Catalá dice que no habrá “moratoria” en el papel cero

Jorge Muñoz | 8 de marzo de 2016 a las 18:49

Rafael Catalá

Rafael Catalá

A pesar de las críticas y los múltiples fallos e incidencias registrados desde la implantación del papel cero, el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, asegura que no habrá una moratoria, como han solicitado colegios profesionales, algunos jueces e incluso asociaciones profesionales. “Es un camino sin retorno y el resultado será muy satisfactorio”, ha comentado el titular de Justicia en funciones en una comparecencia en el Ministerio.

Catalá pone como ejemplo que el sistema Lexnet funciona “perfectamente” en La Rioja, Cuenca, Cáceres o Cantabria, pero ¿qué ocurre en el resto de comunidades, como la andaluza?. “Nuestra obligación es seguir empujando poniendo soluciones”, ha añadido el ministro tras reunirse con representantes de las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales.

Catalá recordó que el proceso de digitalización lleva implantándose doce años y ha reconocido que existen problemas. Además, ha aludido a la “resistencia al cambio” que existe en algunos actores de la Administración de Justicia, “especialmente fuerte” por tratarse de un “sector conservador en los modos de funcionamiento”.

El ministro ha afirmado que asume las “críticas” que recibe desde juzgados de la planta de Madrid o Canarias, así como en informes de seguimiento de LexNET como el elaborado por la Fiscalía General del Estado. “Somos realista, no es un problema de solución fácil y estamos alejados de una administración eficiente del siglo XXI”, ha comentado, según ha informado Europa Press.

Bolaños cumple con su plan piloto

Jorge Muñoz | 8 de marzo de 2016 a las 7:00

La juez María Núñez Bolaños

La juez María Núñez Bolaños

Con la citación de los ex presidentes Chaves y Griñán a declarar la próxima semana y las comparecencias para después de Semana Santa, en concreto el día 30, de los otros ex consejeros que en su día estuvieron aforados, se cierra la ronda de las declaraciones de los 51 imputados en la pieza política de los ERE, la del denominado “procedimiento específico” por el que se concedían las ayudas bajo sospecha.

Con estas declaraciones, la instrucción de esta primera pieza y a priori la más importante de las seis en que se dividió inicialmente el voluminoso sumario de los ERE, está prácticamente acabada. El juez de refuerzo Álvaro Martín sólo tiene por delante otras declaraciones voluntarias que van a solicitar una decena de imputados que en su día se acogieron a su derecho a no declarar ante la juez Mercedes Alaya y que ahora sí quieren rendir testimonio ante el nuevo instructor, así como las de varios testigos que puedan proponer las acusaciones y defensas.

A partir de finalicen esas comparecencias, esta primera pieza estará lista para su remisión a la Audiencia de Sevilla. Los plazos, todavía muy estimativos, que se barajan indican que la pieza política podría llegar a la Audiencia en el mes de junio. Eso no significa que el juicio sería inmediato, porque quedaría por practicar alguna tramitación de la causa por parte de la Sala de la Audiencia a la que corresponda. Sólo podría corresponde a las secciones penales Primera, Tercera o Cuarta, dado que la Séptima, en la que está destinada ahora Mercedes Alaya, es la encargada de resolver los recursos de los ERE. Lo normal es que el juicio no se fijara hasta finales de este año o, lo que es más probable, a principios de 2017.

En cualquier caso, si Bolaños y Álvaro Martín logran enviar esta pieza a la Audiencia en junio o antes del verano habrán cumplido el plan piloto diseñado por la nueva titular del juzgado, que precisamente cumplirá en junio un año al frente del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.

Bolaños ha dado un papel fundamental a la sentencia del “procedimiento específico”, hasta el punto de que ha apuntado ya en un auto que la absolución de los imputados en esta pieza principal conllevaría el archivo de otras tantas ayudas en aquellos casos en los que “no se aprecie irregularidad en la ejecución, empresas en crisis sin intrusos, o ayudas directas en las que la Unidad Central Operativa (UCO), en el atestado inicial, no aprecia otra irregularidad que no sea la utilización de un procedimiento presuntamente ilegal”.

La opinión de Bolaños no es descabellada. Si el procedimiento es legal, a pesar de las irregularidades, podría desembocar en esa cascada de archivos y habría que ver cuántas piezas de las más de 200 que hay investigar llegan finalmente a juicio. El instructor del Tribunal Supremo, el magistrado Jorge Alberto Barreiro, después de proponer que la investigación continuara contra los ex presidentes por una presunta prevaricación, cifró el posible fraude en 855 millones de euros, coincidiendo con las tesis de Mercedes Alaya. El magistrado del Alto Tribunal advirtió de que se habían generado “importantes perjuicios al erario público” pero matizó que aunque la cuantía de las ayudas pueda ser nula por haberse infringido el ordenamiento jurídico –en cuanto a los requisitos de las ayudas–, eso “no significa que todo el dinero concedido con cargo a ese programa presupuestario haya sido defraudado en perjuicio del erario público”.

Barreiro añadió que las cifras concretas son de “difícil cuantificación” por cuanto la investigación sigue abierta, pero ya apuntaba que de las 263 empresas afectadas, en 77 casos las subvenciones tienen relación directa con la tramitación de un ERE.

Por su parte, el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, afirmó en el Supremo que de los más de 6.000 trabajadores que se han beneficiado de estas ayudas, que fueron “validadas” por el Gobierno y el Parlamento andaluz, los “famosos intrusos “ se reducen a 60 personas, lo que representa aproximadamente un uno por ciento del total.

Para Bolaños, los juicios del procedimiento específico y de las sobrecomisiones marcarán sin duda el futuro de la instrucción del resto de las piezas de la macrocausa. Si la Audiencia de Sevilla decidiera finalmente que el procedimiento por el que se daban las ayudas es legal, sí que podría suceder esa cascada de archivos que apunta la magistrada.

