Andalucía concentra el 11% de los procesados por delitos de corrupción de España

Jorge Muñoz | 12 de enero de 2017 a las 15:34

Sede del CGPJ en Madrid

Sede del CGPJ en Madrid

El 11,10%. Ese es el porcentaje de personas procesadas por delitos de corrupción en Andalucía en comparación con España, lo que sitúa a Andalucía en segundo lugar a nivel nacional, sólo superada por Cataluña, según los datos extraídos del nuevo repositorio creado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que reúne los principales indicadores de la actividad judicial contra la corrupción, tal y como ha informado este jueves el máximo órgano de gobierno de los jueces. El repositorio, que se actualizará trimestralmente, arranca con los datos correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de julio de 2015 y el 30 de septiembre de 2016, periodo en el que los juzgados y tribunales dictaron auto de apertura de juicio oral o de procesamiento contra 1.378 personas en 166 procedimientos por delitos de corrupción, de los cuales 153 corresponden a la comunidad autónoma andaluza, lo que representa ese 11,10% del total nacional. A Andalucía sólo la supera en número de procesados por estos delitos Cataluña, con 303 procesados y el 21,98% del total.

La información facilitada procede de los boletines estadísticos de los órganos judiciales, el Ministerio de Justicia, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y la Dirección General de Servicios Penitenciarios de la Generalitat de Cataluña. De los 99 procedimientos que finalizaron con sentencia en ese periodo, el 72,7 por ciento lo fue con una resolución condenatoria. Las sentencias que han adquirido firmeza en estos cinco trimestres han supuesto la condena por delitos de corrupción de 399 personas. Los delitos de prevaricación administrativa, prevaricación urbanística y malversación son los más frecuentes en las sentencias dictadas en los procedimientos por corrupción, explica el CGPJ.

El repositorio de datos sobre procedimientos judiciales por corrupción será de acceso público y permitirá a los ciudadanos conocer la acción de la Justicia en el marco global de la lucha contra la corrupción a través de sus principales indicadores –personas acusadas y/o procesadas, procedimientos, sentencias dictadas, etc.-, que se actualizarán trimestralmente. El repositorio puede consultarse desde hoy en el Portal de Transparencia del Consejo General del Poder Judicial ubicado en la web www.poderjudicial.es en el siguiente enlace: www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Transparencia/Repositorio-de-datos-sobre-procesos-por-corrupcion/

La creación de esta base de datos estaba prevista en el convenio que el órgano de gobierno de los jueces firmó con Transparencia Internacional España el 2 de julio de 2014. El trabajo posterior que ha hecho posible su puesta en marcha ha sido desarrollado por el Grupo de Transparencia creado en el seno del CGPJ.

El repositorio arranca con la información de los cinco trimestres comprendidos entre el 1 de julio de 2015 –fecha en la que entró en vigor la adenda a los boletines estadísticos que cumplimentan los letrados de la Administración de Justicia de cada órgano judicial y que permite recoger los datos de los procedimientos por corrupción- y el 30 de septiembre de 2016. A partir de ahora se actualizará trimestralmente.

Además de esta información, la web del CGPJ ofrece la del Registro Central de Penados, dependiente del Ministerio de Justicia, sobre condenados por sentencia firme por delitos de corrupción; y la de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarios del Ministerio del Interior y la Dirección General de Servicios Penitenciarios de la Generalitat de Cataluña sobre las personas –tanto penados como en situación de prisión preventiva- sometidas a régimen penitenciario por este tipo de delitos.

Corrupción pública

El Consejo General del Poder Judicial ha optado por centrar la información que se ofrece en el repositorio en la denominada corrupción pública, entendiendo que es ésta la que más altos índices de preocupación inspiran en la ciudadanía.

De este modo, los procedimientos judiciales cuyos datos se recogen en el repositorio tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política.

Estos fenómenos tienen su traducción en el Código Penal en un amplio listado de delitos que incluye la prevaricación urbanística (artículos 320 y 322), la prevaricación administrativa (art. 404, 405 y 408), la infidelidad en la custodia de documentos y la violación de secretos (art. 413, 414, 415, 416, 417 y 418), el cohecho (art. 419, 420, 421 y 422), el tráfico de influencias (art. 428, 429 y 430), la malversación (art. 432, 433, 434 y 435), los fraudes y exacciones ilegales (art. 436, 437 y 438), las negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y los abusos en el ejercicio de su función (art. 439, 441, 442 y 443) y la corrupción en las transacciones comerciales internacionales (artículo 286, 3º y 4º).

Fase procesal

Los datos que se ofrecen en el repositorio corresponden a procedimientos penales por delitos relacionados con la corrupción una vez dictado auto de apertura de juicio oral o de procesamiento.

Se ha optado por fijar éste como el momento procesal a partir del que solicitar la información a los órganos judiciales dado que la finalidad de la fase de instrucción es determinar la naturaleza y circunstancias del hecho y las personas que hayan participado en él, pudiendo variar durante la investigación tanto el tipo penal como el número de personas implicadas en la misma.

1.378 personas acusadas y/o procesadas por delitos de corrupción

Con estas premisas, los datos del repositorio indican que, entre el 1 de julio de 2015 y el 30 de septiembre de 2016, los Juzgados y Tribunales españoles dictaron auto de apertura de juicio oral o de procesamiento por delitos relacionados con la corrupción contra 1.378 personas.

 

3T 2015 4T 2015 1T 2016 2T 2016 3T 2016 TOTAL
Tribunal Supremo 0 0 0 0 0 0
Audiencia Nacional 33 36 89 51 63 272
          Total órganos centrales 33 36 89 51 63 272
Andalucía 33 59 42 15 4 153
Aragón 4 0 0 2 1 7
Asturias 13 0 30 0 25 68
Baleares 14 0 3 10 43 70
Canarias 41 4 0 36 24 105
Cantabria 0 100 0 0 0 100
Castilla-La Mancha 1 7 2 4 10 24
Castilla y León 0 7 1 1 0 9
Cataluña 210 45 33 1 14 303
Comunidad Valenciana 12 23 9 1 6 51
Extremadura 1 1 3 0 0 5
Galicia 6 1 5 7 1 20
Madrid 133 5 7 0 0 145
Murcia 0 0 1 0 3 4
Navarra 0 0 0 0 0 0
País Vasco 0 1 1 26 0 28
La Rioja 4 3 2 5 0 14
                         Total CC.AA. 472 256 139 108 131 1.106
TOTAL 505 292 228 159 194 1.378

*Acusados y/o procesados en procedimientos instruidos por Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción, Juzgados de Instrucción, Salas de lo Civil y Penal de Tribunales Superiores de Justicia, Juzgados Centrales de Instrucción y Sala Segunda del Tribunal Supremo

Del total de acusados y/o procesados, 1.060 eran hombres –el 77 por ciento- y 318 mujeres. La base de datos –que permite consultas de manera global para toda España o de manera detallada en el ámbito de cada Comunidad Autónoma- ofrece también información sobre la nacionalidad de los implicados: 1.174 eran españoles, 34 de Estados miembros de la Unión Europea y 170 extracomunitarios.

