La pregunta es: ¿Quién introdujo las cláusulas?

Jorge Muñoz | 8 de febrero de 2017 a las 2:00

JUICIO Mercasevilla

Ocho sesiones de juicio y sigue en el aire la pregunta del millón sobre el supuesto amaño del concurso público para la venta de los suelos de Mercasevilla. ¿Quién introdujo en el pliego de condiciones del concurso las dos polémicas cláusulas que según la Fiscalía de Sevilla se introdujeron expresamente para favorecer a la empresa Sando?
Pues a tenor de lo que se ha visto hasta ahora en el juicio: nadie. Fueron dos cláusulas que, de buenas a primeras, aparecieron por arte de magia en el pliego de condiciones y que todo el mundo dio por buenas y absolutamente legales. De hecho, hay quien apunta que la denominada cláusula de limitación al alza, la que penalizaba las ofertas que superaran el 10% de la media de todas las ofertas, aparece en muchos contratos que firman las administraciones públicas, como una garantía frente a ofertas que pueden considerarse temerarias. La otra cláusula, de titularidades previas, favorecía a los concursantes que tuvieran algún derecho de superficie previo, como ocurría con Sando.
Los diez acusados que están sentados en el banquillo por este caso han negado cualquier intervención en la introducción de las cláusulas en el concurso y algunos han mostrado contradicciones respecto a quién se le encargó la elaboración del pliego de condiciones. El ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet aseguró en su declaración que la elaboración del pliego de condiciones se encargó al asesor jurídico de la lonja Jorge Piñero, que elaboró las cuestiones civiles y mercantiles, mientras que de los aspectos económicos se habría encargado el economista José Antonio Ripollés, y de las cuestiones técnicas y administrativas la funcionaria de Urbanismo María Victoria Bustamante. Esta última acusada le dijo precisamente ayer a la juez que ella no intervino en el pliego, aunque sí ha reconocido que mandó dos modelos de pliego y un borrador a petición de Fernando Mellet.
Nadie asume, por tanto, la autoría y la introducción de las dos cláusulas en el pliego. La Fiscalía, por su parte, acusa a Jorge Piñero, al economista Ripollés y a la funcionaria Bustamante de haber confeccionado entre los tres un pliego “a la medida de los intereses de Sando”. El juicio entra la semana próxima en la fase testifical y será ahí donde habrá que ver si estos testimonios consiguen arrojar luz sobre el autor de las cláusulas.

Los jueces no trabajan con papel

Jorge Muñoz | 5 de febrero de 2017 a las 2:00

LA JUEZ QUE SUSTITUYE A MERCEDES ALAYA SE INCORPORA AL JUZGADO

La juez María Núñez Bolaños.

 

Hace años que no veía una reflexión tan profunda y acertada en un auto de un juez de Instrucción. Estamos acostumbrados a ver imágenes de los juzgados colapsados, con pilas y montañas de papel con expedientes judiciales que se amontan por los suelos porque las estanterías se han quedado pequeñas. Estamos acostumbrados a que los jueces fijen la celebración de juicios con hasta más de dos años de retraso desde que se presenta una demanda. Estamos acostumbrados a las interminables instrucciones que, por unos motivos u otros, se prolongan durante años, y así ya ni siquiera nos resulta extraño que un juicio como el de Mercasevilla se celebre ocho años después de que se iniciara la instrucción, o que suceda lo mismo con la vista oral por la causa del delito societario de Real Betis, por no hablar del escándalo de los ERE fraudulentos, del que tan sólo se han acabado las primeras piezas.
Y estos son sólo algunos de los casos más sonados y mediáticos, porque los juzgados tramitan miles y miles de asuntos que afectan a los ciudadanos. Por eso, en esa nebulosa de procedimientos judiciales puede ocurrir que los ciudadanos a los que afectan esos procedimientos se conviertan en un número más, o en más papel, como acertadamente ha puesto de manifiesto esta semana la juez María Núñez Bolaños.
La magistrada ha hecho esta reflexión en un nuevo auto en el que ha ratificado el archivo de la denominada “pieza política” de la macrocausa de los cursos de formación, en la que estaban imputados 24 altos cargos y funcionarios, algunos de los cuales fueron detenidos de forma espectacular por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en presencia de sus familiares y en algún caso incluso cuando se disponían a llevar a sus hijos al colegio.
Bolaños ha recordado en ese auto el daño causado a personas cuya “honorabilidad y profesionalidad” ha sido cuestionada con esa operación policial y la consiguiente actuación judicial que se prolonga ya desde hace casi dos años. “Los jueces no trabajamos con papel sino con personas, detrás de cada expediente o proceso hay familias y personas, por ello no es legítimo ni justificable utilizar maniobras para dilatar o mantener vivo un procedimiento sin ni siquiera discutir o rebatir los argumentos jurídicos de fondo expuestos en la resolución recurrida”, aseguraba Bolaños criticando la intervención en esta causa de la acusación popular que ejerce el PP-A.
Pero el daño no sólo se ha causado, según explica la magistrada, a los imputados en la causa de la formación. Bolaños alerta del “grave perjuicio” que se ha causado a “muchas familias” andaluzas, “cuya fuente de ingreso y sustento se vio truncada” cuando estalló el escándalo, así como a las personas que dejaron de recibir una “formación necesaria y útil para su vida profesional”. Es decir, gestores públicos, empresas especializadas en la formación y los propios ciudadanos se han visto perjudicados por una actuación judicial-policial con la que Bolaños se ha mostrado muy crítica, por cuanto la investigación parte de un “criterio operativo” consistente en elaborar “teorías sobre conspiración y tramas delictivas” que son también “avaladas” por la acusación que ejerce el PP.
Los jueces están saturados de trabajo, tienen unos sueldos ridículos para la responsabilidad que tienen encomendada y encima no siempre disponen de los medios personales y materiales adecuados para realizar su labor. Pero lo que no pueden olvidar nunca, como ocurre en otras profesiones como la sanitaria, que sus decisiones afectan a personas. No a papeles.

