Polémica publicidad

Jorge Muñoz | 24 de abril de 2016 a las 7:00

Rueda de prensa del abogado Luis Romero Santos y dos familiares de Adrián Vázquez, en coma desde el pasado mes de julio tras ser atropellado por un conductor que se dio a la fuga en Conil de la Frontera

El abogado Luis Romero.

La junta de gobierno del colegio de abogados de Sevilla ha archivado el expediente disciplinario abierto a Luis Romero, en relación con la publicidad de su página web, en la que recogía los numerosos casos en los que ha intervenido y señalaba que su bufete había sido recomendado por organismos públicos, incluso judiciales, que no están facultados para recomendar a profesionales de la abogacía.
La historia se remonta a una queja que presentó un antiguo cliente ante el colegio de abogados en mayo de 2013 y en la que acusaba a Luis Romero de infringir la norma sobre publicidad de los abogados por las alusiones en la página web, donde podía leerse:“Somos colaboradores de TV1 y otras televisiones nacionales y autonómicas. Hemos sido recomendados por abogados, bufetes, jueces, magistrados del Tribunal Supremo, miembros del Consejo General de la Abogacía Española, Altos Cargos del Estado, catedráticos y profesores de Derecho, médicos forenses, periodistas, policías, embajadas, parlamentarios y alcaldes. Por ello, en Luis Romero y Asociados la experiencia y especialización se traducen en seguridad para nuestro clientes”.
La queja fue archivada inicialmente por la institución ubicada en la calle Chapineros, pero el Consejo Andaluz de colegios de Abogados ordenó su reapertura. al estimar que no había acreditado la veracidad que mantenía el anuncio, al no identificar a las personas que menciona como “recomendantes” de su bufete.
Después de analizar nuevamente el caso, la junta de gobierno del colegio sevillano ha decidido finalmente archivar el expediente disciplinario, al considerar que la publicidad insertada en su página web no vulnera la deontología profesional de la Abogacía, sobre todo tras la publicación de una directiva comunitaria que proclama la libertad de las comunicaciones de las actividades profesionales “sin más restricciones que las establecidas en las leyes”.
Además, el estatuto general de la Abogacía, aprobado el 22 de junio 2013, establece en su preámbulo lo siguiente:“En cuanto a la publicidad, se establece el principio de que los abogados podrán realizar libremente publicidad de sus servicios profesionales, con pleno respeto de las normas vigentes y de los códigos deontológicos que se aprueben de acuerdo con los mandatos legales”.
La propuesta de resolución del expediente, que la junta de gobierno del colegio de abogados asumió por completo, señala que en las alegaciones presentadas por Luis Romero se identifica a dos personas del mundo de la Abogacía y la Judicatura que corroborarían la publicidad del despacho, con lo que “se está cumpliendo con la condición de probanza exigida respecto de su veracidad, lo cual, per se, eliminaría la tipificación de autoalabanza”.
El instructor del expediente va incluso más allá. “Aún pudiéndose considerar por algunos que esa publicidad sea jactanciosa y por ende inmodesta, lo cual en poco se cohonestaría con el perfil del abogado que se predica en la profesión, ello no deja de pertenecer a la esfera personal o del carácter, en lo cual no debe entrar a conocer la deontología profesional, al no afectar a la independencia ni a la integridad de la profesión ni en las prohibiciones respecto de competencia desleal”, precisa.
En cuanto a la inclusión en la publicidad de los asuntos o casos encomendados al despacho –en la web aparecía que habían intervenido en el caso Ortega Cano, la operación Emperador, Nueva Rumasa, Accidente de Spanair, etc.–, el instructor recuerda que en el estatuto de la abogacía no se prohíbe la mención a los asuntos encomendados a un despacho sino sólo a los clientes, de forma que “dado que en la publicidad denunciada sólo se mencionan casos o asuntos”, tampoco aprecia infracción a la norma deontológica.
“Prohibir y sancionar la mención a asuntos que, además, son de conocimiento general –tanto los propios casos en sí, las partes implicadas y sus abogados– por toda la ciudadanía dada su difusión mediática y cuasi diaria de todos ellos en los medios, supondría una vulneración colegial tanto de la normativa sobre los límites a la publicidad como de la normativa sobre restricción de la competencia”, añade.
En su momento, Luis Romero aseguró que la queja presentada por el antiguo cliente formaba parte de una “estrategia de acoso” que habían iniciado contra su despacho, y recordó que la Fiscalía rechazó abrir una investigación ante la denuncia de esta persona.

 

VISTO PARA SENTENCIA

 

9-5-2001 JOSE LUIS MONTERO COMIDA EMPLEADOS AYTO. FERIA

Rafael Carretero prepara una paella a empleados municipales en la Feria de 2001.

Ni la Feria se libra de la sombra de la corrupción
* Era lo único que hasta ahora se había salvado de la sombra de la corrupción, pero la denuncia presentada por la fiscal jefe ha puesto de manifiesto las presuntas irregularidades cometidas por el que durante 35 años fue el máximo responsable de la Feria, el jefe de los servicios técnicos de Fiestas Mayores, Rafael Carretero, al que el Ministerio Público atribuye delitos de cohecho y malversación de caudales públicos. El relato de la denuncia, cuya instrucción ha correspondido a la juez Patricia Fernández –que investigó la adjudicación del concurso de la mina de Aznalcóllar–, es demoledor y muestra cómo, supuestamente, Carretero aceptó una serie de regalos a cambio de hacer la vista gorda en las facturaciones que le presentaban las empresas encargadas del montaje de la Feria o de la seguridad. Entre esas dádivas figuraban trabajos en sus propiedades –pintura, carpintería, etc– así como el suministro de la manzanilla que se consumía en su caseta durante toda la Feria y que pagaba Ferrovial. Tenía además vigilancia gratis y coche con chófer a su disposición, que le ponía la concesionaria del servicio de vigilancia de la Feria. Un auténtico escándalo que, al parecer, todo el mundo conocía pero nadie denunció, salvo un arquitecto técnico de la Delegación de Fiestas Mayores al que dicen que le están haciendo la vida imposible. Como siempre, se mata al mensajero….

