Anticorrupción acaba con el bluf

Jorge Muñoz | 28 de septiembre de 2016 a las 6:00

La juez María Núñez Bolaños, en los juzgados de Sevilla

La juez María Núñez Bolaños, en los juzgados de Sevilla.

La Fiscalía Anticorrupción cerró ayer el capítulo que la juez Mercedes Alaya abrió en marzo de 2015, poco antes de marcharse a la Audiencia, en relación con una supuesta red de clientelismo político que, según la instructora, había detrás de las millonarias subvenciones que se concedían para los cursos de formación.
Hay quien comenta que tan sólo unos días antes de que se materializara esa operación, denominada “Barrado” por la UCO de la Guardia Civil, Alaya no era muy partidaria de que se llevaran a cabo los arrestos, pero sea por la causa que fuere, la entonces instructora de las macrocausas, acabó autorizando el arresto de 16 personas, entre ellas altos cargos de la dirección general de Formación y de las delegaciones provinciales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Como suele ocurrir en estas operaciones, plagadas de espectacularidad, las detenciones se practicaron de forma coordinada, por la mañana, y algunos de los detenidos fueron arrestados en presencia de sus familiares, de sus vecinos, o cuando acompañaban a sus hijos al colegio, con cruces de vehículos policiales en medio de la calzada al más estilo peliculero. Una imagen que estas personas y sus hijos no podrán olvidar pese al auto de archivo que en breve dictará la juez María Núñez Bolaños y que, por mucho que deje claro que no cometieron delito alguno, no podrá minimizar los daños y perjuicios causados por su detención y las horas que pasaron en los calabozos hasta que comparecieron en el juzgado y quedaron en libertad pero imputados en la investigación que ahora acaba de pinchar la Fiscalía Anticorrupción en su contundente escrito.
Con esto no quiero decir que la Guardia Civil y Alaya, si tenían sospechas sobre la participación de estas personas en ese supuesto entramado no debían parar la investigación. Lo que cuestiono son, como he apuntado en otras ocasiones, los métodos. ¿De verdad era necesario montar un amplio dispositivo policial para arrestar a estas personas? ¿La investigación no hubiera sido la misma en el caso de que la Guardia Civil los hubiera citado a declarar o hubieran sido llamados a declarar como investigado por el juzgado sin necesidad de practicar las detenciones?
Al fin y al cabo no eran peligrosos delincuentes que podrían tratar de huir al sospechar la presencia policial, porque se trata de personas que ocupaban cargos en una Administración pública. Dicen que para intentar comprender una situación hay que empatizar con el otro, ponerse en lugar de la persona que la ha vivido, para tratar de sentir lo que la otra persona ha vivido. Póngase en el lugar de estas personas y traten de responder a las preguntas anteriores.
Entre los investigados en esta causa están el ex consejero de Empleo Antonio Fernández –uno de los sospechosos habituales de Alaya–, las ex directoras generales de Formación María Teresa Florido –cuñada de Ángel Ojeda– y María José Lara, los ex directores generales Manuel Brenes y Andrés Sánchez, ocho ex directores del SAE y 11 jefes de servicio de Empleo.
Estas personas habrán podido dormir esta noche algo más tranquilas al conocer el escrito de la Fiscalía que apunta al final de un calvario que se prolonga ya desde hace 18 meses.

Monteseirín el inimputable

Jorge Muñoz | 25 de septiembre de 2016 a las 6:00

: Sevilla : juzgado de guardia

Alfredo Sánchez Monteseirín ha sido hasta hora el alcalde de Sevilla que más tiempo ha estado en el cargo –tres mandatos entre 1999 y 2011– y que pasará a la historia no sólo por ser el regidor que inauguró el Metro, construyó las Setas de la Encarnación o peatonalizó la avenida de la Constitución, sino también porque durante su etapa se sucedieron numerosos escándalos de corrupción que corrieron una suerte desigual en los tribunales. Monteseirín, inspector médico de profesión, sufrió una de las oposiciones más feroces que se recuerdan en la sede de la Plaza Nueva, y fueron muchos los intentos por sentarlo en el banquillo de los acusados. Por tierra, mar y aire se reclamó su imputación en los distintos escándalos judiciales, pero ninguna prosperó.

Esta misma semana la Audiencia de Sevilla ha descartado la última petición para imputarlo en un proceso judicial, en concreto en la investigación del delito societario de Mercasevilla, después de que el tribunal rechazara un recurso del ex director general de la lonja Fernando Mellet para imputarlo en esta causa. Hay que recordar que Monteseirín cesó a Mellet cuando estalló el escándalo de la exigencias de una mordida a los empresarios de La Raza, que fue el germen de la macrocausa de los ERE.

El PP de Juan Ignacio Zoido, el alcalde que le sucedió con una mayoría absoluta insultante, la de los 20 concejales, no cejó durante años en su intento por imputarle en los distintos escándalos que iban surgiendo y que comenzaron a finales del segundo mandato de la era Monteseirín. La oposición de Zoido encontró en las denuncias en los juzgados un instrumento para tratar de menoscabar el crédito y la imagen política que, de otro lado, Monteseirín iba consumiendo rápidamente a medida que se perpetuaba en el cargo.

Monteseirín, el 28 de marzo de 2011 cuando declaró como testigo por Sevilla Global.

Monteseirín, el 28 de marzo de 2011 cuando declaró como testigo por Sevilla Global.

