Tocan a rebato en los ERE

Jorge Muñoz | 6 de agosto de 2017 a las 2:00

Los fiscales delegados de Anticorrupción conversan con uno de los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).

Los fiscales delegados de Anticorrupción conversan con uno de los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).

Después de muchos amagos y escarceos no concretados, uno de los abogados defensores en la macrocausa de los ERE ha tocado a rebato contra el pilar fundamental de la acusación: el informe pericial elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que recoge las supuestas irregularidades detectadas en la concesión durante una década de las ayudas públicas de la Junta de Andalucía.
La defensa del ex directivo de Vitalia Antonio Albarracín solicitó a la juez María Núñez Bolaños y la instructora así lo ha acordado, requerir a la dirección general de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales –ahora denominado Ministerio de Empleo y Seguridad Social– para que aporte la relación de “ayudas extraordinarias para prejubilaciones” concedidas entre los años 2001 y 2011, indicando en cuáles de ellas se realizó “concurso público y con aportación de la documentación que acredite la celebración de esos concursos, caso de haberse llevado a cabo”.
La juez también ha pedido al Gobierno central que informe sobre si las ayudas extraordinarias eran “finalmente ingresadas por algún organismo estatal o por la subdelegación del Gobierno, a las compañías de seguros que les indicaban las empresas tomadoras del seguro o la representación sindical, solicitantes ambas de las ayudas, sin realizar ningún tipo de comprobación respecto a si era o no adecuado el coste de la póliza de seguros”.
El abogado de Albarracín justificó la petición de esta información al Gobierno porque, cuando se han cumplido “más de cinco años de instrucción, se ha dado por bueno entre otros por los peritos de la dirección general de Seguros, que en todas las ayudas de la Administración para prejubilaciones se utilizaba la convocatoria de concursos públicos, y esto, como se pone de manifiesto en el procedimiento, no ha sido así, al menos respecto a las 15 ayudas extraordinarias concedidas para la minería de Huelva en donde no consta concurso público alguno”.
Estos extremos se comprueban, según la defensa, en la documentación aportada por la Subdelegación del Gobierno en Huelva relativa a la empresas mineras de la Faja Pirítica. Y añade que tampoco se habrían realizado concursos públicos para el resto de ayudas extraordinarias para prejubilaciones concedidas por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, “circunstancia ésta nada anormal, al haberse aplicado la orden ministerial de 5 de abril de 1995”.
¿Qué pretende acreditar la defensa al reclamar esta información al Gobierno central? ¿Qué consecuencias puede tener para la macrocausa de los ERE? Con esta actuación, que otros investigados como el abogado Carlos Leal Bonmati llevan planteando desde hace bastante tiempo, se pretende atacar la pieza clave de la causa: el informe realizado por los peritos de la IGAE, quienes consideran “inadecuado” e “improcedente” el uso de las transferencias de financiación para el pago de las ayudas de los ERE, lo que impidió la “fiscalización previa” según estos expertos. El informe pericial sostiene asimismo que las subvenciones se concedieron con discrecionalidad, prescindiendo “absolutamente del procedimiento administrativo” a la hora de otorgar estas ayudas.
Supongamos que la documentación que tiene que remitir ahora el departamento de Fátima Báñez corrobora que durante esa misma década investigada en Andalucía el Ejecutivo central estuvo concediendo ayudas de la misma forma, de manera discrecional, sin observarse las rígidas formalidades de las subvenciones y sin ser intervenidas por la IGAE.
Y supongamos también que la documentación remitida al juzgado acredite que los mismos peritos que han elaborado el contundente informe sobre los ERE de Andalucía, o sus subordinados en la IGAE, hayan avalado el procedimiento o sistema por el que se concedieron esas ayudas estatales, al amparo de las mismas normativas por la que se concedieron la de los ERE de Andalucía.
El resultado sería que se habrían aplicado dos criterios radicalmente opuestos en uno u otro caso. Lo que se consideró completamente legal en las ayudas en las que intervino elGobierno central se tornaría en un cúmulo de ilegalidades y de delitos en el caso de las ayudas de los ERE.
Sería interesante conocer qué explicación podrían dar en ese supuesto los peritos de la IGAE, porque en ese supuesto podrían incluso derivarse supuestas responsabilidades.
Y en el caso de que se acreditaran todos esos extremos, el informe pericial con el que las acusaciones llegarán al juicio por el denominado “procedimiento específico” que se inicia el próximo mes de diciembre, quedaría bastante tocado, por no decir hundido. Y sin la base de la acusación, el juicio contra los 22 ex altos cargos, entre los que se encuentran los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, podría dar un giro radical.
El abogado Carlos Leal Bonmati, que figura como investigado en el caso de los ERE, defiende desde el inicio de la instrucción la legalidad del sistema aplicado en Andalucía para la concesión de estas ayudas, por cuanto considera que la normativa aplicable parte precisamente de que las ayudas se otorgan sin publicidad ni concurrencia.
El letrado cita la orden del Ministerio de Trabajo de 5 de octubre de 1994, sobre las ayudas previas a la jubilación ordinaria, y otra orden del mismo ministerio de 5 de abril de 1995, en relación con las ayudas a los trabajadores afectados por procesos de reconversión y/o reestructuración de empresas. Para el abogado, basta con leer ambas disposiciones del Gobierno central para comprobar que la concesión de estas ayudas está exceptuada de los requisitos de publicidad y concurrencia, al tratarse de ayudas de concesión directa, debido al problema que se pretendía resolver, determinadas crisis empresariales que deben ser resueltas de manera urgente.
La caja de Pandora que supone solicitar la información de todas las subvenciones otorgadas durante una década por el Gobierno central ha sido abierta en la pieza en la que se investigan las ayudas concedidas a la faja Pirítica de Huelva, donde la juez María Núñez Bolaños tomará declaración como investigados el próximo 17 de octubre a dos ex altos cargos del Gobierno de Aznar.
Se trata Carmen de Miguel y Soledad Córdova, ex secretaria general de Empleo ex directora general de Trabajo del Ministerio de Trabajo que por entonces dirigía Eduardo Zaplana, respectivamente. En esta pieza, la juez ha imputado a seis ex altos cargos de la Junta y a los dos ex secretarios regionales de UGT y CCOO Manuel Pastrana y Francisco Carbonero. Asimismo, se comenta que puede haber alguna sorpresa a la hora de citar a los testigos de esta pieza, alguno de los cuales podría ser muy conocido.

