El voto particular de Lorenzo del Río contra las Salas de lo Penal de Sevilla y Málaga

Jorge Muñoz | 28 de abril de 2017 a las 13:33

Este es el voto particular del presidente del TSJA, Lorenzo del Río, contra el acuerdo de la Sala de Gobierno para crear las salas de lo Penal desplazas en Sevilla y Málaga, y al que se adhirieron los magistrados María Luisa Martín Morales, Lourdes Molina García y José Luis López Fuentes. 

El presidente del TSJA, Lorenzo del Río.

El presidente del TSJA, Lorenzo del Río.

“El Real Decreto 229/2017, de 10 de marzo, dota de plazas de magistrados en órganos colegiados para hacer efectiva la segunda instancia penal, al tiempo que crea Secciones de Apelación Penal en los Tribunales Superiores de Justicia de Cataluña, de la Comunidad de Madrid y de Andalucía, Ceuta y Melilla. La especificidad, en este último caso, radica en crear dos Secciones, cuya sede y circunscripción territorial serán las propias de la Sala de lo Civil y Penal del TSJA, junto a la previsión que efectúa en su Preámbulo relativa a la posibilidad de que, una vez creadas las mismas, el Consejo General del Poder Judicial pueda acordar su desplazamiento a otra sede, a petición de la Sala de Gobierno y según lo establecido por el artículo 269.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio.

La Sala de Gobierno de este TSJA considera, y así lo ha acordado mayoritariamente, que deviene necesario desplazar la sede de ambas Secciones de apelación penal, de forma la dotación de 6 plazas de magistrado para el TSJA se distribuya inmediatamente de la siguiente forma: 3 plazas en Málaga y 3 plazas en Sevilla, constituyendo 2 Secciones desplazadas de apelación penal.

Entiendo, por el contrario, que no concurren circunstancias objetivas que justifiquen esta decisión en el momento presente, ni contribuye a una mejor administración de la justicia, sino que responde a lógicas e intereses de carácter territorial o local, más que a necesidades reales de organización judicial y optimización de recursos. Por ello, formulo voto particular al referido Acuerdo, que baso en las consideraciones siguientes:

PRIMERO.- Debo referirme, en primer lugar, a la base legal que posibilitaría la efectividad del Acuerdo adoptado por la Sala de Gobierno, y que el propio Real Decreto 229/2017 indica en su Preámbulo, cual es la disposición del artículo 269.2 LOPJ, cuya génesis y finalidad no parece obedecer a un desplazamiento de los Juzgados, o las Salas o Secciones de los Tribunales, con vocación de permanencia,

sino a la necesidad de dar respuesta a contingencias puntuales o específicas, con una mayor o menor duración en el tiempo, pero determinantes, en cualquier caso, de un desplazamiento no definitivo, aunque repetido periódicamente, e incluso esporádico.

Por otra parte, y esto me parece esencial destacarlo, al margen de la procedencia legal de acordar un desplazamiento de carácter permanente al amparo de este precepto, una decisión en ese sentido debe adoptarse en función de las circunstancias concurrentes o del buen servicio de la Administración de Justicia, pues constituye la premisa y punto de partida de los preceptos habilitadores. Pienso, como ya he apuntado, que en este momento sería una decisión prematura e injustificada, ya que ni las circunstancias concurrentes ni el buen servicio de la Administración de Justicia aconsejan tomar la decisión inmediata de desplazar la sede de las Secciones de apelación penal creadas en el seno de la Sala Civil y Penal del TSJA, por las razones que expongo seguidamente:

A) Hasta la fecha se han recibido en la Sala Civil y Penal cuatro recursos de apelación contra sentencias dictadas en primera instancia por Audiencias Provinciales, lo que denota que la entrada de asuntos va a producirse de forma progresiva, sin posibilidad inmediata de realizar una previsión cierta sobre el momento en que se alcanzará la carga de trabajo definitiva – o probable- en cada parte del ámbito territorial de este TSJ. Y no debe olvidarse que el artículo 76.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial condiciona el desplazamiento de la sede de las secciones de apelación a la necesidad derivada del número de asuntos, lo que no sucede en este momento, aún cuando pueda presumirse que sucederá. Esta propuesta no contradice el Acuerdo de esta Sala de Gobierno de 19 de abril de 2016 que no fue adoptado por unanimidad, sino por mayoría, y que, además, contemplaba y proponía un escenario diferente al que nos encontramos.

Por ello, la lógica aconseja que la efectividad y entrada en funcionamiento de las nuevas plazas de magistrados creadas por el Real Decreto 229/2017 se haga de forma escalonada, en función de la previsible entrada de asuntos y la propia evolución real de la carga de trabajo. En este sentido, lo conveniente o aconsejable sería constituir una primera Sección de apelación penal en el seno de la Sala Civil y Penal del TSJA, compuesta por un Presidente y dos Magistrados, sin llevar a cabo desplazamiento alguno de su sede, sin perjuicio de lo que pueda resultar conveniente en un futuro.

B) La inicial puesta en funcionamiento de las Secciones de apelación puede hacerse con recursos existentes en la sede del TSJA, ya que la actual Letrada de la Administración de Justicia de la Sala Civil y Penal puede asumir, conjuntamente, la responsabilidad de la Sección de apelación penal y el incremento de la nueva carga de trabajo, a lo sumo con un pequeño aumento de funcionarios. No sería necesario, por tanto, incrementar exponencialmente los recursos para constituir esas dos sedes desplazadas, ni crear dos nuevas Secretarías con funcionarios en las mismas, ni crear dos plazas de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) – uno para cada sede desplazada-. Además, la sede del Tribunal Superior cuenta ya con infraestructura disponible y preparada, en concreto varias dependencias sin uso, reservadas a tales fines por la Administración competente tras el traslado de la Fiscalía Superior.

C) El desplazamiento de sede inmediato de las dos Secciones de apelación penal constituirá un impedimento para la formación ordenada de un nuevo escalón intermedio de jurisprudencia penal, al disgregar territorialmente un órgano llamado a cumplir una función integradora y unificadora de criterios interpretativos de las normas penales, dada la actual configuración del recurso de casación penal.

D) Debe valorarse, además, que constituir la Sección de apelación penal en la propia sede del TSJA permite otras potencialidades organizativas, no sólo por las peculiaridades que presenta este Tribunal desde el plano gubernativo y jurisdiccional (con importante estadística en temas de arbitraje, jurado y aforados), sino también por la necesidad de formar Sala con Magistrados distintos al instructor y la problemática de las sustituciones internas por diversos motivos justificados (permisos, licencias, bajas por enfermedad, posibles abstenciones de los nuevos Magistrados, etc.), que obligan en la actualidad a recurrir siempre a Magistrados integrantes de la Sala de lo Social o de lo Contencioso; es más, todo ello será también importante tenerlo en cuenta ante lógicas situaciones de imposibilidad para formar Sala cuando los recursos provengan del previsible destino anterior en Audiencias Provinciales de los nuevos integrantes de las Secciones de apelación penal. Y, del mismo modo, cuando deban ser sustituidos ante cualquier tipo de contingencia que determine su ausencia, deberán serlo por Magistrados con destinos en las Salas de este TSJ, de la misma sede, pertenecientes a otros ordenes jurisdiccionales.

E) La distancia para el justiciable o los profesionales no es una circunstancia ni argumento que, en este caso, pueda justificar el desplazamiento de la sede de las Secciones de apelación, pues el recurso de apelación penal que se ha instaurado es de tramitación escrita. Todas las actuales competencias de la Sala Civil y Penal – jurado, arbitraje, procesos penales de aforados, etc.- recogen una regulación procedimental que exige desplazamiento de las partes y profesionales hasta la sede del TSJA y vistas orales obligatorias ante la Sala. Por el contrario, esto sólo ocurrirá excepcionalmente en la regulación procesal de la segunda instancia penal, conforme al artículo 846 ter, párrafo tercero, LECriminal, que remite a las normas del procedimiento abreviado, el cual tiene tramitación exclusivamente escrita, salvo los casos limitados de admisión de prueba que requieran celebración de vista. No sólo eso, sino que se han introducido modificaciones hacia un sistema de apelación más restrictivo, de forma que para las partes acusadoras únicamente cabe la nulidad de la sentencia y, en tal caso, se devolverán las actuaciones al órgano que dictó la resolución recurrida (art. 790.2.2).