Hubo intentos para imputarle hasta en siete causas diferentes: el caso de las facturas falsas del distrito Macarena, el caso Unidad, el cohecho de Mercasevilla, las irregularidades en la venta de los suelos de la lonja, el mencionado delito societario de Mercasevilla, las irregularidades en las subvenciones concedidas a la Fundación DeSevilla, o la contratación de Domingo Enrique Castaño en esta misma fundación.

Acorralado por los casos de corrupción, Monteseirín logró esquivar siempre la imputación judicial durante todos estos años, en los que la sombra de la sospecha le ha perseguido justo hasta cinco años después de haber abandonado el despacho de la Plaza Nueva. En el camino le han quedado algunos cadáveres político-judiciales, los de los colaboradores y concejales de su partido y de otros con los que gobernó en coalición que han sido condenados, imputados o procesados en alguno de estos sumarios.

Podría decirse que se ha ganado merecidamente el titular de esta sección: Monteseirín el inimputable. Nunca ha llegado a ser imputado –o investigado como ahora se denomina técnicamente– y sólo ha tenido que comparecer en dos ocasiones ante los jueces de Instrucción del Prado y las dos veces lo hizo en calidad de testigo. Y en dos causas además que no llegaron a nada, puesto que fueron luego archivadas.

La primera ocasión en la que fue citado a declarar fue el 18 de mayo de 2009, en el ecuador de su segundo mandato, cuando compareció para ser interrogado por las irregularidades que se investigaban en torno a la Federación de Asociaciones de Vecinos Unidad, de la que había sido asesor jurídico precisamente Fernando Mellet. En esta causa estuvo imputado el ex asesor del grupo municipal del PSOE DomingoEnrique Castaño, que también se vio envuelto en otros escándalos de corrupción que todavía siguen bajo investigación judicial.

La segunda ocasión en la que fue fotografiado a las puertas de los juzgados tuvo lugar el 28 de marzo de 2011, cuando declaró también como testigo en relación con la querella presentada por la sociedad Sevilla Global contra el ex gerente de la misma José Ramírez por una supuesta administración desleal, por haber modificado antes de su cese la situación laboral de la plantilla. Esta causa también fue archivada.

El primer escándalo que le estalló durante sus gobiernos locales fue el denominado caso Macarena, que la Fiscalía denunció en 2005 y que hacía referencia a las irregularidades detectadas en la facturación del distrito Macarena. La investigación acabó con la condena e ingreso en prisión de José Marín, el que fuera secretario del distrito Macarena, que fue condenado en marzo de 2009 a cuatro años y tres meses de cárcel por delitos de malversación de caudales públicos y delitos de falsedad junto al contratista José Pardo, el que fuera socio de Juan Guerra, que fue condenado a tres años y nueve meses por los mismos delitos.

Prácticamente al mismo tiempo que se conocía esta condena se estaba gestando otro de los mayores escándalos, el que comenzó a dar fama a la juez Mercedes Alaya: el cohecho de Mercasevilla, donde la acusación popular que ejercía el PP no dudó en tratar de implicar al todavía alcalde socialista.

El ex alcalde, el 18 de mayo de 2009, cuando intentó salir por la puerta trasera de los juzgados del Prado.

El ex alcalde, el 18 de mayo de 2009, cuando intentó salir por la puerta trasera de los juzgados del Prado.

Los populares pidieron a Alaya que tomara declaración como imputado a Monteseirín como presunto encubridor del delito, al estimar que el regidor conocía la presunta petición del pago de una comisión ilegal de 450.000 euros que los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce habían exigido a los empresarios de La Raza –esos mismos hosteleros a los que ahora, paradojas del destino, el gobierno municipal del socialista Juan Espadas pretende desalojar de las instalaciones del parque de MaríaLuisa– a cambio de la instalación de una escuela de hostelería en el mercado mayorista.

Los populares insistían en que Alfredo Sánchez Monteseirín tuvo conocimiento desde principios de febrero de 2009 de los hechos, pero no los denunció y diseñó una supuesta estrategia para “mantener oculto el asunto”. La juez Alaya no aceptó los argumentos y el caso acabó finalmente con la condena de los ex directivos de la lonja Fernando Mellet y Daniel Ponce.

La segunda etapa del ataque judicial contra Monteseirín por parte del PP llegó tras la victoria de Zoido en las municipales de 2011, cuando se intensificaron las acusaciones por las presuntas irregularidades en los anteriores mandatos. Especialmente significativa fue la virulencia de los populares por implicarlo en las irregularidades de la extinta Fundación para la Formación, Innovación y Cooperación (DeSevilla).La Fundación DeSevilla presentó en noviembre de 2012 una denuncia contra el ya ex alcalde y contra el ex primer teniente de alcalde Antonio Rodrigo Torrijos (IU) por las irregularidades en las subvenciones recibidas por esta entidad. Hasta en media docena de ocasiones, la fundación –representada por los mismos abogados que ejercen la acusación del PP en otros litigios– pidió la imputación de Monteseirín, pero todos los propósitos por llevarlo ante el juez fueron rechazados primero por la Fiscalía, que nunca vio motivo alguno para dirigir la causa contra el alcalde, y por el magistrado que instruyó la causa.

En relación con la Fundación DeSevilla, otro juzgado investigó al ex alcalde por la reincorporación del que fuera su estrecho colaborador Domingo Enrique Castaño, pero la causa se archivó en febrero de este año –sin ni siquiera tomarle declaración a Monteseirín–, al descartar el instructor la existencia de delitos de tráfico de influencias y prevaricación.