El amaño de las oposiciones camino de juicio

*Y de un escándalo municipal a otro. El juez que investiga el presunto amaño de las oposiciones en la Policía Local de Sevilla ha remitido esta semana el sumario a los juzgados de lo Penal para su enjuiciamiento. En el banquillo de los acusados se sentarán 45 personas, entre ellas 37 agentes y un superintendente. Y luego algunos dirán que sigue la campaña contra este cuerpo policial, cuando deberían ser los primeros en denunciar a los garbanzos negros para que tengamos una Policía Local de la que sentirnos orgullosos, no avergonzados.

El amparo a la juez del caso “coño insumiso”

*El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tramita el amparo de la juez de Instrucción número 10 de Sevilla,Pilar Ordóñez, que denunció un ataque a la independencia judicial la decisión del Ayuntamiento de Sevilla de enviarle por correo un acuerdo del Pleno en el que mostraba el apoyo a las mujeres investigadas por la manifestación del “coño insumiso”, por haber portado en andas una vagina de plástico “a modo de Virgen” en la manifestación del 1 de mayo de 2014. El Ayuntamiento es libre de apoyar cualquier protesta –aquí salió con los votos de PSOE, Participa e IU, y la abstención de PP y C´s– pero lo que no parece lógico es que ese acuerdo, en el que se pedía el archivo de la causa, sea enviado a la instructora, que evidentemente puede sentirse presionada. La juez tiene razón en solicitar el amparo. A ver qué alega ahora el Ayuntamiento ante el CGPJ.

 

El marketing policial

Jorge Muñoz | 17 de abril de 2016 a las 7:00

El alcalde de granada José Torres Hurtado es detenido

Pura espectacularidad. Hace tiempo que las unidades de élite policiales –ya sea la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional o la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil– se han apuntado al circo mediático. No basta con desplegar un importante operativo policial con numerosas detenciones, sino que hay que hacerlo con la mayor visibilidad posible, con grandes despliegues de medios y policías con los chalecos con los distintivos de su unidad. En ocasiones, estas operaciones se han hecho coincidir incluso con periodos electorales, lo que garantiza un plus de espectacularidad. La detención esta semana del alcalde de Granada, José Torres Hurtado, parece un nuevo episodio de este marketing policial que, por lo menos, no distingue el signo político de los arrestados, ya que hay operaciones que han afectado a personas vinculadas a los dos partidos tradicionales.

Lo que sí ha llamado la atención de la detención del que en su día fue durante muchos años delegado del Gobierno en Andalucía, a diferencia de lo que ha ocurrido en otras ocasiones, ha sido la rápida reacción de la Fiscalía General del Estado, que no ha dudado en desmarcarse abiertamente desde el primer minuto de este arresto, al estimar que el estado actual de las investigaciones “no permite fundamentar suficientemente medidas tan intrusivas en los derechos fundamentales”, según el comunicado que difundió la Fiscalía el pasado jueves.

El Ministerio Público descargaba toda la responsabilidad de la detención de Torres Hurtado en la UDEF y aseguraba que las detenciones del regidor y de los otros implicados se practicaron “a iniciativa de la fuerza policial”, y añadía que las mismas no fueron ordenadas por la autoridad judicial, aunque sí “comunicadas previamente” al juzgado de Instrucción número 2 de Granada.
El comunicado de la Fiscalía ha provocado un evidente malestar en la Policía Nacional, que alega que el juzgado tenía conocimiento de la operación e incluso dictó los correspondientes autos de entrada y registro en 28 domicilios.
Pero una cosa es que la Policía informe al juez de la operación y solicite, como no podía ser de otra forma, la autorización judicial para la práctica de esos registros, y otra es que la juez haya ordenado la detención de las personas sobre la que se centra la actuación policial. ¿Realmente era necesaria la detención de Torres Hurtado en este momento de la investigación? ¿Había riesgo de fuga? ¿De destrucción de documentación relevante para la causa?
La polémica sobre las detenciones en importantes operaciones policiales no es nueva. Con anterioridad se han producido casos similares en las macrocausas de los ERE fraudulentos y la de los cursos de formación, cuando ambas investigaciones eran dirigidas por la mediática juez Alaya.
Dicen que Mercedes Alaya no era partidaria de llevar a cabo la denominada operación Barrado que, en marzo de 2015, ejecutó la Unidad Central Operativa (UCO) tan sólo dos días después de las elecciones autonómicas del 22-M y que se saldó con la detención de 16 personas, entre ellas los ex directores provinciales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Ese operativo policial llegó después del que había realizado la UDEF durante la campaña electoral, también en relación con el fraude de los cursos de formación, y en plena pelea de ambas unidades policiales por la investigación de este fraude.
La UCO detuvo entonces a 16 personas, entre ellas los ex delegados del SAE en las ocho provincias, y todas fueron puestas en libertad por Alaya, que los acuso de haber participado en un sistema concertado que tenía como objeto el “clientelismo político”.
Un año después de esa operación están declarando como testigos ante la juez María Núñez Bolaños los interventores provinciales, cuyo testimonio –descartando la presencia de delitos– ha hecho que la Fiscalía les recuerde la gravedad que en su momento se atribuyó a estos hechos y las “detenciones” llevadas a cabo. Veremos a ver en qué queda finalmente esa macrorredada, que puede estar incluso abocada al archivo a pesar de tanta espectacularidad.
De forma paralela a las detenciones está la pugna entre la UDEF y la UCO, que también se puso de manifiesto con la detención del ex consejero andaluz de Hacienda Ángel Ojeda, que se ha querellado y ha logrado que se impute por falsedad al inspector jefe de la UDEF que lo detuvo el 4 de agosto de 2014.