En este contexto, tampoco es baladí recordar que las nuevas aplicaciones informáticas y el nivel que está alcanzando el desarrollo del expediente digital en la Comunidad Autónoma permite transferir electrónicamente los asuntos, lo que que no justifica en absoluto la decisión inmediata de duplicar sedes de apelación penal en otras ciudades, cuando todo el procedimiento se podrá remitir y consultar de manera telemática, al tiempo que no se exige desplazamiento de las partes ni de los Letrados ni Procuradores.

F) También debe recordarse la importancia de valorar la incidencia en la Fiscalía Superior de Andalucía, cuya sede coincide con la de este TSJA, que se verá afectada claramente con una dispersión territorial de sedes para la segunda instancia penal, cuando, por el contrario, sus actuales recursos unificados (personales y materiales) están perfectamente preparados y diseñados para el conocimiento de estos recursos de apelación penal en la sede de la Sala Civil y Penal, junto al resto de actuales funciones de esta misma Sala.

La materialización del Acuerdo adoptado por al Sala de Gobierno, obligará, por tanto, a plantear de la misma forma la dispersión de la Fiscalía Superior, con el coste económico correspondiente.

G) No considero que pueda anteponerse a los razonamientos hasta ahora expuestos, “la legítima expectativa profesional de aquellos magistrados destinados en lugares distantes a la sede de Granada que, por el contrario, están cercanos a las sedes de Málaga o de Sevilla” o “la propia existencia de otras salas del TSJ en las sedes de Málaga y de Sevilla”. En el primer caso, porque una expectativa, aunque sea legítima y, por tanto, respetable, no deja de ser eso, una expectativa, que además es de índole estrictamente personal y entiendo que una decisión de esta trascendencia sólo puede basarse en necesidades de buen gobierno y en aras a una mayor eficacia en la prestación del servicio. Además, la creación de esas expectativas necesariamente implica la frustración de otras.

Tampoco la existencia de Salas ya desplazadas en este TSJA es un argumento que pueda servir, a mi juicio, para sostener el Acuerdo adoptado, puesto que las circunstancias que ahora concurren en cuanto al volumen de asuntos a conocer en apelación en el orden penal, no resiste comparación alguna con la sobrecarga existente en el momento en que crean las Salas desplazadas de lo Social y de lo Contencioso Administrativo. En esos casos, el volumen de asuntos sí aconsejaba la creación de sedes desplazadas y un número considerable mayor de magistrados, y así se hizo, mediante la oportuna previsión en la Ley de Planta y Demarcación judicial. Por otra parte, no es previsible que el registro en las Secciones de apelación llegue a ser equiparable al de las Salas desplazadas.

SEGUNDO.- En segundo lugar, el Acuerdo adoptado por la Sala de Gobierno es contrario a las demandas organizativas que se vienen planteando desde los distintos órganos de gobierno del Poder Judicial y a las propuestas que, de lege ferenda, vienen siendo objeto de debate en los últimos tiempos y que, en general, reclaman un cambio profundo en la organización judicial para optimizar nuestros recursos personales, con el consiguiente cambio de mentalidades, abriendo otras perspectivas de futuro. En esta línea, las palabras clave son concentración y colegiación, frente a dispersión e individualidad. Así, todas las novedosas propuestas organizativas buscan superar la actual atomización de la organización judicial, en aras a aprovechar los actuales recursos personales y las infraestructuras judiciales, pero con mayor eficiencia y eficacia.

Precisamente, los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, en su reunión del año pasado, alcanzaron por unanimidad dos conclusiones en este sentido: a) “replantearse la actual distribución territorial de órganos judiciales, para ajustarla a una realidad en la que la proximidad física de los Juzgados a los ciudadanos ya no sea el criterios fundamental de planificación”, b) “necesidad de reformar la estructura organizativa judicial hacia una colegiación de los órganos jurisdiccionales unipersonales con el fin de mejorar la distribución del trabajo y compartir recursos e información, reduciendo así los costes”.

Y, en igual sentido y orientación, deben citarse las propuestas de las últimas Jornadas nacionales de Jueces Decanos: 1.d) “mapa judicial. Concentración territorial. Las dificultades derivadas de la distancia entre sedes judiciales hoy son muy diferentes de las existentes hace 200 años y ello requiere redistribuir el mapa judicial y concentrar sedes. En suma, el concepto de “proximidad judicial” tiene ya poco que ver con la distancia física…”, 1.e) “Organización de los tribunales. Colegiación organizativa. Como medida complementaria de la anterior, es necesario cambiar el sistema de organización interno de los órganos judiciales superando el concepto de Juzgado-isla separado y numerado y tender a la nueva organización que suponen los Tribunales Colegiados, ya existentes en otros países…”

Por tanto, la medida que estamos cuestionando -constitución inmediata de dos Secciones de apelación desplazadas en el ámbito del TSJA-, está en contradicción con el sentido de las reformas organizativas de nuestra justicia, a que aspiran la mayor parte de los colectivos jurídicos, y que confluyen en la necesaria concentración territorial y la colegiación de órganos judiciales, que permitirían incrementar nuestros niveles de eficacia y la mejor optimización de ciertos órganos.

TERCERO.- En resumen, entiendo, y así quiero manifestarlo en este Voto Particular, que el desplazamiento de la sede de las Secciones de apelación penal del TSJA que propone la Sala de Gobierno: a) responde a lógicas e intereses de carácter local o territorial, más que a necesidades reales de organización judicial y optimización de recursos; b) constituirá un impedimento para la formación ordenada de un nuevo escalón intermedio de jurisprudencia penal, al disgregar territorialmente un órgano llamado a cumplir una función integradora y unificadora de criterios interpretativos de las normas penales; c) supondrá un gasto innecesario de recursos económicos, materiales y personales; y d) en todo caso, es una decisión precipitada, no necesaria en el momento actual.

Además, no parece conveniente por el momento la división territorial, ni distribuir de inmediato en varias sedes la competencia para conocer de recursos de apelación penal, porque ello genera un riesgo cierto de aparición de desequilibrios competenciales y situaciones disfuncionales en la organización y funcionamiento antes comentadas (por ejemplo, formar Sala, reuniones para unificación de criterios y coordinación prácticas procesales, sustitución entre magistrados titulares, regulación magistrados suplentes, abstención y recusación, etc.), sin olvidar la difícil determinación a priori de los concretos ámbitos territoriales competenciales, dentro de la actual circunscripción de la Sala Civil y Penal de este Tribunal Superior de Justicia.

En definitiva, la medida más idónea y razonable con carácter inmediato sería la constitución de Secciones de apelación en el seno de la Sala Civil y Penal de este TSJA, sin desplazamiento de su sede, fórmula que garantiza una mejor eficiencia y gestión de recursos en el comienzo de estas nuevas funciones de apelación, asegurando una unidad de criterio y seguridad jurídica, así como también un equilibrio competencial en la distribución de asuntos.

Todo ello, sin perjuicio de que pueda valorarse de futuro la conveniencia de desplazar alguna o todas las secciones de apelación, siempre que ello se vislumbre como solución ante las circunstancias concurrentes o para la mejora de la administración de la justicia. Así, incluso, lo asume, con carácter general, el propio Real Decreto 229/2017, al establecer que, transcurridos dieciocho meses desde su entrada en vigor, el Ministerio de Justicia efectuará un análisis de la evolución real de las cargas de trabajo y de las necesidades judiciales existentes a fin de valorar la necesidad de acordar, en su caso y previo cumplimiento de los trámites que procedan, la dotación de nuevas plazas de magistrado en las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia o la creación de nuevas Secciones de Apelación Penal.

