Un recurso imposible

Jorge Muñoz | 20 de noviembre de 2016 a las 8:00

la grua municipal retira un vehiculo mal aparcado en presencia de la policía localLa Fiscalía de Sevilla da por buena la absolución de cuatro policías locales que se enfrentaban a una condena de dos años y siete meses de cárcel, acusados de haber cobrado más de 5.000 euros en dietas falsas por la asistencia a los juicios. El Ministerio Público ha decidido no recurrir ante el Tribunal Supremo la sentencia dictada por la Sección Cuarta de laAudiencia de Sevilla, que consideró que no podía acreditarse que falsificaran los sellos para justificar precisamente la asistencia a los juicios y poder percibir las dietas.

Fuentes del caso apuntaron que, aunque en un primer momento no estaban de acuerdo con la totalidad de los fundamentos que llevaron a la Audiencia a absolver a los agentes –sobre todo en lo que respecta al supuesto falseamiento con un tampón de 53 de los 63 documentos presentados en su día por los imputados–, al final se ha decidido no recurrir porque el asunto revestía tal “complejidad” probatoria que “o se ganaba en primera instancia” o resultaría muy difícil recurrir en casación ante el Alto Tribunal. Por ello, la sentencia de la Audiencia de Sevilla será firme y los agentes investigados, que en su día pertenecían al grupo Giralda, podrán continuar en sus puestos.
La Fiscalía de Sevilla sorprendió en el juicio con la importante rebaja que aplicó a los agentes acusados, que inicialmente se enfrentaban a una condena de cinco años, pero el representante del Ministerio Público redujo la petición a dos años y siete meses de cárcel, al apreciarles una circunstancia atenuante “muy cualificada” de reparación del daño, después de que los agentes devolvieran las cantidades de las dietas antes del inicio del juicio. Y llamó igualmente la atención que en algunos momentos el fiscal parecía que estaba interviniendo en la vista oral más como defensa que como la acusación pública, llegando a revelar que en su momento se intentó alcanzar un acuerdo con las defensas de los agentes investigados para tratar de rebajar la pena a dos años de prisión y suprimir la inhabilitación especial, pero es algo que, según el fiscal, no se podía hacer legalmente porque “la ley es la que determina la pena”. En su alegato, el fiscal llegó incluso a abogar por un indulto que finalmente no ha sido necesario.
No me cuesta trabajo reconocer –y lo digo por algunos liberados muy aficionados a dejar comentarios críticos en este blog en relación con las informaciones de la Policía Local– que se trata de la segunda investigación realizada por el extinto Grupo Especial de Policía Local (Gepol) que se queda en pólvora mojada. Pero también debe rechazarse de plano, porque es de Justicia, que la absolución se deba a una mala investigación por parte de esta denostada unidad de Asuntos Internos.
Una buena investigación puede quedar en nada porque el juez entienda, como ha ocurrido en este caso, que no hay pruebas suficientes para condenar a los agentes, cuya absolución evidentemente debe ser acatada y respetada por todos.
Lo mismo sucedió con la primera de las investigaciones en las que participó la Gepol, relacionada con el cobro ilegal de tasas en la Policía Local. En este caso, se dieron varias circunstancias que desembocaron en el sobreseimiento de una investigación iniciada hace más de seis años. La primera, el fallecimiento de un policía local que estaba considerado como el cabecilla de la trama. La segunda, la muerte también de la juez que había iniciado la instrucción del caso. Ambos factores se conjugaron y llevaron a la actual titular del juzgado a decretar el archivo, a pesar de los indicios recopilados a lo largo de la “prolija investigación” realizada por la Gepol, según puso de manifiesto la instructora en el auto de archivo.
La juez señaló que la investigación de esta unidad policial constató igualmente que “no existía control exhaustivo ni cadena de custodia” sobre las multas de tráfico, tanto las del propio Ayuntamiento como las procedentes de la Dirección General de Tráfico (DGT).
La Justicia ha tumbado dos investigaciones de la Gepol pero aún está abierta la más importante: la relacionada con el amaño de las oposiciones y en la que están procesados 37 agentes. El resultado final de ese juicio, que se celebrará en septiembre de 2017, es la verdadera prueba de fuego para la labor realizada por estos agentes en los últimos años.

 

VISTO PARA SENTENCIA

Los abogados del rehabilitado juez Serrano

Juez Francisco Serrano en el TSJA_J.Ochando

El juez Serrano con el abogado Miguel García Diéguez, en el juicio celebrado en el TSJA.

El Tribunal Constitucional rehabilitó hace varias semanas al que fuera juez de Familia número 7 de Sevilla Francisco Serrano Castro, al tumbar la sentencia del TribunalSupremo que le había condenado a diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación por haber prolongado el régimen de visitas para que un niño pudiera salir en una cofradía. El Alto Tribunal daba por buena la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que le había inhabilitado durante dos años por un delito de prevaricación culposa. Serrano estuvo defendido en el juicio por el abogado Miguel García Diéguez, quien también se encargó de su representación jurídica ante el Tribunal Supremo y quien recurrió el fallo ante el Tribunal Constitucional. Sin embargo, García Diéguez dejó de representar a Serrano –quien incluso se había incorporado a trabajar en su despacho cuando salió de la judicatura– por discrepancias surgidas entre ambos, por motivos que no han trascendido. Esto propició que el abogado Fernando Rodríguez Galisteo se personara en el Constitucional para continuar defendiendo los intereses del juez, si bien no había intervenido en la elaboración del recurso de amparo.

Tras la victoria de Serrano, algunos compañeros de Miguel García Diéguez se han sentido molestos por la falta de reconocimiento de la labor realizada. Por ejemplo, el letrado José Manuel Sánchez del Águila escribió en su facebook lo siguiente:“Pasan los días y se sigue ninguneando al brillante letrado sevillano Miguel García Diéguez, responsable en última instancia del éxito obtenido en el TCen el caso de Francisco Serrano, consiguiendo que el delito de éste quedase en una prevaricación culposa”. El propio Miguel García-Diéguez escribió una carta al nuevo letrado de Serrano, en junio de 2015, recordándole que la labor profesional desarrollada “sigue conservando su propiedad intelectual, cualquiera que sea el resultado final conseguido”. Al César lo que es del César…

Los juzgados de Violencia se trasladarán al edificio del Prado “con plenas garantías”

Jorge Muñoz | 17 de noviembre de 2016 a las 21:36

El consejero de Justicia e Interior de la Junta, Emilio de LLera.

El consejero de Justicia e Interior de la Junta, Emilio de Llera, ha señalado en el Parlamento que el traslado de los juzgados de Violencia sobre la Mujer de Sevilla se incluye en el proyecto de reordenación del Complejo Judicial del Prado de San Sebastián y que se hará con todas las garantías relativas a separación de víctima, agresor y menores previstas en la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

De Llera, respondiendo al grupo parlamentario de Podemos en la Comisión de Justicia e Interior, ha explicado que estos juzgados se trasladarán desde su ubicación actual, una sede en alquiler en la Avenida de la Buhaira, al edificio de los Juzgados del Prado, en la planta segunda, junto a otros servicios como el Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía (SAVA).

El expediente de contratación de las obras se tramitará para que la licitación se publique en los primeros meses de 2017. Las obras tienen una duración prevista de cinco meses y es muy probable que puedan estar finalizadas en el transcurso del próximo año. “A día de hoy”, ha dicho el consejero, “es imposible adelantar una fecha exacta, pues ello irá en función de cuando se efectúen a tramitación, adjudicación y contratación”.

Foto recurso de incendio en los Juzgados de Sevilla.

Esta reordenación propiciará el ahorro del alquiler de la sede de la Buhaira que ocupan los Juzgados de Violencia y permitirá un mejor aprovechamiento de los espacios de El Prado, infrautilizados desde que, en enero de 2010, los trece juzgados de lo Penal que antes lo ocupaban fueron trasladados al edificio NOGA, ha concluido De Llera.

La multa por la botellona de las cofradías

Jorge Muñoz | 13 de noviembre de 2016 a las 5:00

foto multa botellon

El boletín de denuncia de la Policía Local, que lleva “preimpresionados” los hechos denunciados…

 

Permítanme que comience esta historia diciéndoles que este caso no habría llegado a juicio si el protagonista de la misma no fuera el hijo de un abogado. No podría ser de otra manera. ¿Quién si no podría recurrir en los tribunales una multa de 100 euros? Llevar este tipo de sanciones a la revisión por un juez cuesta más el collar que el perro, si se tienen en cuenta los gastos de abogado y de procurador que hay que abonar, a pesar de la eliminación de las polémicas tasas judiciales que impuso el no menos polémico ministro Alberto Ruiz-Gallardón. Entremos en el fondo del asunto. El abogado Juan Diego Asencio Cantisán ha recurrido en la jurisdicción Contencioso-Administrativa la sanción que le impuso el Ayuntamiento de Sevilla a su hijo, un joven de 18 años, por infringir la ley 7/2006, de 24 de octubre, sobre potestades administrativas en materia de determinadas actividades de ocio en los espacios abiertos en los municipios de Andalucía, más conocida como ley antibotellón.
Los hechos que motivaron la denuncia de los agentes de la Policía Local se remontan al 1 de abril de 2015, Miércoles Santo, y tuvieron como escenario la céntrica calle Moratín. La hora, las once y media de la noche. Lo primero que llama la atención del boletín de denuncia de la Policía Local es que lleva preimpreso el motivo del hecho denunciado, supongo que para ahorrarle tiempo al agente a la hora de redactarlo. Por economía procesal, como dirían los jueces. ¿Predisposición para sancionar o afán recaudatorio? En la notificación entregada al joven figura impreso como hecho denunciado lo siguiente: “La permanencia y concentración en unión de personas consumiendo bebidas fuera de las zonas habilitadas, colaborando con el requerimiento de los agentes”.
A continuación, ya de su puño y letra, el agente señala que se ha intervenido “una botella de litro de cerveza y otra de 1,5 litros de tinto”, y añade que el grupo de personas “asciende a cuatro”. Matemática pura. Es decir, cuatro chavales de segundo de Bachiller que están en la Semana Santa de supuesta botellona en el centro de Sevilla.
Frente a esta denuncia y la correspondiente sanción de 100 euros como falta leve de la ley antibotellón, el abogado Juan Diego Asencio Cantisán sostiene que la misma no es ajustada a derecho. Para empezar, el letrado explica que su hijo “en ningún momento” se encontraba consumiendo bebida alguna, con independencia de lo que pudieran estar haciendo los otros chicos a los que éste acompañaba.
Pero aunque los otros chavales estuvieran bebiendo, el letrado sostiene que en este caso no sería de aplicación la ley antibotellón, porque estaríamos ante una de las exclusiones que establece el artículo 2 b de la norma, que excluye precisamente la “permanencia de personas en espacios abiertos del término municipal destinados a la celebración de fiestas y ferias locales, verbenas populares, así como manifestaciones de carácter religioso, político, sindical, docente, turístico, cultural o análogas”. Y así, señala que en el centro de Sevilla un Miércoles Santo hay varias cofradías haciendo su estación de penitencia, con “miles de nazarenos y plagado de personas que abarrotan los distintos establecimientos y las zonas que el Ayuntamiento haya establecido como permitidas para el consumo de bebidas”.
Alega el recurrente que en ese momento había una “saturación de bares y terrazas” y que los jóvenes sólo estaban bebiendo “refresco y agua, por lo que concluye que se ha producido una “clara vulneración del principio de proporcionalidad, el cual supone una correspondencia entre la infracción y la sanción”.
LaAgencia Tributaria de Sevilla rechazó, en la vía administrativa, las alegaciones del joven afirmando que el artículo 8.1 de la ley antibotellón sanciona el consumo de bebidas “de cualquier tipo, no necesariamente alcohol”, y eso mismo fue lo que defendió el letrado del Ayuntamiento de Sevilla en el juicio celebrado esta semana en el juzgado de lo Contencioso-administrativo número 9 de Sevilla. Da igual que estuvieran bebiendo “agua o gaseosa”, lo que se sanciona es la “permanencia y concentración de personas que se encuentren consumiendo bebidas o realizando otras actividades que pongan en peligro la pacífica convivencia fuera de las zonas del término municipal que el Ayuntamiento haya establecido como permitidas”.
El agente de la Policía Local que impuso la sanción argumentó, en un informe remitido a la Agencia Tributaria, que a pesar de que los hechos se produjeron durante la Semana Santa, “la permanencia del denunciado en la vía pública no se debía al paso de cofradía alguna, pues el lugar donde se encontraba no era itinerario de ninguna de ellas”. “Cabe señalar que el denunciado se encontraba junto a tres jóvenes más, lo que hace un total de cuatro, diferenciándose perfectamente del resto de las demás personas, puesto que no había nadie más allí concentrado con motivo del paso de cofradías”, añade el informe. Menuda botellona. Cuatro chavales bebiendo agua y refrescos –según el denunciado– o una litrona y una botella de tinto, según los agentes de la autoridad. Lástima que el cuerpo del delito –las botellas– y que fueron intervenidas por la Policía hayan acabado como residuos sólidos urbanos, según consta en el boletín de denuncia.
La Policía Local defiende que el motivo de la presentación de la denuncia es la “obligación que tiene este agente de denunciar la infracción observada” tras atender una orden del Centro de Control para personarse en la calle donde se habían reunido los jóvenes.
La última palabra la tiene ahora el juez, que debe decidir si anula o confirma la multa. Ya veremos.

