Una aseguradora pagará 1,5 millones a la familia de un hombre que se suicidó

Jorge Muñoz | 12 de agosto de 2016 a las 11:18

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a una compañía de seguros a pagar 1,5 millones de euros a una familia por el seguro de vida suscrito por el padre un año antes de suicidarse. La aseguradora alegó que el tomador del seguro proporcionó datos falsos e inexactos sobre su situación financiera y patrimonial (que era peor de la que él dijo), y tampoco reveló que en su familia había antecedentes de suicidios, lo que habría impedido una valoración correcta del riesgo asegurado y le liberaba de la obligación de pagar, según ha informado hoy el Alto Tribunal.
Sin embargo, el Supremo rechaza tales argumentos y avala el criterio de la Audiencia Provincial de Madrid, que consideró que no había quedado desvirtuada la veracidad de los datos sobre su situación económica proporcionados por el asegurado a la aseguradora con anterioridad a la suscripción del contrato de seguro de vida. Asimismo, la Audiencia de Madrid descarta que el asegurado concertase el seguro con la finalidad de suicidarse un año después.

El Juzgado de Primera Instancia número 5 de Alcalá de Henares había desestimado la demanda de la viuda y los dos hijos del asegurado para cobrar cada uno 500.000 euros de Aegón Seguros como beneficiarios del seguro de vida suscrito por su esposo y padre, respectivamente. El seguro se suscribió el 15 de abril de 2009, con un capital asegurado de 1,5 millones de euros en caso de fallecimiento, lo que tuvo lugar el 20 de abril de 2010 por suicidio. El Juzgado entendió que hubo ocultación por parte del tomador del seguro de datos relevantes sobre su situación financiera, que era muy apurada, y así lo reflejó también en la nota que dejó tras su suicidio, donde aludió inequívocamente a esos problemas económicos y a ningún otro, con la frase “para sacar adelante a mi familia”.

Sin embargo, la Audiencia de Madrid revocó ese fallo y estimó el recurso de la familia. Destacó que los informes presentados por las partes sobre la situación económica del asegurado son contradictorios, que parten de criterios valorativos diferentes, sin que existiesen otros elementos probatorios suficientemente contundentes para atribuir mayor credibilidad a uno u otro informe. Por ello, entendió que no ha quedado desvirtuada la veracidad de los datos proporcionados por el asegurado a la aseguradora, con anterioridad a suscribir el contrato de seguro.

El Supremo, ante quien recurrió Aegon Seguros, resalta que la conclusión de la Audiencia Provincial no es ilógica, irracional ni arbitraria, y tampoco puede predicarse que incurra en error patente, por lo que rechaza los argumentos de la recurrente.

Además, también desestima su pretensión de no pagar los intereses de demora que le impuso la Audiencia, para lo que alegaba como causa justificada la existencia de incertidumbre sobre la cobertura del siniestro que había hecho precisa la intervención de la justicia por la discrepancia de las partes. La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Eduardo Baena, contesta que “si en toda reclamación con fundamento en un seguro de vida se permitiese que esa alegación, luego no probada, se constituyese en causa justificada para verse exonerada la aseguradora del pago de los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro, per se y sin algo más que la reforzase, se haría una interpretación no restrictiva y, por ende, contraria al carácter sancionador que se le atribuye a la norma”.

El funcionario que cortó la coleta a un preso porque “era de maricones”

Jorge Muñoz | 9 de agosto de 2016 a las 10:59

psiquiatricoLa Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de un funcionario de Instituciones Penitenciarias que solicitó su rehabilitación como empleado público tras cumplir una condena penal por haber cortado la coleta a un preso aquejado de esquizofrenia tras decirle que llevarla era “de maricones”, según ha informado hoy el Alto Tribunal.

La sentencia subraya que no sería aceptable que quien despreció la dignidad de un recluso que estaba bajo su cuidado y atentó contra su integridad moral pueda beneficiarse de esa forma especial de recuperar la condición funcionarial que es la rehabilitación. Juan Alfonso N.M., funcionario del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, se vio privado de esa condición por resolución de la Subsecretaría de Interior de 20 de mayo de 2008, que declaró su pérdida al adquirir firmeza la sentencia de junio de 2007 del Juzgado de lo Penal número 9 de Sevilla, que le condenó a seis meses de prisión y a inhabilitación especial para el empleo o cargo público por dos años, por delito contra la integridad moral de un interno.

Los hechos por los que fue condenado en la vía penal consistieron en que el 8 de septiembre de 2003, sobre las 17:30 horas, “cuando desempeñaba su trabajo en el módulo 4 del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla, entró en la sala de la televisión y se dirigió a un interno aquejado de esquizofrenia paranoide que llevaba el pelo recogido en una coleta y tras tocársela le dijo que eso era de maricones y que se la quitara. Como el interno se negara, le dijo que se la iba a cortar. El interno le respondió que “no tenía huevos” y, ante ello, Juan Alfonso N.M. fue a su garita, recogió una navaja que tenía en su mochila, volvió a la sala, cortó la coleta al interno y dijo a los aproximadamente veinte internos que estaban allí que nadie había visto nada y que si alguno decía algo le rajaba e hizo el gesto de pasarse la mano por el cuello. En ese momento se produjo un grave altercado en el módulo por las airadas protestas del interno al que le había cortado la coleta y de los demás reclusos y el Jefe de Servicios relevó al Sr. N.M. y le destinó a otro módulo.

En 2010, cumplida la pena, el recurrente solicitó el reingreso como funcionario y le fue concedido, de manera que estuvo prestando servicios en la Administración Penitenciaria, en concreto en los centros de Sevilla 1 y de Huelva, hasta que el Ministro del Interior, en resolución de 27 de febrero de 2014, de acuerdo con el Consejo de Estado, declaró nulo el reingreso producido cuatro años antes, por haberse llevado a cabo sin observar el procedimiento debido y declaró que dicha persona carecía de la condición de funcionario. Esta decisión tuvo en su origen la incoación de un expediente disciplinario a la misma persona por conducta presuntamente irregular con una funcionaria.

Tras esa decisión, el hombre pidió en marzo de 2014 su rehabilitación como funcionario, alegando que de 2010 a 2014 había prestado su labor de forma impecable tanto en oficinas como en contacto con la población interna, y que los hechos por los que fue condenado habían sucedido ocho años antes y que no causaron perjuicio ni perturbación a la Administración.

