La bomba de los ERE

Jorge Muñoz | 7 de octubre de 2017 a las 2:00

El informe enviado a la juez Bolaños por el Ministerio de Empleo supone un nuevo giro en la macrocausa, al confirmar que el Gobierno central concedía las ayudas de la misma forma

CASO ERE. Declaran Chaves, Griñán y Viera . Que se hagan fotos de ambiente y de los jueces Bolaños y Álvaro

La bomba de los ERE ha estallado antes de que comience el juicio a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y sin necesidad de escuchar la artillería pesada que las defensas de los 22 ex altos cargos imputados en el caso van a desplegar en el trámite de las cuestiones previas al juicio, a partir del próximo 13 de diciembre. Desde hace unos meses se esperaba un informe del Ministerio de Empleo y Seguridad Social que puede ser clave a la hora de determinar la legalidad del sistema por el que se concedían las ayudas a las prejubilaciones por parte de la Junta de Andalucía entre los años 2001 y 2011.
Ese informe, que firma el director general de Empleo del Ministerio, Javier Thibault Aranda, corrobora que durante la misma década, el Gobierno central concedió 220 ayudas extraordinarias por un importe global aproximado de unos 300 millones de euros, y lo hizo “directamente” y sin concurso público, al igual que el Gobierno andaluz en los ERE.
Las ayudas del Ejecutivo central –que se siguen concediendo de la misma forma– estaban amparadas en la orden del Ministerio de 5 de abril de 1995 y para pedirlas sólo se requería la solicitud por la empresa y los trabajadores, o sólo por estos últimos, acompañando una “memoria explicativa en la que constasen los motivos por los que se solicitaba, la cobertura y el coste económico individualizado”. Es decir, los requisitos eran los mismos que se pedían en las ayudas de la Junta.
¿Quiere esto decir que todas las ayudas concedidas por la Junta eran correctas o legales? No, porque en algunas se han detectado flagrantes irregularidades, como por ejemplo la presencia de los intrusos, o aquellas que concedió el director general de Trabajo Javier Guerrero a su chófer sin amparo alguno. Pero que haya casos concretos de irregularidades y posibles delitos, no implica que la totalidad de las mismas fuesen otorgadas de forma ilegal.
Desde el PP, que ejerce la acusación particular en el caso de los ERE, y desde el Gobierno central se afanan en defender tras conocerse el informe del Ministerio de Empleo que hay una diferencia “clara” entre unas y otras ayudas, porque las primeras estaban amparadas en esa orden ministerial y las otras se hicieron sin normativa.
Para desmontar este argumento basta con acudir al auto del juez Álvaro Martín que procesó a los ex presidentes de la Junta, donde el magistrado los acusa de haber impulsado la creación y el mantenimiento durante una década de un “procedimiento particularísimo” para otorgar las ayudas –conocido como el procedimiento específico–, conociendo ambos tanto los mecanismos de las transferencias de financiación y las modificaciones presupuestarias, como la falta de un procedimiento dotado de las “mínimas y elementales garantías para el reparto de las ayudas”.

CASO ERE. Declaran Chaves, Griñán y Viera . Que se hagan fotos de ambiente y de los jueces Bolaños y Álvaro
Había por tanto un procedimiento específico que regulaba –bien o mal– dicha concesión, pero lo regulaba, y es ahora la Justicia la que debe analizar en el juicio si el procedimiento fue legal o no.
La base que sustenta la acusación de los ERE es el informe de los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que considera “inadecuado” e “improcedente” el uso de las transferencias de financiación para pagar las ayudas, porque se impedía la “fiscalización previa” y además se concedieron con discrecionalidad –como las que otorgó el Ejecutivo central–, prescindiendo “absolutamente del procedimiento administrativo” y sin aplicar los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación que regula la ley general de Subvenciones –como ocurre en el caso de las subvenciones estatales–.
Es más, en la instrucción judicial de los ERE se están investigando la totalidad de las ayudas concedidas, algo que no se ha hecho con las 220 subvenciones otorgadas por el Ejecutivo central. Supongamos que una juez decidiera ahora abrir otra causa para escudriñar todas esas 220 ayudas estatales. ¿Alguien puede garantizar que en las mismas no haya ninguna irregularidad? También cabe preguntarse si aguantarían las ayudas del Estado el mismo escrutinio que en su día hizo la juez Alaya de las subvenciones de la Junta. Y cabe recordar que la juez Bolaños ha citado a declarar como investigados el día 17 a dos ex altos cargos del Gobierno de Aznar por las ayudas a los mineros de la Faja Pirítica.
Insisto. Es evidente que hubo irregularidades en los ERE, que se concedieron algunas ayudas por amistad o afinidades políticas de los responsables en su momento de la Consejería de Empleo, pero de ahí a sostener que hubo una confabulación o una trama organizada para cometer el fraude hay un auténtico abismo, el mismo que puede separar las acusaciones realizadas en la fase de instrucción y los “hechos probados” que sean acogidos en la sentencia que se dice en su día.