 

VISTO PARA SENTENCIA

La justicia está realmente enferma

*Loable es la decisión la del juzgado de lo Social número 9 de Sevilla de adelantar nada más y nada menos que 14 meses el juicio a un hombre enfermo de cáncer y cuyo pleito con la Seguridad Social había sido fijado para enero de 2018, más de dos años después de que se planteara la demanda. Lo lamentable de esta historia es que un ciudadano tenga que acreditar que padece una grave enfermedad para que la Justicia reaccione y, aprovechando que otro ciudadano ha desistido de su reclamación, anticipe 14 meses el juicio, con lo que de enero de 2018 la vista oral pasa a celebrarse en octubre de este año, dentro de seis meses. La Justicia también está enferma. Su cáncer es la lentitud de los procedimientos, algo achacable principalmente a la falta de inversiones y de medios con los que las administraciones dotan al Poder Judicial.

lorenzo del río

 

El TSJA que preside Lorenzo del Río, preocupado por la situación de los juzgados de lo Social de Sevilla –que en algunos casos están ya fijando juicios para dentro de tres años–, promovió en noviembre pasado un plan de choque para estos órganos judiciales que contempla el refuerzo de cinco jueces que actuarían de forma colegiada. Sin embargo, cinco meses después el ambicioso plan está a la espera de su aprobación por parte del máximo órgano de gobierno de los jueces, el CGPJ. La aprobación depende de que la Consejería de Justicia e Interior de la Junta envíe más funcionarios para tramitar las sentencias y resoluciones que puedan dictar estos jueces de refuerzo. Sin funcionarios, de nada sirve que haya cinco jueces poniendo sentencias a destajo si éstas se quedan en una mesa a la espera de que un funcionario las tramite. Las cosas de Palacio van despacio, también en la Justicia.

El Supremo suspende los recursos de cláusulas suelo hasta conocer la opinión del Tribunal de Justicia de la UE sobre la retroactividad

Jorge Muñoz | 14 de abril de 2016 a las 10:37

clausula-sueloLa Sala I del Tribunal Supremo ha suspendido la tramitación de un recurso de una entidad bancaria en materia de cláusula suelo de una hipoteca hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie sobre los efectos de la declaración de nulidad de dichas cláusulas, en concreto sobre el alcance de la retroactividad de dicha nulidad.

El recurso suspendido fue interpuesto por Unicaja contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Jaén, de 10 de julio de 2014, que dio la razón a dos clientes anulando su cláusula suelo con la citada entidad, y condenando a ésta a devolver lo indebidamente cobrado sin tener como tope la fecha de mayo de 2013, señalada por el Tribunal Supremo en su sentencia sobre este asunto.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene fijada para el próximo 26 de abril la vista de una cuestión prejudicial planteada por un Juzgado de lo Mercantil de Granada para conocer si se ajusta a la normativa comunitaria moderar los efectos retroactivos de la nulidad de una cláusula suelo.

Los dos clientes de Unicaja a los que dio la razón la Audiencia de Jaén pidieron al Supremo que suspendiese el recurso de la entidad bancaria (cuya deliberación estaba fijada para el próximo 4 de mayo) hasta que se pronuncie sobre la retroactividad el Tribunal de Justicia de la UE. Tanto el banco como la Fiscalía se opusieron a dicha petición.

Sin embargo, el alto tribunal accede a la suspensión porque la cuestión jurídica planteada en el recurso interpuesto por Unicaja Banco S.A. está directamente relacionada con la cuestión prejudicial que debe resolver el alto tribunal europeo, “pues en el recurso se solicita la aplicación de la doctrina de esta Sala sobre efectos de la declaración de nulidad de la cláusula suelo, interpretación que está siendo cuestionada a la luz de la normativa comunitaria ante el TJUE”.

Además, el Supremo recuerda que contra la sentencia que debe dictar no cabe interponer recurso alguno en vía judicial, y subraya la cercanía de la fecha señalada para la vista ante el tribunal europeo y, consiguientemente, de la sentencia que haya de dictarse, por lo que la suspensión temporal del proceso no se prevé extensa, y no se causa un perjuicio relevante a las partes.

El Estado pagará 8 millones por el retraso en la concesión de una línea de autobuses solicitada en 1978

Jorge Muñoz | 12 de abril de 2016 a las 12:02

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha condenado al Estado a pagar a Autobuses Pamplona-Madrid, S.L. una indemnización de 8.154.963,94 millones de euros, en concepto de responsabilidad patrimonial, por la demora en la concesión del servicio regular de transporte de carretera, de carácter permanente y uso general, Madrid-Pamplona, por Burgos y Logroño, con prolongación a la frontera francesa de Arnegui, que había solicitado el 30 de noviembre de 1978, según ha informado hoy el Tribunal Supremo.

