Un ‘salvoconducto’ para las 85 piezas

Jorge Muñoz | 14 de mayo de 2017 a las 2:00

 

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La juez María Núñez Bolaños, fotografiada en su despacho.

La trascendencia del auto dictado por la Audiencia de Sevilla sobre los ERE quedó eclipsada por la recusación del magistrado Pedro Izquierdo, que ha sido apartado del juicio a Chaves y Griñán por haber sido secretario de Justicia en los gobiernos de ambos. Coincidiendo con esta noticia, la Sección Séptima de la Audiencia dictó esta otra resolución que supone un vuelco en el devenir de la macrocausa de los ERE, al haber apartado al ex director general de Idea Jacinto Cañete de la causa en la que se investiga la ayuda de 880.000 euros concedida a la empresa Bética Industrial porque el tribunal entiende que, como esta persona ya está procesada en la “pieza política”, se ha generado una situación procesal de “duplicidad de procesos sobre los mismos hechos”.
En la práctica y extrapolando esta resolución a los otros ex altos cargos, esto significa que aparentemente sólo habría un solo juicio para cada acusado y estos no tendrían que sentarse en el banquillo en las distintas piezas separadas que se han abierto y se siguen abriendo conforme se van recibiendo los atestados de la Guardia Civil.
La medida beneficiaría sobremanera a los que, en esta sección, hemos denominado los “sospechosos habituales” de los ERE, los ex altos cargos que, por haber intervenido en la concesión de la totalidad de las ayudas, han sido imputados sucesivamente en cada una de las piezas. La juez María Núñez Bolaños, que investiga la macrocausa, mantiene abiertas alrededor de 85 piezas separadas y en la mayoría de éstas figurarían el ex director de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero o el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, dos de los “sospechosos habituales”.
La importancia para la investigación de ese auto, que tiene fecha del 4 de mayo, tendrá que ponderarla ahora la instructora y aquí es dónde surgen más incógnitas que certidumbres. Para empezar porque la Audiencia se está refiriendo únicamente a los 22 ex altos cargos que están procesados en la causa del denominado “procedimiento específico” –a Chaves y Griñán no les afecta porque sobre los mismos no pesan imputaciones en otras causas–, de lo que se deduce que el resto de las piezas continuaría contra el resto de imputados que figuran en las mismas, como los empresarios que recibieron esas ayudas.
Sin embargo, la instructora podría entender que esa duplicidad de hechos advertida por el tribunal afectaría a todos los imputados –incluso a los beneficiarios de las ayudas– y, en consecuencia, podría decidir el archivo de cada causa completa, como hizo en el caso de las ayudas a la empresa Azucareras Reunidas de Jaén –donde no había intrusos y la juez entendía que la ayuda no podía considerarse injusta, con independencia de que el procedimiento empleado para la concesión de las ayudas fuese inadecuado–, que la instructora acabó archivando y que la Audiencia de Sevilla ha reabierto recientemente.
Será interesante conocer la opinión de la Fiscalía Anticorrupción ante este auto que algunos consideran que viene a avalar la tesis que en su día mantuvo la juez Mercedes Alaya sobre la inescindibilidad de la causa y la imposibilidad de su fragmentación en piezas separadas. Alaya argumentaba que la causa de los ERE no podía dividirse, lo que a la larga implicaba celebrar un macrojuicio imposible con la totalidad de los imputados, que podrían superar los 300.
Pero la duplicidad en los hechos ha apreciado el tribunal en el caso del ex alto cargo puede que no beneficie a todos en todas las causas. Me explico. Hay algunas investigaciones que parecen tener una clara diferenciación con respecto a la “pieza política”, como es el caso de las ayudas que el ex director de Trabajo Javier Guerrero gastó en regalos y cocaína, a través de las ayudas que por importe de 1,4 millones concedió su chófer, Juan Francisco Trujillo.
Y lo mismo puede decirse, entre otras, de la pieza en la que se investigan las sobrecomisiones abonadas en las pólizas suscritas para el pago de las ayudas, en la que hay ya 38 imputados por un sobrecoste cuantificado en 66 millones, entre los que se encuentran también Javier Guerrero y su chófer.
Tanto las ayudas al chófer como las sobrecomisiones están diferenciadas claramente del procedimiento específico, las transferencias de financiación y la partida 31L, por lo que pueden quedar excluidas del indulto o salvoconducto concedido por la Audiencia para ser enjuiciados una sola vez.
Pero lo que puede beneficiar a la mayoría de los ex altos cargos imputados, puede perjudicar por el contrario a los cuatro que fueron exculpados a última hora por la Audiencia. Es el caso de los ex viceconsejeros Justo Mañas y Gonzalo Suárez, el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Daniel Alberto Rivera, y el ex director general de Idea Antonio Valverde. Si algunos de éstos aparece en otra u otras piezas distintas sí que podrían ser enjuiciados aunque hayan sido exculpados en el procedimiento específico.
El auto de la Audiencia, en lugar de aliviar las macrocausas parece que va a generar nuevos enredos jurídicos, porque legalmente, como dice el tribunal, ni siquiera se ha podido acordar el archivo, sino “dejar sin efecto” que el proceso se dirija contra el ex alto cargo.

 

 

VISTO PARA SENTENCIA

 

El PP logró quitar al juez de Chaves y Griñán

El presidente de la Sección Primera de la Audiencia, Pedro Izquierdo.

El presidente de la Sección Primera de la Audiencia, Pedro Izquierdo.

*La recusación planteada por los abogados del PP Luis García Navarro y Lourdes Fuster ha logrado apartar al juez Pedro Izquierdo del juicio a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y a otros 20 ex altos cargos en la “pieza política” de los ERE. El magistrado no encajó muy bien la decisión de sus compañeros de la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla de estimar que concurría una causa de recusación, por el interés directo o indirecto en el pleito, tras haber pasado seis años en la Junta de Andalucía, como secretario general para la Justicia. En esta misma página hemos dicho con anterioridad que, si nos atenemos a la ley orgánica del Poder Judicial no existe causa legal para recusar al magistrado, de cuya honestidad y profesionalidad nadie duda. Sin embargo, como reza una máxima judicial, el juez no debe ser sólo independiente e imparcial, sino parecerlo, como señala el proverbio romano sobre la honradez de la mujer del César.

 

El ladrón que pidió un “justificante” del arresto

Ocurrió recientemente en un juzgado de guardia, adonde había sido conducido un detenido por un robo con violencia e intimidación. El arrestado se había mostrado durante toda la comparecencia con una actitud chulesca y cuando el funcionario del juzgado le notificó el auto de libertad, ni corto ni perezoso, le pidió un “justificante” de su estancia en los juzgados.

–¡Qué mejor justificante quiere que el auto de libertad que le acabo de notificar! –replicó el funcionario.

–No me ha entendido, es que quiero un justificante de haber estado en el juzgado de guardia hasta ahora –respondió el detenido con el mismo tono que había mostrado desde su llegada a la sede judicial.

–¡Pues ahí tiene el auto! –insistió el trabajador.

La respuesta enojó al arrestado, quien replicó:

–¡Esto es lo nunca visto!

–Efectivamente, en mis más de 20 años de ejercicio profesional nunca he visto una petición como ésta –zanjó el funcionario.


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