Por lo menos ha evitado el ‘paseíllo’

Jorge Muñoz | 6 de octubre de 2017 a las 2:00

El jefe de los servicios técnicos de Fiestas Mayores, Rafael Carretero, en la portada de la Feria.

El jefe de los servicios técnicos de Fiestas Mayores, Rafael Carretero, en la portada de la Feria.

UNA vez más un auto de un juez que desmonta por completo una denuncia por unos hechos que, en su momento, representaron un gran escándalo. El caso Carretero. La caída del funcionario del Ayuntamiento de Sevilla que durante 35 años fue el responsable del montaje de la Feria de Abril.
La Fiscalía llevó a Carretero a los juzgados con graves acusaciones de delitos de cohecho y malversación por supuestas irregularidades en el montaje de la Feria de los años 2013, 2014 y 2015. Al final, la denuncia se extendió al montaje de las instalaciones para la celebración del Corpus Christi.
Pero el escándalo comenzó a desinflarse el mismo día que la juez tomó declaración al técnico de Fiestas Mayores Miguel Ángel Baena, el denunciante del caso, que fue sometido a un intenso interrogatorio que puso en evidencia la fragilidad de sus sospechas. La juez señala precisamente las “contradicciones y falta de consistencia” del testimonio del denunciante, quien reconoció su “falta de afinidad” con Carretero.
Nada más prestar declaración este testigo, en junio de 2016, la juez tomó una decisión que a la postre ha resultado trascendental: suspendió sine díe la declaración como investigado de Rafael Carretero y de los cuatro representantes de las empresas que supuestamente habían ofrecido dádivas al funcionario, como “trabajos de pintura, carpintería y de electricidad, así como cambio de mobiliario, trabajos de poda, limpieza, mantenimiento y pintura de piscina, etcétera”, siendo todos los gastos ocasionados por cuenta de Ferrovial, según la denuncia de la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra.
Al final, según la instructora, no hay nada de nada. Otra denuncia desinflada, hasta el punto de que la magistrada afirma tajantemente que no ha habido una utilizado de fondos públicos para fines distintos que la “causa o servicio público”. Si hay alguna deuda es del Ayuntamiento con Ferrovial, que tendría un saldo a favor con el Consistorio y no al revés.
Rafael Carretero ha estado imputado 17 meses, marcado por el estigma de la imputación judicial, por mucho que ahora le cambien el nombre y lo llamen “investigado”. Lo único bueno, de haber algo, es que por lo menos ha evitado el paseíllo de los juzgados, dado que la juez ha estimado en última instancia que su testimonio no era necesaria para desmontar la causa. No todos los investigados tienen esa suerte.

Del Alayismo al Bolañismo

Jorge Muñoz | 1 de octubre de 2017 a las 2:00

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La juez María Núñez Bolaños, fotografiada en su despacho de los juzgados de Sevilla.

 Desde que asumió la instrucción de las macrocausas, la juez María Núñez Bolaños ha dictado tres importantes autos que revelan sus opiniones sobre cómo deben culminar las investigaciones

