El ‘error’ de Alaya

Jorge Muñoz | 26 de noviembre de 2017 a las 2:00

 

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Cuesta trabajo creer que a la ínclita juez Mercedes Alaya, la que puso en jaque al Gobierno andaluz con el escándalo de los ERE, le haya bailado una fecha de un documento obrante en el sumario, lo que ha contribuido a que un funcionario de Urbanismo haya pasado tres años imputado y haciendo frente al pago de una fianza tras haber sido imputado en la macrocausa de la operación Madeja por haber recibido presuntamente una mordida de la empresa Fitonovo. Esta es la historia del asiento contable fantasma de Alaya.
El error se desprende de toda la documentación obrante en el sumario de la operación Madeja y del auto dictado el pasado 14 de noviembre por el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, quien ha enmendado a Alaya y a la Audiencia de Sevilla, y ha archivado la causa contra el que fuera jefe de Negociado de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla José Enrique Castro, al estimar que el posible cohecho que se le imputaba ha prescrito al transcurrir más de diez años en que se produjeron los hechos y el momento en que se dirigió la imputación contra él.
La cuestión parece simple, a primera vista, pero hay que prestar especial atención sobre todo a las fechas. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil citó a declarar a este funcionario de Urbanismo en calidad de “testigo” y en el marco de la denominada operación Enredadera –segunda fase de la Madeja– el día 19 de noviembre de 2014. En esa comparecencia, como recoge la propia acta, los agentes de la Guardia Civil le muestran al entonces testigo dos documentos extraídos de la contabilidad B de la empresa Fitonovo, de la que se pagaban las mordidas. En concreto, le exhiben una tabla contable en formato Excel donde figura en uno de los asientos un pago de 3.000 euros a “J. E. Castro de Rafael Gonza” (sic), en posible alusión a él y a Rafael González, el dueño de la empresa contratista. Lo importante en este caso es la fecha de la entrega: el 21 de octubre de 2004.
Los agentes le muestran un segundo documento, un recibo firmado por Rafael González recogiendo la cantidad de 3.000 euros para el “pago a J. E. Castro”, igualmente con fecha de 21 de octubre de 2004. En su declaración, José Enrique Castro mostró su “sorpresa” ante esos documentos y negó que los reconociera, al tiempo que rechazó haber percibido ninguna dádiva de Fitonovo, añadiendo que nunca ha solicitado dinero a ninguna empresa y sólo ha percibido la cantidad correspondiente a su sueldo en Urbanismo.
Tras esta declaración, la juez Alaya decidió imputar a José Enrique Castro, que fue citado a declarar en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla al día siguiente, el 20 de noviembre de 2014, y tan sólo unos días después, la magistrada dicta un auto, de fecha 28 de noviembre, en el que impone una fianza de 12.000 euros al jefe de Negociado de Urbanismo.
Tanto en la declaración como imputado como el auto de la fianza, es donde aparece por primera vez el baile de fechas de Alaya, por cuanto la juez expone que de las investigaciones practicadas, así como de la declaración del imputado, queda indiciariamente acreditada su participación en los hechos, y lo explica de la siguiente forma: “Don José Enrique Castro Fernández, jefe de Negociado en la Gerencia Municipal de Urbanismo, quien recibió para favorecer a Fitonovo en la adjudicación y/o ejecución de contratos, el 31/12/2004 la suma de 3.000 euros, como así resulta de los archivos de la Caja B de la contabilidad de Fitonovo”. Como puede apreciarse, la fecha de la presunta mordida ha cambiado, puesto que del 21 de octubre de 2004 que aparece en la contabilidad B de Fitonovo y en el recibo que firma el dueño de la empresa se pasa otra distinta, la del 31 de diciembre de ese mismo año.
La variación de la fecha es muy significativa y es la que ha llevado a la Audiencia a archivar la causa, puesto que si se considera que la mordida se recibió el 21 de octubre, el delito podría haber prescrito, como ha estimado ahora el juez José de la Mata.
El cambio de fechas fue advertido y comunicado a Alaya por la defensa del funcionario, quien en un recurso de reforma y subsidiario de apelación ante la Audiencia de Sevilla, presentado contra el auto en el que se impuso la fianza, recogía las menciones efectuadas por la instructora respecto al 31 de diciembre de 2004 como la fecha en la que se produjo la supuesta entrega de 3.000 euros, “no alcanzando esta parte a entender, dicho sea con los debidos respetos, el motivo de reincidencia por parte de su señoría en la fecha del 31 de diciembre, que no consta en ningún momento en las actuaciones”.
Es más, la contabilidad de la Caja B de Fitonovo demuestra que ese día no hubo ningún movimiento en la misma, probablemente porque no hubiera actividad ese día o ésta fuese muy escasa tratándose del día de Noche Vieja.
En su recurso, la defensa insistía en la “inexactitud” de la fecha, por lo que pedía a Alaya que se realizara una diligencia de ordenación por parte del juzgado en la que se manifestara “cuál ha sido el motivo por el que se atiende a la fecha del 31 de diciembre de 2004 por parte de su señoría o si ésta fuera un error tipográfico, se manifieste la fecha correcta que consta en las actuaciones y que no es otra sino la del 21 de octubre de 2004”.
Alaya desestimó el recurso en un auto dictado el 7 de abril de 2015, confirmando la fianza impuesta y manteniendo la fecha del 31 de diciembre pero con un matiz, la juez ya no se refiere a la entrega del dinero sino a que el funcionario seguía en el cargo a esa fecha. “En el caso de autos, del análisis del atestado de la Guardia Civil, así como de los archivos de la Caja B de Fitonovo, resulta clara la apariencia de antijuricidad justificativa de la medida, ya que don José Enrique Castro Fernández, jefe de Negociado de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla a fecha 31/12/2004, habría recibido tal y como resulta del examen de los asientos contables de dicha Caja B, a la fecha anteriormente indicada, la cantidad de 3.000 euros por parte de la empresa Fitonovo”.
La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, en un auto dictado el 29 de julio de 2015 y del que fue ponente el magistrado Pedro Izquierdo, confirmó la actuación de Alaya, aunque rebajó la fianza a 4.000 euros.
Sobre el baile de fechas, la Audiencia señala que si bien la juez lo justifica “en el examen de los documentos contables de dicha Caja B”, “lo cierto es que, salvo error, no hemos visto el referido asiento, lo que no implica que deba accederse a lo solicitado” por la defensa. Aun así, entiende el tribunal que “en este momento procesal” el margen temporal de prescripción podría ser superior a diez años, una interpretación que la Audiencia Nacional ha corregido ahora al exculpar al funcionario de Urbanismo.