El Consejo de Ministros, en abril de 2015, denegó la rehabilitación como funcionario público solicitada, de acuerdo a los criterios fijados en el artículo 6.2 del Real Decreto de 1998 que regula el proceso de rehabilitación de funcionarios públicos, al considerar claro que hubo perjuicio al servicio público por la actuación del recurrente, que los hechos fueron graves, y que hubo relación directa entre el delito y el desempeño del cargo, a lo que se unió un informe desfavorable de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

El Supremo, en sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Pablo Lucas Murillo de la Cueva, rechaza ahora el recurso del exfuncionario contra dicho acuerdo del Consejo de Ministros, y subraya que “resulta clara la relación del delito con la función pública que desempeñaba el recurrente y, también, es evidente su gravedad no sólo por la conducta en sí misma sino porque la llevó a cabo quien, por la posición en que se encontraba y por la del interno cuya integridad moral agredió, tenía un especial deber de respetarla. Y aunque la sentencia, obviamente, explique que no se trataba de torturas pues no las hubo, sí puso de manifiesto el desprecio que supuso a la dignidad del recluso víctima de la acción del recurrente”.

El Alto Tribunal recuerda que la Ley Orgánica General Penitenciaria establece que las instituciones penitenciarias tienen como finalidad primordial la reeducación y reinserción social de los penados, y que la Administración penitenciaria debe velar por la vida, integridad y salud de los internos, que deben ser respetados sin diferencia de raza, opiniones políticas, creencias religiosas, condición social o cualesquiera otras circunstancias de análoga naturaleza.

Examinando el caso del exfuncionario, el Supremo destaca que “tratar a un recluso, además enfermo, de la manera en que hemos visto supone una flagrante infracción de estos preceptos y de los principios que los inspiran y perjudica gravemente a la Administración, efecto que no se ha disuelto por el paso del tiempo y que reviviría de concederse la rehabilitación. No cabe de ninguna manera aceptar que los funcionarios a cargo de las instituciones penitenciarias se conduzcan con los internos de la manera en que el recurrente lo hizo”.

El año de las macrocausas

Jorge Muñoz | 7 de agosto de 2016 a las 5:00

LA JUEZ QUE SUSTITUYE A MERCEDES ALAYA SE INCORPORA AL JUZGADO

La juez María Núñez Bolaños

Bolaños, Alaya, Chaves, Griñán, Torrijos, Lopera. Estos son algunos de los nombres propios del año judicial que arrancará en septiembre, a la vuelta de las tradicionales vacaciones de agosto en el ámbito de la Justicia. Será un año complicado, cargado de muchas informaciones de tribunales, como viene ocurriendo prácticamente en el último lustro en el que la información judicial ha adquirido un gran protagonismo mediático por la relevancia de los asuntos tratados y de los propios imputados, ahora llamados de una manera más elegante como investigados.
La primera sorpresa puede producirse ya en los primeros días de septiembre. La juez Mercedes Alaya, como magistrada de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla y ponente del caso, debe resolver sobre el archivo definitivo o la reapertura de la investigación relacionada con el concurso público para la reanudación de la actividad en las minas de Aznalcóllar, una cuestión que tiene en vilo al Gobierno andaluz. La juez de Instrucción número 3 decidió archivar la denuncia de Emerita, en la que llegaron a estar imputadas 15 personas, entre funcionarios y técnicos, siete de las cuales tuvieron que hacer el paseíllo de los imputados para declarar en el juzgado. La magistrada Patricia Fernández declaró en el auto de archivo que el concurso fue “correcto” y que hay que distinguir entre las “ilegalidades administrativas, aunque sean graves, y el delito”, una cuestión que va a marcar el resultado de algunas de las investigaciones judiciales actualmente abiertas, como la de los cursos de formación.

CONFERENCIA MERCEDES ALAYA

La juez Mercedes Alaya

El juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que en los últimos años se ha situado en un lugar predominante en el ámbito de la Justicia, también seguirá centrando buena parte de la atención en el próximo curso judicial. Así, a mediados de septiembre se conocerá la petición de condena que la Fiscalía Anticorrupción efectuará respecto a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, imputados en la pieza política del caso de los ERE fraudulentos, la que se ha denominado del “procedimiento específico” por el que se concedían las ayudas bajo sospecha. El juez de refuerzo Álvaro Martín ha ampliado hasta el 15 de septiembre el plazo de 45 días concedido a las acusaciones personadas en el proceso –Fiscalía, Junta de Andalucía, Partido Popular y Manos Limpias– para que presenten sus escritos de conclusiones respecto a los 26 ex altos cargos imputados algunos por delitos de prevaricación y otros además por malversación de caudales públicos.

CASO ERE. Declaran Chaves, Griñán y Viera . Que se hagan fotos de ambiente y de los jueces Bolaños y Álvaro

Manuel Chaves

En relación con este primer juicio de los ERE, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) tendrá que pronunciarse también en septiembre sobre la propuesta de los jueces de la Audiencia de Sevilla para establecer un turno de reparto especial para el aluvión de macrocausas que esperan recibir en los próximos meses y años. Los jueces han propuesto repartir en un turno de “causas complejas” aquellas que en principio tengan un volumen de más de 3.000 folios -sin contar los posibles anexos documentales- o aquellas en las que haya al menos ocho partes interviniendo en el proceso, sin contar la Fiscalía. Si se da una de esas dos circunstancias -volumen de folios o partes personadas- la causa irá a este turno específico de reparto.
La aprobación de este reparto cobra importancia porque se fijarán así los criterios que determinarán a qué Sala de la Audiencia corresponderá el juicio a Chaves y Griñán, que según declaró la juez María Núñez Bolaños será crucial para el destino del resto de las piezas bajo investigación, puesto que una sentencia absolutoria podría conducir al archivo de algunas de éstas.