La juez Mercedes Alaya montó durante más de cuatro años (2011-2014) la teoría de la conspiración y confabulación en torno al fraude de la macrocausa de los ERE y su sucesora, María Núñez Bolaños, lleva más de dos años bajando el balón al suelo, desmontando y deconstruyendo la pirámide de responsabilidades que dibujó Alaya. Para la primera instructora todo lo relacionado con las ayudas de los ERE era claramente delictivo, desde la concesión de las mismas mediante un procedimiento administrativo inadecuado hasta la solicitud por parte de los beneficiarios, que eran llamados por Alaya al procedimiento en calidad de imputados, aunque tuvieran derecho a percibir las subvenciones y no pertenecían al grupo de los denominados intrusos, que por cierto han quedado reducidos a sólo 60, un 1% de los más de 6.000 trabajadores que en su momento se beneficiaron de estas ayudas.
Pero no piensen que Bolaños ha tenido que acudir a complicados razonamientos jurídicos ni bucear por las bases de datos –ahora digitales– de Aranzadi buscando jurisprudencia de órganos superiores como el Tribunal Supremo. No, ni mucho menos. A esta juez tan denostada en su día por Alaya le ha bastado únicamente recurrir a su sentido común, porque los jueces deben aplicar la ley, evidentemente, pero también el sentido común, la lógica y la razón.
Al igual que hubo una serie de autos en las macrocausas que marcaron las directrices del Alayismo, en los últimos años hay tres resoluciones que sustentan lo que es y será el Bolañismo. La última de estas resoluciones ha sido dictada esta misma semana en una de las piezas de investigación de los ERE, la relacionada con las ayudas concedidas por importe de 3,3 millones a la empresa Valeo Iluminación. La juez reflexiona en esta resolución sobre el papel que pueden jugar en el fraude de los ERE los beneficiarios de las ayudas y concluye que “el ciudadano cuando se dirige a cualquier administración desconoce cuál es el trámite legal adecuado” para solicitar una ayuda, por lo que “si un ciudadano pide una beca o cualquier ayuda a la Administración, sea ésta local, autonómica o estatal, se limita a cumplimentar los requisitos que desde la propia administración le exigen”.
Esta visión de Bolaños colisiona frontalmente con la que durante años sostuvo Alaya, con el aval sin fisuras de la Fiscalía Anticorrupción y la santificación por parte de la ilustrísima Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, la misma que ahora, según lamenta públicamente el Ministerio Público, le ha cambiado las reglas al permitir que los ex altos cargos sólo se sometan a un único juicio, el del denominado “procedimiento específico”, la pieza política de la macrocausa.
La argumentación de Bolaños en ese auto parece atacar uno de los cimientos del Alayismo, al afirmar que pretender que el ciudadano que solicita la subvención debe entender el marco legal administrativo que rige su actuación, si el órgano es o no competente, o si debió o no pedir otra documentación, “parece una petición que queda fuera de lo lógico y racional”, algo que se deba por hecho en la anterior etapa instructora, al estimar que todos tenían conocimiento de las irregularidades.
El razonamiento de Bolaños enlaza directamente con una petición reciente de la defensa de uno de los beneficiarios de las ayudas de los ERE, que ha solicitado el archivo de la causa al considerar que tras la decisión de la Audiencia de aplicar el non bis in ídem a los ex altos cargos imputados en la pieza del denominado “procedimiento específico” por la concesión de las subvenciones, no es posible juzgar por separado a los solicitantes de las mismas. Así lo ha expuesto el abogado Juan Carlos Alférez, que defiende a este empresario investigado en la pieza del Centro de Limpieza Industrial Huévar, quien asevera que es “conceptualmente imposible enjuiciar por separado a un presunto coautor-beneficiario de un delito de malversación de caudales públicos, sin que en el mismo proceso se enjuicie al autor principal del delito”.
Bolaños debe decidir ahora sobre esta solicitud, que puede dar un nuevo giro a la instrucción de una macrocausa que cada vez limita más su horizonte a que haya un único juicio o tan sólo varios más, a pesar de que se están investigando unas 200 ayudas.
En los otros dos autos que ilustran el Bolañismo, la instructora llega a aseverar, de un lado, que algunos de los imputados –ahora llamados de forma más elegante como investigados– no son mas que “víctimas de una macrocausa”; y de otro lado, que los jueces “no trabajan con papel”, porque “detrás de cada expediente o proceso hay familias y personas, por ello no es legítimo ni justificable utilizar maniobras para dilatar o mantener vivo un procedimiento”, en alusión a los recursos presentados contra el archivo de la pieza política de los cursos de formación.
Estas tres resoluciones marcan, por ahora, la era Bolaños al frente de las macrocausas. El presente y futuro de la herencia de las macroinvestigaciones que inició Alaya. Sólo el tiempo y el resultado de los juicios dirán cuál de las jueces estuvo más atinada en su enfoque de las macrocausas.

Manuel Marchena, nuevo consejero de Sanguino Abogados

Jorge Muñoz | 29 de septiembre de 2017 a las 18:09

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Manuel Marchena, el que fuera durante años mano derecha de Alfredo Sánchez Monteseirín en el Ayuntamiento de Sevilla, se ha incorporado a la firma de abogados Sanguino, donde se integrará en el Departamento de Derecho Administrativo, Urbanismo y Medio Ambiente de Sanguino Abogados y compaginará su actividad con su actual labor docente.

Manuel Marchena, catedrático de Análisis Regional de la Universidad de Sevilla y uno de los profesionales con más experiencia dentro de la gestión pública del urbanismo, se ha incorporado como consejero a Sanguino Abogados, labor profesional que compaginará con su actual actividad docente, según ha informado el bufete en su página web.

El que fuera gerente de Urbanismo y Director de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento de Sevilla durante la etapa de Alfredo Sánchez Monteseirín al frente de la Alcaldía de Sevilla, desarrollará su actividad dentro del Departamento de Derecho Administrativo, Urbanismo y Medio Ambiente que dirige Vanesa Villegas Galván, abogada y socia de Sanguino Abogados.

Este departamento ha experimentado un notable crecimiento en actividad y volumen de trabajo, explica la firma. Por ello, la incorporación de Manuel Marchena refuerza la estructura de gestión de todos los asuntos que este despacho desarrolla en el campo del Derecho Administrativo, el urbanismo o el medio ambiente.

Manuel J. Marchena nació en Brenes (Sevilla) en 1959 y es catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Sevilla, número uno de su promoción y Premio Extraordinario de Licenciatura y Doctorado. También es Máster y Consultor de Desarrollo Regional por Naciones Unidas y Consultor Internacional en Territorio y Turismo.

Ha sido director facultativo del PGOU de Sevilla, vicepresidente de las Empresas Municipales de Sevilla, consejero delegado de Emasesa y miembro del Consejo de Administración de Isla Mágica, del Parque Tecnológico de la Cartuja y del Teatro de la Maestranza. También ha sido director del Plan de Desarrollo Integral de Turismo de Andalucía, director adjunto de la Empresa Pública de Turismo, director general del Patronato de Turismo de Sevilla y director del Plan Estratégico Sevilla 2010. Es autor de 63 libros y capítulos de libros y de 153 artículos y ponencias científicas sobre ordenación del territorio.