Particípese el presente Acuerdo, junto con el voto particular formulado, al Consejo General del Poder Judicial para su conocimiento y efectos procedentes”, concluye el dictamen de Lorenzo del Río.

Suspendido un cabo de la Guardia Civil por imputar a un fallecido una multa de tráfico suya

Jorge Muñoz | 27 de abril de 2017 a las 14:32

La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ha confirmado la sanción de un año de suspensión de empleo a un Cabo primero de la Guardia Civil destinado en la Unidad de Tráfico de Herrera de Pisuerga (Palencia) que accedió a las bases de datos del Instituto Armado para imputar a una persona fallecida en accidente de circulación la responsabilidad de una de las dos multas que le impusieron por conducir a velocidad excesiva -161 km/h- su vehículo habitual, según ha informado el Alto Tribunal.La sentencia considera probado que el sancionado, que estaba de baja por enfermedad cuando ocurrieron los hechos, cometió una falta muy grave consistente en el abuso de atribuciones que cause grave daño a los ciudadanos o a la Administración –artículo 7.7 de la LO 12/2007 del régimen disciplinario de la Guardia Civil-.

Falta cometida, explica la sentencia, al utilizar de forma “indebida o abusiva” las facultades que como miembro del Instituto Armado tenía conferidas y que “no le otorgaban un poder omnímodo tanto en la prestación del servicio como en la utilización, dentro o fuera de este, de los medios públicos que se habían puesto a su disposición exclusivamente para desempeñar su trabajo”.

El cabo sancionado no pagó dos multas de tráfico por exceso de velocidad que le pusieron el 1 de diciembre de 2008 y el 15 de agosto de 2010, cuando conducía el vehículo que utilizaba habitualmente, cuya titularidad era de su esposa. Tras recibir la notificación de la incoación del expediente sancionador, imputó la responsabilidad derivada de una de dichas infracciones – la cometida a las 12.22 horas del 15 de agosto de 2010 en el km. 175 de la A-66, en sentido León, por circular a 161 km/h- a una persona fallecida en accidente de circulación el 3 de septiembre de dicho año, tal y como él mismo averiguó accediendo de forma indebida a las bases de datos ARENA y SIGO. De ese modo, consiguió que la denuncia se archivara.

Para el Tribunal Supremo, las atribuciones que los miembros de la Guardia Civil tienen legalmente confiadas deben utilizarse para las funciones propias del servicio y no deben emplearse para otras finalidades, incluidas las particulares, y menos aún para evitar el normal funcionamiento de la Administración sancionadora haciendo posible, a través de un desviado ejercicio de aquellas atribuciones, la mendaz imputación a un fallecido en accidente de tráfico de una infracción, eludiendo que la multa llegara a hacerse efectiva, sobre su persona o cualquier otra, por archivo del expediente sancionador.

En esa línea, la Sala Quinta afirma que, pese a que estaba de baja para el servicio, se valió de su posibilidad de acceder, en varias ocasiones y en cuanto miembro del Instituto Armado destinado en el Destacamento de Tráfico de Herrera de Pisuerga, a los datos reservados que se encuentran registrados en dichas bases de datos, en concreto a datos de personas fallecidas en accidentes de tráfico, a pesar de no estar facultado para realizar esas consultas, ya que en las fechas en las que se realizaron no estaba de servicio de atestados al estar de baja por enfermedad, y además, lo hizo para beneficiarse él o beneficiar a otra persona.

“En aquellas situaciones usó mal, de manera excesiva, impropia o indebida, para beneficio propio o ajeno, las facultades o poderes que le correspondían como miembro de la Guardia Civil y, más en concreto, como integrante de un Destacamento de Tráfico”, subraya la sentencia.

La sentencia explica que es evidente el grave daño ocasionado tanto a la Administración –que sufrió el perjuicio derivado de la falta de abono de la multa cuyo pago eludió para sí o para su esposa- y, en concreto a la Guardia Civil –que con su comportamiento vio públicamente empañada su imagen y aquilatado su prestigio con una actuación y unas prácticas contrarias a los más elementales deberes de integridad y dignidad de informar, y generalmente informan, la conducta de los miembros del Instituto Armado-, como a unos ciudadanos, habida cuenta del innegable daño moral sufrido por los familiares, en particular los padres y hermana, del fallecido al que el sancionado imputó falsamente la infracción de tráfico, y que tuvieron que prestar declaración en el procedimiento sancionador.

El comportamiento sancionado, afirma la sentencia, “denota una extrema ausencia de fiabilidad, honradez y dignidad, pone en entredicho la confianza que la ciudadanía ha depositado secularmente en el Cuerpo de su pertenencia en razón del impecable comportamiento que, en su inmensa mayoría, han mantenido y mantienen sus integrantes y hace a su autor radicalmente incompatible con el desempeño de funciones públicas y, por ende, con la permanencia en la Guardia Civil”.

Por todo ello, la Sala de lo Militar desestima el recurso de casación interpuesto por el agente sancionado y confirma la sanción de un año de suspensión de empleo con los efectos previstos en el artículo 13 de la LO 12/2007 del régimen disciplinario de la Guardia Civil, salvo en lo que se refiere a la pérdida de su actual destino, y sin que pueda solicitar nuevo destino en la Agrupación de Tráfico o en la demarcación territorial del Subsector de Tráfico de Palencia durante dos años.

Sin embargo, sí modifica los hechos probados de la sentencia recurrida que refieren que el guardia civil imputó ante la Dirección General de Tráfico la responsabilidad de dos infracciones a personas fallecidas en accidentes de circulación y que las mismas se archivaron.

A este respecto, señala que de las pruebas existentes sólo está probado que actuó de ese modo en una de las dos multas –la cometida a las 12.22 horas del 15 de agosto de 2010, fecha en la que estaba libre de servicio, en el km. 175 de la A-66, en sentido León, por circular a 161/km/hora- y que ésta se archivó por la causa citada.

Lopera y el escáner

Jorge Muñoz | 23 de abril de 2017 a las 2:00

Lopera a su llegada a la Audiencia de Sevilla.

Lopera a su llegada a la Audiencia de Sevilla.

Decía en esta misma sección la semana pasada que el escáner y el arco detector de metales de los juzgados son la puerta de entrada a un mundo desconocido, lo que generaba que se produjeran numerosas escenas divertidas y anecdóticas. Esta semana se inició el juicio por el denominado caso Betis, la presunta apropiación indebida que se atribuye al que fuera mandatario bético Manuel Ruiz de Lopera, quien acudió a la Audiencia de Sevilla para asistir a la primera sesión del juicio, en la que se plantearon las cuestiones previas por parte de las defensas de los ocho procesados.
La llegada de Lopera a la sede de la Audiencia de Sevilla provocó una gran expectación mediática. Eran numerosos los periodistas, reporteros gráficos y cámaras de televisión los que aguardaban al ex dirigente verdiblanco. Tras pasar la barrera mediática, Lopera, que no era la primera vez que entraba en una sede judicial, se topó con el control de seguridad. Guardias civiles y vigilantes de seguridad, y cómo no, con el escáner y el arco detector de metales.
Lopera estaba haciendo cola, como los restantes ciudadanos, y cuando le llegó el turno, lanzó una pregunta a los funcionarios:
–¿Qué tengo que hacer para pasar?
–Suelte usted todo lo metálico que lleve encima: monedas, teléfono, reloj, … –respondieron los funcionarios.
Pero antes de que terminaran de repetir la retahíla de objetos que pueden hacer que el escáner pite –y que suelen pronunciar en numerosas ocasiones a lo largo de la mañana–, Lopera cogió y comenzó a quitarse la chaqueta con la intención de introducirla en el escáner.
–¡Don Manuel, no se quite usted la chaqueta! ¡Que lleva al Gran Poder, no vaya a meter al Señor por el escáner! –replicó el atento funcionario.
Y es que, como es habitual en el ex mandatario verdiblanco, esa mañana llevaba en las solapas de su chaqueta dos pines de sus dos grandes pasiones: el señor del Gran Poder y el Real Betis.
Lopera se echó a reír ante el comentario que le hizo el funcionario de la Audiencia de Sevilla, pero al final pasó la chaqueta –y con ella el pin del Gran Poder– por el escáner.
No cabe duda de que el ex dirigente del Betis es un personaje singular de Sevilla y del mundo del fútbol, que no deja indiferente a nadie. Lo mismo provoca simpatías que repulsas, pero de lo que no cabe duda es de su ingenio y chispa.
A su llegada a los juzgados y, probablemente desatendiendo las recomendaciones de su plantel de abogados del bufete Montero-Aramburu, Lopera no dudó en atender a la prensa.