La sombra de la imputación también planeó en otros casos, como el de la venta de los suelos de Mercasevilla, en el que la juez Mercedes Alaya llegó a preguntar a Torrijos –finalmente procesado y que será enjuiciado a partir de diciembre junto al ex concejal del PSOEGonzalo Crespo, entre otros– si Monteseirín había “allanado” el camino para que la constructora Sanma se hiciera con el concurso público para la adjudicación del contrato para la venta de los terrenos de la lonja.

Otro de los procesos en los que se ha solicitado su imputación, en este caso por un auditor de Mercasevilla, es la causa por el delito societario de Mercasevilla. Ésta es quizás la única ocasión en la que la imputación pudo estar más cerca, pero la juez Alaya, tras consultar con la Fiscalía, la rechazó al estimar que el posible delito societario había “prescrito” en el caso de Monteseirín y del ex concejal Alfonso Mir. Este delito que podría habérseles imputado guarda relación con el hecho de “no haber impedido la firma de las cuentas anuales por el Consejo de Administración o, al menos, sin expresar en la memoria la incertidumbre sobre la situación patrimonial de la sociedad por la investigación penal a la que estaba sometido su director general”, Fernando Mellet, en alusión a la exigencia de la mordida de La Raza.

Todos estos intentos de imputar a Monteseirín han sido en vano. Cinco años después de dejar la alcaldía, el ex regidor puede estar tranquilo de que no será imputado. Ha sobrevivido al cerco judicial.

La bola de Chaves y Griñán

Jorge Muñoz | 18 de septiembre de 2016 a las 5:00

 

                                          Rosell

Rosell

En los días previos al pasado jueves, el 15-S para Chaves y Griñán, habían proliferado los rumores de que iba a estallar una bomba de los ERE. Otra de tantas. El hecho de que el juez hubiese ampliado el lunes anterior el plazo para que la Fiscalía Anticorrupción y la Junta de Andalucía presentaran sus escritos de acusación hasta el 15 de octubre, había despistado sobre el hecho de que, como era previsible, el Ministerio Público había ya ultimado su calificación provisional y no iba a esperar a que se cumpliera la nueva fecha de entrega. En esa decisión de la Fiscalía Anticorrupción, que por cierto no es nada criticable –¿por qué esperar cuando el escrito ya está listo?–, hay quien ha querido ver una intencionalidad política: la de intentar contrarrestar el escándalo de Rita Barberá que tantos quebraderos de cabeza está causando a la dirección nacional del PP.Sería utilizar la estrategia pueril del “y tú más…”
Lo mismo ocurría con las singulares coincidencias de determinados autos que dictaba la juez Mercedes Alaya –cuyas tesis no hay que olvidarlo se plasman claramente en el escrito de la Fiscalía–, que hacía coincidir esas resoluciones judiciales con periodos electorales o destacados hitos de la política. Eran autos que sacudían los cimientos del Gobierno andaluz, como cuando la magistrada alcanzó la cúpula de la pirámide a la que se refería constantemente en la instrucción con la preimputación de Chaves y Griñán. Esa actuación tuvo lugar en septiembre de 2013, el mismo día en que Susana Díaz y su Ejecutivo tomaban posesión del cargo. Septiembre se ha convertido en un mes negro en el devenir del caso ERE para los ex presidentes.
De aquel septiembre de hace tres años al actual, y al que pueda venir, porque por mucho que la Justicia pise el acelerador –que también sabe hacerlo cuando se lo propone–, el juicio por la pieza política de los ERE no podrá celebrarse, como muy pronto, hasta septiembre de 2017.
La bomba de los ERE de esta semana no sólo ha causado un gran impacto por la petición de seis años de cárcel a Griñán o la de ocho años para otros tantos ex altos cargos por un delito de malversación que el Tribunal Supremo sólo apreció en el ex consejero José Antonio Viera, pero no en el caso de Griñán.
Anticorrupción, siguiendo el auto de Álvaro Martín pero sobre todo los planteamientos de Alaya, se ha apartado de los criterios del Alto Tribunal, incluso en lo que se refiere al volumen del fraude. Para los fiscales delegados de Anticorrupción, como para Alaya, como el procedimiento de concesión de las subvenciones era ilegal, la totalidad de las ayudas lo son y por tanto los acusados deben devolver los más de 741 millones de euros concedidos entre 2000 y 2010 –Alaya lo cuantificó en casi 855 millones–.
El Ministerio Público se separa nuevamente del instructor del Supremo, el magistrado Jorge Alberto Barreiro, quien planteó que aunque la cuantía global de las ayudas fuese nula por haberse infringido el ordenamiento jurídico, eso “no significa que todo el dinero concedido con cargo a ese programa presupuestario haya sido defraudada en perjuicio del erario público”. Porque habría ayudas a las que los trabajadores tendrían derecho y habrían sido correctas de haberse seguido el procedimiento administrativo adecuado.
Son muchos los factores que influyen en el retraso en la celebración de la vista oral por esta primera pieza separada de los ERE, porque para empezar la Audiencia de Sevilla aún tiene pendiente de resolver los recursos que los ex presidentes y otros altos cargos presentaron contra el auto de procesamiento dictado el 31 de mayo pasado por el juez de refuerzo Álvaro Martín.
Lo que sí está un poquito más claro es cómo será el procedimiento para elegir al tribunal que enjuiciará a Chaves y Griñán. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha aprobado esta semana las nuevas normas de reparto para causas de “especial complejidad” –aquellas con más de 3.000 folios u ocho partes intervinientes, sin contar con la Fiscalía– acordadas por los jueces de las Secciones Penales que hay en la Audiencia de Sevilla.
Todo comenzará con un “sorteo” entre las cuatro secciones de lo PenalPrimera, Tercera, Cuarta y Séptima– para decidir el turno de reparto. De la bomba de los EREa la bola de los ERE. En ese sorteo no habrá niños de San Ildefonso ni azafatas del cupón o estrellas del fútbol como ocurre en los sorteos de la Champions. Lo llevará a cabo el secretario de los servicios comunes de la Audiencia de Sevilla, Luis Revilla, que colocará en un papel el número de cada una de las Secciones y luego el propio secretario, o una mano inocente, sacará uno de ellos, en un acto al que se convocará a los presidentes y secretarios de cada una de las secciones afectadas. Es lo mismo que se hizo a la hora de decidir el tribunal que debía enjuiciar el caso del asesinato de Marta, en el que se hizo un sorteo en presencia de los secretarios judiciales, y al final correspondió a la Séptima.
Una vez que se designe el orden del turno, las siguientes causas complejas –muchos asuntos económicos y de tráfico de drogas se incluirán en ese reparto– se irán distribuyendo por el orden fijado hasta que le llegue el turno al caso de los ERE, un procedimiento que todavía tardará varios meses en llegar a la Audiencia. Lo único que está claro es que el juicio no será en la Sección Séptima, porque este tribunal –en el que ahora está destinada Alaya– es el que resuelve todos los recursos de la instrucción y por tanto está excluida del enjuiciamiento. La bola de los EREsólo podrá recaer en las secciones Primera, Tercera o Cuarta. La suerte está echada, sólo queda saber dónde parará el bombo.