La sentencia declara la indemnización por lucro cesante -ganancias dejadas de obtener como consecuencia de haberse privado a la recurrente de la explotación de la concesión Pamplona-Logroño-Madrid- y rechaza la responsabilidad patrimonial posterior a la concesión en 2008 y hasta su finalización por la modificación de las concesiones de otras empresas de tramos coincidentes que supuso a la citada empresa la obtención de menores ingresos.

La Sala Tercera estima el recurso de casación interpuesto por la citada empresa contra la sentencia de la  Audiencia Nacional que confirmó la resolución del ministerio de Fomento, de 21 de diciembre de 2011, que rechazó su petición de indemnización de Autobuses-Pamplona, S.L. por el lucro cesante sufrido debido a las dilaciones que se habían producido en la tramitación de su solicitud. La sentencia recurrida consideró que la acción había prescrito porque la recurrente había presentado su petición once años después de la denegación de su primera solicitud y seis años después de la segunda. Además, entendió que no se había producido ningún daño efectivo a la entidad al no ostentar la concesión, concluyendo que su reclamación era un sueño de ganancia de beneficio o lucro que no podía compensarse.

En cambio, la sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Juan Carlos Trillo Alonso, indica que la reclamación por la demora en la tramitación de la solicitud “no se basa en una mera expectativa no resarcible y sí en un perjuicio real y efectivo derivado de la imposibilidad de la explotación por el retraso de la administración en el reconocimiento de la concesión, sólo imputable a la actitud por ella mantenida, reiteradamente desautorizada por sucesivas sentencias que ponen de manifiesto la procedencia de la tramitación del procedimiento con la primera solicitud y en concurrencia con las circunstancias que ya en dicho momento debieron propiciar el otorgamiento de la concesión, de manera que se justifica un perjuicio real y efectivo por lucro cesante”.

Del mismo modo, sostiene que el cómputo del plazo de prescripción hay que situarlo en la fecha que se le otorgó definitivamente la concesión, el 22 de diciembre de 2008, por lo que cuando presentó el escrito de reclamación -23 de diciembre de 2009- no había prescrito el derecho. De acuerdo con el criterio de la Sala, indica que la acción de responsabilidad patrimonial sólo puede ejercitarse desde el momento en que resulta posible conocer en sus dimensiones fácticas y jurídicas el alcance de los perjuicios producidos para reitera que hasta la fecha en que obtiene la concesión no lo conoce y no podía reclamar.

La sentencia incluye un voto particular de la magistrada Inés Huerta Garicano que defiende la desestimación del recurso interpuesto por la empresa recurrente.

El obituario de los ERE

Jorge Muñoz | 10 de abril de 2016 a las 7:00

CASO ERE. Declaran Chaves, Gri?an y Viera . Que se hagan fotos de ambiente y de los jueces Bola?os y Alvaro

La lista de imputados de los ERE sigue mermando con las continuas bajas que está sufriendo. Ya no se trata de las prescripciones de los delitos que está acordando la titular del juzgado, María Núñez Bolaños, al haber transcurrido más de diez años desde que se abonaron las ayudas. Las bajas se deben a causas naturales y no hay nada tan natural como la vida y, por su puesto, la muerte. El obituario de los ERE sigue creciendo por este motivo.
Al paso que vamos, la juez Bolaños, tan aficionada a las piezas separadas –recordemos que ha abierto seis piezas en el caso de los ERE y nueve en el de los cursos de formación, y suma y sigue–, va a tener que crear su propio libro parroquial para ir anotando las partidas de defunción y entierro de los imputados en la macrocausa de los ERE. No se entienda esto como una frivolidad, creo que los muertos merecen todo el respeto por parte de los vivos.
Desde que se inició la instrucción hace más de cinco años han fallecido ya una decena de investigados. El último caso, conocido esta misma semana, es el de Luis Gálvez Frijol, una persona que apareció como intruso en el EREde la empresa siderometalúrgica Springer Arteferro.
La juez Mercedes Alaya lo imputó en el año 2014 y lo citó a declarar en una primera ocasión, pero el imputado no compareció. Su sucesora, María Núñez Bolaños, volvió a citarlo en febrero des este año, y tampoco acudió. Y esta misma semana, con motivo de una tercera citación, se ha descubierto el motivo de tanta incomparecencia: el imputado falleció en abril de 2009, por lo que murió hace siete años. Es decir, ya llevaba muerto dos años cuando Mercedes Alaya comenzó la instrucción de los ERE fraudulentos y a pesar de esta circunstancia, no ha sido hasta ahora cuando el juzgado ha conocido el óbito.
El caso de este intruso es paradigmático de lo que está ocurriendo con la monstruosa investigación de los ERE. Hasta en tres ocasiones ha sido citada a declarar una persona que llevaba nada más y nada menos que siete años muerta, incluso antes de que se abriera la investigación judicial.
Lo mismo le ocurrió a Alaya cuando citó a declarar como imputado a Eduardo Báñez González, el padre –ya fallecido– de la ministra de Empleo y Seguridad Social en funciones, Fátima Báñez, en la causa en la que se investigaban las presuntas irregularidades en el concurso público para la venta de los suelos de Mercasevilla.
Es curioso que varios de los fallecidos del caso de los ERE están relacionados con las ayudas de la Sierra Norte de Sevilla, como el empresario José Enrique Rosendo, que murió recientemente, o los empresarios José Montesinos Cabrera y Manuel Romero Álvarez, pero en la lista también figura el ex director de la agencia Idea Francisco Mencía.
La instrucción es tan enorme, inabarcable, tiene tantos flecos y ha pasado por tantas vicisitudes que incluso prácticamente no hay nadie que, a día de hoy pueda, cuantificar el número exacto de personas imputadas en la causa. Yo creo que si se le hace esta pregunta a la juez Bolaños tampoco sabría dar una respuesta fidedigna. Se sabe que la cifra de investigados ronda los 300, pero nadie está en condiciones de cuantificar con exactitud cuántos imputados hay.
Este informador reconoce que hasta hace unos meses llevaba la cuenta con más o menos rigurosidad, pero a partir de que se superaron los 260 imputados, el goteo de fallecidos y las últimas 16 prescripciones de delitos acordadas por la magistrada –entre los que se encuentran otras dos personas que también han muerto durante la investigación–, confieso que soy incapaz de dar un número concreto de imputado. Tampoco son capaces algunos de los abogados que siguen la instrucción al día.
El problema es que la cifra de fallecidos y prescritos continuará en los próximos meses y posiblemente hasta que haya juicio y sentencia firme, incrementando este particular obituario de los ERE. Al final va a parecer que la juez María Núñez Bolaños dirige un camposanto en lugar de un órgano judicial…

