El Supremo revoca la custodia compartida a un padre por la “falta de respeto” a la mujer

Jorge Muñoz | 30 de mayo de 2016 a las 12:37

El Tribunal Supremo ha revocado la custodia compartida de un niño de 7 años concedida a sus padres, y la ha otorgado en exclusiva a la madre, por “la falta total de respeto, abusiva y dominante” que mantenía el progenitor respecto a la mujer. El alto tribunal estima el recurso de la madre y anula la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña que, pese a constatar la postura abusiva del padre, entendió que no era relevante para dar la custodia compartida porque, según su criterio, la concesión de ese sistema de custodia no perjudicaba el interés del menor.
La sentencia recuerda además que al padre le había sido incoado por la vía penal auto de procedimiento abreviado (no firme) por coacciones a su mujer en el que se concretan los indicios existentes de un delito de violencia doméstica.

Para el Supremo, “partiendo del delito sometido a enjuiciamiento y de las actitudes del padre, ejerciendo una posición irrespetuosa de abuso y dominación, es impensable que pueda llevarse a buen puerto un sistema de custodia compartida que exige, como la jurisprudencia refiere, un mínimo de respeto y actitud colaborativa, que en este caso brilla por su ausencia, por lo que procede casar la sentencia por infracción de la doctrina jurisprudencial, dado que la referida conducta del padre, que se considera probada en la sentencia recurrida, desaconseja un régimen de custodia compartida, pues afectaría negativamente al interés del menor, quien requiere un sistema de convivencia pacífico y estable emocionalmente”.

Estimando el recurso de casación, esta Sala atribuye la custodia del menor a la madre, debiendo el juzgado determinar el sistema de visitas, alimentos, gastos y medidas derivadas, en ejecución de sentencia.

En el auto de incoación de procedimiento penal, señalaba que el padre decidió iniciar una situación de acoso con su exmujer, “que tuvo proyección y que hubo de vivir más de una vez el hijo menor”. “Rondaba las inmediaciones del domicilio de la mujer, o lugares que sabía que frecuentaba, realizando gestos provocativos, profiriendo insultos, contra (ella) o personas de su entorno. Los intercambios del menor, cuando intervenía la madre o familiares de ella, los convertía en situaciones conflictivas”, concluye el Alto Tribunal.

El caso del testículo

Jorge Muñoz | 29 de mayo de 2016 a las 5:00

Los jueces no tienen por qué saber de todo, al igual que los médicos no tienen por qué saber de Derecho. Cuando profesiones tan distintas se mezclan pueden producirse grandes anécdotas. La que les voy a contar ocurrió en un juzgado de Instrucción, donde un urólogo y una doctora de urgencias de un hospital tenían que prestar declaración como imputados –ahora llamados investigados–, en relación con una presunta negligencia relacionada con un paciente que padecía una torsión testicular.
La primera afirmación de su señoría deja boquiabiertos a todos los presentes en el despacho de la juez:
–A ver… Explíqueme, porque yo ni he visto ni tengo por qué saber lo que es un testículo.
La doctora muestra su asombro ante las afirmaciones de la magistrada –pensaba incluso que se le estaba tomando el pelo– y prácticamente no tiene tiempo de reaccionar, cuando la juez insiste:
–Le he dicho que me lo explique…
Uno de los letrados defensores intenta mediar y salir al auxilio de la doctora.
–Perdone señoría… si hasta mi hijo con cinco años ya ha estudiado en el cole lo que y como son los testículos, y mi niña también lo ha visto en el baby mocosete…
–Márchese inmediatamente de este despacho –reaccionó airada la magistrada ante el comentario del letrado que interpretó como una ofensa.
–Yo también he sacado de la Wikipedia la definición de testículo y lo que significa una torsión testicular –añadió su señoría. [Según la fuente utilizada por la instructora se trata de la torsión del cordón espermático del que se sostiene un testículo al resto del tracto genital, y suele provocar una isquemia testicular asociada a dolor súbito que puede causar náuseas y vómitos].
La cosa no quedó ahí, porque tras la declaración de la doctora de urgencias, la juez citó al urólogo que también había intervenido en la atención al paciente. Y la esperpéntica situación se volvió a repetir cuando la juez planteó igualmente a este profesional que le explicara lo que era un testículo porque ni lo había visto ni tenía por qué saber lo que era.

wikipedia
–Explíquemelo todo –requirió la instructora.
–Señoría esto me suena a tomadura de pelo –replicó el imputado.
Pero ante la insistencia de su señoría y el hecho de que el médico no se hallaba en la mejor de las situaciones para incomodar a la juez accedió a dar todo lujo de detalles.
Dicen que el urólogo dio una auténtica lección magistral de lo que debe considerarse como una torsión testicular, al menos para personas legas en una materia tan específica como la que se trataba. Dicen que fue tan buena la explicación sobre esta parte de la anatomía masculina que se disiparon todas las dudas de la magistrada sobre la supuesta negligencia y el caso acabó siendo sobreseído, eximiendo a los profesionales de cualquier responsabilidad en los hechos investigados.
Por cierto, cuentan igualmente que no fue la única anécdota protagonizada con motivo de este interrogatorio porque cuando el doctor entró en el despacho de la juez y le extendió la mano educadamente para saludarla, la magistrada la rechazó.
–¿Sabe usted en calidad de que viene a este juzgado?
–Sí, como imputado, pero lo cortés no quita lo valiente –respondió el médico sin lograr que la juez lo saludara.

 

VISTO PARA SENTENCIA

La parte política de los ERE llega a su fin

LA JUEZ QUE SUSTITUYE A MERCEDES ALAYA SE INCORPORA AL JUZGADO

La juez María Núñez Bolaños.

