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Ovejas negras en la Policía Local

Jorge Muñoz | 22 de mayo de 2017 a las 5:00

Cedo en esta ocasión mi blog para publicar una carta enviada por un policía local, que estuvo en la unidad de Tráfico-Motoristas, que prefiere mantener su anonimato, y que denuncia la situación del cuerpo. El escrito es el siguiente:

Ovejas negras en la Policía Local

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Una vez más, señor Muñoz, un agente de la Policía Local de Sevilla se dirige a usted, desde el anonimato, como han hecho otros compañeros antes que yo, rogándole que publique este humilde escrito en su blog, que muchos de nosotros seguimos, a escondidas, sin que la mayoría de compañeros lo sepan y en el que compartimos opiniones afines con usted, a modo de comentarios, aunque sea sólo para desahogarnos, pero con el consuelo de que hay más gente que ve las cosas que están pasando en esta Policía Local, y que además tienen la gallardía, como usted, de contarlas en un medio de comunicación, para dar información a todos sus lectores, y que así, todo el mundo sepa lo que realmente ocurre dentro del cuerpo de la Policía Local de Sevilla. En mi nombre y en el de muchos compañeros le doy las gracias por ello.

Debo decirle que me he animado a hacer esto después de leer un escrito que me llegó a través de las redes sociales, firmado por un ex sindicalista, o eso dice él, del sindicato mayoritario, metido ahora a escritor o periodista y que él mismo titulaba como “De vuelta a vuestra unidad”. En este escrito, fechado en los primeros días de abril, se regocijaba de que algunos agentes de la unidad de Tráfico-Motoristas que en 2012 fueron destinados a otras unidades como medida cautelar, por estar siendo investigados en relación a cobros de tasas ilegales de Transportes Especiales, volvieran de nuevo a la Unidad de Motoristas, tras su “inmerecido exilio”. En el escrito decía que los agentes habían sido absueltos y les felicitaba por ello y por su regreso a unidad.

Y yo me pregunto si este señor ex sindicalista, que también es agente de Policía, se ha leído el auto dictado por el juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla al respecto, y que muchos tenemos ya en nuestro poder desde el pasado otoño. Me imagino que no. Quizás no le interese. Porque si lo ha leído no puedo entender cómo un agente de Policía es capaz de tener esa falsa moral, faltar al sentido de la profesionalidad y recibir con halagos y felicitaciones a quienes en el auto reconocen haber cobrado ilegalmente por haber realizado servicios de acompañamiento a transportes especiales. Dado el caso de que fuera de los pocos agentes que no han leído el auto todavía, debería preguntar por él, porque seguro que hay algún compañero cercano que lo tiene y que se lo puede mostrar. Así también verá que los agentes que fueron investigados por el “tan criticado” grupo Gepol en realidad no han sido absueltos como él dice en su escrito. Según se señala en el propio auto, Su Señoría acuerda el sobreseimiento provisional y el archivo de la presente causa, no sin antes indicar también que tal comportamiento irregular e ilícito debería solventarse en el ámbito reglamentario y administrativo.

Por suerte y, para compensar mi indignación cuando leí al ex sindicalista, usted, señor Muñoz, publicó en su blog, tan sólo unos días más tarde “El agente fallecido”, donde una vez más, daba el justo toque de cordura, veraz y fiel a los hechos ocurridos realmente, llamando a las cosas por su nombre y poniendo a cada uno en su sitio…

Yo ya no pertenezco a la unidad de Tráfico-Motoristas, ya no. Yo no soy de los agentes que fueron destinados a otras unidades por estar implicados en una trama de cobros ilegales, yo no. Yo soy uno de aquellos agentes que por allá en los años 2010-2011, cuando se llevó a cabo la investigación sobre el cobro de tasas ilegales fuimos citados por los investigadores, como testigos, para prestar declaración al respecto de los hechos que se investigaban. Yo, como otros compañeros, no muchos la verdad, decidí no mentir a las preguntas que los investigadores me realizaron. Cumplí con mi obligación moral y con mi deber profesional, haciendo caso omiso a las burlas, presiones, señalamientos, boicots… e ignorando ese falso corporativismo que existe en este cuerpo de la Policía Local de Sevilla. Ante todo, soy agente de Policía y, orgullosamente, me siento como tal.

Pasado un tiempo tuve la ocasión de cambiar de unidad, y por conveniencia personal, al cambiar la sede de la Jefatura y, cansado de tantas irregularidades en la unidad de Tráfico, cansado de tanto favoritismo de algunos mandos con sus “pollitos”, cansado de tanto trato desigual e injusto, cansado de que algunos mandos sacaran tajada de mi trabajo en al calle, cansado de oler tanto a pescado podrido  y como no, cansado de tantas “pistoladas” y “ventiochadas” (mis compañeros me entienden), decidí cambiar de aires, abandonar la unidad de Tráfico e irme a otra unidad. Otros compañeros no hicieron lo mismo.

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Por su parte, la muy endeble jefatura de Policía Local, no sólo hace caso omiso a la sugerencia de su señoría de aplicar la vía administrativa y disciplinaria, me pregunto por qué, sino que decide volver a incorporar a los corruptos a la misma unidad donde permanecen los agentes que realmente actuaron como lo que son, policías, y que, cumpliendo con su deber, testificaron en contra de ellos.

Quizás el ex sindicalista debería pensar más en estos buenos agentes de Policía y no en los que se autoreconocen corruptos. Debería preocuparse realmente por esos policías, y no por los otros, porque ellos sí son policías de verdad, no como los otros.

Sinceramente, no debe sorprendernos que la Jefatura de Policía permita que en la misma unidad de Tráfico haya funcionarios que han sido investigados, que han reconocido, según el propio auto judicial, haber cobrado tasas ilegalmente, y que ahora han sido reasignados a la unidad donde prestan servicio los agentes de Policía que los señalaron. No debe sorprendernos porque ya se había hecho antes con un mando de esa misma unidad que, en similares circunstancias, y más relacionado, sobre todo, con el cobro por la retirada de multas de tráfico, fue investigado y destinado a otra unidad, de la que también tuvo que salir por el mismo motivo, y que tras el archivo de la causa, también fue reasignado a la unidad de Tráfico, lo que hizo que algunos agentes, aunque no todos, ante la noticia de su regreso y temiendo represalias por parte de este mando, solicitaran cambio urgente de unidad, lo que les fue concedido de forma inmediata.

Tampoco debe sorprendernos que la Jefatura de Policía no aplique el régimen administrativo o disciplinario con estos funcionarios, a pesar de que lo indique su señoría en el auto judicial. Por norma no lo hace nunca. Seguro que aún recuerdan sus lectores el famoso vídeo de las agentes de la Policía Local de Sevilla en el que, vestidas con uniforme para actos policiales, hacían “trapecismo” en la barra de un autobús del Ayuntamiento de Jerez que circulaba a plena luz del día. Seguro que sí. Estas agentes no sólo hacían caso omiso a las normas más elementales de seguridad vial, sino que también faltaban al decoro con el que se debe llevar un uniforme de Policía, y ya por último, pero no menos importante, también hacían un flaco favor a todas sus compañeras de profesión, y más aún a las de sus mismo cuerpo de Policía, que trabajan a diario en la calle vistiendo dignamente un uniforme de Policía, y ganándose el respeto por ellas y por lo que representan. Pues la Jefatura tampoco hizo nada al respecto. Nada de régimen disciplinario. Y no sería porque desde el punto de vista de que tampoco se le ha aplicado el régimen disciplinario a un agente de policía que esta inmerso en la famosa “Operación Pájaro” contra el narcotráfico y que tras estar tres meses en prisión provisional y ser condenado a dos años de cárcel sigue perteneciendo al cuerpo de la Policía Local…. y cobrando su correspondiente sueldo, por supuesto, pues la verdad…. ahí es nada. Por cierto, mira por dónde, dicho individuo también es hijo de un famoso mando de esta Policía. Y digo famoso, más por sus fechorías que por sus hazañas, que nos ha dejado como herencia a tres de sus hijos en el cuerpo y a algún que otro familiar más o menos cercano. Casualidades…

