Del Alayismo al Bolañismo

Jorge Muñoz | 1 de octubre de 2017 a las 2:00

bolaños

La juez María Núñez Bolaños, fotografiada en su despacho de los juzgados de Sevilla.

 Desde que asumió la instrucción de las macrocausas, la juez María Núñez Bolaños ha dictado tres importantes autos que revelan sus opiniones sobre cómo deben culminar las investigaciones

La juez Mercedes Alaya montó durante más de cuatro años (2011-2014) la teoría de la conspiración y confabulación en torno al fraude de la macrocausa de los ERE y su sucesora, María Núñez Bolaños, lleva más de dos años bajando el balón al suelo, desmontando y deconstruyendo la pirámide de responsabilidades que dibujó Alaya. Para la primera instructora todo lo relacionado con las ayudas de los ERE era claramente delictivo, desde la concesión de las mismas mediante un procedimiento administrativo inadecuado hasta la solicitud por parte de los beneficiarios, que eran llamados por Alaya al procedimiento en calidad de imputados, aunque tuvieran derecho a percibir las subvenciones y no pertenecían al grupo de los denominados intrusos, que por cierto han quedado reducidos a sólo 60, un 1% de los más de 6.000 trabajadores que en su momento se beneficiaron de estas ayudas.
Pero no piensen que Bolaños ha tenido que acudir a complicados razonamientos jurídicos ni bucear por las bases de datos –ahora digitales– de Aranzadi buscando jurisprudencia de órganos superiores como el Tribunal Supremo. No, ni mucho menos. A esta juez tan denostada en su día por Alaya le ha bastado únicamente recurrir a su sentido común, porque los jueces deben aplicar la ley, evidentemente, pero también el sentido común, la lógica y la razón.
Al igual que hubo una serie de autos en las macrocausas que marcaron las directrices del Alayismo, en los últimos años hay tres resoluciones que sustentan lo que es y será el Bolañismo. La última de estas resoluciones ha sido dictada esta misma semana en una de las piezas de investigación de los ERE, la relacionada con las ayudas concedidas por importe de 3,3 millones a la empresa Valeo Iluminación. La juez reflexiona en esta resolución sobre el papel que pueden jugar en el fraude de los ERE los beneficiarios de las ayudas y concluye que “el ciudadano cuando se dirige a cualquier administración desconoce cuál es el trámite legal adecuado” para solicitar una ayuda, por lo que “si un ciudadano pide una beca o cualquier ayuda a la Administración, sea ésta local, autonómica o estatal, se limita a cumplimentar los requisitos que desde la propia administración le exigen”.
Esta visión de Bolaños colisiona frontalmente con la que durante años sostuvo Alaya, con el aval sin fisuras de la Fiscalía Anticorrupción y la santificación por parte de la ilustrísima Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, la misma que ahora, según lamenta públicamente el Ministerio Público, le ha cambiado las reglas al permitir que los ex altos cargos sólo se sometan a un único juicio, el del denominado “procedimiento específico”, la pieza política de la macrocausa.
La argumentación de Bolaños en ese auto parece atacar uno de los cimientos del Alayismo, al afirmar que pretender que el ciudadano que solicita la subvención debe entender el marco legal administrativo que rige su actuación, si el órgano es o no competente, o si debió o no pedir otra documentación, “parece una petición que queda fuera de lo lógico y racional”, algo que se deba por hecho en la anterior etapa instructora, al estimar que todos tenían conocimiento de las irregularidades.
El razonamiento de Bolaños enlaza directamente con una petición reciente de la defensa de uno de los beneficiarios de las ayudas de los ERE, que ha solicitado el archivo de la causa al considerar que tras la decisión de la Audiencia de aplicar el non bis in ídem a los ex altos cargos imputados en la pieza del denominado “procedimiento específico” por la concesión de las subvenciones, no es posible juzgar por separado a los solicitantes de las mismas. Así lo ha expuesto el abogado Juan Carlos Alférez, que defiende a este empresario investigado en la pieza del Centro de Limpieza Industrial Huévar, quien asevera que es “conceptualmente imposible enjuiciar por separado a un presunto coautor-beneficiario de un delito de malversación de caudales públicos, sin que en el mismo proceso se enjuicie al autor principal del delito”.
Bolaños debe decidir ahora sobre esta solicitud, que puede dar un nuevo giro a la instrucción de una macrocausa que cada vez limita más su horizonte a que haya un único juicio o tan sólo varios más, a pesar de que se están investigando unas 200 ayudas.
En los otros dos autos que ilustran el Bolañismo, la instructora llega a aseverar, de un lado, que algunos de los imputados –ahora llamados de forma más elegante como investigados– no son mas que “víctimas de una macrocausa”; y de otro lado, que los jueces “no trabajan con papel”, porque “detrás de cada expediente o proceso hay familias y personas, por ello no es legítimo ni justificable utilizar maniobras para dilatar o mantener vivo un procedimiento”, en alusión a los recursos presentados contra el archivo de la pieza política de los cursos de formación.
Estas tres resoluciones marcan, por ahora, la era Bolaños al frente de las macrocausas. El presente y futuro de la herencia de las macroinvestigaciones que inició Alaya. Sólo el tiempo y el resultado de los juicios dirán cuál de las jueces estuvo más atinada en su enfoque de las macrocausas.

  • Fjas

    Sí, pero el daño ya está hecho, y el beneficio político, conseguido

  • Ya está bien

    La mano que mece la cuna por orden del PSOE

  • JULIO BLANCO ESCOBAR

    ESTÁ CLARO QUE LA ALAYA ACTUÓ COMO POLÍTICA ENEMIGA DEL PSOE Y LA BOLAÑOS, SÓLO COMO UNA AUTÉNTICA JURISTA. ES UNA DE LAS POCAS JUEZAS QUE ES DOCTOR EN DERECHO.


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