**Después de cinco años de instrucción se acerca el final de la primera y más importante pieza del sumario de los ERE fraudulentos, la que afecta a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Los jueces María Núñez Bolaños y Álvaro Martín, que en los últimos meses han impulsado la instrucción de la denominada pieza del “procedimiento específico” por el que se concedían las ayudas se habían fijado el mes de junio como la fecha tope para acabar esta pieza piloto que, sin duda alguna, marcará el futuro de la investigación de las demás ayudas pagadas con fondos públicos. El magistrado Álvaro Martín, que instruye esta pieza, dictará esta semana el auto que pondrá fin a la instrucción de esta parte en la que figuran 51 personas como investigadas. El juez procesará a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, quienes se sentarán en el banquillo de los acusados junto a otros ex altos cargos. Ya hay más de uno que está incluso haciendo sus propias cábalas sobre cómo quedará esta pieza y cuántos de los imputados acabarán finalmente sentados en el banquillo de los acusados, que en principio se presume bastante amplio. La rumorología –y no olvidemos el dicho que asegura que el rumor es la antesala de la noticia– ya se ha disparado en los mentideros jurídicos y hay quien se atreve incluso a contar por decenas las personas que finalmente podrían ser exculpadas. ¿Y por qué no? El hecho de imputar a una persona no significa que al término de la instrucción se confirmen esos indicios, es más muchas causas acaban siendo archivadas. Los jueces son los que tienen la última palabra, y ya se sabe que un juez siempre habla a través de sus autos y resoluciones, por lo que habrá que estar muy atento al auto de Álvaro Martín. Lo que sí parece cada vez más claro es que en ese listado de procesados no estarán todos los que ahora están, como por otra parte puede ser lógico una vez completada la tortuosa fase de instrucción que se inició por la juez Mercedes Alaya en el año 2011.

Una boda y siete funerales

lourdes y luis

Luis García Navarro y Lourdes Fuster, socios de bufete y ahora también marido y mujer.

*Éste podría ser un buen título para la historia de amor que se ha ido forjando en la larga instrucción de los ERE. Me explico. Hasta ahora hemos contado cómo al haber transcurrido tanto tiempo desde que se inició la investigación de este escándalo habían ido falleciendo algunos de los imputados, en concreto, van alrededor de siete muertes naturales –de ahí lo de los funerales–. Pero los ERE también han dado lugar a momentos felices, como el que han protagonizado recientemente los abogados Luis García Navarro y Lourdes Fuster, socios del bufete que ejerce la acusación popular en representación del PP. La pareja ha contraído matrimonio recientemente. Unidos en lo profesional y en lo sentimental.Desde aquí le damos la enhorabuena a la pareja. Lo que los EREha unido que no lo separe el hombre. Ésta es la primera boda del caso de los ERE, sin contar la reboda que protagonizó en su día la anterior instructora, Mercedes Alaya, que renovó sus votos matrimoniales con su esposo, el auditor Jorge Castro. El amor no conoce barreras, pero sí entiende de ERE.

Un protocolo familiar a medida para evitar riesgos en la sucesión de la empresa

Jorge Muñoz | 25 de mayo de 2016 a las 17:49

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Los empresarios sevillanos que han asistido a la Jornada de Asesoramiento Notarial sobre el protocolo familiar en la Cámara de Comercio de Sevilla pudieron reflexionar un poco más sobre aspectos relacionados con la sucesión empresarial, en un encuentro organizado por el Colegio Notarial y la Cámara de Comercio de la ciudad.

En el acto se les informó sobre el impacto de las legítimas en la sucesión de la empresa familiar y se apeló a la importancia de no olvidarse de los aspectos civiles y familiares en materia sucesoria, a la vez que plasmarlos en documento de protocolo familiar a la medida con objeto de evitar situaciones de riesgo en el futuro.

El encuentro ha querido informar sobre la función de asesoría imparcial que los notarios pueden ofrecer a los empresarios sevillanos como vía para seguir fortaleciendo el tejido empresarial de la ciudad. En él han participado, Pedro Delgado, Secretario General de la Cámara de Comercio de Sevilla; y los notarios José Luis Lledó, vicedecano del Colegio Notarial de Andalucía y Manuel Seda, presidente de la Academia Sevillana del Notariado.

Pedro Delgado afirmó durante su intervención que “la mayoría de las empresas familiares encuentran grandes dificultades cuando llega la hora de su sucesión generacional. Estas empresas pasan de padres a hijos por lo que este cambio produce en ocasiones una evolución o un lamentable fracaso. Las causas y efectos son múltiples por lo que hemos creído conveniente acoger la celebración de este foro para ofrecer pautas de gestión que solucionen estos problemas de las empresas familiares”.

José Luis Lledó se mostró partidario de que la empresa debe ser sujeto y objeto de un tratamiento sucesorio conjunto, “sería un error hacerlo de forma individual y fragmentada porque repercutiría negativamente en su valoración económica”. El vicedecano del Colegio Notarial de Sevilla abordó dos aspectos principales en la sucesión, por una parte, el reemplazo del directivo, y por otro, el impacto de los aspectos fiscales y las legítimas sucesorias. En el tema fiscal, aseguró que la progresiva reducción del impuesto de sucesiones en el conjunto de España ha aliviado bastante este problema, y afirmó que aunque en Andalucía la decisión no se ha tomado definitivamente, los mínimos exentos del impuesto se ha elevado bastante. En cuanto a las legítimas sucesorias, afirmó que es uno de los principales problemas para preservar indivisa una sociedad. Pero que todo puede quedar definido en un protocolo familiar adecuado porque existe legislación al respecto, y, en concreto, aludió al artículo 1056 del Código Civil en el que se abordan las distintas posibilidades del pago en metálico de la legítima o en efectivo extra-hereditario a los demás miembros de la familia.