Así está el patio señor Muñoz. Lo mismo ocurre con el acceso al cuerpo mediante oposición. Es un secreto a voces. La gran mayoría de aspirantes que consiguen superar la oposición son familiares del cuerpo, del sindicato mayoritario o se deben a compromisos varios, ya sean de políticos o con empresas de renombre. Y que me perdonen los que aún siendo familiares sí han superado la oposición dignamente, que seguro que los hay, pero la mayoría…. o sino, a ver cómo se explica que haya familias enteras de cuatro o cinco hermanos, hijos, primos, cuñados, sobrinos, mujeres, maridos,… ¿A quién quieren engañar? Pero si muchos de ellos no dan ni la altura requerida… Sólo basta hablar diez minutos con alguno de ellos y te das cuenta de que esa persona no ha podido superar una oposición que de por sí es muy dura y exigente… y si no, pongamos a resolver a algunos de ellos situaciones de a diario en la calle. Ahí es dónde se ven las verdades…. y las mentiras. Ahí se ve si el policía está formado o no. Si tiene aptitudes o no, ahí, en la calle. Por eso, muchos de ellos la terminan pisando poco, y más pronto que tarde están quitados de en medio, porque les han buscado rápidamente un agujero en algún recóndito lugar de esta Jefatura, y que la mayoría desconocíamos que existiera…

El escándalo de las oposiciones saltó a la luz en estas últimas, pero podría haber ocurrido en cualquiera de las anteriores, porque en todas pasa lo mismo. Es una vergüenza. 

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Todo esto y mucho más es lo que ocurre dentro de la Policía Local de Sevilla. Y todo esto lo sufren los ciudadanos y también muchos de los que estamos dentro de este cuerpo.

Esta es la Policía que ha repudiado y defenestrado a los integrantes del grupo Gepol sólo por sacar a relucir algunos de los muchos trapos sucios que hay en esta casa. Esta es la Policía de los que lo han hecho y de los que lo han permitido. Esta es la Policía de los que persiguen a los integrantes del grupo Gepol para fotografiarles, intimidarles y amenazarles. Esta es la Policía en la que, como castigo, y “por no actuar como compañeros”, se iba a poner al grupo Gepol, tras su disolución, a regular el tráfico a 50 grados. Esta es la Policía donde abundan los enchufados, los cobardes, los hipócritas, los pelotas, los rastreros y los palmeros de esos personajillos que no son nadie sin sus adornadas y regaladas galoneras, a los que hay que llamar jefes, y que, por el gran favor que deben, estarán hipotecados toda su vida pofresional y besándoles los pies a otro, sin resolver ni arreglar nada. Esta es la Policía donde algunos jefes reparten las jornadas extraordinarias de productividad entre sus amiguetes subordinados, mientras el resto se hacen los tontos como si la cosa no fuera con ellos.

Esta es la Policía donde aún no tenemos chalecos antibala unipersonales, sólo hay unos cuantos, de talla única, que entre todos nos vamos intercambiando y que al no ajustarse en talla para nosotros, ni en modelo para las compañeras, pues no ofrecen ninguna garantía de protección, ni para ellas ni para muchos de nosotros. Esta es la Policía donde a diferencia de otras ciudades donde se colocan bloques de hormigón para impedir el acceso a vehículos pesados con intención de un posible ataque terrorista, pues aquí sólo se coloca a una pareja de policías locales. Y todos callan. Esta es la Policía donde la mayoría de agentes destinados en las oficinas son valorados económicamente, a escondidas, igual que los que prestan servicio en la calle.

Esta es la Policía donde se disuelve el grupo Gepol, argumentando que no está en la RPT, pero no se disuelven otras unidades que tampoco lo están y que dan cobijo a auténticas “vacas sagradas” que hay dentro del cuerpo. Esta es la Policía donde la compensación que se le da a los agentes motoristas, en forma de descanso, por la peligrosidad y características del trabajo que desarrollan a diario, la disfrutan muchísimos agentes que no ven una moto ni de lejos.

Esta es la Policía donde hay jefes que, de forma “altruista y samaritana” realizan, mientras están de servicio, la recogida, transporte e ingreso de la recaudación económica de alguna que otra gasolinera de Sevilla.

Esta es la Policía donde algunos jefes usan vehículos oficiales y sin rotular para irse a la playa en fin de semana o para pasar un rato en sitios poco decentes, a pie de carretera, fuera de Sevilla. Esta es la Policía donde hay jefas que durante el servicio se van “hacerse la cera” o a practicar natación.

Esta es la Policía donde algunos jefes repostaban sus vehículos gratis en algunas gasolineras de Sevilla a cambio de retirar las denuncias que habían puesto los agentes que allí habían sido enviados por ellos mimos.

Esta es la Policía donde se ha enviado a los agentes a denunciar a la puerta de un restaurante famoso para que, después, algún que otro jefe pueda cenar gratis con la familia; o a la puerta de una sucursal bancaria, en represalia, por habérsele negado un crédito a un jefe, o a la sede de la jefatura del Cuerpo Nacional de Policía, mientras se lleva a cabo al operación Pájaro, con el objetivo de denunciar algún que otro vehículo perteneciente a algún compañero de la Policía Nacional, porque ¡se había declarado la guerra al CNP! tal y como decía un jefe manipulando e incitando a sus fieles más leales.

Esta es la Policía donde se han hecho barbaridades con el servicio de Grúa Municipal, para recibir a cambio carta blanca en el depósito y suculentos viajes al Caribe para jefes y familiares.

Esta es la Policía que abraza y da la bienvenida a quienes han reconocido cobrar tasas ilegalmente. Esta es la Policía que da la espalda y marca a los que son realmente agentes de Policía y como tales, denuncian al golfo, aunque ese golfo vista el mismo uniforme y sea familiar de alguien importante en la Jefatura.

Esta es la Policía de las oposiciones amañadas, de los exámenes filtrados, de la modificación de las bases de la convocatoria para que tengan acceso quienes no tienen los permisos de conducir correspondientes, y que casualmente son hijos de mandos. Esta es la Policía donde hay quienes se lucran quitando las denuncias que sus compañeros o subordinados legalmente ponen en la calle.

Esta es la Policía donde, por diversos motivos, la mayoría de sus integrantes han preferido ignorar todo lo que las investigaciones del Cuerpo Nacional de Policía y el grupo Gepol han sacado a la luz con documentos, grabaciones, emails, sms... sumándose así al corporativismo más cobarde y ruín, que por tratarse de un cuerpo de Policía, hace que todo sea más repugnante aún si cabe, y que hace que algunos de nosotros sintamos auténtica vergüenza de lo que hay dentro del cuerpo. Por desgracia, es muy difícil demostrar todo esto. Y a la vista está cómo se han ido resolviendo distintos casos en los juzgados. Pero tenga la certeza, señor Muñoz, de que todo lo que aquí le expongo es cierto, y que es vox populi entre todos los agentes de la Policía Local, porque a pesar de sufrir todos nosotros un eterno problema con las transmisiones entre los equipos, lo cierto es que esta Policía funciona como un patio de vecinos, y todos nos enteramos de todo, aunque muy pocos agentes se atrevan a hablar de ello abiertamente.

Yo, que no conocía nada de esto hasta que llegué a aquí, dediqué los mejores años de mi vida en esforzarme y a trabajar muy duro para aprobar una oposición difícil y llegar a convertirme en agente de Policía, y por suerte lo conseguí. Ahora entiendo bien por qué me costó tanto años. Por qué me quedaba a las puertas siempre. Por qué suspendía siempre al final…

Finalmente, tuve la suerte de llegar a aquí, a la Policía de mi ciudad natal, en donde quería trabajar, pero eso sí, claro, cómo no, tuve que hacerlo por la puerta de atrás, permutando con otro compañero desde otra localidad donde había conseguido finalmente aprobar y donde las oposiciones eran más justas y legales que aquí. Si no… creo que no estaría aquí.