CASO ERE. Declaran Chaves, Griñán y Viera . Que se hagan fotos de ambiente y de los jueces Bolaños y Álvaro

José Antonio Griñán

La idea es que este primer juicio de los ERE se celebre a lo largo de 2017, si bien el trámite que sigue la causa y los recursos pendientes retrasará el inicio de la vista oral hasta finales del próximo años o a principios de 2018.
Mientras se decide el reparto de las macrocausas, Bolaños seguirá instruyendo las distintas piezas que quedan por investigar, como la de la ayudas a los mineros de la Faja Pirítica de Huelva, donde la instructora tendrá que tomar declaración como investigados a otras 267 personas, entre las que se encuentran dos ex altos cargos del Gobierno de José María Aznar: la que fuera secretaria general de Empleo Carmen de Miguel García y la directora general de Trabajo Soledad Córdova Garrido, ambas del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por las ayudas concedidas en el año 2003 a los trabajadores de diversas compañías mineras de la Faja Pirítica onubense.
En la Faja Pirítica hay otros 18 imputados entre ex altos cargos de la Junta, intermediario de las pólizas y sindicalistas, así como otras nueve personas que habían sido imputadas con anterioridad. En la lista figuran los ex consejeros de Empleo de la Junta José Antonio Viera y Antonio Fernández, los tres ex directores generales de Trabajo (Guerrero, Márquez y Rivera), así como el ex secretario general de UGT-A Manuel Pastrana, y el secretario de CCOO-A, Francisco Carbonero, como vicepresidente de la asociación Faja Pirítica. Con la pieza de la Faja Pirítica el número de imputados en los ERE alcanza los 537 aproximadamente.
En el caso de los ERE pueden producirse asimismo nuevos archivos de ayudas, como los que ha acordado en los últimos meses la juez, al entender que los delitos que se pueden atribuir a los beneficiarios de las mismas han prescrito al haber transcurrido más de diez años y no superar los 450.000 euros, según los criterios establecidos por la Fiscalía Anticorrupción.
Pero sin duda el archivo más esperado y ya anunciado se producirá en la macrocausa de los cursos de formación. Bolaños archivará la pieza política, en la que están imputadas 24 personas por delitos de prevaricación, malversación y fraude de subvenciones. Entre los investigados se encuentran el ex consejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández, las ex directoras generales de Formación para el Empleo María Teresa Florido y María José Lara, los ex directores generales Manuel Brenes y Andrés Sánchez, ocho ex directores provinciales del SAE y 11 jefes de servicio de Empleo.

LA JUEZ DE LOS ERE CEDE EL CASO AL MAGISTRADO DE APOYO PARA ACELERARLO

El juez Álvaro Martín

También será un año de despedidas. El juez de refuerzo Álvaro Martín, el mismo que ha acabado las primeras piezas separadas de los ERE, regresará el 31 de diciembre al juzgado de lo Penal número 2 de Sevilla, del que ostenta su titularidad, tras haber pasado más de tres años en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, al que llegó en septiembre de 2013 para llevar los asuntos ordinarios mientras Mercedes Alaya se centraba en el estudio de las macrocausas.
En las primeras semanas de septiembre Álvaro Martín concluirá la instrucción de varias de las piezas de los ERE que le fueron encomendadas, como las relacionadas con las empresas Aceitunas y Conservas (Acyco) y Surcolor, que están muy avanzadas y en las que el magistrado dictará los correspondientes autos de procesamiento, en los que aparecerán algunos de los ex altos cargos ya imputados en la pieza del “procedimiento específico”.

Reportaje

Antonio Rodrigo Torrijos

La actividad del año judicial también cuenta con otro plato fuerte: el juicio por la venta de los suelos de Mercasevilla, que también investigó Alaya y que llega a juicio siete años después de que arrancara la instrucción. La vista oral, que ha correspondido al juzgado de lo Penal número 13 de Sevilla, se celebrará a partir del 19 de diciembre y a lo largo de 28 sesiones que se prolongarán en principio hasta marzo de 2017. En esta causa están imputadas diez personas, entre ellas el ex portavoz municipal de IU en el Ayuntamiento de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos y el ex asesor del grupo municipal del PSOE Domingo Enrique Castaño, entre otros.
Casi sin solución de continuidad y una vez que finalice este juicio, se iniciará en la Audiencia de Sevilla otro de los grandes procesos que dieron popularidad a la juez Mercedes Alaya. La Sección Tercera de la Audiencia celebrará a partir del 18 de abril de 2017 el juicio contra el ex mandatario del Real Betis Manuel Ruiz de Lopera, que se enfrenta a una petición de condena de tres años de cárcel y al pago de 3,6 millones de indemnización por apropiación indebida. En total, habrá 24 sesiones de juicio entre los meses de abril y octubre del año próximo, habiéndose fijado para el 5 de junio la declaración de Lopera.

Sev.

Manuel Ruiz de Lopera

Este es el cronograma de decisiones judiciales y juicios relacionados con algunas de las macrocausas fijado para el año judicial que arrancará, como es tradicional, a mediados de septiembre, pero a buen seguro que en los próximos meses habrá más sorpresas.