Un rotundo aval a las tesis de Alaya

Jorge Muñoz | 16 de septiembre de 2016 a las 6:00

Personaje

Mercedes Alaya sale ayer de la Audiencia de Sevilla, después de que se conociera la acusación de la Fiscalía Anticorrupción.

La Fiscalía Anticorrupción no sólo firmó ayer el epílogo de toda una época en la historia de la Junta de Andalucía. Su escrito de conclusiones provisionales supone además un claro y rotundo aval a las teorías de Mercedes Alaya sobre el fraude de los ERE. La acusación que el Ministerio Público presentó contra los 26 ex altos cargos y la petición de penas de prisión para 18 de ellos, entre los que se encuentran el ex presidente José Antonio Griñán, respalda sin ambages las tesis que durante años tejió la juez Mercedes Alaya, que escaló según anunciaba en sus propios autos los escalones de una “pirámide” que llegó a su cúspide con la preimputación de Chaves y Griñán y la remisión al Tribunal Supremo de una exposición razonada en la que apuntaba indicios de delitos de prevaricación y malversación de caudales por las irregularidades detectadas en la concesión de las ayudas con fondos públicos.
El Alto Tribunal abrió la causa contra Chaves y Griñán, y el instructor designado, Jorge Alberto Barreiro, concluyó que no constaban datos incriminatorio contra éste último como presunto autor de un delito de malversación, “pues no se ha acreditado que interviniera en la concesión concreta de ayudas fraudulentas de fondos públicos ni que supiera que se estaba disponiendo de los caudales públicos para las ayudas/subvenciones con destino al lucro ilícito de terceras personas”.
El magistrado del Supremo añadía que Griñán “sí sabía que el sistema de concesión de las subvenciones era claramente ilegal en su tramitación, pero, para el instructor, no obran indicios de que conociera que con la materialización del sistema se estuvieran desviando importantes sumas de dinero para procurar el beneficio ilícito de terceras personas”, señalaba el instructor en un auto en el que inicialmente acordaba mantener la competencia para seguir la causa contra Griñán.
Pero la causa volvió al juzgado de Sevilla tras perder la condición de aforados los ex altos cargos imputados por el Supremo, y el juez de refuerzo Álvaro Martín se separó de los criterios de aquel instructor y volvió a los planteamientos que había defendido Mercedes Alaya cuando dirigía la investigación del fraude de los ERE.
La postura divergente que han mantenido el Tribunal Supremo y el juzgado de Sevilla viene a demostrar que la posibilidad de atribuir al ex presidente el delito continuado de malversación es, como ocurre en la mayoría de los casos en Derecho, del todo interpretable, por lo que será la Audiencia de Sevilla la que deba decidir en su sentencia cuál de los dos planteamientos es el acertado. Y si la Fiscalía ha acertado o no también.

Al final justicia rápida y grandes rebajas

Jorge Muñoz | 13 de septiembre de 2016 a las 6:00

Audiencia de Sevilla. Juicio en la Sección Tercera a tres directivos de Cobre las Cruces por contaminación del acuífero Niebla Posadas

Un momento del juicio celebrado ayer en la Audiencia de Sevilla.