 

VISTO PARA SENTENCIA

Dos autos, dos críticas a Mercedes alaya
*Dos autos de Bolaños que atacan con vehemencia la labor realizada por Mercedes Alaya en la instrucción de las macrocausas. Si Alaya acuñó la terminología de la “pre-imputación”, cuando dictó aquel auto en el que daba traslado de la imputación a los ex presidentes Chaves y Griñán, Bolaños va camino de convertirse, si no lo es ya, en una experta en la gestión y división en piezas de las macrocausas que tanto gustaban a su antecesora. Bolaños también está comenzando a gustarse a la hora de reflejar sus pensamientos, argumentos y opiniones en los autos –no olvidemos que los jueces siempre hablan a través de sus resoluciones– y hasta ha acuñado la expresión “criterio operativo” para referirse a las distintas formas de actuar y marcar las diferencias con la etapa de Alaya. Decían que Alaya solía leer todo lo que se publicaba de ella en la prensa cuando dirigía las macrocausas y si sigue haciéndolo a buen seguro que no le habrán sentado bien las críticas de Bolaños. Aunque también hay quien dice que Alaya no presta atención a las críticas. Sea como fuere, María Núñez Bolaños le ha lanzado en menos de una semana dos auténticos torpedos a modo de auto a su forma de instruir las macrocausas. El primero, en la causa de los avales y préstamos de la agencia IDEA, donde Bolaños ha lamentado las macrocausas que empiezan “la casa por el tejado”, al reclamar una ingente documentación e intentar investigar “todas las ayudas y todas las empresas sin ningún filtro o criterio de pertinencia o legalidad”. En el segundo torpedo, en relación con los cursos de formación, ha cargado contra las teorías “sobre conspiración y tramas delictivas” impulsadas, según explica la juez Bolaños, por la UCO de la Guardia Civil y la propia Mercedes Alaya.

CONFERENCIA DE LA JUEZA MERCEDES ALAYA EN UNIVERSIDAD DE GRANADA

La juez Mercedes Alaya, en una reciente conferencia en Granada

El PP continua con los recursos

*Bolaños también ha criticado al PP por los recursos que presenta en las distintas macrocausas, pero las críticas no hacen mella en los populares, que esta misma semana han vuelto a recurrir otro auto de archivo de Bolaños, en este caso por sobreseer la causa contra el ex diputado vasco del PSOE Antonio Aso Martínez, que estaba imputado por los ERE en relación con las ayudas a Cenforpre. Los populares argumentan la “inexistente” motivación del auto, en el que en sólo un párrafo Bolaños descarta la participación dolosa del ex diputado.

 

Justicia pagará un 10% más a los letrados por las guardias

Jorge Muñoz | 2 de febrero de 2017 a las 20:28

abogado

El consejero de Justicia e Interior de la Junta, Emilio de Llera, ha anunciado hoy en el Parlamento que la compensación económica de los servicios de guardia que corresponde realizar a los Colegios de Abogados de Andalucía se incrementará en un 10% en 2017 en base al acuerdo con el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados.

“Como en años anteriores”, ha explicado el consejero, “Andalucía continúa siendo una de las comunidades autónomas que más inversión destina a la justicia gratuita en términos absolutos”. Porcentualmente, la justicia gratuita representa el 9,7% del presupuesto de Justicia, frente al 6,9% del total del Estado.

La Consejería de Justicia e Interior, ha reiterado De Llera, garantiza el servicio de justicia gratuita en Andalucía y está al día en los pagos. En cuanto a las cantidades que se abonan a los profesionales que se dedican a este ámbito, hay un incremento de los módulos que remuneran a los abogados y procuradores de un 5%, que será completado en 2018 con otro 5% y con el incremento de las cantidades destinadas a los gastos de funcionamiento de los colegios profesionales hasta el 8%, efectiva desde el 1 de enero de 2017, según recoge la Ley de Presupuesto para 2017.

El presupuesto para la partida de justicia gratuita en 2017 asciende a 43,2 millones de euros, casi 5 millones más que en 2016, lo que supone un incremento del 11%. Por su parte, ha asegurado De Llera, “el Ministerio destina un total de 36,7 millones de euros a este área, siete millones menos que Andalucía”.

En este sentido, el consejero ha recordado que Andalucía se sitúa por encima del ‘territorio Ministerio’ -aquellas comunidades que no tienen transferidas las competencias en materia de Justicia- en prácticamente todos los módulos y que, en muchos casos, supera a las demás comunidades que tienen transferida esta competencia.