Banderas de la Policía Local

Jorge Muñoz | 28 de septiembre de 2017 a las 22:42

 

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Uno de los policías conduce su moto por las calles de Sevilla con la bandera de España.

Un gesto. Una bandera nacional. Varios agentes de la Unidad de Tráfico-Motoristas (UTM) han comenzado a patrullar hoy portando en sus vehículos banderas de España, como puede verse en estas imágenes que se están difundiendo de forma masiva a través de los grupos de mensajería.

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La moto aparcada con otros vehículos policiales.

Se trata de una iniciativa de varios integrantes de la UTM, que han querido de esta forma rendir su particular homenaje a sus compañeros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que están desplazados estos días a Cataluña con motivo del referéndum ilegal convocado para decidir sobre la independencia de esta comunidad autónoma.

 

 

La iniciativa, que posiblemente mañana sea secundada por otros motoristas de la Policía Local, ha tenido una gran acogida y, de hecho, los agentes que han comenzado a llevar las banderas nacionales en las motos han sido recibidos con aplausos y mensajes de apoyos cuando han coincidido con sus compañeros de la Policía Nacional. Un gesto, sin duda, digno de elogio.

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La moto, estacionada en la emblemática Plaza de España.

De otro lado, la Cámara de Comercio de Sevilla también se ha sumado a la iniciativa de las banderas. En la sesión plenaria celebrada esta mañana ha acordado apoyar, por unanimidad, al Gobierno de España en las medidas que se están adoptando para defender la Constitución y la legalidad,  ante la convocatoria del referéndum ilegal del 1 de Octubre en Cataluña.

Las banderas de España lucen en los balcones de la Cámara de Comercio de Sevilla

Las banderas de España lucen en los balcones de la Cámara de Comercio de Sevilla.

El contraataque del catedrático

Jorge Muñoz | 24 de septiembre de 2017 a las 2:00

Santiago Romero

El catedrático Santiago Romero.

El rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, dijo recientemente en una entrevista concedida a este periódico que si no hubiera sido por su actuación, el ex decano de la Facultad de Ciencias de la Educación Santiago Romero Granados “seguiría dando clases” a pesar de haber sido condenado por un juzgado de lo Penal de Sevilla a siete años y nueve meses de prisión. El rector, que en un principio reaccionó tarde en este caso, quizás tenga razón, aunque la sentencia aún no es firme porque ha sido recurrida tanto por las defensas como por las acusaciones particulares que representan a las dos profesoras y a la becaria de investigación que denunciaron los abusos.
Al margen de la batalla en la vía penal, el catedrático condenado ha iniciado el contraataque en la vía administrativa, después de que la Hispalense le haya denegado la posibilidad de acceder a la jubilación anticipada. El abogado Jorge Piñero, que representa al ex decano de Ciencias de la Educación, ha anunciado que presentará un recurso contencioso-administrativo contra esta decisión de la Universidad de Sevilla, puesto que aunque la institución “reconoce” al docente que por su edad tiene derecho al beneficio de la jubilación anticipada, se la ha rechazado porque tiene un expediente disciplinario pendiente “que además está suspendido” mientras se resuelve la vía penal y adquiere firmeza o no la resolución del juzgado.
Junto a ese recurso contencioso, el letrado también ha recurrido ante la propia institución académica el mantenimiento de las medidas cautelares que impiden al catedrático dar clases en la facultad de Ciencias de la Educación. Así, argumenta que actualmente hay un expediente disciplinario sobre supuestos actos de acoso laboral y sexual por los que el catedrático fue absuelto en la sentencia dictada por el juzgado de lo Penal número 2. Ese expediente, que fue reabierto en enero de este año después de que se dictara dicha sentencia, se encuentra suspendido pero no las medidas cautelares, que siguen vigentes.
La defensa de Santiago Romero se opuso a la reapertura de ese expediente, al considerar que la misma no procedía porque la sentencia “no era firme” y era susceptible de recurso, como finalmente sucedió y se está a la espera de la decisión que pueda adoptar la Audiencia Provincial de Sevilla.
La Universidad admitió, según explica la defensa, que no procedía seguir la tramitación de ese expediente mientras la vía penal continuara abierta, por lo que suspendió el procedimiento pero manteniendo las cautelares, algo que el letrado considera una contradicción.
Y ese expediente sin resolver ha llevado ahora a la Hispalense a denegar la jubilación anticipada, porque la institución considera que no puede concedérsele mientras continúe “pendiente” el expediente disciplinario.
Por su parte, la causa penal sigue tramitándose en la Audiencia de Sevilla, donde Santiago Romero ha solicitado su libre absolución alegando que las profesoras le denunciaron por “motivos espurios de venganza y resentimiento”.
La Audiencia tiene que resolver precisamente sobre la alegación de la defensa del catedrático respecto a las grabaciones de la vista oral que le fueron entregadas y que están “incompletas y defectuosas”, lo que llevó a Jorge Piñero a solicitar que en el caso de que esas deficiencias afecten a las grabaciones originales, se declare la nulidad de la sentencia dictada y, en consecuencia, se retrotraigan las actuaciones hasta un momento anterior a la vista oral, anulando el juicio y volviendo a repetirlo.
En su recurso, el catedrático sostiene que los testimonios de las denunciantes carecen de toda credibilidad objetiva, y considera “imposible creer que unas profesoras de fuerte complexión sean sometidas a abusos por otra persona de mucha más edad y de muy inferior estatura y complexión física”.