 

 

 

 

 

 

 

El Supremo declara nulo el despido de una profesora de religión que se casó con un divorciado

Jorge Muñoz | 11 de noviembre de 2016 a las 16:19

resurrección galera

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo considera despido nulo por violación de derechos fundamentales la falta de llamamiento para el curso escolar 2012-2013 de la profesora de religión Resurrección Galera Ramos, que se casó con un divorciado. El Alto Tribunal considera que esa acción tiene los síntomas de ser una represalia por el pleito judicial que ella emprendió once años antes por su exclusión como profesora para el curso 2001-2002 tras casarse en 2000 con un divorciado, según ha informado el Supremo.

El Tribunal le concedió su amparo en 2011 y aquel primer despido se declaró nulo. El Supremo estima ahora el recurso de la mujer en relación a su exclusión del curso 2012-13, y condena a los demandados por la profesora (Ministerio de Educación, Consejería de Educación andaluza y Obispado de Almería) a readmitirla y pagarle los salarios de tramitación que se devenguen hasta que la readmisión tenga lugar.

El alto tribunal destaca que vuelve a producirse una vulneración de sus derechos fundamentales con “la exclusión de la lista del personal a contratar”, porque, “tras once años pleiteando por el despido (…), despido declarado, finalmente, nulo por violación de derechos fundamentales, cuando llega el momento de reanudar el contrato indefinido a tiempo parcial existente, conforme a los artículos 12-3 del ET y 4 del RD 696/2007, se niega esa reanudación sin motivar, cual requiere el art. 7-b) del citado Real Decreto”.

“La existencia del procedimiento anterior durante once años, proceso en el que se consideraron vulnerados derechos como el de igualdad y no discriminación, libertad religiosa, intimidad y otros, constituía un indicio suficiente de la continuidad en la violación de los derechos fundamentales que se había sancionado en el anterior proceso, máxime cuando el nuevo despido se produjo, prácticamente, sin solución de continuidad, lo que constituía, igualmente, un síntoma de una represalia contraria al principio de tutela judicial efectiva del que deriva “la garantía de indemnidad” que consiste en el derecho a no ser represaliado por el ejercicio de acciones judiciales”, indica el Supremo.

El fallo añade que “la existencia de esos indicios y sospechas obligaba a la demandada a probar que su proceder estaba fundado en razones justas y objetivas, que era ajeno a todo propósito de revancha y que con él no se pretendía burlar la ley. Esta prueba no se ha logrado: ni se ha intentado probar causa que justificara ese proceder, ni la decisión del obispado fue motivada, cual requieren el art. 7 del RD 696/2007 y nuestra jurisprudencia”.

 

La investigación de la mina se ‘Alayiza’

Jorge Muñoz | 6 de noviembre de 2016 a las 5:30

UN DETENIDO EN LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA Y REGISTROS EN VARIOS AYUNTAMIENTOS

 

A ningún juez de instrucción le gusta que un órgano superior le corrija, enmiende, anule o tumbe sus resoluciones o planteamientos. Pero una vez que esa decisión del tribunal superior se produce, el instructor está obligado a acatarla. Es lo que le ha pasado a la juez de Instrucción número 3 de Sevilla, Patricia Fernández Franco, con la investigación de las presuntas irregularidades en la adjudicación del concurso público para la reapertura de la mina de Aznalcóllar. La juez archivó la denuncia de Emerita, la empresa perdedora de un concurso que ganó la sociedad Minorbis-Grupo México y ese sobreseimiento fue solicitado por la Fiscalía de Sevilla, que no apreció indicios de prevaricación en la actuación de los responsables y funcionarios de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.
El archivo fue recurrido ante la Audiencia deSevilla y el recurso recayó en la Sección Séptima, correspondiendo la ponencia a la magistrada Mercedes Alaya, instructora tan sólo unos meses atrás de las distintas macrocausas que se investigan en otro juzgado de Sevilla:el número 6. Alaya y otros tres magistrados decidieron en octubre pasado reabrir la investigación y ordenar la práctica de una serie de diligencias.
El varapalo que ha sufrido la instructora le ha llevado a tomar nuevas decisiones importantes relacionadas con el curso de la investigación. La más trascendente, en principio, consiste en la retirada de la Policía Nacional y su sustitución por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a la que Patricia Fernández ha encomendado la realización de un informe completo sobre el “papel real” desempeñado por la empresa Minorbis y las “circunstancias reales relacionadas con la factura de honorarios y sus recursos personales, económicos y materiales –desde la presentación de la oferta hasta la adjudicación– para desarrollar o asumir una labor que justifique dicha remuneración”.
La labor que había desarrollado la Policía no quedó bien parada con el auto de archivo inicial. Desde el principio, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) envió atestados avalando la postura de la empresa denunciante. El primer revés a las tesis policiales, que abrieron los ojos de la instructora, lo dieron las defensas de los imputados con motivo del interrogatorio del experto ornitólogo del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que realizó un informe para la Policía asegurando que había “errores aritméticos” de bulto en el proyecto presentado por Grupo México-Minorbis.
La sorpresa llegó cuando le testigo le dijo la juez que la Udef le entregó únicamente “seis folios” de los 3.000 que tenía el proyecto para elaborar ese dictamen.
Ese informe encontró una réplica en otro elaborado por la consultora de ingeniería y arquitectura Ayesa que aseguraba que sus cálculos sobre el proyecto de gestión del ciclo del agua aportados por Minorbis eran “correctos” y acusaba al experto ornitólogo de haber cometido un “grave error metodológico”.
Ahora la juez de Instrucción número 3 ha sustituido a la Policía por los agentes de la UCO de la Guardia Civil, un cambio que sin duda habrá agradado a la juez Mercedes Alaya –la ponente que deberá estudiar todos los recursos que se planteen en esta instrucción–. No hay que olvidar que esta unidad colaboró estrechamente con Alaya en su etapa de instructora de la macrocausa de los ERE, la de los cursos de formación, o la investigación de delitos relacionados con la empresa pública mixta Mercasevilla.
Y Alaya también decidió en su día retirar la investigación al mando policial que había iniciado las pesquisas de los ERE y que curiosamente es él mismo que se estaba encargando hasta ahora de investiga el concurso de la mina. Alaya quitó a la Policía y entregó la investigación a la UCO. La historia se repite ahora con la titular del juzgado de Instrucción número 3.
Hay quien se pregunta en estos momentos sobre los derroteros que puede tomar ahora la instrucción del caso Aznalcóllar, una vez conocida la tendencia a las macroinvestigaciones espectaculares por parte de esta unidad de élite de la Guardia Civil.
No obstante, la juez ha tratado de delimitar esas pesquisas a la realización de un informe sobre ese “papel real” que pudo jugar Minorbis, ante la posibilidad que se denuncia de que hubiera actuado en el concurso como “mero intermediario” para procurar la adjudicación a una tercera entidad, controlada por una filial de Grupo México.
En este proceso de Alayización de la causa de Aznalcóllar, sólo queda por saber si la instructora aceptará la sugerencia que le hizo la Audiencia con respecto a la forma de tomar las declaraciones, dado que la instructora suele grabarlas y el tribunal (Alaya siempre se negó a grabarlas) considera que es mejor que se levante un acta, como se ha hecho toda la vida en los juzgados. “Esta Sala, en relación a las declaraciones que en lo sucesivo hayan de tomarse, sugiere al juzgado, dada la complejidad de la causa y por ello su dificultad de estudio, que aquéllas se practiquen mediante acta levantada por el señor letrado de la administración de Justicia, ya que las grabaciones en instrucción dificultaría notablemente el análisis de las mismas y sobre todo la relación visual de determinados contenidos de éstas con documentos de la causa”, recogía el auto del 19 de octubre.

 

VISTO PARA SENTENCIA

 

La millonaria fianza a Griñán por los ERE

*El juez de refuerzo Álvaro Martín dio el pasado viernes un nuevo giro de tuerca que acerca más a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán al banquillo de los acusados de los ERE, que compartirán con otros 24 ex altos cargos de la Administración andaluza. En el auto, el juez estableció una fianza de 4,2 millones de euros para José Antonio Griñán, la misma cantidad para la ex consejera de Economía Carmen Martínez Aguayo; otros 3,7 millones para el ex consejero de Innovación Francisco Vallejo y 6,2 millones para el que fuera consejero de Empleo José Antonio Viera. La fianza impuesta, aunque muy importante e impagable, dista mucho de la que solicitó en su día la Fiscalía Anticorrupción. El Ministerio Público cifró la supuesta cuantía del fraude de los ERE, es decir, la cantidad que deben devolver de forma solidaria los 18 acusados por el delito de malversación en más de 741 millones (741.596.545 euros) en la década en la que estuvo funcionando el sistema (2000-2010), de los cuales la Fiscalía considera que Griñán debía devolver solidariamente junto a otros acusados más de 483 millones de euros, en concreto, 483.937.659 euros, por las ayudas concedidas entre los años 2005 y 2010. El instructor, sin embargo, aplicó una reducción al 10% de esas cantidades teniendo en cuenta los ejercicios en los cuales se participó y la existencia de otros procedimientos en los que también se exige el reintegro de las sumas. El juez ha dado un plazo de 30 días a las defensas para que presenten sus escritos rechazando los cargos, de lo que se deduce que el juez podría enviar a mediados de diciembre la causa a la Audiencia de Sevilla, justo antes de cesar en el cargo, el próximo 31 de diciembre, cuando Álvaro Martín volverá al juzgado de lo Penal número 2 de Sevilla.

El PP pierde el combate con la juez Bolaños

*El PP sigue sumando varapalos del Poder Judicial en su campaña contra la juez María Núñez Bolaños. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha archivado esta semana las dos últimas denuncias que la acusación popular había presentado contra la magistrada, en este caso por la supuesta falta de motivación de los autos de archivo de los cursos, algo que el promotor de la acción disciplinaria ha rechazado de plano. El juez recuerda que la Audiencia reprochó al PP que presentara recursos de apelación directo. Tres denuncias archivadas y la recusación rechazada. ¿Seguirá el PP combatiendo a Bolaños? Seguro.

El Presupuesto de la Consejería de Justicia crece un 6% hasta las 568,6 millones

Jorge Muñoz | 4 de noviembre de 2016 a las 14:21

El consejero de Justicia e Interior de la Junta, Emilio de LLera.

El consejero de Justicia e Interior de la Junta, Emilio de LLera.

El presupuesto de la Consejería de Justicia e Interior de Andalucía para 2017 crece un 6,2 por ciento respecto a las cuentas de 2016 y alcanza los 568,6 millones de euros, según ha explicado hoy en el Parlamento el responsable de este departamento, Emilio de Llera. El incremento de la cuantía de las partidas destinadas a Justicia e Interior es superior en 3,4 puntos porcentuales al crecimiento global del Presupuesto de la Junta de Andalucía para 2017, que crece un 2,8%. En términos absolutos, el aumento que registra el presupuesto de la Consejería es de 33,1 millones de euros, y representa el 4% del incremento global del Presupuesto, ha precisado De Llera.

“El mero análisis numérico”, ha afirmado el consejero, “muestra que, en 2017, el Gobierno andaluz ha fijado como una de sus prioridades más señaladas las políticas de Justicia y las de Interior”. De Llera ha subrayado la partida de 9 millones de euros destinada a la recepción y puesta en funcionamiento de la Ciudad de la Justicia de Córdoba, 6,7 millones para la primera anualidad y 2,3 euros que financiarán  los gastos de mobiliario y mudanza. Esta partida se incluye en el apartado de gastos corrientes en bienes y servicios, dotado con 78,7 millones de euros, cifra que supone un incremento del 23,5% respecto a las cuentas de 2016.

Ahorro en alquiler de sedes judiciales

Además de a dicha infraestructura judicial cordobesa, esta partida se destinará a alquileres de sedes judiciales y otros gastos que están siendo objeto, durante los últimos años, de revisión y ajuste a la situación presupuestaria mediante nuevas herramientas de gestión como la implantación de la Oficina Judicial y Fiscal en Andalucía o del papel cero. La Consejería ha disminuido en más de un 22 % el número de sedes arrendadas y en 10.000 metros cuadrados la superficie alquilada. En términos monetarios, significa un ahorro de más de 5 millones de euros en rentas cada año. “En 2017 continuamos esta gestión”, ha señalado De Llera, “y a medida que entre en funcionamiento la Ciudad de la Justicia de Córdoba, conseguiremos un ahorro adicional cercano al millón de euros anual en arrendamientos, con lo que, con respecto a 2010, el ahorro en alquileres será del 30%”.