Por su parte, Manuel Seda recalcó que los empresarios sevillanos, como buenos gestores en general, cuidan los aspectos fiscales, labores y mercantiles de su actividad empresarial, pero que “quizás por desconocimiento, olvidan aspectos civiles que pueden afectar de manera muy grave a su empresa, como la separación matrimonial o divorcio del fundador o de cualquiera de sus continuadores, la sucesión mortis causa en la empresa, la separación de un socio, la jubilación de quien ha estado al frente del negocio, etc.”. En este sentido, declaró, el protocolo familiar se presenta como el marco adecuado para incluir en él las cuestiones familiares, organizativas y sucesorias que pueden provocar situaciones de riesgo y sus vías de solución, en el ámbito de la empresa familiar. “Además, dijo, no se trata de un documento único, cerrado y estándar, sino un conjunto de pactos, revisables y hechos a la medida de cada empresa familiar”.

Algunos aspectos en los que puede ayudar el Protocolo Familiar son:

  • Diseño de la empresa e instrumentos para su definición (fusiones, escisiones, creación de nuevas empresas, internacionalización de las mismas, etc.)
  • Órganos de deliberación, gestión y supervisión y/o consulta
  • Propiedad de la empresa familiar, trasmisión de la misma, exclusión o separación de socios.
  • Trabajo de los miembros de la familia para la empresa (forma de acceder a los puestos, sistema de retribución, salida etc.).
  • Previsiones familiares (separación de bienes, liquidación de gananciales, regulación de las separaciones y divorcios etc.).
  • Normas sobre revisión, garantía-sanción y resolución de conflictos.

El Consejo General del Notariado es la institución formada por los decanos de los colegios notariales de las 17 Comunidades Autónomas, que a su vez agrupan a los casi 2.800 notarios que ejercen en España. En Andalucía existen 490 notarios, 96 de ellos en la provincia de Sevilla (Fuente: Consejo General del Notariado. Demarcación notarial. Marzo 2015).

Carta de una policía local de Sevilla a propósito de la ‘juerga’ de Jerez

Jorge Muñoz | 24 de mayo de 2016 a las 5:00

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A continuación, reproduzco una carta que me ha enviado una policía local de Sevilla -que prefiere guardar su anonimato-, a propósito de la ‘juerga’ policial en Jerez de la Frontera (Cádiz) de octubre pasado. La misiva, que transcribo literalmente, es la siguiente:

“Quiero empezar este escrito, ante todo, diciendo que llevo muchos años en el cuerpo de la Policía Local de Sevilla, que no tengo ningún familiar en el mismo, y que me siento orgullosa del uniforme que visto y del trabajo que desempeño ante la ciudadanía.

Creo que estoy en todo mi derecho de exponer mi opinión, por la parte que me corresponde y por lo dolida e indignada que me siento debido a todo lo acontecido en estos días, y también por todas las consecuencias y repercusiones que esto me puede conllevar a la hora de desempeñar mi trabajo en la calle. Todo ello referente a la forma de actuar de unas mujeres vestidas con el uniforme reglamentario, que yo también porto en mi día a día.

Creo que las protagonistas de todo esto no deben de insistir tanto en tachar a nadie de machista, ni enfocarlo desde ese punto de vista. Aquí no se está hablando de nadie que esté disfrutando de una fiesta en su vida privada, ni en darle un lugar o trato discriminatorio a la mujer, respecto al que pueda tener el hombre. Aquí de lo que se está hablando es de que un grupo de mujeres que asistieron vestidas con sus uniformes reglamentarios, autorizadas por sus jefes, a un acto oficial, en representación de sus corporaciones a las que pertenecemos much@s, y que con sus formas de proceder no supieron mantener la compostura, ni darle el respeto que se merece el uniforme que vestían en ese momento.

Luego somos nosotras mismas las que queremos reivindicar el trato igualitario de ambos sexos, y que nos den nuestro lugar y nos respeten, cuando con estas formas de actuar estamos haciendo todo lo contrario, perdiendo todo el respeto profesionalmente, teniendo luego la falsa moralidad de querer implantar orden a la hora de desempeñar nuestro trabajo.

Aunque entiendo que por la situación en la que se encuentran, es normal que quieran darle la vuelta a lo ocurrido, y utilizar lo que pueden ser armas de mujer ante los medios de comunicación, pero creo que esta vez no les va a servir, porque es intentar defender y justificar lo indefendible, sin fundamento que las respalde, para intentar minimizar el error que han cometido.

Como tampoco cabe el intentar sacar trapos sucios y vídeos de otros compañeros con otras malas formas de actuar, porque el desprestigiar el uniforme, tan mal está que lo haga un hombre como una mujer.

Siendo lo más alarmante de todo esto, que los acontecimientos se produjeran en presencia de dos mujeres mandos de esta Policía Local de Sevilla, y que en ningún momento intentaran hacerse con el control de la situación o evitar dicho espectáculo.

Lo que si creo es que hay que reconocer cuando uno se equivoca, porque todos en algún momento lo hemos. Y no sólo preocuparse de buscar el apoyo incluso de algunas asociaciones que para vergüenza de nosotros nos representan, con el objetivo de no ser sancionadas.

Y sí, he echado en falta esa disculpa de humildad, respeto y consideración que se merecen las compañeras que visten los mismos uniformes que ellas, y que hicieran ver que reconocen que se han equivocado, y que son conscientes de todas las consecuencias que éstas pueden sufrir por la forma de actuar de ellas.

Y yo me pregunto, como creo que muchos ciudadanos, en qué se está atentado contra su intimidad, si todo transcurre en la vía pública, visible en todo momento debido a que el autobús tiene los cristales transparentes, como se puede observar en el vídeo, y está totalmente visible para cualquier persona, bien fuese viandante o conductor de otro vehículo que circulara al lado del autobús.

Pero quiero, dentro de la indignación, impotencia y ofuscación que siendo, consolarme de forma humilde y pensar que los jefes van a saber atajar el problema con firmeza y que no les va a temblar el pulso, a la hora de tener que afrontar la toma de alguna medida disciplinaria al respecto.

