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El contraataque del catedrático

Jorge Muñoz | 24 de septiembre de 2017 a las 2:00

Santiago Romero

El catedrático Santiago Romero.

El rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, dijo recientemente en una entrevista concedida a este periódico que si no hubiera sido por su actuación, el ex decano de la Facultad de Ciencias de la Educación Santiago Romero Granados “seguiría dando clases” a pesar de haber sido condenado por un juzgado de lo Penal de Sevilla a siete años y nueve meses de prisión. El rector, que en un principio reaccionó tarde en este caso, quizás tenga razón, aunque la sentencia aún no es firme porque ha sido recurrida tanto por las defensas como por las acusaciones particulares que representan a las dos profesoras y a la becaria de investigación que denunciaron los abusos.
Al margen de la batalla en la vía penal, el catedrático condenado ha iniciado el contraataque en la vía administrativa, después de que la Hispalense le haya denegado la posibilidad de acceder a la jubilación anticipada. El abogado Jorge Piñero, que representa al ex decano de Ciencias de la Educación, ha anunciado que presentará un recurso contencioso-administrativo contra esta decisión de la Universidad de Sevilla, puesto que aunque la institución “reconoce” al docente que por su edad tiene derecho al beneficio de la jubilación anticipada, se la ha rechazado porque tiene un expediente disciplinario pendiente “que además está suspendido” mientras se resuelve la vía penal y adquiere firmeza o no la resolución del juzgado.
Junto a ese recurso contencioso, el letrado también ha recurrido ante la propia institución académica el mantenimiento de las medidas cautelares que impiden al catedrático dar clases en la facultad de Ciencias de la Educación. Así, argumenta que actualmente hay un expediente disciplinario sobre supuestos actos de acoso laboral y sexual por los que el catedrático fue absuelto en la sentencia dictada por el juzgado de lo Penal número 2. Ese expediente, que fue reabierto en enero de este año después de que se dictara dicha sentencia, se encuentra suspendido pero no las medidas cautelares, que siguen vigentes.
La defensa de Santiago Romero se opuso a la reapertura de ese expediente, al considerar que la misma no procedía porque la sentencia “no era firme” y era susceptible de recurso, como finalmente sucedió y se está a la espera de la decisión que pueda adoptar la Audiencia Provincial de Sevilla.
La Universidad admitió, según explica la defensa, que no procedía seguir la tramitación de ese expediente mientras la vía penal continuara abierta, por lo que suspendió el procedimiento pero manteniendo las cautelares, algo que el letrado considera una contradicción.
Y ese expediente sin resolver ha llevado ahora a la Hispalense a denegar la jubilación anticipada, porque la institución considera que no puede concedérsele mientras continúe “pendiente” el expediente disciplinario.
Por su parte, la causa penal sigue tramitándose en la Audiencia de Sevilla, donde Santiago Romero ha solicitado su libre absolución alegando que las profesoras le denunciaron por “motivos espurios de venganza y resentimiento”.
La Audiencia tiene que resolver precisamente sobre la alegación de la defensa del catedrático respecto a las grabaciones de la vista oral que le fueron entregadas y que están “incompletas y defectuosas”, lo que llevó a Jorge Piñero a solicitar que en el caso de que esas deficiencias afecten a las grabaciones originales, se declare la nulidad de la sentencia dictada y, en consecuencia, se retrotraigan las actuaciones hasta un momento anterior a la vista oral, anulando el juicio y volviendo a repetirlo.
En su recurso, el catedrático sostiene que los testimonios de las denunciantes carecen de toda credibilidad objetiva, y considera “imposible creer que unas profesoras de fuerte complexión sean sometidas a abusos por otra persona de mucha más edad y de muy inferior estatura y complexión física”.

 

VISTO PARA SENTENCIA

El ex edil García se libra de mercasevilla

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El ex concejal José Antonio García

*La juez María Núñez Bolaños ha archivado esta semana la causa abierta contra el ex concejal del Ayuntamiento de Sevilla José Antonio García y contra la nuera del ex delegado de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, en relación con los supuestos “contratos simulados” por los que habrían recibido salarios de las empresas vinculadas al conseguidor de los ERE Juan Lanzas. La decisión de la juez es completamente lógica, dado que por estos mismos hechos el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) archivó recientemente la causa contra el diputado andaluz del PSOE Carmelo Gómez, al considerar que los posibles delitos relacionados con esos pagos estarían, en todo caso prescritos. Con este archivo, el que fuera concejal de Salud y Consumo se libra de la segunda causa penal por la que ha sido investigado, después de que hace años fuese exculpado del caso de las facturas falsas del distrito Macarena en aplicación de la mencionada doctrina Botín, dado que sólo le acusaba una acusación popular y ni siquiera la Fiscalía. García reconoció a la juez que el contrato con la empresa de Lanzas se lo ofreció el entonces director general de Mercasevilla Fernando Mellet.

Más problemas para el hijo de Ortega Cano

*Una juez de Sevilla ha pedido a la Fiscalía de Sevilla que informe sobre la “posible revocación” de la suspensión de la condena de un año y nueve meses que le fue impuesta a José Fernando Ortega Mohedano, hijo del torero José Ortega Cano, por la agresión y robo a las puertas de un club de alterne. Los problemas legales del hijo del torero se complican a raíz de otra condena de un año de prisión por haber quebrantado la orden de alejamiento sobre su pareja sentimental y que podrían llevarle de nuevo a la cárcel.

Desde Rusia con perdón

Jorge Muñoz | 17 de septiembre de 2017 a las 2:00

ROBO SAN PETERSBURGO

Ilustración: Rosell

 