Así, por ejemplo, la retribución de los procesos con mayor demanda en justicia gratuita, como es el abreviado en el orden penal, con unas 60.000 actuaciones de media anual, se situará por encima de la media que se percibe en todas las comunidades y tan sólo es superada por Cataluña, Galicia y Madrid.

Igualmente ocurre en otras materias dotadas de especial sensibilidad como es la incorporación de las divisiones patrimoniales derivadas de separación o divorcio, cuya cuantía va a superar lo que pagan el resto de comunidades autónomas, superándonos solo Cataluña y Madrid.

Andalucía es la segunda comunidad, tras Canarias, que más esfuerzo realiza para remunerar la Justicia gratuita, con un 0,026% del PIB andaluz, por encima de la media española del 0,021% y muy por encima de comunidades como Madrid (0,015%) Baleares (0,016%) o Galicia (0,018%), ha dicho el consejero.

Condenado por incitar al odio en twitter

Jorge Muñoz | 2 de febrero de 2017 a las 16:40

La Audiencia Nacional ha condenado a dos años de cárcel como autor de los delitos de enaltecimiento del terrorismo y de incitación al odio a un joven que entre 2015 y 2016 publicó varios comentarios en Tiwiter en los que decía que “53 asesinadas por violencia de género machista en lo que va de año, pocas me parece con la de putas que hay sueltas”, “Marta del Castillo era feminista y se tiró al río porque las mujeres se mojan por la igualdad” o “ya tengo los explosivos preparados para liarla en Sol, Feliz Año, Alá es grande”, según ha informado este jueves la Audiencia Nacional.

La sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal considera probado que el acusado, B. J. M.H.,publicó varios mensajes en sus cuentas de la red social, abiertas en 2013 y 2014, que contaban con una cantidad de en torno a los dos mil seguidores.

Además de los comentarios ya mencionados, el acusado publicó otros que decían “Y 2015 finalizará con 56 asesinadas, no es una buena marca pero se hizo lo que se pudo, a ver si doblamos esa cifra, gracias” o “Ahora sólo falta un atentado en Madrid, unos cuantos españoles muertos y un 2015 de puta madre”. Tras cerrar la primer cuenta a raíz de varias denuncias, el acusado abrió otra en las que también publicó comentarios enalteciendo el terrorismo yihadista y denigrando a las mujeres como “Ya no se ven atentados como los del 11 S, estos de la Yihad no valen, si van a masacrar a gente que lo hagan con estilo, vuelve Bin Laden” o “Marta del Castillo era feminista y se tiró al río porque las mujeres se mojan por la igualdad”.

La Sala rechaza los argumentos empleados por el acusado en el juicio en los que señaló que los mensajes eran para llamar la atención sobre un fenómeno, el de la violencia machista, que no tenía repercusión en los medios de comunicación, si bien reconoció que el resultado que obtuvo con los comentarios fue el contrario al deseado. Además indicó que en la época de los hechos era un inconsciente y no sabía la cantidad de gente a la que le llegaban los mensajes .

En este sentido, el Tribunal considera que los comentarios no son calificables ni de broma ni de humor negro, “sino que en su ánimo lo que fluye es la idea de ensalzar esas acciones, extensivo a sus autores y no precisamente de la inconsciencia”.

Los magistrados reconocen haberse quedado “perplejos” y “demudados” ante lo versión del acusado, en la que defendía que el texto empleado en los mensajes relativos a las mueres fuera para llamar la atención sobre la violencia sobre ellas. En realidad, dicen, “lo que revelan es todo menos una preocupación, existente en la sociedad en todas sus esferas, que comparta el acusado”.

“Lo que denotan -apuntan- es justamente lo contrario al sentir general” e insisten en que no se trata de una broma ni de humor negro. Subrayan que “lo que rezuman los contenidos de los twits es la discriminación hacia la mujer en tanto trato diferente y por debajo del hombre, con consecuencia negativa” para ellas.

Cortes en el patrullero

Jorge Muñoz | 2 de febrero de 2017 a las 2:00

La historia comienza en los talleres oficiales de la Renault, adonde es llevado un coche patrulla de la Policía Local porque el chivato del airbag está encendido. No se trata de un fallo mecánico producto del uso o desgaste propio del vehículo, sino todo lo contrario. El mecánico del taller graba incluso un vídeo –que puede consultarse en la web de este periódico– en el que relata cómo el fallo se debe a que alguien ha cortado los cables, tanto en el asiento del conductor como en el del copiloto. “Esto ni el renting ni la garantía lo pagan”, advierte el autor de la grabación, que explica asimismo que se trata de un “corte limpio”, realizado con una navaja o un cuchillo. El patrullero que presenta estos daños pertenece al distrito Triana, comenta el improvisado locutor.
¿Cuál es la explicación a estos daños en la propiedad pública?¿Es fruto de un sabotaje o de un acto vandálico? Desde el Ayuntamiento de Sevilla niegan esta posibilidad y atribuyen lo ocurrido a un “mal uso” que haya podido hacer uno de los agentes del Cuerpo.
La explicación al corte de los cables, cuyo presunto autor ha tenido que ser por lógica un agente, está en el sistema de avisos conectado a los cinturones de seguridad de los vehículos.
En los patrulleros de la Policía Local, como ocurre con muchos de los coches particulares más recientes, vienen incorporados unos sistemas de avisos sonoros para recordar tanto al conductor como a los otros ocupantes la obligación de colocarse el cinturón de seguridad. En caso de no hacerlo, un pitido constante y que no se detiene alerta al conductor de que tiene que llevar puesto el cinturón.
Lo que ocurre es que en el caso de los policías locales, al igual que sucede con otros conductores profesionales, como pueden ser los taxistas, están exentos de llevar el cinturón en el casco urbano cuando están en el ejercicio de sus funciones. En el caso de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la medida puede afectar incluso a su seguridad, dado que en ocasiones necesitan estar libres cuando persiguen por ejemplo a un delincuente.
Hay muchos agentes que optan por ponerse el cinturón de seguridad para evitar el molesto aviso sonoro o incluso se han buscado una solución alternativa, como hacerse con otra hebilla con la que pueden saltarse el sistema de seguridad.
Sea como fuere, lo que no es comprensible es que un agente, a pesar de esa molestia sonora, actúe como se ha hecho en el caso de este vídeo, causando daños a un vehículo oficial que pertenece al Ayuntamiento de Sevilla.
El Ayuntamiento de Sevilla mantiene abierto un expediente disciplinario a un agente por una práctica similar a la que se denuncia en el vídeo: por cortar los cables en el patrullero para que no pite, según aseguraron ayer a este periódico fuentes municipales.

