Caso de los ERE: El mismo marco legal

Jorge Muñoz | 29 de octubre de 2017 a las 2:00

Una declaración que corrobora el informe remitido recientemente a la juez María Núñez Bolaños por el director general de Empleo en el que se asegura que el Gobierno central concedió durante una década 220 ayudas extraordinarias sin concurso público, como ocurrió con la Junta en las ayudas de los ERE. La ex directora general de Trabajo del Ministerio Soledad Cordova –que ocupó el cargo entre 1991 y 2004– declaró como investigada el pasado 17 de octubre en la pieza separada de la Faja Pirítica onubense, en la que se investigan las prejubilaciones de centenares de mineros.
La juez Bolaños le preguntó en concreto en esa declaración si consideraba que la actuación de la Administración pública andaluza y de la Administración estatal en la concesión de este tipo de subvenciones –sin ningún tipo de concurrencia pública y de manera excepcional–, incurría “en algún tipo de ilegalidad”. La respuesta de Soledad Cordova fue contundente: “Para nada. Se han aplicado estrictamente los criterios de la orden de 1995. Estas ayudas, que son de aplicación directa, estaban perfectamente encardinadas dentro de la ley de subvenciones”, recoge la grabación de la declaración incorporada al sumario.

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La juez María Núñez Bolaños llega a los juzgados de Sevilla.

Es más, según esta ex alto cargo, con la vigente Ley de Subvenciones, que entró en vigor en febrero de 2004, “se ha adecuado la orden a las previsiones de la ley de subvenciones. Las ayudas siguen siendo las mismas y siguen pudiendo ser de adscripción directa, tanto las aplicadas por la Junta de Andalucía” como las del Estado.
En ese momento, la instructora intervino para puntualizar. “¿Quiere usted decir que el marco legal es el mismo?”, preguntó Bolaños. “Puede ser, claro, es que la concesión de este tipo de ayudas de aplicación directa puede hacerlo la Junta de Andalucía” porque tiene “plenas competencias en materia laboral”, respondió la ex directora general de Trabajo, que continuó diciendo lo siguiente: “es más en la orden de ayudas, no recuerdo si es en el artículo segundo o tercero, se contempla la posibilidad de no conceder las ayudas cuando bien alguna otra administración, o la empresa o entidad similar hubiera dado ayudas o similares a la de la orden, luego ya de entrada se está reconociendo” que pueden darse.
En el caso de la Faja Pirítica, la ex alto cargo insistió en que podían concederse dichas ayudas el final de ese mismo artículo “viene a decir que esa excepción se puede dar, como sería el caso de la Junta o en la Faja Pirítica cuando hay un reconocimiento en ese proceso de reestructuración entre las dos Administraciones, es decir que la Junta puede dar perfectamente las ayudas que vienen contempladas en la orden, lo que yo ya desconozco señoría es el procedimiento de concesión. No conozco las normas autonómicas, pero es que la Junta tiene competencia plena en las ayudas excepcionales”, agregó.
En ese mismo interrogatorio, la abogada que representa a Soledad Cordova le preguntó si el informe elaborado por la Guardia Civil sobre las ayudas a los mineros de la Faja Pirítica incurre en un “error” al afirmar que no existió una fiscalización previa de estas ayudas. Cordova explicó que “se han confundido los términos”, ya que, según dijo, “no se puede autorizar un gasto si no está retenido el crédito que garantice que ese gasto se va a llevar a cabo”. Por ello, indicó que hubo una “fiscalización previa en noviembre, la firma de la resolución [de concesión de las ayudas] es de 1 de diciembre, y el documento de pago del 2 de diciembre”, por lo que el procedimiento, a su juicio, se siguió con “total pulcritud”, algo que reconoce el propio informe pericial elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que es la base principal de la acusación en la macrocausa de los ERE fraudulentos.
La ex directora general de Empleo continuó explicando que la orden ministerial de 1995 sólo exige dos cosas para acogerse a estas ayudas directas: “Haber estado afectado por un expediente de despido colectivo y encontrarse en una situación de especial desprotección. Esos son los dos únicos junto con el evidente de que haya dotación presupuestaria, no hay ningún requisito de edad”.
La edad, prosiguió la ex alto cargo del Ministerio, es un criterio de “reparto del gasto, porque no nos olvidemos que en la Faja Pirítica hay un proceso de reestructuración de un sector y hay un acuerdo marco de medidas de acompañamiento laboral para los trabajadores excedentes de ese sector y hay un compromiso político de que las ayudas que se deriven de ese plan iban a ser cofinanciadas entre dos Administraciones”.
Uno de los errores de la Guardia Civil, según dijo, es que no se tuvo en cuenta un informe del Instituto Nacional de la Seguridad Social con respecto a las bonificaciones de la mina Aguas Teñidas, en la que no se valoran los coeficientes reductores por los trabajos realizados en otras minas”, por lo que tenía más de 55 años, concluyó.

 

VISTO PARA SENTENCIA

 

abogadosnd

Manolo Rus

El ejercicio de la abogacía en Nueva Delhi, en la calle y con máquinas de escribir

*La fotografía fue tomada esta semana por el periodista sevillano Manolo Rus en Nueva Delhi (India), con motivo de un viaje familiar que está realizando con su hija. En la imagen se observa a un grupo de abogados apostados en plena calle, a las puertas de los juzgados, ocupando el acerado con unas antiguas máquinas de escribir, para agilizar las gestiones de los ciudadanos. Hay algunos que cuelgan hasta un cartel (“Notary public/advocate”). Salvando las distancias, que evidentemente son enormes, aquí los letrados se quejan del Lexnet

  • Pepe Gürtel

    Basados en que la Ley es igual para todos, aquí o se empapela al Gobierno Central de la época por los mismos motivos o quedará demostrado que hubo una conspiración, a lo Fenandez Díaz, desde el Gobierno contra Andalucía. “O todos moros o todos cristianos” que dice el dicho popular. De continuar esta forma de hacer política barata de los PPatriotas no es de extrañar que empiecen a aparecer “puigdemont” por otras autonomías de este País.

  • Uno q estaba arando...

    El reloj de la CUENTA ATRÁS, está en marcha. Quedan 36 días, para JUZGAR el conjunto de actos mas ignominioso, contra el Pueblo Andaluz. Espero que no haya NI TRUCOS NI TRATOS con los DELINCUENTES del PSOE en ANDALUCÍA. ¿ Se agotará la JUSTICIA en PEDRO PACHECO ?


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