Está claro que el que la hace acaba pagándola, como dice la popular expresión. Pero hay muchas formas diferentes de pagar, dependiendo del lugar que se haya escogido para liarla. La historia reciente está plagada de tonterías que los turistas hacen cuando visitan otros países y que a veces acaban en tragedia.
La sevillana María del Carmen R. S., de 54 años,se ha unido a este grupo y está aprendiendo estos días una lección que no olvidará en su vida. Está presa en una cárcel de San Petersburgo desde el pasado 6 de septiembre por haber cogido un neceser que aparentemente estaba abandonado en el aeropuerto Púlkovo de esta localidad rusa y del que se quedó efectos valorados en unos 7.000 rublos (unos 100 euros), entre ellos unas gafas de sol, unos pendientes de bisutería, un set de maquillaje y un cargador para el móvil.
Ahora podría pasar dos meses en prisión, en una cárcel rusa –que evidentemente no tiene las condiciones que las prisiones española– hasta que sea juzgada y se enfrenta a una posible condena de hasta cinco años de cárcel por un delito de robo, si no se alcanza antes un acuerdo para indemnizar a la víctima, una joven azerbayana a la que ha ofrecido una indemnización de 30.000 rublos (400 euros) por los daños materiales y morales.
María del Carmen está arrepentida de su error, una equivocación que le está saliendo muy cara, pero lo llamativo de este caso es las alarmantes diferencias de la consecuencias que un acto como el que se le atribuye puede tener en función del país dónde se produzca. Delinquir no tiene el mismo castigo en Rusia que en España.
¿Qué le habría pasado a un extranjero que hubiese sido sorprendido llevándose ese mismo neceser en un aeropuerto español? Para empezar, es posible que ni la hubieran detenido, dada la escasa cuantía de los efectos, lo que determinaría que al no alcanzar la cuantía de 400 euros los hechos podrían ser calificados como un delito leve de hurto –las antiguas faltas–, con lo que sería citada a un juicio que se celebraría en varias semanas. Y en caso de que la hubiesen detenido, quedaría en libertad hasta la celebración del juicio, lo que no impediría que abandonara España.
Frente a los cinco años de prisión que puede alcanzar el robo en Rusia, el artículo 234 del Código Penal español fija una pena de multa de entre uno y tres meses cuando la cuantía de lo sustraído no excede de los 400 euros, como en este caso.
Esto es lo que le pasó a cuatro estudiantes belgas, de entre 18 y 23 años, que en febrero de este año fueron detenidos en Sevilla por haber robado una de las pesadas cadena de la Catedral. Estos jóvenes sí que fueron detenidos, pero quedaron en libertad y pudieron regresar a su país, hasta el punto de que no se presentaron al juicio. Al final, fueron condenados simplemente a pagar una multa, después de que la Fiscalía reclamara para ellos una condena de 180 euros (un mes de multa a una cuota de seis euros).
Las consecuencias del delito, como puede observarse, dependen de la legislación de cada país, y algunas como la rusa se muestran especialmente rígidas con los delitos cometidos por los extranjeros.
Tampoco lo pasaron muy bien dos jóvenes españoles que en el verano de 2007 fueron detenidos en Letonia, una de las repúblicas bálticas, acusados de robo premeditado en grupo y de ultraje a la bandera nacional tras haberse llevado unas banderas que estaban colgadas en una calle de Riga. Estuvieron presos durante varias semanas hasta que fruto de las negociaciones diplomáticas se les permitió regresar a España, con la obligación de volver para el juicio. La Fiscalía letona solicitaba inicialmente una condena de tres años de cárcel, el pago de 50 veces el salario mínimo letón o la realización de trabajos sociales, pero el Al final fueron condenados al pago de una multa de 3.800 euros cada uno porque el juez suavizó la condena al considerar que se trató de “una simple chiquillada”.
Peor suerte corrió el ciudadano estadounidense Otto Warmbier, que fue condenado en 2016 a 15 años de trabajos forzados por intentar sustraer un cartel de propaganda política del hotel en el que se hospedaba en Pyongyang (Corea del Norte), una acción que el régimen norcoreano califico como un “acto hostil” contra el Estado. El estadounidense, de sólo 22 años, estuvo 17 meses encarcelado, hasta que entró en coma y a pesar de que fue liberado “por motivos humanitarios”, falleció en junio pasado, tan sólo una semana después de su regreso a Estados Unidos. “He cometido el peor error de mi vida”, aseguró Otto Warmbier en una supuesta confesión pública en febrero de 2016.
La conclusión que puede extraerse es que hay que ser extremadamente cuidadoso cuando se viaja al extranjero y no hacer tonterías, porque lo que en España puede ser algo sin la mayor trascendencia, en determinados países tiene unas consecuencias penalmente graves, como muestran estos ejemplos. Esperemos que María del Carmen vuelva pronto.

Las cláusulas suelo… por los suelos

Jorge Muñoz | 15 de septiembre de 2017 a las 2:00

 

La verdad es que era una imagen que no había visto en los juzgados de Sevilla desde hace algún tiempo. Las pilas de documentos vuelven a amontonarse en los suelos de los juzgados, en este caso con ocasión de las demandas de reclamación por las cláusulas suelo de las hipotecas. ¡Cláusulas suelo por los suelos!, singular juego de palabras que tanto le gustan a mi compañero Francisco Correal. Pero no sólo es que las demandas se acumulen en el suelo, que ya de por sí es grave al mostrar una falta de medios evidentes, sino que estas imágenes muestran que los juzgados especializados han nacido ya colapsados. En Andalucía se especializaron ocho órganos judiciales para atender el previsible aluvión de reclamaciones tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea.

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Las demandas de cláusulas suelo, amontonadas en el juzgado especializado de Sevilla.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), artífice del plan de urgencia para combatir la avalancha de demandas, hizo público ayer un comunicado en el que informaba de que los juzgados especializados en España habían recibido 57.068 demandas entre el 1 de junio y el 8 de septiembre, es decir, en sólo dos meses dado que agosto es inhábil. El Consejo señalaba que “muchos” de esos juzgados ya han dictado sentencia y están celebrando vistas previas, añadiendo que en Madrid hay previstas 159 vistas para este mes.
El comunicado indicaba que el juzgado de Madrid, con 13.064 asuntos, es el que mayor demandas ha recibido, seguido de Barcelona, con 4.644, y Sevilla, con 2.946 reclamaciones –según los datos extraídos de Lexnet, si bien la estadística del decanato sitúan la cifra de demandas recibidas en 3.044–. Más de 3.000 en estos dos meses.
En Andalucía, a Sevilla, le sigue Málaga, con 2.177 demandas, Granada (1.580), Cádiz (1.440), Jaén (1.428), y Huelva (1.150), mientras que las provincias que han recibido menos asuntos de este tipo son Córdoba y Almería, con 940 y 787 demandas, respectivamente. El CGPJ no hace ninguna alusión al colapso de juzgados como el de Sevilla, que no sólo no ha celebrado aún ninguna vista previa –y parece que no comenzarán hasta finales de octubre o principios de noviembre–, sino que además no dispone aún de los medios necesarios para desarrollar el trabajo.

El máximo órgano de gobierno de los jueces señala que muchos de los juzgados especializados están “dictando ya sentencias, la mayoría por allanamiento de la parte demandada”, es decir, cuando la entidad bancaria acepta las pretensiones de los clientes, aunque en otros caso el juez ha entrado en el fondo del asunto al no producirse el acuerdo.
La presidenta del sector de Justicia del sindicato CSIF en Sevilla, Águila Fernández, recordó ayer que los medios con los que se ha dotado a este juzgado especializado son “insuficientes” y lamentó que el reparto de asuntos “no garantice que el ciudadano vaya a tener pronta respuesta a sus reclamaciones”.

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Otra imagen del juzgado sevillano.

El Consejo anuncia que en las próximas semanas mantendrá nuevas reuniones de coordinación con las administraciones –el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias de Justicia– para evaluar la marcha del plan y las posibles necesidades.

Esperemos que de esa reunión surja alguna medida para agilizar la tramitación de demandas en los juzgados que están colapsados, como el de Sevilla, que ya cuenta con dos jueces en prácticas pero cuya plantilla de funcionarios no está completa.

A ver si al final va a ocurrir como con el refuerzo de la Audiencia de Sevilla por los ERE, que en parte se ha hecho a costa de la pérdida de un juez que precisamente estaba reforzando los juzgados de lo Social y que solicitó esa vacante en la Audiencia.

Cambalache de jueces por los ERE

Jorge Muñoz | 14 de septiembre de 2017 a las 2:00

El presidente del TSJA, Lorenzo del Río.

El presidente del TSJA, Lorenzo del Río.

