La reelección del magistrado 123

Jorge Muñoz | 1 de noviembre de 2015 a las 6:00

El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, atiende a los medios junto al presidente del TSJA, Lorenzo del R’o, antes de intervenir en el Pleno de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc’a (TSJA) para hacer balance de la gesti—n realizada por su departamento y avanzar los proyectos que se impulsar‡n en 2015.Lorenzo del Río se ganó su reelección al frente del TSJAcon la solución final dada al caso Alaya, al proponer al CGPJ la expulsión de esta magistrada de la investigación de las macrocausas por sus críticas y su “falta de voluntad” para colaborar con la nueva titular del juzgado. Lorenzo del Río ocupa el puesto 123 en el escalafón general de la carrera judicial –cerrado a 31 de enero de 2013– y que está integrada por 5.171 jueces. El magistrado, que ingresó en la judicatura en 1980, ha anunciado recientemente que aspirará al nuevo mandato en la presidencia del TSJA, a la que llegó en el año 2010 tras haber presidido durante doce años la Audiencia Provincial de Cádiz.
Su reelección está garantizada tras la gestión del caso Alaya, si bien es cierto que tradicionalmente en el Consejo General del Poder Judicial es una práctica casi automática una segunda renovación del mandato al frente de los tribunales superiores de Justicia. De hecho, la única excepción que se ha producido a esta norma no escrita en los últimos años se produjo con la que fuera presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, María Eugenia Alegret, que únicamente estuvo un mandado al frente de este órgano, siendo sustituida por Miguel Ángel Gimeno, que ahora opta al segundo mandato. En el resto de los casos, siempre se ha impuesto la renovación de los presidentes.
En cualquier caso, Del Río facilitó a Carlos Lesmes la salida de Mercedes Alaya de las macrocausas, un asunto que, de haberse mantenido la postura inicial de dejar a esta juez con los ERE, podría haberle causado más de un quebradero de cabeza, porque la juez María Núñez Bolaños no estaba dispuesta a ceder ni un ápice en sus prerrogativas como titular del juzgado para asumir la dirección de la investigación de las macrocausas. Hay quien apunta incluso a que María Núñez Bolaños hubiese estado dispuesta, llegado el caso, a recurrir en la vía jurisdiccional una posible imposición de Alaya en alguna de las macrocausas.
Pero al final no hizo falta medidas tan drásticas. Después de que tanto el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía como el Consejo General del Poder Judicial marearan durante semanas la cuestión sobre la continuidad de Mercedes Alaya –que había pedido continuar la instrucción de todas las macrocausas sin tener en cuenta que la juez María Núñez Bolaños es la nueva responsable de estas investigaciones–, Lorenzo del Río logró convencer a la comisión de la Sala de Gobierno de la necesidad de pasar página y dejar fuera a Alaya. La salida de la juez no era fácil. La Comisión está integrada por siete magistrados de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que anteriormente ya se habían posicionado a favor de la anterior titular del juzgado, a la que confiaron la instrucción de los ERE y del delito societario de Mercasevilla antes de que María Núñez Bolaños decidiera dividir la macrocausa en tres grandes bloques de piezas separadas.
La ambición de Alaya por mantener a toda costa la instrucción de las tres macrocausas –además de los ERE siguen en investigación la causa abierta por las irregularidades en los cursos de formación financiados con fondos públicos y el sumario de los préstamos y avales de la agencia Idea– fueron determinantes para que el TSJA decidiera apartarla de estas investigaciones y revocara su acuerdo inicial. La Comisión del TSJApropuso la supresión de la comisión de servicio concedía en su momento a Alaya –que tenía incluso un despacho preparado para su llegada en la tercera planta del edificio del Prado– para evitar “un escenario en el que surjan situaciones de conflictos” entre Bolaños y Alaya, una vez que se constató que esta última, en el escrito que remitió al propio CGPJ criticando con dureza a la nueva titular, “ha exteriorizado tanto su discrepancia con los términos de la comisión de servicio como su falta de voluntad de colaboración y entendimiento con la actual titular, cuestionando su idoneidad e independencia”.
Lorenzo del Río fue tremendamente paciente con Alaya, incluso cuando ésta se quitó de encima a la juez de refuerzo Ana Rosa Curra –en un caso parecido a lo que le ha sucedido ahora a Alaya– y sobre todo cuando le prometió, en mayo de 2013 tras su baja por enfermedad, que cerraría una de las macrocausas antes de que acabara ese verano. Algo que, evidentemente, no se produjo, porque Alaya sólo ha cerrado tres causas en siete años y ha dejado abiertas otras tres macrocausas al marcharse voluntariamente a la Audiencia de Sevilla.