Estas personas han sido acusadas y/o procesadas en 166 procedimientos distintos, según se puede observar en el siguiente cuadro:

 

3T 2015 4T 2015 1T 2016 2T 2016 3T 2016 TOTAL  
Tribunal Supremo 0 0 0 0 0 0
Audiencia Nacional 1 1 2 4 3 11
          Total órganos centrales 1 1 2 4 3 11
Andalucía 6 3 5 6 1 21
Aragón 1 0 0 1 1 3
Asturias 1 0 2 0 1 4
Baleares 4 0 2 3 7 16
Canarias 2 1 0 1 5 9
Cantabria 0 9 0 0 0 9
Castilla-La Mancha 1 4 2 4 4 15
Castilla y León 0 3 1 1 0 5
Cataluña 2 7 4 1 3 17
Comunidad Valenciana 4 7 3 1 5 20
Extremadura 1 1 1 0 0 3
Galicia 2 1 1 2 0 6
Madrid 7 3 2 0 0 12
Murcia 0 0 1 0 1 2
Navarra 0 0 0 0 0 0
País Vasco 0 1 1 1 1 4
La Rioja 1 1 2 2 3 9
                            Total CC.AA. 32 41 27 23 32 155
TOTAL 33 42 29 27 35 166

*Procedimientos instruidos por Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción, Juzgados de Instrucción, Salas de lo Civil y Penal de Tribunales Superiores de Justicia, Juzgados Centrales de Instrucción y Sala Segunda del Tribunal Supremo en los que se ha dictado auto de apertura de juicio oral o procesamiento

 Un 72,7 por ciento de sentencias condenatorias

De las 99 sentencias dictadas en procedimientos por delitos de corrupción en los cinco trimestres estudiados, 72 fueron total o parcialmente condenatorias, lo que representa el 72,7 por ciento del total.

 

Condenatoria con conformidad Condenatoria sin conformidad Parcialmente condenatoria Absolutoria TOTAL
3T 2015 3 3 0 2 8
4T 2015 5 5 0 9 19
1T 2016 9 7 4 5 25
2T 2016 9 6 3 5 23
3T 2016 6 10 2 6 24
 TOTAL 32 31 9 27 99

La información ofrecida detalla, dentro de las sentencias condenatorias, las que lo han sido con y sin conformidad, así como las parcialmente condenatorias (tanto porque no se haya condenado por todos los delitos por los que se acusaba o porque no se haya condenado a la totalidad de los acusados).

 

399 condenados por sentencia firme por delitos de corrupción

El repositorio permite también conocer el número de personas condenadas por las sentencias dictadas por delitos relacionados con la corrupción que han adquirido firmeza en cada trimestre.

La suma de los cinco trimestres que recoge la base de datos es de 399 personas condenadas, según la información del Registro Central de Penados, dependiente del Ministerio de Justicia.

Los delitos que con mayor frecuencia aparecen en esas sentencias son, por este orden, los de prevaricación administrativa, prevaricación urbanística –es decir, delitos contra la ordenación del territorio, urbanismo, medio ambiente y patrimonio histórico- y malversación.

 

82 penados sometidos a régimen penitenciario

Por último, el repositorio ofrece los datos procedentes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, y de la Dirección General de Servicios Penitenciarios de la Generalitat de Cataluña sobre población reclusa.

En este caso, la información se refiere a las personas sometidas a régimen penitenciario –como penados o en situación de prisión preventiva- tomando en consideración el delito principal por el que han sido condenados o acusados. A 1 de enero de este año había en el conjunto de España 82 penados –en 47 casos, con el de malversación como delito principal y en otros 25 con el de cohecho- y cinco preventivos.

 Trasladar la imagen real de la acción de la Justicia

En el acto de presentación del repositorio, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha subrayado que con la información que a partir de hoy se hace pública se ofrece por primera vez a los ciudadanos una forma de conocer la acción de la Justicia en el marco global de la lucha contra la corrupción, “dando un paso más, y esperamos que importante, en la recuperación de la confianza de la sociedad en sus instituciones”.

“Nuestros jueces y nuestras juezas están cumpliendo con su misión, y no siempre en condiciones fáciles”, ha señalado Lesmes, que ha añadido que aunque en ocasiones se critica de manera interesada la labor de jueces y magistrados, sugiriendo elementos de politización en las decisiones adoptadas y veladas acusaciones de falta de imparcialidad, “la realidad deja sin fundamento esas críticas” y demuestra que “frente a la eventual degradación criminal de personas con responsabilidades políticas, el Poder Judicial se limita a actuar sobre cada caso concreto, aplicando únicamente la ley, desde la legitimidad que nos brinda el Estado de Derecho por el que nos regimos”.

Por su parte, la vocal del órgano de gobierno de los jueces Mar Cabrejas, miembro del Grupo de Transparencia del Consejo, ha dicho que la información que ofrece el repositorio evidencia “la existencia de límites reales y tangibles contra la arbitrariedad, el abuso y el despotismo, ofreciendo una visión clara de la dimensión del Poder Judicial como una instancia independiente e imparcial llamada a controlar desde el Derecho, a hacer efectiva la idea del Estado Constitucional como sistema de límites y de vínculos impuestos al ejercicio de cualquier poder”.

Cabrejas ha confiado también en que el repositorio contribuya a trasladar a los ciudadanos “la imagen real de una labor muchas veces silenciosa de sus jueces, magistrados, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, Policía Judicial, funcionarios y demás servidores públicos en su firme compromiso de lucha contra la corrupción”.

Las “represalias” a la Gepol

Jorge Muñoz | 8 de enero de 2017 a las 5:00

Sev. La disolución del Grupo Especial de Policía Local (Gepol), la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Local de Sevilla, fue una “represalia” por haber investigado los posibles casos de corrupción en el seno del cuerpo, sobre todo el supuesto amaño en las oposiciones, en el que están procesados 37 miembros de la Policía Local. Así de contundentes son las alegaciones que el abogado de dos de los integrantes de esta unidad ha presentado ante el juez de lo Contencioso-Administrativo que debe dirimir el traslado y reubicación de estos dos agentes. Uno de los demandantes ha planteado en los tribunales que fue destinado bajo el mando directo del padre de uno de los imputados, a pesar de que la Fiscalía de Sevilla había advertido de que no podían producirse este tipo de situaciones, sobre todo que ninguno de los ex miembros de la Gepol quedasen bajo la dependencia jerárquica de personas con “interés directo o indirecto” en el resultado del proceso penal.

El alegato no deja lugar a dudas: existen “poderosos indicios de que el cese” de estos agentes y el cierre de la Gepol –que el delegado de Seguridad y Movilidad, Juan Carlos Cabrera ordenó el pasado año tras finalizar la investigación de las irregularidades en las cuentas de la Feria de abril– “es una medida de represalia por el ejercicio con exceso de celo de una función esencial: investigar posibles casos de corrupción policial o funcionarial y comunicar el resultado de esas investigaciones a la autoridad judicial, mal que pese a la imagen de la Policía Local o a su integrantes, compañeros” de estos policías.
Y frente a esta conducta, “los mandos y el sindicato mayoritario y corporativo ejercen la presión que consta documentada para que se ponga en bandeja la cabeza de esta unidad, con la participación del nuevo concejal delegado, al que de forma sumamente misteriosa le han desaparecido las otrora incesantes manifestaciones, denuncias y concentraciones del sindicato SPPMA”.
Para la defensa de los agentes, también está acreditado que el propio concejal Juan Carlos Cabrera “asume las tesis de falta de compañerismo (eufemismo de complicidad con los hechos) para buscar cualquier excusa para el cese, llegando a convertir este cese en una cuestión personal, como se ha reconocido por los testigos de forma contundente”.
De esta forma, la comunicación del fin de unas diligencias por parte de la Fiscalía, que “en modo alguno justifican ese cese ni suponen la pérdida de contenido funcional del Gepol”, se convierte en un “pretexto infundado, para dar alguna apariencia de objetividad al cese fulminante” de los agentes.
Las alegaciones se han presentado ahora por escrito en el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 13 de Sevilla, después de la vista celebrada en octubre pasado, en la que declararon el propio delegado de Seguridad Juan Carlos Cabrera y el superintendente de la Policía Local Gabriel Nevado. En esas alegaciones, el abogado de los agentes señala que la Gepol ha investigado “hasta donde ha llegado al poder de la endogamia del cuerpo, lo que les ha valido la enemistad de buena parte” de la plantilla de la Policía Local de Sevilla.
La defensa recuerda que está probada la “fuerte contestación en el seno de la Policía a la labor” realizada por esta unidad de Asuntos Internos, especialmente por el “caso de nepotismo en el desarrollo de las oposiciones que supuso el acceso al cuerpo de un alarmante número de familiares de miembros destacados del mismo o del sindicato mayoritario”.
La “agresividad” del sindicato ha sido” más que evidente y añadía un segundo elemento de “presión hacia la superioridad” para apartar a la Gepol. A la llegada del nuevo concejal, añade, Cabrera manifiesta una “afinidad con el sindicato, habiendo reconocido incluso que su acto de juramento lo hizo con el pin” de esta organización sindical, y además “debuta en junio de 2015 con la intención premeditada de cesar al Gepol”, al afirmar en una reunión con sindicalistas que no estaba de acuerdo con las “policías políticas”.
Los testigos también aseguraron en el juicio que el delegado manifestó que iba a mandar a los agentes de esta unidad “a regular el tráfico a 50 grados en el distrito sur”, una frase literal que Cabrera negó pero asumió parcialmente cuando dijo que esta “molesto” porque habían aparecido algunas noticias en prensa y admitió que “si estuvieran dirigiendo el tráfico” no tendrían tiempo para estas cuestiones. Con independencia de cómo acabe este juicio, lo que sí está claro es que había muchos interesados en cargarse a la Gepol.

