El agente fallecido

Jorge Muñoz | 9 de abril de 2017 a las 2:00

fotos de policias locales

Es la tabla de salvación de muchos imputados o ahora llamados investigados. No hay nada como un fallecido en una causa judicial como para aclarar las ideas del resto de investigados y centrar todas las sospechas y la comisión de los delitos en el muerto, quien evidentemente ya no puede ser juzgado ni puede defenderse de los ataques de los vivos, aunque tampoco es que le vaya a importar mucho a estas alturas. Tanta paz lleves como descanso dejas, como diría alguno. La historia judicial está repleta de antecedentes de “culpar al muerto”, como ocurrió en el denominado caso Ollero y el cobro de comisiones por las obras públicas en maletines (antes no se usaban tanto los paraísos fiscales y las cuentas opacas en bancos internacionales, sino que se recurría al metálico).
Algo parecido ha ocurrido con el sumario en torno a la trama para el cobro de tasas ilegales relacionadas con los transportes especiales y para la retirada de multas a cambio de dinero. En octubre del año pasado, la juez de Instrucción número 8 de Sevilla, Reyes Flores, decidió dar carpetazo a esta investigación que se inició en 2010 y en la que figuraban como imputadas 17 personas, de las cuales 12 son policías locales (dos subinspectores, un subinspector ya jubilado, y nueve agentes, ente ellos, uno jubilado) que pertenecen o habían pertenecido a la unidad de Tráfico-Motoristas, mientras que las otras cinco son un tramitador de documentos administrativos y cuatro trabajadores de las empresas de grúas.
En esta investigación había otro policía local más imputado, pero falleció durante la instrucción, al igual que le ocurrió a la magistrada que entonces dirigía el juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla, lo que ralentizó aún más esta investigación que data de 2010.
La muerte del “cabecilla” de la trama, según explicó en su momento la instructora, fue uno de los elementos que determinaron el sobreseimiento de la causa.
Pero la Fiscalía de Sevilla recurrió este archivo considerando que al menos en la cuestión de los servicios especiales y las tasas no cobradas por el Ayuntamiento –quien por cierto dio por bueno el archivo de la causa–, sí se había cometido un delito de cohecho.
La juez Reyes Flores ha vuelto ahora a dictar un auto, en el que rechaza el recurso de reforma del Ministerio Fiscal y confirma el archivo de la causa porque, sostiene, “no se derivan de la instrucción practicada indicios suficientes” del delito de cohecho imputado a los policías y a las persona físicas.
Dice la instructora que la conducta que “más claramente resultaba, en la investigación policial, encuadrable en su caso” en la figura del cohecho es precisamente la del agente fallecido, “que pudiera entenderse que recibía dinero a cambio de realizar trabajos no sólo en su horario de descanso, para la empresa Grúas Lozano, sino que incluso convencía o presionaba a otros agentes para que le prestasen auxilio”.
La magistrada recuerda que “no se ha podido completar la instrucción a este respecto, dado el fallecimiento del mismo, sin que puedan determinarse hechos concretos, actuaciones con tales componentes objetivos y subjetivos, que sirvan de base a la formalización de una imputación para la continuación del procedimiento”.
En el auto, recuerda la declaración de varios de los imputados, como un gestor que afirmó que la expresión relativa a que se repartían el dinero entre los agentes “era una broma” y que la multa de la que hablaban no fue finalmente recurrida.
Otro de los agentes imputados declaró que nunca tuvo ninguna comunicación verbal ni por escrito de ningún agente por las presuntas irregularidades en el tema de las multas, si bien reconoció que cuando otro policía denunció la pérdida de algunas denuncias, “él puso orden pasando todas las denuncias de la oficina a un cajón con llave de su despacho” y asegurando que finalmente se tramitaron “todas”.
Los testigos, prosigue la juez, únicamente refieren “elementos indiciarios en cuanto a las noticias de que desaparecían boletines de denuncia, que alguno de ellos lo comunicó a los mandos y que se adoptaron medidas, mas no introducen elemento alguno relativo a la autoría de tales hechos”.
Sobre la aplicación de la ordenanza fiscal por servicios especiales, en cortes de calles y acompañamientos de transportes especiales, que se tramitaban mediante los papeles de pago de tasa que se gestionaban en la propia unidad de Tráfico o a través de valoraciones emitidas por la unidad de operaciones, la juez recuerda que el agente encargado de efectuar la liquidación de esos pagos declaró que fue el policía fallecido “quien elaboró e imprimió los nuevos modelos para el cobro de tasa” y añadió que dicha liquidación la podía hacer cualquiera cuando él estaba fuera de la oficina.
Otro agente negó que trabajara para el agente difunto, “de quien sabía que trabajaba para Grúas Lozano, ignorando que su actuación fuese irregular”. También alude la juez al gerente de la empresa de grúas, quien dijo que el fallecido trabajaba en la entidad “antes de llegar él y era este agente quien hizo constar los conceptos de gratificaciones a cobrar que se incluían en consecuencia por su empresa en los costes presupuestados”.
Otro policía reconoció haber prestado servicios encargados por el difunto, pero alegó que desconocía que fuesen “incompatibles con su labor profesional” y añadió que a veces recibió del mimo pequeñas cantidades, de unos “30 o 40 euros”, pero lo hizo “siempre sin uniforme y en su tiempo libre”, algo que en lo que también coincidieron otros dos imputados.
Y otro de los agentes aseguró que fue él quien elaboró una propuesta de protocolo para unificar los acompañamientos de transportes especiales, que se aplica desde enero de 2008, aunque no con referencia al pago de las tasas.
En el anterior auto, el dictado en octubre pasado, la juez explicó que aunque la “prolija investigación” realizada por el extinto Grupo Especial de Policía Local (Gepol) arrojó “indicios aislados, hechos concretos y noticias sobre posibles actuaciones de los agentes implicados a cambio de dinero, no ha podido precisarse transacción económica o entrega alguna; quizás esencialmente motivado por el fallecimiento del principal encausado, a cuyas órdenes e incluso bajo cuya presión, actuaban en su caso los agentes imputados”.
Lo dicho. No hay nada que no pueda arreglar en una investigación un imputado fallecido…

  • EBER

    Pues ahora,los q se han librado… tratados como héroes… por los que son de su misma condición.

  • Enrique Sevilla

    Que vergüenza, si todos cobraban dinero en mano fuera de nomina, según han declarado, como que no se aprecia delito alguno? esto huele que apesta.


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