Al final ha sido como desnudar a un santo para vestir otro. La jurisdicción de lo Social de Sevilla, una de las más sobrecargadas, ha perdido desde el 1 de septiembre a una magistrada de refuerzo que ha solicitado destino en la Audiencia Provincial y que ha pasado a reforzar las secciones de lo Penal con motivo de la llegada de un aluvión de juicios derivados de las distintas macrocausas como la de los ERE o las ayudas de Invercaria.
La salida de esta juez llevó a la junta de jueces de lo Social a acordar el pasado 5 de julio la suspensión de todos los juicios que debía celebrar esta magistrada, que versan sobre despidos, demandas y otras reclamaciones laborales, hasta que se nombrara otro juez de refuerzo por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
La Sala de Gobierno del Alto Tribunal andaluz analizó el pasado martes este acuerdo y decidió rechazar la suspensión de los señalamientos asignados a la juez de refuerzo que ha solicitado su traslado a la Audiencia y que fue aprobada por dicha junta de jueces de lo Social. La Sala ha resuelto que los señalamientos programados para dicha juez de refuerzo sean asumidos por todos los titulares de los 11 juzgados de lo Social así como por los tres Jueces de Adscripción Territorial (JAT) restantes hasta que esa plaza de refuerzo pueda ser cubierta de nuevo.
El TSJA quiso destacar que la reducción en una plaza de refuerzo, desde el pasado 1 de septiembre, no obedece a una decisión unilateral alguna del presidente, Lorenzo del Río, sino que es fruto de la petición de traslado y resolución del “concursillo” entre los JAT destinados en este Alto Tribunal, que fue convocado, conforme a los criterios generales aprobados por esta Sala de Gobierno, para hacer efectivas las disposiciones del Reglamento 1/2016, de desarrollo del estatuto de los Jueces de adscripción territorial y los jueces en expectativa de destino, aprobado por Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de 24 de noviembre de 2016, en vigor desde el 26 de diciembre de 2016.
Asimismo, señala el acuerdo, “esta Sala de Gobierno es plenamente consciente de la sobrecarga de trabajo existente en la jurisdicción Social de Sevilla y de las medidas de refuerzo adoptadas hasta el momento, así como de la necesidad de su mantenimiento, asegurando que la coyuntural reducción del refuerzo existente será corregida en cuanto la dinámica reglamentaria de adscripción de los JAT lo haga posible”. En base a ello, la Sala de Gobierno ha acordado que tanto los tres actuales JAT de refuerzo como los titulares de la jurisdicción social “asuman un día de señalamientos más al mes cada uno de ellos, hasta cubrir una rotación completa, sin perjuicio de la posible reestructuración de agenda en base a las circunstancias específicas del juez encargado legalmente de la sustitución ese día concreto, sin que pueda acogerse una suspensión general e indiscriminada de los señalamientos asignados al cuarto JAT de refuerzo”.
En cualquier caso, la reducción de la cuarta plaza de refuerzo podrá solucionarse a finales del presente año, de forma que la misma será ofertada y cubierta su adscripción de nuevo en “concursillo” de Jueces de Adscripción Territorial, ya que al tratarse de un refuerzo no es posible la sustitución. Tan sólo puede ser ocupada de nuevo con dicho “concursillo” y conforme a lo previsto en el Reglamento de JAT al tratarse de un refuerzo y no de una vacante, aclara el TSJA.

Abogados y procuradores bajo sospecha

Jorge Muñoz | 10 de septiembre de 2017 a las 2:00

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Hacienda somos todos, incluidos los abogados y procuradores. La Agencia Tributaria ha situado en su punto de mira a estos colectivos profesionales, después de que haya solicitado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y se haya autorizado por el máximo órgano de gobierno de los jueces la cesión al departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de la información relativa a la participación de abogados y procuradores en “todos los procedimientos judiciales durante los años 2014, 2015 y 2016”.  Se trata de una medida indiscriminada que afecta a casi 23 millones de asuntos judiciales en los que han intervenido los más de 100.000 abogados y 10.000 procuradores que hay en España.
La medida no ha sentado nada bien entre los profesionales, cuyos colegios ya se han puesto a trabajar para recurrir la cesión de estos datos. Abogados y procuradores coinciden en que se siembran importantes sombras de dudas y sospechas de fraude fiscal sobre ambos colectivos.
Lo cierto es que tienen razón, en parte, porque esta actuación tributaria sitúa bajo sospecha a todo el colectivo. Pedir todas las intervenciones en los tribunales de los abogados y procuradores de toda España y de los últimos tres años, supone someter a una inspección a todos estos profesionales, hayan dado o no motivos a Hacienda para iniciar esa actuación inspectora ante un posible fraude. Otra cosa es que la Administración, en el ejercicio de sus competencias, pueda inspeccionar a ambos colectivos, como ocurre con el resto de los trabajadores y cotizantes.
El decano de los abogados de Sevilla y uno de los vicepresidentes del Consejo General de la Abogacía Española, José Joaquín Gallardo, considera que la solicitud por la Agencia Tributaria de toda la información judicial de los últimos tres años es “manifiestamente ilegal, por ser una solicitud de información de carácter masivo e indiscriminado”. Para Gallardo, no existe motivación que pueda justificar esa solicitud general, pues “sólo se puede requerir esa información cuando existan razones que la justifiquen respecto de concretos administrados”.
Además, el decano explica que así lo han declarado ya algunos Tribunales económico-administrativos en supuestos de “información masiva” solicitadas por la AEAT a Colegios de Abogados, y recuerda que el Consejo General de la Abogacía Española ya ha acordado recurrir ante el Tribunal Supremo la decisión de autorizar la cesión de toda esa información a la Agencia Tributaria y pedirá la suspensión de la efectividad de la autorización.
“Es jurídica y políticamente inadmisible que se señale a todo el colectivo profesional de la Abogacía española, compuesto por más de 100.000 letrados, como sospechoso de incumplir la legalidad fiscal y de ser defraudadores”, asevera José Joaquín Gallardo.
En la misma línea se pronuncia la decana de los procuradores de Sevilla, Isabel Escartín, quien señala que la decisión del CGPJ supone situar a dichos profesionales “bajo una sospecha generalizada y desmedida como defraudadores fiscales en ningún caso ajustada a la realidad, al atender los procuradores el cumplimiento de las obligaciones tributarias legalmente establecidas”.
Los profesionales de la procura, prosigue Escartín, “colaboran con el fisco español y no resulta justificado” lo que aparentemente se expresa como una acusación de incumplimiento en general. El acuerdo permite requerimientos avalándolos de manera que se realicen “careciendo de motivación suficiente” y sin la concreción exigida legalmente en otros supuestos semejantes de solicitud de información, como lo han sido a colegios profesionales, según las propias resoluciones de los tribunales económicos administrativos que los han resuelto en estos casos.
El Consejo General de Procuradores de España también estudia la presentación de un recurso y la solicitud de suspensión cautelar de la aplicación del citado acuerdo.
El conflicto se inició con la resolución del pasado 20 de julio de la Comisión Permanente del CGPJ, que decidió informar favorablemente a la petición de información de la Agencia Tributaria, en virtud de un informe del gabinete técnico de junio de este mismo año. El acuerdo del Consejo se ha comunicado al presidente de la Audiencia Nacional y de los tribunales superiores de Justicia para su “conocimiento y difusión entre los órganos judiciales” para que, “en atención a lo pedido por la AEAT, decidan sobre este requerimiento a la luz de las consideraciones recogidas” en el informe del gabinete técnico, en su condición de responsables de los ficheros jurisdiccionales.
El acuerdo se ha notificado además a los funcionarios de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) y también al Ministerio de Justicia y al resto de administraciones públicas competentes en la dotación de medios materiales a la Justicia, en este caso a la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, que son las encargadas del tratamiento de los datos personales de los ficheros jurisdiccionales.
El informe del gabinete técnico del CGPJ se mostró favorable a la cesión de la información requerida por el fisco, salvo en un punto relativo a la “identificación del cliente” de cada procedimiento judicial. A este respecto, advierte el CGPJ que “a menos que se acreditase su pertinencia y trascendencia tributaria por la requirente, la cesión de datos solicitada sólo debería referirse a los datos identificativos del procedimiento (número de autos y tipo de procedimiento) y de los abogados y procuradores que intervengan en el mismo”. La identificación del cliente “no parece ser relevante ni tener trascendencia tributaria respecto de las actuaciones de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que, según el requerimiento remitido, se contrae a la participación de abogados y procuradores en las actuaciones que tienen encomendadas, sin que se justifique ni motive en el requerimiento la necesidad de este dato personal ni la trascendencia o relevancia tributaria que pueda tener para las actuaciones referidas”.
En cambio, sí se facilitarán la identificación del abogado y procurado, la fecha de inicio de la intervención en cada procedimiento y el cese, en su caso así como el “importe del litigio”, todo ello relativo a los procedimientos de los últimos tres años.
El informe señala que la cesión de los datos no requiere el consentimiento del afectado y recuerda la “existencia de un deber de colaboración con la Administración Tributaria, que implica el deber de comunicación de los datos que revistan trascendencia tributaria y sean necesarios para el ejercicio por dicha Administración de las potestades que la ley le atribuye”.