El capítulo de inversiones crece un 28,6% y alcanza los 18,2 millones de euros que se dedicarán a actuaciones en infraestructuras y a la modernización de la Justicia en la comunidad autónoma, ha señalado el consejero. Entre las principales obras de adecuación y mantenimiento, ha destacado las del edificio de la Caleta en Granada, el plan de intervención en las sedes del Prado de Sevilla,  la eliminación de barreras arquitectónicas en Torrox. Además, la Consejería trabaja en la ampliación del Depósito Judicial de Sevilla, que ya recoge vehículos procedentes de Sevilla, Huelva y parte de Cádiz, y está prevista la puesta en marcha de un nuevo Depósito Judicial Público en la ciudad de Málaga.

Recuperación progresiva de la paga extraordinaria

El consejero ha anunciado que “durante 2017 se dará cumplimiento al punto primero de la Recuperación progresiva de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012 del Acuerdo del Consejo de Gobierno”, con cargo a la partida destinada a Personal dotada con 291 millones de euros. Este capítulo incluye también la consolidación de los 45 funcionarios de refuerzo que se han incorporado durante 2016 y la implantación de la nueva oficina judicial en los proyectos pilotos de Velez-Málaga, El Ejido y la Oficina fiscal de Sevilla y Fiscalía de área de Dos Hermanas.

La Consejería de Justicia e Interior contará con 430,7 millones de euros en el Programa Administración de Justicia para garantizar los medios humanos y materiales necesarios que garanticen un funcionamiento eficaz del servicio público de Justicia. El presupuesto asignado a esta política representa un incremento 7,65% sobre lo presupuestado en 2016, “tres veces el crecimiento total del presupuesto andaluz”, ha destacado el consejero.

De Llera se ha comprometido a continuar promocionando e impulsando la mediación y otros sistemas no judiciales para la resolución de conflictos. En este marco, la Consejería seguirá, durante 2017, implantando puntos de información sobre la mediación en sedes judiciales de todas las capitales andaluzas.

Justicia Juvenil, 82 millones

Las políticas de Justicia Juvenil y Cooperación cuentan en el Presupuesto con 82 millones de euros. Durante 2017, prestarán servicio 16 centros de internamiento para la ejecución de medidas privativas de libertad en régimen cerrado, semiabierto, abierto, así como terapéuticos y fines de semana en centro, con 766 plazas, distribuidas en las ocho provincias de Andalucía. Para el cumplimiento de las medidas no privativas de libertad, la comunidad tiene 48 los centros y servicios de medio abierto. Además, como actuación alternativa a la ejecución de medidas judiciales y con un carácter educativo–restaurativo, se continuarán impulsando los programas de mediación extrajudicial e intrajudicial a través de ocho equipos ubicados en cada una de las provincias de Andalucía.

Restitución del 10% en la remuneración de los abogados

De otro lado, la Consejería de Justicia e Interior restituirá en los dos próximos años el 10% de la remuneración a abogados y procuradores en Andalucía por la prestación de la Asistencia Jurídica Gratuita, según ha anunciado hoy en el Parlamento su titular, Emilio de Llera, en la presentación de las cuentas de su departamento para 2017. El presupuesto de la Consejería de Justicia e Interior para la justicia gratuita el próximo año asciende a 42,7 millones de euros, lo que supone 4 millones más que en 2016 y un incremento del 10,75%

Con el incremento de esta partida la Junta restituirá la remuneración que percibían abogados y procuradores por el servicio de Asistencia Jurídica Gratuita en el año 2012, cuando fue reducida a causa de la crisis económica. Según ha explicado el consejero, los pagos por los servicios de estos profesionales se incrementarán un 5% en 2017 y luego otro 5% en 2018.

Además, tal como ha señalado De Llera, en los presupuestos de su departamento se prevé la modificación del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita a fin de que alcance el 8% la compensación económica de la Junta por los gastos de gestión y organización de estos servicios que realizan los colegios profesionales de abogados y procuradores en Andalucía.

Dicho reglamento sufrirá modificaciones, igualmente, para adaptarse a las novedades normativas en las leyes del Código Penal, de la Jurisdicción Voluntaria y de Enjuiciamiento Criminal, ha añadido el consejero, quien ha recalcado que todas estas decisiones se han tomado en consenso con los consejos andaluces de colegios de abogados y procuradores.

La Consejería de Justicia e Interior ha abonado esta misma semana un total de 10,5 millones de euros a los consejos andaluces de colegios de abogados y procuradores para liquidar los pagos por la prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita correspondientes al segundo trimestre de este año.

 

El Supremo confirma que la libertad de expresión no ampara el “discurso del odio” en las redes sociales

Jorge Muñoz | 4 de noviembre de 2016 a las 14:05

El discurso del odio es igual a asesinato, reza la pancarta que porta la joven, que protesta por el ataque a la congresista americana Gabrielle Giffords, en 2011.Chris Morrison / AP

El discurso del odio es igual a asesinato, reza la pancarta que porta la joven, que protesta por el ataque a la congresista americana Gabrielle Giffords, en 2011.Chris Morrison / AP

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de  un año y medio de prisión e inhabilitación absoluta por 10 años para Aitor Cuervo Taboada por delito de enaltecimiento del terrorismo y menosprecio a sus víctimas, por el contenido de una serie de mensajes que subió a sus cuentas en las redes sociales Facebook y Twitter en el año 2013. La sentencia hace un análisis de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y el propio Supremo sobre el denominado ‘discurso del odio’ (hate speech en inglés – alabanza o justificación de actos terroristas), y destaca que comportamientos de ese tenor no merecen la cobertura de derechos fundamentales como la libertad de expresión o ideológica “pues el terrorismo constituye la más grave vulneración de los derechos humanos de la comunidad que lo sufre”, según ha informado este viernes el Alto Tribunal.

Entre los 13 mensajes que se destacan en los hechos probados de la sentencia de la Audiencia Nacional, que queda ahora ratificada, figuran los siguientes: “A mi no me da pena alguna Miguel Ángel Blanco me da pena la familia desahuciada por el banco”, “Dos noticias, una buena y una mala: La buena, en La Carolina (Jaén) le han quemado el coche a un concejal pepero. La mala, el pepero no estaba dentro …”, “Si al final Aznar regresa de pleno a la política activa, espero que ETA lo haga también, para equilibrar la balanza”, o “Tengo la botella de champán preparada para el día que se retome la lucha armada, la idea de la muerte o el exilio no me asusta cuando se trata de pelear por una batalla justa”.

Al aplicar al caso concreto la jurisprudencia sobre el ‘discurso del odio’, el Supremo rechaza el recurso del acusado, que alegó que la Audiencia Nacional no había sopesado las detalladas explicaciones sobre cada de una de las frases que había realizado en el acto del juicio.

“Objetivamente las frases encierran esa carga ofensiva para algunas víctimas y laudatoria y estimuladora del terrorismo que a nadie escapa. Las explicaciones a posteriori no tienen capacidad para desvirtuarlas. No están presentes en el mensaje que es percibido por sus numerosos receptores sin esas modulaciones o disculpas adicionales. Y eso necesariamente era captado por el recurrente”, contesta el alto tribunal.

“Ciertamente en ocasiones –añade la resolución- probar la inocencia se convierte en una tarea imposible (probatio diabólica) pero no tanto porque el Tribunal imponga una carga desmesurada e improcedente, sino porque los hechos aparecen con tal evidencia que se torna tarea hercúlea desmontarla. El delincuente in fraganti tropieza con un muro insorteable para convencer de su supuesta inocencia al Tribunal. Pero eso es así no por una aplicación indebida de las reglas sobre la carga de la prueba sino por la misma forma de aparición del suceso. En delitos de expresión en que el mensaje, objetivamente punible, ha quedado fijado, una vez aceptada la autoría, se complica evidentemente la posibilidad de eludir la condena. Nada reprochable ha de verse en ello. Los hechos han sido probados y ciertamente desde ahí se hace muy difícil encontrar una disculpa razonable que sea convincente”.

La sentencia rechaza además aplicar al caso el nuevo artículo 579 bis del Código Penal, que permite una rebaja de condena a la vista de la gravedad de los hechos, medio empleado y resultado producido. “No se dan los presupuestos para semejante devaluación de la gravedad de conducta, a la vista de la pluralidad de mensajes y la dualidad de modalidades típicas abarcada”, es decir, que hay mensajes tanto de enaltecimiento del terrorismo como de humillación a las víctimas.

HUMILLACIÓN A LAS VÍCTIMAS, MORFOLOGÍA DE DELITO PÚBLICO

En relación a las modalidades del delito, el Supremo destaca que el de enaltecimiento del terrorismo exigía publicidad, (“… por cualquier medio de expresión pública o difusión ….”), y que no sucedía así con el tipo de humillación a las víctimas (“…. o la realización de actos que entrañen descredito, menosprecio o humillación de las víctimas …”).

“Esta segunda figura reviste una naturaleza más privada: afecta directamente al honor de las víctimas de acciones terroristas por el hecho de serlo; aunque también sin duda golpea sentimientos de solidaridad de la comunidad que en todo delito de terrorismo percibe un ataque a la convivencia pacífica construida entre todos”, explica la sentencia.

Esa humillación supone una lesión a su dignidad humana, “violada con el menosprecio que emana del comportamiento querido, directa o indirectamente, por el sujeto activo. Con esa configuración la ofensa privada, aislada a una sola persona, puede dar lugar al delito que aquí se tipifica, sin perjuicio de que también pueda observarse su concurrencia en el caso de una pluralidad de afectados y de que sociológica y criminológicamente la afectación tiende a trascender la esfera individual repercutiendo en sentimientos y valores colectivos lo que otorga a la infracción la morfología de delito público a diferenciación del delito de injurias con el que guarda algún parentesco (las palabras “menosprecio” o “descrédito” traen a la memoria el art. 457 CP 1973 con su clásica definición de injurias)”.

El retorno del juez rebelde

Jorge Muñoz | 30 de octubre de 2016 a las 5:00

El juez Francisco Serrano, con su nuevo abogado Fernando Rodríguez Galisteo.

El juez Francisco Serrano, con su nuevo abogado Fernando Rodríguez Galisteo.

Francisco Serrano está de regreso, al menos, como él mismo ha dicho para que la prensa le haga “muchas fotos” con la toga puesta. El que fuera célebre y mediático juez de Familia número 7 de Sevilla ha conocido esta semana la sentencia del Tribunal Constitucional que le rehabilita en la carrera judicial, al tumbar el fallo del Tribunal Supremo que le condenó a diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación dolosa, por haber ampliado el régimen de visitas para permitir que un niño saliera de paje en una cofradía de la Madrugada de la Semana Santa de 2010.
El Constitucional no ha absuelto a Serrano, sino que ha dejado las cosas de acuerdo con la decisión anterior del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que le impuso dos años de inhabilitación por prevaricación culposa. En cualquier caso, Serrano, que colgó la toga de juez para vestir la de abogado, ya ha cumplido con creces la condena y, en consecuencia, tiene derecho a volver a la carrera judicial. Al menos, para hacerse fotografías y cobrar todos los emolumentos que se le adeudan desde que habría cumplido la pena hace varios años.
Pero Serrano no volverá a dictar sentencias, sino que solicitará una excedencia voluntaria para seguir su ejercicio como abogado, la misma decisión que adoptó en su día el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño cuando tuvo que optar entre volver a la carrera –tras ser indultado por el Gobierno– o continuar en la abogacía.
En la rueda de prensa que ofreció el pasado jueves para valorar la sentencia del Constitucional, Serrano no dudó en cargar las tintas contra el máximo órgano de gobierno de los jueces y lo hizo al modo más puramente loperiano si me lo permiten:“El Poder Judicial está en la UCI”, llegó a afirmar, lo que a muchos de los presentes les recordó el antiguo discurso del ex mandatario verdiblanco. Sólo le faltó añadir aquellas frases que se interrumpían con los vítores del entregado respetable bético: “Nadie daba un duro por el Poder Judicial, pero yo os entrego un Consejo (CGPJ) libre, de ustedes… Viva el Consejo”.
Serrano volvió a alegar que fue víctima del sistema. No hay que olvidar sus críticas ante el aumento de las denuncias falsas por malos tratos y sus advertencias respecto a que la ley de Violencia sobre la Mujer podría pervertirse y acabar siendo usada como un arma de maltrato al varón. Serrano había afirmado incluso que España había miles de mujeres que “abusaban” del sistema creado con la ley de Violencia de Género, lo que le llevó a enfrentarse directamente en el año 2009 con la entonces presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Inmaculada Montalbán.
Ése fue uno de sus frentes mediáticos y que, sin duda, no ayudó en su proceso. Pero tuvo muchos más. Serrano adquirió una gran notoriedad a mediados de la década de los 90, cuando se negó a ejecutar una orden de la Audiencia de Sevilla que le obligaba a devolver a la conocida como niña de Benamaurel a sus primeros padres adoptivos. A ese caso se unieron otros mediáticos, como el de una madre que pidió a la Junta que asumiera temporalmente la custodia de una hija porque su pareja la maltrataba. La mujer rompió con su compañero sentimental, buscó trabajo en otra provincia y reclamó la custodia de la niña, pero el juez Serrano rechazó su petición y acordó el acogimiento familiar. Este caso llevó al juez a enfrentarse seriamente con la Sección Sexta de la Audiencia de Sevilla, que ordenó el regreso de la menor con su madre y, ante la negativa del juez –Serrano siempre alegó que actuaba en interés del menor–, el tribunal le acusó de incumplir de forma “consciente y deliberada” sus órdenes en una actitud que los magistrados de la Audiencia no dudaron en calificar de “rebelde”.
Después llegaría el caso de Carmen Fernández, donde también negó la vuelta de sus hijos Iván y Sara con la madre biológica, que ganó 11 sentencias en 11 años de “tortuoso calvario” judicial, y que finalizó con una indemnización de 1,7 millones de euros para la madre, que falleció víctima del cáncer sin cobrar el dinero porque el caso había sido recurrido ante el Tribunal Constitucional, que finalmente también le dio la razón. Antes de fallecer, Carmen Fernández vio su sueño cumplido en parte, porque su hija Sara decidió volver a vivir con ella, lo que en cierto modo echaba por tierra las tesis que durante tantos años había mantenido Serrano, al menos en lo que se refiere a Sara.
Ahora la figura del juez rebelde, el rehabilitado, el que volverá a vestir la toga aunque sea para hacerse las fotografías anunciadas, dará paso definitivamente a la del letrado Francisco Serrano.