Otro pacto judicial que vuelve a sorprender tras el que se realizó con el tiroteo en las Tres Mil Viviendas. La Fiscalía de Sevilla alcanzó ayer un acuerdo con los directivos de la compañía minera Cobre Las Cruces que fueron procesados por la contaminación de un acuífero y por detraer aguas del mismo. Al final hubo hasta una Justicia rápida después de los ocho años en que ha transcurrido la travesía jurídica de esta instrucción y enjuiciamiento de unos hechos que fueron denunciados por el Ministerio Público en el año 2008.
Esa Justicia rápida que llegó ocho años después, valga la contradicción, fue capaz en menos de una hora de dictar la sentencia condenando a los tres directivos de la compañía minera, de declarar la firmeza de la condena e incluso de suspender la ejecución de la pena que finalmente se les impuso. Un todo en uno. Ni siquiera hizo falta que los tres procesados estuvieran presentes físicamente en la sala de vistas de la Audiencia de Sevilla, porque dos de ellos, el ex consejero delegado de Cobre Las cruces François Fleury y el ex director de la mina William Thomas comparecieron ante los magistrados a través de una videoconferencia desde Estados Unidos y Canadá. Para regocijo del consejero de Justicia, Emilio de Llera, que siempre que puede vende los avances realizados por su departamento en materia de modernización de la Justicia e implantación de las nuevas tecnologías, la videoconferencia funcionó perfectamente, tras una inicial corte de la comunicación.
Pero esa Justicia rápida fue posible gracias a la importante rebaja aplicada por la Fiscalía y Ecologistas en Acción en sus pretensiones acusatorias, que redujeron los cinco años y medio de prisión que inicialmente se solicitaban para cada acusado a un único año de prisión y de inhabilitación especial para el cargo.
Como unos grandes almacenes, la Justicia sevillana aplicó unos descuentos que eran irrechazables para las defensas. Y eso que el periodo promocional por excelencia de las rebajas hace varias semanas que terminó. Al final y aunque parezca mentira, todos contentos. Los acusados, aunque alguno dijo que aceptaba la condena pero no estaba de acuerdo con la misma, se han quitado de encima la incertidumbre que supone prolongar durante tantos años un proceso judicial en el que se les amenazaba con acabar en la cárcel.
La Fiscalía y los ecologistas están satisfechos porque, al menos, han logrado una condena, aunque ésta pueda considerarse pírrica porque dicen que es la “primera” a una compañía minera.
Y el tribunal puede cerrar así un juicio que inicialmente había sido fijado para el mes de septiembre de 2017, dentro de un año, y pasar a otros menesteres, que son muchos. ¿Hay quien dé más?

El Supremo confirma la condena a un cabo del Ejército por acosar durante siete años a un subordinado

Jorge Muñoz | 12 de septiembre de 2016 a las 12:07

La Sala V de lo Militar del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 2 años y 10 meses de cárcel impuesta a un cabo Primero del Ejército por acosar sexualmente durante 7 años a un cabo subordinado suyo. El Supremo confirma que fue autor de un delito continuado de abuso de autoridad en su modalidad de trato degradante, por el que además deberá abonar 3.000 euros a la víctima en concepto de responsabilidad civil, según ha informado este lunes el Alto Tribunal.
Según los hechos probados de la sentencia del Tribunal Militar Territorial Segundo, que el Supremo ratifica, entre septiembre de 2007 y enero de 2014, el cabo “soportó y no consintió” una serie de conductas por parte del cabo primero “consistentes en proposiciones, expresiones, tocamientos e insinuaciones de índole sexual”. Ambos estaban destinados en el destacamento “El Vacar” (Córdoba) y durante 1 año y medio del periodo citado el cabo primero fue jefe inmediato del cabo.

El relato de hechos señala que el cabo primero tocó el culo en varias ocasiones a la víctima, le preguntaba sobre cuándo iba a salir del armario y le pidió repetidas veces que le dejase hacerle una felación. Tras denunciar la situación que estaba viviendo a un suboficial, el cabo estuvo dos meses y medio de baja por una crisis de ansiedad.

El Supremo, en sentencia de la que ha sido ponente la magistrada Clara Martínez de Careaga, desestima el recurso del cabo Primero, que alegaba vulneración de su presunción de inocencia por falta de pruebas directas. El alto tribunal destaca que la condena se apoya en el testimonio de la víctima, la declaración del propio acusado, y las declaraciones de “nada menos” que 17 testigos y la pericial de dos peritos. Además, entre los testigos no sólo hay quienes tuvieron conocimiento de los hechos a través del denunciante, sino testigos directos de las provocaciones e insinuaciones del acusado e incluso quienes soportaron también el insistente acoso sexual del recurrente.

En cuanto a la alegación de que su conducta no había sido dolosa, el Supremo contesta que los hechos probados “describen de modo inequívoco un acoso sexual prolongado durante aproximadamente siete años en los que el recurrente, unas veces de manera explícita y otras de modo más velado, estuvo solicitando los favores sexuales del cabo, insistiendo machaconamente en ello a pesar de las reiteradas negativas de la víctima, conducta incompatible con una pretendida ausencia de dolo, pues, como señala el Tribunal de instancia (…) estaba dirigida ‘a la mera búsqueda de satisfacción sexual en un inferior prevaliéndose de su empleo jerárquicamente superior que ha causado humillación, miedo y menoscabo de su dignidad como persona y como militar’”.

Por ello, destaca que los hechos fueron correctamente subsumidos por el Tribunal de instancia en el tipo de abuso de autoridad, en su modalidad de trato degradante, del artículo 106 del Código Penal Militar, “pues alcanzan la gravedad objetiva y subjetiva que está en la base del citado tipo, con virtualidad bastante para producir, como en efecto produjeron, las consecuencias humillantes y vejatorias que se relatan en la Sentencia de instancia”.