 

Visto para sentencia

Mercedes Alaya, popular en semana santa y feria
CONFERENCIA MERCEDES ALAYA*La juez Mercedes Alaya sigue teniendo un gran tirón popular, propio de una magistrada que ha acaparado continuamente y durante cinco años las portadas de los periódicos y los informativos de televisión. Durante la pasada Semana Santa, ese tirón volvió a hacerse visible una vez más con ocasión de alguna salida de la magistrada para ver el paso de alguna cofradía sevillana. Dicen que fueron muchos los nazarenos que, al reconocer a la juez en la céntrica calle Francos, no dudaron en obsequiarla con estampas de recuerdo. Y Alaya acabó con muchas, muchas estampitas. También fueron los sevillanos que, al tener que dejar paso a la juez en plena bulla, le mostraron su simpatía. El revuelo que despierta Alaya también se espera en la Feria que comienza mañana. El año pasado fueron muchas las personas que pararon a la juez por las calles del Real y que quisieron inmortalizar el encuentro haciéndose un selfie con la popular juez, que gusta en vestir de flamenca cuando pisa la Feria. Y Alaya no dudó en fotografiarse con estos admiradores, para sobresalto de su servicio de escolta, que la acompañan desde hace más de dos años, cuando fue objeto de insultos y abucheos por parte de unos sindicalitas que la esperaban en los juzgados de Sevilla. Esos incidentes ocurrieron en octubre del año 2013, pero Mercedes Alaya ya hace casi un año que dejó de ser la juez de referencia de las macrocausas, lugar que ocupa ahora María Núñez Bolaños. A pesar del tiempo transcurrido, la Policía Nacional mantiene la escolta a Alaya -y no a Bolaños-, lo que no se sabe es hasta cuándo se mantendrá este servicio de vigilancia ahora que la juez está destinada en la Audiencia de Sevilla.

 

 

El Supremo consagra el derecho al olvido

Jorge Muñoz | 6 de abril de 2016 a las 18:54

 

googleEl Supremo vuelve a avalar el derecho al olvido. La sentencia del Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, de la que ha sido Ponente el magistrado Sarazá Jimena, ha resuelto que el tratamiento, en el año 2010, de los datos personales del demandante con relación al indulto que le fue concedido en 1999 por un delito cometido en 1981, en un motor de búsqueda en Internet como es Google, una vez que el afectado requirió la cancelación de dicho tratamiento, debe considerarse ilícito por inadecuado y desproporcionado a la finalidad del tratamiento de los datos, a causa del plazo transcurrido desde que sucedieron los hechos, según ha informado el TS.
La Sala desestima la alegación de Google Spain de considerar a la sociedad matriz Google Inc única responsable del tratamiento de los datos y considera que la filial española puede ser demandada en un proceso civil de protección
de derechos fundamentales pues tiene, a estos efectos, la consideración de responsable en España del tratamiento de datos realizado por el buscador Google. Para ello, parte de la finalidad de la Directiva europea de protección de datos de garantizar una tutela eficaz y completa de las libertades y de los derechos fundamentales de las personas físicas y aplica la jurisprudencia del TJUE, como máximo intérprete del Derecho de la Unión. Recuerda que la sentencia del conocido como “caso Google” (STJUE de 13 de mayo de 2014, asunto C-131/12) consideró que Google Spain podía ser considerada como responsable del tratamiento de datos, entendido este concepto en un sentido amplio por responder al objetivo de protección eficaz y completa de los derechos fundamentales afectados.
La Sala considera que la solución contraria supondría en la práctica un serio obstáculo para la efectividad de los derechos fundamentales, pues el afectado se vería obligado a litigar contra la sociedad matriz, Google Inc, sociedad de nacionalidad norteamericana con domicilio social en California, con los elevados gastos y dilaciones que ello trae consigo.
Por otra parte, se ha tenido en cuenta que las sentencias dictadas en fechas recientes por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en diversos recursos contra las resoluciones administrativas de la AEPD, que estimaban la falta de
legitimación alegada por Google Spain, no tienen efecto prejudicial respecto del recurso que resuelve la Sala Primera en el marco de un proceso civil de protección de derechos fundamentales, por la existencia de distintos criterios rectores en las distintas jurisdicciones y por la diversidad de las normativas que se aplican por unas y otras.
Sobre el fondo del litigio, la Sala realiza una ponderación entre el ejercicio de la libertad de información, consistente en que los datos sobre la concesión de indultos puedan encontrarse a través de un buscador como Google, y el respeto a los derechos al honor y a la intimidad cuando la información versa sobre el indulto por un delito que afecta negativamente a la reputación del afectado.
En esta ponderación, considera que hay un interés público en que la sociedad pueda estar adecuadamente informada sobre los indultos otorgados por el Gobierno, la identidad de los afectados y los delitos que han cometido. Este interés público justifica el tratamiento inicial de los datos que supone indexar las páginas web donde tales indultos son publicados y mostrarlos en la página de resultados de un buscador generalista de Internet. Pero, una vez transcurrido un plazo razonable, el tratamiento de datos consistente en que cada vez que se realiza una consulta en un motor de búsqueda generalista,
utilizando el nombre y apellidos de una persona, aparezca entre los primeros resultados el enlace a la página web donde se publica el indulto, deja de ser lícito porque es inadecuado para la finalidad con la que se hizo el tratamiento.
El daño provocado a los derechos al honor y a la intimidad del afectado resulta desproporcionado en relación al interés público que ampara el tratamiento de esos datos, cuando no es una persona de relevancia pública, ni los hechos
presentan un interés histórico, por la afectación que sobre la vida privada tiene la interconexión de la información que realizan los motores de búsqueda y por el efecto multiplicador de la injerencia propio de la ubicuidad de los contenidos
en la red. 