Además se mostró “tranquilo” porque “no ha hecho nada malo”. Y luego, como no podía faltar, se encomendó de nuevo al Señor de Sevilla, tras recordar su actuación con el Betis en 1992. “Lo salvé de la muerte y encima me han correspondido con este castigo, pero Dios está arriba y no tengo nada que temer. Me he encomendado en este juicio a mi Gran Poder de mi alma, al que visito todas las semanas; también a mi Cautivo, que también lo visito todas las semanas, y a mi Macarena. Lo único que quiero, Padre Mío, es que digan la verdad… que Tú obres con la verdad”, aseveró el ex mandatario verdiblanco.
Todo esto en la primera sesión de un juicio que no ha hecho nada más que comenzar y del que se han programado 24 sesiones entre los meses de junio, julio, septiembre –para en agosto por las vacaciones– y octubre.
Todo apunta a que Lopera dará grandes tardes, o mañanas, en este juicio, en el que ya se aguarda con expectación el momento de su declaración, previsto inicialmente para el próximo 5 de junio, dado que ahora sólo se están tramitando las cuestiones previas al inicio de la vista oral. Y todavía, según algunos, habría incluso posibilidad para tratar de negociar un acuerdo in extremis con la Fiscalía y las acusaciones particulares que evite el proceso, aunque a priori parece imposible porque para ello Lopera tendría que reconocer la comisión de algún delito que hasta este momento ha venido negando con rotundidad. Aunque para eso está el aforismo que reza que más vale un mal acuerdo que un buen pleito.

 

VISTO PARA SENTENCIA

 

La juez Alaya respalda de nuevo a la UCO

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*La magistrada de la Audiencia de Sevilla Mercedes Alaya ha vuelto a respaldar la actuación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, con la que mantuvo una estrecha colaboración en su estapa de instructora de las macrocausas. Ahora en la Audiencia y apartada de los ERE y de los otros macroprocesos, la juez que ha sido designada como ponente para resolver los recursos en la investigación del concurso para la reapertura de la mina de Aznalcóllar, ha confirmado la decisión de la instructora de autorizar la entrega y volcado de miles de correos electrónicos de tres altos cargos y 12 funcionarios que intervinieron en el proceso administrativo. Para Alaya, en una postura secundada por otros tres magistrados de la Sala, la entrega de los correos no supone una investigación “prospectiva” ni indiscriminada, como habían denunciado las defensas. Aun así, veremos como estos correos van a ser una mina de información en manos de la UCO.

 

El caso de los ERE acumula ya 345 tomos

La juez María Núñez Bolaños

La juez María Núñez Bolaños

*La macrocausa de los ERE que ahora investiga la juez María Núñez Bolaños sigue sumando miles de folios por momentos. Esta misma semana, el juzgado ha abierto el tomo 345. Sí, no es una errata tipográfica. La macrocausa principal (las diligencias 174/2011) de la que se han ido separando las distintas piezas, una por cada una de las ayudas, tiene ya 345 tomos, lo que traducido en folios son decenas de miles.

El escáner

Jorge Muñoz | 16 de abril de 2017 a las 2:00

ESCANER JUZGADO

El escáner y el arco detector de metales suele ser el primer contacto de los ciudadanos con la Justicia. Son miles los que entran a diario en las sedes judiciales. El pórtico de acceso a un mundo desconocido que, para muchos, causa como mínimo incertidumbre, desazón y hasta en algunos casos una angustia kafkiana similar a la que José Luis López Vázquez mostró magistralmente en su interpretación en La cabina (Antonio Mercero, 1972).

Y el hecho de acceder a esos edificios, muchos todavía lúgubres, provocan un sinfín de situaciones anecdóticas, muchas de las cuales son del todo ciertas, verídicas –como diría aquél maestro del humor–, aunque parezcan en ocasiones increíbles. El desconocimiento, la incertidumbre y los nervios de entrar en ese otro mundo, hacen el resto.
Hace unos años trascendió el caso de una señora mayor que, cuando llegó por primera vez a un juzgado, fue recibida como sucede a diario por los agentes y vigilantes de seguridad que hay en las sedes judiciales. Estos le indicaron a la mujer que pasara “sus cosas” por el escáner. Y la mujer cumplió, vaya si cumplió. Cuando los vigilantes se dieron cuenta, la anciana estaba subida a cuatro patas sobre la cinta transportadora de la máquina y dispuesta para atravesar esas cortinillas de plástico que cubren el acceso a la misma.
–Señora….!!! Usted no…! Son sus pertenencias las que tiene que pasar por el escáner –exclamaron los vigilantes para evitar una desgracia mayor.
Todo quedó en un susto. Eso ocurrió ya hace unos años, cuando los ciudadanos estábamos menos acostumbrados a la presencia de los escáneres. Sin embargo, lo llamativo es que estos aparatos sigan siendo un caldo de cultivo para las situaciones divertidas. Y si no, sigan leyendo.
Hace unos meses, una mujer joven, de unos 20 años, llegó al viejo edificio de los juzgados del Prado de San Sebastián. Mujer joven y con minifalda ceñida. Y con un cinturón metálico, de esos que a simple vista se ve que van a hacer sonar la máquina.
Los vigilantes, como hacen con todos los ciudadanos que llegan a esta sede, le piden que se quite el cinturón antes de pasar por el arco detector de metales. Y es aquí cuando se produce la sorpresa. Sin dar tiempo de reacción a los vigilantes, la chica se desprende de la estrecha y muy corta minifalda –cinturón metálico incluido– y se queda con unas medias ligeras que mostraban toda su ropa interior y el color de la misma. Sin titubear, la joven pone la minifalda en la cinta del escáner y, una vez atravesada, vuelve a ponerse la ropa.
En este caso, la mujer fue tan rápida al quitarse la ropa, que los vigilantes no tuvieron tiempo de indicarle que no era necesario que se desnudara. Cuando estaban explicándole que debía de quitarse el cinturón, la chica ya se había quitado la minifalda a toda prisa. Visto y no visto.
A la chica no le resultó embarazoso quitarse la prenda, lo pasaron peor los vigilantes de los juzgados, entre los que hay hombres y mujeres, que se quedaron con la boca abierta por completo ante la reacción de la joven.
Algo parecido sucedió con otra mujer que llegó a los juzgados para hacer una gestión. En este caso, la sorpresa se produjo al decirle los vigilantes que colocara todos los objetos metálicos que llevara en una bandeja antes de pasar el arco detector. La mujer se dio la vuelta, colocándose de espaldas a los funcionarios y comenzó a manipular su vestido, a la altura del pecho.
Los agentes no sabían qué estaba haciendo la mujer hasta que comprobaron, al darse la vuelta, que se había arrancado literalmente los aros metálicos del sujetador que llevaba y los había puesto sobre la cinta del escáner. ¡Eso sí que es cumplir a rajatabla la orden de quitarse todos los objetos metálicos!
Pero aún hay más. Después de haber presenciado escenas como la descrita anteriormente puede decirse que los vigilantes de seguridad de los órganos judiciales están curados de espanto. O no.
Otra mujer llegó a una sede judicial y la historia parece repetirse. A la primera advertencia de que debe quitarse todos los objetos metálicos que lleve encima, la mujer informa los vigilantes.
–Llevo un DIU –comentó con absoluta normalidad la joven mientras se echaba mano a la portañuela de su pantalón….
–¡No por Dios! ¡No es necesario que muestre nada! Sólo llaves, reloj, etc. –se apresuraron los vigilantes a responder, sabedores por experiencia de que el público es capaz de cualquier cosa cuando se enfrentan al escáner de los juzgados.
Afortunadamente, la chica retiró la mano del pantalón y atendió el requerimiento de los agentes, que ya veían que la cosa podía desmadrarse. Éstas son sólo algunas de las situaciones divertidas que se producen a diario en nuestros juzgados y tribunales, y de la que son testigos directos los propios funcionarios.