 

VISTO PARA SENTENCIA

 

*La anécdota ocurrió recientemente, en el transcurso de una de las muchas conversaciones que mantienen abogado y cliente. En este caso, el cliente había telefoneado al letrado con motivo de una citación que había recibido para que acudiera al edificio de la Audiencia de Sevilla, donde hacía unos meses había sido juzgado junto a otros miembros de un clan familiar. El cliente le explicó al abogado lo que había ocurrido y que le había llevado a realizarle esa conducta telefónica:

–Me ha llegado una citación de la Audiencia. Tengo que ir el día….. ¿Para qué me han citado? –pregunta desde el otro lado del auricular el miembro del clan.

–Supongo que será para notificarte el auto… –responde el letrado sin darle mayor importancia.

–¡Ah! por el auto no te preocupes, yo tengo alguien para que me lleve. –contestó el cliente rápidamente y dejando sin palabras al letrado.

Y es que, aunque parezca mentira, todavía hay muchos ciudadanos que no controlan la terminología jurídica. En este caso, el cliente, aunque se confundió en relación con el “auto” en cuestión, sí que tenía claro que debía comparecer ante el tribunal que lo había enjuiciado.Esta anécdota ocurrió realmente en esa conversación entre abogado y cliente.

Hay otras muchas situaciones divertidas que se dan en los interrogatorios de un juicio, aunque en algunos casos la anécdota va creciendo en intensidad cuando se va transmitiendo de boca en boca. Dicen que un fiscal estaba preguntando lo siguiente en un antiguo juicio de faltas:

–¿Es cierto que usted el día de los hechos se cagó en los muertos del denunciante, en toda su puta familia, en la perra de su madre y en el hijo de puta de su padre, al igual que en toda la corte celestial? –señaló el representante del Ministerio Público con el tono acusador que emplean los fiscales…

–No. Eso es completamente falso. –respondió tajantemente.

–Yo estaba tranquilamente trabajando en la fundición y entonces le dije:Antonio, por Dios, ¿no te das cuenta de que me has echado todo el acero fundido por la espalda y que es una sensación muy desagradable? –añadió.

Lo dicho. A veces la anécdota se distorsiona algo, pero sigue manteniendo toda su gracia.

La Iglesia Evangélica no tendrá casilla en el IRPF

Jorge Muñoz | 2 de enero de 2017 a las 16:00

irpfLa Sala Tercera del Tribunal Supremo establece que la negativa de Hacienda a disponer una casilla en la declaración del IRPF para que los contribuyentes puedan destinar el 0,7 por ciento de la cuota íntegra a la Iglesia Evangélica o Protestante no vulnera derechos fundamentales de dicha Iglesia, según ha informado hoy el Alto Tribunal.

La Sala III rechaza el recurso sobre protección de derechos fundamentales presentado por la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEDERE) contra la sentencia de la Audiencia Nacional que, a su vez, desestimó su demanda contra la resolución del Ministerio de Hacienda, de 25 de enero de 2015, que rechazó la petición de esa Iglesia de contar con una casilla reservada para los contribuyentes que lo deseen en el modelo de declaración del IRPF, como ocurre con la Iglesia Católica.

Hacienda respondió que la actual previsión de una casilla mediante la cual los contribuyentes que así lo quieren pueden decidir que ese porcentaje de la cuota de su impuesto se entregue a la Iglesia Católica se fundamenta en los Acuerdos de España con la Santa Sede de 3 de enero de 1979 y que, a falta de un convenio similar, no era posible acceder a la petición de la Iglesia Protestante.

La Audiencia Nacional, al justificar su fallo desestimatorio, señaló que el Convenio celebrado entre España y la Santa Sede el 3 de enero de 1979, en su Anexo IV, dedicado al régimen económico, artículo II, recoge el compromiso del Estado de asignar a la Iglesia Católica un porcentaje del rendimiento del impuesto sobre la renta o sobre el patrimonio o sobre cualquier otro de carácter personal siempre que así lo manifieste expresamente cada contribuyente. También, da cuenta de que la Ley 24/1992 contempla el régimen fiscal de los bienes y actuaciones de FEREDE pero sin prever ninguna previsión semejante a la del Convenio con la Santa Sede.

Por eso, concluyó la Audiencia, el establecimiento de un mecanismo como el pedido por la recurrente requeriría de un convenio entre el Estado y la instancia representativa de las confesiones religiosas que lo pretenden y que la Administración no puede establecerlo de manera unilateral.

Para el Supremo, la sentencia de la Audiencia Nacional ha explicado a la recurrente cuál es el régimen propio del derecho de petición (que no supone el derecho a que la petición sea contestada afirmativamente) y que la contestación ofrecida por la resolución de 26 de enero de 2015 es respetuosa con los preceptos de la Ley Orgánica 4/2001, que regula ese derecho. Asimismo, ha corroborado la distinta situación en que se halla FEREDE respecto de la Iglesia Católica, no para realizar un juicio de igualdad sino para confirmar que la respuesta ofrecida por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas era coherente con la petición y suficientemente fundada en Derecho. Es decir, que ofrecía las razones por las que no cabe atenderla.

Esa respuesta satisface el derecho fundamental ejercido por FEREDE, de manera que ninguna infracción del artículo 29 de la Constitución o de la Ley Orgánica 4/2001 se puede imputar a la sentencia ni a la Administración. Asimismo, ni la sentencia de la Audiencia ni la actuación administrativa incurren en infracción de los artículos 14 y 16 de la Constitución en ninguno de los apartados invocados por la recurrente precisamente porque se mueven en el marco del derecho fundamental (de petición) que ha ejercido.