 

VISTO PARA SENTENCIA

El ex edil García se libra de mercasevilla

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El ex concejal José Antonio García

*La juez María Núñez Bolaños ha archivado esta semana la causa abierta contra el ex concejal del Ayuntamiento de Sevilla José Antonio García y contra la nuera del ex delegado de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, en relación con los supuestos “contratos simulados” por los que habrían recibido salarios de las empresas vinculadas al conseguidor de los ERE Juan Lanzas. La decisión de la juez es completamente lógica, dado que por estos mismos hechos el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) archivó recientemente la causa contra el diputado andaluz del PSOE Carmelo Gómez, al considerar que los posibles delitos relacionados con esos pagos estarían, en todo caso prescritos. Con este archivo, el que fuera concejal de Salud y Consumo se libra de la segunda causa penal por la que ha sido investigado, después de que hace años fuese exculpado del caso de las facturas falsas del distrito Macarena en aplicación de la mencionada doctrina Botín, dado que sólo le acusaba una acusación popular y ni siquiera la Fiscalía. García reconoció a la juez que el contrato con la empresa de Lanzas se lo ofreció el entonces director general de Mercasevilla Fernando Mellet.

Más problemas para el hijo de Ortega Cano

*Una juez de Sevilla ha pedido a la Fiscalía de Sevilla que informe sobre la “posible revocación” de la suspensión de la condena de un año y nueve meses que le fue impuesta a José Fernando Ortega Mohedano, hijo del torero José Ortega Cano, por la agresión y robo a las puertas de un club de alterne. Los problemas legales del hijo del torero se complican a raíz de otra condena de un año de prisión por haber quebrantado la orden de alejamiento sobre su pareja sentimental y que podrían llevarle de nuevo a la cárcel.

Desde Rusia con perdón

Jorge Muñoz | 17 de septiembre de 2017 a las 2:00

ROBO SAN PETERSBURGO

Ilustración: Rosell

 

Está claro que el que la hace acaba pagándola, como dice la popular expresión. Pero hay muchas formas diferentes de pagar, dependiendo del lugar que se haya escogido para liarla. La historia reciente está plagada de tonterías que los turistas hacen cuando visitan otros países y que a veces acaban en tragedia.
La sevillana María del Carmen R. S., de 54 años,se ha unido a este grupo y está aprendiendo estos días una lección que no olvidará en su vida. Está presa en una cárcel de San Petersburgo desde el pasado 6 de septiembre por haber cogido un neceser que aparentemente estaba abandonado en el aeropuerto Púlkovo de esta localidad rusa y del que se quedó efectos valorados en unos 7.000 rublos (unos 100 euros), entre ellos unas gafas de sol, unos pendientes de bisutería, un set de maquillaje y un cargador para el móvil.
Ahora podría pasar dos meses en prisión, en una cárcel rusa –que evidentemente no tiene las condiciones que las prisiones española– hasta que sea juzgada y se enfrenta a una posible condena de hasta cinco años de cárcel por un delito de robo, si no se alcanza antes un acuerdo para indemnizar a la víctima, una joven azerbayana a la que ha ofrecido una indemnización de 30.000 rublos (400 euros) por los daños materiales y morales.
María del Carmen está arrepentida de su error, una equivocación que le está saliendo muy cara, pero lo llamativo de este caso es las alarmantes diferencias de la consecuencias que un acto como el que se le atribuye puede tener en función del país dónde se produzca. Delinquir no tiene el mismo castigo en Rusia que en España.
¿Qué le habría pasado a un extranjero que hubiese sido sorprendido llevándose ese mismo neceser en un aeropuerto español? Para empezar, es posible que ni la hubieran detenido, dada la escasa cuantía de los efectos, lo que determinaría que al no alcanzar la cuantía de 400 euros los hechos podrían ser calificados como un delito leve de hurto –las antiguas faltas–, con lo que sería citada a un juicio que se celebraría en varias semanas. Y en caso de que la hubiesen detenido, quedaría en libertad hasta la celebración del juicio, lo que no impediría que abandonara España.
Frente a los cinco años de prisión que puede alcanzar el robo en Rusia, el artículo 234 del Código Penal español fija una pena de multa de entre uno y tres meses cuando la cuantía de lo sustraído no excede de los 400 euros, como en este caso.
Esto es lo que le pasó a cuatro estudiantes belgas, de entre 18 y 23 años, que en febrero de este año fueron detenidos en Sevilla por haber robado una de las pesadas cadena de la Catedral. Estos jóvenes sí que fueron detenidos, pero quedaron en libertad y pudieron regresar a su país, hasta el punto de que no se presentaron al juicio. Al final, fueron condenados simplemente a pagar una multa, después de que la Fiscalía reclamara para ellos una condena de 180 euros (un mes de multa a una cuota de seis euros).
Las consecuencias del delito, como puede observarse, dependen de la legislación de cada país, y algunas como la rusa se muestran especialmente rígidas con los delitos cometidos por los extranjeros.
Tampoco lo pasaron muy bien dos jóvenes españoles que en el verano de 2007 fueron detenidos en Letonia, una de las repúblicas bálticas, acusados de robo premeditado en grupo y de ultraje a la bandera nacional tras haberse llevado unas banderas que estaban colgadas en una calle de Riga. Estuvieron presos durante varias semanas hasta que fruto de las negociaciones diplomáticas se les permitió regresar a España, con la obligación de volver para el juicio. La Fiscalía letona solicitaba inicialmente una condena de tres años de cárcel, el pago de 50 veces el salario mínimo letón o la realización de trabajos sociales, pero el Al final fueron condenados al pago de una multa de 3.800 euros cada uno porque el juez suavizó la condena al considerar que se trató de “una simple chiquillada”.
Peor suerte corrió el ciudadano estadounidense Otto Warmbier, que fue condenado en 2016 a 15 años de trabajos forzados por intentar sustraer un cartel de propaganda política del hotel en el que se hospedaba en Pyongyang (Corea del Norte), una acción que el régimen norcoreano califico como un “acto hostil” contra el Estado. El estadounidense, de sólo 22 años, estuvo 17 meses encarcelado, hasta que entró en coma y a pesar de que fue liberado “por motivos humanitarios”, falleció en junio pasado, tan sólo una semana después de su regreso a Estados Unidos. “He cometido el peor error de mi vida”, aseguró Otto Warmbier en una supuesta confesión pública en febrero de 2016.
La conclusión que puede extraerse es que hay que ser extremadamente cuidadoso cuando se viaja al extranjero y no hacer tonterías, porque lo que en España puede ser algo sin la mayor trascendencia, en determinados países tiene unas consecuencias penalmente graves, como muestran estos ejemplos. Esperemos que María del Carmen vuelva pronto.