 

VISTO PARA SENTENCIA

A vueltas con la procesión de la vagina

*La Audiencia de Sevilla ha reabierto recientemente la causa contra tres mujeres que intervinieron en la procesión de la vagina de plástico. La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha revocado el auto de archivo dictado por el juzgado de Instrucción número 10, al estimar el recurso de la asociación de Abogados Cristianos y entender que los hechos que ocurrieron en la manifestación del 1 de mayo de 2014 pueden constituir un delito contra los sentimientos religiosos. El magistrado ponente del recurso, Luis Gonzaga de Oro-Pulido, explica en el auto que no puede descartarse que los hechos integren este delito, porque la conducta de las tres investigadas “se realiza de palabra y con publicidad y, además, constituye un escarnio al dogma de la santidad y la virginidad de la Virgen María (profiriendo frases como ‘La Virgen María también abortaría’, llevando un palio con una imagen, de gran tamaño, del órgano genital femenino, con una especie de mantilla y corona, como si se tratara de la Virgen María, y usando oraciones como el Ave María, con expresiones de contenido sexual, soeces y ofensivas)”. El juez también aprecia una “mofa del rito religioso de las procesiones de Semana Santa; así como una vejación a quienes profesan la religión católica utilizando el Credo con expresiones de contenido sexual, vejatorias y humillantes”. Y todo ello, lleva al tribunal a afirmar que no se puede descartar la “intención de ofender los sentimientos religiosos de los católicos a la vista de la naturaleza y contenido de los actos realizados y a su contenido humillante e hiriente que hace difícil que no concurra ese ánimo de ofensa”.

Las sobrecomisiones, la pieza más numerosa
*La juez María Núñez Bolaños, que investiga el escándalo de los ERE, ha ampliado a 38 personas el número de imputados en la pieza separada relativa a las sobrecomisiones pagadas en las pólizas con las que se financiaban las ayudas para los trabajadores afectados por los ERE. De esta forma, la pieza de las sobrecomisiones se convierte en la más númerosa de todas las que están bajo investigación, superando incluso la del denominado “procedimiento específico”, en la que están procesadas 25 ex altos cargos, entre ellos los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Lo que aún no está claro es si la Audiencia de Sevilla dispone de una sala para albergar a un número de acusados tan elevado o si habrá que buscar una sede provisional en otro edificio.

 

El matrimonio de conveniencia no es delito si no hay ánimo de lucro ni falsedad documental

Jorge Muñoz | 12 de abril de 2017 a las 13:27

matrimonio

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha anulado la condena de 2 años de prisión que la Audiencia de Barcelona impuso a una pareja al considerar que se casaron por conveniencia (para lograr la legalización de la situación en España del hombre, de nacionalidad dominicana), y que por tanto su matrimonio era “mendaz” e “inexistente”, de lo que se derivaban delitos de falsedad y contra los derechos de los trabajadores extranjeros. El Supremo absuelve a los dos acusados de ambos delitos, y recuerda que el matrimonio de complacencia o conveniencia, de acuerdo a la legislación española, sólo puede acarrear sanciones administrativas o derivar en un ilícito civil pero no penal, si no media ánimo de lucro y no existe usurpación de estado civil o falsedad documental previa, ha informado el Alto Tribunal hoy.

En el caso examinado, la Audiencia de Barcelona condenó por delito continuado de falsedad documental y delito contra los derechos de los trabajadores extranjeros a una pareja, ella dominicana con DNI español, y él dominicano, que celebraron matrimonio religioso en España en julio de 2009, un enlace que, según los hechos probados en la sentencia de la Audiencia barcelonesa, fue “contraído de forma simulada y por lo tanto inexistente” con la única finalidad de legalizar la situación del hombre, e inscrito de forma “mendaz” en el Registro Civil.

La Audiencia explicaba que ambos hacían vidas separadas cada uno con su pareja verdadera y sus hijos respectivos, ella residiendo en Montcada i Reixach y él en Santa Coloma de Gramanet. El matrimonio de conveniencia habría servido además para las declaraciones realizadas en el expediente con el que obtuvieron las tarjetas de residente familiar comunitario de dos hijas del acusado, que habría intentado una gestión similar respecto a su padre.

El Supremo, en sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Andrés Palomo del Arco, destaca en primer lugar que la jurisdicción penal no tiene competencia para pronunciarse sobre la validez del matrimonio, por lo que la referencia de la Audiencia de Barcelona a que el citado enlace fue inexistente o nulo debe suprimirse. Para ello, la Ley requiere una previa declaración de nulidad dictada por un juez civil en sentencia firme, que no concurre en este caso, ni la inscripción registral recoge datos falsos o inauténticos, porque el acta matrimonial es genuina, su data correcta y recoge un acto (la ceremonia del matrimonio) objetivamente celebrado.

En cualquier caso, la sentencia indica que, de acuerdo a su jurisprudencia, los matrimonios de complacencia, los matrimonios interesados o los matrimonios de conveniencia no pueden dar lugar a delito de falsedad, ni en el celebrante ni en los contrayentes, aunque uno y otro conozcan y consientan las particularidades del acuerdo, del interés o de la ventaja que se quiere obtener con tal unión, pudiendo tratarse de un ilícito civil con consecuencias civiles y matrimoniales, mas nunca llegar a la incriminación de tal conducta en el contexto del Código Penal (sentencia 1004/1997, de 9 de julio).

Recoge la sentencia que de los varios centenares de matrimonios de complacencia de los que la Fiscalía especializada en extranjería tiene noticia cada año, salvo usurpación de estado civil o falsedad documental previa, ninguno origina diligencias penales por falsedad documental ideológica en el único sustento de ser el consentimiento otorgado por mera conveniencia o complacencia.

Sobre este mismo aspecto, recuerda además que la Circular de la Fiscalía General del Estado 1/2002, de 19 de febrero, sobre aspectos civiles, penales y contencioso-administrativos de la intervención del Fiscal en materia de extranjería, sólo contempla actuación del Ministerio Fiscal ante los matrimonios simulados en el ámbito civil, en forma preventiva y si ya se hubiese inscrito el matrimonio, a través del ejercicio de la acción de nulidad ante la jurisdicción civil. Sólo cabría la deducción de testimonio a un juzgado penal una vez hubiese sido declarada previamente la nulidad del matrimonio por simulación en el ámbito civil.

TAMPOCO DELITO DE MIGRACIÓN

En cuanto al delito contra el derecho de los trabajadores, el Supremo subraya que desde la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2015, la acusación que impute el delito del artículo 318 bis 1 del Código Penal habrá de identificar, no solamente la conducta probada, sino la concreta infracción administrativa y la razón por la que ésta adquiere relevancia penal más allá de una antijuridicidad meramente administrativa. Y en autos, ninguna entrada (o tránsito) ilegal se describe y en todo caso, dada la relación familiar directa, con finalidad exclusiva de reagrupación familiar, la hija de muy corta edad y el padre del coacusado, concurre de modo inequívoco la excusa absolutoria de ayuda humanitaria, que excluye la punibilidad. Tampoco existe el ánimo de lucro que exige el artículo 318 bis 2 cuando se da ayuda para permanecer en España.

La Sala añade que cuando el matrimonio de conveniencia o reconocimiento de un niño, con el fin de de obtener o hacer obtener un título de residencia, evitar la expulsión, de adquirir o hacer adquirir la nacionalidad, quiere sancionarse en todo caso, surge la necesidad de tipificarse específicamente, como ocurre en Francia, Bélgica o Portugal.