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Los panes de la discordia

Jorge Muñoz | 11 de septiembre de 2016 a las 6:00

PANADEROS RUIDOSOS A LA CARCEL.jpg

Hasta ahora habíamos visto juicios y condenas por ruidos relacionados con actividades lúdicas, como las procedentes de las discotecas o de las botellonas, o por las molestias causadas por maquinaria de aires acondicionados. La Fiscalía de Medio Ambiente acaba de dar un paso más (pan para todos), al sentar por primera vez en el banquillo de los acusados a dos panaderos, que se enfrentan a sendas peticiones de 18 y 30 meses de cárcel, por las molestias causadas a los vecinos por el constante ruido y vibraciones provocados por las máquinas con la que se elabora el pan y que, según el Ministerio Público, afectó “gravemente” al descanso nocturno de estas personas, algunas de las cuales sufrieron trastornos de ansiedad e insomnio tras haber soportado durante años esta actividad.
El Ministerio Público ha acusado a los responsables de dos obradores de panes ubicados en la capital y en la localidad de Mairena del Alcor. En el primero de los casos, según refleja el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, los hechos se remontan a septiembre de 2014, cuando un vecino denunció en los juzgados las molestias causadas por los ruidos y vibraciones que ocasionaba en su vivienda el negocio de una panadería ubicada frente a su casa.
El denunciante aseguraba que con motivo de la fabricación del pan y su posterior carga en camiones para su distribución, se venían ocasionado “graves molestias” a su familia entre las once de la noche y las siete de la mañana. El vecino había dirigido varias quejas al Ayuntamiento por estos hechos y en una medición realizada por un técnico del laboratorio de Inspección, Ensayo y Calibración de la Junta de Andalucía se constató unos niveles de contaminación acústica excesivos. Se midieron, en concreto, 60 decibelios con la cámara de frío en funcionamiento, así como la extracción, carga y arranque de la furgoneta de reparto; y 66 decibelios con todos los equipos funcionarios, cuando el límite permitido es de 49.
Dice la Fiscalía que el denunciante, su mujer y un hijo menor de edad “durante años se han visto sometidos continuamente a estos ruidos que, por su frecuencia, intensidad y horario de producción han afectado gravemente a su descanso nocturno y tranquilidad, provocando a cada uno de los tres miembros de la familia síntomas de ansiedad e insomnio que han interferido en su vida cotidiana”.
La Fiscalía responsabiliza al panadero investigado, Manuel B. M., de un delito contra el Medio Ambiente, por el que solicita una condena de un año y seis meses de prisión, multa de 1.800 euros, y el pago de una indemnización de 24.000 euros a la familia.
En el segundo caso, el obrador de panadería denunciado está ubicado en Mairena del Alcor y llevaba funcionando desde el año 1997. Según el Ministerio Público, desde el año 2010 esta actividad ha generado continuos y reiterados ruidos y vibraciones, “causantes de molestias intolerables” para los habitantes de una casa contigua, una pareja que ha soportado los ruidos todos los días del año, entre las cinco y media de la mañana y las doce o las dos de la tarde. La familia solicitó al Ayuntamiento el cierre cautelar del establecimiento y que se hiciera una medición acústica, que inicialmente fue favorable a la actividad. Sin embargo, en una medición posterior realizada por la Unidad de Ruido de la Consejería de Medio Ambiente, se certificó unos niveles de 41 decibelios en el dormitorio (valor límite según el decreto 6/2012) y de 38 decibelios en el salón (el valor límite es de 35), lo que derivó en la orden de clausura temporal del establecimiento para toda la actividad hasta que se “acreditase el cumplimiento de medidas correctoras”.
En enero de 2013, en una nueva medición se constataron niveles de 42 decibelios en el dormitorio (con un límite máximo de 35) y de 42 en el salón (con un límite máximo de 40), y la Policía Local comprobó que el acusado, haciendo “caso omiso” de la orden de clausura, mantenía abierto el establecimiento para despachar el pan. En una de las ocasiones, el panadero manifestó expresamente a los agentes que “no iba a cerrar el establecimiento y que se negaba a su precinto, siendo advertido de la posibilidad de incurrir en un delito de desobediencia”.
El 20 de junio de 2013 se llevó a cabo el precinto y al día siguiente le acusado seguía vendiendo el pan, pero ya no lo fabricaba, manteniendo el precinto de las máquinas. El Ayuntamiento levantó parcialmente en agosto la clausura en lo que se refiere al despacho de pan, aunque posteriormente la Policía Local comprobó que el precinto de la maquinaria “había sido roto y estaba en funcionamiento”, algo que también se certificó posteriormente varias veces.
El matrimonio denunciante, según la Fiscalía, se ha visto expuesto durante todo este tiempo a unos ruidos y vibraciones que “por su intensidad, duración y frecuencia, han afectado gravemente a su descanso nocturno”, lo que les ha ocasionado “síntomas ansioso depresivos que han precisado de tratamiento médico”. La Fiscalía reclama una condena de dos años y medio de cárcel para el panadero, Isidoro G. P., por un delito contra el Medio Ambiente, el pago de una multa de 2.880 euros, y una indemnización de 30.000 euros para el matrimonio perjudicado.
Los dos panaderos serán enjuiciados en los próximos meses en los juzgados de lo Penal. Se trata de una cuestión jurídica muy interesante: el derecho al descanso frente al derecho al trabajo de estos panaderos.

Revocada la absolución de los responsables de un club de cannabis

Jorge Muñoz | 8 de septiembre de 2016 a las 15:31

cannabis

El Tribunal Supremo anula la absolución de los tres responsables de una asociación de distribución de cannabis de Barcelona con 2.300 socios, al estimar que su conducta encaja en un delito contra la salud pública por promocionar el consumo de drogas, y no ser uno de los supuestos de consumo compartido que no es punible penalmente, ha informado este jueves el Alto Tribunal.

