No es el juicio de la ‘coca’

Jorge Muñoz | 18 de febrero de 2018 a las 2:00

GUERRERO: "NUNCA HE HABLADO DE FONDO DE REPTILES"

Cuando se instruye una macrocausa es muy frecuente que trascienda a la opinión pública la versión de las acusaciones por encima de la que puedan ofrecer las defensas, que son minimizadas frente al poder informativo que pueda tener los escritos de la Fiscalía y de las acusaciones. Es frecuente también, sobre todo si se ha producido una singular instrucción como la que se hizo en el fraude de los ERE, donde prácticamente las defensas apenas podían representar a sus clientes porque la mayoría de las preguntas que por ejemplo intentaron hacer a los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) –que elaboraron el informe pericial sobre el que se sustentan las acusaciones contra los 22 ex altos cargos– eran rechazadas o consideradas impertinentes.

Pero la fase del juicio oral es bien distinta y los acusados y sus defensas pueden desarrollar con plenitud su defensa y, lo que es también muy importante, el hecho de que la vista se celebre en audiencia pública, con presencia de los ciudadanos y de los medios de comunicación, hace que la versión de los procesados pueda lograr la misma resonancia que la de los acusados.
Y esto es precisamente lo que ha ocurrido esta primera semana de declaraciones en el juicio por el denominado “procedimiento específico” de los ERE, donde por primera vez los ciudadanos han podido conocer directamente el testimonio de los propios ex altos cargos procesados. Y la verdad es que la cosa cambia radicalmente.

Escuchar las explicaciones que han dado ante el tribunal el ex consejero de Empleo de la Junta José Antonio Viera y el ex viceconsejero Agustín Barberá me ha devuelto la confianza en que aquellos Gobiernos andaluces que concedieron estas ayudas no eran una especie de charlotada en la que un director general campaba a sus anchas, repartiendo millones de euros como se entregan cromos a las puertas de los colegios, para enganchar a los niños a que sigan la colección.
El testimonio de Viera y Barberá y las explicaciones que dieron sobre el convenio marco de 2001 por el que se concedían las subvenciones, podrá convencernos o no –para eso están los tres magistrados que deben analizar el caso y dictar la sentencia–, pero por lo menos han transmitido una apariencia de seriedad y rigor que hasta ahora no se había hecho patente en torno al escándalo de los ERE. Y esto no ha hecho nada más que empezar, todavía quedan muchos ex altos cargos por rendir testimonio ante el tribunal, como la ex consejera de Economía y ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez, que arrancará mañana la décima sesión de la vista oral y que a buen seguro que ofrecerá esa misma imagen distinta a la que hasta ahora se ha transmitido.
El juicio contra los 22 ex altos cargos, entre los que se encuentran los ex presidentes Chaves y Griñán, no es el juicio de la ‘coca’, el de los miles de euros de fondos públicos dilapidados en estas sustancias estupefacientes y en regalos –25.000 euros mensuales gastaban en droga, según Juan Francisco Trujillo, ex chófer de Guerrero–. Ni el de los Marlboro o los gin-tonics de Beefeater por los que Guerrero tiene tanta predilección. Es evidente que lo más llamativo del caso es precisamente el uso de los fondos públicos para la compra de drogas. Este es el verdadero juicio de los ERE, que se enjuicia en una pieza distinta –la de las ayudas que Guerrero concedió a su chófer–, aunque Trujillo será uno de los más de cien testigos que deben comparecer en esta pieza política.
Tampoco es el juicio de los intrusos, esos trabajadores que fueron incluidos en las pólizas de prejubilaciones, a pesar de que nunca habían trabajado en estas empresas, como ocurrió con la suegra de Javier Guerrero, beneficiara de una de estas ayudas.
Este juicio es el del procedimiento que se empleó durante una década por parte de la Junta de Andalucía para pagar unas ayudas a 6.300 trabajadores que, en la actualidad, siguen en su mayoría percibiéndolas.
El ex consejero de Empleo José Antonio Viera se mostró contundente cuando afirmó en su declaración, con respecto al convenio marco de 2001 y al uso de las transferencias de financiación al IFA para el pago de las subvenciones, que “presumir” que un dirigente político llega para “eludir los controles de fiscalización y legalidad” le parece un “sinsentido”.
Y Barberá, en la misma línea que el anterior, defendió la utilización del sistema al negar que el Parlamento de Andalucía fuese engañado con las transferencias.
Javier Guerrero, el principal imputado en la causa, sólo ha ratificado una de las cinco declaraciones que la Fiscalía pidió que se exhibieran en el juicio, precisamente la que prestó voluntariamente ante la juez María Núñez Bolaños. Guerrero sólo respondió a varias preguntas de su abogado para aclarar que “nunca” utilizó la expresión fondo de reptiles para referirse a la partida presupuestaria 31L con la que se pagaban las ayudas.
Y en medio del juicio irrumpen la juez Bolaños y el Tribunal Supremo para ponerle nombre a las tropelías que Guerrero llevó a cabo durante una década. La primera para decir que los beneficiarios de las ayudas pueden considerarse “víctimas”, más que delincuentes, de la “caótica y desordenada” gestión de Guerrero. Y el Supremo para anular una subvención de 3,8 millones concedida por el ex director de Trabajo por la “grosera omisión” de los trámites.
Está claro que en el fraude de los ERE existió una culpa in vigilando de los superiores de Guerrero, pero las acusaciones tienen que demostrar que aquí hay más de cuatro golfos, de acuerdo con la teoría que expuso Chaves para fijar el ámbito del escándalo. Pero todavía queda mucho juicio por delante.

  • Uno q estaba arando...

    No, ni ná….


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