En España, indica el Supremo,“nuestro legislador ha optado por considerar ilícito administrativo, contraer matrimonio, simular relación afectiva análoga o constituirse en representante legal de un menor, cuando dichas conductas se realicen con ánimo de lucro o con el propósito de obtener indebidamente un derecho de residencia, siempre que tales hechos no constituyan delito, sancionado como infracción grave con multa de 501 hasta 10.000 euros, en adecuada proporcionalidad que solo deviene penalmente típico, cuando en la ayuda a permanecer en España, media ánimo de lucro”.

Más fricciones por los ERE

Jorge Muñoz | 11 de abril de 2017 a las 2:00

Juzgados del Prado Movida por el caso de los ERE  Habra que estar hasta las doce y algo para hacer varias cosas, incluido fotos a la juez Maria Nu?ez Bola?os para renovar el archivo

La juez María Núñez Bolaños sale de los juzgados de Sevilla.

El desencuentro cada vez más patente entre la juez de los ERE, María Núñez Bolaños, y los fiscales delegados de Anticorrupción, amenaza con convertirse en todo un culebrón. Y por capítulos. Si hace tan sólo unas semanas la Fiscalía Anticorrupción cargaba contra la instructora por usar argumentos sociales y “no jurídicos” a la hora de archivar la causa contra uno de los denominados intrusos, los representantes del Ministerio Público han vuelto a cuestionar una decisión de la instructora.
Esta nueva fricción se produce con motivo de una providencia dictada por la juez Bolaños el pasado 30 de marzo, en la que solicitaba a la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla que remitiera una “copia testimoniada” de todas las resoluciones que se dicten en relación con los recursos presentados en la denominada “pieza política” de los ERE, en la que se investiga el procedimiento específico que se implantó para la tramitación de las ayudas bajo sospecha y en la que están procesados los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán junto a otros 23 ex altos cargos de la administración autonómica.
En esa providencia, la juez motivaba la petición a la Audiencia de la entrega de esas resoluciones en tanto que “puedan afectar al curso del presente procedimiento”, en referencia a las diligencias 174/11, la causa matriz de los ERE de la que se han ido desgajando las diferentes piezas separadas para su enjuiciamiento por la Audiencia de Sevilla.
En el escrito presentado el pasado 5 de abril en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, los fiscales Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra plantean una aclaración a la magistrada.
En concreto, la Fiscalía “interesa que para un mejor entendimiento para todas las partes de los resuelto por la magistrada instructora se aclare el alcance de la afección que el dictado de resoluciones resolviendo recursos dictados” en las diligencias del procedimiento específico –“seguidas por hechos distintos, desgajados, de las presentes diligencias previas”–, puedan “tener sobre los hechos que aún siguen siendo objeto de las presentes”. Es decir, que los representantes del Ministerio Público no entienden la petición de la juez.
La respuesta de María Núñez Bolaños no se ha hecho esperar y, en otra providencia que ahora ha sido notificada, la instructora ha zanjado la cuestión al afirmar que la petición de que se le envíe una copia de los recursos “viene justificada por considerarlo útil e ilustrativo a la presente causa”.
No sabemos qué hará ahora la Fiscalía, si dará un paso más y recurrirá la providencia a la Audiencia, pero lo que sí evidencia este nuevo cruce de escritos es que las relaciones entre la instructora de la macrocausa y los fiscales del caso no parece que tiendan a normalizarse, sino todo lo contrario. El rifirrafe entre los fiscales y la juez continúa.

El agente fallecido

Jorge Muñoz | 9 de abril de 2017 a las 2:00

fotos de policias locales

Es la tabla de salvación de muchos imputados o ahora llamados investigados. No hay nada como un fallecido en una causa judicial como para aclarar las ideas del resto de investigados y centrar todas las sospechas y la comisión de los delitos en el muerto, quien evidentemente ya no puede ser juzgado ni puede defenderse de los ataques de los vivos, aunque tampoco es que le vaya a importar mucho a estas alturas. Tanta paz lleves como descanso dejas, como diría alguno. La historia judicial está repleta de antecedentes de “culpar al muerto”, como ocurrió en el denominado caso Ollero y el cobro de comisiones por las obras públicas en maletines (antes no se usaban tanto los paraísos fiscales y las cuentas opacas en bancos internacionales, sino que se recurría al metálico).
Algo parecido ha ocurrido con el sumario en torno a la trama para el cobro de tasas ilegales relacionadas con los transportes especiales y para la retirada de multas a cambio de dinero. En octubre del año pasado, la juez de Instrucción número 8 de Sevilla, Reyes Flores, decidió dar carpetazo a esta investigación que se inició en 2010 y en la que figuraban como imputadas 17 personas, de las cuales 12 son policías locales (dos subinspectores, un subinspector ya jubilado, y nueve agentes, ente ellos, uno jubilado) que pertenecen o habían pertenecido a la unidad de Tráfico-Motoristas, mientras que las otras cinco son un tramitador de documentos administrativos y cuatro trabajadores de las empresas de grúas.
En esta investigación había otro policía local más imputado, pero falleció durante la instrucción, al igual que le ocurrió a la magistrada que entonces dirigía el juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla, lo que ralentizó aún más esta investigación que data de 2010.
La muerte del “cabecilla” de la trama, según explicó en su momento la instructora, fue uno de los elementos que determinaron el sobreseimiento de la causa.
Pero la Fiscalía de Sevilla recurrió este archivo considerando que al menos en la cuestión de los servicios especiales y las tasas no cobradas por el Ayuntamiento –quien por cierto dio por bueno el archivo de la causa–, sí se había cometido un delito de cohecho.
La juez Reyes Flores ha vuelto ahora a dictar un auto, en el que rechaza el recurso de reforma del Ministerio Fiscal y confirma el archivo de la causa porque, sostiene, “no se derivan de la instrucción practicada indicios suficientes” del delito de cohecho imputado a los policías y a las persona físicas.
Dice la instructora que la conducta que “más claramente resultaba, en la investigación policial, encuadrable en su caso” en la figura del cohecho es precisamente la del agente fallecido, “que pudiera entenderse que recibía dinero a cambio de realizar trabajos no sólo en su horario de descanso, para la empresa Grúas Lozano, sino que incluso convencía o presionaba a otros agentes para que le prestasen auxilio”.
La magistrada recuerda que “no se ha podido completar la instrucción a este respecto, dado el fallecimiento del mismo, sin que puedan determinarse hechos concretos, actuaciones con tales componentes objetivos y subjetivos, que sirvan de base a la formalización de una imputación para la continuación del procedimiento”.
En el auto, recuerda la declaración de varios de los imputados, como un gestor que afirmó que la expresión relativa a que se repartían el dinero entre los agentes “era una broma” y que la multa de la que hablaban no fue finalmente recurrida.
Otro de los agentes imputados declaró que nunca tuvo ninguna comunicación verbal ni por escrito de ningún agente por las presuntas irregularidades en el tema de las multas, si bien reconoció que cuando otro policía denunció la pérdida de algunas denuncias, “él puso orden pasando todas las denuncias de la oficina a un cajón con llave de su despacho” y asegurando que finalmente se tramitaron “todas”.
Los testigos, prosigue la juez, únicamente refieren “elementos indiciarios en cuanto a las noticias de que desaparecían boletines de denuncia, que alguno de ellos lo comunicó a los mandos y que se adoptaron medidas, mas no introducen elemento alguno relativo a la autoría de tales hechos”.
Sobre la aplicación de la ordenanza fiscal por servicios especiales, en cortes de calles y acompañamientos de transportes especiales, que se tramitaban mediante los papeles de pago de tasa que se gestionaban en la propia unidad de Tráfico o a través de valoraciones emitidas por la unidad de operaciones, la juez recuerda que el agente encargado de efectuar la liquidación de esos pagos declaró que fue el policía fallecido “quien elaboró e imprimió los nuevos modelos para el cobro de tasa” y añadió que dicha liquidación la podía hacer cualquiera cuando él estaba fuera de la oficina.
Otro agente negó que trabajara para el agente difunto, “de quien sabía que trabajaba para Grúas Lozano, ignorando que su actuación fuese irregular”. También alude la juez al gerente de la empresa de grúas, quien dijo que el fallecido trabajaba en la entidad “antes de llegar él y era este agente quien hizo constar los conceptos de gratificaciones a cobrar que se incluían en consecuencia por su empresa en los costes presupuestados”.
Otro policía reconoció haber prestado servicios encargados por el difunto, pero alegó que desconocía que fuesen “incompatibles con su labor profesional” y añadió que a veces recibió del mimo pequeñas cantidades, de unos “30 o 40 euros”, pero lo hizo “siempre sin uniforme y en su tiempo libre”, algo que en lo que también coincidieron otros dos imputados.
Y otro de los agentes aseguró que fue él quien elaboró una propuesta de protocolo para unificar los acompañamientos de transportes especiales, que se aplica desde enero de 2008, aunque no con referencia al pago de las tasas.
En el anterior auto, el dictado en octubre pasado, la juez explicó que aunque la “prolija investigación” realizada por el extinto Grupo Especial de Policía Local (Gepol) arrojó “indicios aislados, hechos concretos y noticias sobre posibles actuaciones de los agentes implicados a cambio de dinero, no ha podido precisarse transacción económica o entrega alguna; quizás esencialmente motivado por el fallecimiento del principal encausado, a cuyas órdenes e incluso bajo cuya presión, actuaban en su caso los agentes imputados”.
Lo dicho. No hay nada que no pueda arreglar en una investigación un imputado fallecido…

