La famosa juez Alaya

Jorge Muñoz | 9 de noviembre de 2017 a las 2:00

 

La juez Mercedes Alaya, con la toga, presidiendo un juicio con jurado.

La juez Mercedes Alaya, con la toga, presidiendo un juicio con jurado.

¿Serían ustedes capaces de hacer más de 200 kilómetros para conocer a la “famosa” juez Mercedes Alaya? Pues hay quien sí está dispuesto. La anécdota ocurrió el pasado martes en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, donde su titular, María Núñez Bolaños, seguía con el calendario de declaraciones de personas investigadas en una de las piezas relacionadas con las supuestas irregularidades en la concesión de ayudas a la formación.
La juez Bolaños había citado a declarar a la ex directora general de Formación Profesional para el Empleo María José Lara, pero por un error en la identificación el juzgado la citación llegó a una vecina de Málaga que comparte nombre y apellido con esta ex alto cargo de la Junta. La citación se había producido con una antelación de al menos dos meses, pero la mujer citada, en lugar de dirigirse al juzgado para subsanar el error, no dijo nada y acudió puntualmente el pasado martes a la hora citada por el juzgado, haciéndolo además acompañada de una abogada, tal y como se le había requerido.
Antes de entrar en la Sala para prestar supuestamente declaración por unos cursos de formación de los que evidentemente esta mujer no tenía ni idea, en la secretaria del juzgado se aclaró el error, por lo que se le comunicó que no iba a ser necesario que pasaran a la sala de vistas donde Bolaños toma habitualmente las declaraciones a los imputados.
En ese momento y para asombro de los presentes, la letrada exclamó: “¡Total, que me voy a quedar sin conocer a la famosa Alaya…!”.
La cosa no quedó ahí, porque una vez ya dentro de la Sala, el fiscal recordó la situación producida y le dijo a la letrada, con cierta retranca, que para conocer a la famosa Alaya “viene usted un poco tarde”, puesto que hace más de dos años que Mercedes Alaya se marchó a la Audiencia y fue sustituida por María Núñez Bolaños. “Hay que leer el Hola y ver el Sálvame para estar al tanto de la actualidad judicial”, continuó bromeando el representante del Ministerio Público.
Un letrado defensor de otro investigado se sumó a la conversación para decir que “todos los periódicos no hay que leerlos”, en alusión a los últimos acontecimientos que han rodeado a la titular del juzgado, que ha inadmitido una recusación del PP contra ella. “Hay que leerlos todos”, concluyó el fiscal con el mismo tono jocoso.

La juez María Núñez Bolaños

La juez María Núñez Bolaños

  • Uno q estaba arando...

    El reloj de la CUENTA ATRÁS, está en marcha. Quedan 34 días, para JUZGAR el conjunto de actos mas ignominioso, contra el Pueblo Andaluz. Espero que no haya NI TRUCOS NI TRATOS con los DELINCUENTES del PSOE en ANDALUCÍA. ¿ Se agotará la JUSTICIA en PEDRO PACHECO ?… Parece que los redactores de tribunales, consideran que está muy lejos en el tiempo…

  • Uno q estaba arando...

    Hay que leerlos todos”, concluyó el fiscal con el mismo tono jocoso. ¿ Habrá leído el Fiscal este artículo que sigue? ¿ Que cree usted, Sr. Muñoz ?

    «El supuesto fraude de la formación es un bluf que se desinfla en los tribunales y que fue aireado por el PP tras una investigación sin fundamento de la Guardia Civil». Éste es más o menos el mantra que repiten una y otra vez desde el Gobierno andaluz para crear un nuevo estado de opinión sobre uno de los agujeros negros en la gestión de los gobiernos de la Junta. La tesis se sostiene fundamentalmente en la decisión de la juez María Núñez Bolaños de archivar (tras la petición de la Fiscalía) de la que se denomina pieza política del caso, la que investigaba una supuesta trama en la administración de la Junta dirigida a desviar sistemáticamente los fondos de la formación a empresas afines o vinculadas a las redes clientelares del PSOE andaluz.39 empresas vinculadas al PSOELa juez considera que no hay indicio alguno de que hubiera una red organizada para eludir los controles en el reparto y justificación de los fondos. Aunque en el mismo auto con el que decreta el archivo señala que «entre las más de 18.000 subvenciones otorgadas» se han encontrado «39 empresas que tienen alguna vinculación con el PSOE», pese a lo cual considera que el dato «no resulta significativo». Entre esas empresas figura en un puesto destacado el entramado del ex consejero socialista Ángel Ojeda, propietario de hasta siete sociedades que recibieron 52 millones de euros en subvenciones, y que están bajo la lupa de la Justicia en las muchas causas judiciales que, a diferencia de la causa política, siguen vivas. Otras 38 empresas vinculadas a cargos del PSOE y del Gobierno andaluz se habrían repartido otros 48,39 millones de euros.
    POLÍTICA
    Por qué el fraude de la formación no es ningún ‘bluf’

    TERESA LÓPEZ PAVÓNSILVIA MORENO Sevilla
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    13 NOV. 2017 03:07

    Susana Díaz, junto a Mario Jiménez y Manuel Jiménez Barrios, en los pasillos del Parlamento el día que fue a declarar ante la comisión de investigación. ESTHER LOBATO