Reconozco que muchas veces, al igual que otros compañeros, cuando veo lo que hay, me desmotivo, y me planteo seriamente si acerté con cambiar aquella localidad en la que trabajaba muy a gusto, por mi ciudad. Si hice lo correcto. Mi mujer, desde fuera, es quien me ayuda a recuperar la ilusión y seguir adelante.

Y es que yo, señor Muñoz, tal y como algún que otro compañero, tal y como los profesionales investigadores del grupo Gepol, tal y como unos cuantos valientes motoristas, o tal y como algún que otro honrado integrante del Grupo Giralda, yo, señor Muñoz, soy una de esas escasas ovejas negras que hay en la Policía Local de Sevilla. Y a mucha honra.

Va por todos ellos, por esas ovejas negras, por todos nosotros, por ese puñado de policías, buenos profesionales donde los haya, que por dar el paso al frente que dieron en su día, por no esconderse y mentir como la mayoría de sus compañeros hicieron, desgraciadamente, jamás serán ya ni felicitados, ni condecorados por sus actuaciones, sean las que sean, a los que tampoco les será fácil ascender, truncando así su carrera profesional, pero que sí serán recordados, eso sí, para que se les asigne el peor servicio o turno que haya. Para todos ellos, mi más sincero reconocimiento, mi mayor respeto y mi más profunda admiración.

 

Vaya tropa

Jorge Muñoz | 21 de mayo de 2017 a las 2:00

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La fragata Navarra, donde se produjo el robo del lastre.

A los 12 miembros de la tripulación de la fragata Navarra que se llevaron más de 11 toneladas de plomo se les podría aplicar la popular expresión que en su día utilizó el conde de Romanones cuando comprobó que, tras haberse garantizado el voto de todos los miembros de la Real Academia de la Lengua, no recibió ni un solo voto. ¡Joder, qué tropa!, exclamó sorprendido por el resultado, después de que se había trabajado uno a uno el voto de cada académico, que le había prometido y garantizado su apoyo para su designación.
Eso mismo debió de pensar Pedro Morenés, ministro de Defensa en 2012, año en el que se descubrió el saqueo producido en esta fragata, un buque insignia por lo que se refiere en la participación de la Armada española en destacadas misiones internacionales como la operación Libertad Duradera o la Atalanta, de lucha contra la piratería en aguas de Somalia. Sorpresa y lamentos no sólo de Morenés, sino también su sucesora en el cargo, María Dolores de Cospedal, encargada de gestionar esta desagradable herencia que las Fuerzas Armadas han mantenido en silencio hasta ahora. Pocos, más allá de la tripulación de la Navarra, conocían el robo de más de 11.000 kilos de plomo, en lingotes.
De momento, el caso está en manos de la Justicia militar, que ya ha fijado para el mes de septiembre el juicio contra los doce militares y los cuatro chatarreros procesados por delitos contra el patrimonio militar y contra la eficacia del servicio, porque lo cierto es que con esta actuación pusieron en riesgo sus propias vidas y las de sus compañeros, los 214 militares que componen la dotación de la fragata.
El fiscal jurídico militar, el acusador público en la jurisdicción militar, ha pedido penas que oscilan entre el año de prisión y los siete años y medio de prisión, dada la gravedad de los hechos, porque estos 12 militares no sólo están acusados de delitos contra el patrimonio militar –por el robo del plomo para venderlo como chatarra–, sino además de un delito “contra la eficacia del servicio”.
Y es que, sin duda, con su acción originaron un grave riesgo para la seguridad de un buque de guerra, dado que el robo masivo de esos lingotes que formaban parte del lastre de la fragata afectó a la “seguridad de la navegación”, a las condiciones de un buque de guerra en su vida activa, con el consiguiente riesgo para la tripulación que forma parte de esta fragata. Máxime si, como recuerda la Fiscalía, este buque ya presentaba de fábrica “problemas de estabilidad por su propia estructura”, lo que motivó que la falta de peso se corrigiera colocándole más de 109 toneladas de lastre sólido. Y de ese total, la tropa acusada se llevó más de un 10% para sacarse un dinerillo en las chatarrerías de la provincia de Cádiz.
Cuando la Armada descubrió el pufo, tuvieron que comprar de nuevo el plomo sustraído para volver a colocar el lastre y, además, hacer una prueba de estabilidad al buque valorada en más de 87.000 euros para garantizar que la fragata se encontraba en condiciones óptimas para la navegación.
El robo fue descubierto por otros miembros de la tripulación que estaban de guardia y que sospecharon de que sus compañeros sacaran bolsas ocultas que contenían supuestamente “aceite para Carraca”.
La actuación de unas cuantas ovejas negras, aunque en ente caso más parecían un rebaño por el número de implicados, no puede empañar la extraordinaria labor que realizan a diario nuestras Fuerzas Armadas.
España tiene en la actualidad un Ejército que goza de prestigio y de reconocimiento, gracias a la labor que los militares están desarrollando fuera de nuestras fronteras, donde participan eficazmente en un total de 17 misiones internacionales. De hecho, la fragata Canarias intervino el pasado viernes en el rescate en el Mediterráneo de más de 1.600 inmigrantes.

VISTO PARA SENTENCIA

 Lorenzo del Río tranquiliza a los jueces

FORO LORENZO DEL RIO FOTO KIKI

El presidente del TSJA se reunió el pasado jueves con los magistrados de las Secciones Penales de la Audiencia de Sevilla, a los que lanzó un mensaje de tranquilidad en relación con la avalancha de juicios que se les avecinan con motivo de las macrocausas que se investigan en los juzgados de Instrucción de Sevilla.

Tras la preocupación expresada por algunos jueces dada la sobrecarga de asuntos que ya soportan, Lorenzo del Río se presentó en la reunión con un compromiso: la creación de una sección bis de la Audiencia, con tres nuevos magistrados, que irán rotando entre las distintas secciones a las que recaigan las macrocausas.

Del Río también avanzó que la intención de los jueces de la Sección Primera, que deben juzgar a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, es señalar el inicio del juicio para finales de este año o principios de 2018.

Aunque todavía quedan algunos meses por delante, el problema son los preparativos que conlleva un juicio como éste y, sobre todo, determinar si la vista oral puede celebrarse en el edificio de la Audiencia, como defiende el presidente, Damián Álvarez, o habría que buscar una sede externa a los juzgados –se podrían alquilar metros en Fibes– durante varios años para celebrar los juicios de los ERE y de las otras macrocausas que están por llegar y que, en algún caso, como ocurre con las irregularidades de Invercaria, está ya finalizando la instrucción de las primeras piezas separadas.

No se cuestiona la capitalidad judicial

Jorge Muñoz | 19 de mayo de 2017 a las 2:00

Lorenzo del Río, presidente del TSJA

El presidente del TSJA, Lorenzo del Río, y el presidente de la Audiencia de Sevilla, Damián Álvarez.