El Supremo rechaza revisar las sentencias firmes dictadas antes de la doctrina europea de las cláusulas suelo

Jorge Muñoz | 5 de abril de 2017 a las 12:38

clausulasuelo

La Sala Primera del Tribunal Supremo, en un auto del que ha sido ponente el magistrado Rafael Sarazá Jimena, ha inadmitido a trámite una demanda que pretendía revisar la sentencia firme dictada por el Juzgado de 1a Instancia número 1 de Torremolinos (Málaga) en octubre de 2016, según ha informado hoy el Alto Tribunal.

Los demandantes alegaban que la sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de diciembre de 2016, sobre los efectos restitutorios de la nulidad de la «cláusula suelo», es un documento que debe permitir la revisión de la sentencia firme anterior en la que solo se condenó a la restitución de lo indebidamente pagado tras la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013.

No es la primera vez que se plantea la cuestión de los efectos que produce una sentencia del TJUE sobre las sentencias firmes anteriores de los tribunales nacionales, pero sí es la primera vez que se ha planteado con relación a los efectos restitutorios de la nulidad de una cláusula suelo.

El tribunal ha considerado que, de acuerdo con su jurisprudencia, no es posible obtener la revisión de una sentencia firme por el hecho de que una sentencia posterior establezca una jurisprudencia que sea incompatible con los argumentos que fundamentan el fallo de la sentencia anterior. Esa sentencia posterior no es un «documento» a efectos de lo previsto en la regulación de las demandas de revisión en la Ley de Enjuiciamiento Civil, precisa el fallo.

Por otro lado, nuestro ordenamiento jurídico preserva la firmeza de las sentencias frente a modificaciones posteriores de la jurisprudencia, adoptadas por propia iniciativa del Tribunal Supremo o impuestas por la doctrina sentada en las resoluciones del Tribunal Constitucional, y sólo permite, tras la reciente reforma de la Ley Orgánica 7/2015, la revisión de una sentencia civil firme en ciertos casos excepcionales cuando una sentencia del TEDH declare que dicha sentencia ha sido dictada en violación de alguno de los derechos reconocidos en el CEDH.

El tribunal ha aplicado la jurisprudencia del TJUE, que ha reconocido la importancia del principio de cosa juzgada tanto en el ordenamiento jurídico de la Unión como en los ordenamientos jurídicos nacionales, pues garantiza tanto la estabilidad del Derecho y de las relaciones jurídicas como la recta administración de la justicia. La aplicación de los principios de efectividad y equivalencia no determina en estos casos la revisión de las sentencias firmes por el hecho de que con posterioridad se haya dictado una sentencia por el TJUE que siente una doctrina incompatible con la de la sentencia firme del tribunal nacional.

Las mujeres son ya el 64% de los jueces de menos de 50 años

Jorge Muñoz | 4 de abril de 2017 a las 17:01

Caso Mercasevilla  Audiencia de Sevilla Declara Antonio Rodrigo Torrijos y compa?ia

Una juez celebra un juicio en un juzgado de lo Penal de Sevilla.

En el tramo de edad de entre 51 y 72 años, sin embargo, más del 60 % de los miembros de la Carrera Judicial son hombres. Esta circunstancia se refleja en la composición de los distintos órganos judiciales: las mujeres son mayoría en los unipersonales y los hombres en los colegiados. Las mujeres suponen la mayoría de la planta judicial en trece de las diecisiete Comunidades Autónomas. En el País Vasco representan el 60,8 % del total de jueces y magistrados, según ha informado hoy el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Las mujeres representan ya el 64 por ciento de los jueces y magistrados en activo menores de 50 años, mientras que la situación se invierte en el tramo de edad comprendido entre los 51 y los 72 años, en el que más del 60 por ciento de los miembros de la Carrera Judicial son hombres.

Así lo revelan los datos recogidos en el informe sobre la estructura de la Carrera Judicial a 1 de enero de 2017 elaborado por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, en el que se hace un estudio demográfico de los 5.637 jueces y magistrados en activo, de los que 2.540 son hombres –el 47,3 por ciento- y 2.827 mujeres –el 52,7 por ciento-.

Cuando el análisis se hace por tramos de edad, sin embargo, esa situación de casi equilibrio entre los dos sexos desaparece: entre los 2.911 jueces y magistrados de menos de 50 años hay 1.853 mujeres –es decir, el 63,7 por ciento- y 1.058 hombres –el 36,3 por ciento-.

Lo contrario sucede entre los 2.456 miembros de la Carrera Judicial que tienen entre 51 y 72 años –la edad máxima de jubilación-, ya que aquí los 1.482 varones suponen el 60,3 por ciento, frente al 39,7 por ciento que representan las 974 mujeres.

Esta circunstancia tiene su reflejo en la composición de los distintos órganos judiciales: en los colegiados, como las Audiencias Provinciales o los Tribunales Superiores de Justicia -a los que se accede más tarde, una vez avanzada la carrera profesional-, el porcentaje de mujeres es del 37,7 por ciento y del 36 por ciento, respectivamente.

Así, de los 945 magistrados destinados en Audiencias Provinciales, 589 son hombres y 356 mujeres, aunque en algunos territorios estas últimas ya son mayoría: sucede en la de Illes Balears o en el conjunto de las del País Vasco.

Mientras tanto, de los 490 magistrados que integran los diecisiete Tribunales Superiores de Justicia, 313 son hombres y 177 mujeres. Ya hay un Tribunal Superior, el de Cantabria, donde éstas son mayoría; mientras que en las Comunidades Autónomas de Canarias, la Comunidad Valenciana, Madrid y La Rioja el reparto es casi paritario.

El porcentaje de mujeres es muy similar en otro órgano colegiado como la Audiencia Nacional: el 37,1 por ciento. Esa cifra baja hasta el 13,9 por ciento en el Tribunal Supremo, donde la media de edad de sus miembros es de 63,5 años. Once de los 78 magistrados del alto tribunal son mujeres, tras la incorporación el pasado 8 de marzo de María de los Ángeles Parra a la Sala Primera.

La media de edad de los magistrados destinados en las Audiencias Provinciales es de 57,2 años; y la de los que sirven en Tribunales Superiores de Justicia de 58 años. Todavía un poco más alta -59,3 años- es la de los magistrados de la Audiencia Nacional.

La situación es la contraria en lo que se refiere a los órganos unipersonales: las mujeres son mayoría en todos ellos, salvo en los Juzgados de lo Mercantil y en los de lo Contencioso-Administrativo, donde suponen el 32,8 por ciento y el 43 por ciento, respectivamente.