El Champín gana al Champagne

Jorge Muñoz | 7 de marzo de 2016 a las 13:06

champínNo es una cuestión de sabores o de grados de alcohol, sino de marcas. La Sala de lo Civil ha confirmado que el uso de la marca “Champín” para comercializar una bebida gaseosa infantil de frutas del bosque y fresas -bebida no alcohólica- no constituye una infracción de la denominación de origen “Champagne” por parte de la empresa Industrias Espadafor, titular de la mencionada marca.

La sentencia rechaza el recurso de casación interpuesto por el Comité Interprofessionel Du Vin de Champagne y ratifica el fallo de la Audiencia Provincial de Granada que no apreció causa de nulidad de la marca “Champin” ni actos de competencia desleal, en contra de lo que sostuvo el juzgado de lo Mercantil de Granada al estimar la demanda de dicho Comité.

La Sala Primera considera que Industrias Espadafor ha utilizado su marca denominativa “Champín” como la tiene registrada, para una bebida infantil gaseosa con sabor a frutas, producto ajeno a los vinos amparados por la denominación de origen “Champagne” y a cualquiera de los protegidos por el Reglamento (CE) 1234/2007.

Del mismo modo, indica el fallo que la evocación que el uso del signo “Champín” puede generar respecto del “Champagne” es tenue e irrelevante. Sobre todo, subrayan los magistrados, porque en este caso no se genera la conexión mental en el consumidor que perjudique la finalidad perseguida con la denominación de origen, y tampoco constituye un aprovechamiento indebido de su reputación.

Asimismo, la sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Ignacio Sánchez Gargallo, afirma que la marca “Champín” no induce a pensar a los consumidores que su bebida ha sido elaborada a partir de champagne o que sea un producto derivado del mismo o que comparta con él algunas de sus características principales. Añade que a ello contribuye de manera decisiva la singularidad de los productos objeto de protección por la denominación de origen y su disparidad respecto a aquellos para los que está registrada la marca denunciada, que impide que pueda generarse aquella idea errónea sobre su calidad o procedencia.

La Sala de lo Civil concluye que la empresa demandada no está usando la denominación de origen, sino una marca denominativa que no es tan semejante como para que su empleo para los productos a los que se aplica se aproveche del prestigio del “Champagne”. Según la resolución, el empleo simultáneo del mismo envase que los vinos espumosos y de aguja, y no exclusivo del “Champagne”, tampoco supone un aprovechamiento de la reputación ajena.

La plegaria del papel cero

Jorge Muñoz | 7 de marzo de 2016 a las 7:00

Buena combinación. Abogados, San Judas y el polémico “papel cero” que el Ministerio de Justicia implantó el pasado 1 de enero.  No es de extrañar que ante tal cúmulo de incidencias, fallos y otros problemas de la tecnología, algún letrado haya recurrido al devocionario católico, encomendándose al patrón de las situaciones desesperadas o imposibles, de las causas perdidas.

Cierto es que hay abogados a los que no les vendría mal rogar el amparo de este santo, porque hay clientes que en verdad puede decirse que lo tienen crudo, que no tienen defensa alguna. Son más culpables que Caín y las pruebas contra ellos son abrumadoras. Pero en este caso que les voy a contar, se ha implorado a San Judas por los problemas del papel cero, que obliga a los profesionales -abogados y procuradores- a comunicarse con los juzgados y tribunales por medios telemáticos. No es broma. Un abogado presentó en febrero pasado en el registro de los juzgados de Málaga una contestación a una demanda dirigida a los juzgados de lo Social en la que se expresaba en los siguientes términos:

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El escrito presentado en los juzgados de lo Social de Málaga.

 

“Entendemos que una vez enviado el archivo PDF de la demanda, el juzgado puede imprimir cuantas copias necesite dar traslado. No obstante, adjuntaremos al presente escrito tres copias de la demanda y una plegaria a San Judas Tadeo, para que nos ayude a todos con la operación papel cero”. Y acababa su escrito con el tradicional suplico al juzgado de lo Social para que admitiera el escrito presentado, junto con sus copias.

La gran paradoja del papel cero es que, en realidad, no supone exactamente la desaparición completa del uso del papel. Así el artículo 273.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, tras la reforma que introdujo el papel cero, señala expresamente que “únicamente de los escritos y documentos que se presenten vía telemática o electrónica que den lugar al primer emplazamiento, citación o requerimiento del demandado o ejecutado, se deberá aportar en soporte papel, en los tres días siguientes, tantas copias literales cuantas sean las otras partes”.

Al margen de la anécdota de la plegaria de San Judas, lo cierto es que la implantación del papel cero no está siendo tan satisfactoria como debiera y hay muchas más críticas que alabanzas, por no decir que no ha recibido ninguna alabanza más allá de las del propio Rafael Catalá. La Junta de Andalucía y otras comunidades que tienen transferidas las competencias no han dudado en criticar al Ministerio de Justicia porque consideran que la medida se ha adoptado de forma precipitada y además no ha venido acompañada de ninguna financiación -“el papel cero ha venido acompañado de una financiación cero”, llegó a decir en su día el consejero de Justicia Emilio de Llera-.

Las críticas no sólo han venido de la Junta, también los profesionales y los propios jueces se han quejado de los problemas de funcionamiento del sistema Lexnet y su integración con el Adriano, el plan informático de la Junta. Colegios de procuradores como el de Sevilla han solicitado incluso una “moratoria” en la aplicación de la ley y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) se ha visto obligado a recordar a los jueces que al tratarse precisamente de una ley no puede dejarse de aplicar de forma unilateral por parte de jueces y decanatos.

En febrero pasado, la Sala de Gobierno del TSJA mostró su “preocupación” por las incidencias que se están registrando en la implantación de la comunicación telemática en los juzgados y tribunales del territorio andaluz, lo que ha provocado una “situación bastante delicada que pone en cuestión la calidad, eficacia e imagen del servicio público que prestan los juzgados y tribunales”. Pese a ello, el Alto Tribunal andaluz advirtió de que la suspensión del sistema no puede ser acordada unilateralmente por los jueces decanos, ya que supone “una contravención de una disposición legal de obligado cumplimiento”.