Póker de juicios para 2017

Jorge Muñoz | 2 de enero de 2017 a las 4:00

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Cuatro grandes juicios que marcarán la crónica de tribunales a lo largo de 2017, con independencia de que continuará la instrucción de las distintas macrocausas que instruye la juez María Núñez Bolaños, quien además ha perdido desde el 31 de diciembre a uno de los jueces de refuerzo, Álvaro Martín, que regresa al juzgado de lo Penal número 2 de Sevilla tras haber pasado más de tres años –desde septiembre de 2013– instruyendo las primeras piezas separadas del caso de los ERE fraudulentos.
El póker de grandes procesos arranca justo tras los Reyes, porque la juez de lo Penal número 13 de Sevilla, Yolanda Sánchez Gucema, ha fijado para el próximo 17 de enero el inicio de la vista oral contra el ex portavoz municipal de IU Antonio Rodrigo Torrijos y el ex asesor del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla Domingo Enrique Castaño, que serán enjuiciados junto a otros ocho acusados por las presuntas irregularidades en la adjudicación del concurso para la venta de los suelos de Mercasevilla, la empresa pública de la que partió el escándalo de los ERE.
La Fiscalía reclama una condena de dos años de prisión a para los diez acusados que se sentarán en el banquillo, a los que atribuye un delito de fraude y exacciones ilegales, aunque también reclama una condena de nueve años de inhabilitación especial para el ex director general de la lonja Fernando Mellet.
Esta vista oral se prolongará durante 28 sesiones entre los meses de enero y marzo.
La segunda cita judicial importante del año llegará en el mes de abril, puesto que la Audiencia de Sevilla ha fijado a partir del 18 de abril el juicio contra el ex mandatario del Real Betis Manuel Ruiz de Lopera, que se enfrenta a una petición de condena de tres años de cárcel y al pago de 3,6 millones de indemnización por un delito de apropiación indebida. De este juicio se han establecido inicialmente otras 24 sesiones que se desarrollarán entre los meses de abril y octubre, habiéndose señalado para el 5 de junio la declaración de Lopera. Hay algunos que confían en que la Fiscalía y las acusaciones particulares que ejercen las asociaciones de notables béticos lleguen a a una conformidad que evite la celebración del juicio, pero para ello el ex mandatario del Real Betis tendría que reconocer las supuestas irregularidades, algo que a lo largo de la tortuosa instrucción que se inició en 2008 por la juez Mercedes Alaya siempre ha rechazado. De hecho, su defensa solicita la libre absolución, porque entiende que Lopera “ni se ha extralimitado en sus funciones, ni ha realizado actuaciones en detrimento económico del Real Betis y no le ha provocado perjuicio alguno”.
Al margen de este juicio, la vista oral más esperada para el año que viene es la del caso de los ERE, el enjuiciamiento de los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán por su supuesto conocimiento del fraude en el pago de las ayudas sociolaborales y directas a empresas. Todavía hay muchas dudas de que el juicio pueda iniciarse antes de que acabe el 2017, a pesar de que el juez Álvaro Martín ya dictó el auto de apertura de juicio oral, el sumario está concluido y la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado las penas para los 26 ex altos cargos procesados.
Aún queda por determinar a qué sección de la Audiencia le corresponderá, por un turno especial de reparto implantado recientemente, el enjuiciamiento de esta pieza de los ERE, y todavía no se han resuelto los recursos presentados por los ex presidentes y otros ex altos cargos. Además, la Audiencia de Sevilla y el TSJA deberán fijar medidas extraordinarias para la celebración de la vista oral, puesto que en la actualidad resulta bastante complicado que alguna de las salas de vistas de la Audiencia pueda acoger un juicio con 26 acusados y sus respectivas defensas, no descartándose incluso que, como Sevilla no cuenta con una Ciudad de la Justicia, haya que trasladar este juicio a una sede provisional fuera del viejo edificio del Prado de San Sebastián. En principio, el juicio podría celebrarse en la Sala donde actualmente se celebran los juicios con jurado popular, pero como se prevé que la vista pueda durar hasta ocho meses, dificultaría enormemente la tramitación de los juicios con jurado, muchos de los cuales son además asuntos preferentes porque hay acusado que están en prisión provisional. La búsqueda de esta nueva sede y su acondicionamiento, retrasaría el posible inicio del juicio a los ex presidentes.
Fuentes de la Audiencia apuntan que ese hipotético emplazamiento externo de la Audiencia de Sevilla debería incluso comprometerse por un período mínimo de dos años, puesto que además del juicio a los ex altos cargos, en la macrocausa de los ERE se pueden formar más de 200 piezas que también deben ser enjuiciadas.
Algunas de estas piezas, como las relacionadas con las ayudas a las empresas Aceitunas y Conservas (Acyco) y Surcolor-Surcolor Óptica también están finalizadas, de ahí que no se descarta que algunos de estos juicios –con un número menor de imputados– pueda celebrarse en la Audiencia antes del juicio a Chaves y Griñán.
Septiembre es el mes que completa el póker de juicios en Sevilla. El día 12 arranca en el juzgado de lo Penal número 10 de Sevilla el juicio por el supuesto amaño de las oposiciones en la Policía Local, en el están procesadas 45 personas, de las cuales 37 son miembros de la Policía Local. La vista se prolongará hasta el mes de diciembre, en sesiones de martes, jueves y viernes.
La Fiscalía de Sevilla ha solicitado una condena de 13 años de inhabilitación y el pago de una multa de 5.400 euros para el superintendente de la Policía Local Juan José García por delitos continuados de prevaricación y revelación de secretos, mientras que el resto de agentes que superaron las oposiciones gracias a la supuesta filtración de los exámenes se enfrentan al pago de una multa de 100.000 euros y a cuatro años de inhabilitación.
En su escrito de acusación, la Fiscalía detalla las relaciones que tienen los opositores beneficiados por la filtración con mandos, agentes y sindicalistas. Así, detalla que además de los relacionados con Juan José García, figura además un sobrino del intendente mayor de la Policía Local, Gabriel Nevado; dos hijos de un subinspector de la Policía Local, hijos de oficiales –uno de ellos perteneciente a la Unidad de Escoltas del alcalde–, y de agentes del Cuerpo. También figura el hijo de una representante del PSOE en la Junta del Distrito Norte; el de un comisario de la Policía Nacional; los de los jefes de Policía de Umbrete y Algeciras; y de un funcionario de los juzgados ya jubilado.

 

 

La segunda fuga de José Jonathan

Jorge Muñoz | 26 de diciembre de 2016 a las 2:00

Condenado a dos años y tres meses de prisión al joven que fue agredido por el hijo de Ortega Cano en un club de alterne · Hirió a diez agentes al darse a la fuga conduciendo ebrio y drogado

JUICIO DEL HIJO DE ORTEGA CANO

Diez agentes de las Policías Nacional y Local y de la Guardia Civil heridos y cuatro patrulleros afectados con diversos daños. Éste es el balance de la espectacular fuga que protagonizó en 2011 José Jonathan Vázquez Antúnez, el joven que tan sólo unos años después sería conocido por haber sido agredido por José Fernando Ortega Mohedano, el hijo del torero Ortega Cano, a las puertas de un club de alterne de Castilleja de la Cuesta. No sería la primera vez que este joven protagonizara un incidente de este tipo, porque tan sólo unos meses después del suceso en el puticlub José Jonathan volvió a ser detenido tras otra persecución en coche tras saltarse un control en las Tres Mil Viviendas, lo que obligó incluso a uno de los agentes a disparar contra el vehículo.

