El alijo menguante

Jorge Muñoz | 21 de enero de 2018 a las 2:00

Una imagen del cargamento de cocaína, camuflado en cajas de bananas, que fue incautado en septiembre de 2016.

Una imagen del cargamento de cocaína, camuflado en cajas de bananas, que fue incautado en septiembre de 2016.

Hay quien piensa que siempre que se habla de los alijos de droga que decomisan los cuerpos policiales se tiende a informar, por parte de las autoridades, de que es el más grande o la mayor intervención de la historia, haciendo comparaciones con otras operaciones, como si quisiera dársele más importancia de la que realmente tiene a esa concreta actuación contra el tráfico de sustancias estupefacientes.
Los traficantes tratan de burlar a la Policía camuflando la droga en cualquier objeto o producto con el que pretenden sortear los controles y así no es de extrañar lo que ocurrió en Sevilla en agosto de 2016, cuando en el transcurso de una operación antidroga fueron detenidas tres personas que usaban como tapadera una empresa de frutas ubicada en Sevilla.
La operación fue llevada a cabo por los funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y agentes de la Policía Nacional quienes, en una investigación conjunta, se incautaron del “mayor alijo de cocaína” –para sorpresa de los más reacios con esta expresión– intervenido en la provincia de Sevilla hasta esa fecha: 900 kilos procedentes de Colombia. O, al menos, eso es lo que en su momento se trasladó a los medios de comunicación, porque una vez que se ha analizado y pesado la droga, la cantidad ha sufrido una importante reducción de nada más y nada menos que 87,2 kilos.
En este caso, la Fiscalía de Sevilla señala en su escrito de conclusiones provisionales que una vez analizado el total de las sustancias intervenidas se ha podido determinar que la droga incautada asciende a 800 paquetes que arrojaron un peso neto de 812,8 kilos, con una pureza del 75,6%. Fuentes del Ministerio Público consultadas por este periódico explicaron que este tipo de discrepancias suelen ser habituales, por la diferencia en el pesaje, entre el peso bruto y el neto de las sustancias estupefacientes decomisadas por las fuerzas policiales. ¡No se asusten que no estamos hablando de un nuevo robo de drogas en la Jefatura! (Recuérdese el caso del ex agente de Policía Lars Sepúlveda, que fue condenado a 12 años por el robo de 154  kilos de cocaína y heroína en la Jefatura de Blas Infante, y que el pasado verano fue detenido en Madrid por su presunta relación con una red traficantes de cocaína).
En el caso de los 812,8 kilos de cocaína camuflados en bananas hay tres acusados: J. P. R. R., R. R. R. y R. C. Q. Según el escrito de acusación de laFiscalía, el primero de los acusados era administrador único de la empresa R&R en octubre de 2014. La empresa cambió de nombre y de objeto social, dejando de importar y exportar material informático para dedicarse a la importación de frutas.

El Ministerio Público considera que, para dar “apariencia de legalidad” a esta empresa, el acusado realizaba viajes a Colombia, en los que negociaba la importación tanto de frutas como de sustancias estupefacientes. Así, los días 7 y 14 de junio de 2016 importó sendos contenedores de bananas frescas, y tras considerar que de esta forma existía dicha apariencia de legalidad, procedió a importar desde Colombia otros dos contenedores, uno de los cuales contenía bananas y otro la cocaína.
La descarga de la droga la realizaron personas de su confianza, los otros dos acusados. Al legar el camión a una nave ubicada en la avenida de la Industria, el acusado R. C. instó a los transportistas a que se marcharan a tomar un café, mientras él y R. R. R., buscaban los palés concretos en los que se encontraba la cocaína, con la idea de proceder a su almacenamiento y posterior distribución, precisa el fiscal.
El 5 de agosto de 2016, agentes del servicio de Aduanas sospecharon del contenido de uno de los contenedores, por lo que previa autorización judicial, lo habían examinado y decidieron solicitar la “entrega vigilada” de estas sustancias.
Según el Ministerio Público, la sustancia intervenida habría obtenido una beneficio en la venta al por mayor de 32,7 millones de euros; de más de 90 millones si se hubiera vendido al por menor; y de 170,8 millones en el supuesto de que se hubiera suministrado por dosis. De los tres acusados, sólo continúa en prisión provisional el responsable de la empresa.
La Fiscalía de Sevilla considera que los hechos son constitutivos de un delito contra la salud pública, en el que concurre la circunstancia agravante de notoria importancia simulando operaciones de comercio internacional. Dada la gravedad de los hechos, el fiscal reclama una condena de 11 años de prisión para cada uno de los tres acusados, así como el pago de dos multas que ascienden a un total de 1.032 millones de euros. El juicio se celebrará en los próximos meses en la Audiencia Provincial de Sevilla.

 

VISTO PARA SENTENCIA

Paréntesis en el juicio de los ERE fraudulentos

*La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha fijado para el próximo 12 de febrero la reanudación de la vista oral del “procedimiento específico” de los ERE, que sienta en el banquillo de los acusados a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a otros 20 ex altos cargos.

En estas semanas, los tres magistrados que componen la Sala deben resolver sobre las cuestiones previas planteadas por las acusaciones y las defensas. Las más controvertidas son la propuesta por la Fiscalía Anticorrupción, que siete años después de iniciada la instrucción ha pedido al tribunal que delimite el objeto de este juicio –para ver si en el mismo se engloban el resto de las 270 ayudas, como entiende otra Sala de la Audiencia–; así como la vulneración del derecho al juez predeterminado por la ley que alegan las defensas por el hecho de que el juez de refuerzo Álvaro Martín instruyera la causa; y la petición por parte de la acusación del PP de que preste declaración en el juicio como testigo la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz.

El tribunal tiene ante sí un arduo trabajo de deliberación y contestación a todas estas cuestiones previas, pero todo apunta a que la mayoría de ellas serán rechazadas y el día 12 arrancará el verdadero juicio, con la declaración de los 22 acusados. El primero en declarar, si el tribunal no admite la cuestión previa en la que se pide que los procesados declaren al final del juicio, sería el ex director de Trabajo y principal acusado Javier Guerrero, artífice de la expresión fondo de reptiles para definir la partida presupuestaria 31L por la que se abonaban las ayudas. La duda está en si Guerrero declará o se acogerá a su derecho a no declarar.

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