La Sala de Gobierno respondió así a la comunicación remitida por el presidente de la Audiencia de Granada y el decano de los Juzgados de Granada en la que detallaban los problemas de reparto de las demandas presentadas telemáticamente y solicitaban la posibilidad de suspender el sistema de presentación telemática y quién podría dictar dicho acuerdo de suspensión. La Sala de Gobierno entiende que “la suspensión del sistema de presentación telemática de escritos, obligatorio en todo el ámbito nacional desde el 1 de enero del presente año, supone una contravención de una disposición legal de obligado cumplimiento y, por tanto, no puede ser acordada por el decano de los Juzgados de esta localidad ni por el Director del Servicio Común de Registro y Reparto de la misma, pues excede de las competencias de ambos, conclusión que se quiere poner de manifiesto, con carácter general, a los distintos decanos y jueces del territorio, así como a todos los operadores en el ámbito de la Administración de Justicia”.

Lorenzo del Río, presidente del TSJA

Lorenzo del Río, presidente del TSJA

El presidente del TSJA, Lorenzo del Río, consciente de la necesidad de adoptar decisiones e iniciativas ante la situación actual en cuanto al fluido reparto telemático de escritos y documentos en los Juzgados, anunció que convocará una cumbre sobre el papel cero para tratar el problema en Andalucía y, de una forma ordenada y coordinada, gestionar adecuadamente la solución de los problemas detectados y posibles medidas paliativas, “evitando la toma de soluciones unilaterales”. A la misma se convocará, entre otros, a responsables de la Consejería de Justicia, a los presidentes de los colegios andaluces de Abogados, Procuradores y Graduados Sociales, al Secretario de gobierno y a los decanos de los principales partidos judiciales. A ver en qué acaba este plan que inicialmente suponía una revolución en la Justicia. En cualquier caso, no está mal que haya abogados que introduzcan un poco de humor en la cuestión.

Funcionarios en riesgo de imputación

Jorge Muñoz | 6 de marzo de 2016 a las 7:00

Daniel Rosell

Daniel Rosell

Aprobar unas oposiciones a la función pública era tradicionalmente un chollo. Un puesto para toda la vida, con una remuneración aceptable y con posibilidades de promocionar. Muchos padres animaban a sus vástagos a opositar para garantizarse eso que llamaban un futuro próspero. Pero en los últimos años, los escándalos de corrupción han situado a muchos funcionarios en el centro de las dianas de los jueces y de las macrocausas. No es que los funcionarios estén como el lince, en riesgo de extinción, pero sí se puede decir que están en alto riesgo de imputación.
Desde hace varios años era un secreto a voces, un rumor que corría de un extremo a otro de la Junta de Andalucía hasta que ha sido el interventor Juan Luque Alfonso quien lo ha destapado ante el juez que investiga las supuestas irregularidades relacionadas con las ayudas a la comunidad de regantes Marismas del Guadalquivir.
Juan Luque afirmó esta semana ante el magistrado Juan Gutiérrez Casillas que la Administración se encuentra actualmente en una situación de “parálisis” ante la “cascada de imputaciones” judiciales que han salpicado a los interventores, a los letrados y a los técnicos. Y lo ha dicho precisamente un interventor que está imputado en la causa de los ERE fraudulentos y en el denominado caso Marismas, donde se investigan supuestas irregularidades en las ayudas concedidas a la comunidad de regantes Marismas del Guadalquivir, que recibió 40,1 millones para la modernización de la red de riegos.
¿Y cómo se trabaja ahora en la Junta ante ese riesgo elevado de imputación? Según Juan Luque, en la Intervención de la Junta se trabaja actualmente “en alerta y en prevención”. Se ha pasado de una etapa en la que regía el principio de “confianza” entre los distintos responsables de la Administración a una situación de desconfianza. Aunque Luque no lo dijo, de sus palabras se desprende que en la Junta los funcionarios llevan a cabo su labor con temor a ser llevados ante un juez como investigados, la nueva forma con la que se designa ahora a los imputados.
No es de extrañar que el panorama que describe Luque se asimile bastante a la realidad. Basta con revisar la lista de imputados de los principales casos. En los ERE, por ejemplo, figuran entre otros funcionarios y técnicos el ex interventor de la Junta Manuel Gómez o el que fuera jefe del gabinete jurídico de la Junta Francisco del Río. También engrosan la lista de imputados secretarios generales, directores generales, y altos cargos de otros organismos como la agencia Idea.
Otro ejemplo. La investigación por las supuestas irregularidades en la adjudicación del concurso para la reapertura de la mina de Aznalcóllar. La Policía Nacional procedió a la detención formal –es decir, fichó y reseñó, le tomó las huellas dactilares– a 15 personas, entre ellas varios funcionarios y una letrada de la Junta, de los cuales sólo siete fueron finalmente citados a declarar como imputados por la juez, quien acabó archivando la causa al considerar que no había ninguna prevaricación en la adjudicación del contrato a la empresa Grupo México-Minorbis, en detrimento de la empresa perdedora y denunciante, Emerita Resources.
Por cierto, que un juzgado de Sevilla sigue investigando la denuncia que presentó la asociación de letrados de la Junta contra los funcionarios de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef), a los que atribuyen presuntamente delitos de detención ilegal, prevaricación y contra la integridad moral en relación con el arresto de una letrada del servicio jurídico de la Administración autonómica.
Y todo esto contribuye, como decía el interventor imputado, a la situación de “parálisis” de la Junta, una Administración en la que los funcionarios se lo piensan mucho antes de dar un paso en falso, no sea que vayan a acabar con una citación judicial.
La situación es tan extrema que incluso puestos que en la Administración tenían muchos novios, por su prestigio y consideración, como pueden ser el de interventor general o director de la agencia Idea, hayan sido ocupados con cierta dificultad a la hora de encontrar a los candidatos.Son puestos de alto riesgo de imputación si sigue la deriva judicial actual.
El abogado Juan Carlos Alférez, que representa a varios altos cargos imputados en distintos sumarios, coincide en esta apreciación. “El nivel de intromisión de la jurisdicción penal en conductas que han venido perteneciendo al ámbito administrativo es desmesurado, cualquier contravención normativa contable, presupuestaria, administrativa o mercantil es prejuzgada hoy día como delito presunto hasta el punto que los propios servidores públicos al resultar imputados no son capaces de comprender aún siquiera el alcance y el porqué de las imputaciones, pero sobre todo, en su inmensa mayoría, cuando años atrás desempeñaron las actividades que años después se les revisa con tanto celo, jamás tuvieron la menor conciencia de estar cometiendo actividad delictiva de clase alguna”. El letrado coincide en que “el miedo se ha instalado en la Administración, los múltiples procesos penales existentes que afectan a las Administraciones se vienen radiando en directo y muchos funcionarios y servidores públicos tienen verdadero pánico a que conductas que hoy día realizan en la creencia de que son correctas, al cabo de los años alguien pudiere imputárselas como delito, lo que está causando verdadero pavor entre los funcionarios y cargos públicos de hoy día, con la evidente paralización y freno en la gestión de sus cometidos”.
El chollo del funcionariado ha dado paso al pánico en el sector público. Es lo que tiene la etapa de judicialización de los asuntos en la que vivimos.