Por último, la sentencia desestima también el recurso del demandante y considera que la indemnización concedida, 8.000 euros, no es desproporcionada a la entidad de los daños morales producidos por la vulneración de los derechos fundamentales.

Retiran los jaramagos de la Audiencia de Sevilla

Jorge Muñoz | 31 de marzo de 2016 a las 12:39

audienciaUn día después de que en este blog se denunciara la situación de abandono del Palacio de Justicia (verse el post Los brotes verdes de la Justicia), los jaramagos han desaparecido de la sede judicial. La zona ha sido limpiada esta misma mañana…. Gracias.

 

La presencia de las mujeres en la carrera judicial sube en 11 comunidades y ya superan el 52%

Jorge Muñoz | 30 de marzo de 2016 a las 10:43

El porcentaje de mujeres en la Carrera Judicial aumentó en once de las 17 Comunidades Autónomas en 2015, según el “Informe sobre la Estructura de la Carrera Judicial” hecho público hoy por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

De los 5.366 miembros con los que contaba la Carrera Judicial a 1 de enero de este año, 2.812 son mujeres y 2.554 hombres, lo que significa que las primeras representan el 52,4 por ciento del total, cuatro décimas más que hace un año.

En los últimos doce meses, la presencia femenina se ha incrementado en términos porcentuales en Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra y La Rioja; mientras que ha descendido en Canarias, Illes Balears, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura y el País Vasco, si bien en estos seis últimos territorios las mujeres siguen siendo mayoría entre los jueces y magistrados.

Es precisamente el País Vasco donde mayor presencia de juezas se da: son 139 sobre un total de 231 miembros de la Carrera Judicial, es decir, el 60,2 por ciento. A esta Comunidad Autónoma le siguen La Rioja –con el 57,5 por ciento- y Galicia –con el 56,7 por ciento-.

La media de edad de los jueces españoles es de 48,5 años

El informe revela también que, cuanto más jóvenes son los jueces, más amplia es la mayoría de mujeres entre ellos.

 

20-30 años 31-40 años 41-50 años 51-60 años 61-72 años Total
Mujeres 94 803 1.024 767 124 2.812
Hombres 43 424 651 967 469 2.554
Total 137 1.227 1.675 1.734 593 5.366

 

 

En porcentaje, las diferencias más grandes a favor de uno u otro sexo se dan en las franjas de edad más baja y más alta: las mujeres son el 68,6 por ciento de los jueces de entre 20 y 30 años y los hombres el 79,1 por ciento de los que tienen 61 o más años.

 

20-30 años 31-40 años 41-50 años 51-60 años 61-72 años Total
Mujeres 68,6 % 65,4 % 61,1 % 44,2 % 20,9 % 52,4 %
Hombres 31,4 % 34,6 % 38,9 % 55,8 % 79,1 % 47,6 %

 

La media de edad de las juezas y magistradas españolas es de 45,9 años, frente a los 51,4 años de sus compañeros. Esta diferencia se traslada también a la antigüedad en la Carrera: ellos llevan ejerciendo sus funciones jurisdiccionales una media de 19,9 años y ellas 15,1 años.

Tomando los datos totales, la edad media del juez español es de 48,5 años y su antigüedad en la Carrera Judicial es de 17,4 años.

 

Las mujeres, mayoría en los órganos unipersonales

Según los datos del informe, los órganos unipersonales son los destinos en los que la presencia femenina es mayoritaria, y de manera muy destacada en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, donde suponen el 67,3 por ciento de los titulares; los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, con un 64,9 por ciento de mujeres; el Registro Civil Exclusivo Único, con el 64 por ciento; los Juzgados de Primera Instancia, con el 61,6 por ciento; los Juzgados de Menores, con el 60,5 por ciento; y los Juzgados de lo Penal, con el 60,2 por ciento.

Las mujeres también son mayoría en los Juzgados de Instrucción, los Juzgados de lo Social y los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria.Los únicos órganos unipersonales en los que hay mayoría de titulares varones son los Juzgados de lo Mercantil y los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.