Y de ese modo contribuyan para hacerle ver al ciudadano que el uniforme que llevamos en la calle muchos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad lo vestimos con dignidad, respeto, orgullo, vergüenza, honor, satisfacción y sobre todo con mucha vocación para intentar mejorarnos en nuestro día a día.

Ahora la que suscribe se toma la libertad, en nombre de todas las mujeres y hombres que llevamos un uniforme, en hacer un ruego: Nos den la oportunidad de sentir nuestros superiores el reconocimiento de la labor que desempeñamos en nuestro día a día, y hacérsela ver también al ciudadano para que así seamos respetados también por ellos.

Y una de las mejores formas y maneras de hacérsela ver sería siendo los primeros en tener conductas ejemplares y que esto no caiga en un saco roto. Vamos a dar ejemplo, porque creo que el ciudadano lo necesita, necesita tener plena CONFIANZA EN SU POLICÍA, EN LA PROFESIONALIDAD DE ÉSTA, y en saber que está A SU LADO.

LA CIUDADANÍA LO ESTÁ REIVINDICANDO A GRITOS, ESCUCHÉMOSLA.

Al mismo tiempo pienso que si este ruego se hiciera público se unirían muchos ciudadanos de la ciudad de Sevilla y de otras provincias y localidades”.

 

 

 

La juerga policial acabó al son de la más grande

Jorge Muñoz | 22 de mayo de 2016 a las 5:00

De los gritos de ¡la picoleta, la picoleta! a cantar por la más grande. Y no me refiero a la juez Mercedes Alaya, sino a la mismísima Rocío Jurado. Así terminó la fiesta que un grupo de mujeres policías montó improvisadamente en un autobús urbano de Jerez de la Frontera (Cádiz) que les trasladaba en esta localidad con motivo de los actos conmemorativos del XXX aniversario de la incorporación de la mujer al cuerpo de la Policía Local, que tuvo lugar en octubre del pasado año.
En un nuevo vídeo que pueden ver completo en la web de este periódico, se observa en primer lugar como otra agente, que viste igualmente su uniforme de Policía Local y en la guerrera lleva diversas distinciones, se arranca a cantar a los sones de la canción Señora de Rocío Jurado.
Las gesticulaciones y movimientos de manos imitando a la tonadillera se suceden mientras la policía canta él me dijo que era libre… La verdad es que la imitación es divertida. El resto de las agentes que viajaban en el autobús no dudan en hacerle los coros: Ahora nadie puede apartarlo de mí…. Ahora nadie puede apartarlo de mí. La letra de la chipionera impregna musicalmente el autobús.
La interpretación acaba con una gran ovación del respetable, acompañada por silbidos y aplausos. La sorpresa viene al final, como siempre cuando ya nadie se lo espera. Es entonces cuando la improvisada doble de la más grande alza sus brazos y piernas hasta encaramarse en la barra del bus. El júbilo se desata mientras la mujer continúa su acrobacia y coloca sus tacones en el techo del vehículo.
Además de este vídeo hay otra imagen de la fiesta en la que se puede observar a otra de las agentes tras lanzar las piernas hacia arriba para realizar una voltereta asida a dos barras laterales. Como comenté hace unas semanas con motivo de la difusión del primer vídeo de la juerga, estas imágenes no tendrían mayor trascendencia de no ser porque las mujeres visten el uniforme del cuerpo –de la Policía Local o incluso la Guardia Civil– y lo hacen en un autobús que está en marcha, circulando por las calles.
Evidentemente no se comete ninguna infracción de tráfico por ir cantando en un vehículo en marcha, si no habría que multar a más de uno que, seguramente, incluso cantan mucho peor de lo que lo hace la agente en este vídeo. Que nadie intente ver machismo en esta crónica, lo habría contado igual si el espectáculo lo hubiesen protagonizado agentes masculinos.
Pero lo que no puede pasarse por alto es de nuevo el espectáculo de la agente colgándose de la barra del techo, y eso sí que podría constituir en su caso una infracción en materia de Seguridad Vial. Esto es quizás lo único que pueda resultar grave del vídeo, amén de que las agentes no estaban en una celebración privada, puesto que aunque no estaban en acto de servicio sí que su desplazamiento para asistir a los actos del XXXaniversario estaba revestido de oficialidad, por cuanto para vestir el uniforme fuera de la localidad donde prestan servicio es necesaria una autorización de la Jefatura correspondiente.
La difusión de este vídeo ha llevado a los Ayuntamientos de Sevilla y Jerez de la Frontera a abrir una investigación y analizar las imágenes del vídeo.

Desde el Ayuntamiento de Sevilla. que mantiene abierto un expediente informativo y ha nombrado ya a un instructor, explicaron que si de ese estudio se desprenden motivos para presentar una denuncia por infracciones de tráfico o contra la seguridad vial, la responsabilidad no sería del Consistorio hispalense porque los hechos no se han producido en su término municipal. Además, hay que tener en cuenta de que no se trata de un acto de la Policía Local de Sevilla y que hay agentes integrantes de distintos cuerpos. No obstante, el Ayuntamiento sí que podría tomar alguna medida de carácter disciplinario por el hecho de mantener una conducta poco apropiada vistiendo el uniforme policial. “La Jefatura de la Policía de Sevilla, al igual que los responsables del resto de cuerpos de seguridad con agentes que puedan aparecer en este vídeo, sí que puede tomar medidas en caso de que se pueda comprobar de forma objetiva que una agente de la Policía Local de Sevilla que se pueda identificar de forma cierta por estas imágenes haya cometido alguna irregularidad”, explicaron a este periódico desde el gobierno local cuando se difundió el primer vídeo.