Primera condena de cárcel por emisiones ilegales con efecto invernadero

Jorge Muñoz | 29 de octubre de 2015 a las 17:06

La Sala II del Tribunal Supremo ha condenado a 2 años y medio de cárcel por delito contra el medio ambiente a dos empresarios de Madrid por triturar de forma ilegal y sin autorización administrativa 2.236 frigoríficos, con lo que liberaron a la atmósfera 3.378 toneladas de CO2, generando un gran riesgo para el medio ambiente y las personas. Incumplieron la normativa sobre los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, ya que carecían de autorización para el tratamiento de residuos peligrosos. Además de los dos empresarios, Antonio Nieto Jaime y su hijo Antonio Nieto Medina, son condenados a 1 año y 2 meses de prisión el encargado de la empresa, Luciano Rocha Cupido, y dos responsables de empresas que abastecían de frigoríficos a los primeros, Oscar David Sevillano Hernández y Félix Martín Pérez.

El Supremo, en sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Antonio del Moral, destaca que existió un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales por emisiones atmosféricas que dañan la capa de ozono, con grave riesgo para el ecosistema derivada de la persistencia en el tiempo de las emisiones (desde el año 2007 a 2010) y su volumen global.

Una de las empresas proveedoras de frigoríficos a los dos principales acusados actuaba en la planta de Valdemingómez como concesionaria del Ayuntamiento de Madrid, con el objeto de hacerse cargo, entre otros residuos, de la totalidad de los frigoríficos que procedían de los puntos limpios de la ciudad.

Los recurrentes protestaron, en sus recursos ante el Supremo, de que era la primera sentencia condenatoria por emisiones con efecto invernadero, y considerar insuficiente su motivación. El alto tribunal responde que en toda modalidad delictiva habrá siempre una primera vez.

Sin embargo, el alto tribunal estima parcialmente el recurso de los condenados contra la sentencia de primera instancia dictada por la Audiencia de Madrid, que estableció condenas de 4 años de cárcel para los dos máximos responsables y de 2 años para los otros tres, y modifica a la baja las penas al no considerar que concurra el agravante derivado de la clandestinidad de la industria, que no es apreciable en una actividad empresarial que cuenta con autorizaciones administrativas aunque se haya desviado de sus términos y de su estricto ámbito.

Asimismo, elimina la indemnización de 60.000 euros que fueron condenados a pagar los acusados,  ya que no cabe, en la responsabilidad civil derivada de delitos de medio ambiente, que no se vincule a daños concretos causados a una persona identificable, física o jurídica, sino a la colectividad en general, y darle carácter sancionador y no resarcitorio.

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Fuga de letrados en los ERE

Jorge Muñoz | 27 de octubre de 2015 a las 8:24

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El ex director de Trabajo Javier Guerrero, con su letrado, Fernando de Pablo

Ha sido el primero pero no será el único. El abogado Fernando de Pablo, que representa al ex director de Trabajo Francisco Javier Guerrero, ha  renunciado a representarlo en los más de 200 juicios a los que tendrá que someterse el ex alto cargo tras la división de la macrocausa de los ERE.

Es uno de los efectos colaterales de la división de la macrocausa. No hay despacho pequeño o mediano que aguante tener que representar a un mismo cliente en más de 200 juicios. Sólo los grandes bufetes tienen la infraestructura suficiente para responder a tantos juicios. No es una defensa rentable, sobre todo si se tiene en cuenta que, como Francisco Javier Guerrero, muchos de los principales imputados que se someterán a estos juicios consecutivos tienen todos sus bienes y salarios embargados para hacer frente a las millonarias fianzas civiles que les impuso en su día la juez Mercedes Alaya.

