Bolaños cumple con su plan piloto

Jorge Muñoz | 8 de marzo de 2016 a las 7:00

La juez María Núñez Bolaños

La juez María Núñez Bolaños

Con la citación de los ex presidentes Chaves y Griñán a declarar la próxima semana y las comparecencias para después de Semana Santa, en concreto el día 30, de los otros ex consejeros que en su día estuvieron aforados, se cierra la ronda de las declaraciones de los 51 imputados en la pieza política de los ERE, la del denominado “procedimiento específico” por el que se concedían las ayudas bajo sospecha.

Con estas declaraciones, la instrucción de esta primera pieza y a priori la más importante de las seis en que se dividió inicialmente el voluminoso sumario de los ERE, está prácticamente acabada. El juez de refuerzo Álvaro Martín sólo tiene por delante otras declaraciones voluntarias que van a solicitar una decena de imputados que en su día se acogieron a su derecho a no declarar ante la juez Mercedes Alaya y que ahora sí quieren rendir testimonio ante el nuevo instructor, así como las de varios testigos que puedan proponer las acusaciones y defensas.

A partir de finalicen esas comparecencias, esta primera pieza estará lista para su remisión a la Audiencia de Sevilla. Los plazos, todavía muy estimativos, que se barajan indican que la pieza política podría llegar a la Audiencia en el mes de junio. Eso no significa que el juicio sería inmediato, porque quedaría por practicar alguna tramitación de la causa por parte de la Sala de la Audiencia a la que corresponda. Sólo podría corresponde a las secciones penales Primera, Tercera o Cuarta, dado que la Séptima, en la que está destinada ahora Mercedes Alaya, es la encargada de resolver los recursos de los ERE. Lo normal es que el juicio no se fijara hasta finales de este año o, lo que es más probable, a principios de 2017.

En cualquier caso, si Bolaños y Álvaro Martín logran enviar esta pieza a la Audiencia en junio o antes del verano habrán cumplido el plan piloto diseñado por la nueva titular del juzgado, que precisamente cumplirá en junio un año al frente del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.

Bolaños ha dado un papel fundamental a la sentencia del “procedimiento específico”, hasta el punto de que ha apuntado ya en un auto que la absolución de los imputados en esta pieza principal conllevaría el archivo de otras tantas ayudas en aquellos casos en los que “no se aprecie irregularidad en la ejecución, empresas en crisis sin intrusos, o ayudas directas en las que la Unidad Central Operativa (UCO), en el atestado inicial, no aprecia otra irregularidad que no sea la utilización de un procedimiento presuntamente ilegal”.

La opinión de Bolaños no es descabellada. Si el procedimiento es legal, a pesar de las irregularidades, podría desembocar en esa cascada de archivos y habría que ver cuántas piezas de las más de 200 que hay investigar llegan finalmente a juicio. El instructor del Tribunal Supremo, el magistrado Jorge Alberto Barreiro, después de proponer que la investigación continuara contra los ex presidentes por una presunta prevaricación, cifró el posible fraude en 855 millones de euros, coincidiendo con las tesis de Mercedes Alaya. El magistrado del Alto Tribunal advirtió de que se habían generado “importantes perjuicios al erario público” pero matizó que aunque la cuantía de las ayudas pueda ser nula por haberse infringido el ordenamiento jurídico –en cuanto a los requisitos de las ayudas–, eso “no significa que todo el dinero concedido con cargo a ese programa presupuestario haya sido defraudado en perjuicio del erario público”.

Barreiro añadió que las cifras concretas son de “difícil cuantificación” por cuanto la investigación sigue abierta, pero ya apuntaba que de las 263 empresas afectadas, en 77 casos las subvenciones tienen relación directa con la tramitación de un ERE.

Por su parte, el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, afirmó en el Supremo que de los más de 6.000 trabajadores que se han beneficiado de estas ayudas, que fueron “validadas” por el Gobierno y el Parlamento andaluz, los “famosos intrusos “ se reducen a 60 personas, lo que representa aproximadamente un uno por ciento del total.

Para Bolaños, los juicios del procedimiento específico y de las sobrecomisiones marcarán sin duda el futuro de la instrucción del resto de las piezas de la macrocausa. Si la Audiencia de Sevilla decidiera finalmente que el procedimiento por el que se daban las ayudas es legal, sí que podría suceder esa cascada de archivos que apunta la magistrada.

  • Juan plaza gonzalez

    ES MUY SIGNIFICATIVO QUE LOS QUE ANTES NO QUERIAN DECLARAR ANTE LA JUEZA ALAYA, QUIERAN AHORA DECLARAR ANTE OTRO JUEZ. QUÉ LES LLEVA AHORA A IR CORRIENDO PARA QUE LOS APUNTEN A DECLARAR???? QUE CONSIDERACIÓN LES MERECE ESTE JUEZ???LES PARECERÁ QUE ES MAS INOFENSIVO QUE LA JUEZA?? ESTO HUELE MUY MAL Y A MI PARECER EL JUEZ SE DEBERÍA PREGUNTAR A QUÉ VIENE ESTE CAMBIO DE ACTITUD. QUE HAN VISTO O LES ABRAN ACONDEJADOS???? Y QUIENES???

  • Uno q estaba arando...

    Burla al Pueblo Andaluz.

  • Willy

    Arando, cuenta el “Diario” hoy que la preocupación por la corrupción se ha disparado entre los ciudadanos en febrero, según el último barómetro del CIS, que refleja una subida de 8,3 puntos en un mes, hasta alcanzar el 47,5% de la población, por detrás del paro, que sigue siendo el mayor problema para el 78%. ¿Será por culpa de los ERE’s? o ¿ha salido alguna cosilla más por ahí?


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