El banquillo del camarada

Jorge Muñoz | 29 de enero de 2017 a las 2:00

Audiencia de Sevilla   Sala del jurado  Comienza el juicio contra Torrijos y otras nueve personas por el fraude en la venta de los suelos de Mercasevilla

El ex portavoz municipal de IU Antonio Rodrigo Torrijos.

El que fuera uno de los hombres fuertes de los dos últimos gobiernos de la era de Monteseirín en el Ayuntamiento de Sevilla afrontó esta semana el primero de los embates judiciales que lo llevaron a presentar su dimisión. El ex primer teniente de alcalde Antonio Rodrigo Torrijos fue una de las piezas de la política local que la juez Mercedes Alaya se cobró por partida doble. La juez lo procesó por la supuesta adjudicación “fraudulenta e ilegal” del concurso para la venta de los terrenos de Mercasevilla, una causa en la que Torrijos ha prestado declaración esta misma semana en el juicio.
Alaya también procesó al ex edil de IU en la denominada operación Madeja, por su supuesta intervención “decisiva” en la petición de determinadas dádivas en compensación por la adjudicación a la empresa Fitonovo de los contratos de obras relativos a once campos de fútbol. Según la juez, que remitió esta investigación a la Audiencia Nacional, Fitonovo habría abonado 155.000 euros a Izquierda Unida en dos pagos realizados 2010 y 2011.
Torrijos llegó a estar investigado en una tercera causa, la de las irregularidades en la Fundación para la Formación, Innovación y Cooperación de Sevilla (DeSevilla), pero otro juez archivó la causa contra el ex concejal al entender que no participó en ningún delito relacionado con la gestión de esta fundación.
Mientras continúa en la Audiencia Nacional la instrucción de la operación Madeja, Torrijos se ha defendido esta semana de las acusaciones por su supuesta intervención en la adjudicación del concurso de los suelos de Mercasevilla.
El ex concejal ha sido, junto al ex gerente de Urbanismo Manuel Marchena, de los pocos que han logrado salir airosos de un interrogatorio con la juez Alaya. Ambos hicieron frente a los vehementes e “inquisitoriales” interrogatorios de esta magistrada, según la expresión acuñada en su día por el abogado de Griñán, José María Mohedano. Tanto Torrijos como Marchena miraron cara a cara a Alaya, mientras otros muchos imputados se acogían a su derecho a no declarar.
Esta semana Torrijos ha vuelto a declarar ante un juez y se ha mostrado tranquilo y contudente en su defensa de que no participó en ningún pacto, cambalache o fraude para que el concurso público de la venta de los suelos se adjudicara al grupo Sando.
Si un juicio terminara tras las declaraciones de los acusados, podría incluso apostarse por una clara absolución de Antonio Rodrigo Torrijos, así como de otros acusados como el ex concejal del PSOE Gonzalo Crespo o el ex director del área de VíaPública Domingo Enrique Castaño.
Lo que hay que tener en cuenta es que la vista oral está todavía en la fase inicial y el relato exculpatorio que han ofrecido los acusados no ha sido sometido a la contradicción de otras pruebas y, sobre todo, de los testigos que aún deben comparecer en el juicio. El testimonio de estos testigos, entre los que se encuentran empresarios, técnicos y funcionarios del Ayuntamiento, como el secretario y el interventor, es lo que puede hacer inclinar la balanza de un lado o de otro.
También serán vitales los correos electrónicos aportados en la causa y de los que, poco a poco, se está comenzando a citar en las sesiones del juicio.
De momento, Torrijos se ha mostrado coherente con su ideario político, al justificar que apostó por el concurso público y no por la adjudicación directa porque de esta forma quería evitar un “pelotazo urbanístico”.
La Fiscalía debe demostrar que cuatro acusados –Torrijos, Crespo, Castaño y el ex director general Fernando Mellet– se pusieron de acuerdo y convencieron a los demás miembros del consejo de administración para que la venta se hiciera no mediante subasta sino con un concurso en el que supuestamente introdujeron dos cláusulas para favorecer la oferta ganadora. Esta es la teoría de Alaya que reproduce la Fiscalía en su escrito de acusación.