Fernando de Pablo anunció recientemente que sólo seguirá representándolo en una de la piezas separadas, la de Acyco, y de momento ha pedido que se le nombre abogado y procurador de oficio para otras tres piezas que se han formado en relación con las ayudas concedidas a las empresas Río Grande, Calderinox y Surcolor. De Pablo justifica la renuncia a defenderlo en todos estos procesos, salvo el de Acyco, porque sostiene que “no cuenta con la infraestructura suficiente para acometer una defensa con todas las garantías hacia el señor Guerrero”. Y en esa misma situación pueden estar otros tantos letrados de las defensas.

El defensor recuerda  que el ex director de Trabajo tiene “todos sus bienes e ingresos embargados” por el juzgado, lo que le “imposibilita comprometerse económicamente con su defensa”.

Éste no es el único problema de la división de la macrocausa de los ERE en piezas separadas. La prescripción de los delitos es quizá el más grave, que los presuntos responsables queden impunes. Entre los delitos que se investigan en los ERE está una presunta malversación de caudales públicos, en su variedad de “especial gravedad”, por lo que el plazo de prescripción sería de 15 años de acuerdo con el artículo 432.2 del Código Penal. Sin embargo, el período de la investigación abarca de los años 2000 a 2012, con lo que las primeras ayudas podrían estar ya prescritas. Con la división de la causa en piezas separadas puede suceder que no se investiguen todas las ayudas o que incluso las anteriores al año 2005 puedan considerarse ya prescritas, según precisaron fuentes del caso.
De hecho, la Fiscalía pidió en marzo de este año a Alaya que acordase el archivo de la causa contra 12 imputados de los ERE, al estimar que los delitos de prevaricación y malversación habrían prescrito. Se trata de ayudas relacionadas con la Sierra Norte de Sevilla y la Fiscalía pidió el archivo de aquellas ayudas cuyo importe sea inferior a los 450.000 euros, “siempre y cuando desde la fecha del último pago de la ayuda” al auto de imputación dictado el 6 de febrero de este año hayan pasado “más de diez años”.

 

Un café imposible con Alaya

Jorge Muñoz | 23 de octubre de 2015 a las 5:00

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Doce del mediodía de ayer. El escenario: el restaurante La Hostería del Prado, del Grupo La Raza, donde comenzó el caso Mercasevilla que derivó en el de los EREfraudulentos y en las demás macrocausas. En este establecimiento, frecuentado a diario por muchos abogados y jueces, conversan delante de un café la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, y la juez María Núñez Bolaños, la nueva titular del juzgado que investiga las macrocausas que en su día abrió Mercedes Alaya.
El encuentro, que aparece en la fotografía adjunta –Segarra está de espaldas frente a Bolaños– no es para nada sospechoso, pero sí refleja el tiempo nuevo y los cambios que se están produciendo en este juzgado desde la llegada, hace apenas cuatro meses, de la juez María Núñez Bolaños.
No es la primera vez en los últimos días que se reúnen la fiscal jefe y la magistrada. La reunión es evidentemente informal, un acercamiento entre la titular del juzgado y la responsable de la Fiscalía hispalense, pero hubiera sido impensable que se produjera hace tan sólo unos meses con la juez Mercedes Alaya.
No es ningún secreto que Alaya no mantenía buenas relaciones con los fiscales delegado de Anticorrupción, con los que se habían producido numerosos roces a lo largo de la instrucción de las macrocausas, casi siempre a través de los escritos presentados por los fiscales y las respuestas de Alaya.
Tampoco había buenas relaciones con la fiscal jefe, sobre todo después de que a finales de 2010 la Fiscalía apoyara que Alaya fuese apartada de la investigación del caso Mercasevilla por el trabajo que desempeñó el marido de la juez, Jorge Castro, como auditor de esta empresa hasta el año 2001. Esa recusación fue finalmente desestimada y Alaya continuó con la instrucción, pero provocó un cisma insalvable con los representantes de la acusación pública.
La Fiscalía Anticorrupción recurrió numerosas decisiones de Alaya, que sufrió algunos importantes varapalos por parte del tribunal. El café entre Segarra y Alaya nunca habría tenido oportunidad de celebrarse. Un tiempo nuevo marca ahora las relaciones entre la Fiscalía y el juzgado. ¿A ver cuánto dura el buen rollo?

