El otro juicio de Mercasevilla

Jorge Muñoz | 19 de marzo de 2017 a las 2:00

Caso Mercasevilla  Audiencia de Sevilla Declara Antonio Rodrigo Torrijos y compa?ia

En cualquier juicio, por muy complejos o graves que puedan ser los hechos que se enjuician, se producen anécdotas. Si además el juicio se prolonga durante 20 sesiones, como ha ocurrido con el caso de la venta de los suelos de Mercasevilla, el ambiente que se suscita entre los propios acusados y los abogados se vuelve más propicio para que proliferen situaciones o comentarios divertidos. Unos dirán que esto se produce por pseudocompañerismo o por lo que une el banquillo, pero lo cierto es que las anécdotas se disparan.
La primera anécdota se produjo el mismo día en que se iniciaba la vista oral, cuando uno de los principales acusados, el ex primer teniente de alcalde y ex portavoz municipal de IU Antonio Rodrigo Torrijos coincidió a la entrada de la sede judicial con la juez Mercedes Alaya, quien instruyó la causa y lo procesó, y cuya labor instructora fue criticada por las defensas a lo largo de este juicio. Torrijos y Alaya compartieron incluso ascensor para subir a la planta donde se celebraba la vista oral, y seguro que el primero recordó el vehemente interrogatorio al que fue sometido por la juez en la fase de instrucción.
La peculiaridad de los interrogatorios de Alaya se puso nuevamente de manifiesto con motivo de la declaración de uno de los testigos: el economista de la sociedad estatal Mercasa Ángel Gil, quien relató cómo fue la disputa técnica que mantuvo con esta juez respecto a si la oferta de Sando incluía pago al contado o no. El testigo llegó a decir que la juez le “metió los dedos” en esa declaración hasta que tuvo que abandonar su postura y dejar que la juez se saliera con la suya. “Fue una discusión larga [con la juez] y al final yo me allané”, reconoció el economista.
Con este testigo se produjo otro momento divertido en el juicio cuando, al inicio de la comparecencia, la juez le formuló las preguntas generales de la ley –si jura o promete decir la verdad, o si tiene amistad o enemistad con algunas de las partes– y le advirtió de las consecuencia del delito de falso testimonio. En ese momento, el testigo completó la exposición de su señoría añadiendo que el falso testimonio lleva aparejada “penas de prisión…”, de lo que se desprende que no era la primera vez que rendía testimonio ante un tribunal.
La verdad es que el juicio de Mercasevilla fue en algunos momentos muy técnico –y hasta podría decirse que aburrido y agotador–, como cuando salía a relucir la cuestión de las tan traídas cláusulas que supuestamente se introdujeron en el pliego de condiciones para favorecer a la constructora Sando. La juez Yolanda Sánchez Gucema, que al final del juicio logró el reconocimiento de la práctica totalidad de los diez acusados y de sus abogados, tuvo que emplearse a fondo en algunas ocasiones, pero lo hizo en ocasiones con cierta gracia, como cuando le pidió a un letrado que “no volviera a preguntar por la legalidad de las cláusulas”.
–Señor letrado, el testigo ya ha contestado tres veces esa misma pregunta. Ha dicho que las cláusulas le parecían legalísimas –exclamó con cierta sorna.
La juez también bromeó con los letrados por el tema de los micrófonos abiertos, que tantos quebraderos de cabeza han causado en el mundo de la política. La magistrada pidió a los letrados que no hicieran comentarios entre ellos mientras se sucedían las declaraciones de los testigos.
–Señores letrados, les recuerdo que todo el juicio se está grabando, por lo que me enteraré de los comentarios que están haciendo durante los interrogatorios –explicó la juez, lo que provocó una sonora carcajada en la sala de vistas.
En otra ocasión, la magistrada reprochó a los abogados de la defensa que “gesticularan” durante la declaración del inspector de Policía que investigó el caso y quien sostuvo la tesis del amaño del concurso. “Ya sea el testigo un letrado, un economista o un inspector de Policía. Seamos respetuosos a todos por igual”, reclamó la juez.
Y a uno de los testigos, el dueño de Larena 98, Antonio Pardal, la juez le impuso una multa de 3.000 euros –que después le retiró– por no asistir a declarar, al haberse confundido de sede judicial. El hombre, de 80 años, le explicó a la juez que no podía pagar la multa y le reprochó que, por su propia torpeza, o porque el juzgado “no pone las señas de la Audiencia” no pudo llegar a la vista, a lo que la juez le preguntó que por qué ese día “sí que había” dado con el sitio si no habían cambiado las señas…
La magistrada tuvo en líneas generales un trato exquisito con los acusados, salvo cuando llamó la atención al ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet por utilizar el teléfono móvil. “Seamos respetuosos. Lleva todo el tiempo con el móvil y no consigo concentrarme”, le espetó la juez, que en otra ocasión reprendió a otro de los procesados por quedarse “dormido” durante la exposición de los informes finales.

 

VISTO PARA SENTENCIA

Esta semana un juzgado de lo Penal de Sevilla ha condenado al ex alcalde de Sanlúcar la Mayor Eustaquio Castaño y a otros ocho antiguos ediles de la corporación municipal a cuatro años de inhabilitación por haber autorizado, en contra de las normas urbanísticas, que se ampliara en dos metros –hasta los nueve– la altura de la casa de la Hermandad de la Virgen de la Soledad, todo ello para permitir el acceso del paso de palio. Para fundamentar la condena y desmontar el argumento de los acusados respecto a que no tuvieron ningún interés en la concesión de la licencia a la Hermandad, la juez ha recordado la importancia que tienen las cofradías.

“Los intereses, en ocasiones, no tienen por qué tener una traducción económica. No se debe olvidar que se trata de un pueblo de unos 11.000 habitantes, dentro del cual, por raíces religiosas, las Hermandades, siendo ésta la más numerosa, tienen mucho peso social en el municipio y además de todo ello, en el aspecto político, tampoco hay que perder de vista que las elecciones municipales estaban muy cerca”, relata la sentencia. El mundo de las cofradías y la política, unidos por una licencia municipal que no tuvo en cuenta los informes negativos del arquitecto y de la secretaria del Ayuntamiento, que advirtieron de que se estaban quebrantando las normas urbanísticas.

La sentencia, que se ha dictado 14 años después de que ocurrieran los hechos, también rechaza la supuesta falta de conocimiento del entonces regidor y de su equipo de gobierno de los informes de los técnicos, apelando a su responsabilidad política. “Los acusados no pueden basarse en su falta de conocimiento de los informes por dos razones, en primer lugar porque se dio cuenta de ellos tanto en la comisión como en el pleno al menos de viva voz por portavoces de partidos políticos distintos al PP y, en segundo lugar, por propia responsabilidad personal y política, pues no es consecuente votar sin tener conocimiento de aquello que se vota, se trataría de una irresponsabilidad censurable”, alega la juez Patricia Rubio en la sentencia, en la que reprocha además que los políticos no pueden “escudarse en las circunstancia de los múltiples temas a tratar puesto que éste tenía una importancia añadida y por ello se lleva al pleno, siendo por tanto un asunto excepcional al que seguramente se le prestó mayor atención”, concluye.


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