Apertura del año judicial: Lesmes garantiza que lo jueces ampararán a los encargados de hacer cumplir la ley

Jorge Muñoz | 5 de septiembre de 2017 a las 13:10

El presidente del CGPJ y del Supremo, Carlos Lesmes

El presidente del CGPJ y del Supremo, Carlos Lesmes

  •   En el acto de apertura del Año Judicial, presidido por el rey, Carlos Lesmes señala que la unidad de la Nación española que proclama la Constitución es un “mandato jurídico directo” de inexcusable cumplimiento para todos los Poderes del Estado
  •   “Las voluntades unilaterales que pretenden disponer de la Constitución son inaceptables y violentan la propia democracia”, asegura el presidente del Poder Judicial
  •   Lesmes recuerda a las víctimas de los atentados de Barcelona y de Cambrils y destaca la ejemplar respuesta de la sociedad española frente al terror
  •   El presidente del TS y del CGPJ dice que la sociedad “también debe cuidar de sus jueces” y subraya que ha llegado el momento de ofrecer respuesta a sus necesidades e inquietudes
  •   “Como jueces, hoy más que nunca, nos corresponde custodiar sin ambigüedades la Constitución y la Ley”, afirma el presidente del órgano de gobierno del Poder Judicial

    El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha recordado hoy que corresponde a los jueces “amparar a todos los servidores públicos, de cualquier clase que sean, encargados de hacer cumplir la Ley en cualquier parte del territorio nacional” y que, frente a las “inaceptables” voluntades unilaterales que solo contemplan la ruptura o la separación como mecanismo de preservación de lo que consideran más propio, “nadie sufrirá por cumplir la Ley”, ha informado el CGPJ.

            Durante el discurso pronunciado en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo con motivo del acto de apertura del Año Judicial, presidido por el rey, Lesmes ha afirmado que la indisoluble unidad de la Nación española que proclama el artículo 2 de la Constitución es un “mandato jurídico directo” que corresponde garantizar al Poder Judicial “junto al resto de los Poderes del Estado. En definitiva, un deber para todos nosotros de inexcusable cumplimiento”.

El presidente del Poder Judicial ha añadido que ese mandato de unidad no expresa, sin embargo, una voluntad uniformadora en lo que se refiere a cuestiones como la lengua, la cultura o la religión, sino que se caracteriza “por su voluntad de respeto a la diversidad existente en nuestra sociedad, y que además es propia de las naciones avanzadas”.

“Por ello, las voluntades unilaterales que pretenden disponer de la Constitución y que solo contemplan como mecanismo de preservación de lo que consideran más propio la ruptura o la separación son inaceptables y violentan la propia democracia, pues ningún principio democrático puede amparar ni legitimar que una parte disponga del todo”, ha dicho.

Lesmes ha concluido recordando que los jueces deben asegurar los derechos reconocidos en la Constitución y en las leyes, “especialmente con relación a aquellos ciudadanos que puedan sentirse amenazados por el legítimo ejercicio de esos derechos”, y que también les corresponde “amparar a todos los servidores públicos, de cualquier clase que sean, encargados de hacer cumplir la Ley en cualquier parte del territorio nacional”, y ha señalado que un Poder Judicial único, fuerte e independiente “es la mejor garantía de la libertad y la igualdad de los españoles”.

Recuerdo a las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils

El presidente del TS y del CGPJ ha comenzado su intervención en el acto de apertura del Año Judicial con un recuerdo a las víctimas de los atentados terroristas perpetrados en Barcelona y en Cambrils el pasado 17 de agosto.

“La libertad no se negocia, no está en venta”, ha dicho Lesmes, que ha asegurado que todos debemos sentirnos orgullosos de las ejemplares respuestas de la sociedad española frente al terror: “Unidad frente al miedo, firmeza institucional y solidaridad”.

Durante su discurso, el presidente del Poder Judicial ha señalado que “ninguna creencia, cultura o credo puede justificar el terror ni alumbrar apóstoles o mártires de la violencia”, y ha añadido que atentados como los de Cataluña o los ocurridos en Londres, Bruselas, Berlín, Niza o Estocolmo “no admiten margen interpretativo alguno”.

“Matar no es cultura; sembrar el terror, el miedo, es absolutamente injustificable. Solo es eso, oscuridad y terrorismo. Y quienes pretenden ofrecer explicaciones historicistas o sociológicas sobre tan graves sucesos no hacen sino alentar el terror convirtiéndose en cómplices de quienes desprecian la vida”, ha manifestado.

Atender a las demandas de los jueces

Carlos Lesmes ha destacado durante su discurso la necesidad de que las autoridades competentes presten la debida atención a las demandas de los miembros de la Carrera Judicial, recordando que, en los últimos años, los jueces han sufridos mermas en sus derechos estatutarios y en sus retribuciones y ha soportado incrementos notables de sus cargas de trabajo mientras que la planta judicial apenas ha experimentado crecimiento y ha desarrollado su actividad con limitados recursos humanos y materiales.

“Ha llegado el momento de que la sociedad, a través de sus representantes, mire a sus jueces y les ofrezca respuesta a sus necesidades e inquietudes legítimas, pues la dimensión colectiva de sus funciones lo reclama en beneficio de la propia sociedad”, ha dicho.