 

VISTO PARA SENTENCIA

La juez de Mercasevilla, Yolanda Sánchez Gucema.

La juez de Mercasevilla, Yolanda Sánchez Gucema.

Se llama Yolanda Sánchez Gucema y es la titular del juzgado de lo Penal número 13 de Sevilla, a la que ha correspondido celebrar el juicio por las presuntas irregularidades en la adjudicación del concurso público para la venta de los suelos de Mercasevilla. Desde la primera sesión del juicio, la magistrada ha dado muestras de su preparación para dirigir un proceso de estas características, en el que hay varios políticos acusados, con sus bragadas defensas, un fiscal Anticorrupción –aunque aquí actúa como representante de la Fiscalía de Sevilla, no de la Fiscalía especial, pero en cualquier caso es el fiscal anticorrupción–, varias acusaciones particulares, y encima se trata de un caso mediático, que suscita el seguimiento diario de la prensa.

La juez Yolanda Sánchez ha mostrado que sabe dirigir las sesiones, poniendo en su sitio a todas las partes cuando hay que hacerlo. No ha dudado en llamar la atención a los abogados defensores y a los acusados cuando han aprovechado sus intervenciones para lanzar dardos a la instructora del caso (Mercedes Alaya) o han utilizado el teléfono móvil dentro de la Sala más de lo aparentemente prudente.

También ha mostrado vehemencia, como cuando reprochó a uno de los acusados que se riera ante una pregunta, recordándole que el juicio es algo “muy serio”. Otras veces ha dejado que haya cierta distensión y hasta sentido del humor, como cuando acuerda un receso para que las partes puedan ir al baño o les permite tomar algo para estar “suficientemente hidratados” siguiendo la sesión. Y no digamos nada de su preparación técnica, que ha sido incluso destacada en petit comité por algunas de las defensas. La magistrada lo controla todo, no se le va una, y está tan concentrada en lo que sucede en la sala que hasta le molesta las continuas entradas y salidas de los periodistas para mandar sus crónicas.

Por ponerle una falta, que tampoco lo es: habla superrápido, es una auténtica ametralladora fonética. Tanto que hasta a los plumillas que siguen el juicio les costó mucho seguir el discurso de la magistrada cuando resolvió las cuestiones previas. Yolanda Sánchez estuvo hablando sin parar durante una hora, con dos breves pausas para beber. La juez comenzó a citar de forma vertiginosa artículos, sentencias y latinajos que a más de uno nos recordó aquella genial escena de los hermanos Marx sobre “la parte contratante de la primera parte…”

La Junta mantiene el plan de refuerzo de los funcionarios de los juzgados con 182 funcionarios de apoyo

Jorge Muñoz | 25 de enero de 2017 a las 18:49

Un momento de la reunión de la comisión mixta Junta-TSJA

Un momento de la reunión de la comisión mixta Junta-TSJA

La Consejería de Justicia e Interior de la Junta mantendrá este año el plan para reforzar la dotación de personal de los órganos judiciales de Andalucía con 44 funcionarios interinos, más otros dos en fiscalías, que, unidos a los que ya estaban anteriormente, suman un total de 182 trabajadores de apoyo en los juzgados de la comunidad con mayor carga de trabajo, según ha anunciado hoy en Granada el consejero, Emilio de Llera, en la reunión de la Comisión Mixta Junta-TSJA.

Este plan, ha subrayado el consejero, permitirá que jueces, tribunales y fiscalías de los órganos judiciales andaluces puedan desempeñar su labor jurisdiccional con una mayor celeridad, facilitando así una más eficiente Administración de Justicia y un servicio público más útil a la ciudadanía.

No obstante, De Llera ha vuelto a subrayar que los problemas de la Administración de Justicia se resuelven, fundamentalmente, con la creación de nuevos órganos judiciales y la dotación de más plazas de jueces y fiscales, una competencia que corresponde al Gobierno central.

Al respecto, el titular de Justicia e Interior ha señalado que el Gobierno de la nación no ha creado ni un solo órgano judicial en Andalucía desde el año 2011, pese a haberlo anunciado y a que la Junta solicitó la puesta en marcha de 13 juzgados para paliar las deficiencias de la Administración de Justicia en esta comunidad.

En el transcurso de la Comisión Mixta Junta-Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, De Llera también ha abordado el desarrollo de la implantación de la nueva Oficina Judicial en la comunidad andaluza, la cual, según ha recalcado, contribuirá también de forma decidida a mejorar la eficiencia y el funcionamiento de la Administración de Justicia en nuestro territorio.

El consejero ha señalado que la Consejería de Justicia e Interior ya ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) sendas órdenes por las que se implantan las nuevas oficinas Judicial y Fiscal en esta comunidad autónoma y se aprueban sus respectivas relaciones de puestos de trabajo, con el fin de alcanzar un modelo más eficiente de organización de los medios personales y materiales de la Administración de Justicia, ofreciendo a la ciudadanía un servicio con mayor agilidad y calidad.

De acuerdo con estas órdenes de Justicia e Interior, la nueva Oficina Judicial se implanta, en primer lugar, en los partidos judiciales de El Ejido (Almería) y Vélez-Málaga, y además, según ha anunciado hoy el consejero, se va a poner en marcha también en Córdoba.