Loewe story

Jorge Muñoz | 22 de octubre de 2015 a las 5:00

La ex alcaldesa de Bormujos, Ana Hermoso.

La ex alcaldesa de Bormujos, Ana Hermoso.

Un bolso de marca y una supuesta historia de amor. Elementos que parecen extraídos de una película romántica (recuérdese Love Story, de Arthur Hiller en 1970) pero que serán sometidos en los próximos meses a la contundencia de un jurado popular, que tiene un elevadísimo porcentaje de veredictos de culpabilidad.
La cuestión que se planteará a los nueve miembros del jurado parece simple, en principio: si la ex alcaldesa de Bormujos Ana Hermoso se dejó sobornar por un bolso de Loewe, que ha sido tasado en 180 euros.
Otra curiosidad del caso: el juicio podría corresponderle, por turno de reparto, a la magistrada Mercedes Alaya, que está destinada definitivamente en la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla y que, como cualquier magistrado de esta Audiencia, ha entrado en el turno para presidir un jurado.
La Fiscalía y la acusación popular que ejerce el PSOE reclaman un año de prisión para Ana Hermoso porque, sostienen, que la ex regidora recibió ese regalo del empresario Jesús Calvo Soria como un premio o una dádiva a cambio de su voto en la moción de censura que en 2005 arrebató la Alcaldía al PSOE y se la devolvió al independiente Baldomero Gaviño.
Por su parte, Hermoso ha defendido desde el inicio de la investigación que fue un regalo amoroso. Una especie de Loewe story, podría decirse, ya que ese bolso se lo entregó el testaferro de Francisco Correa y uno de los hombres de la trama Gürtel debido a la relación sentimental que ambos mantenían en aquella época.
La cuestión está en si el jurado creerá una u otra versión. Si seguirán el relato de la Fiscalía y el PSOE, o se dejarán llevar por la Loewe story. Este caso guarda muchos paralelismos con el denominado caso de los trajes, que sentó en el banquillo de los acusados al ex presidente de la Generalidad Valenciana Francisco Camps, que fue finalmente absuelto por el jurado en una sentencia que fue confirmada por el Tribunal Supremo. Camps y el ex secretario generla delPP valenciano Ricardo Costa fueron acusados de un delito de cohecho impropio, por haber aceptado supuestamente regalos de la trama Gürtel mientras la red lograba contratos a dedo por importe de ocho millones de euros.
La ex alcaldesa de Bormujos tiene en su contra la grabación que realizó el empresario Eusebio Gaviño, primo de Baldomero y que fue condenado por el denominado caso Camas. En esa grabación, Hermoso habría reconocido que le regalaron el bolso y que un grupo empresarial de Madrid –supuestamente vinculado a la Gürtel– financió la campaña electoral de Baldomero Gaviño.
Ana Hermoso era por entonces concejal del PP y con toda probabilidad, con bolso y sin bolso, habría votado a favor de expulsar al PSOE. La pregunta que deberá responder el jurado no es fácil: ¿Un político dejaría comprar su voluntad por un bolso o habría una mordida mayor, o fue un regalo de amor? Será uno de los jurados más interesantes en Sevilla de los últimos años y si lo celebra Alaya, el azote de la corrupción política, el espectáculo está garantizado.

Guerrero en estado puro

Jorge Muñoz | 21 de octubre de 2015 a las 12:32

guerrero

La declaración del ex director de Trabajo Javier Guerrero, uno de los principales imputados en el caso de los ERE, ha vuelto a poner de manifiesto la singularidad de la persona a la que la Junta encargó durante una década la tramitación y concesión de importantes ayudas sociolaborales y a empresas. El ex alto cargo, que mantuvo el tipo las dos ocasiones en las que la juez Mercedes Alaya le envió a prisión provisional, volvió a declarar este miércoles en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, una declaración que en este caso había solicitado voluntariamente.