Además, como presidente del órgano de gobierno de los jueces, Lesmes ha dejado patente de manera expresa el compromiso de esta institución “de prestar la debida atención a estas demandas” y su exigencia de que así lo hagan también el resto de las autoridades competentes.

Lucha contra la corrupción

El presidente del TS y del CGPJ se ha referido a “la persistencia del fenómeno de la corrupción en nuestra sociedad, fenómeno que produce desánimo social y lamentablemente corroe alguna de nuestras instituciones”.

Frente a este tipo de delitos, “la justicia española sigue proporcionando la más eficaz y contundente respuesta, siempre con pleno respeto a las garantías de los justiciables”, ha dicho Lesmes, que ha recordado que en 2016 los jueces y juezas españoles concluyeron un total de 112 investigaciones por delitos de corrupción pública en los que se dictó auto de procesamiento o de apertura de juicio oral contra 659 personas.

El presidente del Poder Judicial ha ofrecido también los datos correspondientes a la Memoria sobre el estado, funcionamiento y actividad de los Juzgados y Tribunales correspondiente a 2016.

Ésta refleja que el año pasado ingresaron en los órganos judiciales españoles un total de 5.813.137 asuntos y se resolvieron un total de 6.010.185, quedando en tramitación al final del periodo otros 2.234.476.

El número de sentencias dictadas fue de 1.443.896.

En cuanto al Tribunal Supremo, ha destacado que, tras poco más de un año desde la entrada en vigor de las importantes reformas introducidas en sede de casación, las Salas de lo Penal y de lo Contencioso-Administrativo ya han dictado las primeras sentencias, tras apreciar el interés casacional de un importante número de recursos, con la consiguiente utilidad para la comunidad jurídica.

Custodiar sin ambigüedades la Constitución

El presidente del TS y del CGPJ ha concluido su intervención mostrando su convencimiento de que la Justicia española sabrá afrontar la gran responsabilidad a la que se enfrenta: ser instrumento para la paz social en un mundo caracterizado por la globalización, la multiculturalidad, la progresiva expansión de las nuevas tecnologías, la crisis de valores derivada de las grandes dificultades económicas de los últimos años y las nuevas y cada vez más exigentes demandas de los ciudadanos hacia sus gobernantes y sus instituciones.

Pero esa paz social, ha advertido Lesmes, “no será posible si no garantizamos que la Ley sea respetada y aplicada correctamente a cada caso concreto, premisa que constituye condición esencial de la propia democracia y presupuesto necesario de unos valores de convivencia que no cabe desconocer en el marco de nuestro Estado de Derecho”.

“Como jueces, hoy más que nunca, nos corresponde custodiar sin ambigüedades la Constitución y la Ley”, ha finalizado.

La Memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del Consejo General del Poder Judicial y de los Juzgados y Tribunales en el año 2016 está disponible en el siguiente enlace:

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo- General-del-Poder-Judicial/Actividad-del-CGPJ/Memorias/

Alaya manda y obliga

Jorge Muñoz | 13 de agosto de 2017 a las 2:00

La juez Mercedes Alaya, con la toga, presidiendo un juicio con jurado.

La juez Mercedes Alaya, con la toga, presidiendo un juicio con jurado.

La juez Mercedes Alaya, otrora instructora de las macrocausas como los ERE y los cursos de formación, nunca ha pasado desapercibida. Hace ya más de dos años que ya no ejerce de juez de Instrucción, tras su promoción como juez de la Audiencia de Sevilla y su expulsión de las macrocausas por el desencuentro con la nueva titular del juzgado de Instrucción número 6, María Núñez Bolaños.
En este tiempo, Alaya se ha adaptado a su nueva situación como magistrada de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial, por cierto, el mismo tribunal cuyos magistrados se mostraron reacios en su día a su incorporación y mostraron su “profunda preocupación” por la “imagen” que podía darse de la Administración de Justicia dado que esta Sala es la encargada de resolver todos los recursos de los ERE.
Alaya está ahora integrada en ese mismo tribunal y entre sus nuevos cometidos está la labor de revisar la actuación de sus antiguos compañeros de instrucción, de los autos que dictan estos jueces archivando causas o rechazando la práctica de diligencias, por ejemplo.
Uno de los primeros asuntos que le fueron encomendados como ponente fue el de la mina de Aznalcóllar, donde Alaya ordenó reabrir la investigación sobre las presuntas irregularidades en la adjudicación del concurso público a Minorbis.
Es en esta nueva faceta donde Alaya, cuando actúa como ponente de un asunto y por tanto es la encargada de la redacción de la resolución, está provocando un auténtico malestar entre algunos de estos jueces de Instrucción, que afean –en privado, claro– las formas que la magistrada utiliza a la hora de redactar esas resoluciones en las que expresa el sentido de la Sala. Alaya no sólo ordena que se hagan determinadas diligencias, sino que “obliga” a los jueces a que las hagan. Y es que el verbo tiene su importancia, mucha más a veces que el propio fondo del asunto. Un ejemplo. A Alaya le había correspondido resolver un asunto concreto, en el que además de la declaración de causa compleja –lo que supone la ampliación de la investigación por otros 18 meses–, se había cuestionado por una de las partes la práctica de algunas diligencias de prueba, que en su momento el juez de instrucción había desestimado.
Entre las pruebas solicitadas se encontraba la realización de un informe pericial económica. Alaya respondió de la siguiente forma, según puede leerse en el auto del que ha sido ponente: “Ya no se sugiere por esta Sala, sino que se obliga a su práctica al no haberse realizado en el momento oportuno dos años antes”.
Expresiones como ésta, con una imperativa contundencia que aparentemente resulta innecesaria, son las que han generado cierto malestar y crispación entre algunos de los jueces de Instrucción de Sevilla. Y es que, hasta para mandar, dirigir u ordenar hace falta saber y tener tacto, mucho tacto, sobre todo con quienes antes han sido tus iguales y que no han dejan de ser compañeros, con independencia del órgano en el que ahora estén unos y otros.

Tocan a rebato en los ERE

Jorge Muñoz | 6 de agosto de 2017 a las 2:00

Los fiscales delegados de Anticorrupción conversan con uno de los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).

Los fiscales delegados de Anticorrupción conversan con uno de los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).