 

VISTO PARA SENTENCIA

 Cabrera y los “50 grados” de la Gepol

El delegado de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Carlos Cabrera, declaró el pasado viernes como testigo en el juicio de lo Contencioso que los agentes del extinto Grupo Especial de Policía Judicial (Gepol), la unidad de Asuntos Internos, han planteado contra el Consistorio a raíz de la supuesta disolución –que el delegado no aclaró– de la misma y la reubicación de sus dos miembros en activo en otras unidades, donde además están junto a familiares o incluso imputados en el fraude de las oposiciones de la Policía Local. Cabrera no lo escuchó, pero dos agentes aseguraron que el delegado amenazó con mandar a estos agentes “a regular el tráfico a 50 grados en el distrito Sur”. Cabrera, que como cualquier testigo debe jurar o prometer decir la verdad cuando comparece ante un juez, no negó las afirmaciones, pero sí intentó matizarlas, al admitir que “si estuvieran dirigiendo el tráfico” no tendrían tiempo para estas cuestiones.

En la práctica, Cabrera estaba confirmando las declaraciones de los otros dos testigos que le habían precedido, porque según él mismo mencionó el aspecto de la regulación del tráfico en relación con estos agentes. Otros dos policías afirmaron que en otra reunión también había dicho, en alusión a la unidad de Asuntos Internos, que “no estaba de acuerdo con las policías políticas” y acusó supuestamente a los miembros de la Gepol de haberse llevado “de forma ilegal” los exámenes que se investigan en la causa del presunto amaño. Cabrera intentó salvar los muebles emulando a Verónica Pérez y su célebre “la única autoridad que existe en el PSOE soy yo”.

El delegado de Seguridad lo expresó de la siguiente forma: “En absoluto dije que eran una policía política, el político soy yo…”, afirmó Cabrera ante el juez de lo Contencioso-Administrativo número 13 de Sevilla. Durante el interrogatorio, el concejal socialista también rechazó que haya dado alguna orden, instrucción o sugerencia sobre cómo debía de actuar la Jefatura de la Policía Local con respecto a la reubicación de los miembros de la Gepol en otras unidades. Es más, ni siquiera confirmó que esta unidad haya sido disuelta.

“Yo no los he apartado, no he dado orden de disolver la unidad”, añadió el concejal, quien no obstante sí reconoció que ordenó abrir una investigación sobre el viaje en autobús que varias mujeres de la Policía Local realizaron por las calles de Jerez y en el que estando de uniformes montaron una fiesta subiéndose a las barras del autobús en marcha. Por cierto que el Ayuntamiento aún no ha informado cómo ha acabado esa investigación.

Los jueces decanos reclaman más inversión en Justicia y el aumento de la planta judicial

Jorge Muñoz | 26 de octubre de 2016 a las 14:57

balanza justicia

Estas son las CONCLUSIONES DE LAS XXVI JORNADAS NACIONALES DE JUECES DECANOS DE ESPAÑA, celebradas en Málaga del 24 al 26 de octubre.

 

INTRODUCCIÓN

La Justicia es un elemento clave en el Estado de Derecho: el cumplimento de la ley, el respeto a las instituciones, la convivencia pacífica, el comercio, el regular intercambio de bienes y servicios e incluso el desarrollo económico de un país dependen de la Justicia. En España, además, nos encontramos en un momento clave, porque está en juego su prestigio ante la multiplicación de asuntos y causas complejas de enorme relevancia pública, en un contexto de escasez de recursos y de escasa inversión.

Todo ello en un trasfondo político y social complicado debido a una grave crisis económica prolongada en el tiempo, a las dificultades derivadas de la necesidad de constitución de un nuevo gobierno tras dos elecciones generales y a nuevas formas de entender la política que ponen en cuestión ante la opinión pública permanentemente la legitimidad de las instituciones y ciertas resoluciones judiciales.

No obstante pese a las dificultades y a la escasa apuesta institucional por el sistema judicial, parece evidente que la Justicia está funcionando, muchas veces con lentitud, pero funcionando. Los jueces hemos asumido un firme compromiso en cuestiones tan relevantes como la lucha contra la corrupción, la violencia de género, la avalancha de demandas sobre productos financieros o la protección del consumidor y el control de las cláusulas abusivas, por citar algunos ejemplos. Estamos preparados para afrontar estos retos, sin duda. Pero obvio es que también necesitamos de la colaboración de los restantes Poderes del Estado, que son los que gestionan el presupuesto y proporcionan los medios e instrumentos legales que necesitamos para nuestro trabajo.

El problema es que el transcurso de los años ha evidenciado que en España no existe una firme y decidida voluntad política para construir un Poder Judicial fuerte, moderno y eficaz. Sólo ha habido interés a la hora de establecer mecanismos institucionales de control o influencia. Por ello llama poderosamente la atención cómo frecuentemente desde determinados ámbitos se exige celeridad para ciertas causas, o se lamenta la lentitud del sistema judicial, cuando desde ese mismo ámbito se ha cerrado sistemáticamente el paso a una decidida modernización de la Justicia, que sí se ha dado en otros ámbitos.

Sin embargo afortunadamente los ciudadanos y los profesionales van percibiendo esta situación y la cuestión relativa a la necesidad de un Pacto de Estado en materia de Justicia hoy ya está, por fin, en el debate público. En efecto, sendas encuestas realizadas recientemente evidencian que tanto la ciudadanía como los profesionales –en definitiva los usuarios o destinatarios del trabajo judicial- consideran que la Justicia funciona mal, que su organización y funcionamiento no responde a las exigencias de una sociedad avanzada, que con los medios que dispone no puede luchar eficazmente contra la corrupción y que todos los gobiernos han tenido siempre más interés por controlarla que por dotarla de los medios suficientes para optimizar su funcionamiento. No obstante, una abrumadora mayoría de los encuestados considera que la Justicia es la garantía última de los ciudadanos y las libertades y que es necesaria una reforma inmediata y un Pacto de Estado para su modernización.

Los Jueces nos sumamos a esta apreciación. Hoy más que nunca es necesario un Pacto de Estado en materia de Justicia en busca de la eficacia del trabajo judicial y que refuerce la apariencia de independencia a nivel institucional. Pero para conseguir la excelencia necesitamos de los medios humanos y materiales que están obligados a proporcionar el Estado y las Comunidades Autónomas, algo que no debería recordarse, aunque es necesario hacerlo ante el histórico abandono del sistema judicial. Precisamente por ello, nos adherimos al reciente acuerdo de todas las Asociaciones Judiciales españolas reclamado un Pacto por la Justicia.

Lamentablemente no existe hoy una hoja de ruta, ni constatamos tampoco interés político por mejorar el funcionamiento del sistema judicial. En realidad nunca lo ha habido, la Justicia no interesa, no da votos. Todo está en el aire: los tribunales de instancia, la oficina judicial, la nueva demarcación territorial… Y esta falta de diseño de cara al futuro provoca un enorme desconcierto en la carrera judicial y dificulta la creación de plazas judiciales. Esta situación de indefinición no evidencia precisamente altura de miras, sobre todo porque en España, el tiempo y los acontecimientos están poniendo en valor lo importante que es un sistema judicial eficaz e independiente en un Estado democrático. En definitiva, es el momento de llegar a un gran Pacto de Estado en el qeu sobre todo figure un Plan Director General de Modernización de la Justicia, a medio y largo plazo.

Tenemos un buen sistema judicial, muy garantista y de alta calidad, pero poco ágil y escasamente dotado. Y la agilidad (cuyo presupuesto ineludible es una adecuada carga de trabajo en cada juzgado) forma parte de la calidad. Sin embargo ambas cuestiones tienen solución, el problema es sencillamente de voluntad política.

En este contexto, con miles de causas complejas (la mayor parte de ellas relacionadas con la corrupción) y avalanchas de demandas, es sorprendente que en España la justicia esté funcionando razonablemente bien pese al olvido institucional, cumpliendo su obligación como garante de los derechos de los ciudadanos.

Por otro lado, no puede dejarse de lado la influencia del sistema judicial en el desarrollo económico, como han señalado los expertos en economía, el Consejo de la UE y el propio Banco de España en recientes  informes. Son decenas de miles de millones de euros los que están en juego en el sistema judicial y son a la vez miles las empresas cuya subsistencia depende de la agilidad de la Justicia, algo que quizás algún día debiera llevar a una profunda reflexión sobre la necesidad de modernizar el sistema judicial y reducir los tiempos de espera para contribuir a la reactivación económica.

Es necesario invertir en Justicia, o lo que es lo mismo, apostar por la eficaz tutela de los derechos de los ciudadanos, por la convivencia civilizada, por la rápida solución de las situaciones conflictivas, por el respeto a la ley y las instituciones y por el buen funcionamiento de la economía. Por el futuro de nuestro país en definitiva. Ya es tiempo de que las palabras dejen paso a los hechos; y por cierto, también al diálogo, ese bien hoy tan escaso. La Justicia es cosa de todos.

Pero los jueces no nos resignamos. Queremos la excelencia en el servicio que prestamos. Los ciudadanos demandan y merecen la mejor Justicia posible: atenta, dispuesta, eficaz, moderna, independiente, con suficientes jueces formados y motivados que dispongan del tiempo necesario para atender cada asunto.

En suma, creemos que en un Estado de Derecho la Justicia debe ser una prioridad, como la sanidad o la educación. Hoy en España lamentablemente no lo es, esto es algo evidente, pero afortunadamente ya lo perciben los ciudadanos, como lo demuestran las aludidas encuestas de opinión, que por cierto revelan que las críticas se centran más en las deficiencias y el abandono de la Administración de Justicia que en el trabajo de los jueces. La modernización no es algo imposible: se ha conseguido con otras importantes instituciones o servicios públicos del Estado cuando existe interés en su eficaz funcionamiento. Así ha sucedido, por ejemplo, con la sanidad, la Seguridad Social o la AEAT, con las que no se han escatimado recursos.

Como hemos dicho otras veces, la Justicia no debe ser percibida como un problema sino como la solución a muchos problemas.

Por ello, en nombre de los más de 2.000 jueces a los que representamos y que desempeñan su trabajo hasta el último Juzgado del partido más recóndito de España, demandamos con urgencia un Pacto de Estado con una hoja de ruta clara que indique claramente dónde queremos ir y certifique la voluntad política de apostar por la modernización judicial. No se trata sólo de aprobar leyes, ya muy numerosas; sino, sobre todo, de una nueva organización y de suficiente dotación presupuestaria, hoy muy escasa. 

 

A tal fin proponemos en el presente documento una serie de puntos a nuestro juicio esenciales.

 

1.- PROPUESTAS FRENTE AL FUNCIONAMIENTO DEFICIENTE. MODERNIZACIÓN. ATENCIÓN ADECUADA AL CIUDADANO.