  • JULIO BLANCO ESCOBAR

    ¿CUANDO PAGARÁ LA JUEZA ALAYA POR TANTOS ERRORES COMETIDOS? POR MUCHO MENOS LOS JUECES ELPIDIO Y GARZÓN ESTÁN EN LA PUÑETERA CALLE.

  • Uno q estaba arando...

    Y así es como la BANDA DEL PSOE, piensa salir IMPUNE de la INGENTE CORRUPCIÓN que ASOLA ANDALUCÍA y que ha llevado al BANQUILLO DE LOS DELINCUENTES, NI MAS NI MENOS QUE A DOS PRESIDENTES DE LA JUNTA Y DEL PSOE: SE AGOTARÁ LA JUSTICIA EN PEDRO PACHECO O SE AJUSTARÁN CUENTAS ANTE LOS ANDALUCES POR LA CORRUPCIÓN SOCIALISTA DEL PSOE ?

  • JULIO BLANCO ESCOBAR

    EL QUE ESTABA ARANDO ES UN EXPERTO EN CALUMNIAR. CALUMNIA QUE ALGO QUEDA.

  • Uno q estaba arando...

    El ÚNICO ERROR DE ALAYA es pretender HACER JUSTICIA en la ANDALUCÍA DEL PSOE aquejada del mismo modelo CACIQUIL del XIX y principios del XX. CACIQUE/CLIENTELA = 40 años de PSOE en Andalucía. Un saludo a todos.

  • Uno q estaba arando...

    Este año, hay quien teme a DIciembre MAS QUE EL PAVO…

  • Willy

    Arando, hace tiempo que no te leía, pero veo que cada vez estás peor. Cuidate


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