Después de muchos amagos y escarceos no concretados, uno de los abogados defensores en la macrocausa de los ERE ha tocado a rebato contra el pilar fundamental de la acusación: el informe pericial elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que recoge las supuestas irregularidades detectadas en la concesión durante una década de las ayudas públicas de la Junta de Andalucía.
La defensa del ex directivo de Vitalia Antonio Albarracín solicitó a la juez María Núñez Bolaños y la instructora así lo ha acordado, requerir a la dirección general de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales –ahora denominado Ministerio de Empleo y Seguridad Social– para que aporte la relación de “ayudas extraordinarias para prejubilaciones” concedidas entre los años 2001 y 2011, indicando en cuáles de ellas se realizó “concurso público y con aportación de la documentación que acredite la celebración de esos concursos, caso de haberse llevado a cabo”.
La juez también ha pedido al Gobierno central que informe sobre si las ayudas extraordinarias eran “finalmente ingresadas por algún organismo estatal o por la subdelegación del Gobierno, a las compañías de seguros que les indicaban las empresas tomadoras del seguro o la representación sindical, solicitantes ambas de las ayudas, sin realizar ningún tipo de comprobación respecto a si era o no adecuado el coste de la póliza de seguros”.
El abogado de Albarracín justificó la petición de esta información al Gobierno porque, cuando se han cumplido “más de cinco años de instrucción, se ha dado por bueno entre otros por los peritos de la dirección general de Seguros, que en todas las ayudas de la Administración para prejubilaciones se utilizaba la convocatoria de concursos públicos, y esto, como se pone de manifiesto en el procedimiento, no ha sido así, al menos respecto a las 15 ayudas extraordinarias concedidas para la minería de Huelva en donde no consta concurso público alguno”.
Estos extremos se comprueban, según la defensa, en la documentación aportada por la Subdelegación del Gobierno en Huelva relativa a la empresas mineras de la Faja Pirítica. Y añade que tampoco se habrían realizado concursos públicos para el resto de ayudas extraordinarias para prejubilaciones concedidas por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, “circunstancia ésta nada anormal, al haberse aplicado la orden ministerial de 5 de abril de 1995”.
¿Qué pretende acreditar la defensa al reclamar esta información al Gobierno central? ¿Qué consecuencias puede tener para la macrocausa de los ERE? Con esta actuación, que otros investigados como el abogado Carlos Leal Bonmati llevan planteando desde hace bastante tiempo, se pretende atacar la pieza clave de la causa: el informe realizado por los peritos de la IGAE, quienes consideran “inadecuado” e “improcedente” el uso de las transferencias de financiación para el pago de las ayudas de los ERE, lo que impidió la “fiscalización previa” según estos expertos. El informe pericial sostiene asimismo que las subvenciones se concedieron con discrecionalidad, prescindiendo “absolutamente del procedimiento administrativo” a la hora de otorgar estas ayudas.
Supongamos que la documentación que tiene que remitir ahora el departamento de Fátima Báñez corrobora que durante esa misma década investigada en Andalucía el Ejecutivo central estuvo concediendo ayudas de la misma forma, de manera discrecional, sin observarse las rígidas formalidades de las subvenciones y sin ser intervenidas por la IGAE.
Y supongamos también que la documentación remitida al juzgado acredite que los mismos peritos que han elaborado el contundente informe sobre los ERE de Andalucía, o sus subordinados en la IGAE, hayan avalado el procedimiento o sistema por el que se concedieron esas ayudas estatales, al amparo de las mismas normativas por la que se concedieron la de los ERE de Andalucía.
El resultado sería que se habrían aplicado dos criterios radicalmente opuestos en uno u otro caso. Lo que se consideró completamente legal en las ayudas en las que intervino elGobierno central se tornaría en un cúmulo de ilegalidades y de delitos en el caso de las ayudas de los ERE.
Sería interesante conocer qué explicación podrían dar en ese supuesto los peritos de la IGAE, porque en ese supuesto podrían incluso derivarse supuestas responsabilidades.
Y en el caso de que se acreditaran todos esos extremos, el informe pericial con el que las acusaciones llegarán al juicio por el denominado “procedimiento específico” que se inicia el próximo mes de diciembre, quedaría bastante tocado, por no decir hundido. Y sin la base de la acusación, el juicio contra los 22 ex altos cargos, entre los que se encuentran los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, podría dar un giro radical.
El abogado Carlos Leal Bonmati, que figura como investigado en el caso de los ERE, defiende desde el inicio de la instrucción la legalidad del sistema aplicado en Andalucía para la concesión de estas ayudas, por cuanto considera que la normativa aplicable parte precisamente de que las ayudas se otorgan sin publicidad ni concurrencia.
El letrado cita la orden del Ministerio de Trabajo de 5 de octubre de 1994, sobre las ayudas previas a la jubilación ordinaria, y otra orden del mismo ministerio de 5 de abril de 1995, en relación con las ayudas a los trabajadores afectados por procesos de reconversión y/o reestructuración de empresas. Para el abogado, basta con leer ambas disposiciones del Gobierno central para comprobar que la concesión de estas ayudas está exceptuada de los requisitos de publicidad y concurrencia, al tratarse de ayudas de concesión directa, debido al problema que se pretendía resolver, determinadas crisis empresariales que deben ser resueltas de manera urgente.
La caja de Pandora que supone solicitar la información de todas las subvenciones otorgadas durante una década por el Gobierno central ha sido abierta en la pieza en la que se investigan las ayudas concedidas a la faja Pirítica de Huelva, donde la juez María Núñez Bolaños tomará declaración como investigados el próximo 17 de octubre a dos ex altos cargos del Gobierno de Aznar.
Se trata Carmen de Miguel y Soledad Córdova, ex secretaria general de Empleo ex directora general de Trabajo del Ministerio de Trabajo que por entonces dirigía Eduardo Zaplana, respectivamente. En esta pieza, la juez ha imputado a seis ex altos cargos de la Junta y a los dos ex secretarios regionales de UGT y CCOO Manuel Pastrana y Francisco Carbonero. Asimismo, se comenta que puede haber alguna sorpresa a la hora de citar a los testigos de esta pieza, alguno de los cuales podría ser muy conocido.

 

VISTO PARA SENTENCIA

Adiós a uno de los “sospechosos habituales” de los ERE

SEV24.el consejero Antonio Fernandez en la comisión de los ERE..Diario de Sevila/MANUEL GOMEZ

El ex consejero de Empleo Antonio Fernández.

La Audiencia de Sevilla le ha dado también la razón al ex consejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández, quien sólo podrá ser enjuiciado en una ocasión por el fraude de los ERE. El tribunal ha apreciado en este caso, como ya hiciera recientemente con dos ex directores generales de la agencia Idea, que los hechos por los que van a ser juzgados en el denominado procedimiento específico de los ERE ya incluyen su presunta participación en el resto de cada una de las piezas de la macrocausa que se está investigando, por lo que en aplicación del principio legal non bis in ídem, la Sala acuerda dejar sin efecto su imputación la pieza de las ayudas a Surcolor/Surcolor Óptica. La exclusión de Antonio Fernández de esta pieza de los ERE –y de todas las demás en las que inicialmente pudiera ser citado como investigado–, según apunta su abogado, Alfonso Martínez del Hoyo, “sienta un criterio interpretativo, que por su extraordinaria claridad ahora ya sí puede considerarse como definitivo, en relación a la compleja controversia jurídica” que han mantenido durante meses. Y además, con esta decisión, la Audiencia abre la vía para el archivo de decenas de piezas en las que no se podrá imputar a los altos cargos que las concedieron, sobre todo en aquellas piezas en las que no haya intrusos y la imputación se produzca por el “mero hecho” de haber solicitado en su momento una ayuda a la Junta de Andalucía.