Los responsables de la PolicíaLocal están analizando “todo el material y se tomarán las medidas oportunas si se identifican agentes de la Policía Local de Sevilla que puedan haber cometido irregularidades que se vean reflejadas en éstas u otras imágenes”. Por el momento, esa investigación no ha concluido.

Aquí les dejo el anterior vídeo, por si aún no lo habían visto…

 

 

VISTO PARA SENTENCIA

 

La juez mercedes Alaya, ¿diosa o demonio?

*Éste es el sugerente título del libro que la periodista sevillana Mercedes Benítez ha realizado sobre la juez Mercedes Alaya, que investigó el caso de los ERE y otras macrocausas. El libro, que la periodista plantea como una “radiografía de la magistrada más famosa de España”, será presentado a mediados de junio en Sevilla. Antes de que la obra esté en las estanterías de las librerías ya está generando cierta expectación entre los incansables abogados que durante los últimos cinco años han intervenido en el caso. Dicen que hay incluso algún que otro letrado que está nervioso a la espera de conocer qué interioridades del caso relata la periodista. Será interesante saber a qué conclusión llega sobre la figura de la instructora, si se acerca a la divinidad, como entienden algunos, o al lado oscuro. Estaremos atentos a las reacciones.

Bolaños devuelve el dinero al ex edil García

*La juez María Núñez Bolaños, que recibió la complicada herencia de las macrocausas de Alaya, ha devuelto esta semana al ex concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla José Antonio García los 14.000 euros que éste depositó tras haber sido imputado en el caso Mercasevilla, en relación a su trabajo en una de las empresas del conseguidor de los ERE, Juan Lanzas. García depositó el dinero y la instructora ha decidido devolvérselo porque no se ha adoptado ninguna medida cautelar contra el concejal. Una decisión con la que Bolaños sigue marcando distancias con su antecesora…

 

El misterio de la Caja 5

Jorge Muñoz | 15 de mayo de 2016 a las 5:00

cajas de expedientes

A nadie le voy a descubrir a estas alturas, tras cinco años de una tortuosa instrucción, que el sumario de los ERE es un monstruo difícil de gobernar. La documentación acumulada en dos habitaciones del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla y la que se almacena en archivos digitales acumula ya más de 300.000 folios. Una buena parte de esa apabullante marabunta de documentos es la que han utilizado precisamente los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para hacer sus laboriosos atestados, y también los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), cuyo dictamen es la pieza clave de la acusación de los ERE.
La primera instructora del caso, Mercedes Alaya, entregó a la Guardia Civil y a los peritos esa ingente cantidad de papeles para que desarrollaran su trabajo y, una vez finalizada la labor, los documentos fueron devueltos al juzgado en julio de 2014. Se trata de cien cajas –algo más de 100.000 folios– que están depositadas en dos habitaciones del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. Alaya “puso” esos documentos a disposición de las partes, es decir, les dijo a las acusaciones y a los abogados de la defensa que podían ir a consultar esas cajas, pero no ordenó que se escanearan para facilitar el trabajo a la hora de examinar esos documentos. La decisión de Alaya suponía, en la práctica, algo como impedir el acceso a esa documentación. ¿Quién sería capaz de meterse a escudriñar esos tomos en busca de algo de interés? ¿Quién haría de ratón de biblioteca de los ERE?
Aquí es donde comienza a gestarse el enigma de la Caja 5. El abogado Antonio Uceda, que representa a dos ex altos cargos de la agencia Idea investigados en esta macrocausa, examinó el índice de los documentos que habían remitido la Guardia Civil y los peritos de la IGAE, y detuvo su mirada en la caja etiquetada con el número 5, que llevaba la siguiente descripción:“Acuerdos de Transferencias de Financiación a IFA-Idea”.
El abogado, que a lo largo de estos cinco años se ha mostrado muy combativo –otro incansable, como diría Alaya– en la defensa de los intereses de sus clientes –es uno de los letrados que más recursos ha presentado–, no lo dudó ni un segundo y se sumergió en el examen de la Caja 5.
Emulando a Allan Quatermain en la búsqueda de las minas del rey Salomón –si se me permite la licencia literaria–, Uceda buscó y rebuscó entre los papeles devueltos por los interventores del Estado. ¿Y qué descubrió en esa caja 5? En esa caja se encontraban los expedientes de gastos en los que se fiscalizaban las transferencias de financiación y lo importante del hallazgo del abogado es que a través de esa documentación ha encontrado los argumentos para desvirtuar una de las afirmaciones que los peritos recogían en su voluminoso informe pericial.
Ahora viene la parte compleja técnicamente del hallazgo: la IGAE asegura en su informe –en la página 80 de los 8.245 folios que contiene– que no hay constancia de que la Intervención General de la Junta comunicara al interventor delegado en la Consejería de Empleo la existencia de las irregularidades puestas de manifiesto en los informes de control financiero realizados al IFA-Idea, o las contenidas en el informe adicional, “ni que éste las conociera por ninguna otra vía”.
Esta afirmación que los peritos despachan en una sola frase, según la defensa y a tenor de los documentos que aparecen en la Caja 5, es falsa. ¿Por qué? Porque en esa caja 5 están los expedientes de gasto en los que se fiscalizaban las transferencias de financiación y en los que se pondría de manifiesto que no se ha ocultado a la intervención delegada en Empleo el sistema empleado. Pero la actuación del interventor delegado sí que puede apreciarse en esos expedientes de gasto, que vendrían a acreditar que este funcionario de que las transferencias se estaban siendo utilizada para ejecutar el convenio marco de 17 de julio de 2001 por el que se concedieron las ayudas de los ERE durante una década.
Es decir, los documentos de la Caja 5 contradicen las afirmaciones de los peritos y el interventor delegado conocía lo que estaba ocurriendo y que esos pagos figuraban en las correspondientes partidas presupuestarias. La tesis que sostienen las defensas es que no hubo ilegalidades –más allá de posibles conductas individuales relacionadas con el destino del importe de alguna de las subvenciones– porque el sistema era conocido y aprobado año a año por el Parlamento andaluz en la ley de Presupuestos.
La conspiración que Alaya considera que hubo en torno al fraude de los ERE debía comenzar por el interventor delegado, que es quien tenía la llave para abrir o no el grifo de las ayudas, y para pararlas en caso de que hubiera detectado las irregularidades.
Quizás la revelación más importante de la Caja 5 sea la falta de “control judicial” sobre la documentación que se entregaba a los peritos y a la Guardia Civil, que podrían incluso haber hecho una selección de los documentos que avalan las tesis acusatorias y obviar aquellos que podrían beneficiar a la defensa de los imputados.
La juez  ha ordenado ahora que se digitalicen las 100 cajas para facilitar su entrega a las partes. La Caja 5 puede ser el inicio de una investigación, la punta del iceberg de los papeles de Panamá del caso de los ERE. Quien sabe qué otras sorpresas pueden deparar el resto de las 100 cajas que todavía quedan por escrutar por las defensas. La búsqueda continúa.

