Un lío de siete años

Jorge Muñoz | 12 de enero de 2018 a las 2:00

CONTINÚA JUICIO PIEZA CASO DE LOS ERE CON CUESTIONES PREVIAS

La Fiscalía Anticorrupción dio la sorpresa el pasado martes con la cuestión previa que presentó ante el tribunal que enjuicia el “procedimiento específico” de los ERE, si bien fue el Partido Popular quien acaparó todos los titulares con su petición de que declaren como testigos la presidenta y el vicepresidente de Junta de Andalucía. Pero una vez pasado el impacto inicial de las declaraciones de testigos propuestas por los populares, que según algunas fuentes tiene pocos visos de prosperar, las defensas de los 22 ex altos cargos van a atacar con vehemencia el planteamiento del Ministerio Público.
Para empezar, lo que resulta más llamativo y que puede generar más incertidumbre es que siete años después de que se iniciara la instrucción del caso de los ERE la Justicia no haya sido capaz de aclarar cuál es el objeto del juicio por el denominado procedimiento específico. La imagen que se traslada a la opinión pública no es, desde luego, de seriedad.
Anticorrupción culpa de la situación a la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla y al auto que dictó con agosticidad –la resolución se dictó en el mes de agosto de 2017, tras habilitarlo para la resolución de los recursos– en el que el tribunal acordó que sólo haya un juicio para cada uno de los ex altos cargos procesados en la “pieza política” de los ERE, lo que ha determinado que sean excluidos –no sobreseída la investigación– en las distintas piezas que se siguen creando por las ayudas individuales concedidas con fondos públicos y que el fiscal Juan Enrique Egocheaga cifra en 270.
En la cuestión previa sometida al tribunal de los ERE, el Ministerio Público advierte de que sólo caben dos opciones. La primera sería “devolver” las actuaciones al juzgado de Instrucción para que, dejando sin efecto el auto de procedimiento abreviado, se proceda a “acomodar” dicha resolución a los pronunciamientos dictados por la Sección Séptima así como al estado actual de la instrucción de cada ayuda individual sociolaboral y a empresa, lo cual evitaría la indefensión de las partes.
La segunda opción, que es la que mantiene la Fiscalía, consiste en conservar los actos procesales y la intangibilidad de las resoluciones judiciales dictadas en esta causa y “evitar toda nulidad”, aclarando “de manera expresa y taxativa que con respecto a todos los encausados, el presente enjuiciamiento sólo se refiere al diseño del denominado procedimiento general o específico, sin ser sometido al plenario y por consiguiente al pronunciamiento de la Sala cada ayuda sociolaboral o ayuda a empresa de forma individualizada, debiendo ser en el seno de cada una de las previas incoadas, o que se incoen, donde debe ser sometido al plenario y resuelto en sentencia”.
El fiscal le está pidiendo al tribunal que avale o rechace el rediseño del objeto de la causa realizado por la Sección Séptima, y así señala que si los magistrados se consideran “vinculados por los pronunciamientos” del otro tribunal, el Ministerio Público pedirá que se incorpore como documental el “testimonio íntegro de todas y cada una de las piezas separadas ya incoadas” –105 según el Ministerio Público–, así como la “testifical de todas las personas que en las mismas ya han prestado declaración” y todo ello con la finalidad de “poder contar con la prueba necesaria en esta vista oral para que esta Sala pueda en su caso formar su convicción y decidir sobre la relevancia penal de no sólo el llamado procedimiento específico, sino también de todas y cada una de las ayudas dadas durante 10 años”.

Y lo mismo pediría con las otras 170 ayudas que ni siquiera están incoadas aún pero que se investiguen antes de acabar el juicio. Si se acepta este planteamiento, el juicio podría alargarse durante muchos meses más.


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