La empresa puede cambiar la “pausa del bocadillo” cuando no es la condición más beneficiosa

Jorge Muñoz | 4 de agosto de 2017 a las 17:15

pausabocadillo
La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que considera que el cambio unilateral realizado por la empresa Zumos Valencianos del Mediterráneo en el “descanso para bocadillo”, que dejó de considerar 7,5 minutos como trabajo efectivo en el calendario laboral de 2014, no supuso una modificación sustancial de las condiciones de trabajo.Para el Tribunal Supremo, el que la empresa “tolerase” en los calendarios de los años anteriores, desde el comienzo de su actividad, la recomendación prevista en el Convenio Colectivo de que 7,5 minutos de los 15 de descanso fijados para el bocadillo se contasen como tiempo de trabajo no era una condición más beneficiosa de trabajo. La sentencia aclara que, en caso contrario, el empresario por su única voluntad no podría haber cambiado la consideración de dicho descanso como tiempo no trabajado y no podría aumentar los días de trabajo para incorporar ese tiempo no trabajado. Los hechos probados recogen que los delegados de personal presentaron en marzo de 2014 una propuesta de calendario para ese año, en los mismos términos que las de los años anteriores, y que la empresa respondió con una contrapropuesta. Tras una reunión, constataron que la diferencia entre ambas radicaba en la consideración como tiempo de trabajo efectivo de los 15 minutos para el bocadillo en jornada continuada superior a 6 horas. La empresa no consideraba los 15 minutos como tiempo de trabajo efectivo, y los sindicatos 7,5 minutos sí y los otros 7,5 minutos a cargo del trabajador, tal y como se había hecho hasta esa fecha. Ante la falta de acuerdo, la empresa aplicó su propuesta que suponía un exceso de jornada de 6,75 horas, que cada trabajador podrá disfrutar cuando estimara conveniente, previa comunicación y aceptación por parte de la empresa.

La sentencia explica que, como consecuencia del cambio de consideración de ese tiempo de descanso, la empresa tiene que realizar una adaptación de la distribución de la jornada anual para que se hagan las horas de trabajo efectivo -1768- que no constituye una modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Dicha adaptación, añade, entra dentro del poder de dirección del empresario, que ha fijado en 228,12 los días de trabajo, en lugar de los 224,5 que se trabajaban hasta el año 2014.

“No es que el empresario haya procedido a una modificación sustancial de las condiciones de trabajo de las que disfrutaba el trabajador, sino que las horas anuales no se han modificado, simplemente el empresario ha cesado en su tolerancia de considerar tiempo de trabajo los 7,5 minutos diarios de descanso para bocadillo, y ha pasado a disponer que no cabe considerarlos tiempo de trabajo”, subraya la Sala.

La Sala estima el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por esta empresa y revoca la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que entendió que se trataba de un incremento unilateral de la jornada y, por tanto, se tenía que haber acudido a la modificación sustancial de condiciones de trabajo del artículo 41 del estatuto de los Trabajadores. Con esta decisión, se confirma la sentencia del juzgado de lo Social nº 11 de Valencia que rechazó la demanda de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras del País Valenciano contra la decisión empresarial.

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Los desprecios del Loco del Chándal

Jorge Muñoz | 30 de julio de 2017 a las 2:00

Un momento de la detención de Manuel González González, el Loco del Chándal.

Un momento de la detención de Manuel González González, el Loco del Chándal.

Manuel González González, más conocido como el Loco del Chándal, que en 1997 fue condenado a 169 años por agresiones con arma blanca a un total de 16 mujeres y que actualmente está en prisión provisional por dos intentos de asesinato, mostró semanas antes de su arresto un “gran desprecio” por el sistema legal español, llegando a insultar a jueces, fiscales, guardias civiles y a las propias víctimas. Así lo expone la Guardia Civil en un informe remitido al juzgado único de Cazalla de la Sierra –que recientemente encarceló al sospechoso por dos intentos de asesinato–, donde los investigadores dan cuenta de las intervenciones telefónicas realizadas a Manuel y a su hermano José, así como a otros miembros de su familia.
Esas escuchas revelan cómo el Loco del Chándal, de 52 años, intentó fabricarse una coartada para el día de autos, para lo cual se había buscado un testigo que afirmara que no estaba en la localidad sevillana de Almadén de la Plata cuando se produjo uno de los dos incendios que se le atribuyen en las viviendas de las hermanas del ex alcalde de esta población José Luis Vidal.
El atestado de la Guardia Civil concluye que los detenidos tienen “un gran desprecio al sistema legal establecido, tanto en el ámbito judicial como policial, no mostrando ningún respeto”. En algunos casos, prosigue el informe, “son capaces de distorsionar la realidad, creyendo que todo lo que se está investigando es un montaje policial y judicial, incluso con orígenes políticos, para detenerlos y meterlos en prisión, y así las víctimas conseguir librarse de ellos”.
Los agentes insisten en que varios de los pinchazos revelan el “alto desprecio” de los detenidos hacia el sistema judicial y policial, profiriendo graves insultos a jueces, fiscales, guardias civiles y a las propias víctimas de los delitos.
Así, en una de las conversaciones entre los hermanos Manuel y José González, este último le comenta lo siguiente:“Tu no ves que colocan, si el otro era medio en condiciones, po colocan a los fiscales de sus ideas, del PP, a los jueces de sus ideas, y al tío que investigue, aunque sea falso, pero que investigue para sacar pruebas falsas y lo que sea falso”.
Manuel habla de denunciar a la Guardia Civil –presentó una denuncia en marzo por supuestas coacciones a testigos, que fue archivada– y dice que si tiene que poner otra denuncia lo hará, a lo que su hermano José contesta: “Mira si la Guardia Civil ha cambiado de gorro, la mala lecha la tiene igual que la tenían”.
Y el propio Manuel le replica: “Ya, ya lo sabemos y ellos creen que todavía Franco vive”, mientras José concluye: “Aquí están tos compraos en Cazalla, están todos compraos… Tu no ves que eso es un pueblo mu chico, y hacen sus comilonas, el gorrino”. Y Manuel añade: “Claro, claro, y se van de putas”, a lo que su hermano indica que le dan “los jamones, le hacen en la finca una fiesta, y ahí se llevan tos muy bien”.
Ese desprecio también se produce cuando se refieren al sargento de la Guardia Civil que lleva las investigaciones, en una conversación entre Manuel González y su sobrino, en la que el Loco del Chándal afirma sobre este mando que es “un chaval joven, chulillo, que lo han colocado y se le sube a la cabeza el mando”.
Y tampoco dudan en amenazar al sargento, como ocurre en un pinchazo de una llamada entre José González y su sobrino, en la que el primero dice que “ese niño es hijo de algún bicharraco gordo, porque cuando va tan seguro, sabe que no le va a pasar nada”, y a continuación precisa que se está refiriendo a “el sargentín”. “Ese lo vamos a colgar como la última cierva que pelemos allí”, afirma el sobrino, y en otro momento José comenta: “¿Tú sabes a dónde tenía que ir éste? al País Vasco, hijo de puta”.
De la misma forma, en otro pinchazo –en el que habla José con su madre–, vuelven a criticar a la Guardia Civil y José dice que “él ha buscado, ha ido al delegado del Gobierno, que es del PP, y hasta que no ha encontrado un sargento a su medida no ha parado, que lo defienda él” e insiste en que “a la larga los que van haciendo montajes también se cogen”.
En otra de las conversaciones, el sobrino del Loco del Chándal le comenta a su tío que puede “buscarle los testigos que sean necesarios”, que tiene incluso amigos que estarían dispuestos a manifestar que estuvo en Barcelona el día en que fue incendiada una de las viviendas, ofreciéndole de esta forma una coartada.
En otra de las llamadas se efectúan “múltiples amenazas” del sobrino a los investigadores de la Guardia Civil, algunas de “extrema gravedad”, que José González –que fue puesto en libertad con cargos como presunto encubridor–, le “anima a cumplirlas”.
En otra de las conversaciones intervenidas, los detenidos comentan donde se encuentra el ex alcalde, hablan sobre si vive en Almadén o en Sevilla, y al descubrir que reside en Almadén, el Loco del Chándal comenta lo siguiente: “es bueno saber que vive en Almadén y no aquí en Sevilla”.