 

VISTO PARA SENTENCIA

Las agentes de la juerga estaban de servicio
*Las policías locales que la semana pasada vimos en un vídeo de juerga en un autobús en Jerez de la Frontera (Cádiz)no estaban de asuntos privados, sino en una comisión de servicio. Es decir, no estaban en acto de servicio, puesto que su competencia para desarrollar su actividad como agente se circunscribe a la localidad donde trabajan, pero su viaje era totalmente oficial. De hecho, para usar el uniforme fuera de sus localidades tienen que estar autorizadas por la Jefatura correspondiente. Es más, algunas de las que acudieron a la celebración del XXX aniversario de la incorporación de la mujer a la Policía Local de Jerez tuvieron que levantar sus descansos y, posteriormente, recuperaron esos descansos a costa de la fiestecita. Dicen que las policías están intentando recabar apoyos de los mandos policiales para que su conducta no sea sancionada. A ver en qué concluyen las investigaciones abiertas por varios ayuntamientos.

El polémico acuerdo de condena a los Perla
*Esta semana causó sorpresa e incluso indignación el pacto alcanzado por la Fiscalía y la acusación para rebajar de forma espectacular la condena al clan de los Perla, acusados de la muerte de una niña de seis años en un tiroteo en las Tres Mil Viviendas. El principal acusado aceptó una condena de 14 años frente a los 80 que pedía la Fiscalía y se acordó además que la familia de la niña reciba una indemnización de 400.000 euros. Este dinero fue intervenido a los acusados y procedía del narcotráfico.Sin embargo, la Fiscalía, para favorecer el acuerdo, dio por bueno que eran los “ahorros” del clan. Quizás tenga razón una juez que el otro día comentaba que la Justicia debe buscar ante todo satisfacer al perjudicado. Y si los padres se dan por satisfechos, no debe ser la Justicia la que eche por tierra ese pacto…

El Supremo anula la sanción a guardia civil por las imágenes de su whatsapp

Jorge Muñoz | 13 de mayo de 2016 a las 11:31

whatsappLa Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ha anulado la sanción de cuatro días de suspensión de funciones impuesta a un guardia civil al no acreditarse que las expresiones e imágenes que aparecían en la presentación de su whatsapp se referían a la nota baja que había sacado su superior en el curso de la Escala de Oficiales de la Guardia Civil, según ha informado este viernes el Alto Tribunal.Los hechos sancionados ocurrieron cuando el sargento comandante de Puesto de Cabra de Santo Cristo, en Jaén, después de recibir un whatsapp del citado agente sobre un servicio, le abrió un parte al tener la certeza de que las palabras que figuraban en su “estado” de whatsapp “20 de 100?? 3,5 en psicología? Inútil…”, con varios emoticonos de caras sonrientes, iban dirigidas “abiertamente” contra él, que obtuvo una nota semejante, un 3,167, en la prueba de psicología.

El expediente disciplinario concluyó con la imposición de la mencionada sanción al guardia civil por una falta leve de desconsideración o incorrección con los superiores en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellos; sanción confirmada por el Tribunal Militar en una sentencia que ha sido anulada ahora por la Sala Quinta.

La Sala Quinta indica que el Tribunal Militar ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia del recurrente al efectuar una valoración no razonable del conjunto de la prueba, extrayendo conclusiones que no se compadecen con las reglas de la lógica, la racionalidad y la sana crítica.

Por un lado, considera que no pueden tenerse en cuenta las manifestaciones autoinculpatorias del agente sancionado ante el Capitán Jefe de la Compañía de Baeza, a la que pertenecía el Puesto de Cabra de Santo Cristo, porque no se le informó de su derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable.

En este sentido, indica que se trata de una prueba irregularmente practicada que vulnera derechos fundamentales del expedientado que, ante la recriminación de su superior, mostró su arrepentimiento y afirmó que había quitado inmediatamente el contenido del “estado” de su whatsapp al darse cuenta de que no había actuado bien”.

Por otro lado, la sentencia señala que en el listado con el resultado provisional de las pruebas –documento que obra en la causa- se aprecia que la nota que realmente sacó el sargento -3,167- no coincide con la del “estado” del whatsapp -3,5-, salvo que se acepte que el guardia civil los redondeó al alza, y que no puede atribuirse únicamente a aquel.

Tras esas precisiones, la Sala Quinta señala que el parte disciplinario emitido por el sargento -incompleto y sin firmar- no refleja datos objetivos sino juicios, apreciaciones o valoraciones subjetivas que vierte quien lo emite y que carecen de valor probatorio y de eficacia para permitir imputar al guardia civil sancionado la falta leve por la que fue sancionado.