La sentencia dictada por el juzgado de lo Penal número 10 de Sevilla en relación con los hechos ocurridos en el año 2011 ha impuesto una condena de dos años y tres meses de prisión a José Jonathan por un delito de atentado a la autoridad, otros dos delitos contra la seguridad vial y diez delitos leves de lesiones. Además de la pena de prisión, el juez le condenó a pagar una multa de 1.800 euros, mientras que en concepto de indemnización debe abonar otros 20.833,01 euros a los agentes por las lesiones causadas, y 4.691,15 euros por los daños provocados en los patrulleros.
Los hechos que han motivado la condena se remontan a la madrugada del 11 de diciembre de 2011, cuando el acusado conducía el Audi de su padre por la avenida de Kansas City. Según la sentencia, circulaba bajo el influjo de las bebidas alcohólicas y de la cocaína, lo que determinó una “limitación de sus facultades para conducir correctamente, haciéndolo de forma despreocupada” y saltándose un semáforo en rojo. Una patrulla de la Policía salieron en persecución del joven, empleando señales luminosas y acústicas para que se detuviera, pero el conductor hizo caso omiso y siguió “circulando a gran velocidad, rebasando más semáforos en fase roja”, hasta llegar a las proximidades del centro comercial Los Arcos, donde un coche patrulla se colocó en medio para interceptarlo y fue golpeado por el vehículo de José Jonathan.
La persecución continuó a gran velocidad por la ronda del Tamarguillo “por el carril contrario”, obligando a que los vehículos que iban correctamente por su carril tuvieran que apartarse para evitar colisionar. En Manuel Siurot chocó con otro patrullero y en la avenida cardenal Bueno Monreal derribó una señal de tráfico, circulando durante varios minutos a gran velocidad y “en contramano” en ocasiones, “poniendo en peligro a los ocupantes de los vehículos que circulaban correctamente, así como a diversos viandantes”.
La fuga siguió por las localidades de Tomares, Castilleja, Bormujos, Coria del Río y Puebla del Río, donde a la altura del polígono industrial Los Puntales derribó otra señal de tráfico, y dentro de la localidad chocar con otros dos patrullero. La huida finalizó cuando el acusado detuvo el coche bruscamente, lo que provocó una “colisión múltiple” de los patrullero que le perseguían. José Jonathan golpeó intencionadamente a los policías, “lanzándoles patadas y manotazos” alcanzando a un agente que perdió su reloj, precisa el fallo.
La sentencia señala que aunque el acusado nos e negó a someterse a la prueba de alcoholemia, “no pudo obtenerse resultado al ser interrumpida” por el inculpado, que no obstante presenta “ojos brillantes, enrojecidos y pupilas dilatadas”.
En el juicio, José Jonathan ejerció su derecho a última palabra alegando su indefensión porque había renunciado a su abogado y su nuevo letrado no podía comparecer, pero el juez rechazó este alegato porque, según explica en la sentencia, el anterior letrado no puso ninguna objeción en continuar su defensa.
La nueva defensa ha recurrido ahora la sentencia y ha pedido la repetición del juicio, que se declare la nulidad de todo lo actuado y que la nueva vista se celebre con la intervención de un “magistrado diferente”. José Jonathan entiende que ese juicio “no debió haberse llevado jamás a cabo, en una situación de manifiesta falta de confianza del defendido frente a su propia defensa, por mucho que ésta, contra la expresa voluntad de su defendido, se negara a ser defendida por dicho letrado”.

 

VISTO PARA SENTENCIA

 

Andaluces en la cúpula de los Abogados Jóvenes

juancalle

La malagueña Mara Monreal y el sevillano Juan Calle forman parte de la Confederación Española de Abogados Jóvenes(CEAJ), que ha sido elegida recientemente en una reunión celebrada en Murcia. La abogada Mara Monreal, que presidió el grupo de abogados jóvenes del Colegio de Abogados de Málaga, ha sido elegida presidenta de la CEAJ, mientras que el letrado sevillano Juan Calle forma parte como vocal de la nueva comisión ejecutiva de la Confederación Española de Abogados Jóvenes. La candidatura encabezada por Mara Monreal, que concurrió a las elecciones con el lema “Construyendo Abogacía”, obtuvo 42 votos frente a los 35 de Rosa Manrubia y los 27 de Ahinoa Franco. La nueva comisión ejecutiva de la CEAJ está formada además por Erika Ruiz –de la asociación de abogados jóvenes de Gijón–, como vicepresidenta; Alba Tásies (Barcelona), secretaria; Garbiñe Gorostiza (Bizkaia), tesorera; y los vocales Jesús Asenjo (Valladolid); Inés Blanco (Salamanca); Marcos Espejo (Tarragona); y Laura Sánchez (Alcalá de Henares). La nueva presidenta de los Abogados Jóvenes de España, Mara Monreal, mostró su satisfacción por la elección y se marcó como objetivo que la abogacía institucional joven será “útil y cercana, de calidad para la sociedad, pero justa y unida respecto a los profesionales que la componen”. También mostró su compromiso con la formación de los letrados y apostó por la creación de un Observatorio de la Abogacía Joven, que evaluará y analizará la realidad del colectivo.

La malagueña Mara Monreal y el sevillano Juan Calle forman parte de la Confederación Española de Abogados Jóvenes(CEAJ), que ha sido elegida recientemente en una reunión celebrada en Murcia. La abogada Mara Monreal, que presidió el grupo de abogados jóvenes del Colegio de Abogados de Málaga, ha sido elegida presidenta de la CEAJ, mientras que el letrado sevillano Juan Calle forma parte como vocal de la nueva comisión ejecutiva de la Confederación Española de Abogados Jóvenes. La candidatura encabezada por Mara Monreal, que concurrió a las elecciones con el lema “Construyendo Abogacía”, obtuvo 42 votos frente a los 35 de Rosa Manrubia y los 27 de Ahinoa Franco. La nueva comisión ejecutiva de la CEAJ está formada además por Erika Ruiz –de la asociación de abogados jóvenes de Gijón–, como vicepresidenta; Alba Tásies (Barcelona), secretaria; Garbiñe Gorostiza (Bizkaia), tesorera; y los vocales Jesús Asenjo (Valladolid); Inés Blanco (Salamanca); Marcos Espejo (Tarragona); y Laura Sánchez (Alcalá de Henares). La nueva presidenta de los Abogados Jóvenes de España, Mara Monreal, mostró su satisfacción por la elección y se marcó como objetivo que la abogacía institucional joven será “útil y cercana, de calidad para la sociedad, pero justa y unida respecto a los profesionales que la componen”. También mostró su compromiso con la formación de los letrados y apostó por la creación de un Observatorio de la Abogacía Joven, que evaluará y analizará la realidad del colectivo.

 

Opositores en familias numerosas

Jorge Muñoz | 18 de diciembre de 2016 a las 8:00

El defensor del Menor de Andalucía pide a la Junta “sensibilidad” y una “interpretación extensiva” para renovar el título de familia numerosa cuando algún hijo estudie unas oposiciones

SEVILLA,19/10/2016.El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado recientemente una sentencia pionera en materia de protección de las familias numerosas, al avalar el derecho de una familia con cuatro hijos a mantener el título de “familia numerosa” especial, que conlleva un mayor beneficio, a pesa de que uno de los hijos tiene ya más de 25 años. Pero no sólo la Justicia se ha interesado por esta cuestión. El defensor del Menor del Andalucía, que pertenece a la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, ha reclamado a la Junta de Andalucía una mayor sensibilidad y que realice una interpretación extensiva de los requisitos para la renovación del título de familia numerosa, cuando uno de los hijos es mayor de edad y esté estudiando oposiciones.

Así lo expone el defensor del menor al resolver una queja presentada por la actuación de la delegación territorial de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta en Granada, en relación con una familia que quería incluir a una hija de 23 años que estudia oposiciones.