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Un agente revisa la vivienda de Almadén con la ayuda de un perro.

En la causa contra Manuel González por los dos incendios que se le atribuyen hay un testigo protegido que asegura que lo vio en la localidad tan sólo unas horas antes de que se produjera el suceso en la casa de una de las hermanas del ex alcalde, en concreto, de la que es juez de paz. Este testigo asegura que todos los vecinos del pueblo decían que el autor era Manuel González, pero “nadie quiere decirlo ante las autoridades por miedo a las represalias de éste”. Esta persona continúa diciendo que este incendio ocurrió sobre las 01:45 horas de madrugada del 12 de marzo, y a esa hora se encontraba en su casa, pero recuerda que a las 22:25 del día anterior, el 11 de marzo, vio un vehículo Citroën Xsara Picasso en la calle Puerto de la Cruz que conducía el Loco del Chándal.
En otra de las escuchas, Manuel González llega incluso a llamar a la oficina del Defensor del Pueblo andaluz, porque quiere pedir una cita con su abogado para entrevistarse con el “Señor Maescu” (sic), en alusión a Jesús Maeztu. Cuando un operador de la oficina del Defensor le pregunta sobre el asunto del que quería hablar, el Loco del Chándal responde que “el asunto es un poco complicado y demasiado amplio, un conflicto que hay aquí con el que era antes alcalde del pueblo, y este tío no deja vivir a nadie”.
Dice la Guardia Civil que los dos incendios provocados en las viviendas de las hermanas del alcalde se deben a “motivos de venganza” hacia esta familia, debido a la “obsesión manifiesta que tienen hacia” estas personas –la mayoría de las llamadas versan sobre esta familia–, ya que Manuel González sostiene que desde que salió en prisión esta familia “le arruinó la vida”, y además en un incidente que tuvieron los hermanos González con el ex alcalde, cuyo juicio se celebró hace unos meses, la Fiscalía pidió una condena de dos años de cárcel para los hermanos González. En el atestado, los agentes se refieren al perfil criminológico de Manuel González y, citando el informe de excarcelación del centro penitenciario Brians II –salió tras la derogación de la doctrina Parot–, señala que Manuel González padece un trastorno por “sadismo sexual, debido a una preferencia sexual desviada” que consiste en que su excitación implica actos en los que se produzca un sufrimiento físico o psicológico en las víctimas.
El informe de la cárcel advertía de que, al no aceptar someterse a ninguna clase de tratamiento durante su estancia en prisión, determinan que la “valoración del riesgo de reincidencia en la comisión de un nuevo delito sexual y/o violento con riesgo de poder terminar la vida de la víctima sea extremo”. Y añadía que aunque la tipología delictiva preferente del investigado eran agresiones con arma blanca en mujeres desconocidas, con un alto grado de violencia física –lo que provocó en uno de los casos la muerte de la víctima–, debido al “alto grado de sentimientos de hostilidad y venganza mostrados hacia el sistema judicial y penitenciario no se pueden descartar otros objetivos u otras demostraciones de violencia”.

Un agente muestra los objetos intervenidos en el domicilio de los arrestados.

Un agente muestra los objetos intervenidos en el domicilio de los arrestados.

 

Las principales escuchas

Habla José González con familiares
–J. G. La juez de Paz, su hermanito tiene ahí mano en Cazalla, pero a nosotros nos han dicho que si os condena la jueza por esto, está claro que la jueza está compinchá con todos ellos…
–J.G. Estos policías corruptos tienen gente mangantes, chorizos, los tienen de su mano porque los chorizos y estos mangantes le deben favores a ellos y en el momento que diga, tego que hacer un montaje, le pegaron fuego a la casa de la hermana, para hacer ver que era el Manolo…. montaje del tiparraco éste.
–J.G. En Barcelona he visto a la secreta tomando cervecitas con porreros y camellos.

Hablan Manuel y José
–Manuel. Ya sabemos de qué se trata, pero la jueza ha hecho ahí una guarrada, porque así no puedes responder a una denuncia, archiva todo cuando yo denuncié a la Guardia Civil.
–M. Hay jueces que se pillan los dedos ellos solos.
–José. ¿La tía que ha pegado el archivazo para tranquilidad pa ella?
–J. Claro, hay que darle guerra a la tía.
–J. ¿No ves lo que están haciendo todos estos hijos de puta, poniendo a los fiscales y a los jueces de su ideología pa, pa, pa salir bien de to?
–J. Pues hay que ir a por ellos.
–J. Claro que está todo amañao, po a la Audiencia o donde haya que hacerlo
–M. Aquí en Cazalla está todo amañao, ahí se conocen todos, entre uno y otro.
–J. Y se pagan con un gorrino de esos, le hacen la matanza y ya está.
–M. Y está todo pagado.
–J. Y si lo están escuchando que lo sepan.

 

La defensa dice que se ha “tergiversado” la condena del reo

La defensa de Manuel González González ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia de Sevilla, a la que solicita la puesta en libertad del detenido ante la “carencia absoluta de pruebas” y al entender que su encarcelamiento se ha producido únicamente por la existencia de “sospechas” que han sido “inducidas por las perjudicadas en sus declaraciones ante el juzgado, sin que el sospechoso haya sido visto la noche de autos cometer los hechos de que se le acusa, ni merodear antes o después por el domicilio de las perjudicadas”. Además, la defensa denuncia que en relación con los antecedentes penales del acusado hay un “error o falsificación” en el numero de antecedentes, y así niega que el acusado fuese excarcelado en 2013 tras la abolición de la doctrina Parot y haber cumplido una condena de 169 años de cárcel. De esta forma, sostiene que se ha realizado una “tergiversación interesada de la condena ya cumplida”, puesto que ésta sería en realidad de 61 años, tres meses y un día de prisión, según las copias que aporta de los antecedentes. “La publicidad orquestada por José Luis Vidal en prensa y televisión ha subido la condena del procesado a 169 años” y el informe de la Guardia Civil, la Fiscalía y la juez “sitúan la condena cumplida en 169 años, sin haberla contrastado con la dirección o registro de penados y rebeldes”, añade. La Fiscalía se ha opuesto a la puesta en libertad, debido a la “gravedad” de los hechos que se le imputan y la “pena privativa de libertad prevista” por los delitos que se le atribuyen, así como para evitar la “reiteración en los ataques contra la víctima y su círculo familiar”.