Sólo tres apelaciones

Jorge Muñoz | 31 de diciembre de 2017 a las 2:00

El presidente del TSJA, Lorenzo del Río.

El presidente del TSJA, Lorenzo del Río.

Al final va a tener razón Lorenzo del Río cuando dijo que el desplazamiento de las Secciones de Apelación Penal del TSJA a Sevilla y Málaga era una decisión “prematura e injustificada”. Las estadísticas, que casi siempre suelen ser el dato más objetivo, le dan la razón al presidente del Alto Tribunal andaluz. Desde que en marzo pasado se dictó el Real Decreto 229/2017, que creó 16 plazas de magistrados –seis de ellas para Andalucía– para hacer efectiva la segunda instancia penal, permitiendo que los recursos de apelación de las Audiencias Provinciales lleguen al TSJA y no al Tribunal Supremo, sólo se han registrado “tres” apelaciones penales procedentes de la Audiencia de Sevilla. Sí, la cifra es correcta, sólo tres apelaciones. Y la situación es similar en Málaga, donde se han recibido “siete” apelaciones penales de la Audiencia Provincial, según los datos facilitados por el TSJA y que están contabilizados hasta el pasado 20 de diciembre. Es más, hay provincias para las que no se planteó el desplazamiento de las Salas que han ingresado muchos más recursos que Sevilla y Málaga. Es lo que ocurre, por ejemplo, en Cádiz, que aglutina hasta 22 apelaciones penales –una cifra que puede explicarse por el elevado volumen de casos de tráfico de drogas que se investigan cada año–; y en Almería, con otras 11 apelaciones.
La provincia de Granada, donde Lorenzo del Río propuso la creación de la Sala de Apelaciones del TSJA, ha ingresado los mismos recursos que Málaga, siete; mientras que el resto de apelaciones se completa con las cuatro contabilizadas en Jaén, dos en Córdoba y sólo una en Huelva. En total, se han presentado 57 apelaciones penales procedentes de las ocho audiencias provinciales.
Y con estas cifras, ¿es realmente necesaria la creación de las Salas de lo Penal desplazadas a Sevilla y Málaga?

Con tres apelaciones en Sevilla y siete en Málaga desde abril pasado no parece que tenga mucho sentido crear esas dos Salas, con todo lo que representan en cuanto a dotación de medios materiales y personales. En el caso de Sevilla, aun cuando resolviera además las apelaciones de otras provincias de Andalucía Occidental, como Cádiz y Huelva, lo cierto es que no llegarían a la treintena los recursos que tendrían que tramitar los tres magistrados que integrarían la Sala, lo cual sería un verdadero agravio comparativo con el resto de sus compañeros de los órganos unipersonales o de la Audiencia, que cuentan por centenares los asuntos que tienen que tramitar al año. Lorenzo del Río tenía razón.
La Sala de Gobierno del TSJA aprobó el desplazamiento de las futuras Salas de Apelaciones Penales de Sevilla y Málaga en una reunión celebrada en abril pasado y por una mayoría de 23 votos a favor, con cuatro en contra y una abstención. El acuerdo de la mayoría de los magistrados justificaba la medida en la “necesidad de mantener la Administración de Justicia en un plano de cercanía geográfica al ciudadano y a los profesionales vinculados a ella”, así como en la “legítima expectativa profesional de aquellos magistrados destinados en lugares distantes a la sede de Granada que, por el contrario, están cercanos a las sedes de Sevilla y Málaga”, y también en la existencia de otras Salas del Tribunal Superior de Justicia en estas provincias.
Lorenzo del Río, por su parte, emitió un voto particular, al que se sumaron los magistrados María Luisa Martín Morales, Lourdes Molina García y José Luis López Fuentes. En ese voto, el presidente del TSJA apuntaba que no concurrían en este caso “circunstancias objetivas” que justificaran la decisión de desplazar las Salas a Sevilla y Málaga. A su juicio, la decisión respondía a “lógicas e intereses de carácter territorial o local, más que a necesidades reales de organización judicial y optimización de recursos”, por lo que concluía que la medida era “prematura e injustificada”. Del Río argumentaba ya entonces que de acuerdo con el artículo 76.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial el desplazamiento de las Salas estaba condicionado a la “necesidad derivada del número de asuntos, lo que no sucede en este momento, aún cuando pueda presumirse que sucederá”. Y tres apelaciones en Sevilla y siete en Málaga corroboran la opinión del presidente.
El voto particular proponía la creación de una Sección de apelación penal en el seno de la propia Sala Civil y Penal del TSJA, en Granada, que estaría compuesta por un presidente y dos magistrados, “sin llevar a cabo desplazamiento alguno de su sede, sin perjuicio de lo que pueda resultar conveniente en un futuro”, advertía Lorenzo del Río.
El presidente del Alto Tribunal andaluz señalaba que al crearse en Granada se podría hacer con los “recursos existentes” en la sede del TSJA, sin necesidad de crear dos nuevas secretarías con funcionarios en las mismas, ni crear otras dos plazas de letrados de la Administración de Justicia, que supondrían “un gasto innecesario de recursos económicos, materiales y personales”.
Del Río añadió que la distancia para el justiciable o los profesionales no justificaba el desplazamiento, por cuanto que el recurso de apelación tiene una tramitación exclusivamente “escrita”, no hay vistas y por tanto se evitan los desplazamientos.
En junio pasado, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tomó conocimiento de la petición de la Sala de Gobierno del TSJA para crear las secciones de apelación penal desplazadas en Sevilla y Málaga, pero no adoptó ninguna decisión, quedando aplazada para otra reunión que aún no se ha producido. Y ahora que se tienen estos primeros datos sobre las apelaciones penales, parece que la histórica reivindicación de crear las Salas de lo Penal del TSJA en Sevilla y Málaga tendrá que aguardar aún algún tiempo más.

  • Uno q estaba arando...

    Deseo un buen año al Sr, Muñoz, a los lectores y comentaristas. Un saludo y gracias por las publicaciones y los comentarios compartidos. Deseo también un 2018, cargado de JUSTICIA.

  • juan

    Pero y los enchufes que se podrían crear en las nuevas sedes. Y si hay más gastos para eso se queda la Junta con las herencias de sus pobres subditos.


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