Al margen de los titulares puramente informativos relativos al sistema de concesión de las ayudas, la comparecencia de Guerrero, como no podía ser de otra forma, ha dejado algunas perlas o anécdotas. Una de ellas se produjo precisamente cuando los fiscales delegados de Anticorrupción le preguntaron sobre, una vez que se arreglaba una conflicto en una empresa, quien era la persona encargada de ofrecer la rueda de prensa para informar sobre el acuerdo. “Soy muy tímido, no me gustaba salir” en los medios, ha dicho el ex director de Trabajo, que ha afirmado que ese papel lo solían desarrollar los delegados provinciales de la Consejería o los responsables políticos.

El ex alto cargo ha defendido además que cada negociación con los trabajadores era distinta, porque “no todo el mundo es igual” y ha reconocido, no obstante, que no le gustaban “ciertos derroteros” que estaban tomando algunas ayudas. “En mi conciencia era todo legal”, ha sostenido Javier Guerrero, que ha tratado de defender que las transferencias de financiación eran “discrecionales” como las que se concedían a nivel estatal, una alegación que algunas defensas están argumentando para tratar de hacer ver que ambos procedimientos eran iguales, algo que contradicen no obstante los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).

También ha causado cierta sorpresa, por no decir cachondeo, la afirmación de Guerrero respecto a que “no había intrusos” en los expedientes de las pólizas de prejubilaciones, al asegurar que se trataba de personas que “por error” procedían de otras empresas. “Ni lo de mi suegra es como se ha contado”, ha afirmado con respecto a la madre de su mujer, que fue incluida en algunas pólizas.

“La Consejería de Innovación se quedó con diez millones míos”, ha llegado a decir en otro alarde espontaneidad Javier Guerrero, en relación a unos pagos que se hicieron con los fondos de las ayudas que él gestionaba para un suplemento presupuestario de minas.

Guerrero ha negado que hubiese expedientes de ayudas que sólo contenían post it, ya que los expedientes “estaban completos”, por lo que si no están cree que alguien que desconoce los ha hecho desaparecer…

En el transcurso de la comparecencia de Guerrero, que se ha prolongado durante casi dos horas, la juez María Núñez Bolaños ha pedido en algún momento a los fiscales que fueran acabando las preguntas, y también hubo un cruce de reproches con alguno de los letrados de la defensa, a los que recriminó que entrasen en la sala más tarde a la sala de vistas tras haberse concedido un breve receso para ir al baño. Bolaños le dijo a uno de los letrados que “si no le habían enseñado en el colegio que no se debe llegar tarde”. Y el letrado afectado no dudó en responderle lo siguiente: “Sí, pero también me enseñaron que en los servicios a veces hay mucha cola”, lo que justificaba dicho retraso.

Guerrero sigue dando mucho juego, con Alaya y sin Alaya, ahora con Bolaños, con la que Guerrero ha declarado por primera vez -es su sexta comparecencia por los ERE- una vez que Alaya fue apartada de las macrocausas.

Despido improcedente por regalar a una clienta una pescadilla que se iba a tirar

Jorge Muñoz | 20 de octubre de 2015 a las 14:00

pescadería

No fue un hurto, robo, malversación o apropiación indebida y, por tanto, no cabe su despido.  La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha declarado firme la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que acordó la improcedencia del despido disciplinario de una empleada de una cadena de supermercados, gerente de la sección de pescadería, que regaló a una clienta una pescadilla que iban a tirar a la basura, según ha informado hoy el Alto Tribunal.
El 5 de octubre de 2013, el supermercado despidió por una falta laboral muy grave a la dependienta, que llevaba trabajando diecinueve años en la empresa, acusándola de actuar de forma fraudulenta y con abuso de confianza por regalar a una clienta un artículo destinado a las roturas.