Sin embargo, la Sala Segunda no dicta sentencia condenatoria al respecto sino que ordena a la Audiencia Provincial de Barcelona, autora de la sentencia absolutoria, que dicte nueva sentencia en la que resuelva, con libertad de criterio, las alegaciones de las defensa de los acusados sobre la concurrencia de un error de prohibición invencible (no ser conscientes de que cometían un delito) o vencible, en su actuación, que podrían operar como eximente o atenuante. En su primera sentencia, la Audiencia de Barcelona no resolvió sobre estas alegaciones subsidiarias de las defensas, al haber estimado la alegación principal, que era que los hechos de los que eran acusados como presidente, secretario y tesorero de la asociación no eran delito.

El Supremo aplica al caso la doctrina fijada por el Pleno de la Sala II el 7 de septiembre de 2015, que ya se ha aplicado desde entonces en otras dos ocasiones a tres asociaciones similares.

En el caso resuelto ahora, referido a la “Asociación Cultural Línea Verde BCN”, de Barcelona, existen diferencias con las entidades afectadas por las otras sentencias, pero para el Supremo son irrelevantes. En concreto, en esta ocasión se desconoce la forma en que se provee el colectivo del cannabis, es decir no consta que fuese un cultivo promovido por ellos; se establece oficialmente el compromiso, aunque no taxativo, de consumir en el local de la asociación; y la misma tiene una oficiosidad administrativa ya que no había sido aún inscrita aunque contaba con licencia municipal amparada en una normativa de ese nivel local. Asimismo, su número de socios, que supera los dos millares, es mucho más abultado que en los otros casos

“El número de socios es tan alto que por más que se intente minimizar la cifra esgrimiendo bajas no reflejadas (lo que no deja de ser signo también de cierto descontrol) no permite buscar abrigo en la doctrina del consumo compartido. Es imposible establecer unos lazos de mínimo conocimiento de esos dos millares de personas; como no es tampoco imaginable un elemental rigor en la comprobación de que las personas que se inscribían como socios eran ya consumidores. Acreditar la identidad y la edad sería suficiente. No es nada dificultoso conseguir un avalista o atribuirse la condición de consumidor”, dice la sentencia.

“Hay un salto cualitativo y no meramente cuantitativo, entre el consumo compartido entre amigos o conocidos -uno se encarga de conseguir la droga con la aportación de todos para consumirla de manera inmediata juntos, sin ostentación ni publicidad-; y la organización metódica de una estructura institucionalizada, con vocación de permanencia y abierta a la integración casi indiscriminada, sucesiva y escalonada de un número no limitado de personas hasta superar los dos mil (…) Aquello es asimilable al consumo personal. Esta segunda fórmula, en absoluto. Se aproxima más a una cooperativa que a una reunión de amigos que comparte una afición perjudicial para la salud, pero tolerada”, añade la Sala.

Para el tribunal, tampoco añade nada significativo al caso que, formalmente, se asumiese la obligación de consumir la droga dentro del local de la asociación. “La antijuricidad o no de la conducta no puede bascular sobre ese dato. Quedaría la salud pública supeditada a un requisito formal: sería delito si se consiente, aunque sea esporádicamente, consumir la sustancia fuera del local; y no lo sería si se consume en el local. ¿Qué diferencia desde la perspectiva del bien jurídico hay entre ambos supuestos para que solo el primero sea merecedor de una pena privativa de libertad?”.

La sentencia incluye un voto particular que destaca que el consumo dentro del local hace atípica la conducta

La sentencia incluye un voto particular discrepante de la magistrada Ana Ferrer en el que defiende que al tratarse de un consumo en los locales de la asociación, por parte de los distintos socios, quienes sufragan con sus aportaciones la sustancia a la que acceden, no se aprecia riesgo de que pudiese verse afectada la salud de terceros ajenos, ni en consecuencia lesionado el bien jurídico que protege el artículo 368 del Código Penal.

Por estas razones, concluye en su voto que se trata de un supuesto de “autoconsumo conjunto atípico”, aunque admite que el número de socios supera con creces el núcleo reducido de consumidores que viene fijándose para aplicar la doctrina sobre el consumo compartido, también valora que todos ellos, como miembros de la asociación, contribuían a sufragar la sustancia destinada al autoconsumo, sin propósito de que se pudiera extender al de terceras personas.

La magistrada señala que casos como éste desbordan los contornos de la construcción jurisprudencial sobre el consumo compartido, que considera atípicos supuestos de consumo plural en que un número reducido y determinado de personas se agrupan para la adquisición y ulterior e inmediato consumo conjunto en un lugar cerrado de la sustancia estupefaciente sufragada entre todos.

Sin embargo, afirma que ello no es óbice para, como alternativa, tratar de fijar criterios que faciliten la adaptación a la misma ante la relevancia social de la cuestión, que pretende trazar vías hacia un consumo controlado y responsable de cannabis en sus distintas variedades, entre socios mayores de edad y en pleno uso de sus facultades de autodeterminación y gobierno, aptos, en consecuencia, para decidir sobre su propia salud.

El Supremo rechaza que constituir una empresa impida a los autónomos cobrar el paro en un pago único

Jorge Muñoz | 8 de septiembre de 2016 a las 11:59

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha rechazado que constituir una empresa impida a los autónomos cobrar la prestación por desempleo en un pago único. Según ha informado el Alto Tribunal, la sentencia señala que constituir una sociedad de responsabilidad limitada “no es incompatible con la cualidad de trabajador autónomo cuando la posición jurídica del socio determina su obligada afiliación al RETA, como es el caso, no se cuestiona el efectivo desempeño de la actividad por cuenta propia en los términos legales y ni siquiera se alega –ni existe- el más mínimo indicio de fraude con tal constitución”.