 

VISTO PARA SENTENCIA

 

ADIOS AL PERIODISTA FERNANDO CARRASCO
*Se fue Fernando Carrasco, buen periodista y mejor persona. Su repentina muerte ha supuesto un mazazo para toda la profesión. Fernando estaba especializado en el mundo de las cofradías y en el taurino, pero eso no le impidió haber tocado otros palos, incluso la crónica de sucesos y tribunales. Suya fue la primera noticia de la desaparición de la joven Marta del Castillo, antes de que este crimen diese la vuelta a España.

En alguna ocasión también se pasó por los juzgados del Prado de San Sebastián, donde tuvo contacto con el periodismo judicial. Una veterana compañera, Amanda González, recordaba días atrás cómo los periodistas habituales de los juzgados coincidimos con Fernando en la cobertura informativa del caso Arny, del que se han cumplido ya más de 20 años, y comentaba precisamente la simpatía y el buen humor que derrochaba.

Una pieza clave de aquel macrojuicio, el primero de los que se han celebrado en Sevilla y de los que aún están por venir, eran los testigos protegidos, los menores que se habían prostituido en el club y a los que la Justicia les había dado un número para proteger su anonimato. Cada vez que se hablaba de los testigos 14, 15, 20, etc., Fernando sacaba la sonrisa de sus compañeros. “Esto parece lo de los Cursos CCC, llame al 20, 21, 22”… decía imitando con su habitual gracia la cancioncilla del anuncio televisivo. Otra ocasión en la que se le vio por los juzgados fue con motivo de la imputación del torero José Ortega Cano por el accidente mortal en Castilblanco de los Arroyos.

El abogado de Ortega Cano le había prohibido que no hiciera declaraciones a los periodistas que le esperaban a la salida de los juzgados, sobre todo teniendo en cuenta que el caso se hallaba en la fase de instrucción y el letrado entendía que no era bueno que el diestro hiciera ningún comentario sobre una cuestión tan delicada y que, a la postre, le hizo entrar en prisión.

Lo que no contaba el letrado es con la pericia de Fernando Carrasco, quien a la salida de Ortega Cano, le lanzaba una pregunta que encabezaba de la siguiente forma: “Maestro…”. Y entonces el torero se detenía y contestaba a las cuestiones que le planteaban los periodistas. Los que conocimos a Fernando Carrasco siempre recordaremos su talante y su calidad humana. D.E.P.

Cinco años irrecuperables de la vida de un hijo

Jorge Muñoz | 28 de febrero de 2016 a las 7:00

SEVILLA.

Ana, la madre del menor retirado lee entre lágrimas una carta en la que denuncia que se siente “remaltratada”

 