  1. a) Incremento de la inversión. Sin inversión no puede haber modernización, ni siquiera mejoras. Solo mero voluntarismo. Después de muchos años la experiencia lo demuestra y los hechos son incontestables. Dicho esto, no es de recibo que la Justicia apenas represente el 1% de los Presupuestos Generales del Estado. Ha de elaborarse un plan de inversiones prolongado durante varias legislaturas, que permita dotar a la Administración de Justicia de los medios imprescindibles, asignando un porcentaje concreto de los PGE y exigiendo que cada reforma legal vaya acompañada de una memoria económica e inversión suficiente. Por otro lado, no es admisible que una tras otra se aprueben leyes que prevén abierta y expresamente, sin reparo, que no van a suponer incremento de gasto alguno, porque ello sencillamente nos coloca en la tesitura de aplicar las nuevas leyes sin dotaciones adecuadas de personal ni nuevos medios adicionales. Dos casos paradigmáticos de leyes sin suficiente inversión son las relativas al expediente digital o al Estatuto de la Víctima, que se analizan más adelante. Frente a esta sequía inversora en Justicia llama la atención, por citar un ejemplo, que las ayudas públicas al sector financiero hayan ascendido a más de 60.000 millones de euros, que representa nada menos que 17 veces el presupuesto destinado anualmente a la Justicia en España.

 

  1. b) Ampliación de la planta judicial.- Suscribimos la demanda realizada por las asociaciones judiciales recientemente en el sentido de que es imprescindible incrementar el número jueces y elaborar un programa de ampliación de la planta judicial a medio y largo plazo, que aspire a situar la ratio de jueces en España en términos ajustados a los países de nuestro entorno para garantizar un servicio de calidad. Como ha señalado el CEPEJ en un reciente informe, España tiene exactamente la mitad de jueces que la media europea. En efecto: hoy somos 5.500 jueces y juezas en España y para alcanzar la ratio europea de 21 jueces por 100.000 habitantes deberíamos contar con 9.600 jueces. Pero antes debemos diseñar el nuevo modelo judicial y determinar qué tipo de organización judicial queremos. La planta judicial es un tema pendiente de resolver desde hace años. Además del número de jueces que hacen falta también hay de determinar en qué lugares son necesarios. No pueden crearse nuevas plazas dependiendo del peso político de los territorios. En algunos lugares la justicia funciona razonablemente bien y en otros mal o muy mal.

 

  1. c) Control de la litigiosidad. Es preciso arbitrar medidas para reducir la litigiosidad, excesiva en España, sin que ello suponga en absoluto merma del derecho a la tutela judicial efectiva. Ya en el año 2009 los Jueces Decanos elaboramos un completo catálogo de medidas procesales, muchas de las cuales han tenido reconocimiento legal y han dado buenos resultados: podemos citar la desjudicialización en materia de jurisdicción voluntaria, la ampliación del ámbito del procedimiento monitorio civil, la creación del denominado monitorio notarial, la ampliación del ámbito del juicio verbal civil y la introducción de la contestación escrita, la supresión de vistas innecesarias en ciertos incidentes, la racionalización de la segunda instancia y la casación civil así como la ampliación del procedimiento abreviado y la introducción del criterio del vencimiento para la imposición de costas y la limitación de recursos en la Jurisdicción Contencioso-administrativa, la introducción del proceso monitorio laboral, la despenalización de infracciones penales leves, la no remisión de los atestados sin autor conocido a los Juzgados de Instrucción, la potenciación de la unificación de criterios, etc…. Debe continuarse explorando esta línea de trabajo, a la que tanto han aportado los jueces en los últimos años como bien conocen el Ministerio de Justicia y el CGPJ. En este sentido, es preciso, por ejemplo, valorar si no se evitarían innumerables pleitos si se dispusiera de informes periciales neutrales (por designación judicial) previos a la vía judicial como introdujo el legislador en la Ley 35/2015, la indudable necesidad de limitar la cadena de recursos en asuntos de escasa cuantía o en trámites interlocutorios, si se posibilitara el rechazo inicial de pretensiones carentes de fundamento y la sanción de pretensiones abusivas o temerarias, o la introducción en determinados ámbitos del “pleito testigo”, y sobre todo, potenciar los sistemas alternativos de resolución de conflictos o ADR (mediación y arbitraje, especialmente el arbitraje de consumo) o el principio de oportunidad en materia penal, entre otras medidas. En este punto proponemos un paso más en la regulación de la mediación, pues consideramos insuficiente la regulación actual. En concreto, imponer legalmente la obligación de acudir a la sesión informativa en determinados asuntos, por ejemplo de familia: lo que no se conoce, no se elige.

 

  1. d) Mapa judicial. Concentración territorial.- Es preciso acomodar la obsoleta organización territorial judicial que data de principios del siglo XIX y acomodarla a la realidad social, política, económica y demográfica actual. No tiene sentido hoy que el territorio español esté dividido en 422 partidos judiciales. La eficacia requiere partidos judiciales de mayor extensión y grandes sedes donde se concentre un número suficiente de Juzgados para que puedan disponer de mejor organización del trabajo y suficientes y adecuados servicios comunes y técnicos. Las dificultades derivadas de la distancia entre sedes judiciales hoy son muy diferentes de las existentes hace 200 años y ello requiere redistribuir el mapa judicial y concentrar sedes. En suma, el concepto de “proximidad judicial” tiene ya poco que ver con la distancia física. En todo caso estas modificaciones de planta judicial deberá contar con el parecer de la Junta de Jueces.

 

  1. e) Organización de los tribunales. Colegiación organizativa.- Como medida complementaria de la anterior, es necesario cambiar el sistema de organización interno de los órganos judiciales superando el concepto de Juzgado-isla separado y numerado y tender a la nueva organización que suponen los Tribunales Colegiados, ya existentes en otros países –pero con las garantías de una Presidencia elegida por los propios jueces y al margen de todo nombramiento discrecional del CGPJ, de respeto a los principios constitucionales de inamovilidad judicial y al juez ordinario predeterminado por la ley, y con el compromiso de que el diseño resultante no suponga aumentos de las cargas de trabajo de los jueces- cuyo complemento ineludible es una oficina judicial moderna que realmente sirva como instrumento de asistencia y apoyo a la actividad jurisdiccional y no como un fin en sí mismo o herramienta de control al servicio de otros intereses.

 

  1. f) Registro Civil.- Si bien es adecuada la tendencia a la desjudicialización de ciertas materias que propugnamos desde hace años cuando no se trata del ejercicio de la función jurisdiccional, ante la inaceptable situación actual derivada de la suspensión de la entrada en vigor de la Ley de Registro Civil de 2011 durante cinco años, que no tiene precedente en España, así como los problemas y las reticencias para asumir el servicio por otras profesiones jurídicas, lo más adecuado es que la llevanza del Registro civil continúe en manos de quienes más cualificadamente pueden seguir asumiendo esta función, que desempeñan desde 1870, que son los propios Jueces y los Letrados de la Administración de Justicia, eso sí, con la oportuna inversión, adaptación, reorganización y modernización del actual Registro Civil, lo que resulta viable y económicamente asumible. En otro caso el Registro Civil continuará ocupando el primer lugar entre las quejas de los ciudadanos.

 

  1. g) Creación de potentes y eficaces servicios comunes de apoyo a los Juzgados. Entre otras medidas, es ineludible la mejora, centralización y especialización del sistema de averiguación de bienes así como la creación de servicios comunes especializados en ejecución e incluso debería plantearse seriamente la externalización de este cometido a la AEAT bajo estricto control judicial, comenzando por la ejecución de las multas que ingresan en el Tesoro Público.

 

  1. h) Mejorar la atención al ciudadano. La mejora de la atención al ciudadano debe ser una máxima a tener en cuenta en todo momento. En este sentido propugnamos la potenciación de las Oficinas de Atención al Ciudadano coordinadas y servidas por personal técnico especializado, la adecuada dotación de las Oficinas de Atención a las Víctimas y la creación de Oficinas de Información de Asistencia Social. Debe ser una máxima a tener en cuenta en todo momento, y en este sentido, propugnamos la creación de oficinas de información sobre servicios de asistencia social integrados por trabajadores sociales que orienten a los usuarios de la Justicia en aspectos de índole asistencial que se plantean diariamente en los Juzgados pero que no pueden resolver aunque están íntimamente relacionados con los asuntos judiciales. Dichas oficinas –que ya existen en el ámbito sanitario en los grandes hospitales- son imprescindibles en Justicia porque todos los conflictos sociales antes o después acaban en los Juzgados y se trata de situaciones que no se solucionan sólo con la respuesta jurídica. Las funciones de estas oficinas de información y asistencia social podrían ser, a título de ejemplo, las siguientes: informar u orientar al ciudadano que acude a la Justicia sobre la existencia de plazas en centros de rehabilitación, de inserción social, de rehabilitación psicosocial, materno infantiles, de atención a la mujer, a ancianos, a menores en situación de desamparo, a enfermos mentales, a discapacitados, o bien proporcionar información en relación con situaciones dependencia, servicios disponibles de ayuda a domicilio, asistencia en situaciones de alcoholismo o toxicomanías, posibilidad de acudir a servicios de mediación, medidas de inserción laboral, prestaciones económicas de la Seguridad Social (contributivas y no contributivas), ayudas e información en caso de desahucios, actuaciones sobre escolarización, localización de grupos de ayuda mutua, facilitación de personal voluntario, asistencia en situaciones de donación de órganos, etc…  todo ello sin perjuicio de las funciones de atención a la víctima que la ley atribuye a las OAVD.  Con ello se daría un servicio integral en los Juzgados, jurídico y social, donde todos los días se detectan este tipo de problemas, más allá del asunto jurídico concreto. Se complementaría el trabajo judicial con el diagnóstico social y con información, y se buscarían posibles soluciones en el ámbito asistencial. En suma, nos acercaría un poco más a la excelencia. Al concepto de una Justicia más humana, atenta y cercana.

 

  1. i) Establecimiento de mecanismos procesales y organizativos que permitan afrontar con eficacia y celeridad la entrada masiva de demandas. La jurisprudencia del TJUE ha supuesto indudablemente mayor concienciación de los derechos de los consumidores que en contrapartida ha generado aluviones de demandas que se han contado por decenas de miles en ciertos partidos judiciales. Es necesario que el proceso español se adapte debidamente a las directrices que ha desarrollado el TJUE en materia de consumo desde el año 2000 y que exista una cierta previsión organizativa y mecanismos procesales adecuados para afrontar estas situaciones, al tiempo que deben sin duda potenciarse los mecanismos alternativos de solución de conflictos (ADR), como lo es el arbitraje de consumo, en la línea que marca la Directiva 2013/11/UE sobre resolución alternativa de litigios en materia de consumo, que por cierto debería haber sido traspuesta al ordenamiento español el pasado mes de julio de 2015.

 

  1. j) Revisión del reparto competencial con las CCAA. Es preciso redefinir las competencias de las CCAA, ya que frecuentemente actúan como auténticos reinos de taifa en el ámbito judicial con una descoordinación absoluta poniendo fin a la fragmentación de los centros de decisión y sobre todo al frecuente incumplimiento de su obligación institucional de dotar de medios suficientes a la Administración de Justicia, y paralelamente, que se reconozca al CGPJ la facultad de control sobre el cumplimiento por las CCAA de dicha obligación, en especial cuando se trata de refuerzos ya acordados por el propio CGPJ, y singularmente en lo relativo a funcionarios. La situación de los Juzgados es muy lamentable en algunas CCAA, que en cuanto a la modernización judicial ni están ni se les espera. La falta de un claro y único modelo de organización de ámbito nacional ha derivado en el escenario actual de dispersión, superposición y confusión de competencias en el ámbito de la Justicia. El resultado es un sistema de gestión y control absolutamente irracional e ineficiente, que no solo hace inviable una política seria y coherente en el ámbito de la administración de la Administración de Justicia (dotación y racionalización de los medios materiales y humanos), sino que además ha terminado comprometiendo el gobierno mismo del Poder Judicial y la independencia material de jueces y magistrados y ha determinado evidentes desigualdades en materia de justicia en diferentes territorios.

 

  1. k) Insuficiente modernización informática. Continúa la triste e incomprensible incompatibilidad sistemas informáticos de las distintas CCAA. Ha de adoptarse con urgencia una solución que permita compatibilizar todos los sistemas o establecer uno único para todo el Estado.

 

  1. l) Expediente digital. La falacia del “papel cero”. El expediente digital es desde luego deseable y necesario y sería un avance muy positivo, pero se ha seguido un camino inadecuado sin previsión, sin inversión, de forma incompleta, con precipitación e improvisación, sin experiencias piloto y con falta de coordinación de las CCAA y con constantes fallos del sistema debido a la ausencia de modernización informática en muchos territorios. Y, muy importante, sin contar con los jueces, al margen de nuestra opinión y de las características de nuestro trabajo. Las experiencias puestas en marcha han convertido a los Juzgados en oficinas impresoras de demandas que luego son repartidas en papel. Este no es el expediente digital que pedimos.

Los jueces no nos oponemos a la implantación del expediente digital, pero el sistema de desarrollo del mismo es altamente deficitario; se está haciendo, ninguneando absolutamente a los jueces, prohibiendo incluso la impresión de documentos por los mismos, eso sí, pudiendo hacerlo los LAJ. El sistema es estructuralmente deficiente ya que no tiene en cuenta la necesidad de que en juicio estén presentes los documentos originales, a efectos de su reconocimiento por las partes y los testigos, de lo cual puede depender una absolución o una condena. El CGPJ debe poner a disposición de los jueces una oficina de coordinación informática para recoger las sugerencias y quejas que puedan producirse en el desarrollo del expediente digital ya que el Ministerio no tiene en cuenta ninguna de ellas. Es el momento de que CGPJ ejerza sus competencias y deje de ponerse de lado.