El problema que ha resuelto la Sala es el de un desempleado que capitalizó el paro en un solo pago después de fundar una mercantil de este tipo, suscribiendo él mismo el 100 % del capital, nombrándose administrador y dándose de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) diez días después de elevar a escritura pública su sociedad.

Un año después, el Servicio Público de Empleo Estatal –SPEE- le reclamó 19.567,80 euros por el cobro indebido de la prestación al haber constituido la empresa cuando en la solicitud constaba que la actividad era la de trabajador autónomo.

El juzgado rechazó la demanda del recurrente solicitando la anulación de la citada resolución y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid sentenció que no hubo cobro indebido al estar dado de alta como autónomo por lo que revocó la decisión del Servicio Público de Empleo Estatal.

De acuerdo con este último fallo, la Sala de lo Social desestima el recurso de casación del abogado del Estado en el que argumentaba que el pago único de la prestación sólo es posible cuando el beneficiario se constituya como trabajador autónomo o como socio trabajador en cooperativas o sociedades laborales.

La sentencia explica que aunque la Ley 45/2002 sólo se refiere como sociedades a las cooperativas y la sociedades laborales no excluye de manera expresa ninguna otra, y añade que “cuando concurren las circunstancias fácticas y jurídicas que conducen obligatoriamente al encuadramiento y alta en el RETA de determinadas personas físicas, éstas, individualmente consideradas, siempre que la sociedad de capital lleve realmente a cabo la actividad que constituya su objeto, reúnen la cualidad de trabajadores autónomos, también a los efectos de la prestación aquí debatida”.

La sentencia, con ponencia del magistrado José Luis Gilolmo López, recuerda que desde la perspectiva finalista del estímulo del autoempleo esta es la solución adoptada en otras situaciones similares por la Sala de lo Social. En este sentido añade que aunque el RD 1300/2009, de 31 de julio, de medidas urgentes de empleo destinadas a los trabajadores autónomos y a las cooperativas y sociedades laborales no se refiera a las sociedades de capital como formas de autoempleo, “cuando, en determinadas circunstancias, alguno de sus socios puede ostentar la cualidad material de trabajadores por cuenta propia, resulta perfectamente congruente su equiparación con aquéllos, también a los efectos que aquí importan, porque sin duda contribuye a lograr la misma finalidad: el autoempleo”.

 

Una aseguradora pagará 1,5 millones a la familia de un hombre que se suicidó

Jorge Muñoz | 12 de agosto de 2016 a las 11:18

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a una compañía de seguros a pagar 1,5 millones de euros a una familia por el seguro de vida suscrito por el padre un año antes de suicidarse. La aseguradora alegó que el tomador del seguro proporcionó datos falsos e inexactos sobre su situación financiera y patrimonial (que era peor de la que él dijo), y tampoco reveló que en su familia había antecedentes de suicidios, lo que habría impedido una valoración correcta del riesgo asegurado y le liberaba de la obligación de pagar, según ha informado hoy el Alto Tribunal.
Sin embargo, el Supremo rechaza tales argumentos y avala el criterio de la Audiencia Provincial de Madrid, que consideró que no había quedado desvirtuada la veracidad de los datos sobre su situación económica proporcionados por el asegurado a la aseguradora con anterioridad a la suscripción del contrato de seguro de vida. Asimismo, la Audiencia de Madrid descarta que el asegurado concertase el seguro con la finalidad de suicidarse un año después.

El Juzgado de Primera Instancia número 5 de Alcalá de Henares había desestimado la demanda de la viuda y los dos hijos del asegurado para cobrar cada uno 500.000 euros de Aegón Seguros como beneficiarios del seguro de vida suscrito por su esposo y padre, respectivamente. El seguro se suscribió el 15 de abril de 2009, con un capital asegurado de 1,5 millones de euros en caso de fallecimiento, lo que tuvo lugar el 20 de abril de 2010 por suicidio. El Juzgado entendió que hubo ocultación por parte del tomador del seguro de datos relevantes sobre su situación financiera, que era muy apurada, y así lo reflejó también en la nota que dejó tras su suicidio, donde aludió inequívocamente a esos problemas económicos y a ningún otro, con la frase “para sacar adelante a mi familia”.

Sin embargo, la Audiencia de Madrid revocó ese fallo y estimó el recurso de la familia. Destacó que los informes presentados por las partes sobre la situación económica del asegurado son contradictorios, que parten de criterios valorativos diferentes, sin que existiesen otros elementos probatorios suficientemente contundentes para atribuir mayor credibilidad a uno u otro informe. Por ello, entendió que no ha quedado desvirtuada la veracidad de los datos proporcionados por el asegurado a la aseguradora, con anterioridad a suscribir el contrato de seguro.

El Supremo, ante quien recurrió Aegon Seguros, resalta que la conclusión de la Audiencia Provincial no es ilógica, irracional ni arbitraria, y tampoco puede predicarse que incurra en error patente, por lo que rechaza los argumentos de la recurrente.

Además, también desestima su pretensión de no pagar los intereses de demora que le impuso la Audiencia, para lo que alegaba como causa justificada la existencia de incertidumbre sobre la cobertura del siniestro que había hecho precisa la intervención de la justicia por la discrepancia de las partes. La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Eduardo Baena, contesta que “si en toda reclamación con fundamento en un seguro de vida se permitiese que esa alegación, luego no probada, se constituyese en causa justificada para verse exonerada la aseguradora del pago de los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro, per se y sin algo más que la reforzase, se haría una interpretación no restrictiva y, por ende, contraria al carácter sancionador que se le atribuye a la norma”.