La ofensiva contra Bolaños

Jorge Muñoz | 31 de julio de 2016 a las 5:00

María Núñez Bolaños

María Núñez Bolaños

En la sede regional del PP de la calle San Fernando suenan tambores de guerra. Una guerra que, traspasando las amplias barreras de la política, donde parece que cabe casi todo, se dirige por primera vez contra un representante de la judicatura. El objetivo es María Núñez Bolaños, la juez que investiga las macrocausas después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidiera apartar de estos sumarios a Mercedes Alaya.
La guerra que ha iniciado el PP de Juanma Moreno tenía su propio calendario, pero se ha anticipado unos meses. En principio estaba previsto que la campaña de desprestigio contra la magistrada se iniciara a la vuelta de las vacaciones de verano, el próximo otoño, coincidiendo con la apertura del año judicial, pero los últimos avatares relacionados con las distintas investigaciones judiciales, han llevado a los populares a comenzar la ofensiva.
El primer acto contra Bolaños ha consistido en presentar una queja ante el CGPJ, el máximo órgano de gobierno de los jueces, ante el que han denunciado a la instructora por la supuesta predisposición al archivo de la causa de la formación y que afecta, según los populares, a la imparcialidad de la instructora. El CGPJ ha recibido la queja, que ya está en manos del promotor de la acción disciplinaria, el magistrado del Tribunal Supremo Antonio Fonseca-Herrero, que puede archivar de plano la denuncia o dar traslado a María Núñez Bolaños para que presente alegaciones.
Lo curioso es que la queja del PP ha llegado después de que la propia Fiscalía Anticorrupción haya sostenido que no aprecia delito en la resoluciones de exoneración que acordó la Junta en relación con las subvenciones a la formación y de que el Tribunal de Cuentas haya descartado igualmente menoscabo de fondos públicos en estas ayudas. Si la Fiscalía, que es el garante de la legalidad del procedimiento, y el Tribunal de Cuentas –en su ámbito contable–, coinciden con el planteamiento de la magistrada, que no ha visto nada más que irregularidades administrativas y no delitos, será que efectivamente no hay ninguna infracción penal. Cabe recordar que estas consideraciones se refieren exclusivamente a la pieza política de la macrocausa de los cursos, donde todos los interventores provinciales que han declarado han advertido que sólo detectaron irregularidades administrativas, pero no delitos.
Nadie ha dicho, por ahora, que se vayan a archivar otras piezas en las que se investigan por ejemplo las millonarias ayudas concedidas a los entramados empresariales del ex consejero Ángel Ojeda o del ex vicesecretario delPSOE-A Rafael Velasco. En ambos casos, la instrucción continúa.
La ofensiva del PP contra la juez Bolaños no ha pasado desapercibida para las asociaciones profesionales de jueces. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Francisco de Vitoria han criticado lo que denominan una “tendenciosa campaña sobre el caso de los ERE”, de inspiración “partidista” y con el evidente objetivo de condicionar la labor de la titular del juzgado que instruye el caso, “insinuando de forma insidiosa y sin la más mínima base, que tiene predisposición hacia una parte y hasta que oculta y destruye pruebas”, en alusión a un escrito del PP en el que se ponía de manifiesto que el juzgado le entregó unas grabaciones de los cursos de formación que estaban “incompletas”.
Pero el PP se ha quedado solo en la guerra contra Bolaños. Lo que resulta cuanto menos paradójico es que los populares emprendan esta campaña contra Bolaños y no dijeran ni pío cuando la instrucción estaba en manos de Mercedes Alaya. Y no será porque no haya aspectos relacionados con la anterior instructora que también pudieran ser objeto, cuanto menos, de una crítica severa. Esta misma semana hemos conocido que Bolaños ha encontrado hasta 31 documentos que datan de la época de Alaya, algunos remiten a los años 2011 y 2012, que ni siquiera cuentan con fecha de registro de entrada en el juzgado.

Mercedes Alaya

Mercedes Alaya

Entre esos documentos supuestamente extraviados o que no estaban incorporados al sumario de los ERE hay un oficio del Ministerio de Industria en relación con la Faja Pirítica de Huelva –esa investigación en la que por cierto la Guardia Civil ha implicado a dos ex altos cargos del Gobierno de Aznar–, donde se pone de manifiesto que “no se tiene constancia de la existencia del Plan Único del Gobierno central para paliar la crisis” minera onubense; ni tampoco figuran oficios de la Policía y de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Pero tampoco se incorporaron a la causa documentos remitidos por la Agencia Tributaria sobre los servicios facturados por Juan Francisco Trujillo –el ex chófer de Javier Guerrero–, y oficios del Tribunal Supremo sobre autos en los que aparecen los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
El extravío de los documentos se suma a lo que en esta misma sección llamamos “El misterio de la Caja 5”, donde un pertinaz abogado, Antonio Uceda, descubrió entre las 100 cajas de documentos que no han sido escaneados unos documentos que contradecían una de las afirmaciones que los peritos del Estado realizaban sobre las transferencias de financiación, al demostrar este letrado que no se ha ocultado el sistema utilizado para pagar las ayudas de los ERE a la intervención delegada en la Consejería de Empleo.
La guerra contra Bolaños ha comenzado formalmente con la queja ante el CGPJ, pero vendrán nuevos episodios a la vuelta del verano porque el PP no puede perder la baza que suponen estas causas y hace política –como todos los demás– utilizando los tribunales. Curioso, sobre todo, cuando a los políticos se les llena la boca diciendo que no hay que politizar la Justicia. Y no olvidemos que los jueces son la última frontera contra la arbitrariedad de los otros dos poderes.

El bluf de los cursos

Jorge Muñoz | 24 de julio de 2016 a las 5:00

alaya

La juez Mercedes Alaya

¡AY si Alaya volviera hoy al despacho de la segunda planta de los juzgados del Prado de San Sebastían de Sevilla! Esa pequeña habitación que está tan sólo a unos metros cruzando el edificio donde hoy está destinada en la Audiencia y en el que Alaya se encerró durante los últimos años las distintas macrocausas…. Si Alaya volviera, lo primero que vería es que la nueva titular ha cambiado de orientación el mobiliario y la mesa donde redactaba esos autos que hacían temblar los cimientos en San Telmo ya no está escoltada por la ventana de hierro –el aluminio sigue siendo un lujo ajeno a la Justicia– que mantiene este viejo edificio, sino que la mesa mira ahora hacia directamente hacia la puerta del despacho. Ese sería el detalle menor en el que a buen seguro se fijaría Alaya.
Para tratar de aventurar cuál podría ser la reacción de Alaya al estar de nuevo en el que fuera su juzgado me viene a la cabeza la frase que Alfonso Guerra acuñó cuando elPSOE ganó las elecciones en 1982:“Vamos a poner a España que no la va a conocer ni la madre que la parió”. Del cambio político al judicial. Y vaya si ha cambiado el juzgado donde sirvió Alaya. Si la magistrada de la Audiencia regresara ahora, un año después de su marcha, todo le resultaría irreconocible: desde los muebles a las personas, los funcionarios que trabajaron codo con codo con ella y que ahora se dedican a otros meresteres en esta oficina judicial.
Pero los cambios que ha realizado la nueva titular del juzgado, María Núñez Bolaños, no son sólo estéticos o decorativos. La juez de Familia con la que Alaya tanto rivalizó a través de los escritos que envió tanto al Tribunal Superior deJusticia de Andalucía (TSJA) como al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para reivindicar que debía seguir investigando las macrocausas, ha atacado el corazón de los sumarios que Alaya diseñó desde el principio.