 

2.- PROPUESTAS PARA ELIMINAR LA APARIENCIA DE POLITIZACIÓN

  1. a) Sistema de elección de los Vocales del CGPJ. En este asunto debe partirse de la premisa de que los jueces españoles ejercen su función jurisdiccional con total independencia y libertad de criterio, sólo sometidos a la Ley tal y como establece el art. 117.1º CE, sin que exista ningún tipo de influencia política. Pero si bien ello es cierto, coincidimos con las asociaciones judiciales (porque es sentir mayoritario de la Carrera Judicial y así lo venimos señalando año tras año), que es preciso reforzar la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial y en su órgano de gobierno, o lo que es lo mismo para apuntalar la credibilidad del sistema, y en este sentido la designación política de los Vocales del CGPJ, máximo órgano de gobierno de los jueces, está resultando muy perjudicial para la imagen de los jueces y de su independencia, por lo que entendemos que el CGPJ debe de quedar al margen de cualquier tipo de influencia o designación política, como así venimos postulando desde hace muchos años. Ello pasa no sólo porque sus miembros judiciales sean elegidos por los jueces –mediante sufragio libre, igual, directo y secreto- y no por el Poder Legislativo, sino también por potenciar sus competencias, garantizar un cierto ámbito de autonomía presupuestaria y asegurar que la elección de sus miembros responden al único fin de garantizar la independencia judicial frente a cualquier injerencia externa de los demás poderes públicos y de terceros, para lo cual se considera imprescindible recuperar la elección directa de los vocales judiciales por los propios jueces con criterios de proporcionalidad y las competencias necesarias para el desarrollo de su función constitucional en la línea señalada por la reciente Sentencia de 21 de junio de 2016, dictada por el TEDH, en el asunto “Ramos Nunes de Carvalho contra Portugal”. En el mismo sentido el Comité de Ministros del Consejo Europa recomienda la elección de los miembros judiciales de los consejos del poder judicial por los propios jueces. De hecho en abril de 2016 aprobó un “Plan de acción para fortalecer la independencia y la imparcialidad judicial” que recomienda a los Estados miembros la adopción de medidas para “despolitizar el proceso de elección o nombramiento de personas para los consejos del poder judicial”, propugnando que dicha elección se realice “por sus pares”, asegurando así que “una mayoría o al menos la mitad de ellos son miembros judiciales que representan a todos los niveles de la judicatura”. Finalmente, hace sólo unos días se ha hecho público el informe del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) dependiente del Consejo de Europa, en el que se criticó duramente al Estado Español por no atender sus recomendaciones para fortalecer la independencia judicial. El informe denuncia la falta de interés de nuestro país por modificar el sistema de elección de miembros del CGPJ para mejorar la actual situación “tanto en apariencia como en la realidad”. Los miembros del GRECO lamentan que a pesar de advertencias anteriores de este organismo España parezca no haber hecho ninguna reflexión y recuerda que para luchar contra la corrupción las autoridades políticas no deberían intervenir en “ninguna de las etapas” del proceso de designación de los magistrados. El Estado español sigue incumpliendo dichas recomendaciones.

 

  1. b) Elección por los propios jueces y magistrados de las Presidencias de Tribunales.- Hoy dichos cargos son de designación discrecional. La razón de la propuesta es sencilla: se trata también de relevantes órganos de gobierno judicial, la elección por los propios jueces está en el espíritu de las recomendaciones del Consejo de Europa y no existe otro sistema más sencillo, trasparente, democrático y objetivo que éste. Por supuesto en el caso de creación de los Tribunales Colegiados el nombramiento de su Presidente o Decano deberá ser por elección de los propios jueces. Los jueces Decanos defendemos este sistema de elección que es el que se sigue en nuestro caso y el de mayor aceptación en la carrera judicial según recientes encuestas.

 

  1. c) Independencia económica del poder judicial. El Poder Judicial es hoy económico-dependiente. Reclamamos la independencia económica del Poder Judicial, que no puede ni debe seguir condicionado por la mayor o menor generosidad de los poderes ejecutivos central o autonómicos, ya que ello puede derivar en una sutil forma de condicionamiento de la eficacia judicial. Al menos debería garantizarse dicha autonomía presupuestaria para decidir y dotar las medidas de apoyo, sustituciones y la política de creación de plazas judiciales, ya que el sistema actual en el que intervienen el Ministerio de Justicia, las Comunidades Autónomas y el CGPJ es caótico, lento e ineficaz. En todo caso, las retribuciones de los jueces deben pasar a depender del CGPJ y no del Ministerio de Justicia.

 

  1. d) Mayor contundencia del CGPJ en el amparo frente ataques a la independencia judicial. Los Jueces Decanos demandamos del CGPJ una mayor contundencia a la hora de censurar los ataques a jueces en el ejercicio de su función jurisdiccional en lo que suponen de afrenta a la independencia judicial. Quizás por este motivo el cauce institucional de la solicitud de amparo es escasamente utilizado por los jueces.

 

  1. e) Responsabilidad judicial, responsabilidad pública y responsabilidad política. El proceso penal debe quedar al margen de cualquier tipo de instrumentalización y para ello es muy necesario zanjar el debate sobre la incidencia de la imputación en los cargos públicos cuya indefinición genera mucha confusión y debates estériles pero muy dañinos ya que en la mayoría de los casos son utilizados políticamente. El debate político debe tener lugar fuera de los tribunales.

 

  1. f) Reducción de los aforamientos.- Los aforamientos complican, dilatan y perjudican notablemente la tramitación de las causas por corrupción –sobre todo en la fase de investigación- y además evidencian desconfianza hacia el juez ordinario predeterminado por la Ley, lo que no tiene sentido en pleno siglo XXI. Lo cierto es que a pesar del ya dilatado debate sobre la supresión o limitación de los aforamientos, no se ha suprimido ni uno solo, ni siquiera los previstos en los Estatutos de Autonomía, que los han multiplicado por 17, situación sin parangón en Europa. De hecho hace ya tres años los Jueces Decanos fuimos los primeros en señalar el problema y abogamos por su desaparición. Por otro lado, la medida que se propone fue avalada por el 85% de los jueces en la Encuesta a la Carrera Judicial realizada en 2015 por el CGPJ. En la misma línea argumental, deberían suprimirse ciertos privilegios recogidos en la LECrim que eximen a determinadas autoridades y/o personalidades políticas de su obligación de comparecer ante el juez.

 

  1. g) Una excepción a la potestad jurisdiccional: los indultos. La regulación de los indultos en España es obsoleta, regulada en una Ley de 1870. No basta con excluir determinados delitos de su ámbito (corrupción, violencia de género, etc…) porque en los demás casos, el indulto seguirá siendo una excepción a la independencia judicial. La institución del indulto puede tener sentido en casos muy excepcionales para mitigar la rigurosa o tardía aplicación de la ley, pero debería ser siempre motivado y requerir al menos informe favorable del tribunal sentenciador; y especialmente debe modificarse la regulación de la suspensión provisional de la ejecución pena en caso de solicitud de indulto (art. 4.4º CP), de la que se hace un uso excesivo y a veces abusivo.

 

  1. h) Regulación y limitación de las “puertas giratorias”.- El trasiego de los jueces de la judicatura a la política y viceversa, aunque poco frecuente, provoca un indudable daño a la imagen de independencia e imparcialidad de los jueces. Por ello, los Jueces Decanos proponemos limitar estos viajes de ida y vuelta, con la oportuna reforma de la LOPJ.

 

  1. i) Supresión de los nombramientos de magistrados de los TSJ a propuesta de los Parlamentos de las Comunidades Autónomas.- Deben prohibirse no sólo por tratarse de una rechazable forma de designación política de los magistrados, sino porque además dichos magistrados una vez destinados en los Tribunales Superiores de Justicia son potencialmente los jueces encargados de enjuiciar a los aforados que les han nombrado.

 

3.- SOLUCIONES PARA LA AGILIDAD, LA EFICACIA Y LA CALIDAD

 

  1. a) Cargas de trabajo. Sin la definición de este elemento no es posible ninguna planificación de futuro y mucho menos un mapa judicial serio. Debe determinarse definitivamente la carga de trabajo de los jueces por el CGPJ y aplicar el límite de entrada de asuntos máximo admisible. Una vez alcanzada la carga máxima, y sin perjuicio de la adopción de medidas cautelares para no perjudicar al ciudadano, no debe permitirse la tramitación de ningún asunto más para garantizar la eficacia y calidad del trabajo judicial creando de forma automática las nuevas plazas judiciales necesarias para cubrir el exceso, pero nunca permitir la sobrecarga. Hoy no se adopta ninguna medida si el juzgado lleva por ejemplo 2000 asuntos cuando el máximo recomendable son 500 más allá de refuerzos coyunturales. El sistema no puede descansar exclusivamente en el voluntarismo o heroicidad de los jueces poniendo en riesgo su salud debido a la resistencia a crear plazas judiciales suficientes o incrementar la plantilla judicial.

A los indicados efectos, se interesa del CGPJ que dé el impulso necesario en orden a hacer realidad la propuesta elaborada por los representantes de las cuatro asociaciones judiciales en la Comisión Nacional de Seguridad y Salud, de fecha 20 de abril de 2016, conforme a la cual se planteaba: “fijar, con carácter provisional, como carga de trabajo de la que eventualmente pudiera derivarse un riesgo para los integrantes de la carrera judicial, una horquilla entre el 90% y el 100% del tiempo de dedicación (módulo de salida) del sistema de medición de la función jurisdiccional aprobado por el CGPJ en el año 2010”, que sigue utilizando para la inspección de los Tribunales. Y sin que en ningún caso pueda hacerse recaer en los integrantes de la carrera judicial la inoperatividad del CGPJ en la determinación de las cargas de trabajo. En todo caso, estamos dispuestos a colaborar en todo lo que sea necesario para la determinación de dichas cargas de trabajo.

 

  1. b) El supuesto descenso de las causas penales según el Ministerio de Justicia.- Recientemente se ha difundido en diversos medios de comunicación las sorprendentes declaraciones del Ministerio de Justicia sobre el descenso de las causas penales gracias a las recientes reformas penales. Al respecto cabe aclarar, para evitar confusiones, que la carga de trabajo de los Juzgados de Instrucción y de lo Penal es exactamente la misma que antes de las reformas, solo que, como consecuencia de la nueva redacción del art. 284 LECrim ya no se remiten a los Juzgados de Instrucción los atestados sin autor conocido, lo que simplemente ha supuesto descargar a la oficina judicial -que no al Juez- de un trabajo meramente burocrático, es decir, ahora estos atestados se quedan en las Comisarías. La medida es positiva y de hecho fueron los Jueces Decanos quienes ya en 2009 la propusieron, pero no debería utilizarse demagógicamente dando una información incompleta. Por otro lado la despenalización de las faltas -también propuesta por los Jueces Decanos en su día- ha tenido un efecto relativo, porque se ha agravado la mayor parte de dichas infracciones elevándolas a la categoría de delito. De hecho, siguen conociendo de las mismas los Jueces de Instrucción y tras la reforma, no sólo cuando la pena corresponde a delito leve sino incluso también a delito menos grave. Finalmente los delitos relacionados con la circulación de vehículos ha pasado en su mayor parte a la jurisdicción civil, por lo que esta carga de trabajo simplemente ha pasado de un orden jurisdiccional a otro. Por otro lado, la incomprensible instauración de la limitación temporal de la instrucción, ejemplo de reforma innecesaria y meramente voluntarista llevada a cabo sin valorar las consecuencias y, obviamente, sin inversión alguna para agiliza las causas, ha afectado muy negativamente al trabajo de las fiscalías y juzgados. No por introducir en una ley una limitación temporal los procedimientos van a ganar en rapidez ni en calidad de la investigación, si acaso se verá incrementado el riesgo de cerrar en falso de investigaciones penales que no han podido concluirse debidamente, y sobre todo, supone desconocer que gran parte de los “tiempos muertos” de la investigación no dependen del juzgado (comisiones rogatorias, atestados ampliatorios, informes periciales de todo tipo, etc…), por lo que la reforma merece un juicio muy negativo.