La situación se invierte en los órganos colegiados: los hombres son mayoría en las Audiencias Provinciales, los Tribunales Superiores de Justicia, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.

El siguiente cuadro indica el porcentaje de mujeres por tipo de órgano:

 

Tipo de órgano % de mujeres
Juzgado de Violencia sobre la Mujer 67,3 %
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 64,9 %
Registro Civil Exclusivo Único 64,0 %
Juzgado de Primera Instancia 61,6 %
Juzgado de Menores 60,5 %
Juzgado de lo Penal 60,2 %
Juzgado de Instrucción 57,7 %
Juzgado de lo Social 54,7 %
Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 53,8 %
Tribunal Superior de Justicia 42,9 %
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 42,3 %
Audiencia Provincial 36,9 %
Audiencia Nacional 34,9 %
Juzgado de lo Mercantil 34,5 %
Tribunal Supremo 13,9 %

 

Los jueces más jóvenes, en Canarias; los más experimentados, en Andalucía

Atendiendo a la media de edad de los jueces y magistrados por territorios, el informe revela que los más jóvenes están en Canarias (45,2 años), mientras que en el otro extremo se sitúan los destinados en Madrid (51,6 años).

Sin embargo, es Andalucía la Comunidad Autónoma donde los jueces cuentan, de media, con más antigüedad: 21 años. Los destinados en Illes Balears llevan una media de 13,9 años de servicios en la Carrera Judicial.

Por último, la media de jueces por cada 100.000 habitantes en España es de 11,5. Nueve Comunidades Autónomas igualan o superan esa cifra: Asturias (14,2), Cantabria (13,6), La Rioja (12,5), Illes Balears (12,3), Castilla y León (12,3), Galicia (12,3), Aragón (11,7), Madrid (11,7) y Canarias (11,5).

 

Los brotes verdes de la Justicia

Jorge Muñoz | 30 de marzo de 2016 a las 7:00

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En la parte inferior de la imagen se observan los jaramagos verdes.

Atila seguro que no ha pasado por los juzgados del Prado del Prado de San Sebastián. Decían del rey de los Hunos que por donde pasaba su caballo “no volvía a crecer la hierba”. Y si una imagen vale más que mil palabras, sólo hace falta ver las fotografías adjuntas para comprobarlo. Sí, la imagen es totalmente verídica, como diría el genial humorista Paco Gandía. La vegetación y los jaramagos se han apoderado de los accesos al edificio judicial que alberga la sede de la Audiencia de Sevilla. Y crecen a sus anchas sin control alguno.
Son los efectos de la recién inaugurada primavera y las primeras subidas importantes del mercurio. Cualquiera que lo vea podría pensar si estos son los brotes de verde de los que hablaba Zapatero, en versión judicial. Pero cuando se habla de la Justicia, lo cierto es que escenas como las que muestran estas fotografías vuelven a poner de manifiesto que estamos ante uno de los poderes más cutres y en los que, en muchas ocasiones, las inversiones brillan por su ausencia.
La anécdota muestra la situación de abandono en la que se encuentran muchas de las sedes judiciales. ¿Qué pensarán muchos ciudadanos que acuden por primera vez a la Audiencia de Sevilla y lo primero que ven es ésta situación de abandono?
El problema es que estamos tan acostumbrados a que esto ocurra con la Justicia que muchos de los profesionales que cada día acuden a los juzgados ni siquiera se han percatado del follaje –no piensen mal, que no va con ningún doble sentido– que adorna el Palacio de Justicia de Sevilla.

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Un detalle de la mala hierba que ha crecido a las puertas de la Audiencia.

El abogado Joaquín Moeckel ha sido uno de los pocos que se han percatado de los jaramagos, y ahora que acaba de pasar la Semana Santa recordaba la frase que Jesús pronunció en la Cruz:“¡Eli, Eli lama sabactani!” (¡Dios mío, Dios mío!, ¿por qué me has abandonado?). Lo mismo podría decirse de la sede del Prado de San Sebastián por su estado de abandono.
Las Administraciones públicas hablan de la modernización de la Justicia, de la digitalización que supone la puesta en marcha del papel cero –que tantos quebraderos de cabeza está dando–, de la presentación telemática de las demandas vía Lexnet, de la mejoras legales para evitar las macrocausas, pero la Justicia sigue siendo la gran olvidada. Los juzgados siguen teniendo problemas de falta de medios personales y materiales, y hay muchas infraestructuras judiciales insuficientes.
Las hierbas del Prado tienen fácil remedio. Sólo falta que alguien de mantenimiento fumigue con un herbicida… pero la resolución de los otros problemas estructurales de la Justicia requiere de un mayor compromiso y voluntad por parte de las Administraciones si realmente queremos una Justicia fuerte y eficaz. No olvidemos que los jueces son la última frontera contra las arbitrariedades, como están demostrando en la lucha contra la corrupción política.