El debate sobre la creación de las Secciones Penales del TSJA de Sevilla y Málaga va camino de convertirse en otro culebrón en el que se está intentando llevar el asunto hacia un conflicto sobre la capitalidad judicial de Granada. Pero es que aquí nadie está cuestionando que Granada sea la sede judicial como establece el Estatuto de Autonomía. De lo que aquí se trata es de respetar un acuerdo adoptado por la mayoría de la Sala de Gobierno del TSJA para “desplazar” las nuevas secciones de Apelación Penal a las provincias de Sevilla y Málaga, provincias que además ya cuentan desde hace muchos años con Salas de lo Social y de lo Contencioso-Administrativo.
Tres asociaciones de jueces –Asociación Profesional de la Magistratura, Jueces para la Democracia y el Foro Judicial Independiente– han pedido al presidente del TSJA, Lorenzo del Río, que defiendan a la Sala de Gobierno ante las “críticas injustificadas”, y han reclamado “respeto” para la decisión de desplazar la sección.
Uno de los opositores a esta medida ha sido el propio Lorenzo del Río, quien entiende que no hay “circunstancias objetivas” para ese desplazamiento y porque así se pueden aprovechar los recursos que ya dispone el TSJA en su sede. Añade el presidente que hasta ahora sólo se han recibido “cuatro recursos” con motivo de la reforma que deja la segunda instancia penal en los procedimientos incoados a partir de diciembre de 2015 en los tribunales superiores de justicia.
Pero lo cierto es que sólo en la Audiencia de Sevilla se prevé que el volumen de recursos alcanzará en el futuro más de 400 casos, a los que habría que sumar las apelaciones que pudieran llegar de otras provincias cercanas, aunque este aspecto aún no está decidido. En ese contexto sí que estaría justificado el desplazamiento de la sección penal a Sevilla.
El consejero de Justicia, Emilio de Llera, apoya el voto del presidente del TSJA –que también avala la Fiscalía Superior–, una decisión que puede obedecer a que para la Junta no tiene el mismo coste crear esas secciones penales en Granada que en Sevilla y Málaga.
Y en el trasfondo está que los jueces de Sevilla y Málaga no quieren perder la expectativa de promocionar al TSJA sin tener que marcharse a Granada, una aspiración perfectamente comprensible. En este conflicto, lo que debe primar es la decisión mayoritaria de la Sala… pese a quien pese.

Primera reunión de la fiscal superior con los fiscales provinciales

Jorge Muñoz | 17 de mayo de 2017 a las 17:30

fiscales

Ana Tárrago, con los fiscales jefe de las distintas provincias andaluzas.

La fiscal Superior de Andalucía, Ceuta y Melilla, Ana Tárrago, ha celebrado hoy la primera reunión de coordinación con los ocho fiscales jefes andaluces, tras su toma de posesión el pasado mes de marzo. La reunión se ha mantenido en Granada, en la sede de la Fiscalía Superior de Andalucía , y se han tratado temas de organización interna como la planificación, inspección en las fiscalías provinciales, las relaciones con los operadores jurídicos o la implantación de la nueva oficina fiscal, entre otros temas, con el objetivo de ofrecer una mayor eficacia en la respuesta al ciudadano en la labor del Ministerio Público.

A la reunión se ha incorporado el nuevo fiscal provincial de Granada, Pedro Jiménez Lafuente, que hoy ha tomado posesión de su cargo en un acto celebrado en la Real Chancillería, y que ha ocupado la plaza vacante dejada por Ana Tárrago tras su nombramiento como fiscal Superior. Sólo ha faltado la fiscal jefe de Cádiz que, por motivos de agenda, no ha podido asistir a esta reunión de coordinación en la que periódicamente los fiscales andaluces abordan cuestiones de funcionamiento interno.

La fiscal Superior de Andalucía coordina la labor fiscal de más de 400 fiscales que desarrollan trabajo en ocho Fiscalías provinciales y seis Fiscalías de Área distribuidas en Ceuta, Melilla, Marbella, Algeciras, Jerez y Dos Hermanas.

Un ‘salvoconducto’ para las 85 piezas

Jorge Muñoz | 14 de mayo de 2017 a las 2:00

 

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La juez María Núñez Bolaños, fotografiada en su despacho.

La trascendencia del auto dictado por la Audiencia de Sevilla sobre los ERE quedó eclipsada por la recusación del magistrado Pedro Izquierdo, que ha sido apartado del juicio a Chaves y Griñán por haber sido secretario de Justicia en los gobiernos de ambos. Coincidiendo con esta noticia, la Sección Séptima de la Audiencia dictó esta otra resolución que supone un vuelco en el devenir de la macrocausa de los ERE, al haber apartado al ex director general de Idea Jacinto Cañete de la causa en la que se investiga la ayuda de 880.000 euros concedida a la empresa Bética Industrial porque el tribunal entiende que, como esta persona ya está procesada en la “pieza política”, se ha generado una situación procesal de “duplicidad de procesos sobre los mismos hechos”.
En la práctica y extrapolando esta resolución a los otros ex altos cargos, esto significa que aparentemente sólo habría un solo juicio para cada acusado y estos no tendrían que sentarse en el banquillo en las distintas piezas separadas que se han abierto y se siguen abriendo conforme se van recibiendo los atestados de la Guardia Civil.
La medida beneficiaría sobremanera a los que, en esta sección, hemos denominado los “sospechosos habituales” de los ERE, los ex altos cargos que, por haber intervenido en la concesión de la totalidad de las ayudas, han sido imputados sucesivamente en cada una de las piezas. La juez María Núñez Bolaños, que investiga la macrocausa, mantiene abiertas alrededor de 85 piezas separadas y en la mayoría de éstas figurarían el ex director de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero o el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, dos de los “sospechosos habituales”.
La importancia para la investigación de ese auto, que tiene fecha del 4 de mayo, tendrá que ponderarla ahora la instructora y aquí es dónde surgen más incógnitas que certidumbres. Para empezar porque la Audiencia se está refiriendo únicamente a los 22 ex altos cargos que están procesados en la causa del denominado “procedimiento específico” –a Chaves y Griñán no les afecta porque sobre los mismos no pesan imputaciones en otras causas–, de lo que se deduce que el resto de las piezas continuaría contra el resto de imputados que figuran en las mismas, como los empresarios que recibieron esas ayudas.
Sin embargo, la instructora podría entender que esa duplicidad de hechos advertida por el tribunal afectaría a todos los imputados –incluso a los beneficiarios de las ayudas– y, en consecuencia, podría decidir el archivo de cada causa completa, como hizo en el caso de las ayudas a la empresa Azucareras Reunidas de Jaén –donde no había intrusos y la juez entendía que la ayuda no podía considerarse injusta, con independencia de que el procedimiento empleado para la concesión de las ayudas fuese inadecuado–, que la instructora acabó archivando y que la Audiencia de Sevilla ha reabierto recientemente.
Será interesante conocer la opinión de la Fiscalía Anticorrupción ante este auto que algunos consideran que viene a avalar la tesis que en su día mantuvo la juez Mercedes Alaya sobre la inescindibilidad de la causa y la imposibilidad de su fragmentación en piezas separadas. Alaya argumentaba que la causa de los ERE no podía dividirse, lo que a la larga implicaba celebrar un macrojuicio imposible con la totalidad de los imputados, que podrían superar los 300.
Pero la duplicidad en los hechos ha apreciado el tribunal en el caso del ex alto cargo puede que no beneficie a todos en todas las causas. Me explico. Hay algunas investigaciones que parecen tener una clara diferenciación con respecto a la “pieza política”, como es el caso de las ayudas que el ex director de Trabajo Javier Guerrero gastó en regalos y cocaína, a través de las ayudas que por importe de 1,4 millones concedió su chófer, Juan Francisco Trujillo.
Y lo mismo puede decirse, entre otras, de la pieza en la que se investigan las sobrecomisiones abonadas en las pólizas suscritas para el pago de las ayudas, en la que hay ya 38 imputados por un sobrecoste cuantificado en 66 millones, entre los que se encuentran también Javier Guerrero y su chófer.
Tanto las ayudas al chófer como las sobrecomisiones están diferenciadas claramente del procedimiento específico, las transferencias de financiación y la partida 31L, por lo que pueden quedar excluidas del indulto o salvoconducto concedido por la Audiencia para ser enjuiciados una sola vez.
Pero lo que puede beneficiar a la mayoría de los ex altos cargos imputados, puede perjudicar por el contrario a los cuatro que fueron exculpados a última hora por la Audiencia. Es el caso de los ex viceconsejeros Justo Mañas y Gonzalo Suárez, el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Daniel Alberto Rivera, y el ex director general de Idea Antonio Valverde. Si algunos de éstos aparece en otra u otras piezas distintas sí que podrían ser enjuiciados aunque hayan sido exculpados en el procedimiento específico.
El auto de la Audiencia, en lugar de aliviar las macrocausas parece que va a generar nuevos enredos jurídicos, porque legalmente, como dice el tribunal, ni siquiera se ha podido acordar el archivo, sino “dejar sin efecto” que el proceso se dirija contra el ex alto cargo.