La Junta había requerido a la familia que aportara un “certificado o matrícula oficial” que acreditara que cursaban estudios de educación universitaria o cualquiera otros de análoga naturaleza, o bien que aporte el certificado del “preparador y justificante de ingreso de pago” para acreditar la condición de opositor. En la respuesta, el defensor señala que la cuestión está en “cómo probar que se están realizando estudios de oposiciones por libre, para que de este modo pudiera contemplarse dicha condición de estudiante de oposiciones como persona que está cursando estudios para la obtención de un puesto de trabajo, y por tanto susceptible de ser incluida en el título de familia numerosa”.
Para el defensor del menor, la documentación aportada por la interesada tiene “entidad suficiente” para acreditar dicha situación, ya que aportaría junto con su solicitud un justificante del pago de tasas de examen de la oposición y un justificante de la compra en una librería de los libros con el temario de las oposiciones”. Incluso podría presentar un justificante de haberse presentado a realizar el primer examen de la convocatoria, puesto que el proceso selectivo está muy avanzado.
La oficina que dirige Jesús Maeztu se pregunta qué sentido tendría para una persona pagar las tasas del examen y adquirir los libros de contenido tan especializado, que además supone un importante desembolso económico, “si no es para participar, previa preparación, en los exámenes de oposiciones”.
El defensor del menor cita el artículo 3 del Código Civil –que señala que las normas se interpretarán conforme a la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas– para recordar que nos encontramos en una situación prolongada de “crisis económica, con elevadas tasas de desempleo, en que las familias han de ajustar sus gastos para sobrellevar la situación”, por lo que el hecho de que una persona prefiera la preparación por libre del temario de la oposición en muchos casos “no es una opción, sino la única alternativa posible al no poder asumir el coste de academia o preparador”.
De esta forma, concluye que si esta institución “no considera que exista argumento razonable para desdeñar la preparación por libre de oposiciones respecto del recurso a una academia o un preparador, mucho más en las circunstancias económicas actuales en las que las Administraciones públicas han de ser especialmente sensibles con las cargas económicas que han de soportar las familias”.
Por todo ello, la resolución de la oficina del defensor del Menor acaba solicitando a la Junta una mayor sensibilidad en esta cuestión, un aspecto que trasciende el caso concreto de la queja presentada al defensor y que se hace extensible al resto de familias numerosas que tengan a un hijo preparando oposiciones por libre. En concreto, pide “que se efectúe una interpretación extensiva de los requisitos exigidos para la renovación del título de familia numerosa, de forma tal que se admitan como documentos justificativos de la realización de estudios conducentes a la obtención de un puesto de trabajo aquél que acredite el pago de las tasas de examen de una oposición junto con la instancia presentada para participar en dicha oposición”. Todo ello, prosigue el defensor, unido a una “declaración responsable del miembro de la familia que estuviera preparando la oposición en que señale que la está realizando por libre”.

 

VISTO PARA SENTENCIA

 

El Cuco solicita “protección” para ir a los juzgados

Rosalía Inmaculada García Marín, madre de Francisco Javier García Marín, el Cuco, ha solicitado medidas de “protección” al juez de Instrucción número 2 de Sevilla, ante el que ambos han sido citados a declarar en enero próximo imputados por un delito de falso testimonio, en relación con las manifestaciones que hicieron en 2012 en el juicio celebrado por el asesinato de Marta del Castillo.

JUICIO DE MARTA DEL CASTILLO. EL CUCO

Los abogados Carlos Sierra y Rafael Ramírez, que representan a la madre y al que fuera menor, han pedido al juez que se coloquen vallas en los accesos a los juzgados el próximo 17 de enero, día en el que Rosalía y su hijo están citados a declarar, una medida que reclaman para “salvaguardar la integridad” de ambos investigados.

En este sentido, los letrados recuerdan que con motivo del juicio por el quebrantamiento del alejamiento fueron “agredidos” a las puertas de los juzgados la madre y el letrado Fernando de Pablo, que también ha defendido al Cuco y que recibió un “puñetazo en el rostro”.

Los defensores son conscientes de que se han producido reacciones en la opinión pública con un “notable desprecio” hacia los investigados. Carlos Sierra y Rafael Ramírez insisten en que no se trata de un hecho aislado y destacan que la prueba de la “animadversión” hacia la familia del Cuco fue la agresión física que sufrió “por una multitud que esperaba al acecho a la puesta de los juzgados”, lo provocó que tuvieran que acudir hasta en dos ocasiones a urgencias por las lesiones sufridas.

Asimismo, señalan que el rechazo de la opinión pública a la familia del Cuco se ha visto incrementado por la emisión de los vídeos con la reconstrucción judicial del crimen nueve años después de la desaparición de Marta, hecho que han denunciado ante la Fiscalía de Sevilla, que ha abierto unas diligencias de investigación para tratar de esclarecer la filtración de unas imágenes que sólo estaban en poder de la Policía, los órganos judiciales y las partes personadas en la causa.

 

El profesor voyeur

Jorge Muñoz | 15 de diciembre de 2016 a las 16:01

voyeur

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha rechazado aplicar la atenuante de voyeurismo a un profesor que instaló microcámaras en los aseos del colegio en el que trabajaba al no apreciar ningún trastorno psíquico que le impidiese conocer la ilicitud de su conducta, según ha informado hoy el Alto Tribunal.
La sentencia desestima el recurso de casación interpuesto por el condenado contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza que le impuso una pena de dos años de prisión y el mismo tiempo de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión relacionada con menores por un delito contra la intimidad que afectó a una pluralidad de personas.

Para el Tribunal Supremo, los trastornos de estímulo sexual como el voyeurismo o la pedofilia no impiden ni limitan la capacidad de actuar del acusado conforme a su conocimiento de la ilicitud de su acción. En este sentido, afirma, que sólo en ocasiones este tribunal ha estimado una disminución de la imputabilidad en supuestos graves en que se constataba una afectación asociada a otros trastornos psíquicos relevantes como la toxicomanía, el alcoholismo o una neurosis depresiva.

La sentencia se apoya en la jurisprudencia de la Sala que en relación con este tipo de trastornos establece que “no afectan a la capacidad de voluntad y entendimiento con trascendencia en la imputabilidad del sujeto activo si no aparece asociada a otra anomalía o trastorno psíquico”.

Esa misma jurisprudencia indica que la importancia a la hora de determinar su culpabilidad vendrá determinada por “su capacidad de entender la ilicitud de sus actos y de controlar sus impulsos”, sin que se establezca un criterio inamovible, ya que ha de examinarse cada caso y ponderar sus consecuencias en función de su gravedad.

Los hechos probados recogidos en la sentencia recurrida narran que, entre principios del 2013 y marzo de 2014, el condenado instaló subrepticiamente microcámaras en tres aseos del colegio de Zaragoza donde trabajaba como profesor para grabar desnudas o semidesnudas en situaciones íntimas a las personas que utilizaban los aseos. La secretaria del colegio descubrió debajo del lavabo de uno de los baños -destinado al personal de administración y profesorado- una cámara pegada con una masilla de color gris. La mujer se llevó el dispositivo y comprobó al meterlo en un ordenador que en uno de los archivos aparecía ella haciendo sus necesidades fisiológicas. Después de borrar la grabación, avisó a la policía que se presentó en el colegio y detuvo al acusado cuando salía de forma apresurada del citado baño. Durante el registro de su domicilio, se intervino un disco duro con 22 archivos con grabaciones realizadas a distintas personas mientras utilizaban los aseos y en los que se veían sus partes íntimas y 82 vídeos borrados localizados en dos tarjetas Micro SD.

La sentencia recurrida refleja también que el acusado presenta un trastorno sexual o parafilia denominada voyeurismo, que se manifiesta en la conducta de observar ocultamente a personas cuando están desnudándose, desnudas o en plena actividad sexual que les provoca excitación sexual, sin que ello limite su capacidad de comprender y de actuar conforme a esa comprensión. También incluyó que la denunciante y la letrada del Patronato de la Fundación Educativa Escolapias perdonaron al acusado en el juicio.

Este perdón, precisamente, es el que alega el condenado, además de la inexistencia de una denuncia previa por parte de los ofendidos o agraviados por el delito, para pedir que se anule su condena. Frente a lo que sostiene la defensa, el Tribunal Supremo indica que se trata de un caso en que “la acción delictiva afecta a un número elevado de personas” -tanto por el tiempo que duró la grabación como por el material que se le intervino- y que en este supuesto, al igual que cuando afecta a los intereses generales, el delito es perseguible de oficio, de acuerdo con el artículo 209 del Código Penal, por lo que no es necesario la denuncia previa de la víctima. Tampoco considera imprescindible que se identificara a todos los afectados para ofrecerles las acciones y preguntarles si perdonaban al condenado.