La sentencia subraya que dicho parte, en el que el suboficial manifiesta su “certeza” de que la frase se dirigía a él, es la única prueba realmente existente de los hechos, cuya veracidad y exactitud no ha sido corroborada por el resto de la prueba testifical y documental, por lo que no puede considerarse prueba de cargo suficiente contra el guardia civil sancionado.

¿Mejor que un buen pleito?

Jorge Muñoz | 10 de mayo de 2016 a las 7:00

Una ilustración de Daniel Rosell sobre el juicio al clan de los Perla

Una ilustración de Daniel Rosell sobre el juicio al clan de los Perla

El refranero popular asegura que “más vale un mal acuerdo que un buen pleito”, en alusión a que a veces resulta más adecuado y barato negociar antes del juicio que someterse al criterio del juez. Desconozco si los padres de Encarnación Silva, la niña de seis años que murió en las Tres Mil Viviendas, se han dejado guiar por este refrán o hay otros motivos que le han llevado a pactar una condena con los responsables de la muerte. Sea como fuere, el acuerdo contempla una fuerte indemnización de 400.000 euros, que triplica o cuatriplica la posible compensación con la que legalmente se cuantifica la pérdida de una vida. Supongo que para cualquier padre la vida de un hijo no tiene precio, y por mucho dinero que te ofrezcan, no estás dispuesto a aceptar que el caso quede impune. Dicho esto, hay que recordar que el acuerdo alcanzado está avalado por la Fiscalía de Sevilla, que es la parte que como acusación pública garantiza la legalidad del procedimiento.
Es cierto que la rebaja de la petición de condena por parte del Ministerio Público es impactante –de 80 años de prisión se pasa a 14 en el caso de Antonio Girón, el Coleta, y a 11 años en su hijo–, pero también lo es que los principales acusados seguirán en prisión.
En cualquier caso, hay varios aspectos en las conclusiones de la acusación pública que también resultan llamativos, como el hecho de que la matriarca del clan, María del Carmen Barrera, que se enfrentaba en principio a una condena de 54 años, salga con una pena de sólo dos años, por un delito de “conspiración” para cometer un delito de homicidio.
Y en segundo lugar también sorprende que el dinero con el que será indemnizada la familia –esos 400.000 euros– fuesen inicialmente considerados por la Fiscalía como procedentes de la supuesta actividad de narcotráfico a la que se dedicaba al clan –según el anterior escrito de acusación– y ahora, por arte de magia, no conste su origen ilícito y sí su procedencia de los “ahorros” familiares.
Puede que al final éste sea el mejor acuerdo, sobre todo si se tiene en cuenta que los familiares no acudieron ayer al juicio para evitar posibles represalias y que algunos testigos posiblemente tampoco iban a declarar por “miedo”. Con este acuerdo, la familia se da por satisfecha, las defensas también, el fiscal santifica el pacto y suma varias condenas. Y se evita el coste de un juicio que se iba a prolongar durante 14 interminables sesiones. ¿Hay quien dé más?

Despedida de soltera de policías

Jorge Muñoz | 8 de mayo de 2016 a las 5:00

Si les dijera que las imágenes que acompañan a esta página se corresponden con una despedida de soltera, a nadie le extrañaría. Nadie sospecharía incluso de que las participantes en la fiesta vistieran uniformes de Policía Local y de la Guardia Civil, al fin y al cabo hay despedidas en las que las participantes utilizan disfraces de todo tipo, muchos de ellos de mal gusto. A nadie les sorprendería tampoco que este grupo de mujeres hubiesen alquilado un autocar para desplazarse por la ciudad en el contexto de esa celebración. Ni tampoco el ambiente festivo, alegre y dicharachero del que hacen gala.

En el vídeo se observa cómo las mujeres se jalean, unas a otras, para que algunas, en un juego entre gimnástico o acrobático, se cuelguen por las piernas de una de las barras horizontales de sujeción del autobús, entre el aplauso y los vítores de júbilo del resto de viajeras. A esas peripecias no se resiste ni la mujer que va vestida con el uniforme de la Guardia Civil, después de que sus compañeras la invitasen al grito de ¡la picoleta, la picoleta!. Y ésta no duda en colgarse del asidero, con la cabeza hacia abajo. Las risas se suceden y le hacen hasta la ola en un ambiente muy lúdico.
Luego le toca el turno a otra mujer vestida de policía local, que no duda en quitarse la chaqueta porque tiene mucho calor. Alguna, con la guasa, necesita ayuda para bajar de la barra. Otra utiliza un asidero vertical del autocar para simular que está en un sala de striptease, mientras las otras mujeres corean la música de Jack Nitzsche que inmortalizó el sensual baile de Kim Bassinger en la película Nueve semanas y media. Una de las mujeres, mientras está encaramada, llega a simular incluso un gesto libidinoso con su lengua.
A estas alturas todos estamos curados de espanto y la capacidad de asombro de los ciudadanos es cada vez menor. La despedida de soltera que refleja el vídeo estaría muy bien si se tratara realmente de una despedida de soltera. Pero la realidad es bien distinta. Esas mujeres que se divierten tanto no están celebrando que una de sus compañeras va a dar el paso de contraer matrimonio, de dejar atrás el mundo de la soltería.
Son en realidad mujeres que pertenecen a los cuerpos de la Policía Local de varias provincias andaluzas, entre ellas Sevilla y Cádiz. La escena se grabó en octubre de 2015 en la localidad de Jerez de la Frontera (Cádiz), dentro de los actos de conmemoración del XXX aniversario de la incorporación de la Mujer a la Policía Local, que se celebró los días 8, 9 y 10 de octubre. Un acto que contaba con la colaboración de Mupolia, la asociación de Mujeres de la Policía Local, Nacional y Guardia Civil. Y de hecho había una mujer del benemérito instituto en el autobús.
Con motivo de este homenaje, el Consistorio de la localidad gaditana organizó una serie de actividades para las mujeres policía, entre ellas la asistencia al espectáculo Cómo bailan los caballos andaluces de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, y también se realizó una visita guiada al Alcázar de Jerez, la visita a las Bodegas González Byass y los Museos de La Atalaya.
Para facilitar los desplazamientos del grupo, el Ayuntamiento cedió además un autobús urbano, que es donde se grabaron estas imágenes.
El vídeo no tendría mayor trascendencia que otros que triunfan en youtube de no ser por varios aspectos que no pueden pasar por alto. El primero: que las mujeres que aparecen en él, aunque no estén de servicio, visten el uniforme del Cuerpo, ya sea el de la Policía Local o la Guardia Civil, y no parece que sea correcto o decoroso actuar de esa forma cuando se viste de uniforme.
El segundo: el espectáculo colgándose de las barras que protagonizan varias de las mujeres policía que viajan en el autobús para mayor divertimento de sus compañeras no resulta ya apropiado desde un punto de vista de la Seguridad Vial. No olvidemos que el autobús va en marcha, circulando por Jerez, y que cualquier frenazo o imprevisto podría haber provocado un accidente y la caída o lesión de alguna de las singulares acróbatas.
Y tercero: No se trata de ser anticuados, pero sin duda no es el mejor ejemplo que pueden dar los miembros de la Policía Local o de la Guardia Civil de cualquier ciudad, sobre todo si se tiene en cuenta que estos agentes son en la mayoría de los casos los encargados de velar por la seguridad del Tráfico y de la circulación. Es más, el vídeo es un ejemplo de lo que no debe hacerse en un vehículo a motor, y el hecho de que esa conducta la lleven acabo precisamente personas que deben velar por la seguridad vial añade un plus de gravedad a su conducta.
¿Se imaginan qué les pasaría a ustedes si una de estas agentes, en el ejercicio de sus funciones, les pilla en una actitud similar? La sanción –multa, pérdida de puntos, etc.– que les caería no se la quitaría ni el mismísimo Perry Mason, ese abogado de la ficción televisiva que era capaz de llegar a donde no lo hacía la Policía y de resolver crímenes salvando a su inocente cliente. Los miembros de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado deben tener una conducta ejemplar, vistan o no el uniforme, estén o no de servicio.