Boga de combate en el 6

Jorge Muñoz | 27 de marzo de 2016 a las 7:00

 

boga de combate

Quien no recuerda esa inmortal escena de Juda Ben-Hur remando junto a otros esclavos en una galera. El comandante de la flota romana, Quinto Arrio, da órdenes al cómitre Ortato –que marca el ritmo de los remeros a golpe de mazo sobre una especie de tambor– para que aumenten la marcha. Primero ordena “Boga de combate”, que era la que en aquella época se daba para aumentar el ritmo cuando el enemigo está aún lejos, pero a la vista. Tras unos minutos, el comandante pasa a “boga de ataque”, en el que el ritmo es muy alto y los esclavos comienzan a remar con dificultad –este ritmo se imponía cuando el enemigo estaba ya muy cerca y la colisión con la otra embarcación era inminente–. Y por último, se toca la “boga de ariete”, donde la marcha es frenética, inhumana: Se busca la mayor velocidad para tratar de hundir el barco enemigo con el impacto del espolón que lleva en la proa. Con este ritmo, los remeros comienzan a perder el compás y en la película se ve cómo muchos incluso comienzan a desmayarse al no poder soportar el enorme esfuerzo físico.
Los jueces María Núñez Bolaños y Álvaro Martín, al igual que hiciera el comandante Quinto Arrio, han ordenado la boga de combate en las distintas macrocausas. Se prepara una primavera caliente, con muchas comparecencias de testigos e imputados. Ambos magistrados han citado ya entre el 30 de marzo y el 26 de mayo a un total de 50 personas -39 en calidad de investigadas y 11 testigos-. Estas personas comparecerán bien en alguna de las piezas de ERE fraudulentos, en la macrocausa de los cursos de formación o en la investigación abierta ya desde hace siete años por el delito societario detectado en la gestión de la empresa pública Mercasevilla, que se remonta al año 2009, dos años antes que el caso de los ERE.
El nuevo calendario arranca la próxima semana. Después de las comparecencias de los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán en la pieza separada por el denominado “procedimientos específico” por el que se concedían las ayudas de los ERE, el juez Álvaro Martín ha citado el miércoles 30 de marzo a los ex consejeros Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila y Gaspar Zarrías, quienes podrían emular a los ex presidentes y limitarse a ratificar sus anteriores declaraciones en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en el caso de los dos primeros, y ante el Tribunal Supremo, en el caso de Zarrías.
Por el caso de los ERE, aunque en la pieza separada de la empresa Surcolor-Surcolor Óptica, declaran los días 6 y 11 de abril el ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá, dos ex directivos de la agencia Idea y un sindicalista de CCOO de Sevilla.
El 20 de abril, la juez María Núñez Bolaños tomará declaración al ex consejero andaluz de Hacienda Ángel Ojeda, en relación con la investigación por el presunto fraude en las ayudas a los cursos de formación, investigación en la que otros tantos imputados los días 26 de abril y 3 de mayo, entre ellos un hijo del propio Ojeda.
Entre los días 5 y 24 de mayo, comparecerán por el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla hasta nueve personas, en calidad de testigos, para prestar declaración sobre las ayudas concedidas a la Sierra Norte. Estas nueve personas forman parte del grupo de 12 investigados a los que recientemente se han declarado prescritos los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos que se les imputaban, al haber transcurrido más de diez años desde que les fueron concedidas las ayudas y dado que éstas eran inferiores a los 450.000 euros, según el criterio fijado por la Fiscalía Anticorrupción, que fue la que recordó en su día a la juez Alaya que había que archivar la causa contra estos imputados.
Pero el calendario no sólo incluye declaraciones por los ERE y los cursos de formación, puesto que María Núñez Bolaños tomará declaración al ex concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla José Antonio García, en relación con el delito societario de Mercasevilla –se investiga si esta empresa pagó mediante facturas falsas las nóminas abonadas por empresas del conseguidor Juan Lanzas–. Bolaños aún no ha decidido que hacer con el parlamentario socialista Carmelo Gómez, cuya imputación ante el TSJA pidió la Fiscalía. Bolaños ha ordenado por ahora sólo la boga de combate, aún le quedan dos acelerones más… A este paso va camino de convertirse en otra incansable, como se autodefinió Alaya en un auto.

 

VISTO PARA SENTENCIA

Malestar en la Físcalia con el abogado de Griñán

GRIÑÁN LLEGA AL SUPREMO PARA DECLARAR ANTE EL JUEZ INSTRUCTOR DEL CASO ERE*Las declaraciones del abogado José María Mohedano tras la comparecencia de José Antonio Griñán en el juzgado de los ERE han provocado un gran malestar en la Fiscalía y en la delegación hispalense de la Fiscalía Anticorrupción. Mohedano aseguró que el fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, había estado en Sevilla porque el juez no citaba a los ex presidentes, tras haberlo solicitado el Ministerio Público en dos ocasiones, y añadió que el Gobierno “presionó” para que Chaves y Griñán hicieran este nuevo “paseíllo” por el caso de los ERE para “compensar” otros casos de corrupción que estaban destapándose en los últimos meses. Las afirmaciones del abogado podrían ser consideradas como injuriosas o calumniosas para la Fiscalía. Lo cierto es que Antonio Salinas estuvo en Sevilla y se reunió con la titular del juzgado de Instrucción número 6, María Núñez Bolaños, para interesarse por la marcha de la investigación y la posible finalización y enjuiciamiento de las primeras seis piezas separadas que integran el plan piloto diseñado por la magistrada. La idea es que, al menos, el procedimiento específico, sea enviado a la Audiencia en el mes de junio. La reunión fue totalmente cordial y ajena por completo a las presiones denunciadas por el letrado.

El ‘papel cero’ dispara las impresiones

*Lo que parecía una reforma para ahorrar papel parece que ha provocado el efecto contrario. En los juzgados se imprime ahora más papel que nunca e incluso han aumentado un 30% los pedidos de papel en los territorios que sigue gestionando el Ministerio de Justicia. Además, muchas de las demandas que se presentan telemáticamente tienen que imprimirse en el juzgado.