 

 

VISTO PARA SENTENCIA

 

El PP logró quitar al juez de Chaves y Griñán

El presidente de la Sección Primera de la Audiencia, Pedro Izquierdo.

El presidente de la Sección Primera de la Audiencia, Pedro Izquierdo.

*La recusación planteada por los abogados del PP Luis García Navarro y Lourdes Fuster ha logrado apartar al juez Pedro Izquierdo del juicio a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y a otros 20 ex altos cargos en la “pieza política” de los ERE. El magistrado no encajó muy bien la decisión de sus compañeros de la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla de estimar que concurría una causa de recusación, por el interés directo o indirecto en el pleito, tras haber pasado seis años en la Junta de Andalucía, como secretario general para la Justicia. En esta misma página hemos dicho con anterioridad que, si nos atenemos a la ley orgánica del Poder Judicial no existe causa legal para recusar al magistrado, de cuya honestidad y profesionalidad nadie duda. Sin embargo, como reza una máxima judicial, el juez no debe ser sólo independiente e imparcial, sino parecerlo, como señala el proverbio romano sobre la honradez de la mujer del César.

 

El ladrón que pidió un “justificante” del arresto

Ocurrió recientemente en un juzgado de guardia, adonde había sido conducido un detenido por un robo con violencia e intimidación. El arrestado se había mostrado durante toda la comparecencia con una actitud chulesca y cuando el funcionario del juzgado le notificó el auto de libertad, ni corto ni perezoso, le pidió un “justificante” de su estancia en los juzgados.

–¡Qué mejor justificante quiere que el auto de libertad que le acabo de notificar! –replicó el funcionario.

–No me ha entendido, es que quiero un justificante de haber estado en el juzgado de guardia hasta ahora –respondió el detenido con el mismo tono que había mostrado desde su llegada a la sede judicial.

–¡Pues ahí tiene el auto! –insistió el trabajador.

La respuesta enojó al arrestado, quien replicó:

–¡Esto es lo nunca visto!

–Efectivamente, en mis más de 20 años de ejercicio profesional nunca he visto una petición como ésta –zanjó el funcionario.

La ayuda más picante de Invercaria

Jorge Muñoz | 11 de mayo de 2017 a las 2:00

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El catálogo con la “línea erótica” de aceitunas Tatis

Sueño fálico, metrosexual mulata y metrosexual nórdica, lengüetazos, dulces cuernos, polvazos, polvitos y polvazos picantes… ¿Quién diría que una crónica judicial pudiera empezar de esta forma? Pero no se alarmen… Todo o casi todo tiene explicación. Estos nombres aparecen en el sumario de una de las piezas separadas relativas a la investigación de las ayudas y préstamos concedidos por Invercaria, la empresa andaluza de capital riesgo, y forman parte de una innovadora “línea erótica” que la empresa Aceitunas Tatis comercializaba y cuyo catálogo, que aparece en la imagen adjunta, ha sido incorporado a la causa judicial para sorpresa, y por supuesto también cachondeo, de muchos. Y es que Invercaria acabó concediendo un préstamo participativo de 100.000 euros a esta empresa, cuyo catálogo de “banderillas” tampoco tiene desperdicio: desde la banderilla malagueña, vasca, pasando por los rollitos de boquerón o las delicias de pepino.
La defensa de la que fuera administradora de Aceitunas Tatis, con domicilio social en La Carolina (Jaén), ha presentado en el juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, que investiga las presuntas irregularidades de Invercaria, un escrito en el que justifica que el proyecto para el que se concedió ese préstamo participativo “reunía las características de innovador y se incluía dentro de un sector estratégico dentro de la comunidad autónoma de Andalucía”.
El documento aporta cifras macroeconómicas sobre el sector de la aceituna de mesa y destaca la “innovación incremental” que introdujo aceitunas Tatis, al crear un “valor agregado sobre un producto ya existente, agregándole cierta mejora”. Aceitunas Tatis, prosigue la defensa, elaboraba productos totalmente innovadores por su calidad, modo de elaboración, presentación y mercado objetivo. Todos eran productos “gourmet ecológicos” basados en la aceituna y elaborados de modo artesanal, con 60 variedades distintas y la “mayor selección de especialidades con respecto a cualquier otra empresa similar”.
En el marco de esa innovación, añade lo siguiente: “Un aspecto muy importante a tener en cuenta es la presentación de los productos con la creación, incluso, de una novedosa línea erótica que tuvo una magnífica acogida en el mercado nacional e internacional”. “Adjuntamos como prueba gráfica de todo ello, para una mejor comprensión de todo lo dicho, documentos 2 y 3 con los catálogos publicados por Aceitunas Tatis”, añade el escrito aportado por la defensa.
Los productos de Tatis se distribuían, entre otros, en el “hotel Ritz, Hotel Villamagna, Hotel Palace, Asador Donostiarra, cadena Cinco Jotas” y en los mercados gastronómicos San Miguel de Madrid, La Boquería de Barcelona y la Lonja del Barranco de Sevilla.
En la nueva pieza abierta dentro de la macrocausa de Invercaria por la ayuda concedida a aceitunas Tatis –que es la número 15 que se abre–, el juez ha imputado a instancias de la Fiscalía Anticorrupción a cinco personas, entre ellas el ex presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo, los directivos Isabel de Haro y Antonio Nieto Garrido, el ex director de la agencia Idea Jacinto Cañete, y la representante de Aceitunas Tatis, Gracia Rodríguez Cortés.
En el auto en el que se abre esta nueva pieza, dictado en marzo pasado, el juez recuerda que la empresa aceitunera se constituyó el 27 de septiembre de 2004 en La Carolina, con un capital social de 3.060 euros, pero ya en las cuentas anuales de 2006 y en el balance de situación del ejercicio 2008 aparecía un resultado negativo y estaba en “causa de disolución, con una deuda a corto y largo plazo de 450.000 euros”.
A pesar de esta situación, por decisión del presidente de Invercaria se concedió un préstamo participativo de 100.000 euros en junio de 2009, pero “el destino del capital no fue sino el pago a acreedores, sin que respondiera a ningún fin de capital riesgo”. Esta decisión, prosigue el instructor, se tomó por Tomás Pérez-Sauquillo “sin tramitar la ayuda por el procedimiento establecido en la normativa de referencia ni el plan director de la entidad, especialmente el análisis técnico”.  
El juzgado de lo Mercantil de Jaén declaró el 16 de diciembre de 2010 el concurso voluntario de Aceitunas Tatis y ahora el juez que investiga las irregularidades en Invercaria considera que los hechos pueden ser constitutivos de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. De todas las ayudas investigadas por el instructor en las distintas piezas separadas, Tatis es, sin duda alguna, la más picante.

La caseta recortada

Jorge Muñoz | 9 de mayo de 2017 a las 2:00

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La imagen de las registradoras con la pañoleta de la caseta “recortada”.

