La bomba de los ERE

Jorge Muñoz | 7 de octubre de 2017 a las 2:00

El informe enviado a la juez Bolaños por el Ministerio de Empleo supone un nuevo giro en la macrocausa, al confirmar que el Gobierno central concedía las ayudas de la misma forma

CASO ERE. Declaran Chaves, Griñán y Viera . Que se hagan fotos de ambiente y de los jueces Bolaños y Álvaro

La bomba de los ERE ha estallado antes de que comience el juicio a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y sin necesidad de escuchar la artillería pesada que las defensas de los 22 ex altos cargos imputados en el caso van a desplegar en el trámite de las cuestiones previas al juicio, a partir del próximo 13 de diciembre. Desde hace unos meses se esperaba un informe del Ministerio de Empleo y Seguridad Social que puede ser clave a la hora de determinar la legalidad del sistema por el que se concedían las ayudas a las prejubilaciones por parte de la Junta de Andalucía entre los años 2001 y 2011.
Ese informe, que firma el director general de Empleo del Ministerio, Javier Thibault Aranda, corrobora que durante la misma década, el Gobierno central concedió 220 ayudas extraordinarias por un importe global aproximado de unos 300 millones de euros, y lo hizo “directamente” y sin concurso público, al igual que el Gobierno andaluz en los ERE.
Las ayudas del Ejecutivo central –que se siguen concediendo de la misma forma– estaban amparadas en la orden del Ministerio de 5 de abril de 1995 y para pedirlas sólo se requería la solicitud por la empresa y los trabajadores, o sólo por estos últimos, acompañando una “memoria explicativa en la que constasen los motivos por los que se solicitaba, la cobertura y el coste económico individualizado”. Es decir, los requisitos eran los mismos que se pedían en las ayudas de la Junta.
¿Quiere esto decir que todas las ayudas concedidas por la Junta eran correctas o legales? No, porque en algunas se han detectado flagrantes irregularidades, como por ejemplo la presencia de los intrusos, o aquellas que concedió el director general de Trabajo Javier Guerrero a su chófer sin amparo alguno. Pero que haya casos concretos de irregularidades y posibles delitos, no implica que la totalidad de las mismas fuesen otorgadas de forma ilegal.
Desde el PP, que ejerce la acusación particular en el caso de los ERE, y desde el Gobierno central se afanan en defender tras conocerse el informe del Ministerio de Empleo que hay una diferencia “clara” entre unas y otras ayudas, porque las primeras estaban amparadas en esa orden ministerial y las otras se hicieron sin normativa.
Para desmontar este argumento basta con acudir al auto del juez Álvaro Martín que procesó a los ex presidentes de la Junta, donde el magistrado los acusa de haber impulsado la creación y el mantenimiento durante una década de un “procedimiento particularísimo” para otorgar las ayudas –conocido como el procedimiento específico–, conociendo ambos tanto los mecanismos de las transferencias de financiación y las modificaciones presupuestarias, como la falta de un procedimiento dotado de las “mínimas y elementales garantías para el reparto de las ayudas”.

CASO ERE. Declaran Chaves, Griñán y Viera . Que se hagan fotos de ambiente y de los jueces Bolaños y Álvaro
Había por tanto un procedimiento específico que regulaba –bien o mal– dicha concesión, pero lo regulaba, y es ahora la Justicia la que debe analizar en el juicio si el procedimiento fue legal o no.
La base que sustenta la acusación de los ERE es el informe de los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que considera “inadecuado” e “improcedente” el uso de las transferencias de financiación para pagar las ayudas, porque se impedía la “fiscalización previa” y además se concedieron con discrecionalidad –como las que otorgó el Ejecutivo central–, prescindiendo “absolutamente del procedimiento administrativo” y sin aplicar los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación que regula la ley general de Subvenciones –como ocurre en el caso de las subvenciones estatales–.
Es más, en la instrucción judicial de los ERE se están investigando la totalidad de las ayudas concedidas, algo que no se ha hecho con las 220 subvenciones otorgadas por el Ejecutivo central. Supongamos que una juez decidiera ahora abrir otra causa para escudriñar todas esas 220 ayudas estatales. ¿Alguien puede garantizar que en las mismas no haya ninguna irregularidad? También cabe preguntarse si aguantarían las ayudas del Estado el mismo escrutinio que en su día hizo la juez Alaya de las subvenciones de la Junta. Y cabe recordar que la juez Bolaños ha citado a declarar como investigados el día 17 a dos ex altos cargos del Gobierno de Aznar por las ayudas a los mineros de la Faja Pirítica.
Insisto. Es evidente que hubo irregularidades en los ERE, que se concedieron algunas ayudas por amistad o afinidades políticas de los responsables en su momento de la Consejería de Empleo, pero de ahí a sostener que hubo una confabulación o una trama organizada para cometer el fraude hay un auténtico abismo, el mismo que puede separar las acusaciones realizadas en la fase de instrucción y los “hechos probados” que sean acogidos en la sentencia que se dice en su día.