Las cláusulas suelo… por los suelos

Jorge Muñoz | 15 de septiembre de 2017 a las 2:00

 

La verdad es que era una imagen que no había visto en los juzgados de Sevilla desde hace algún tiempo. Las pilas de documentos vuelven a amontonarse en los suelos de los juzgados, en este caso con ocasión de las demandas de reclamación por las cláusulas suelo de las hipotecas. ¡Cláusulas suelo por los suelos!, singular juego de palabras que tanto le gustan a mi compañero Francisco Correal. Pero no sólo es que las demandas se acumulen en el suelo, que ya de por sí es grave al mostrar una falta de medios evidentes, sino que estas imágenes muestran que los juzgados especializados han nacido ya colapsados. En Andalucía se especializaron ocho órganos judiciales para atender el previsible aluvión de reclamaciones tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea.

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Las demandas de cláusulas suelo, amontonadas en el juzgado especializado de Sevilla.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), artífice del plan de urgencia para combatir la avalancha de demandas, hizo público ayer un comunicado en el que informaba de que los juzgados especializados en España habían recibido 57.068 demandas entre el 1 de junio y el 8 de septiembre, es decir, en sólo dos meses dado que agosto es inhábil. El Consejo señalaba que “muchos” de esos juzgados ya han dictado sentencia y están celebrando vistas previas, añadiendo que en Madrid hay previstas 159 vistas para este mes.
El comunicado indicaba que el juzgado de Madrid, con 13.064 asuntos, es el que mayor demandas ha recibido, seguido de Barcelona, con 4.644, y Sevilla, con 2.946 reclamaciones –según los datos extraídos de Lexnet, si bien la estadística del decanato sitúan la cifra de demandas recibidas en 3.044–. Más de 3.000 en estos dos meses.
En Andalucía, a Sevilla, le sigue Málaga, con 2.177 demandas, Granada (1.580), Cádiz (1.440), Jaén (1.428), y Huelva (1.150), mientras que las provincias que han recibido menos asuntos de este tipo son Córdoba y Almería, con 940 y 787 demandas, respectivamente. El CGPJ no hace ninguna alusión al colapso de juzgados como el de Sevilla, que no sólo no ha celebrado aún ninguna vista previa –y parece que no comenzarán hasta finales de octubre o principios de noviembre–, sino que además no dispone aún de los medios necesarios para desarrollar el trabajo.

El máximo órgano de gobierno de los jueces señala que muchos de los juzgados especializados están “dictando ya sentencias, la mayoría por allanamiento de la parte demandada”, es decir, cuando la entidad bancaria acepta las pretensiones de los clientes, aunque en otros caso el juez ha entrado en el fondo del asunto al no producirse el acuerdo.
La presidenta del sector de Justicia del sindicato CSIF en Sevilla, Águila Fernández, recordó ayer que los medios con los que se ha dotado a este juzgado especializado son “insuficientes” y lamentó que el reparto de asuntos “no garantice que el ciudadano vaya a tener pronta respuesta a sus reclamaciones”.

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Otra imagen del juzgado sevillano.