A muchos notarios no les sentó nada bien que, después de ceder su caseta de feria a los registradores de la propiedad para que celebraran una recepción, se difundiera una imagen con un grupo de jóvenes registradoras a las puertas de la caseta, pero cortando la pañoleta en la que aparecía el logotipo del Notariado. La polémica saltó en la red social twitter, donde varios notarios de diversos puntos del país mostraron su disconformidad con una noticia aparecida en una web donde se hacían eco de la organización, por primera vez, de una recepción institucional, “muy modesta pero muy agradable”, en la Feria de Abril.
El organizador del evento era el decano de Andalucía Occidental del Colegio de Registradores, Juan José Pretel, y la información iba acompañada de una fotografía en la que aparecían 11 registradoras delante de la caseta (del Notariado), a las que se tuvo la diligencia de preguntar si no les importaba que esa imagen se publicase en la revista del decanato andaluz de los registradores. “¡Las once forman un gran conjunto!”, recogía la noticia publicada en internet.
La polémica se desató pronto en la red, una vez que algunos notarios, cuyo colegio había cedido la caseta para este evento particular de los registradores, observaron con sorpresa que la pañoleta de la caseta, donde aparece el símbolo del notariado, había sido recortada en la imagen, lo que impedía que se identificara que se trataba de la caseta de los notarios.
El descontento se resumía así en 140 caracteres: “Muchas de nada por no dar ni las gracias” o “Es la caseta que pagamos todos los notarios y que prestamos para que hicieran esa foto en la que recortan nuestro logo”.

La pañoleta completa de la caseta de los notarios.

La pañoleta completa de la caseta de los notarios.

El enfado provocó la reacción inmediata en la web donde se había publicado la noticia con la foto de las registradoras, que añadió una coletilla final al texto: “La caseta fue cedida amablemente por el Colegio Notarial de Andalucía”.
Y tras este añadido, volvió la calma. Los que se habían calentado criticando el “recorte” de la pañoleta, pasaron a escribir lo siguiente: “Gracias por aclarar una noticia que sé que os viene dada, se nota el señorío, con vosotros aún es posible una concordia muy deseada”.
Fuentes oficiales del Colegio Notarial de Andalucía señalaron ayer que los registradores habían agradecido institucionalmente la cesión de la caseta de feria, en la que se acogió a los registradores pero fueron ellos los que costearon su recepción. Estas fuentes definieron a los registradores como “primos-hermanos de los notarios” y aseguraron que las malas relaciones entre ambos cuerpos “son historia”.

 

 

 

VISTO PARA SENTENCIA

La feria más larga, también para Zoido.

El debate sobre la Feria ampliada está abierto. Hay muchos que se posicionan a favor y en contra de la Feria más larga, en la que Juan Ignacio Zoido, el ahora ministro del Interior –o de Interior, de muy interior, como cada vez es más conocido– y ex alcalde de Sevilla ha estado presente, muy presente. Zoido no sólo ha asistido a numerosas recepciones oficiales durante el puente de los madrileños, sino también en los días siguientes, y ha tenido hasta su particular Lunes de resaca –con este calendario debería haber sido domingo de resaca– para continuar su pertinaz presencia en Sevilla. Juan Ignacio Zoido acudió ayer hasta la localidad de El Pedroso, donde inauguró las nuevas instalaciones del acuartelamiento de la Guardia Civil. Cada vez se parece más al que fuera ministro de Trabajo Javier Arenas, que aprovechaba todos los fines de semana para recalar en Andalucía, sobre todo en Sevilla, donde programaba numerosos actos públicos o del partido.

La colocación de la primera piedra, en 2014.

La colocación de la primera piedra, en 2014.

Las instalaciones que ayer inauguró Zoido fueron objeto de otra visita de su antecesor en el cargo, Jorge Fernández Díaz, el 4 de diciembre de 2014, cuando este último asistió al acto de colocación de la primera piedra de la nueva sede del cuartel de la Guardia Civil en El Pedroso. De la primera a la última piedra, no hay nada como la política de las inauguraciones que tanto gusta a nuestros políticos, sean del signo que sean.
En sus respectivas visitas, Jorge Fernández y Juan Ignacio Zoido, destacaron la reducción de la criminalidad en la localidad.
Zoido recordó ayer que el puesto de El Pedroso se remonta a la época fundacional de la Benemérita, puesto que ya aparecía en la organización de la Comandancia de la Guardia Civil que se publicó el 1 de octubre de 1853, integrado en la línea de Cazalla, junto a los puestos de Alanís, constantina, Lora del Río y Cantillana. Por eso, el ministro subrayó que no conservar y mejorar puestos como el de El Pedroso “sería traicionar una historia de 174 años y cercenar el futuro de las personas y familias de este entorno”.
El ministro, que estuvo acompañado por el director general de la Guardia Civil, José Manuel Holgado, el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Ricardo Gil-Toresano, y por el alcalde de la localidad, Juan Manuel Alejos, transmitió a los guardias civiles que integran este puesto que suponen “una referencia para los vecinos de El Pedroso, un fiel aliado, un amigo y un comodín para situaciones de todo tipo que requieren recursos, psicología y un talento que, en ocasiones, va mucho más allá de lo estrictamente policial”, aseguró Zoido.
Las obras consisten en la rehabilitación de uno de los edificios y la construcción de nuevas dependencias oficiales.

La inauguración ayer de las instalaciones.

La inauguración ayer de las instalaciones.

Desmontando al infiltrado

Jorge Muñoz | 7 de mayo de 2017 a las 2:00

Juzgados del Prado Declaran como testigos el supuesto infiltrado y un camarero en relación con la investigación por falso testimonio a los padres del Cuco

El supuesto infiltrado, Pablo B. R., en los juzgados de Sevilla.

Ni estuvo infiltrado en el entorno de la familia del Cuco ni la información que aportó fue importante para la búsqueda del cuerpo de Marta del Castillo, sino más bien “totalmente irrelevante”. La Policía Nacional ha entregado un demoledor informe en el juzgado de Instrucción número 2 de Sevilla, que investiga un posible delito de falso testimonio del Cuco y sus padres, en el que desmonta la supuesta colaboración que, auspiciada por las cadenas de televisión, se atribuye a Pablo B. R., el supuesto infiltrado en el torno de la familia del joven que fue condenado como encubridor del asesinato de Marta del Castillo.
El informe policial, al que ha tenido acceso este periódico y que firma el comisario jefe de la Brigada Provincial de Policía Judicial, desmonta rotundamente que existiera tal infiltrado, al que atribuye haber ofrecido una información “totalmente irrelevante” y del que sospechan que “sólo pretendía protagonismo”, además de recordar que Pablo B. R. cuenta con un amplio historial que engloba 19 detenciones por delitos que van desde el tráfico de drogas, la estafa, la falsificación de documentos, robo con fuerza, detención ilegal, contra los derechos de los trabajadores, amenazas y prostitución.
El informe sostiene que este individuo era conocido por los investigadores del caso Marta del Castillo como una de las “múltiples personas que a lo largo de la investigación se prestaron a facilitar información sobre el caso, la inmensa mayoría de ellas videntes, oportunistas y desequilibrados que eran rápidamente detectados y descartados”.
Dice la Policía que para poder calificar el “perfil ético” del supuesto infiltrado se facilitaron los antecedentes policiales que obran en los archivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, y que se recogen en esas 19 detenciones por distintos delitos.
Los investigadores del caso, prosigue el informe, mantuvieron varias entrevistas con Pablo B. R., quien les facilitó información “totalmente irrelevante” para el caso, hasta el punto que los agentes decidieron interrumpir definitivamente las entrevistas, puesto que “se centraban únicamente en imaginaciones e hipótesis que circulaban en aquellos tiempos en el ámbito popular, llegando esta instrucción a pensar que el citado individuo sólo pretendía protagonismo”.
Los investigadores citaron a Pablo B. R., que compareció con su abogado, y al ser requerido para que aportase las pruebas que pudiera tener relevantes o no para localización del cuerpo de Marta del Castillo, les dijo que declararía y las aportaría sólo al juez. La Policía deja constancia de que estas entrevistas se llevaron a cabo una vez que había finalizado la causa judicial, y se había condenado a Miguel Carcaño como autor del asesinato de Marta.