El caso de los menores Iván y Sara, que fueron retirados por la Junta a su madre biológica y luego la Justicia no pudo o no supo más que acordar el pago de una millonaria indemnización para la madre, que encima llegó tarde porque ésta falleció víctima del cáncer, supuso un antes y un después en materia de protección y desamparo por parte de la Administración andaluza. ¿O tal vez no? Un nuevo caso que acaba de denunciar esta semana el abogado Gabriel Velamazán, que en su día representó a Carmen Fernández, ha vuelto a poner en la diana la política que la Junta lleva a cabo con estas madres que, o cuentan con pocos recursos o no disponen de un buen asesoramiento, y a las que después de un tortuoso calvario judicial se acaba dándoles la razón. Al menos en el papel, en una sentencia que puede o no conllevar la devolución del hijo.
La historia de Ana es la de una joven que, con sólo 16 años, es madre por primera vez. Su hijo, al que se refiere con el nombre ficticio de Telmo –que significa “hijo muy querido”– para salvaguardar su anonimato, le fue retirado por la Junta el 27 de mayo de 2010, cuando tenía menos de tres años. La razón de la retirada: que la madre supuestamente lo maltrataba.
Todo parte de una serie de denuncias, casi siempre “anónimas”, sobre los supuestos malos tatos y que coinciden a su vez con el maltrato que la propia madre está recibiendo de su pareja sentimental y padre del niño.
Ambas denuncias de malos tratos entran en la vía penal y corren una suerte muy desigual. Mientras las acusaciones contra Ana son desestimadas primero por un juez (en junio de 2012), que archiva la causa, y luego por la Audiencia de Sevilla (octubre de ese mismo año), que ratifica ese sobreseimiento; la investigación a su ya ex pareja concluyen en una condena, en julio de 2012, de 33 meses de prisión por delitos de malos tratos, amenazas, quebrantamiento y lesiones.
Es decir, en octubre de 2012 hay dos hechos constatables en este caso: Se han archivado los supuestos malos tratos de la madre al bebé, al no tener fundamento; y lo que sí dicen los tribunales es que Ana es una mujer que ha sido maltratada por su ex pareja, como demuestra la condena.
¿Y qué ocurre con el niño a pesar del archivo de la denuncia a la madre en 2012? Pues que sigue en acogimiento familiar y, no sólo eso, sino que se limitan aún más el contacto del menor con su madre biológica. En marzo de 2013, la Junta propone al juzgado que la madre sólo pueda verlo una hora al mes –y siempre en un lugar cerrado, sin posibilidad de ir a un parque, por ejemplo– y la abuela una hora cada dos meses. Y además, de la figura del acogimiento simple en el que estaba se pasa al acogimiento permanente.
Estas medidas son confirmadas por la Audiencia de Sevilla en octubre de 2014, que ha tenido en cuenta los informes aportados por la Administración. Mientras tanto, Ana ha sido madre de dos niñas, que nacen marzo de 2013 y diciembre de 2014. La Junta no acordó el desamparo de ninguno de estos dos niños, lo que implica que se están criando a la perfección.
El juzgado de Violencia sobre la Mujer número 4 de Sevilla ha fijado para el próximo 8 de marzo el juicio en el que se debe determinar si el desamparo del niño estuvo bien acordado por la Junta. De esa decisión judicial dependerá que el menor pueda volver a vivir con su madre y con sus dos hermanas.
De este caso sorprenden varios aspectos. El primero, nuevamente, el problema de la lentitud de los procedimientos administrativos y de la Justicia. ¿Cómo es posible que casi cuatro años después de que un juez archivara la denuncia contra la madre, el niño continúe con una familia de acogida?
Ana se siente, y no cabe duda de que con razón, “maltratada doblemente”, primero porque no hay que olvidar que ha sido víctima de la violencia machista y, segundo, porque la Junta le “robó” a su hijo, expresión con la que esta joven madre se refiere al desamparo acordado por la Administración autonómica.SEVILLA.
La consejera de Igualdad y Políticas sociales, María José Sánchez Rubio, salió al paso de la denuncia asegurando que la delegación territorial “estudiará” el caso de esta mujer, de la que reconoció que “no le cabe ninguna duda de que ha pasado por situaciones muy difíciles que quieren también comprender”. La Junta recuerda que en materia de protección se valora fundamentalmente el “interés superior del menor”.
La última vez que la Junta y los jueces decidieron salvaguardar el interés del menor, la Administración tuvo que pagar una indemnización de 1,5 millones de euros a la madre de Iván y Sara, confiemos en que en esta ocasión se llegue a una solución que permita la vuelta del menor si la Justicia decide que no hay lugar al desamparo. Si es así, Ana y su hijo habrán perdido cinco años… De hecho, la madre lleva la cuenta de esos días “2.095 días” irrecuperables, en los que no ha estado con su hijo.

 

Visto para sentencia

¿Pena de banquillo a dos altos cargos?
*La juez de Instrucción número 8 de Sevilla tomó esta semana declaración como investigados al director gerente del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) Julio Coca, y a su antecesor en el cargo, Antonio González Marín, actual director general de Idea. Al término de la declaración, las defensas de ambos ex altos cargos reclamaron el archivo de la causa al estimar que no hubo ninguna irregularidad por no haber readmitido a un grupo de 18 asesores de empleo del programa Memta, de los cuales 15 casos fueron declarados despidos improcedentes y otros tres nulos que podrían transformarse igualmente en improcedentes de acuerdo con una sentencia del Tribunal Supremo. Si se confirma que no hubo ninguna ilegalidad, como defienden los altos cargos, la denuncia podría acabar siendo archivada, aunque el daño a la imagen de ambos es notorio. Por cierto, que los dos investigados lograron, al menos, que no se captará su imagen en los juzgados. 

Acaba el culebrón de las grabaciones
*Al final la juez María Núñez Bolaños ha acabado con el culebrón de si entrega o no las grabaciones de las declaraciones de los imputados en el escándalo de los ERE. Después de haberse opuesto en un primer momento –una vez que se publicó en una página web un vídeo con un fragmento de la declaración del ex director de Trabajo Javier Guerrero–, la juez ha dado con la clave. Ha logrado separar con un programa informático el audio y el vídeo, con lo que a partir de ahora facilitará a las partes un CD con el audio de las comparecencias de los imputados y testigos. De hecho, la juez ya ha accedido, en una providencia, a entregar a un abogado la copia de las declaraciones del ex interventor de la Junta Manuel Gómez, uno de los investigados, y de la letrada jefe de la Cámara de Cuentas, Margarita Regli, que declaró recientemente como testigo. ¿Eso quiere decir que podremos escuchar a partir de ahora los testimonios de los imputados, como ocurre en otros escándalos de corrupción a nivel nacional?(oíganse las declaraciones del clan de los Pujol). Quien sabe. Bolaños no quiere que las grabaciones trasciendan a los medios porque las actuaciones judiciales –eso dice la ley– son secretas hasta que se abre el juicio oral. Pero esto colisiona con el derecho a la información. Veremos que pasa.

 

Condenados dos empleados de banco por no compartir el “cuponazo” con la limpiadora

Jorge Muñoz | 25 de febrero de 2016 a las 13:38

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a dos empleados de un banco de Palencia a un año de prisión a cada uno por apropiarse de la parte del premio perteneciente a la limpiadora de la entidad bancaria con la que jugaban todos los viernes un cupón de la ONCE que resultó premiado cuando ella estaba de vacaciones. Los dos condenados tendrán que pagar de forma conjunta y solidaria una indemnización de 33.333 euros, la tercera parte de los 100.000 euros del premio, a la mujer como copropietaria del billete.