La juez María Núñez Bolaños

La juez María Núñez Bolaños

Un buen ejemplo está en la macrocausa de la formación. Primero trascendió que la juez María Núñez Bolaños archivará la denominada “pieza política” de la causa de la formación, en la que figuran como investigados 24 ex altos cargos de la Junta, entre ellos el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, las ex directoras generales de Formación Teresa Florido y María José Lara, los ex directores generales Manuel Brenes y Andrés Sánchez, así como ocho ex directores provinciales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y 11 jefes de servicio.
La decisión de Bolaños de archivar la causa vendría motivada porque la instructora, siguiendo las declaraciones que han prestado en el juzgado los interventores provinciales, estimaría que los hechos investigados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no son constitutivos de delitos, sino que se trata de irregularidades administrativas.
Esta misma semana, la Fiscalía Anticorrupción ha corroborado la tesis del carpetazo a la causa, al sostener en un escrito que no hay delito en las resoluciones de exceptuación o exoneración acordadas por la Junta en relación con las subvenciones para las actividades relacionada con la formación.
Para acabar de zanjar la cuestión, la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha confirmado que no hay menoscabo de fondos públicos en la formación ni ilícito contable, según el acta de liquidación provisional –elaborado tras la denuncia de la Fiscalía Superior de Andalucía y que se centraba sobre el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas–, que descarta por tanto responsabilidades de los funcionarios y autoridades de laJunta.
En su informe al CGPJ, Alaya acusó a Bolaños de venir a archivar la causa de los cursos, al afirmar que la división de la macrocausa en piezas “pulverizaría de un plumazo lo que puede ser una prevaricación-malversación para convertirlo en irregularidades administrativas”.
La pregunta que queda en el aire es evidente. Si la nueva titular, la Fiscalía Anticorrupción –que no olvidemos es el garante de la legalidad del procedimiento– y el Tribunal de Cuentas coinciden en que no hay delito en los cursos, sino irregularidades administrativas, no será que desde el principio eran sólo eso: irregularidades administrativas. De la espectacularidad de la operación Barrado al bluf de los cursos. Las tesis de Alaya se quedan con dos únicos seguidores:la UCOde la Guardia Civil y el PP, que como acusación popular en el caso sigue manteniendo la hipótesis del red de “clientelismo político” que defendió Alaya.

 

VISTO PARA SENTENCIA

El castigo de la “loewe story”
*La juez Mercedes Alaya ha condenado finalmente a la ex alcaldesa de Bormujos Ana Hermoso a seis meses de cárcel por el cohecho del bolso de Loewe. El jurado popular que enjuició el caso no se creyó la Loewe story que alegó Ana Hermoso, en un veredicto que fue más allá de las pruebas que se vieron en la vista oral, donde todos los testigos avalaron la versión de la defensa respecto a que el bolso que recibió del empresario Jesús Calvo Soria –imputado en la trama Gürtel– fue un regalo amoroso y no un presente a cambio de votar a favor de la moción de censura que devolvió la alcaldía a Baldomero Gaviño. En la sentencia, Alaya fundamenta el veredicto señalando que la ex regidora cometió un “acto injusto” porque actuó “por intereses personales”, puesto que iba a adquirir una “alta posición” en el ámbito político de la localidad y además percibiría un sueldo por los cargos que tendría en el gobierno local. Alaya insiste en que Hermoso actuó por una “motivación bastarda” y no pensando en los intereses generales de los ciudadanos. Pero lo que falla de esta argumentación es, en primer lugar, que las mociones de censura son mecanismos lícitos en democracia para alterar el resultado de las urnas e imponer el juego de las mayorías. Y por supuesto que en todas las mociones de censura se ofrece a los intervinientes un reparto de las concejalías o de los puestos, como elemento para lograr el apoyo de los otros ediles, sin que por ello la conducta sea delictiva. Es como si llegáramos a la conclusión de que los partidos que puedan apoyar una investidura de Mariano Rajoy lo van a hacer porque, por ejemplo, llegado el caso se les ofreciera entrar en el Gobierno, con un puesto de responsabilidad que le supondría unos mayores emolumentos de los que cobra un diputado raso. Y luego está que Hermoso se dejara comprar por un simple bolso…La Loewe story se tendrá que resolver por el TSJA porque, de momento, el caso sigue abierto.
A la espera del recurso de la mina de Aznalcóllar
*El recurso contra el archivo de la mina de Aznalcóllar puede ver la luz en breve. Alaya, que es la ponente del mismo, ha ido dictando en las últimas semanas la sentencia de Contsa –de 381 folios–, la de la ex alcaldesa de Bormujos, y antes de irse de vacaciones podría resolver este recurso. En la Junta se espera con ansiedad la decisión, que podría reabrir el caso o confirmar el archivo.

En vigor el nuevo recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso del Supremo

Jorge Muñoz | 22 de julio de 2016 a las 11:44

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha puesto en marcha el nuevo modelo de casación con la constitución de la Sección de Admisión, que será la encargada de decidir qué asuntos pueden recurrirse ante esta jurisdicción, según ha informado hoy el Alto Tribunal.

La Sección de Admisión está integrada por el presidente de la Sala Tercera, Luis Díez-Picazo, y por los magistrados Manuel Vicente Garzón Herrero, Segundo Menéndez Pérez, Octavio Juan Herrero Pina, Eduardo Calvo Rojas, Joaquín Huelin Martínez de Velasco, Diego Córdoba Castroverde, José Juan Suay Rincón y Jesús Cudero Blas.

El primer acuerdo aprobado por la Sección de Admisión señala que la nueva regulación casacional se aplicará a sentencias y autos susceptibles de recurso de casación que tengan fecha de 22 de julio de 2016 en adelante. El acuerdo se ha enviado a los presidentes de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia y de la Audiencia Nacional.

Tal y como establece la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, desde hoy la página web poderjudicial.es, en el apartado del Tribunal Supremo, incluye en una nueva pestaña toda la información relativa al recurso de casación.

Nuevo criterio admisión

La nueva regulación ha modificado el criterio para determinar la admisión del recurso al introducir el criterio del interés casacional objetivo, que debe ser apreciado por la Sala III del Tribunal Supremo como base para la admisión del recurso. Desaparecen los recursos de casación para unificación de doctrina y en interés de ley y los límites de cuantía y materia existentes hasta ahora.

También se ha producido un cambio importante al ampliar las sentencias que podrán recurrirse ante el alto tribunal. En principio, serán todas las dictadas por las Salas de lo Contencioso de los Tribunales Superiores de Justicia, las de los Centrales de lo Contencioso y las de los Juzgados de lo Contencioso en algunos supuestos.

