Bolaños tiene el detonador de los ERE

Jorge Muñoz | 15 de octubre de 2017 a las 2:00

 Un grupo de imputados pide a la juez María Nuñez Bolaños que se pronuncie sobre las ayudas de los ERE fraudulentos estaban amparadas por la orden del Gobierno central de 1995

 

Ilustración: Rosell

Ilustración: Rosell

La semana pasada comentábamos en esta misma sección la bomba que había supuesto para el caso de los ERE fraudulentos el informe remitido al juzgado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en el que se confirmaba que el Gobierno central había actuado de la misma forma que la Junta de Andalucía a la hora de conceder las ayudas extraordinarias de los ERE, unas ayudas que se otorgaron directamente y sin concurso público. Esa era la primera vez que en un informe oficial remitido al juzgado se informaba del sistema de concesión de ayudas amparados en la orden ministerial del 5 de abril de 1995, la misma que algunos imputados habían señalado con anterioridad como norma supletoria al marco legal por el que se otorgaban las ayudas a las prejubilaciones en Andalucía.
De hecho, un grupo de nueve imputados presentó en noviembre del año pasado un extenso informe en el juzgado de María Núñez Bolaños sobre la aplicación de dicha normativa estatal y en el que reclamaban un pronunciamiento de la instructora que puede devenir fundamental para el futuro del caso. Este grupo de investigados pidió a la juez que se pronuncie sobre la “aplicabilidad” de la orden ministerial del 5 de abril de 1995 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a las ayudas sociolaborales que se investigan en la causa de los ERE, estableciendo si “dicha orden constituye el marco legal adecuado en el que se desenvuelven dichas ayudas”. Todo ello al amparo del artículo 24 de la Constitución Española, que consagra el derecho a la tutela judicial efectiva.
En el escrito, que tiene una extensión de 43 folios, las defensa de estos nueve imputados plantean asimismo a la magistrada que, de ser correcta la tesis que mantienen sobre la aplicabilidad de la norma estatal, esta “corrección afecte de modo positivo al contenido de la imputación que se ha efectuado” a estos investigados y “a todos cuanto se hayan en su situación procesal, en estas actuaciones, acordando lo que proceda sobre tal imputación, sobre su situación personal y patrimonial, sobre las fianza exigidas y sobre cualquier otra cuestión derivada de la adecuada aplicación de la ley”.
El documentado solicita a la juez que cite a declarar como testigo a tres altos cargos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, entre ellos Javier Thibault Aranda, director general del Ministerio de Empleo y autor del informe incorporado a la pieza de la Faja Pirítica de los ERE; a Juan Manuel Gutiérrez Hurtado, subdirector general; y a Raquel Pena Trigo, vicesecretaria general técnica.
Los imputados firmantes del escrito recuerdan que el informe pericial elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) concluye que la Junta carecía de competencia para otorgar ayudas sociolaborales, que podrían ser nulas de pleno derecho por carecer de marco legal en el que pudieran ser encuadradas. A esa conclusión, apuntan, “se llega per saltum, por considerar que la Junta sólo tendría competencias para ejecutar las disposiciones de la orden ministerial de 5 de octubre de 1994, que se refiere a ayudas previas a jubilaciones ordinarias, y que el sistema establecido carecía de soporte legal en lo referido a las ayudas concedidas a trabajadores que, fuera de la edad exigida para la jubilación o la jubilación anticipada, pertenecían a empresas en crisis”.
Pero la orden ministerial de 5 de abril de 1995, que regula las ayudas a trabajadores afectados por procesos de reconversión y/o reestructuración de empresas es “sistemáticamente ignorada por la IGAE en su informe de diciembre de 2013”.
Los investigados también critican que el Tribunal Supremo, en la exposición razonada que elaboró en relación a los ex presidentes de la Junta aforados, ha seguido “a pies juntillas y asume las conclusiones del informe de la IGAE y ni estudia ni analiza, ni siquiera contempla ni cita en una sola ocasión, la aplicabilidad, influencia, alcance y proyección en los hechos debatidos de la orden de 1995, que omite y obvia por completo”.
Este grupo de imputados concluye que la comunidad autónoma andaluza tiene “plena competencia para la gestión y abono con su propio presupuesto las ayudas sociolaborales que se discuten en el presente procedimiento” y considera “chocante” que la orden ministerial “nunca ha sido citada en el presente procedimiento, dado que con la misma se hubiera evitado casi toda esta instrucción”.
Las defensa han planteado a la juez que se pronuncie sobre estos extremos, aunque la cuestión no ha sido respondida por el juzgado. Bolaños tiene así en sus manos el detonador de la bomba de los ERE, la que puede acabar con el halo de ilegalidad que impregna a la causa desde el principio y dejarlo en aquellos casos en los que se han detectado irregularidades y fraude, como por ejemplo la inclusión de forma ilegal de los denominados intrusos. Y sin ayudas ilegales no habría causa de los ERE.