La fecha de entrada en funcionamiento de las nuevas oficinas será fijada mediante una resolución, una vez que hayan sido aprobadas por el Ministerio de Justicia las correspondientes relaciones de puestos de trabajo, tal como se dispone en ambas órdenes.

El toro no es un símbolo oficial de España

Jorge Muñoz | 23 de enero de 2017 a las 15:17

toroosborne

La Sala de lo Civil ha rechazado anular la marca “Toro” de Osborne porque el toro no es un símbolo oficial de España. El alto tribunal ha desestimado las demandas de nulidad de marcas denominativas que se habían cruzado Osborne y “Badtoro”, ésta última de la firma Jordi Nogués S.L., por lo que no anula ninguna de las dos, según ha informado este lunes el Alto Tribunal.
La sentencia rechaza la petición de Osborne de suspensión de prejudicialidad civil hasta que el Tribunal General de la Unión Europea resuelva otro asunto que tienen pendiente ambas empresas. El Supremo argumenta que en ese caso intervienen otros elementos en la valoración sobre el riesgo de confusión entre las respectivas marcas, como son los gráficos (denominación “Badtoro” más un gráfico de la cabeza de un toro de color negro), que no se contemplan en el pleito que ha resuelto el Supremo, restringido a las marcas denominativas “Toro” y “Badtoro”.

El origen del pleito arranca de una demanda planteada por el Grupo Osborne reclamando la nulidad de la marca denominativa “Badtoro”, por violar las dos marcas denominativas “Toro” que tiene registradas Osborne para diferentes productos. Jordi Nogués S.L. planteó demanda reconvencional contra Osborne pidiendo la nulidad total o parcial de sus marcas “Toro”, entre otras razones por considerar que, cuando se solicitaron las mismas, contenían el nombre de un animal (el toro) que en su representación y designación alude a un auténtico emblema o símbolo de España de especial interés público, incurriendo con ello en la prohibición absoluta prevista en el artículo 7.i del Reglamento de marcas comunitarias.

Tanto el Juzgado de lo Mercantil de Alicante como la Audiencia de la misma provincia, desestimaron las pretensiones de ambas sociedades, lo que ahora es confirmado por el Supremo, en sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Ignacio Sancho Gargallo.

Sobre las alegaciones de Jordi Nogués S.L., la Sala I destaca que la marca denominativa “Toro” no incurre en ninguna prohibición absoluta del Reglamento de marcas comunitarias, ya que si bien es cierto que en España la tauromaquia (las corridas de toros) constituye una tradición y forma parte de nuestra cultura, ello “no supone, como pretende el recurrente, que el toro, en cuanto animal, haya pasado a ser un icono de nuestro país que haya vaciado de carácter distintivo a la denominación «toro» y por lo tanto constituya un impedimento objetivo para su registro como marca”.

“Al respecto, conviene aclarar, como muy bien hizo el tribunal de apelación, que lo que constituye patrimonio cultural de España es la tauromaquia, no el animal toro –insiste el Supremo-. El toro no constituye ningún símbolo o icono oficial de España, sin perjuicio de que alguna concreta representación gráfica del toro de lidia haya resultado muy conocida y sea empleada por algunas personas junto con la bandera de España. Este uso social, que no consta se haya generalizado, aunque no pasa inadvertido, sobre todo en algunos eventos deportivos en los que interviene una representación española, lo único que pone en evidencia es que una determinada representación gráfica del toro de lidia (no el animal, ni mucho menos su denominación) ha sido empleada -por algunos- con una finalidad de reivindicación de lo español”.

En cuanto a la demanda de Osborne, el Supremo tampoco la acepta por entender inexistente el riesgo de confusión entre la marca denominativa “Toro” y la también denominativa “Badtoro”.

“Además de que la denominación «Toro» carece de especial notoriedad, el añadido del calificativo inglés «Bad» da lugar a un neologismo («Badtoro») que, al margen de la referencia conceptual que pueda suponer para una parte de la población que reside o visita España familiarizada con el idioma inglés, genera una diferenciación gráfica y fonética respecto del signo «Toro» suficiente para que, respecto de los productos y servicios a los que una y otras marcas están registradas, una apreciación global no advierta que el signo «Badtoro» genera riesgo de confusión en el consumidor medio”, argumenta la resolución.

La Sala también rechaza la petición de Osborne de plantear cuestión prejudicial ante el riesgo de resoluciones contradictorias entre lo resuelto en el presente procedimiento con ocasión de la acción de infracción de las dos marcas comunitarias denominativas «Toro», frente al uso del signo «Badtoro» por Jordi Nogués, y lo que en su día resuelva el Tribunal General de la UE sobre el reconocimiento de la marca gráfico-denominativa compuesta por la denominación «Badtoro» y el dibujo de una cabeza de toro. En concreto, el Tribunal de la UE debe resolver un recurso contra la decisión de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) de no autorizar el registro de la marca gráfico-denominativa “Badtoro”.

Para el Supremo, “no existe tal riesgo de contradicción, pues la marca que se cuestiona ante el Tribunal General es una marca mixta, gráfico-denominativa, y para el juicio sobre el riesgo de confusión se tienen en cuenta no sólo las dos marcas comunitarias denominativas «Toro», sobre las que acciona en nuestro pleito Grupo Osborne, S.A., sino también la marca española gráfico-denominativa compuesta por el dibujo del toro de Osborne, que goza de gran notoriedad, y la denominación «Toro»”.