 

  1. c) La Justicia como elemento dinamizador de la economía.- A pesar de que el sistema judicial ha estado siempre alejado de los análisis económicos, nadie duda hoy, en cualquier país desarrollado, de la enorme relevancia de la Administración de Justicia como elemento para dinamizar la economía, para impulsar el intercambio de bienes y servicios. Es más, los expertos aseguran que allí donde el sistema judicial es más fuerte y seguro, afluirá el crédito y la inversión. Por tanto, la eficacia del sistema judicial es un factor de primer orden a tener en cuenta para favorecer la competitividad de los Estados, en este caso de España. Es más, el Consejo de la UE ha establecido que la calidad de los sistemas judiciales es uno de los elementos de coordinación en los programas de desarrollo económico de los países europeos. Como hemos señalado los Jueces Decanos de toda España, un sistema judicial ágil favorece la seguridad jurídica y por ende la inversión interna y extranjera. De hecho, uno de los primeros parámetros que analizará con sumo interés una empresa extranjera es la solidez del sistema judicial y la seguridad jurídica del país donde se pretende invertir. En este sentido basta reseñar un dato para evidenciar la trascendencia de la maquinaria judicial en la economía: según los últimos datos del CGPJ correspondientes a 2014, los movimientos (ingresos y devoluciones) en las cuentas de consignaciones judiciales en toda España han ascendido a más de 16.000 millones de euros, suma que aun siendo muy elevada, no hay que olvidar que se refiere a una mínima parte de los procesos que se tramitan en nuestro país, pues la mayoría de las resoluciones judiciales no conllevan consignación en las cuentas de los juzgados. Algunos expertos afirman que los intereses en juego en la Justicia pueden ascender a más de 50.000 millones de euros. En el sistema judicial actual, estas inmensas sumas de dinero están atrapadas en miles de procesos interminables, se hallan en dique seco mientras pende de la decisión del juez, frecuentemente durante años si contamos las diversas instancias. Por tanto, este dinero no fluye, no se reinvierte y no genera riqueza mientras esta “judicializado”; no puede ser que tal potencial económico quede congelado en la Justicia, que debería ser precisamente un acicate para engrasar la maquinaria económica, para fijar y dar satisfacción y salida a los créditos, a las transacciones controvertidas, en un plazo razonable, fijando y declarando derechos. Debe pues darse una respuesta rápida a las situaciones litigiosas “congeladas” en los tribunales. Una respuesta tardía puede tener efectos económicos devastadores, puede, por ejemplo, hundir una empresa a la que se deba una importante suma, sobre todo si es pequeña o que acabe siendo liquidada en un proceso concursal, o que desaparezca antes de que se le reconozca su derecho a la segunda oportunidad o extinción de sus deudas en casos excepcionales. La Justicia no puede ser un problema para la economía, al contrario, debe ser la solución, debe contribuir al desarrollo y al normal desenvolvimiento de las relaciones económicas, dicho de otro modo, debe contemplarse como instrumento para contribuir al flujo económico sin paralizar las transacciones más que el tiempo estrictamente necesario. Recientes informes del Banco de España subrayan que la Justicia tiene una influencia directa en el mercado inmobiliario, la disponibilidad de crédito, la morosidad, la subsistencia o la creación de nuevos negocios por parte de los emprendedores, que pueden verse afectados por el buen o mal hacer de los órganos judiciales, y se ponen de manifiesto toda una serie de evidencias que muestran, en definitiva, que invertir en Justicia repercute finalmente en la buena evolución de la economía y los mercados. Ante todo ello la pregunta es obligada: ¿para cuándo una inversión suficiente en Justicia que repercuta en beneficio de la economía?

 

  1. d) Urge una solución inmediata para los Juzgados de lo Mercantil, de 1ª Instancia y de lo Social. A propósito de la influencia de la Justicia en la economía, cabe destacar que la entrada masiva de asuntos en el ámbito civil, mercantil y laboral han saturado a los Juzgados de dichas jurisdicciones –fundamentales en el ámbito económico- hasta el punto que los señalamientos se han demorado en algunos casos hasta fechas insoportablemente lejanas siendo especialmente lamentable la situación de los Juzgados de lo Social, que bien puede calificarse de “crítica”. El 93% de los Juzgados de lo Mercantil, el 95% de los Juzgados de 1ª Instancia y el 97% de los Juzgados de lo Social superan el 150% del indicador de entrada adecuada de asuntos del CGPJ. Esta situación produce desánimo, sobre todo por la inacción y porque, al final, están en juego los derechos ciudadanos y en ocasiones la propia subsistencia de quien acude a los tribunales, de su familia o de una empresa. Año tras año se denuncia la situación, incluso existen informes del CGPJ que señalan los Juzgados necesarios que deberían crearse, pero todo sigue igual y no se adoptan soluciones más allá de refuerzos coyunturales.

 

  1. e) Creación de órganos especializados en materia de investigación e instrucción de los delitos de corrupción y económicos a nivel provincial.- Esta medida fue apoyada por el 89% de los jueces en la Encuesta a la Carrera Judicial realizada por el CGPJ en 2015.

 

  1. f) Cuerpos de peritos e informes periciales.-

 

  1. Necesaria creación de un cuerpo de peritos contables.- Es imprescindible la creación de un cuerpo de peritos en materia económica y contable al servicio de los juzgados y tribunales cuyos informes puedan solicitarse -ordinariamente por los jueces en el orden penal- con la rapidez que supone su cercanía y trabajo conjunto, y no sólo en las causas complejas. Se trata de una medida fundamental de asesoramiento a los jueces, expertos en Derecho, no en contabilidad o economía, que redundaría en una mayor agilidad, calidad y eficacia del trabajo judicial. Esta medida, que obtuvo el respaldo casi unánime de los jueces (94%) en la Encuesta a la Carrera Judicial realizada por el CGPJ en 2015, debería ir acompañada por otras como la organización de equipos de investigación integrados por expertos en materia económica o financiera desde el inicio de las investigaciones, que deben trabajar en perfecta coordinación entre los Jueces y las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad del Estado (UDEF y UCO en particular). Dichos peritos deberían prestar su asesoramiento si así se solicita, no sólo al Juez sino por designación de éste, sino a los funcionarios policiales desde el primer momento de las investigaciones.
  2. Facilitar la disponibilidad de peritos y su adecuada retribución.- En todo caso, al margen de lo ya expuesto sobre la necesidad de un cuerpo de peritos contables, la práctica enseña que en materia penal los peritos son designados normalmente de oficio y los retribuye la Administración. El problema radica en que las causas y los informes que se solicitan son cada día más complejos y ante la escasa retribución son constantes las renuncias de los peritos. Si se desean informes periciales de excelencia y de cierta complejidad, es necesario retribuir adecuadamente a los peritos judiciales. Ello que sitúa a los jueces en una agotadora y constante labor de búsqueda del perito dispuesto a realizar el oportuno informe. Esta situación complica notablemente el trabajo de los jueces e implica que, más allá de su función, tengan que enfrentarse a innumerables dificultades y ciertas resistencias a la hora de contar con asesoramiento pericial, en especial el contable o financiero en asuntos complejos, cada vez más necesario y fundamental en cierto tipo de delitos. Téngase presente por otro lado, que dicha pericia es fundamental en un buen número de delitos, cada vez más frecuentes, quizás la segunda modalidad de prueba pericial en importancia tras la pericial médica que realizan hoy los médicos forenses integrados en los IML, un cuerpo de funcionarios altamente cualificados y especializados en medicina legal, hoy absolutamente imprescindible.
  3. Creación de un cuerpo peritos informáticos a disposición jueces, cada vez más necesario dada la proliferación de causas en las que es necesaria la pericia informática debido a la creciente comisión de delitos las redes sociales o internet en general. También esta medida fue ampliamente respaldada por los jueces en la Encuesta a la Carrera Judicial realizada por el CGPJ en 2015 (97%).
  4. Potenciación de los conciertos con entidades públicas que puedan auxiliar a los Juzgados con pericias de calidad como la AEAT, el Banco España, la Intervención General del Estado, Universidades, Colegios Profesionales, etc…
  5. Exigencia de colaboración institucional en apoyo del trabajo de los juzgados, que no siempre se da. En este sentido la creación de la Unidad de Apoyo para las Causas por Corrupción (UACC) del CGPJ merece una valoración positiva y debe potenciarse su papel para recabar la colaboración de las Administraciones Públicas y en particular la puesta a disposición de los jueces instructores de causas por corrupción de especialistas en economía, contabilidad, informática y otras materias, siendo ésta una de las funciones atribuidas a dicha oficina.
  6. El papel del CGPJ.- Reclamamos del CGPJ que adopte las medidas necesarias para facilitar y asegurar el debido asesoramiento técnico de los jueces liderando e impulsando las medidas que estime oportunas a la vista de lo anteriormente expuesto en lo relativo a la prueba pericial, dado que es al máximo órgano de gobierno judicial al que corresponde desarrollar las gestiones necesarias para mejorar la efectividad del trabajo de los jueces. A tal fin aplaudimos la creación y finalidad de la Unidad de Apoyo para causas de Corrupción (UACC) que debe potenciarse.

 

  1. g) Incremento de policía judicial especializada y su regulación como auténtica policía judicial. Es imprescindible que los jueces y fiscales cuenten con directos colaboradores policiales a sus órdenes directas dando pleno cumplimiento al art. 126 CE y en los términos previstos en el Anteproyecto de Reforma de la LECrim de 2012, con un estatuto que impida que puedan ser removidos de su cargo hasta que finalice la instrucción, salvo autorización del juez instructor (o fiscal), y siempre con los medios adecuados y más avanzados. No debe olvidarse que hoy por hoy la policía depende orgánicamente del Poder Ejecutivo. Además, procede incrementar la plantilla de los equipos de policía judicial especializada en delitos económicos y de corrupción, hoy manifiestamente insuficiente (UDEF, UCO, etc…) cuyo trabajo merece un justo reconocimiento, junto con una formación intensiva y el incremento y modernización de los medios de que disponen si se pretende una lucha eficaz contra quienes tienen todos los recursos a su alcance.

 

  1. h) Reformas procesales y penales. Sin perjuicio de la necesidad de la anhelada reforma integral del proceso penal, que nunca llega, y del debate entorno a la cuestión de a qué autoridad se otorga la dirección de la investigación, es necesario al menos acometer sin demora reformas de menor calado y sin grandes costes pero que podrían producir buenos resultados en el orden penal como:

 

  1. Agilizar y acelerar el nombramiento de refuerzos, en especial para los jueces de instrucción que conozcan de causas de especial complejidad, lo que les permite dedicarse en exclusiva a dichas causas con absoluta dedicación. Hoy el trámite es lento y muy burocrático y frecuentemente llega tarde. En este sentido destacar la creación de la UACC en la línea de las propuestas de los Jueces Decanos de los últimos años, ya que se ha establecido un procedimiento preferente e inmediato para tramitar con rapidez las solicitudes de refuerzo, a través de las Salas de Gobierno de los TSJ y posterior remisión directa a la UACC.
  2. La necesidad limitar y racionalizar sistema recursos en fase sumarial manteniéndolos respecto de medidas cautelares y acumulando los mismos al finalizar la instrucción es una medida fundamental para agilizar la instrucción: hoy cualquier resolución del Juez de Instrucción es recurrible, hasta la más intrascendente o de mero trámite, que acaba resolviendo la Audiencia Provincial lo que retrasa considerablemente la investigación. Esta medida tuvo un respaldo del 87% de los jueces en la Encuesta a la Carrera Judicial realizada por el CGPJ en 2015.
  3. La potenciación y regulación adecuada de la figura del denunciante confidencial, o del arrepentido, en este caso con importantes reducciones de penas, así como la reforma de la Ley de Protección de Peritos y Testigos de 1994, que tiene más de 20 años de antigüedad y cuya regulación hoy es insuficiente e inadecuada. Debe ponerse fin a la injusta e impresentable situación de acoso constante a los denunciantes especialmente en delitos de corrupción a menudo sometidos a presiones, coacciones y amenazas de todo tipo. Es necesaria una especial sensibilidad sobre esta cuestión que debe llevar a estudiar este tipo de medidas protectoras, que además redundará en beneficio del afloramiento de casos de corrupción e incentivará su denuncia (ambas medidas fueron ampliamente respaldadas por la Carrera Judicial con el voto de un 85% y 91% de los encuestados, respectivamente, en la Encuesta del CGPJ de 2015).
  4. El mantenimiento de la institución de la acusación popular pero con limitaciones y adecuada regulación para evitar un mal uso de la institución, constitucionalmente reconocida; singularmente, se debe reflexionar sobre la personación de los partidos políticos en los procesos judiciales como acusación popular.
  5. La necesidad de abrir un debate sobre el mantenimiento de la exigencia de responsabilidad civil en el proceso penal, ya que lo retrasa extraordinariamente, al menos cuando exista una ingente cantidad de perjudicados (medida apoyada por el 74% de la carrera Judicial en la Encuesta de 2015).
  6. Sustraer del ámbito del Tribunal del Jurado los delitos de corrupción política.- Media respaldada por el 87% de la Carrera Judicial en la referida encuesta.
  7. Plantear la externalización a la AEAT de la exacción de las multas penales, obviamente bajo control judicial, como de hecho ya se prevé para los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, sin perjuicio de extender la medida progresivamente y en un futuro, a toda la ejecución civil o la responsabilidad civil derivada del delito, obviamente bajo estricto control judicial.
  8. Valorar la introducción de una modalidad de delito cualificado de obstrucción a la Justicia para el caso de falta de colaboración con la Justicia y en especial cuando en el curso de una investigación no se remita al juez la documentación requerida o se remita incompleta bajo excusas o subterfugios.
  9. La agravación del delito de desobediencia a la autoridad judicial cometido por funcionario público cuando se dan circunstancias de especial gravedad.
  10. La limitación o prohibición legal de la suspensión de la pena en caso de delitos de corrupción, salvo casos muy excepcionales y siempre condicionada a la devolución de las sumas recibidas, malversadas o apropiadas.
  11. La articulación de instrumentos eficaces de cooperación judicial internacional. Las comisiones rogatorias retrasan notablemente los procesos especialmente cuando se trata de países que quedan fuera de la UE, por lo que es muy conveniente promover convenios para el auxilio judicial internacional y el intercambio de información directa entre jueces y fiscales.
  12. Es imprescindible poner en marcha y a pleno rendimiento, cuanto antes, la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, cuyo papel es esencial en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.
  13. La promoción de la utilización de los servicios de EUROJUST y REJUE.
  14. El impulso de acciones eficaces para combatir los paraísos fiscales.