    6 comentariosVer comentarios

    La cantidad defraudada continúa creciendo en los recuentos de la Junta y la investigación sigue viva
    La Junta admite ya un agujero de 149 millones en subvenciones sin justificar
    «El supuesto fraude de la formación es un bluf que se desinfla en los tribunales y que fue aireado por el PP tras una investigación sin fundamento de la Guardia Civil». Éste es más o menos el mantra que repiten una y otra vez desde el Gobierno andaluz para crear un nuevo estado de opinión sobre uno de los agujeros negros en la gestión de los gobiernos de la Junta. La tesis se sostiene fundamentalmente en la decisión de la juez María Núñez Bolaños de archivar (tras la petición de la Fiscalía) de la que se denomina pieza política del caso, la que investigaba una supuesta trama en la administración de la Junta dirigida a desviar sistemáticamente los fondos de la formación a empresas afines o vinculadas a las redes clientelares del PSOE andaluz.39 empresas vinculadas al PSOELa juez considera que no hay indicio alguno de que hubiera una red organizada para eludir los controles en el reparto y justificación de los fondos. Aunque en el mismo auto con el que decreta el archivo señala que «entre las más de 18.000 subvenciones otorgadas» se han encontrado «39 empresas que tienen alguna vinculación con el PSOE», pese a lo cual considera que el dato «no resulta significativo». Entre esas empresas figura en un puesto destacado el entramado del ex consejero socialista Ángel Ojeda, propietario de hasta siete sociedades que recibieron 52 millones de euros en subvenciones, y que están bajo la lupa de la Justicia en las muchas causas judiciales que, a diferencia de la causa política, siguen vivas. Otras 38 empresas vinculadas a cargos del PSOE y del Gobierno andaluz se habrían repartido otros 48,39 millones de euros.
    Por otro lado, el juzgado de Núñez Bolaños no es el único que investiga el fraude de la formación. Hay aún casi medio centenar de causas relacionadas con las irregularidades detectadas en el reparto de las ayudas, distribuidas entre una veintena de jueces de Sevilla, Granada, Almería, Huelva, Málaga y Jaén, según los datos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
    Pero no sólo sigue habiendo procesos judiciales abiertos que investigan el uso fraudulento de los fondos de la formación. La propia Junta de Andalucía ha admitido que ha pedido ya la devolución de 149 millones de euros en ayudas pagadas a las entidades encargadas de impartir los cursos y que no han sido debidamente justificadas. Esa cifra tendrá que ir creciendo inevitablemente en los próximos meses, pues el consejero de Empleo, Javier Carnero, reconocía la pasada semana en el Parlamento andaluz que, de los 8.505 expedientes investigados, sólo se han concluido 6.501. Lo que significa que aún quedan por revisar 2.004 expedientes. Y todo ello, sin olvidar que lo que se revisa es sólo un muestreo del total de las ayudas concedidas en el periodo investigado.Perlas en la comisión La comisión parlamentaria que investigó a nivel político el fraude de la formación terminó sin un relato único acordado por mayoría parlamentaria. Pero eso no impidió sacar a la luz, a través de testimonios de testigos y técnicos, un rosario de irregularidades cometidas con los fondos públicos aprovechando la barra libre sin control que se instaló en la Junta. Así, por ejemplo, se supo que el marido de Susana Díaz, José María Moriche, fue contratado por una fundación de UGT como auxiliar administrativo y su sueldo se pagó con cargo a, nada menos, 102 cursos de formación diferentes (subvencionados por la Junta), que abordaban temáticas tan dispares como informática, energías renovables o seguridad privada. También se pudo conocer que el que fuera número 2 del PSOE andaluz, Rafael Velasco, cargó la luz del domicilio familiar a un curso de formación que la Junta concedió a una academia de su propiedad. O que ex alcalde socialista de Punta Umbría, Gonzalo Rodríguez Nevada, compró en su restaurante con dinero de la formación 80 kilos de pez espada, 20 muñecas de comunión y varias cajas de ron Legendario.Precisamente, el interventor provincial de la Junta en Huelva, Miguel Ángel García, llegó a hablar de un «100 por 100 de irregularidades» en los expedientes revisados, cuando lo normal en otras subvenciones fiscalizadas es que se hallen «casos aislados».Fondos europeosEl Fondo Social Europeo suspendió las subvenciones a la Junta de Andalucía en 2014 por las irregularidades detectadas en la gestión de los fondos. Y el propio Gobierno de Susana Díaz ha tenido paralizado los cursos durante cinco años para poner orden en la gestión de los mismos y proceder a la revisión de los expedientes, un examen que se tendría que haber realizado a medida que se repartían los fondos pero que brilló por su ausencia durante años. Curiosamente, los sindicatos UGT y CCOO, que han sido también objeto de las diferentes investigaciones como entidades receptoras de las subvenciones, han iniciado una campaña para reclamar los 1.000 millones de euros que los andaluces habrían pagado de sus nóminas (a través de una retención obligatoria) para formación durante los años en los que no se han celebrado cursos. Y más curioso aún resulta que la Junta, que tomó la decisión de suspender los cursos, se haya sumado a esa campaña, reclamando al Gobierno de Rajoy un plan extraordinario para recuperar el tiempo y los recursos perdidos. Cortafuegos Si algo ha intentado Susana Díaz en relación al escándalo de la formación es hacer de cortafuegos para que su gestión no se vea cuestionada. Sin embargo, los contratos de su marido la salpican de lleno en las supuestas irregularidades cometidas por el sindicato UGT. Es más, las medidas tomadas por su Gobierno para evitar que un descontrol tan absoluto pueda repetirse en la distribución de los fondos han sido también cuestionadas por el actual interventor general de la Junta, Adolfo J. García, quien, en un informe de actuación fechado el 17 de diciembre de 2015, afirmó que, a fecha de 31 de diciembre de 2012, había 21.800 expedientes por un importe de más de 700 millones de euros que no se habían justificado dentro del plazo fijado, con lo que la Junta corría el riesgo de perder cualquier derecho de reintegro de esos fondos si se superaban los cuatro años que establece la Ley General de Subvenciones para reclamar la devolución. ¿ LO HABRÁN LEÍDO ?


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