La sentencia también confirma, además de la pena de dos años de prisión, la de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión relacionada con menores durante el mismo tiempo de la condena. Aunque indica que la Audiencia Provincial de Zaragoza no condenó al profesor por el subtipo agravado relativo a la afectación de menores de edad, (los policías manifestaron que en el disco duro del ordenador del acusado aparecían escenas de niñas desnudas que no habían alcanzado la pubertad dentro de los aseos, pero en la prueba pericial no se pudo acceder a su contenido) sí admitió que los menores corrieron el riesgo de ser grabados.

Descienden un 18% las separaciones sin acuerdo

Jorge Muñoz | 14 de diciembre de 2016 a las 18:53

estadistica

En el tercer trimestre de 2016 el número de demandas de disoluciones matrimoniales ha mostrado una disminución tanto de las separaciones como de los divorcios, respecto a igual trimestre de 2015, según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Las separaciones no consensuadas son las que mayor descenso han experimentado, un 18%, mientras que las consensuadas también han disminuido un 16,3% respecto al tercer trimestre de 2015. En la comunidad Autónoma de Andalucía se interpusieron 98 demandas de separación no consensuada y 175 de separación consensuada, ha informado hoy el TSJA.
Respecto a los divorcios, también han disminuido aunque en menor medida. Así, los divorcios no consensuados han descendido un 1,8% mientras que los consensuados lo han hecho en un 14,5%. En Andalucía se presentaron durante el tercer trimestre del año 2.126 demandas de divorcio no consensuado y 2.193 demandas de divorcio consensuado.
Por provincias, Sevilla y Málaga son las que más demandas de separación y divorcio presentaron mientras que Huelva y Jaén son las que menos demanda hubo.
Poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial con la población a 1 de enero de 2016 vemos que el mayor número de demandas de disolución por cada 1.000 habitantes se ha dado en Canarias, 0,65; seguida de la C. Valenciana, 0,61; Cataluña, 0,58; Asturias, 0,56; Illes Balears, 0,55; Andalucía y La Rioja, 0,54. Todas superan la media nacional
de 0,52. Por el contrario, las más bajas, se han dado en Navarra, 0,36; Castilla y León y País Vasco, 0,37.

 

 

 

Los desahucios bajan en Andalucía un 9,3% en el tercer trimestre del año

Jorge Muñoz | 12 de diciembre de 2016 a las 18:38

Los lanzamientos consecuencia de ejecuciones hipotecarias descienden un 14 por ciento y los derivados de arrendamientos urbanos bajan un 3,2 por ciento · La cifra de ejecuciones hipotecarias iniciadas fue 2.180, lo que supone una disminución interanual del 38,3 por ciento · Los procesos monitorios bajan más de un 30 por ciento y disminuyen también las demandas por despido un 11 por ciento

TSJA

El número de lanzamientos practicados en el tercer trimestre de 2016 en la Comunidad Autónoma de Andalucía experimentó un descenso del 9,3 por ciento respecto al mismo trimestre del año anterior, al pasar de 2.157 a 1.956, según el informe “Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales”, que la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial ha hecho público hoy.

La cifra de lanzamientos practicados ha disminuido en todas las Comunidades Autónomas, excepto en Castilla y León, Extremadura, Galicia y Madrid. Los lanzamientos afectan a distintos tipos de inmuebles, no solo a viviendas y, en el caso de éstas, no solo a vivienda habitual.

Los lanzamientos por impago del alquiler disminuyeron el 3,2 por ciento respecto al tercer trimestre de 2015, mientras que los derivados de ejecuciones hipotecarias bajaron el 14 por ciento.

Cataluña –con 2.815, el 23,2 por ciento del total nacional- fue la Comunidad Autónoma en la que se practicaron más lanzamientos entre el 1 de julio y el 30 de septiembre pasados, seguida por Andalucía –con 1.956-, la Comunidad Valenciana –con 1.767- y Madrid, con 1.333. Estos cuatro territorios sumaron el 64,8 por ciento de todos los lanzamientos practicados en España en ese periodo.

Atendiendo solo a los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la LAU, en el primer lugar aparece también Cataluña, con 1.740; seguida por Madrid, con 970; Andalucía, con 856; y la Comunidad Valenciana, con 783. En cuanto a los derivados de ejecuciones hipotecarias, la clasificación la encabeza Andalucía, con 1.014; seguida por la Comunidad Valenciana, con 954; y Cataluña, con 949.

El informe incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque con la advertencia de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos. Además, el hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no supone que éste lo haya ejecutado.

Con estas premisas, los datos disponibles reflejan que el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes en el tercer trimestre de 2016 fue de 2.763, un 14,8 por ciento menos que en el mismo periodo del año anterior. De ellos, 1.511 terminaron con cumplimiento positivo, lo que representa un descenso interanual del 6,2 por ciento.

Las ejecuciones hipotecarias bajan un 37,3 por ciento

El número de ejecuciones hipotecarias iniciadas en el tercer trimestre del año fue de 2.180, un 37,3 por ciento menos que en el mismo periodo del año anterior.

Todas las Comunidades Autónomas experimentaron descensos interanuales en el número de ejecuciones hipotecarias iniciadas, siendo superiores al 40 por ciento en Asturias, Illes Balears, la Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid, Murcia y Navarra.

La Comunidad Autónoma con mayor número de ejecuciones hipotecarias iniciadas entre los pasados 1 de julio y 30 de septiembre fue Andalucía –con 2.180, el 24 por ciento del total nacional-; seguida por Cataluña –con 1.859- y la Comunidad Valenciana –con 1.263-.

Aumenta el número de concursos presentados

El número de concursos presentados en el tercer trimestre de 2016, contabilizando los presentados en los Juzgados de lo Mercantil y los de personas físicas registrados en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción fue de 223, lo que supone una disminución del 1,3 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

De esos concursos, 34 corresponden a los presentados por personas naturales no empresarios –cuya competencia corresponde desde el 1 de octubre de 2015 a los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción-, por lo que atendiendo solo a los 189 concursos registrados en los Juzgados de lo Mercantil se observa una disminución interanual del 16,4 por ciento.

Cataluña fue la Comunidad Autónoma con más concursos presentados en el tercer trimestre del año -376, el 23,6 por ciento del total nacional-. Le siguieron Madrid, con 317; Andalucía, con 223; y la Comunidad Valenciana, con 195.

También fue en Cataluña donde se registraron más concursos de personas físicas en ese periodo: 103, lo que supone el 30,7 por ciento del total. Le siguieron Madrid, con 74; la Comunidad Valenciana, con 49; y Andalucía, con 34.

Las demandas por despido caen un 11,1 por ciento

Las 3.726 demandas por despido presentadas en los Juzgados de lo Social de la Comunidad Autónoma en el tercer trimestre del año suponen un descenso interanual del 11,1 por ciento.

Por territorios, Madrid –con 4.745, el 20,3 por ciento del total nacional- fue la Comunidad Autónoma en la que se presentaron más demandas de este tipo, seguida por Cataluña –con 4.348, el 18,6 por ciento- y Andalucía –con 3.726, el 15,9 por ciento-.

Los procedimientos monitorios presentados en el tercer trimestre del año en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción fueron 21.895, lo que supone una reducción del 30,9 por ciento respecto al mismo periodo de 2015.

La disminución se ha producido en todas las Comunidades Autónomas excepto en Cataluña, donde han aumentado un 35,9 por ciento.

Este tipo de procedimiento sirve para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.

Minorbis contraataca

Jorge Muñoz | 11 de diciembre de 2016 a las 5:00

La empresa que ganó el concurso de Aznalcóllar pide a la juez que investigue delitos de falsedad y estafa procesal en los informes periciales presentados por Emerita Resources

Reportaje

La empresa Minorbis ha aplicado la máxima de que la mejor defensa es un buen ataque. Y lo ha hecho presentando un contundente informe pericial en el juzgado que investiga las presuntas irregularidades en la adjudicación de la mina de Aznalcóllar, desmontando el proyecto de Emerita Resources –a la que no duda en calificar como “micro-empresa perdedora”– y solicitando a la juez que abra una investigación paralela para averiguar si se han podido cometer delitos de falsedad y estafa procesal en los informes periciales presentados por Emerita, la empresa perdedora del concurso y la que ha llevado el caso a los tribunales.