 

4.- VALORACIÓN DE LAS RECIENTES REFORMAS LEGALES

 

1. Referencia a las recientes reformas.- Muchas de las reformas recientes no son las que necesita la Justicia española, e incluso en ocasiones han tenido efectos muy perjudiciales como ha sucedido con la relativa a la limitación del plazo de la instrucción; otras son claramente positivas como la nueva regulación del decomiso, el estatuto de la víctima, la regulación pormenorizada de medidas de investigación limitativas de derechos fundamentales, la introducción del principio de oportunidad en delitos leves o la no remisión de atestados sin autor conocido, medidas solicitadas en su día por los Jueces Decanos. En todo caso sería deseable que se superara la dinámica de continuas y parciales reformas legales, siempre sin dotación presupuestaria, y rechazar la “motorización legislativa” y avalancha de leyes sin apenas vacatio legis, como la acaecida en 2015, que genera inseguridad y dificulta el estudio de las nuevas normas por los profesionales.

 

  1. Especial referencia a la reforma de la LECrim operada por LO 13/2015 en lo relativo a las medidas limitativas de derechos fundamentales. Dicha reforma, que ha actualizado la obsoleta regulación de las medidas de investigación limitativas de derechos fundamentales, merece sin duda un juicio muy positivo dado que, aunque pueda sorprender, la regulación derogada en una materia tan trascendental era manifiestamente deficiente, algo que ya se reclamó en las Conclusiones de la XXIV Reunión de Jueces Decanos celebrada en Valencia en diciembre de 2014 en las que solicitábamos “una regulación clara, actualizada, exhaustiva y ordenada de todas y cada una de las diligencias de investigación y sus requisitos con las aportaciones de la jurisprudencia”. Y añadíamos: “Su regulación es hoy anticuada, deficiente o confusa, a veces incluso inexistente. Ello proporcionaría seguridad jurídica a los jueces de instrucción y evitaría dudas, recursos y nulidades”.

 

  1. Especial referencia al Estatuto de la Víctima. El Estatuto de la Víctima aprobado por Ley 4/2015 merece una valoración positiva, una Ley sin duda imprescindible, aunque los medios para aplicarla son claramente insuficientes. Es más, su Disposición Adicional Segunda prohíbe expresamente destinar ni un solo euro a los medios personales de atención a las víctimas, algo realmente sorprendente. Si se legisla sin invertir, la aplicación de la ley será tarea imposible. Hacen falta traductores, intérpretes, psicólogos, trabajadores sociales, dependencias adecuadas para realizar las exploraciones de menores sin riesgo de daño psicológico, sistemas adecuados de videoconferencia, suficientes oficinas de asistencia a la víctima, etc…. El Estado cada vez reconoce más derechos e impone más obligaciones a los Juzgados en la tramitación de las causas, pero no ayuda ni invierte en Justicia, lo cual es un contrasentido.

 

  1. Especial referencia Ley de Segunda Oportunidad. La Ley de Segunda Oportunidad es una ley absolutamente fracasada, lo cual es grave, sobre todo cuando generó falsas expectativas a millones de ciudadanos. Las cifras son elocuentes: sólo 344 concursos de persona física no empresario en el primer semestre de 2016, que no llegaron a 600 en 2015, cuando en Francia o Alemania se superan ampliamente los 100.000 concursos de persona física al año. Hemos sido los últimos de Europa en regular la segunda oportunidad y lo hemos hecho de forma timorata, hasta el punto que la Ley no ha tenido incidencia alguna, no ha servido para recuperar a miles de personas situadas en el ostracismo civil debido a sus deudas y que podrían iniciar una nueva vida como emprendedores, generar riqueza y contribuir al sostenimiento de los servicios públicos con sus tributos. Y además la regulación es muy compleja y el proceso laberíntico, alejándonos de la agilidad y sencillez que recomendaba la UE. Para un jurista no hay mayor fracaso que una ley inútil. Urge por tanto la reforma de la Ley Concursal en este punto y regular una verdadero sistema de exoneración de deudas siempre que se trate lógicamente de deudores responsables y de buena fe, arbitrando un sistema más sencillo eludiendo el laberinto concursal, extendiendo la posibilidad de exoneración a las deudas públicas, definiendo de manera más estricta el concepto de deudor de buena fe y fomentando el crédito responsable, haciendo de peor condición al acreedor irresponsable, como sucede en Francia, en la línea de la Directiva 2014/17 cuyo plazo de transposición ha transcurrido.

 

 

Tú también… Junta

Jorge Muñoz | 23 de octubre de 2016 a las 5:00

EXCONSEJERO ASEGURA ANTE LA JUEZ QUE NO PAGÓ UNA AYUDA PORQUE ERA ILEGAL

Julio César, antes de ser asesinado por un grupo de senadores en el Teatro de Pompeyo, pronunció aquella célebre frase, dirigida a Bruto: Tu quoque, Brute, fili mi. ¿Tú también, Bruto, hijo mío? Esa misma sensación de traición es la que pudo experimentar el pasado miércoles el que fuera consejero de Empleo Antonio Fernández, tras conocer que la acusación particular que ejerce la Junta acaba de presentar un escrito de acusación en el que se le piden seis años y medio de prisión por su intervención en las ayudas concedidas para el ERE de la empresa Aceitunas y Conservas (Acyco).

Fernández recibió la puñalada a la hora del almuerzo, cuando los medios de comunicación difundieron el escrito de conclusiones provisionales presentado por el gabinete jurídico de la Junta en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que investiga la macrocausa.

Antes de ser acusado por la Junta, el ex consejero había recibido toda una batería de acusaciones por parte de la Fiscalía Anticorrupción, que le ha reclamado hasta 28 años y medio de prisión en las tres piezas de los ERE que van camino de juicio: la del denominado “procedimiento específico” por el que se concedían las ayudas y las de los EREde Acyco y Surcolor.
La acusación del Ministerio Público era en cierto modo esperable, al haber asumido por completo los fiscales las tesis de la anterior instructora Mercedes Alaya respecto a la confabulación para defraudar las ayudas de los ERE. Pero la de la Junta, no. Y esa acusación, en el caso de Fernández, duele y levanta más ampollas que la pública. Que tu antigua casa, donde primero como viceconsejero desde el año 2003, y después como consejero entre 2004 y 2010, planteen una acusación que implica una pena de seis años de cárcel, debe ser muy duro.

Sobre todo para alguien que ya pasó unos meses en prisión preventiva por este escándalo y sobre todo porque esta acusación se plantea tan sólo unos días después de que los mismos servicios jurídicos hayan pedido el archivo de la causa del procedimiento específico, en la que están procesados los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, además del propio Antonio Fernández y otra veintena más de ex altos cargos de la Administración andaluza.

El otro día alguién me planteó la siguiente cuestión: ¿Por qué al que fuera viceconsejero de Empleo en 2003 y consejero desde 2004 se le presume por la Junta el conocimiento y participación en las decisiones del ex director general de Trabajo Javier Guerrero en relación con el ERE de Acyco, acusándole por ello, pero al consejero en 2003 [José AntonioViera] y al viceconsejero desde 2004 [Agustín Barberá] se les presume todo lo contrario y se les exculpa?

La verdad es que no supe dar ninguna respuesta a esa aparente paradoja. Porque tendría sentido que tanto la acusación como la exculpación fuera para todos o ninguno. Hace años que Fernández, como hemos comentado aquí en otras ocasiones, ha asumido sin quererlo el papel de sospechoso habitual, convertido según su abogado, Alfonso Martínez del Hoyo, en una “suerte de sumidero universal de todas las sospechas, al que por defecto no se duda en hacer mecánicamente objeto de todas las acusaciones.

En cualquier caso, los cargos que la Junta ha presentado contra Antonio Fernández refuerzan la posición de la Administración andaluza como acusación particular en la macrocausa. Si alguien tenía alguna sospecha de la actuación del gabinete jurídico después de pedir el archivo de la pieza en la que estaban implicados los ex altos cargos, esa duda se disipó con la calificación provisional de Acyco.

La Junta, por primera vez en su historia, ha acusado a un antiguo miembro del Consejo de Gobierno, a un ex consejero, así como a dos ex directores generales de Trabajo, Javier Guerrero y Juan Márquez, a los que ha pedido otras condenas de cinco años y medio de cárcel y tres años, respectivamente. Este puede ser uno de los primeros juicios de los EREen los que intervenga la Junta, dado que al no acusar en el caso de Chaves y Griñán, el juez la tendrá como una acusación desistida del proceso y la apartará de la vista oral.

 

 

VISTO PARA SENTENCIA

 

* Y Alaya reabrió la causa de la mina

Muchas eran las apuestas que se decantaban por que Alaya iba a reabrir la investigación por las supuestas irregularidades en la adjudicación del concurso para la reapertura de la mina de Aznalcóllar. Al final, la lógica Alayística se impuso y la Sección Séptima de laAudiencia de Sevilla –integrada por otros tres jueces– acordó reabrir la causa en un durísimo auto –hecho público además coincidiendo con el debate en el Parlamento andaluz sobre el Estado de la comunidad– en el que el tribunal asegura que donde la Junta debió actuar con mayor transparencia y rigor, al tratarse de una zona que sufrió el vertido tóxico de minas de Aznalcóllar, lo que se ha encontrado “son indicios de ilegalidades severas y arbitrarias de dicho procedimiento administrativo”. Luego en la parte dispositiva, lo que hace la Audiencia es ordenar a la juez de Instrucción número 3 que vuelva a pedir un informe de laConfederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) que, según la Junta, ya está aportado a la causa, y que vuelva a plantearse si hubo prevaricación. De nada sirvió que la Fiscalía apoyase el archivo.
* La juez Bolaños le gana el primer round al PP

Muere una mujer golpeada en su vivienda de La Rinconada
La juez María Núñez recibió esta semana el respaldo del máximo órgano de gobierno de los jueces por la primera de las cuatro quejas o denuncias que el PP le ha presentado por su actuación en la investigación de los cursos de formación. Bolaños ha ganado el primer round de la batalla que el PP le ha planteado y que, por el momento, se antoja en cuatro asaltos. El primero ya ha caído, al descartar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la denuncia de los populares, que la acusaba de una falta muy grave de revelación de datos, atribuyéndole la supuesta filtración del archivo de los cursos. El promotor de la acción disciplinaria, el magistrado del Tribunal Supremo Antonio Fonseca-Herrero, concluyó que no se aprecian motivos para entender la comisión de infracción disciplinaria alguna por la juez, toda vez que las informaciones periodísticas “claramente se refieren a fuentes judiciales, sin que conste dato alguno, siquiera indiciario, de que la juez revelara dato o hecho alguno que hubiera conocido en el ejercicio de su función”. El PP olvida que a la hora de conseguir una información los caminos del señor son inescrutables, también en la Justicia.
* El singular recurso de Javier Guerrero

No se puede calificar de otro modo el recurso presentado por el ex director de Trabajo contra su procesamiento por las ayudas del ERE de Acyco. Para empezar, el abogado Fernando de Pablo, habla de la “orfandad” del auto recurrido para concluir diciendo que el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla “pasa por ser una familia pluriparental” que debería unificar sus criterios, “porque lo que aquí se da como cierto, en otras piezas, con padres distintos, se archivan; corriendo una similitud perfecta con la que tenemos enfrente”.
*Y la pionera condena a tuitear de Luis Pineda

El Tribunal Supremo ha ratificado la primera condena contra el dueño de Ausbanc, Luis Pineda, por difamar al portavoz de Facua, Rubén Sánchez, y le ha obligado a tuitear 30 veces el fallo durante un mes. Se trata de una sentencia pionera a nivel mundial, lo que no sabemos es cómo va a poder cumplirla Pineda desde la cárcel donde está preso.