Cuatro secciones de enjuiciamiento ordinario

Además de la Sección de Admisión (Primera), otras cuatros secciones (Segunda a Quinta) se encargarán de enjuiciar los asuntos ordinarios y estarán presididas por los magistrados más antiguos de la Sala (Manuel Vicente Garzón, la Segunda; Pedro José Yagüe, la Tercera; Jorge Rodríguez Zapata, la Cuarta; y José Manuel Sieira, la Quinta) e integradas por ocho magistrados.

Asimismo, se mantiene la sección dedicada a resolver las impugnaciones de los asuntos del Consejo General del Poder Judicial, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, y la sección creada para resolver los recursos por el llamado “céntimo sanitario”.

El Supremo avala que Hacienda pida a un colegio privado las facturas pagadas por el padre

Jorge Muñoz | 20 de julio de 2016 a las 11:45

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha avalado que Hacienda pida a un colegio privado las facturas emitidas a un padre por los gastos de enseñanza, manutención y actividades extraescolares de sus hijos, sin que la remisión de las mismas por parte del centro docente tampoco suponga la vulneración de los derechos fundamentales a la intimidad y a la protección de datos de carácter personal, según ha informado hoy el Alto Tribunal.

La sentencia desestima el recurso de casación interpuesto por los tres hijos del contribuyente contra el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que consideró que el requerimiento que la Oficina Nacional de Investigación del Fraude dirigió al Runnymede College no vulneraba los citados derechos, ya que la información facilitada ni era reservada ni se obtuvo de forma ilícita.

Los recurrentes alegaban, entre otros motivos, que los datos requeridos por Hacienda podían poner en peligro la intimidad y la seguridad de los menores al tratarse de información sensible. También argumentaban que la Agencia Estatal de Administración Tributaria no puede realizar requerimientos genéricos de información solicitando cualquier dato de los ciudadanos, “tirando una red al mar” y desechando después lo que no tenga trascendencia tributaria.

Después de examinar las facturas, el Tribunal Supremo constata que en las mismas  aparecen “datos con relevancia económica”, como las cantidades pagadas por el padre al colegio y los conceptos honorarios year, lunch, ballet, reserva de plaza y seguros de accidentes.

En efecto, prosigue la sentencia, “las facturas de referencia contienen datos personales de los menores pero no todo dato personal es íntimo ni la protección que a la información personal fundamenta el artículo 18 de la Constitución puede erigirse en obstáculo para el cumplimiento del deber que la propia Constitución impone a todos de contribuir al sostenimiento de los gastos púbicos de acuerdo con la capacidad económica de cada uno”.

En la misma línea, añade que “las referencias al colegio en que estudiaban los menores, a que realizaban una actividad extraescolar y a que comían en el centro no forma parte, propiamente, del ámbito de la intimidad y en ningún caso están excluidas del conocimiento de la Administración Tributaria desde el momento en que todas ellas tienen una traducción económica y, por tanto, son relevantes para establecer la capacidad económica de su padre”.

Por todo ello, concluye que la información recibida por Hacienda es de carácter personal pero no pertenece al ámbito de la intimidad reservado al conocimiento propio o familiar ni está excluida de la potestad de inspección y comprobación tributaria. Afirma que predomina en ella el carácter económico, de manera que esos datos no son “privados no patrimoniales”.

La sentencia, con ponencia del magistrado Pablo Lucas, recuerda que la Ley General Tributaria establece el carácter reservado de los datos con trascendencia tributaria que haya obtenido la Administración en el desempeño de sus funciones y solamente autoriza su uso para los específicos fines que señala: la efectiva liquidación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada la Administración Tributaria o la imposición de las sanciones que procedan.

También señala que se prohíbe la cesión o comunicación a terceros y que se obliga a Hacienda a tomar las medidas precisas para garantizar la confidencialidad de la información tributaria y su uso adecuado, obligando a autoridades y funcionarios que tengan conocimiento de los mismos “al más estricto y completo sigilo respecto de ellos”.

Por otra parte, la Sala Tercera afirma que se trata de datos personales que, pese a su relevancia tributaria, no se ven desprovistos de toda protección, pudiendo ser cedidos a la Administración Pública sin consentimiento del afectado cuando así lo autorice una Ley, como ha ocurrido en este caso.

La Sala Tercera rechaza además que el requerimiento sea ilegal al basarse en una Memoria del citado colegio que no era pública, tal y como alegaba el recurso. Sobre este extremo, afirma que aunque  la Memoria no esté a la venta y se dirija a la comunidad educativa del Runnymede College, no es un documento sustraído al conocimiento de la administración tributaria ni es ilícito servirse de él para las actuaciones de inspección y comprobación tributaria.

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El Supremo elimina las preferencias del reglamento de costas para conceder los chiringuitos de playa

Jorge Muñoz | 18 de julio de 2016 a las 13:46

chiringuito

La Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha estimado el recurso de una particular y ha anulado la Disposición transitoria vigesimosexta del Real Decreto 876/2014, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas, donde se reconoce ese derecho de preferencia en el otorgamiento de concesiones a quienes, cuando entró en vigor la Ley de Costas de 2013, tuvieran su actividad o instalación abierta. Para el Supremo, ello vulnera los principios de igualdad de trato, proporcionalidad y jerarquía normativa por “beneficiar” a quienes tuvieran chiringuito abierto, ha informado hoy el Alto Tribunal.

En línea con la recurrente, el Tribunal Supremo entiende que esta disposición es desproporcionada y afecta a las condiciones de igualdad de las personas que estén interesadas en obtener una concesión de instalaciones ubicadas en tramos naturales de playa.

Entendemos que –señalan los magistrados–, al no establecer factor o criterio alguno que venga a acotar los términos en que la preferencia pudiera hacerse valer y consentir por tanto a partir de tal grado de indeterminación que pueda venir a prevalecer aquella de modo absoluto e irresistible, convirtiendo a quienes no ostentan otra posición que la de meros precaristas en auténticos concesionarios, la disposición transitoria vigesimosexta impugnada aparece desprovista de la justificación objetiva y razonable que le es exigible y desatiende, en suma, las exigencias dimanantes de los principios de igualdad de trato y de proporcionalidad”. Además, el Reglamento también vulnera el principio de jerarquía normativa, ya que el reconocimiento del derecho de preferencia que establece no está respaldado en el texto legal de referencia, que es la Ley de Costas.