El Supremo anula la sanción al brigada que no quería brindar por el Rey

Jorge Muñoz | 4 de mayo de 2016 a las 12:11

La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ha anulado por prescripción la sanción disciplinaria de un mes y un día de arresto impuesta a un brigada del Ejército de Aire por una falta grave cometida al decir que no brindaba por el Rey el día de su onomástica, aunque, finalmente, acabó alzando su copa por su Majestad junto al resto del Destacamento de Alhucemas, según ha informado hoy el Alto Tribunal.
La sentencia desestima el recurso de casación interpuesto por el abogado del Estado y ratifica el fallo del Tribunal Militar Central que anuló la citada sanción y estableció que se indemnizara al suboficial por los daños morales derivados del cumplimiento de la misma en el Establecimiento Disciplinario Militar de Ceuta. En este sentido, fijó que la cuantía de la indemnización sería la suma del importe de la dieta en territorio nacional por cada día que estuvo privado indebidamente de libertad, además de otra cantidad determinada en el trámite de ejecución de sentencia por otros daños o perjuicios que haya podido sufrir a consecuencia del castigo.

De acuerdo con la sentencia recurrida, la Sala Quinta indica que cuando se notificó al expedientado dicha sanción, el 17 de septiembre de 2013, ya había prescrito al haberse agotado el plazo de seis meses que establece el Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas para la caducidad de las faltas graves.

Los hechos ocurrieron el 22 de junio de 2012 cuando un teniente, entonces Comandante Militar del Destacamento de Alhucemas, le dijo a un sargento que preparara un vino con motivo del santo del Rey Juan Carlos. El brigada sancionado replicó que eso ya no se llevaba y el mando le contestó que allí sí se celebraría. Dos días después, el día de San Juan, el teniente se percató de que el militar no se encontraba en la formación con todo el Destacamento para entrar en el comedor y, como fue imposible localizarlo por teléfono, fue a buscarle al despacho, comunicándole que tenía cinco minutos para bajar. Al llegar allí, el suboficial expedientado dijo que él tenía lealtad a España y a la Bandera pero que no brindaba por el Rey, aunque, después, levantó su copa por su Majestad y se marchó del comedor.

Varios militares brindan por el Rey en la cena de Nochebuena en la base de apoyo avanzado de Herat (Afganistán).

Varios militares brindan por el Rey en la cena de Nochebuena en la base de apoyo avanzado de Herat (Afganistán).

Por estos hechos, el 12 de septiembre de 2012, se abrió al militar un expediente disciplinario, que acabó con la resolución sancionadora el 13 de septiembre de 2013 por una falta grave del artículo 32 del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas (emitir o tolerar manifiesta y públicamente expresiones contrarias, realizar actos irrespetuosos o adoptar actitud de menosprecio contra la Corona). Meses antes, se inició un procedimiento penal que fue archivado, decisión que fue comunicada al instructor.

La sentencia indica que la autoridad disciplinaria puede incoar y tramitar un expediente sancionador y que no está obligada a suspenderlo aunque tenga conocimiento de que se ha iniciado un procedimiento penal por los mismos hechos, señalando que no puede resolverlo antes de que acabe éste último.

En este caso, subraya la Sala, la autoridad disciplinaria conoció la apertura del procedimiento penal y en lugar de esperar a que éste terminase y se lo comunicaran, optó por incoar el expediente disciplinario y tramitarlo, sin llegar a suspenderlo justificadamente antes de que le fuera notificado el auto de archivo. De ese modo, concluye que el plazo legalmente establecido para su tramitación no quedó interrumpido por la existencia de actuaciones penales y continuó corriendo hasta agotar el plazo de tres meses fijado para su instrucción.