El Consejo anuncia que en las próximas semanas mantendrá nuevas reuniones de coordinación con las administraciones –el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias de Justicia– para evaluar la marcha del plan y las posibles necesidades.

Esperemos que de esa reunión surja alguna medida para agilizar la tramitación de demandas en los juzgados que están colapsados, como el de Sevilla, que ya cuenta con dos jueces en prácticas pero cuya plantilla de funcionarios no está completa.

A ver si al final va a ocurrir como con el refuerzo de la Audiencia de Sevilla por los ERE, que en parte se ha hecho a costa de la pérdida de un juez que precisamente estaba reforzando los juzgados de lo Social y que solicitó esa vacante en la Audiencia.

Cambalache de jueces por los ERE

Jorge Muñoz | 14 de septiembre de 2017 a las 2:00

El presidente del TSJA, Lorenzo del Río.

El presidente del TSJA, Lorenzo del Río.

Al final ha sido como desnudar a un santo para vestir otro. La jurisdicción de lo Social de Sevilla, una de las más sobrecargadas, ha perdido desde el 1 de septiembre a una magistrada de refuerzo que ha solicitado destino en la Audiencia Provincial y que ha pasado a reforzar las secciones de lo Penal con motivo de la llegada de un aluvión de juicios derivados de las distintas macrocausas como la de los ERE o las ayudas de Invercaria.
La salida de esta juez llevó a la junta de jueces de lo Social a acordar el pasado 5 de julio la suspensión de todos los juicios que debía celebrar esta magistrada, que versan sobre despidos, demandas y otras reclamaciones laborales, hasta que se nombrara otro juez de refuerzo por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
La Sala de Gobierno del Alto Tribunal andaluz analizó el pasado martes este acuerdo y decidió rechazar la suspensión de los señalamientos asignados a la juez de refuerzo que ha solicitado su traslado a la Audiencia y que fue aprobada por dicha junta de jueces de lo Social. La Sala ha resuelto que los señalamientos programados para dicha juez de refuerzo sean asumidos por todos los titulares de los 11 juzgados de lo Social así como por los tres Jueces de Adscripción Territorial (JAT) restantes hasta que esa plaza de refuerzo pueda ser cubierta de nuevo.
El TSJA quiso destacar que la reducción en una plaza de refuerzo, desde el pasado 1 de septiembre, no obedece a una decisión unilateral alguna del presidente, Lorenzo del Río, sino que es fruto de la petición de traslado y resolución del “concursillo” entre los JAT destinados en este Alto Tribunal, que fue convocado, conforme a los criterios generales aprobados por esta Sala de Gobierno, para hacer efectivas las disposiciones del Reglamento 1/2016, de desarrollo del estatuto de los Jueces de adscripción territorial y los jueces en expectativa de destino, aprobado por Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de 24 de noviembre de 2016, en vigor desde el 26 de diciembre de 2016.
Asimismo, señala el acuerdo, “esta Sala de Gobierno es plenamente consciente de la sobrecarga de trabajo existente en la jurisdicción Social de Sevilla y de las medidas de refuerzo adoptadas hasta el momento, así como de la necesidad de su mantenimiento, asegurando que la coyuntural reducción del refuerzo existente será corregida en cuanto la dinámica reglamentaria de adscripción de los JAT lo haga posible”. En base a ello, la Sala de Gobierno ha acordado que tanto los tres actuales JAT de refuerzo como los titulares de la jurisdicción social “asuman un día de señalamientos más al mes cada uno de ellos, hasta cubrir una rotación completa, sin perjuicio de la posible reestructuración de agenda en base a las circunstancias específicas del juez encargado legalmente de la sustitución ese día concreto, sin que pueda acogerse una suspensión general e indiscriminada de los señalamientos asignados al cuarto JAT de refuerzo”.
En cualquier caso, la reducción de la cuarta plaza de refuerzo podrá solucionarse a finales del presente año, de forma que la misma será ofertada y cubierta su adscripción de nuevo en “concursillo” de Jueces de Adscripción Territorial, ya que al tratarse de un refuerzo no es posible la sustitución. Tan sólo puede ser ocupada de nuevo con dicho “concursillo” y conforme a lo previsto en el Reglamento de JAT al tratarse de un refuerzo y no de una vacante, aclara el TSJA.

Abogados y procuradores bajo sospecha

Jorge Muñoz | 10 de septiembre de 2017 a las 2:00

Foto Abogado-de-traje

 