Juicio padres del CUCO.

El supuesto infiltrado y la madre del Cuco, en el juicio por quebrantamiento.

El informe deja claro que ni estuvo infiltrado en el entorno de la familia de Javier García Marín ni colaboró con la Policía en la investigación. “En ningún caso Pablo B. R. participó colaborando en la investigación del asesinato de Marta del Castillo, las grabaciones que se le solicitaron en septiembre de 2015 a raíz de su aparición en los medios de comunicación a los que sí se las facilitó, no las entregó a la Policía Nacional”, asevera el informe.
El supuesto infiltrado y el padre de Marta, Antonio del Castillo, entregaron las grabaciones realizadas a los familiares del Cuco en el juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla, que mantiene abierta una pieza separada para la búsqueda y localización del cuerpo de Marta del Castillo. El juez encargó a la Policía que analizara los dos CD entregados, que contenían 103 conversaciones, con una duración total de 8 horas, 41 minutos y 9 segundos. Tras escudriñar esas grabaciones, la Policía ha concluido que “no se observó ningún dato que guardara relación con la localización del cuerpo de Marta”.
El juez de Instrucción número 2 de Sevilla, Carlos Mahón, había solicitado a la Policía, en una prueba propuesta por la defensa de los padres del Cuco, que se acreditara si Pablo B. R. estuvo “infiltrado” en el entorno de la familia. Aesta pregunta, la Policía ha reiterado que se le conoció como al resto de “videntes, oportunistas y desequilibrados” que habían ofrecido informaciones irrelevantes.
Al inicio del informe, la Policía detalla al juez cómo conocieron las grabaciones realizadas por el supuesto infiltrado y así explica que el 14 de septiembre de 2015 comunicaron al juez que sigue buscando el cuerpo que una cadena de televisión había emitido una serie de entrevistas en las que “un individuo que aparecía encapuchado y sin identificar”, junto al padre de Marta, Antonio del Castillo.
La Policía consideró entonces oportuno realizar gestiones para la plena identificación del “encapuchado” y así poder citarlo, además de requerirle que aportara las supuestas pruebas que manifestaba poseer que pudieran facilitar la localización del cadáver de la joven sevillana asesinada el 24 de enero de 2009.
Los investigadores citaron al padre de Marta y le pidieron los datos del supuesto infiltrado, añadiendo que “conoció a este individuo una vez celebrado el juicio del caso y que se lo presentó un periodista llamado Nacho Abad en un hotel de Sevilla a media noche y que después de esa entrevista tuvo varios contactos con este individuo”.
El padre de Marta consideró “importante” los datos que le había facilitado Pablo B.R. y decidió visitar al juez para transmitírselos. La Policía pidió a Antonio del Castillo que aportara las pruebas o evidencias que éste le hubiera facilitado y que pudieran ser relevantes para la localización de su hija, pero el padre manifestó que no las tenía.
La Policía ya se refirió a Pablo B. R. con motivo del juicio que se celebró contra él y contra los padres del Cuco por haber quebrantado la orden de alejamiento que impedía al entonces menor acercarse a la familia de Marta.
En ese juicio, que tuvo lugar en enero de 2016, los agentes del Grupo de Menores (Grume) fueron también rotundos al afirmar que el supuesto infiltrado no es más que un “delincuente”, al tiempo que añadieron que los datos aportados a la investigación sólo fueron “paparruchás”.
Los dos agentes que comparecieron en esa vista oral coincidieron en señalar que “no era del todo creíble” lo que les aportaba y siempre carecía de relevancia.
Por su parte, Pablo B. R. dijo en ese juicio que un coche policial camuflado les seguía y que el control estaba previsto, llegando a añadir que la Policía instaló una “radio-baliza” para controlar el vehículo en el que viajaban él, el Cuco y sus padres, algo que la Policía rechazó igualmente.
Los padres del Cuco y el supuesto infiltrado fueron condenados tras ese juicio a pagar una multa de 2.520 euros por quebrantar la orden de alejamiento que pesaba sobre el joven.
El juez de Instrucción número 2 de Sevilla también acordó, a petición de la abogada de los padres de Marta, que prestasen declaración dos testigos que se hallaban en el bar La Portada en el que estuvieron los padres del Cuco la noche del crimen.
Con anterioridad, el camarero del bar y el supuesto infiltrado dijeron que los padres estuvieron entre las doce de la noche y las cuatro de la mañana en el local, lo que desmontaría la coartada del Cuco.
El juez de Instrucción número 2 de Sevilla también había pedido a la Policía Nacional que se pronunciara sobre si en algún momento los investigadores se habían entrevistado con el camarero del bar La Portada, dado que el agente no había declarado durante la fase de instrucción de la causa ni tampoco en el juicio que se celebró en la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla.
Sobre este particular, el informe de la Policía señala que no hay dato de la persona que se identifica como camarero del bar laPortada, “al no haberse tomado declaración como testigo en ningún momento de la instrucción llevada a cabo por el juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla”, que es el que investigó desde el principio el asesinato de Marta del Castillo.
Este es el primer informe que el juez ha pedido a la Policía sobre el supuesto infiltrado, pero aún está pendiente la llegada de otro que se solicitó al Grupo de Menores (Grume) de la Policía Nacional, a quien el instructor también ha pedido que se pronuncien sobre los “términos de la colaboración” del supuesto infiltrado en la investigación. Pero a la vista de lo que ya declararon los agentes en el juicio por el quebrantamiento, todo apunta que tampoco será favorable respecto a la credibilidad de este testigo. El Grume también tendrá que pronunciarse sobre el “valor” que las grabaciones aportadas tuvieron para la investigación.