Según han confirmado fuentes judiciales, Minorbis presentó a comienzos de esta semana en el juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla un informe elaborado por la Fundación Pardo, una prestigiosa institución técnica en materia minera sin ánimo de lucro y fundada en 1870, que según la empresa “aniquila, fulmina y destroza” el proyecto minero de Emerita y “desmonta la colosal falsía con la que la denunciante ha conseguido nada menos que llegar al inaudito punto procesal al que ha llegado”.
Ese informe fue aportado en su día por Minera Los Frailes –la sociedad creada para explotar la mina– en el proceso Contencioso-administrativo que también inició Emerita, y del mismo se desprende la posibilidad de que se hayan perpetrado esos delitos en los informes periciales aportados por Emerita, “al exponerse datos y tesis presuntamente falsas a sabiendas, con presunta omisión intencionada de datos y presunta tergiversación consciente de los mismos”.
La empresa que ganó el concurso sostiene en su escrito que basta con leer las conclusiones de los “prestigiosísimos catedráticos que realizan el análisis para comprender cómo el basamento en el que Emerita ha sustentado hasta ahora su denuncias es un colosal invento, un magno fiasco que tarde o temprano tendrá forzosamente que ser descubierto”.
Minorbis, que está representada en la causa por el letrado Juan Carlos Alférez, solicita a la instructora que deduzca testimonio de oficio para la investigación de estos delitos de falsedad y estafa procesal, y también que se dé traslado del escrito y de la documentación aportada a la Unidad Central Operativa (UCO)de la Guardia Civil, a la que la juez encargó la realización de un estudio sobre el “papel real” desempeñado por Minorbis en el concurso público para reapertura de la mina.
Junto al informe de la Fundación Pardo, la empresa adjudicataria aporta un dictamen pericial elaborado por PriceWatherhouseCoopers sobre la solvencia económico-financiera del consorcio Minorbis-Grupo México. “El incuestionable informe de este experto independiente revela que lejos de ser inciertos todos y cada uno de los extremos sostenidos por la denunciante en su mendaz denuncia, su propio proyecto es el que carece de viabilidad y de los más elementales requisitos para haber sido admitido ni aun siquiera a valoración por la mesa de contratación”, precisa el escrito de Minorbis.
La adjudicataria añade que “con tales carencias propias, lo que resulta increíble es que precisamente hayan conseguido ofrecer la imagen contraria, dado que, es precisamente en el proyecto de Minorbis y su portador de solvencia Grupo México, donde sí que se contiene un proyecto verdaderamente viable, técnicamente impecable, financieramente poderoso, medioambientalmente modélico”.
De las “rotundas periciales” incorporadas en el documento remitido al juzgado, prosigue Minorbis, “no sólo se acredita la bondad del proyecto ganador, sino que además revela la tendenciosidad con la que arteramente la micro-empresa perdedora ha conseguido embarrar el proceso, hasta el punto de que, catedráticos y expertos independientes no dudan en calificar sus tesis como directa y conscientemente falsas”.
De hecho, Minorbis recoge en su escrito diversos pasajes del informe pericial de la Fundación Pardo y de otros informes que también adjunta, en los que aprecia la existencia de “indicios criminales” suficientes para la apertura de las nuevas diligencias previas en relación a los peritajes aportados por Emerita. La empresa que ganó el concurso cita, siguiendo el dictamen de la Fundación, hasta 22 aspectos en los que detecta presuntas falsedades, con expresiones tales como “no es cierto…, no son ciertas las afirmaciones…, se trata de un juicio de valor que no tiene fundamento…, es rigurosamente falso”, etc.
En relación con el problema del talud sur en la corta de los Frailes, el catedrático Ricardo Laín Huerta concluye el informe del geólogo Giovanni Funaioli “está lleno de afirmaciones falsas, de juicios de valor y de opiniones erróneas que además no están justificadas ni acreditadas en ningún momento”. El experto añade que la formación de Giovanni Funaioli, geólogo y máster en Volcanología y Geotermia, “no es la idónea para poder analizar en profundidad la viabilidad técnica de un proyecto de la envergadura del proyecto de ingeniería presentado a la Junta por el consorcio Grupo México-Minorbis para la explotación de la mina subterránea de Aznalcóllar”.
Para el catedrático, el planteamiento del actual proyecto de la rampa subterránea de acceso a la mina es adecuado “en todos sus términos”, por lo que “todos los comentarios erróneos planteados en el informe del geólogo Giovanni Funaioli, no hacen más que reforzar la plena validez del proyecto presentado por GrupoMéxico-Minorbis”.
El dictamen de la Fundación Pardo critica igualmente que es “categóricamente falso que se viertan aguas de contacto, directa o indirectamente, puesto que ya se ha justificado que todas las aguas de contacto pasan por la EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales) su tratamiento”.
La adjudicataria destaca en el documento remitido al juzgado el altísimo nivel académico, técnico y científico de la pericial aportada, y añade que ha preferido obviar “realizar comparaciones con el bajísimo y casi insultante perfil de los peritos que hasta la fecha ha presentado” Emerita.

 

VISTO PARA SENTENCIA

 

El Cuco y su madre denuncian los vídeos de la reconstrucción

Rosalía García Marín y Francisco Javier García Marín, el Cuco, han presentado esta semana en la Fiscalía de Sevilla una denuncia por la filtración y difusión en televisión de los vídeos con la reconstrucción judicial del asesinato de Marta del Castillo, según confirmaron a este periódico fuentes del Ministerio Público.

La madre del Cuco declara en el juicio por el quebrantamiento de la orden de alejamiento.

La madre del Cuco declara en el juicio por el quebrantamiento de la orden de alejamiento.

En la denuncia, los abogados Carlos Sierra y Rafael Ramírez señalan que los vídeos que ha emitido el programa Espejo Público de Antena 3 “sólo pueden estar en posesión y custodia de las partes, tanto los distintos órganos judiciales y las partes personadas”, por lo que solicita a la fiscal jefe, María José Segarra, que incoe unas diligencias de investigación para determinar “cómo han esas imágenes y por qué conducto” a la cadena de televisión, todo ello con la “salvaguarda del derecho constitucional de información” en lo que respecta a Antena 3.
La denuncia recuerda asimismo que Francisco Javier García Marín, el Cuco, tenía sólo 15 años cuando se vio involucrado en la investigación abierta por la desaparición y asesinato de Marta del Castillo, por lo que señala que aunque en la actualidad ya ha alcanzado la mayoría de edad, no se ha protegido su imagen como establece la Ley de Protección Jurídica del Menor, respecto a la tutela de los derechos fundamentales a la intimidad y a la propia imagen del entonces menor. Así, añade que sin tener en cuenta su minoría de edad, se han emitido las imágenes “sin pixelar”.
La familia del Cuco pretende con la denuncia ante la Fiscalía que se determine si los hechos “encajan en la descripción de algunos de los preceptos contenidos en el Código Penal o en el resto de la legislación penal”. Y justifica la medida en que la “conveniencia de erradicar determinadas conductas no puede permitir prescindir del respeto de los derechos fundamentales que la Constitución garantiza”, además de invocar el principio de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, por lo que “no se pueden conculcar estos derechos por el simple hecho que puedan amparar actuaciones presuntamente delictivas”.
La denuncia del Cuco y su madre solicita a la Fiscalía que incoe las diligencias de investigación para esclarecer la filtración por la emisión de las imágenes de las reconstrucciones judiciales en el piso de Miguel Carcaño en 2009, escenario del asesinato de Marta del Castillo.