Hacienda somos todos, incluidos los abogados y procuradores. La Agencia Tributaria ha situado en su punto de mira a estos colectivos profesionales, después de que haya solicitado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y se haya autorizado por el máximo órgano de gobierno de los jueces la cesión al departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de la información relativa a la participación de abogados y procuradores en “todos los procedimientos judiciales durante los años 2014, 2015 y 2016”.  Se trata de una medida indiscriminada que afecta a casi 23 millones de asuntos judiciales en los que han intervenido los más de 100.000 abogados y 10.000 procuradores que hay en España.
La medida no ha sentado nada bien entre los profesionales, cuyos colegios ya se han puesto a trabajar para recurrir la cesión de estos datos. Abogados y procuradores coinciden en que se siembran importantes sombras de dudas y sospechas de fraude fiscal sobre ambos colectivos.
Lo cierto es que tienen razón, en parte, porque esta actuación tributaria sitúa bajo sospecha a todo el colectivo. Pedir todas las intervenciones en los tribunales de los abogados y procuradores de toda España y de los últimos tres años, supone someter a una inspección a todos estos profesionales, hayan dado o no motivos a Hacienda para iniciar esa actuación inspectora ante un posible fraude. Otra cosa es que la Administración, en el ejercicio de sus competencias, pueda inspeccionar a ambos colectivos, como ocurre con el resto de los trabajadores y cotizantes.
El decano de los abogados de Sevilla y uno de los vicepresidentes del Consejo General de la Abogacía Española, José Joaquín Gallardo, considera que la solicitud por la Agencia Tributaria de toda la información judicial de los últimos tres años es “manifiestamente ilegal, por ser una solicitud de información de carácter masivo e indiscriminado”. Para Gallardo, no existe motivación que pueda justificar esa solicitud general, pues “sólo se puede requerir esa información cuando existan razones que la justifiquen respecto de concretos administrados”.
Además, el decano explica que así lo han declarado ya algunos Tribunales económico-administrativos en supuestos de “información masiva” solicitadas por la AEAT a Colegios de Abogados, y recuerda que el Consejo General de la Abogacía Española ya ha acordado recurrir ante el Tribunal Supremo la decisión de autorizar la cesión de toda esa información a la Agencia Tributaria y pedirá la suspensión de la efectividad de la autorización.
“Es jurídica y políticamente inadmisible que se señale a todo el colectivo profesional de la Abogacía española, compuesto por más de 100.000 letrados, como sospechoso de incumplir la legalidad fiscal y de ser defraudadores”, asevera José Joaquín Gallardo.
En la misma línea se pronuncia la decana de los procuradores de Sevilla, Isabel Escartín, quien señala que la decisión del CGPJ supone situar a dichos profesionales “bajo una sospecha generalizada y desmedida como defraudadores fiscales en ningún caso ajustada a la realidad, al atender los procuradores el cumplimiento de las obligaciones tributarias legalmente establecidas”.
Los profesionales de la procura, prosigue Escartín, “colaboran con el fisco español y no resulta justificado” lo que aparentemente se expresa como una acusación de incumplimiento en general. El acuerdo permite requerimientos avalándolos de manera que se realicen “careciendo de motivación suficiente” y sin la concreción exigida legalmente en otros supuestos semejantes de solicitud de información, como lo han sido a colegios profesionales, según las propias resoluciones de los tribunales económicos administrativos que los han resuelto en estos casos.
El Consejo General de Procuradores de España también estudia la presentación de un recurso y la solicitud de suspensión cautelar de la aplicación del citado acuerdo.
El conflicto se inició con la resolución del pasado 20 de julio de la Comisión Permanente del CGPJ, que decidió informar favorablemente a la petición de información de la Agencia Tributaria, en virtud de un informe del gabinete técnico de junio de este mismo año. El acuerdo del Consejo se ha comunicado al presidente de la Audiencia Nacional y de los tribunales superiores de Justicia para su “conocimiento y difusión entre los órganos judiciales” para que, “en atención a lo pedido por la AEAT, decidan sobre este requerimiento a la luz de las consideraciones recogidas” en el informe del gabinete técnico, en su condición de responsables de los ficheros jurisdiccionales.
El acuerdo se ha notificado además a los funcionarios de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) y también al Ministerio de Justicia y al resto de administraciones públicas competentes en la dotación de medios materiales a la Justicia, en este caso a la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, que son las encargadas del tratamiento de los datos personales de los ficheros jurisdiccionales.
El informe del gabinete técnico del CGPJ se mostró favorable a la cesión de la información requerida por el fisco, salvo en un punto relativo a la “identificación del cliente” de cada procedimiento judicial. A este respecto, advierte el CGPJ que “a menos que se acreditase su pertinencia y trascendencia tributaria por la requirente, la cesión de datos solicitada sólo debería referirse a los datos identificativos del procedimiento (número de autos y tipo de procedimiento) y de los abogados y procuradores que intervengan en el mismo”. La identificación del cliente “no parece ser relevante ni tener trascendencia tributaria respecto de las actuaciones de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que, según el requerimiento remitido, se contrae a la participación de abogados y procuradores en las actuaciones que tienen encomendadas, sin que se justifique ni motive en el requerimiento la necesidad de este dato personal ni la trascendencia o relevancia tributaria que pueda tener para las actuaciones referidas”.
En cambio, sí se facilitarán la identificación del abogado y procurado, la fecha de inicio de la intervención en cada procedimiento y el cese, en su caso así como el “importe del litigio”, todo ello relativo a los procedimientos de los últimos tres años.
El informe señala que la cesión de los datos no requiere el consentimiento del afectado y recuerda la “existencia de un deber de colaboración con la Administración Tributaria, que implica el deber de comunicación de los datos que revistan trascendencia tributaria y sean necesarios para el ejercicio por dicha Administración de las potestades que la ley le atribuye”.