“¿Es la orden de 1995 un marco legal adecuado para servir de soporte a las ayudas sociolaborales concedidas y a las que se refiere el procedimiento?”. Esta es la pregunta que “permanece sin respuesta en este procedimiento, la interrogante que hasta ahora el juzgado no se ha atrevido a abordad, más allá de la negativa dogmática y axiomática contenida en la exposición razonada elevada por la anterior instructora al Tribunal Supremo”, y es la pregunta para la que “exigen respuesta”.
Los firmantes coinciden en la “plena aplicabilidad” de la orden de 1995 a las ayudas de la Junta, “no sólo porque existen en el procedimiento decenas de resoluciones que manifiestan que se dictan al amparo de dicha orden, sino porque les parece evidente que tales ayudas participan plenamente de la naturaleza de las articuladas” en dicha norma estatal, por lo que dichas ayudas eran competencia de la dirección general de Trabajo y no han de atenerse a los principios de concurrencia y publicidad, dado que la “discrecionalidad es una de las notas características de las ayudas articuladas en la orden de 1995”. Y además esta norma “no establece requisito ni tope alguno para la concesión de las ayudas, más allá que el de la pertenencia del trabajador beneficiario a una empresa o sector en crisis o en proceso de reestructuración”.
Así, señalan que todo parece indicar que, “salvo los casos concretos en que se haya acreditado fraude, las ayudas sociolaborales individuales concedidas por la Junta responden a verdaderas situaciones de necesidad y urgencia social, cuestión ésta que ha sido completamente ignorada en la instrucción, pese a su trascendencia jurídica”. Es más, prosiguen, en los expedientes de ayudas cofinanciados entre la Junta y el Ministerio de Trabajo se establece “expresamente” que la normativa a aplicar es la orden de 1995, toda vez que se trata de ayudas públicas individuales concedidas a ex trabajadores en situación de necesidad social con motivo de procesos de reestructuración de empresas.
De ahí que concluyan igualmente que la “inmensa mayoría” de las ayudas fueron concedidas en base a un “marco legal legítimo”, hasta el punto de que los errores en su tramitación, concesión o baremación podrán dar lugar a su nulidad o no, pero “no pueden conllevar su tipificación como delito”.
También entienden que la actuación de la Administración andaluza, a la vista de que existía un amplio encaje legal, “no puede ser tachada de negligente y mucho menos de dolosa”, y por último, afirman que el análisis jurídico penal “siempre es individualizado a una conducta y a unos hechos”, por lo que “no pude basarse en la eficacia, eficiencia o incluso legalidad u oportunidad de toda una administración valorada en su conjunto”.
Los nueve imputados que han solicitado este pronunciamiento a la juez son el ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas; el ex diputado del PSOE-A Ramón Díaz Alcaraz; el dueño de Uniter, José González Mata; Antonio Manuel Bustamante, presidente de Surcolor; Manuel Castilla Bustamante, consejero de Surcolor; María del Carmen García Sánchez, dueña del restaurante Río Grande; Antonio Albarracín Muñoz, ex directivo de Vitalia; Carlos Leal Bonmati, responsable de Estudios Jurídicos Villasís; y Fernando Mellet, ex director general de Mercasevilla.
Este grupo de investigados ha hecho esta reflexión seis años después del inicio de la instrucción de los ERE, cuando hay centenares de imputados y las responsabilidades civiles “ascienden a cifras astronómicas”, y entre los investigados, recuerdan, figuran “políticos, gestores públicos, funcionarios de alto y medio nivel, letrados de reputados despachos, mediadores de seguros, sindicalistas, empresarios, altos cargos que lo fueron del Gobierno central y los denominados intrusos”.
Además, critican que aunque se sigue hablando de “centenares de millones de euros defraudados”, el procedimiento se tramita “a espaldas de quienes se sabe fueron los receptores de ese dinero, a los que no se ha llamado al procedimiento en ninguna cualidad: ni como investigados, ni como testigos ni como partícipes a título lucrativo ni en ninguna otra condición”, asevera en alusión a los 6.000 trabajadores que se beneficiaron de las ayudas durante una década.
El hecho de que no se haya actuado contra los beneficiarios de las ayudas, prosiguen, debiera llevar a la “convicción de que la entregas de dinero, a pesar de hablarse de malversación, fueron legales, pues no se persigue a quienes fueron destinatarios de los fondos malversados, lo que de principio parece incompatible” con este delito.
Los nueve investigados se preguntar por qué la Tesorería General de la Seguridad Social “no advirtió” del presunto origen ilícito de los fondos que le valieron para la suscripción de los convenios con empresas y trabajadores, y “ni por qué el Estado, que realizo actuaciones al alimón con la Junta de Andalucía, no advirtió en su momento ilegalidad alguna en la actuación de los órganos autonómicos, a pesar de toda su inmensa maquinaria inspectora e interventora”.
También denuncian que mientras persisten muchos interrogantes sin respuesta, la causa avanza “a ritmo cansino” frente a unos investigados que ven cómo “su vida ha sido deshecha por completo, desde el punto de vista personal, familiar, político, social y económico”.


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