De las macrocausas al caos

Jorge Muñoz | 30 de abril de 2017 a las 2:00

UNA SALA PRESIDIDA POR UN EX ALTO CARGO ENJUICIARA A CHAVES Y GRI?AN

Los jueces de la Audiencia de Sevilla están preocupados, unos más que otros, por las consecuencias que pueden acarrearles la avalancha de más de un centenar de juicios –hay quien apunta que podrían ser incluso más de 200– que van a tener que celebrar en los próximos años, derivados de las causas de las denominadas causas de “especial complejidad”, entre las que se encuentran las macrocausas de los ERE y de Invercaria, o los cursos de formación.
De momento, la Audiencia sólo ha recibido dos piezas de los ERE, que serán enjuiciadas por las Secciones Primera –la del denominado procedimiento específico, que sentará en el banquillo a los ex presidentes Chaves y Griñán y a otros 22 ex altos cargos– y Tercera –la ayuda concedida a la empresa Surcolor-Surcolor Óptica, donde hay otros 16 procesados–.
Pero a pesar de que sólo han llegado estas dos primeras piezas, ya se han encendido las primeras luces de alarma entre los jueces, sobre todo porque, según explican algunos, desde los órganos de gobierno, como el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), aún no han propuesto ninguna medida de refuerzo.
Fuentes judiciales apuntan que “lo ideal” sería que el presidente de la Audiencia de Sevilla, Damián Álvarez, presentara un informe sobre la situación que se avecina ante el aluvión de macrocausas a enjuiciar y en el que, para empezar, se designara dónde se van a celebrar estos juicios que, en algún caso, superan la treintena de imputados.
Damián Álvarez apuntó recientemente que cree el juicio de Chaves y Griñán podría celebrarse en la sede de la Audiencia, pero otras fuentes apuntan a que no sería factible porque la vista oral está previsto que se prolongue durante meses y además tendría que utilizarse la sala que ahora se emplea para los juicios con jurado, lo que supondría otro hándicap.
Una buena programación y una organización “al milímetro”, como la que efectuó la Audiencia de Málaga con motivo del juicio de la operación Malaya, que además coincidió con la celebración de otras macrocausas, es la única opción para evitar el caos.
Y en esa organización, resulta fundamental conocer en primer lugar si los juicios podrán celebrarse en el edificio de la Audiencia o habrá que buscar una sede alternativa para los juicios derivados de las macrocausas.
Pero la preocupación principal de los jueces de la Audiencia es la saturación que estos juicios supondrá en unas salas ya de por sí sobrecargadas de trabajo, como demuestran las estadísticas.
Las cuatro secciones penales (Primera, Tercera, Cuarta y Séptima) recibieron hasta diciembre pasado 7.635 asuntos, de los cuales la Cuarta recibió 2.108; la Primera, 1.861; y 1.833 las secciones Tercera y Séptima. Hasta el pasado 25 de abril, en estas cuatro secciones se repartieron 2.721 asuntos, con lo que la proyección a 31 de diciembre próximo apunta a que la Audiencia recibirá 8.489 asuntos, lo que supone 854 más que el año anterior. Así, la Sección Cuarta asumirá 2.617 asuntos (un 24,2% más); la Séptima, 2.065 (un 12,7% más); Primera, 2.018, (un 8,5% más); y la Tercera, 1.788, lo que supone un 2,5 menos, aunque hay que tener en cuenta que en esta sección uno de los magistrados está exento del 50% del trabajo por un problema de salud.
Cada sección penal tiene actualmente cinco magistrados (20 en total) y la carga máxima asignada a cada juez de la Audiencia, según el módulo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), es de 316 asuntos al año, por lo que las previsiones apuntan a que cada magistrado recibirá a final de este año 435 asuntos, superando el máximo del módulo en un 37,8%.
En esta situación, sin contar los juicios de los ERE y de Invercaria, los jueces advierten de que no pueden sacar adelante el trabajo que tienen ahora, por lo que en el futuro será aún peor.
Además, consideran que la situación empeorará cuando la Sección Primera celebre el juicio de Chaves y Griñán, por cuanto este tribunal tendría que ser eximido durante un tiempo del reparto de asuntos para compensar la carga de trabajo, lo que aumentará el volumen de asuntos de las otras secciones penales.
Cabe la posibilidad de aumentar todas las secciones con un magistrado más de refuerzo, con lo que cada una tendría seis magistrados y esto podría hacer que se conformaran dentro de cada sección dos tribunales de tres magistrados: uno de los cuales podría dedicarse a los juicios de las macrocausas y el otro al resto de asuntos.
Esta solución tampoco sería la mejor, por cuanto supondría que el trabajo que actualmente están haciendo cinco magistrados de cada sección pasarían a hacerlo sólo tres, con todo lo que ello supone de más saturación.
Y todo ello, sin contar, las posibles bajas por enfermedad, como ocurre ahora con un juez de la Sección Primera, lo que ha obligado a sustituirle por otro juez en un jurado que debe celebrar pronto, y también provocará que sus nuevos asuntos se repartan entre otros jueces de su sección.
Pero la llegada de las macrocausas plantea además otros problemas que harán necesaria esa organización “milimétrica” de los juicios porque, como muchas de las vistas se componen de piezas separadas de una misma macrocausa, pueden producirse conflictos a la hora de fijar los juicios, dado que pueden coincidir no sólo los mismos imputados en esos procedimientos diferentes, sino también los mismos abogados defensores.
Un ejemplo. Si el primer juicio que se fija, como todo parece indicar, es el de Chaves y Griñán, no se podrán celebrar más juicios de piezas de los ERE hasta que este proceso finalice, dada esa coincidencia de investigados y abogados. Para complicar aún más el rompecabezas, se da la circunstancia de que algunos de los imputados y los abogados también son los mismos que aparecen en otras piezas de Invercaria, con lo que también tendría incidencia a la hora de señalar las vistas orales.
Esto conduce a que será necesaria una labor casi de cirugía con ese calendario de señalamientos o de lo contrario algunas de las causas podrían tardar años en ser enjuiciadas.
Si no se actúa de manera urgente, las macrocausas podrían provocar el colapso de la Audiencia, el caos, y habría que acudir, como ha sucedido otras veces, al esfuerzo individual de los jueces para salvar, de nuevo, la imagen de la Justicia.

Ayudas justas, no delictivas

Jorge Muñoz | 29 de abril de 2017 a las 2:00

Juzgados del PradoMovida por el caso de los ERE Habra que estar hasta las doce y algo para hacer varias cosas, incluido fotos a la juez Maria Nu?ez Bola?os para renovar el archivo

La juez María Núñez Bolaños llega a los juzgados. Foto: Juan Carlos Vázquez.

Hace tan sólo unos meses, en octubre pasado, la juez de los ERE, María Núñez Bolaños, abrió un debate muy interesante para el devenir de la investigación de las macrocausas. La juez decidió archivar entonces la primera pieza de los ERE no porque las ayudas concedidas en su día hubieran prescrito, sino porque no apreció que en las mismas se hubiesen cometido los delitos de prevaricación y malversación que han marcado la instrucción desde el inicio. En ese auto, dictado el 11 de octubre, Bolaños archivó la causa relativa a las ayudas de 1,3 millones concedidas a la empresa Azucareras Reunidas de Jaén porque la ayuda no era “injusta” y además en la misma no aparecen intrusos, con independencia de que el procedimiento empleado en la tramitación pudiera ser inadecuado.
Ese auto ha sido ahora revocado por la Audiencia de Sevilla, que ha ordenado a la magistrada que siga investigando esta ayuda porque entiende que hay una “patente apariencia” de que se han cometido los delitos de prevaricación y malversación de caudales.
La Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, encargada de los recursos, tenía en sus manos la posibilidad de poner coto a la investigación expansiva que en su día realizó la anterior instructora, Mercedes Alaya, con el amparo de la Fiscalía Anticorrupción. La cuestión no es nueva y su autoría no puede atribuirse en exclusiva a la juez Bolaños, dado que el magistrado Alberto Jorge Barreiro, que en su día instruyó en el Tribunal Supremo la causa de los ERE cuando Manuel Chaves y José Antonio Griñán eran aforados, ya lo expuso claramente en uno de sus autos.
Decía el juez Barreiro que el hecho de que las subvenciones de los ERE sean “nulas por haber infringido el ordenamiento jurídico, no significa que todo el dinero concedido con cargo a ese programa presupuestario haya sido defraudado en perjuicio del erario público”. El magistrado añadía que “un porcentaje de las subvenciones ilegalmente concedidas habría que concederlas también en el caso de que la concesión fuera legalmente tramitada”.
La propia Audiencia de Sevilla reconocía recientemente en uno de sus autos que tras estallar el escándalo de los ERE, la Consejería de Empleo inició un plan para recuperar los pagos indebidos que dio lugar a 69 informes referidos a 70 empresas, donde se analizaron 322 pólizas que afectaban a 5.982 personas, de las cuales “72 nunca habían trabajado para las empresas beneficiarias de las ayudas y otras 54 no cumplían los requisitos mínimos para ser beneficiarios de dichas ayudas”. Es decir, de unos 6.000 trabajadores, las supuestas ilegalidades se reducen a 126 personas, que habrían percibido más de 12 millones de euros, que ya son objeto de reclamación, frente a los 741 millones –la totalidad– en que cifra el fraude la Fiscalía Anticorrupción.
La Audiencia ha cerrado ahora el debate, al confirmar de nuevo las tesis de Alaya de que todas las ayudas son ilegales porque parten de un procedimiento inadecuado. Da igual todo lo demás, que no haya intrusos, que la empresa pudiese haber recibido esa ayuda, etc.
La juez Bolaños aún no ha tomado ninguna decisión tras recibir el atestado de Heineken, pero visto el auto dictado ayer por la Audiencia, pocas posiblidades hay de que se produzcan nuevos archivos. En el caso de Heineken sorprende además que la Guardia Civil haya introducido delitos como el de administración desleal.