Según los hechos probados, los dos empleados del banco, junto a la limpiadora, compraban entre los tres un cupón para el sorteo del “cuponazo” que se celebra los viernes. De los tres euros que costaba el cupón, cada uno pagaba un euro, y si alguno estaba de vacaciones, los otros pagaban el importe y después el ausente pagaba su parte. De forma verbal, acordaron que si algún día tocaba el billete se repartirían el premio en proporción a su participación.

Una semana después de que la limpiadora comenzara sus vacaciones, el día 7 de septiembre de 2012, el cupón que los otros dos habían comprado en su ausencia resultó premiado con 100.000 euros, cantidad que cobraron íntegramente los dos condenados, incluida la cantidad que correspondía a su compañera, a quien le ocultaron el premio. Cuando la limpiadora se enteró y reclamó su parte, ambos negaron cualquier pacto de compra conjunta y se negaron a entregarle el dinero.

La Sala de lo Penal desestima el recurso de casación interpuesto por uno de los condenados –la otra persona condenada no recurrió- contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Palencia confirmada ahora por el Tribunal Supremo. En su recurso, argumentó que no había pacto con la mujer, que compraba el cupón de forma independiente.

Sin embargo, los magistrados concluyen que “entre los acusados y la perjudicada existía un pacto verbal para la adquisición conjunta todos los viernes del “cuponazo”, aportando cada uno de ellos un euro, siendo el reparto del hipotético premio proporcional a dicha cantidad (un tercio del premio)”.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Cándido Conde-Pumpido, destaca que se trata de un pacto verbal con datos suficientes para concluir la obligación de los acusados de repartir el premio. En consecuencia, la conducta del acusado de no repartirlo con una de las personas que participaban en la compra conjunta del mismo es constitutiva del delito de apropiación indebida.

Asimismo, la Sala de lo Penal concluye que la Audiencia Provincial de Palencia dictó su condena con indicios de gran consistencia como la declaración de la perjudicada, del vendedor de los cupones de la ONCE y de una empleada del banco, que pasó un día por dicha sucursal, que declaró que vio a los tres comprando el cupón.

La sentencia concede mayor credibilidad al vendedor de la ONCE frente al testimonio de otra empleada del banco –testigo de la defensa del recurrente- que afirmó que la limpiadora compraba al mismo tiempo que los acusados su propio cupón. En este sentido, afirma que no sólo por la falta de relaciones de compañerismo del vendedor con los acusados, sino por ser el testigo directo de la forma de proceder durante un año; quien de forma rotunda afirmó que los implicados únicamente adquirían un cupón –no dos como afirman los acusados- siendo abonado el mismo a partes iguales por los tres”.

Alaya vuelve a escena

Jorge Muñoz | 25 de febrero de 2016 a las 7:00

alayaAlaya lleva ya ocho meses en su nuevo destino como magistrada de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, donde comienza a hacerse notar por su gran capacidad de trabajo y por los primeros casos relevantes que le están correspondiendo tras haber pasado página a su etapa de instructora de las macrocausas. La juez está inmersa actualmente en la redacción de la sentencia por la presunta estafa piramidal del grupo Contsa –sentencia que todo apunta será voluminosa, dada las peculiaridades del caso–, de la que fue designada como ponente, y también está a la espera de que, en los próximos meses, presida su primer caso con jurado popular, en relación con el supuesto cohecho del bolso de Loewe, la Loewe story, que sentará en el banquillo a la ex alcaldesa de Bormujos Ana Hermoso por haber recibido supuestamente ese regalo a cambio de su voto en una moción de censura. La ex regidora alega que se trató, en realidad, de un regalo amoroso, ya que mantenía una relación con el empresario que le hizo el obsequio.
Pero sí interesantes eran estos dos primeros casos llamativos, más lo es para el que acaba de ser designada su ponencia: el carpetazo por las supuestas irregularidades en la adjudicación del concurso para la reapertura de la mina de Aznalcóllar, la investigación que en noviembre pasado acabó con un auto de archivo dictado por el juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, al estimar la instructora que no había prevaricación por parte de los funcionarios y técnicos que decidieron adjudicar el contrato a Grupo México-Minorbis, en detrimento de la empresa denunciante, Emerita Resources.
Alaya vuelve a escena y lo hace por todo lo alto, enfrentándose de nuevo con la Junta de Andalucía, la Administración con la que protagonizó sonados enfrentamientos en las macrocausas de los ERE fraudulentos y de los cursos de formación.
Como magistrada ponente de los recursos de Aznalcóllar, Alaya tendrá que estudiar una investigación en la que fueron detenidas formalmente 15 personas, de las cuales siete fueron finalmente imputadas y citadas a declarar en el juzgado.
Pero aunque Mercedes Alaya es la ponente de estos recursos, no será la que única que decida sobre si el archivo es correcto o debe ordenarse la reapertura de la investigación, como plantean Emerita y el sindicato Manos Limpias, que ejercen la acusación. Al tratarse de un órgano colegiado, la decisión de la Sección Séptima de la Audiencia dependerá de los tres magistrados designados para resolver los recursos, si bien es cierto que siempre se tiene en bastante consideración la opinión del magistrado ponente, aunque la misma no sea vinculante.
En cualquier caso, Alaya vuelve a toparse con la Junta, o la Junta con Alaya. Seguro que la designación de esta ponencia ha puesto nervioso a más de uno en San Telmo -no sin razón-, porque no se puede olvidar que durante cinco años Alaya se convirtió en el azote de la Junta, a la que viernes tras viernes –era el día elegido por Alaya para soltar sus autos-bomba– sobresaltaba con sus contundentes resoluciones.
Ahora habrá que ver si Alaya ve delitos en la reapertura de Aznalcóllar donde la otra instructora apreció un procedimiento “correcto” y advirtió de que había que distinguir las “ilegalidades administrativas” de las infracciones penales. Sea cual sea la decisión de laAudiencia sin duda será relevante.