La aparición de Alaya

Jorge Muñoz | 22 de enero de 2017 a las 2:00

Audiencia de Sevilla   Sala del jurado  Comienza el juicio contra Torrijos y otras nueve personas por el fraude en la venta de los suelos de Mercasevilla

Alaya observa desde un coche la entrada de Torrijos en la Audiencia. Foto: Juan Carlos Vázquez.

 

La juez Mercedes Alaya nunca pasa desapercibida, como hemos tenido ocasión de comprobar en múltiples ocasiones. El pasado martes se produjo una anécdota como preludio al inicio del juicio por el supuesto fraude en el concurso para la venta de los terrenos de Mercasevilla, una causa que instruyó la propia Alaya junto a las otras macrocausas. El fotógrafo Juan Carlos Vázquez captó la imagen de arriba. En la misma se observa la llegada del ex portavoz municipal de IUen el Ayuntamiento de Sevilla y uno de los principales imputados en la causa, Antonio Rodrigo Torrijos, acompañado de su abogado.
Pero la curiosidad de la foto está en lo que no se ve a primera vista, porque el reportero hizo la foto en el mismo instante en que la juez Mercedes Alaya llegaba en un vehículo a la Audiencia de Sevilla. Así, puede verse a la magistrada sentada en el asiento de atrás del coche, contemplando desde su plano cómo el político que ella sentó en el banquillo de los acusados era fotografiado cuando acudía a la primera sesión del juicio. Una auténtica aparición de la juez estrella.
La anécdota no se quedó ahí, porque tan sólo unos minutos después, Mercedes Alaya y el investigado Antonio Rodrigo Torrijos compartían ascensor para subir, la primera, hasta la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla donde está destinada, mientras que el político de IUse dirigía a la segunda planta del edificio, donde se celebra el juicio. En el ascensor no hubo conversación alguna, más allá de un protocolario y educado saludo.
La curiosa aparición de Alaya parecía anticipar lo que iba a ocurrir tan sólo unos minutos después, cuando la instrucción realizada por la juez comenzó a aglutinar los reproches y las críticas de las defensas de los diez imputados por el caso de la venta de los suelos de Mercasevilla a la hora de plantear las cuestiones previas en el juicio.
Es curioso también, todo hay que decirlo, que a Alaya le lluevan las críticas de las defensas a toro pasado, cuando ya no instruye las macrocausas ni puede tener ninguna intervención en el resultado del juicio. ¡Esos cojones, en Despeñaperros!, como dijo Caracol el del Bulto a la locomotora de vapor que silbó a su llegada a la estación de Atocha.
El primero que cargó contra la instrucción de Alaya fue el propio Antonio Rodrigo Torrijos, cuya defensa planteó que este juicio es “cosa juzgada” porque otro juzgado antes que Alaya había investigado una denuncia por los mismos hechos que fue archivada y ese archivo a su vez confirmado por la Audiencia de Sevilla.
La defensa del ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet, a quien Alaya también procesó en varias causas, fue de las más activas a la hora de atacar a la juez, al criticar la “ausencia de imparcialidad”, o lo que es lo mismo, la supuesta parcialidad, de la instructora por no haberse abstenido de esta investigación cuando su marido, el auditor de cuentas Jorge Castro, había auditado las cuentas de Mercasevilla años atrás y según Mellet tuvo que despedirlo a raíz de las irregularidades detectadas en las cuentas.
Otra defensa, la del ex concejal del PSOEen el Ayuntamiento de Sevilla Gonzalo Crespo, calificó de “sorprendente” su imputación, que se produjo porque Alaya “aprovechó” que otro investigado había solicitado su declaración como testigo para imputarlo en el caso.
Tras los reproches de las defensas, Alaya encontró un defensor en la Fiscalía, la acusación pública con la que había mantenido numerosos y en ocasiones bruscos rifirrafes con motivo de la instrucción de las distintas macrocausas. El fiscal avaló sin matices la actuación de Alaya y su competencia para investigar el caso Mercasevilla.
No fueron las únicas críticas que recibió Alaya esta semana. La magistrada recibió un varapalo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que decidió revocar la condena de seis meses de prisión que impuso a la ex alcaldesa de Bormujos Ana Hermoso por el cohecho del bolso de Loewe, el regalo que recibió antes de votar a favor de una moción de censura. El Alto Tribunal declaró prescrito el delito de cohecho que apreció Alaya en su primera sentencia dictada como presidenta de un tribunal del jurado. El tribunal consideró “inasumible” el argumento de Alaya a la hora de condenar a la ex regidora.

 

VISTO PARA SENTENCIA

 

El final de la ‘loewe story’ de Bormujos

*El TSJA absolvió finalmente a la ex alcaldesa de Bormujos Ana Hermoso (PP), tras la dura sentencia dictada en su día por la juez Alaya, que acusó a la ex regidora de haber tenido una “motivación bastarda” a la hora de votar a favor de la moción de censura que devolvió la alcaldía al independiente Baldomero Gaviño. Alaya dijo entonces que Hermoso actuó por intereses personales, porque le habían prometido un cargo en el nuevo gobierno local y eso le iba a reportar unos ingresos. Vamos, como ocurre en cualquier moción de censura. La verdad es que el TSJA ha tirado por la calle de en medio en este caso, porque a pesar de todos los testigos que declararon en el juicio coincidieron en que el bolso de Loewe fue un regalo “amoroso” del empresario Jesús Calvo Soria, con el que Ana Hermoso había iniciado una relación, los magistrados han optado por mantener que la dádiva y el cohecho existió, aunque al final consideran que está prescrito. 

