCONDICIONAL de los procesados Carme Forcadell y Lluís, Jordi Turull y Negre, Raül Romeva i Rueda, Josep Rull i Andreu y Dolors Bassa i Coll.

Firme la presente resolución, procédase a la devolución a los fiadores de las fianzas prestadas para garantizar la libertad de los procesados antedichos.

Así por este auto, lo acuerdo, mando y firmo.

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Andalucía se situó en 2017 a la cabeza de los delitos de corrupción

Jorge Muñoz | 19 de marzo de 2018 a las 19:33

corrupción

En este periodo se concluyeron 22 procedimientos de este tipo, lo que supone más del 22% del total

Andalucía se situó en 2017 a la cabeza de los delitos de corrupción, al concentrar 22 de los 97 procedimientos concluidos por estos delitos (22,6% del total), en los que se dictó auto de juicio oral o de procesamiento contra un total de 144 personas (411 a nivel nacional), que fueron o serán llevadas a juicio por estas infracciones, según ha informado este lunes el Consejo General del Poder Judicial, que cita los datos extraídos del repositorio sobre procedimientos por corrupción del máximo órgano de gobierno de los jueces, al que se han incorporado los correspondientes al último trimestre de 2017.

De los 97 procedimientos por corrupción a nivel nacional cuya instrucción o fase de investigación finalizó el año pasado, 20 corresponden al último trimestre de 2017. Según la estadística facilitada, Andalucía se sitúa a la cabeza del ránking, con 22 procedimientos, seguidos de comunidades como Canarias y Cataluña, con 11 procedimientos; Castilla y León y Valencia, con diez; y Baleares, con 8 procedimientos; mientras que Madrid se quedó con sólo cuatro procedimientos por corrupción.

Procedimientos por delitos de corrupción

1T 2017 2T 2017 3T 2017 4T 2017 TOTAL
Tribunal Supremo 0 0 0 0 0
Audiencia Nacional 2 2 0 0 4
Total órganos centrales 2 2 0 0 4
Andalucía 5 11 1 5 22
Aragón 0 1 0 0 1
Asturias 0 3 1 0 4
Baleares 2 5 1 0 8
Canarias 2 1 5 3 11
Cantabria 1 1 0 2 4
Castilla-La Mancha 0 0 1 0 1
Castilla y León 3 0 2 5 10
Cataluña 5 3 3 0 11
Comunidad Valenciana 1 0 4 5 10
Extremadura 1 1 1 0 3
Galicia 0 1 1 0 2
Madrid 3 1 0 0 4
Murcia 1 0 0 0 1
Navarra 0 0 0 0 0
País Vasco 1 0 0 0 1
La Rioja 0 0 0 0 0
Total CC.AA. 25 28 20 20 93
TOTAL 27 30 20 20 97

*Procedimientos instruidos por Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción, Juzgados de Instrucción, Salas de lo Civil y Penal de Tribunales Superiores de Justicia, Juzgados Centrales de Instrucción y Sala Segunda del Tribunal Supremo en los que se ha dictado auto de apertura de juicio oral o procesamiento

 

 

Personas acusadas en procedimientos por delitos de corrupción

1T 2017 2T 2017 3T 2017 4T 2017 TOTAL
Tribunal Supremo 0 0 0 0 0
Audiencia Nacional 6 5 0 0 11
Total órganos centrales 6 5 0 0 11
Andalucía 18 60 1 65 144
Aragón 0 2 0 0 2
Asturias 0 7 4 0 11
Baleares 8 27 5 0 40
Canarias 20 1 24 3 48
Cantabria 2 1 0 3 6
Castilla-La Mancha 0 0 3 0 3
Castilla y León 9 0 8 16 33
Cataluña 12 6 23 0 41
Comunidad Valenciana 3 0 16 10 29
Extremadura 9 2 1 0 12
Galicia 0 5 14 0 19
Madrid 5 2 0 0 7
Murcia 2 0 0 0 2
Navarra 0 0 0 0 0
País Vasco 3 0 0 0 3
La Rioja 0 0 0 0 0
Total CC.AA. 91 113 99 97 400
TOTAL 97 118 99 97 411

*Acusados y/o procesados en procedimientos instruidos por Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción, Juzgados de Instrucción, Salas de lo Civil y Penal de Tribunales Superiores de Justicia, Juzgados Centrales de Instrucción y Sala Segunda del Tribunal Supremo

 

En cuanto a las personas acusadas en esos procedimientos -un total de 411-, los jueces dictaron auto de procesamiento o de juicio oral contra 97 de ellas en el último trimestre del año pasado. Andalucía concentra 144 acusados, 65 de ellos en el último cuatrimestre del año.

Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año pasado, los juzgados y tribunales dictaron 126 sentencias en procedimientos por corrupción, de los que 93 fueron total o parcialmente condenatorias, lo que representa el 73,8%. La información ofrecida detalla, dentro de las sentencias condenatorias, las que lo han sido con y sin conformidad, así como las parcialmente condenatorias (tanto porque no se haya condenado por todos los delitos por los que se acusaba o porque no se haya condenado a la totalidad de los acusados).

Sentencias en procedimientos por corrupción dictadas en 2017

Condenatorias con conformidad Condenatorias sin conformidad Parcialmente condenatorias Absolutorias TOTAL
1T 2017 8 11 9 8 36
2T 2017 13 12 5 13 43
3T 2017 9 6 2 4 21
4T 2017 8 6 4 8 26
TOTAL 38 35 20 33 126

El repositorio de datos sobre procesos de corrupción permite consultar también los datos de las 26 sentencias notificadas en el cuarto trimestre de 2017 –de las que 18 fueron condenatorias- desglosados por Comunidades Autónomas. Así, en el caso de Andalucía, se dictaron cinco sentencias, dos de cuales fueron parcialmente condenatorias, otras dos absolutorias y una se dictó con la conformidad del acusado.

Esta base de datos permite a los ciudadanos conocer la acción de la Justicia en el marco global de la lucha contra la corrupción mediante la actualización trimestral de la información sobre sus principales indicadores (personas acusadas y/o procesadas, procedimientos, sentencias dictadas, etc.). La información que se ofrece en él corresponde a la denominada corrupción pública, entendiendo que es ésta la que más altos índices de preocupación inspiran en la ciudadanía.

De este modo, los procedimientos judiciales cuyos datos se reflejan en el repositorio tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política.

Estos fenómenos se recogen en el Código Penal como delitos de prevaricación urbanística (artículos 320 y 322), prevaricación administrativa (art. 404, 405 y 408), infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos (art. 413, 414, 415, 416, 417 y 418), cohecho (art. 419, 420, 421 y 422), tráfico de influencias (art. 428, 429 y 430), malversación (art. 432, 433, 434 y 435), fraudes y exacciones ilegales (art. 436, 437 y 438), negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función (art. 439, 441, 442 y 443) y corrupción en las transacciones comerciales internacionales (artículo 286, 3º y 4º).

Sentencias por corrupción por CC.AA. (cuarto trimestre de 2017)

Condenatorias con conformidad Condenatorias sin conformidad Parcialmente condenatorias Absolutorias TOTAL
Tribunal Supremo 0 0 0 0 0
Audiencia Nacional 0 1 0 0 1
Total órganos centrales 0 1 0 0 1
Andalucía 0 1 2 2 5
Aragón 0 0 0 1 1
Asturias 0 0 0 0 0
Baleares 6 0 1 0 7
Canarias 0 0 1 1 2
Cantabria 0 0 0 0 0
Castilla-La Mancha 0 0 0 0 0
Castilla y León 1 0 0 0 1
Cataluña 1 0 0 1 2
Comunidad Valenciana 0 2 0 1 3
Extremadura 0 0 0 1 1
Galicia 0 0 0 0 0
Madrid 0 1 0 0 1
Murcia 0 1 0 1 2
Navarra 0 0 0 0 0
País Vasco 0 0 0 0 0
La Rioja 0 0 0 0 0
Total CC.AA. 8 5 4 8 25
TOTAL 8 6 4 8 26