La querella imposible

Jorge Muñoz | 22 de febrero de 2016 a las 7:00

Sev.

La Audiencia de Sevilla ha tumbado definitivamente el intento de la junta de Personal del Ayuntamiento de Sevilla de querellarse contra el ex alcalde Juan Ignacio Zoido, al que atribuían delitos de prevaricación y usurpación de funciones por haber mantenido al Grupo Especial de Policía Local (Gepol), la unidad de Asuntos Internos cuya legalidad ha sido avalada en varias ocasiones por los tribunales, a pesar de los intentos del sindicato de la Policía Local de echar por tierra su legitimidad.
Una querella que ni siquiera fue admitida a trámite, ni por el juzgado ni por la Audiencia. Según han confirmado fuentes judiciales, la Sección Tercera ha zanjado la polémica sobre esta querella al rechazar el recurso de apelación presentado por la junta de personal contra la decisión del juzgado de Instrucción número 8 de no admitir a trámite la misma por no apreciar la presunta comisión de ninguno de los delitos denunciados.
La querella fue presentada en abril de 2015 por la junta de personal, que acusaba al entonces alcalde popular de esos delitos por haber mantenido a una unidad que consideraban una especie de “policía política”. Por cierto, que la querella no fue presentada por unanimidad de todos los miembros de la junta de personal, puesto que el sindicato CSIF aseguró en su día que no apoyaba el pleito contra Zoido si lo que se pretendía era regularizar “exclusivamente a una unidad, obviando las mismas deficiencias en el resto que se encuentran ante igual inseguridad jurídica”, en alusión a que no es sólo la Gepol la que no aparece en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento, sino que ocurre lo mismo con otras unidades especializadas que funcionan a pleno rendimiento, como el grupo Giralda, que desarrolla labores de seguridad ciudadana en el casco histórico; el grupo Diana, especializado en la lucha contra los malos tratos en el ámbito familiar; o la Unidad de Intervención Nocturna. Tampoco figuran la Oficina de Gestión de Atestados (OGA), que investiga los accidentes de tráfico; el Seti, servicio de control del intrusismo en el transporte de mercancías y viajes; el servicio técnico de transmisiones; la unidad antigorrillas; la oficina de coordinación de distritos; el servicio de prensa; y el Grupo Fiscal, que lucha contra el contrabando y las falsificaciones.
¿Y qué dice la Audiencia sobre la querella contra Zoido? Pues que no debe ni siquiera de admitirse por la “inexistencia de indicios” de los delitos que se le atribuyen por haber mantenido a la Gepol realizando funciones de Policía Judicial, una labor que se sustenta legalmente en el artículo 238 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en el 547 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), al establecer que “la función de la Policía Judicial comprende el auxilio a los juzgados y tribunales y al Ministerio Fiscal en la averiguación de los delitos y en el descubrimiento y aseguramiento de los delincuentes”, y añade que esta función competerá, cuando sean requeridos para prestarla, “a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tanto si dependen del Gobierno central como de las comunidades autónomas o de los entes locales, dentro del ámbito de sus respectivas competencias”.
Los magistrados, que ya en anteriores resoluciones destacaron el rigor y la profesionalidad de la actuación de los miembros de la Gepol, subrayan en un auto que el trabajo de esta unidad se ha venido realizando “a instancias de distintos juzgados y por la Fiscalía, de la que ha recibido, incluso, una felicitación por la labor desarrollada, y por este tribunal, que ha validad su intervención en diversas resoluciones”.
La Audiencia admite que, “ciertamente, podría cuestionarse desde el punto de vista administrativo y orgánico su funcionamiento y el hecho de no estar incluida en la RPT, pero ello no implica la comisión de los delitos por los que se entabla la querella, y sí el posible ejercicio de acciones en la jurisdicción Contencioso-administrativa.
El tribunal recuerda la jurisprudencia sobre el principio de intervención mínima del derecho penal y ratifica la decisión de la juez de Instrucción número 8 de Sevilla, Reyes Flores, de no admitir a trámite la querella, porque, insiste la Audiencia, “no nos encontramos con un supuesto de delito de prevaricación”, sino en todo caso ante unas “posible anomalías procedimentales, en las que no se aprecia un supuesto de ilegalidad manifiesta, arbitraria e injusta merecedora de reproche penal”.
La junta de personal había alegado que la instructora ni siquiera había accedido a investigar los hechos denunciados, pero en este punto, una vez más, laAudiencia vuelve a quitarle la razón a los denunciantes porque “el derecho a la tutela judicial efectiva no otorga a sus titulares un derecho incondicionado a la apertura del juicio oral en el ámbito penal, sino que es compatible con un pronunciamiento motivado del órgano judicial en fase instructora que le ponga término anticipadamente, siempre que el órgano judicial entienda razonadamente que los hechos imputados carecen de ilicitud penal”.
Es decir, que el derecho a la tutela judicial efectiva incluye que se dé una “decisión judicial razonada sobre las pretensiones deducidas, que bien puede ser el sobreseimiento o archivo de las actuaciones, o incluso, la inadmisión de la querella presentada”, como ocurre en este caso y siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional.
Llama la atención que la junta de personal no haya dado difusión a este auto de la Audiencia, que es de enero pasado, aunque también es comprensible visto el contenido del mismo. Un auténtico varapalo a sus expectativas.

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El equilibrio territorial de la Justicia

Jorge Muñoz | 21 de febrero de 2016 a las 7:00

LA LITIGIOSIDAD BAJA UN 3 % EN ANDALUCÍA, CON INCIDENCIA DE TASAS JUDICIALES

Sevilla y Málaga quieren tener sus propias Salas de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), una aspiración histórica que ahora puede hacerse realidad con la inminente puesta en marcha de la segunda instancia penal en las salas de lo Civil y Penal de los tribunales superiores de justicia de Andalucía. De aprobarse la creación de estas salas desplazadas, la capital judicial de Andalucía –Granada– lo sería algo menos. De aprobarse la medida, los recursos contra las sentencias de los ERE o el fraude de los cursos de formación, por ejemplo, se verían en la Sala de lo Penal de Sevilla, pero no sólo eso, porque la Sala sevillana tendría también competencia para resolver los recursos contra las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales de Cádiz, Huelva y Córdoba.