La disposición transitoria vigesimosexta que ahora se anula reconoce el derecho de preferencia de los actuales ocupantes de terrenos de dominio público marítimo terrestre con títulos habilitantes extinguidos o en curso de tramitación. Según la recurrente, esta disposición supone en la práctica la concesión encubierta de una prórroga, concedida a quien carece de un derecho vigente y con una preferencia contraria al principio de igualdad y libertad de empresa.

En su sentencia, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso reconoce la legitimidad de la recurrente (que había sido rechazada por el abogado del Estado), al subrayar que su interés no es “ meramente potencial” puesto que compromete su derecho “ y de cuantos se encuentren en su misma posición a presentarse a los concursos que se convoquen y que pueden tener lugar de forma inmediata a partir de la entrada en vigor de la disposición transitoria impugnada”. El tribunal añade que para concursar se requieren unas inversiones y gastos que devendrían inútiles de mantenerse el derecho de preferencia en los términos establecidos en la citada disposición.

Una vez despejada la legitimidad de la recurrente, la Sala entra a valorar el fondo del asunto y concluye que no está justificada una cláusula como la disposición transitoria recurrida, que por beneficiar a los actuales ocupantes de terrenos de dominio público marítimo terrestre con instalaciones activas y abiertas, les otorga una posición de ventaja que no resulta proporcionada puesto que en los términos en que aparece legalmente consagrada, “la preferencia es absoluta y sin matices” y confiere a los actuales ocupantes “una posición de ventaja incompatible con el principio de igualdad de trato”.

Además la Sala ha valorado las nuevas disposiciones legales sobre la materia que amplían a 75 años los plazos máximos de la duración de las concesiones, así como los del otorgamiento de las prórrogas correspondientes. Asimismo, el ponente Jose Juan Suay hace constar que el texto legal de referencia, la Ley de Costas, no respalda el reconocimiento del derecho de preferencia contemplado en la mencionada disposición transitoria del Reglamento, por lo que al no existir cobertura normativa dicha disposición trasciende de lo legalmente previsto, que consiste en servir de complemento normativo.

El abogado del Estado explicó en sus alegaciones que la norma cuestionada trataba de dar respuesta a una situación de hecho, como era la existencia, a la entrada en vigor de la Ley de Costas de 2013, de ocupantes de terrenos de dominio público marítimo-terrestre que mantenían su actividad o instalación abierta.

Por otro lado, la Sala establece que no cabe acceder, en el marco de este recurso, a la nulidad de cuantas prórrogas hayan sido concedidas en aplicación de la disposición transitoria recurrida, como también pedía la recurrente.

La tercera en siete años

Jorge Muñoz | 17 de julio de 2016 a las 5:00

JUZGADOS

La estadística nunca favoreció a Mercedes Alaya, tal vez por su ambición en seguir abriendo macrocausas sin detenerse a ir concluyendo las que ya estaban en marcha. Esta semana se ha conocido que, por fin, se ha fijado la fecha para el juicio por las supuestas irregularidades en la venta de los suelos de Mercasevilla, una investigación que Alaya inició hace siete años, en concreto, en el año 2009 y en la que hay diez procesados, entre ellos el que fuera portavoz municipal de IU en Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos y el ex asesor del grupo municipal del PSOE Domingo Enrique Castaño, dos de las personas que centraron las pesquisas de Alaya y que acabaron siendo imputadas en varias ocasiones, en distintos procesos.
La causa de la venta de los suelos no podía considerarse una macrocausa, pero la demora en la instrucción ha hecho que el inicio del juicio no se haya fijado hasta diciembre próximo, es decir, siete años después de que comenzara la instrucción.
Lo cierto es que Alaya dejó a su marcha prácticamente encarrilada esta investigación, pero fue la nueva titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, la que puso el broche final a la instrucción y envió el sumario a los juzgados de lo Penal para su enjuiciamiento.
Decía que la estadística destroza a Alaya porque este sumario es el tercero de los que instruyó que llega a juicio en siete años. Nadie cuestiona, no me cansaré de decirlo, el enorme esfuerzo y las horas que Alaya dedicó a las macrocausas, pero también lo es que tres juicios en siete años resulta un balance muy pobre. Sobre todo porque de las distintas causas que investigó, sólo una, la del cohecho en Mercasevilla, de la que derivó el fraude los ERE, está acabada: hubo una condena de dos de los cuatro acusados –los ex directivos Fernando Mellet y Daniel Ponce–, mientras que el Tribunal Supremo absolvió al ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, contra el que únicamente había el testimonio no ratificado en juicio de un coimputado, algo que la jurisprudencia no estima suficiente para fundamentar una condena. Los indicios contra Rivas eran muy débiles, como había reconocido la propia Alaya en alguno de sus autos.
Es la única causa sobre la que hay una condena firme. Las otras dos que han llegado a juicio son la mencionada con las supuestas irregularidades en la adjudicación del concurso público para la venta de los suelos de Mercasevilla, y la del denominado delito societario del Real Betis, cuyo juicio está fijado en la Audiencia de Sevilla para abril del año próximo, con lo que la sentencia que pueda dictarse no se conocerá, como muy pronto, hasta finales de 2017, y no será firme, dado que la misma podrá ser recurrida ante el Tribunal Supremo. Esta era la causa más antigua que investigaba Alaya, dado que comenzó a investigarse en 2008.
Alaya sí que terminó de instruir otra de las macrocausas que inició, la de la denominada operación Madeja o Enredadera, que destapó una red que se dedicaba a pagar comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de obras públicas por parte de distintas administraciones. Como los delitos se cometieron en distintas provincias, Alaya remitió la investigación a laAudiencia Nacional, donde actualmente continúa la instrucción contra el casi centenar de imputados sin aparentes visos de acabar pronto.
En junio pasado entró en vigor la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que limita, en principio, la instrucción de las causas simples a seis meses y de las consideradas como complejas –en las que estarían las macrocausas– a 18 meses.
La nueva titular del juzgado, María Núñez Bolaños, en el año que lleva al frente de este órgano judicial, ya ha declarado la complejidad de varias de las macrocausas y ha dividido en piezas las macrocausas de los ERE y de los cursos de formación, algo a lo que se oponía rotundamente Mercedes Alaya.
Y a pesar de la división en piezas de los ERE y de que ha terminado la instrucción de la pieza política, la del “procedimiento específico” por el que se concedían las ayudas, el juicio no se celebrará, como muy pronto, hasta finales del año próximo o principios del 2018. Una dilación más de la que se beneficiarán los imputados.