Alaya fracasa otra vez

Jorge Muñoz | 18 de marzo de 2018 a las 2:00

La macrocausa de la venta de los suelos de Mercasevilla, el archivo de la denominada “pieza política” de los cursos de formación, y ahora el caso Betis. La absolución de Manuel Ruiz de Lopera, cuya investigación se convirtió en el año 2008 en la primera macrocausa de la juez Mercedes Alaya y la que la aupó a la fama antes del escándalo de los ERE, vuelve a cuestionar la labor instructora de la magistrada que ahora está destinada en la Audiencia de Sevilla. Cierto es que la labor de un juez de instructor consiste en recopilar el mayor número de indicios de la presunta comisión de un delito para llevarlos a juicio, no en lograr las condenas, pero el hecho de que sean ya varias las instrucciones de Alaya que han acabado tumbadas por una sentencia da mucho que pensar y reflexionar, sobre todo respecto a si tienen sentido o no la creación de macrocausas judiciales que se prolongan en su fase de instrucción durante muchos años, una década en el caso del Betis. Como dice la defensa de Lopera, ¿ahora quién repara el daño causado a la persona del ex mandatario bético y a su patrimonio?
La única instrucción de Alaya que ha sido avalada hasta el momento por un sentencia condenatoria es la que está relacionada con la exigencia de una mordida de 450.000 euros a los hosteleros de La Raza a cambio de la concesión de una escuela de hostelería. En esta causa, que a la larga sería el germen del que surgió el caso ERE, Alaya procesó a cuatro personas, pero un jurado popular, primero, y el Tribunal Supremo, después, absolvieron a dos de los acusados, uno de ellos el ex delegado de Empleo Antonio Rivas. Sólo fueron condenados a pagar una multa de 600.000 euros y a 21 meses de inhabilitación por la mordida los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce.
En junio del año pasado, la juez de lo Penal Yolanda Sánchez Gucema absolvió a los 10 procesados –entre ellos políticos, empresarios y funcionarios de Urbanismo– por la venta de los terrenos de Mercasevilla, que la juez Alaya había calificado de “fraudulenta e ilegal”, pero en la que la sentencia no aprecia prueba alguna del “amaño”, de la “confabulación”, ni del “concierto previo” o manipulación del concurso público con la idea de favorecer a una constructora frente a las demás empresas que optaron a dicho concurso.
A estas sentencias se suma ahora la absolución de Manuel Ruiz de Lopera y de los otros siete acusados por delitos de apropiación indebida y administración desleal en la gestión del club verdiblanco.
La sentencia dictada ahora por la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, cuya ponencia corresponde al magistrado Ángel Márquez –quien fue el juez de Instrucción número 6 hasta la llegada de Alaya y quien investigó el denominado caso Guerra–, carga precisamente contra el informe pericial encargado por Mercedes Alaya. Dice la sentencia que los peritos judiciales dieron “fiel respuesta al objeto de la pericia tal y como fue acordada por autos de 19 de marzo y 4 de junio de 2008”, en los que la magistrada pidió a estos expertos de Hacienda que informaran además sobre “cuál habría sido la situación económica, financiera y patrimonial del Real Betis” si no se hubieran suscrito los contratos con Tegasa y Encadesa, las empresas vinculadas a Lopera. Y dice el fallo que “por ser hipotético el objeto propuesto, las conclusiones del informe pericial se sitúan en el terreno de la conjetura y tienen escasa virtualidad en sede penal”, es decir, Alaya les planteó que informaran sobre hipótesis y los peritos cifraron el supuesto perjuicio económico para el Real Betis en 25 millones de euros, pero el tribunal “rechaza sin ambages” porque no se puede afirmar que las empresas de Lopera “hicieron gastos que el Real Betis no hubiera realizado”.
La Audiencia rechaza el ánimo de lucro en la conducta de Lopera, quien cogió el Betis, precisa, en una “situación ruinosa”, con cuantiosas deudas, en Segunda División y con el estadio vendido, y recuerda que de ese estado se pasó en la temporada 2007/08 a contar con unos fondos propios que rondaban los 36 millones, llegando incluso Tegasa a sufragar las obras de ampliación del estadio al lograr resultados beneficiosos en los ejercicios siguientes.
Con la absolución de Lopera y de los otros acusados en el caso Betis, la estadística sigue castigando las instrucciones de Alaya. De las 22 personas procesadas por la magistrada, 20 de ellas han sido absueltas finalmente en sentencia, y sólo dos, los ya mencionados directivos de Mercasevilla han sido condenados a pagar una multa. Nadie ha ido a prisión por ahora.
La juez María Núñez Bolaños, que sucedió a Alaya en el juzgado, archivó en octubre de 2016 la “pieza política” de los cursos de formación, en la que estaban imputados 24 ex altos cargos de la Consejería de Empleo y del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), un archivo que más de un año después sigue aún pendiente de que la Audiencia Provincial resuelva los recursos presentados por el PP y Manos Limpias, dado que el archivo se produjo tras la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción.
En la Audiencia Nacional continúa en investigación otra de las macrocausas que instruyó Alaya, la denominada operación Madeja, en la que se investiga el pago de mordidas a funcionarios por parte de la empresa Fitonovo y en la que hay 107 imputados, muchos de ellos ya procesados en las distintas piezas en las que se separó dicha macrocausa.
Las contundentes absoluciones del caso de la venta de los suelos de Mercasevilla y del caso Betis pueden convertirse en el preludio de lo que puede ocurrirle a la macrocausa estrella de Alaya: el caso de los ERE fraudulentos, donde se sientan en el banquillo 22 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
De esos 22 acusados en el juicio por el denominado “procedimiento específico” de los ERE, es bastante probable que la mayoría salgan absueltos y que, finalmente, las condenas sean mínimas. El marcador de Alaya es, por ahora, de una condena frente a dos absoluciones, por usar un símil futbolístico. Y el caso de los ERE puede suponer el hat-trick que vuelva a cuestionar su manera de instruir.

 

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Lopera en el Cautivo. Al día siguiente de conocerse su absolución, el ex mandatario del Betis acudió, como hace cada viernes de marzo, a la Iglesia de San Ildefonso, a su cita devocional con el Cautivo, al que limpió los pies tras los besos depositados por los fieles.