Abogados y procuradores bajo sospecha

Jorge Muñoz | 10 de septiembre de 2017 a las 2:00

Foto Abogado-de-traje

 

Hacienda somos todos, incluidos los abogados y procuradores. La Agencia Tributaria ha situado en su punto de mira a estos colectivos profesionales, después de que haya solicitado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y se haya autorizado por el máximo órgano de gobierno de los jueces la cesión al departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de la información relativa a la participación de abogados y procuradores en “todos los procedimientos judiciales durante los años 2014, 2015 y 2016”.  Se trata de una medida indiscriminada que afecta a casi 23 millones de asuntos judiciales en los que han intervenido los más de 100.000 abogados y 10.000 procuradores que hay en España.
La medida no ha sentado nada bien entre los profesionales, cuyos colegios ya se han puesto a trabajar para recurrir la cesión de estos datos. Abogados y procuradores coinciden en que se siembran importantes sombras de dudas y sospechas de fraude fiscal sobre ambos colectivos.
Lo cierto es que tienen razón, en parte, porque esta actuación tributaria sitúa bajo sospecha a todo el colectivo. Pedir todas las intervenciones en los tribunales de los abogados y procuradores de toda España y de los últimos tres años, supone someter a una inspección a todos estos profesionales, hayan dado o no motivos a Hacienda para iniciar esa actuación inspectora ante un posible fraude. Otra cosa es que la Administración, en el ejercicio de sus competencias, pueda inspeccionar a ambos colectivos, como ocurre con el resto de los trabajadores y cotizantes.
El decano de los abogados de Sevilla y uno de los vicepresidentes del Consejo General de la Abogacía Española, José Joaquín Gallardo, considera que la solicitud por la Agencia Tributaria de toda la información judicial de los últimos tres años es “manifiestamente ilegal, por ser una solicitud de información de carácter masivo e indiscriminado”. Para Gallardo, no existe motivación que pueda justificar esa solicitud general, pues “sólo se puede requerir esa información cuando existan razones que la justifiquen respecto de concretos administrados”.
Además, el decano explica que así lo han declarado ya algunos Tribunales económico-administrativos en supuestos de “información masiva” solicitadas por la AEAT a Colegios de Abogados, y recuerda que el Consejo General de la Abogacía Española ya ha acordado recurrir ante el Tribunal Supremo la decisión de autorizar la cesión de toda esa información a la Agencia Tributaria y pedirá la suspensión de la efectividad de la autorización.
“Es jurídica y políticamente inadmisible que se señale a todo el colectivo profesional de la Abogacía española, compuesto por más de 100.000 letrados, como sospechoso de incumplir la legalidad fiscal y de ser defraudadores”, asevera José Joaquín Gallardo.
En la misma línea se pronuncia la decana de los procuradores de Sevilla, Isabel Escartín, quien señala que la decisión del CGPJ supone situar a dichos profesionales “bajo una sospecha generalizada y desmedida como defraudadores fiscales en ningún caso ajustada a la realidad, al atender los procuradores el cumplimiento de las obligaciones tributarias legalmente establecidas”.
Los profesionales de la procura, prosigue Escartín, “colaboran con el fisco español y no resulta justificado” lo que aparentemente se expresa como una acusación de incumplimiento en general. El acuerdo permite requerimientos avalándolos de manera que se realicen “careciendo de motivación suficiente” y sin la concreción exigida legalmente en otros supuestos semejantes de solicitud de información, como lo han sido a colegios profesionales, según las propias resoluciones de los tribunales económicos administrativos que los han resuelto en estos casos.
El Consejo General de Procuradores de España también estudia la presentación de un recurso y la solicitud de suspensión cautelar de la aplicación del citado acuerdo.
El conflicto se inició con la resolución del pasado 20 de julio de la Comisión Permanente del CGPJ, que decidió informar favorablemente a la petición de información de la Agencia Tributaria, en virtud de un informe del gabinete técnico de junio de este mismo año. El acuerdo del Consejo se ha comunicado al presidente de la Audiencia Nacional y de los tribunales superiores de Justicia para su “conocimiento y difusión entre los órganos judiciales” para que, “en atención a lo pedido por la AEAT, decidan sobre este requerimiento a la luz de las consideraciones recogidas” en el informe del gabinete técnico, en su condición de responsables de los ficheros jurisdiccionales.
El acuerdo se ha notificado además a los funcionarios de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) y también al Ministerio de Justicia y al resto de administraciones públicas competentes en la dotación de medios materiales a la Justicia, en este caso a la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, que son las encargadas del tratamiento de los datos personales de los ficheros jurisdiccionales.
El informe del gabinete técnico del CGPJ se mostró favorable a la cesión de la información requerida por el fisco, salvo en un punto relativo a la “identificación del cliente” de cada procedimiento judicial. A este respecto, advierte el CGPJ que “a menos que se acreditase su pertinencia y trascendencia tributaria por la requirente, la cesión de datos solicitada sólo debería referirse a los datos identificativos del procedimiento (número de autos y tipo de procedimiento) y de los abogados y procuradores que intervengan en el mismo”. La identificación del cliente “no parece ser relevante ni tener trascendencia tributaria respecto de las actuaciones de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que, según el requerimiento remitido, se contrae a la participación de abogados y procuradores en las actuaciones que tienen encomendadas, sin que se justifique ni motive en el requerimiento la necesidad de este dato personal ni la trascendencia o relevancia tributaria que pueda tener para las actuaciones referidas”.
En cambio, sí se facilitarán la identificación del abogado y procurado, la fecha de inicio de la intervención en cada procedimiento y el cese, en su caso así como el “importe del litigio”, todo ello relativo a los procedimientos de los últimos tres años.
El informe señala que la cesión de los datos no requiere el consentimiento del afectado y recuerda la “existencia de un deber de colaboración con la Administración Tributaria, que implica el deber de comunicación de los datos que revistan trascendencia tributaria y sean necesarios para el ejercicio por dicha Administración de las potestades que la ley le atribuye”.


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