  • Pepe Gurtel

    Al final la verdad siempre sale a flote y va a quedar demostrado el “Alayazo”. No siendo posible La Conquista Pepera de Andalucía Democráticamente por los votos, recurrieron a estos tejemanejes y las piedras lanzadas van a resultar que les van a caer sobre su propio tejado. Y encima tienen la suerte de que los Catalanes les han “tapado” la GÜRTEL.

  • Manuel Gómez

    De nuevo te felicito por tu valentía y buen juicio para extraer afortunadas y limpias conclusiones de documentos y asuntos la mar de abstrusos. Pero me gustaría aportar un matiz a tus consideraciones. Para restar importancia a este importante documento aportado por el Ministerio de Trabajo, desde una orilla partidista se está queriendo destacar que las subvenciones gestionadas por la Junta, al contrario que las del Estado, carecieron de una norma jurídica que les diera amparo. Se trata de un argumento arrojado a la desesperada por quienes observan que el montaje tan cuidadosamente preparado durante años, sin reparar en recursos, se empieza a desmoronar. En esta ocasión, en la acera de enfrente ha aparecido una feliz colisión de intereses. El Ministerio de Trabajo tiene a dos personas de alto rango implicadas en la causa. Por tanto, ahora no le ha quedado más remedio que aportar al proceso la verdad, oculta hasta ahora en el sumario, porque los anteriores instructores bloquearon toda iniciativa tendente a desvelarla. Y la verdad es que el Ministerio gestionó sus ayudas al amparo de una Orden que nada decía, como tú muy bien has destacado. Es decir, que permitía la mayor de las discrecionalidades a la Administración. Discrecionalidad, técnica de atribución de potestades perfectamente legítima y que no hay que confundir con arbitrariedad. Por no decir, esta Orden, ni siquiera calificaba de subvenciones las ayudas que ‘regulaba’, con la importancia que eso va a tener. Pues bien, el manoteo que se traen aquí ahora quienes vienen instrumentando el caso de los ERE desde hace más de un lustro para su provecho político, tratando de sostener que la Junta no actuó bajo una norma, acabará colisionando con los intereses de los dos altos cargos del Ministerio imputados. Pero, eso no es su peor defecto. La mayor debilidad de esta desesperada iniciativa es que carece por completo de soporte jurídico. La Orden del 95 pudo ser utilizada por la Junta como apoyo de su gestión, apelando a un elemental principio jurídico: el de la supletoriedad del Derecho estatal.

  • Mariavelez

    SrD. Manuel Gómez: Ahora vas y te lo crees.

    Ya podeis buscar las artimañas que querais, los ERES de Andaucía

    tienen “pedigrill”. Todos los sabemos. No intenteis poner ventilador, no cuela. Preguntar a Alaya, que ella si que lo sabe bien.

  • Manuel Gómez

    Pedigrill debe ser pié asado.

  • pilar

    jueza Alaya,ahora vas y lo cascas

  • jose

    En las prejubilaciones de los de Delphi tambien hubo y sigue habiendo corrupcion,prejubilar con 47 años y 3000 euros pagados por los andaluces no es normal. Ah y los sindicalistas prejubolados todos y los cinco mas jovenes colocados en la unica empresa que vino a Cadiz que por cierto era de la junta de Andalucia hasta que la regalo

  • Manuel Gómez

    Tienes razón, seguramente, José, pero esta entrada del blog de Jorge Muñoz no va de eso, sino acerca de si el procedimiento utilizado por la Junta era distinto al utilizado por el Estado y resulta que parece que eran muy similares ambos.


Comentar


Nombre (Obligatorio)

Correo electrónico (Obligatorio)

Página web (Opcional)

El autor, en este espacio, se limita a recoger la opinión y contenidos de los lectores, por lo que no se hace responsable de los mismos. Si encuentra algún texto ofensivo, erróneo o alguna opinión que no sea respetuosa, le rogamos que nos lo haga saber