 

VISTO PARA SENTENCIA

Adiós a uno de los “sospechosos habituales” de los ERE

SEV24.el consejero Antonio Fernandez en la comisión de los ERE..Diario de Sevila/MANUEL GOMEZ

El ex consejero de Empleo Antonio Fernández.

La Audiencia de Sevilla le ha dado también la razón al ex consejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández, quien sólo podrá ser enjuiciado en una ocasión por el fraude de los ERE. El tribunal ha apreciado en este caso, como ya hiciera recientemente con dos ex directores generales de la agencia Idea, que los hechos por los que van a ser juzgados en el denominado procedimiento específico de los ERE ya incluyen su presunta participación en el resto de cada una de las piezas de la macrocausa que se está investigando, por lo que en aplicación del principio legal non bis in ídem, la Sala acuerda dejar sin efecto su imputación la pieza de las ayudas a Surcolor/Surcolor Óptica. La exclusión de Antonio Fernández de esta pieza de los ERE –y de todas las demás en las que inicialmente pudiera ser citado como investigado–, según apunta su abogado, Alfonso Martínez del Hoyo, “sienta un criterio interpretativo, que por su extraordinaria claridad ahora ya sí puede considerarse como definitivo, en relación a la compleja controversia jurídica” que han mantenido durante meses. Y además, con esta decisión, la Audiencia abre la vía para el archivo de decenas de piezas en las que no se podrá imputar a los altos cargos que las concedieron, sobre todo en aquellas piezas en las que no haya intrusos y la imputación se produzca por el “mero hecho” de haber solicitado en su momento una ayuda a la Junta de Andalucía.

  • solan

    Estoy totalmente de acuerdo con “non bis in ídem”. Muy claro todo. Creo que también tendría que pedirse toda la documentación, es decir “entradas y salidas” del Ministerio de Trabajo desde 1,977 hasta el año actual. Esto ayudaría mucho a “agilizar” el proceso, además de demostrar que los ERES de Andalucía han sido todos conformes a la más estricta legalidad y por fín, en los albores del año 2.067 tendremos ya sentencia. Ojú, que alivio¡

  • juan

    Al final va a resultar que el dinero se lo llevó Queipo de Llano.

  • Ciro

    Esto que pasa en Andalucía, e parece mucho a lo que pasa en Venezuela, se quita y pone jueces para que no se investigue nada. De verguenza

  • JUAN PLAZA GONZALEZ

    EL DINERO QUE TENIA EL DE LA UGT, EL LANZA LE TOCO EN LA LOTERIA?? QUIEN APLICA LA LEY, LA JUEZA ALAYA, O LA BOLAÑOS?? Y EL LLERAS VUELVE A LA FISCALIA?? SE LE HABRÁ OLVIDADO DE DONDE VENIA Y QUIEN LO PUSO??? Y EL CGPJ QUE DICE??? ESTA ES LA IMAGEN QUE QUIEREN QUE TENGAMOS DE LOS JUEZES/AS DE ESTE PAIS??? Y MIRAN A VENEZUELA?? QUE PASA EN ANDALUCIA Y EN CATALUÑA CON LA JUSTICIA?? O ES PORQUE NO ESTAN JUZGADOS LOS DEL PP???. SOLO SE JUZGAN A !OS DEL PP ?? A ESO SE LE LLAMA INDEPENDENCIA JUDICIAL??

  • Uno q estaba arando...

    El PSOE, un cubo de basura. ¿ Bolaños ? pónganle nombre los lectores… Que magnífico nombre para un detergente…

  • Uno q estaba arando...

    Sr. Muñoz, se le ha escapado vivo, el asunto de JUANA RIVAS. A buen seguro UN HITO en Andalucía y España, por la importancia del asunto, y por lo atrincherado de las posiciones del Feminismo Radical en Andalucía al que da cobijo el PSOE. Lástima. Me hubiese gustado conocer su ” perspectiva “. Buenas vacaciones.

  • sistémico

    La fiscalia en venezuela tambien ha sido repudiada.
    eso no lo dicen los medios. Comparan en lo que interesa, pura manipulacion.

    Se irán de rositas.
    http://m.eldiadecordoba.es/andalucia/Fiscalia-critica-Audiencia-cambio-ERE_0_1162683738.html
    ppsoe: pacto por la corrupcion tapada.bipartidismo puro.
    Sra juez Alaya, Ahora comprendes de la traicion del pp de madrid?

  • sistémico

    Al pp ,venezuela molesta mas de lo que nos pensamos, es como gadafi a zarkozy ,asi terminaron corruptos y satrapas. La historia se repite pero con medios distintos.
    http://www.elmundo.es/espana/2017/08/09/598a0afc22601d58478b457e.html


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