En cualquier caso, la decisión debe abordarse en el Pleno de la Sala de Gobierno del TSJA, que se reunirá en marzo o a principios de abril. Eso es lo que han pedido precisamente las principales asociaciones de jueces –la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Jueces para la Democracia (JpD), Foro Judicial Independiente(FJI)– y fiscales –la Asociación de Fiscales y la Unión Progresista de Fiscales (UPF)–, así como el decano de los abogados de Sevilla, José Joaquín Gallardo, quien en diciembre pasado pidió al presidente del TSJA, Lorenzo del Río, que impulse desde la Sala de Gobierno la creación de las Salas penales de Sevilla y Málaga.
Gallardo le remitió una carta al presidente del AltoTribunal andaluz en la que exponía que la creación de estas salas está prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial y resultan “absolutamente necesarias para mantener el organigrama judicial andaluz, pues es de pura lógica que existan salas desplazadas de lo Penal en las dos grandes ciudades que ya vienen siendo sedes de Salas de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social de ese TSJA”. El decano añadía que los abogados sevillanos no entenderían “un desequilibrio de esa índole en el mapa territorial de la Justicia de nuestra comunidad autónoma”.
En el Pleno del TSJA de diciembre pasado se acordó la realización de un estudio motivado de toda la problemática que afecta sensiblemente a la Sala Civil y Penal tras la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que generaliza el recurso de apelación contra las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales en primera instancia, así como contra los autos que supongan la finalización del proceso por falta de jurisdicción o sobreseimiento libre.
Por tanto, en el próximo pleno de la Sala de Gobierno, que se celebrará en marzo o abril, se debatirá un informe detallado de toda esta materia, a efectos de integrar todas las propuestas en la propia memoria anual de actividades y funcionamiento del TSJA.
Según explicaron fuentes del Alto Tribunal andaluz, los puntos a examinar son varios. En primer lugar, se analizarán los datos estadísticos: las sentencias dictadas en primera instancia por las Audiencias, valorando los porcentajes de sentencias de conformidad y absolutorias.
El segundo aspecto que se abordará, que es el que reclaman las asociaciones profesionales, es la creación de “secciones funcionales o Salas de lo Penal con su propia circunscripción territorial en aquellas capitales que ya sean sedes de otras Salas del Tribunal Superior, a los solos efectos de conocer los recursos de apelación a los que se refiere la letra c) del apartado 3 de este artículo y aquellas otras apelaciones atribuidas por las leyes al Tribunal Superior de Justicia”, tal y como recoge el artículo 73.6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).
Las mismas fuentes subrayan que estas secciones funcionales “nunca instruirían ni enjuiciarían delitos, pues la ley sólo les atribuye competencia en materia de recursos”.
En el Pleno también se abordarán las “necesidades derivadas de la entrada en vigor de la ley, tanto en referencia a plantilla de magistrados, oficina judicial o medios materiales” y la provisión de plazas de magistrados, ya que la ley da prioridad a los “magistrados especialistas en el orden penal antes que a la antigüedad”. Por último, el Pleno tratará la regulación procesal de los recursos de apelación.
Las fuentes consultadas aseguran que este informe que debe ser elevado al pleno ya se está elaborando y, de hecho, el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, ha solicitado a todos los presidentes de las Audiencias provinciales un informe detallado sobre estas cuestiones, que debe remitirse antes de finalizar el mes de febrero.

 

Visto para sentencia

Bolaños no entrega las grabaciones
*La juez María Núñez Bolaños, que investiga las macrocausas como los ERE, está rechazando de forma sistemática la entrega de las declaraciones de los imputados que fueron grabadas en CD, después de que se produjera una filtración a la prensa de la comparecencia del ex director de Trabajo Javier Guerrero. A los letrados que lo están pidiendo, la juez está respondiendo con una negativa “a la vista de los hechos acontecidos en la declaración del señor Guerrero, de la cual se publicó en prensa al haberse dado traslado a las partes”, precisa la magistrada en un providencia. No es el único altercado en relación con posibles filtraciones, porque el juez Álvaro Martín advirtió recientemente a los letrados de que alguien había grabado con su teléfono parte de una declaración y después se la mostró a un periodista, conminándoles a no hacerlo en el futuro si no querían que perdiera “su confianza”. Al final, como vuelvan a producirse incidentes de este tipo los jueces van a tener que tomar medidas tan drásticas como las que adoptó Mercedes Alaya, que antes de cada declaración ordenaba a la Guardia Civil que custodiara los móviles de los abogados…

De la corrección en el trato jueces-abogados

*Ocurrió durante la declaración de una joven investigada por una supuesta apropiación indebida. La juez de Instrucción no paraba de interrumpir a la imputada cuando ésta trataba de narrar su versión de los hechos –recuerden que la ley dice que el imputado tiene derecho incluso a mentir–. La situación se complicó y la declaración se suspendió, sin que la juez permitiera realizar preguntas a la letrada defensora, Blanca Moeckel, quien presentó un escrito solicitando una nueva declaración y que la misma se “grabara”. Según la abogada, la magistrada mostró “cierto menosprecio y tensión” hacia ella, empleando expresiones como “lo que debe hacer es no confundir a la clienta e informarla bien” o “cállese que no es su turno de palabra”, todo ello delante de la clienta, quebrantando así “las más elementales normas de educación y cortesía, sin tener por qué soportar tales manifestaciones”. Al final, la juez accedió a una nueva declaración, que se grabó y a la que asistió incluso el fiscal… Y es que imputados y letrados también tienen derecho a un trato educado.