El TSJA ha rechazado de forma elegante las tesis de Alaya, al poner de manifiesto que aunque la ex alcaldesa buscara una preeminencia en el ámbito político de la localidad y un sueldo al votar a favor, ese acto no puede calificarse como injusto o contrario a derecho, porque “de no haber existido dádiva, no habría existido caso”. Si no, serían ilegales el 99,99% de las mociones de censura que se celebran en los ayuntamientos.

Y aunque el TSJA haya declarado probado que el regalo fue por apoyar la moción de censura, no fruto de esa relación amorosa, lo cierto es que este planteamiento sigue generando muchas dudas. ¿Realmente una concejal sería capaz de dejarse comprar por un bolso tasado en 120 euros? Por cierto, que es la segunda vez que el TSJA le da un varapalo a Alaya con este caso, ya que anteriormente declaró nulas las grabaciones realizadas a la ex alcaldesa y en las que supuestamente reconocía el soborno.

Condenado un capitán a siete meses de cárcel por grabar desnuda a una soldado en unas maniobras

Jorge Muñoz | 19 de enero de 2017 a las 19:13

Un carro de combate en unas maniobras en Cerro Muriano

Un carro de combate en unas maniobras en Cerro Muriano

La Sala de lo Militar ha confirmado la condena a siete meses de prisión impuesta a un Capitán del Ejército de Tierra que grabó desnuda con su teléfono móvil a una soldado durante unas maniobras en la base militar de Cerro Muriano de Córdoba.

La sentencia desestima el recurso de casación interpuesto por el condenado, que era teniente cuando ocurrieron los hechos,  contra el fallo del Tribunal Militar Territorial Cuarto que le impuso la citada pena por un delito de abuso de autoridad, en su modalidad de trato degradante a inferior, y el pago de 1000 euros por los daños morales que causó a la víctima, ha informado el Alto Tribunal.

El 13 de febrero de 2014, después de realizar unos ejercicios militares, la soldado, que era la única mujer que participaba en las prácticas, se duchó y se fue a su camareta para vestirse. El oficial condenado aprovechó que estaba sola en su habitación, desnuda, secándose, echándose crema y buscando la ropa para vestirse, para grabarla desde la estancia contigua, que estaba separada de la otra por un tabique que no llegaba hasta el techo. El oficial se encaramó a una de las literas y colocó su móvil por encima de dicho tabique para grabar las imágenes. Al oír ruidos y sentirse observada, la mujer se refugió detrás de su taquilla, pero al mirar hacia arriba vio un móvil de color negro y preguntó “¿quién anda ahí?”. En ese momento una mano retiraba el artilugio.

La soldado salió de su habitación para ver quién la había grabado y se encontró con el teniente, agachado y cerrando una bolsa, que le respondió: “yo, ¿por qué?”. Sorprendida por lo ocurrido, la mujer envió un SMS al condenado diciéndole que borrara la grabación y que iba a dar parte del episodio.

La Policía Judicial no encontró ningún archivo almacenado en el teléfono móvil del teniente que estuviera relacionado con los hechos por lo que concluyó que el aparato podría haber sido sometido a un borrado seguro, como así reconoció el propio acusado.

Sin embargo, pese al borrado, la Sala Militar considera que la declaración de la víctima es prueba de cargo suficiente para dictar una condenar al estar corroborada por testificales como la del sargento primero que declaró que la soldado le contó lo ocurrido y destacó que se encontraba en estado de nervios. Además, añade la sentencia, se apoya en las periciales que acreditan que el SMS se envió al teniente el día 13 de febrero de 2014 a las 18:07 horas y que el teléfono móvil había sido sometido a un borrado seguro.

Para el Tribunal Supremo, se dan los elementos típicos del delito de abuso de autoridad en su modalidad de trato degradante a inferior porque resulta probado que se produce “un hecho que constituye trato degradante, pues objetivamente es denigrante y humillante, afectando clara y directamente a la dignidad de la persona”.

La sentencia indica que el condenado trató a la soldado como “un mero objeto, atacando su intimidad y sometiéndola a tener que soportar la existencia de una foto de ella desnuda”, por lo que su acción constituye un trato degradante y, en consecuencia, la tipicidad penal del hecho es correcta al tratarse de una “degradación y humillación, que conduce a rebajar la consideración que la dignidad de la persona ha de tener y serle absolutamente respetada”.

En este caso, además, destaca la Sala Quinta, el acusado ha quebrantado un deber que le viene impuesto por las normas jurídicas que regulan su profesión de militar. “Esta infracción del deber hace más reprobable la conducta realizada, pues implica que se parte de una situación de jerarquía legalmente establecida entre el sujeto activo y el pasivo, lo que de por sí implica una situación fáctica de superioridad, que puede aparecer no sólo en las relaciones personales sino también en el aprovechamiento que tal condición jerárquica le permite en relación con las circunstancias de lugar y tiempo”, subraya la sentencia.