 

VISTO PARA SENTENCIA

 

¿Dónde están jPd y el foro judicial?

La juez María Núñez Bolaños

La juez María Núñez Bolaños

*En los mentideros judiciales de Sevilla se ha echado en falta el apoyo de las asociaciones Jueces para la Democracia (JpD) y el Foro Judicial Independiente en el comunicado de apoyo a la juez María Núñez Bolaños. La asociación Francisco de Vitoria, a la que pertenece la instructora, y la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria y de carácter conservador, denunciaron la “tendenciosa campaña partidista” contra la titular del juzgado, con el objetivo de condicionar su labor e “insinuando de forma insidiosa y sin la más mínima base, que tiene predisposición hacia una parte y hasta que oculta y destruye pruebas”. Dicen que Jpd y el Foro decidieron no firmar el comunicado de apoyo a Bolaños porque entendían que las criticas podrían enmarcarse en el ámbito de la libertad de expresión o de prensa, pero lo cierto es que la ausencia ha llamado la atención de muchos jueces, que esperaban el respaldo de las asociaciones consideradas progresistas a la titular del juzgado.

Nueva condena por estafa al dueño de Contsa

Audiencia de Sevilla.

*La Audiencia de Sevilla ha condenado esta semana al dueño de Consta a otros nueve años de prisión por la estafa piramidal que dejó sin sus ahorros a casi 1.600 personas, que acudieron a la llamas de unos altos intereses y la imagen que tenía el que fuera hermano mayor de la Hermandad del Rocío de Villamanrique de la Condesa, que solía brindar con Moët Chandon. Se trata de la segunda condena a Salas Burzón, que ya fue castigado en 2014 con una pena de otros 22 meses de cárcel por fraude al fisco. El empresario estuvo en prisión provisional casi dos años tras prestar declaración ante la juez que comenzó a investigar la estafa piramidal por la que ahora ha sido condenado nuevamente. Si se confirma la nueva condena, que aún puede ser recurrida, Salas tendrá que volver a la cárcel. Cuando declaró en el juzgado, en octubre de 2008, el dueño de Contsa no era consciente de que la juez podía enviarle a prisión, y de hecho se comenta la anécdota de lo que le comentó a su abogado defensor antes de saber la decisión de la magistrada:–¿A dónde nos vamos a ir a comer ahora?–no dejaba de preguntar José Salas. Lo que el imputado no sabía es que esa comida se la iban a servir no en un buen restaurante de los que solía frecuentar en aquella época, sino en un lugar denominado Sevilla-I, donde a partir de ese momento desayunó, almorzó y cenó durante una buena temporada.
La sede de Viapol va volviendo a la normalidad

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*La Consejería de Justicia e Interior de la Junta tuvo que adoptar a finales de junio una medida insólita en la Justicia andaluza, al tener que reducir por decreto la jornada laboral en los juzgados del edificio Viapol de Sevilla por la avería de los aparatos de aire acondicionado. Desde esa fecha, los funcionarios de 11 juzgados y del Registro Civil estaban autorizados legalmente a salir de trabajar a la una de la tarde, dado que el intenso calor que se registra en este edificio por la avería del sistema de climatización podía suponer un riesgo para la salud de los funcionarios. La Junta anunció entonces la contratación de una empresa para colocar la nueva maquinaria de climatización y esta misma semana la situación se está normalizando. Ya se han puesto por ejemplo los aparatos en el juzgado de Primera Instancia números 19 y 20, el Contencioso-administrativo 9, varias dependencias del Registro Civil, y la próxima semana estarán convenientemente climatizadas todas las salas de vista de la primera planta.

El PP quiere juzgar por los ERE a “Manuel Chaves Nogales”

Jorge Muñoz | 13 de julio de 2016 a las 9:34

Errare humanum est. Y el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Lo dice un periodista que, como cualquier humano, también se equivoca en ocasiones… Lo que ocurre es que algún error puede convertirse en una buena anécdota, como la que ahora les cuento. Vean cómo arranca el escrito de la acusación popular en el que impugna la petición para archivar la causa de los ERE contra el ex presidente de la Junta…

chaves

 

 

Efectivamente, la acusación impugna el escrito en representación de “Manuel Chaves Nogales”, en lugar de Manuel Chaves González, como se apellida el ex presidente andaluz. No hay que dejar de reconocer que la errata tiene su gracia: incluir en los ERE al ilustre periodista y escritor sevillano, y a quien debemos grandes obras como Juan Belmonte, matador de toros, su vida y sus hazañas, entre otras.

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Manuel Chaves Nogales

No es la única vez en la que alguien en esta causa se confunde con los apellidos del ex presidente. La anterior instructora, Mercedes Alaya, se refirió a él en los más de 200 folios de la exposición razonada que remitió al Tribunal Supremo como el ex presidente “Manuel Chávez”, si sí con zeta, como el presidente venezolano Hugo Chávez… Lo dicho: el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, pero no deja de tener su gracia.

Lo que quizás habría que preguntarse, me comentan fuentes del caso, es que habría pasado si el auténtico Chaves Nogales hubiera pasado por el despacho de Mercedes Alaya…. ¿habría acabado también imputado….? Ustedes mismos pueden responder.

Por cierto, y como Errare humanum est, aquí otro ejemplo de hoy mismo. Vean el auto que ha notificado a las partes esta misma mañana el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos.

autovacíoSe trata efectivamente de un auto “vacío”, sin completar, con la fecha del 8 de julio. En teoría debería ser un auto resolviendo un recurso presentado en relación con una ayuda concedida al Ayuntamiento de La Puebla del Río pero, o bien, no se han guardado los cambios, o se ha producido un error informático que ha hecho que el auto no tenga ningún contenido. Puede verse la parte relativa a los hechos, fundamentos jurídicos y parte dispositiva completamente “en blanco”.

Incluso está mal quien firma el auto, pues aparece el juez de refuerzo José Ignacio Vilaplana, cuando debería ser en este caso la titular del juzgado, María Núñez Bolaños.

Un error que, al igual con el “Chaves Nogales” imputado, no tiene mayor trascendencia, puesto que este auto notificado a las partes puede ser ahora aclarado y corregido por la instructora. Una nueva anécdota para engrosar el ya de por sí amplio anecdotario judicial.