El porcentaje más alto de representación femenina se da en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer (69,2 %), y también es superior al 60 por ciento en los Juzgados de lo Penal, de Menores, de Primera Instancia e Instrucción y de Primera Instancia. En otros órganos, como los Juzgados de lo Social, los de Vigilancia Penitenciaria y los de Instrucción, las mujeres suponen más de la mitad de los jueces y magistrados destinados en ellos.

El País Vasco, la Comunidad Autónoma con más juezas

Las mujeres también suponen la mayoría de la planta judicial en trece de las diecisiete Comunidades Autónomas. Solo en las de Aragón, Castilla y León, Murcia y Navarra el porcentaje de hombres supera el 50 por ciento.

En el País Vasco, las juezas y magistradas representan el 60,8 por ciento de los miembros de la Carrera Judicial destinados en el territorio. Le siguen Galicia (57,4 %), La Rioja (56,8 %), la Comunidad de Madrid (56,3 %) y Cataluña (56 %).

El informe publicado por la Sección de Estadística permite también saber que, de media, los jueces españoles tienen 49 años de edad y 18 años de antigüedad en la Carrera Judicial.

Por Comunidades Autónomas, los jueces más jóvenes son los destinados en Canarias, donde la media de edad es de 45,7 años. Le siguen de cerca Extremadura (46 años) y Castilla-La Mancha (46,2 años). En el otro extremo se sitúan los jueces y magistrados de Madrid (52,8 años de media), Aragón (51,9) y Navarra (51,1).

En cuanto a la antigüedad en la Carrera Judicial, los más experimentados son los de Aragón (22,8 años de media), seguidos por los de Madrid (21,7) y Navarra (20,5). Mientras tanto, la media de antigüedad en Canarias es de 14,4 años; en Castilla-La Mancha de 14,6 y en Cataluña de 14,9 años.

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Sentido común

Jorge Muñoz | 2 de abril de 2017 a las 2:00

Juzgados del Prado Movida por el caso de los ERE  Habra que estar hasta las doce y algo para hacer varias cosas, incluido fotos a la juez Maria Nu?ez Bola?os para renovar el archivo

Es un argumento que muchos fiscales y abogados utilizan cuando se tienen que enfrentar a un juicio con jurado, en el que los ciudadanos adquieren una activa participación en la Administración de Justicia y se convierten en auténticos “jueces” que emiten un veredicto que luego un magistrado plasmará en una sentencia.
Para tranquilizar a los miembros del jurado, los fiscales y abogados suelen recordar a estas personas que no es necesario tener conocimientos de Derecho para ejercer su labor como miembros de un tribunal popular. Sólo les piden que estén atentos a todo cuanto se diga en el juicio, desde la declaración del acusado, pasando por el testimonio que puedan aportar los testigos, los dictámenes de los peritos, así como a los documentos escritos que se sometan a su consideración. Y también les piden otra cuestión que estiman trascendental: que apliquen el sentido común en relación a los hechos que se someten a juicio.
Y es que los jueces, además de estar sometidos al imperio de la ley, también están sujetos al sentido común, que según el dicho popular es el menos común de los sentidos.
Dicen que los jueces hablan –deben hacerlo o sería deseable que lo hicieran– a través de su autos y sentencias, pero en muchas ocasiones se ha criticado precisamente que usan un lenguaje tan excesivamente técnico y retorcido, a base de ir encadenando oraciones subordinadas una tras otra, que al final el sufrido lector piensa que está reviviendo aquel célebre diálogo de los hermanos Marx de “la parte contratante de la primera parte….”
Por eso, cuando un juez habla alto y claro, con un lenguaje comprensible, es de agradecer. Y esto es lo que parece que puede observarse en las últimas resoluciones dictadas por la juez María Núñez Bolaños, que parece que se está gustando en sus autos de las macrocausas, donde está comenzando a hacer reflexiones plagadas de sentido común y que pueden resultar de interés para los ciudadanos.
Hace no mucho comentaba precisamente las afirmaciones que hizo la magistrada de los ERE y de los cursos de formación respecto a que “los jueces no trabajan con papel, sino con personas”, comentando cómo detrás de cada sumario o expediente judicial hay personas o familias, por lo que criticaba que algunas de las partes personadas utilizaran “maniobras para dilatar o mantener vivo un procedimiento sin ni siquiera discutir o rebatir los argumentos jurídicos de fondo expuestos en la resolución recurrida”.
Antes había criticado en otro auto –en la investigación abierta por los avales y préstamos concedidos por la agencia Idea– las macrocausas que empiezan “la casa por el tejado” y en esta misma resolución rechazó las “peticiones genéricas” de la Fiscalía Anticorrupción y de la acusación popular que ejerce el PP que, a su juicio, no hacían “sino crear mayor complejidad innecesaria en una causa ya de considerable entidad”.
Y en otro auto más reciente todavía, la juez criticó, a la hora de archivar la causa contra cuatro investigados por una pieza de los ERE –entre ellos uno de los denominados intrusos–, que esas personas han sido tratadas como “delincuentes” cuando en realidad pueden ser consideradas como “víctimas de una macrocausa”.
Estas reflexiones, plasmadas en negro sobre blanco en un auto, no han sentado bien a los fiscales delegados de Anticorrupción, quienes esta semana han cargado contra la instructora por usar en sus resoluciones argumentos que tildan de “no jurídicos”.
Los fiscales han recurrido ante la Audiencia de Sevilla el auto de archivo de la juez y en su escrito dedican una reflexión a la prosa de Bolaños, al afirmar que “lamentan” la inclusión dentro de uno de los fundamentos de derecho y “por tanto como apoyo argumental” a la decisión de la instructora de acordar el sobreseimiento, de unas “manifestaciones que por carecer de naturaleza jurídica, no pueden ser objeto de discusión en este recurso, que por ley debe ceñirse a la confrontación jurídica de la cuestión litigiosa”.
Los representantes del Ministerio Público añaden que al tratarse de un recurso que presentan dentro de la causa no pueden caer en la “exposición como apoyo de nuestros argumentos de consideraciones sociales, más o menos afortunadas”.
La verdad es que esta última parte de la reflexión de los fiscales no acaba de entenderse bien. Para empezar, no tengo muy claro que las consideraciones que hace Bolaños sean de índole social –como sostienen los fiscales–, pero es que aunque lo fueran de lo que no cabe duda es que resultan de interés para tratar de transmitir a la opinión pública cuáles son los motivos por los que la juez ha decidido archivar la causa contra estas cuatro personas. Daño desde luego no hacen esos comentarios.
Quizás la Fiscalía está criticando de la juez aquello que precisamente debería hacer si quiere que su mensaje llegue a la sociedad de la forma más clara y eficaz posible. Evidentemente un auto de un juez o un recurso de un fiscal tienen que partir de una base y de una argumentación jurídica, pero eso no quita que los representantes del Ministerio Público expliquen su postura recurriendo a reflexiones como las que por ejemplo utiliza Bolaños en sus autos.
Sería un auténtico avance porque, y lo digo con todo cariño, hay determinados escritos de la Fiscalía que son tan eminentemente técnicos que sólo resultan al alcance de los profesionales del Derecho.
En cualquier caso, las críticas de los fiscales de Anticorrupción a la magistrada de los ERE lo que ponen de manifiesto es que, una vez más, las relaciones entre la juez y los representantes del Ministerio Público no pasan por su mejor momento. Si en alguna ocasión las mismas pudieron ser fluidas, algo que tampoco parece claro a primera vista, estos rifirrafes contribuyen a tensar más aún las relaciones.
Ya no se trata de que la Fiscalía, en el ejercicio de sus funciones y según sus criterios, no esté de acuerdo con las decisiones de la magistrada y decida recurrirlas, sino de que esta acción jurídica pase a segundo plano por las formas que se emplean en el recurso. A buen seguro de que los fiscales delegados de Anticorrupción también lamentan algunas de las interpretaciones de este artículo. Lo bueno, en mi caso, es que contra este artículo no caben recursos ante la Audiencia.