Los sospechosos habituales de los ERE

Jorge Muñoz | 24 de enero de 2016 a las 6:00

EXCONSEJERO ASEGURA ANTE LA JUEZ QUE NO PAGÓ UNA AYUDA PORQUE ERA ILEGAL

Se han convertido en los “sospechosos habituales” del caso de los ERE. Ninguno de ellos parece sacado –por lo que se refiere a su criminalidad y peligrosidad social– de la brillante película del mismo nombre que interpretó Kevin Spacey en 1995 y en la que la intriga gira en torno al personaje ficticio de Keyser Söze, un poderoso jefe de una organización criminal. Pero aún así, sus visitas a los juzgados de Sevilla se han repetido en los últimos cinco años, tiempo que acaba de cumplir precisamente esta misma semana la instrucción judicial de los ERE fraudulentos.

El mismo día que se cumplía el aniversario, el pasado 19 de enero, la juez María Núñez Bolaños volvió a citar a uno los sospechosos habituales de los ERE, el ex consejero de Empleo Antonio Fernández. Era la quinta vez que Antonio Fernández comparecía en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla por el caso de los ERE, aunque hasta este momento sólo había accedido a declarar en una ocasión anterior, en abril de 2012, cuando la juez Mercedes Alaya decidió enviarle a prisión provisional.
En las siguientes ocasiones en las que Alaya le volvió a citar, la ley del silencio se apoderó del ex consejero, que se acogió a su derecho a no declarar en todas ellas, salvo en la citación de esta semana. Fernández sí declaró, aunque brevemente –su paso por la sala no duró más de diez minutos–, ante María Núñez Bolaños, ante la que defendió que paralizó el pago de unos 600.000 euros a varias empresas concesionarias de la limpieza de Granada con motivo de una huelga, al considerar que ese compromiso de pago que adquirió el ex director de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero era ilegal.
Precisamente Javier Guerrero es otro de los sospechosos habituales de los ERE: ha comparecido en cuatro ocasiones anteriores en el juzgado y ha sido encarcelado de manera provisional en dos ocasiones. Y lo mismo sucede con muchos de los imputados –sobre todo ex altos cargos de la Administración autonómica– a los que, bien porque se le han ido ampliando las imputaciones con otras ayudas, o porque han surgido nuevos elementos o lo ha solicitado la Fiscalía Anticorrupción, han tenido que hacer el singular paseíllo por los juzgados del Prado.
De ese paseíllo no se librarán, ni siquiera, los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, quienes después de haber declarado en abril del año pasado ante el Tribunal Supremo, tendrán que comparecer en el juzgado sevillano –en este caso ante el juez Álvaro Martín, que ha asumido la investigación de la pieza separada del procedimiento específico– para declarar, si bien los ex presidentes y los demás aforados imputados podrían optar simplemente por ratificar sus anteriores declaraciones en las sedes de los otros tribunales que en su día investigaron estos mismos hechos.
Antonio Fernández fue además la primera persona que fue imputada por la juez Mercedes Alaya en la macrocausa de los cursos de formación, lo que llevó al abogado del ex alto cargo, Alfonso Martínez del Hoyo a mostrar su desconcierto por el hecho de que fuese el primer imputado en esta nueva investigación, al tiempo que consideró injusto y discriminatorio que la magistrada no hubiese llamado a otros consejeros que también tuvieron relación con las ayudas a los ex trabajadores de la multinacional de automoción Delphi.
El letrado argumentó entonces que la juez había “señalado ante la sociedad abiertamente y en exclusiva a Antonio Fernández como único presunto responsable”, hasta el punto de que “se le marca, a modo de indudable estigma, como proclive a delinquir e incurso o perteneciente a un cierto tipo de autor o delincuente, que grafiaría un nuevo sesgo de peligrosidad social, relacionado con la clase política y los episodios de corrupción que lamentablemente menudean y saltan a los medios de comunicación de nuestro país en los últimos tiempos”.

GUERRERO NO DECLARA SOBRE LOS ERE PORQUE SE SIENTE INDEFENSOLa defensa alegó que traer a una sola persona al proceso –en aquel entonces era el único imputado–, “con inexplicable olvido o posposición del llamamiento de otros en idéntica posición, implica, con la violación flagrante del derecho de igualdad y la garantía de la imparcialidad objetiva, la vulneración del derecho fundamental a un proceso público con todas las garantías”.
Alaya consideró que la defensa había realizado una “interpretación distorsionada a efectos de defensa y parcial”, y ratificó que Fernández concedió subvenciones para la formación de los ex trabajadores de Delphi “con ausencia del procedimiento adecuado” y conociendo que todas las entidades estaban controladas por el ex consejero de Hacienda Ángel Ojeda, que fue el segundo imputado y con el que “se le supone una estrecha relación o interés en favorecerlo por la evidencia de la concentración de ayudas”.
Pero en las distintas macrocausas hay otros imputados que se repiten, como el ex consejero de Innovación Martín Soler o el ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román, que han sido los primeros “investigados” que figuran en la causa en la que se investigan los avales y préstamos de la agencia Idea, cuya instrucción está todavía en sus primeros pasos.
No son Kevin Space ni interpretan una película, pero sí que se han convertido en los sospechosos habituales de una investigación judicial que comenzó hace cinco años y que amenaza con durar más que alguna de las trilogías de la saga star wars.

  • uno que estaba arando...

    Sr. Muñoz, NI UNA SOLA ALUSIÓN al PSOE a la JUNTA DE ANDALUCÍA o a la palabra SOCIALISTA. ¿ Se da usted cuenta ? Ya lo creo que se da cuenta. Sabe usted en que se parece Kevin Space y ALGUNOS periodistas ? En que interpretan POR DINERO. No sólo en los IMPUTADOS-INVESTIGADOS funciona la LEY DEL SILENCIO, por lo que se ve…y por lo que no se lee.

  • Willy

    Bueno pues dilo tú Arando: los sospechosos son el PSOE y el PSOE son los sospechosos y así te quedas más tranquilo.


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