La empresa consideró que la dependienta había incumplido el artículo 34 de su Convenio Colectivo que contempla “el robo, hurto o malversación cometidos tanto a la empresa como a los compañeros de trabajo, sea cual fuere el importe (…), la apropiación indebida de productos destinados a la basura o promoción (…)”. La trabajadora admitió los hechos y reconoció que actuó de ese modo para aprovechar el producto y evitar que se acabara tirando.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) confirmó la sentencia de un juzgado de lo Social de Barcelona que consideró improcedente el despido de la trabajadora al entender que en su conducta no hubo robo, hurto, malversación o apropiación indebida. La sentencia señala que en todo caso podría haber cometido una falta grave por desobedecer a sus superiores en el ejercicio de sus funciones.

La cadena de supermercados  interpuso recurso de casación para la unificación de doctrina en el Tribunal Supremo, alegando que había una sentencia sobre otro caso idéntico cuyo fallo había sido distinto. Se refería a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía  (TSJA) que declaraba la procedencia del despido de una trabajadora de la misma cadena, gerente de la sección de carnicería, despedida por falta muy grave. La sentencia declaró probado que la empleada regaló seis kilos de cochinillo a un cliente y que lo intentó ocultar anotando que la carne había sido retirada por no ser apta para la venta, aunque no se encontró en los bidones de cebo, donde acaban los artículos perecederos. Además, sin consentimiento ni conocimiento de la empresa, según dicha sentencia, cogió una bandeja de pollo con la fecha cumplida y, después de mezclar su contenido con otros productos, los puso en el mostrador para su venta.

En un auto, la Sala de lo Social inadmite el recurso de la empresa por falta de contradicción entre ambas sentencias –la recurrida y la de contraste- y, aunque reconoce que hay ciertas ciertas semejanzas –trabajadoras de la misma empresa, igual categoría a las que se les imputa transgresión de la buena fe contractual-, señala que las imputaciones, los hechos acreditados y las circunstancias valoradas por los tribunales sentenciadores son distintos.

El juez salva a la Gepol

Jorge Muñoz | 20 de octubre de 2015 a las 5:00

Una pareja de la Policía Local, de patrulla por la ciudad.

Una pareja de la Policía Local, de patrulla por la ciudad.

El juez sale al rescate del Grupo Especial de Policía Local (Gepol), la unidad de Asuntos Internos que ha investigado la presunta filtración de las oposiciones de la Policía Local. Después de que el delegado de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Carlos Cabrera, anunciara que la unidad sería disuelta una vez que concluyan las investigaciones que actualmente desarrollan para la Fiscalía sobre las irregularidades en la Feria de Abril de 2014, el juez ha dictado un nuevo auto en el que adopta unas medidas cautelares dirigidas directamente al alcalde. En esa resolución, el magistrado requiere expresamente al alcalde, el socialista Juan Espadas, y, a través de él, “a cualquier otra autoridad o funcionario con competencia en materia de organización o recursos humanos, para que se notifique al juzgado cualquier cambio que se produzca en la situación administrativa o laboral de los actuales componentes del grupo Gepol, o cualquier cambio que pueda afectar al acceso por dichos miembros al material de trabajo y a los archivos de las investigaciones efectuadas en esta causa”, refiriéndose al presunto amaño de las oposiciones.
El juez toma en consideración el “conocimiento notorio de la previsible disolución del grupo de Policía Judicial –que el Ayuntamiento pretende sustituir por una nueva unidad de Asuntos Internos que aparezca contemplada en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento–, con reubicación de sus integrantes, que han sido propuestos como testigos y como testigos-peritos por la acusación, por lo que habrá de garantizarse que la prueba a desarrollar se realice con las debidas condiciones de objetividad”. Pero ésta no ha sido la única medida cautelar adoptada por el instructor en el auto del pasado 13 de octubre, ya que también resulta muy importante la decisión del magistrado de requerir también al alcalde para que “se abstenga de realizar cualquier acto administrativo que se refiera a la situación laboral de los acusados que pueda impedir, dificultar, retrasar u obstaculizar, de forma directa o indirecta, los resultados o la ejecución de un eventual fallo condenatorio”. El juez ordena al Ayuntamiento que informe de cualquier “cambio que se produzca en la situación administrativa o laboral de los acusados”, todo ello con la idea de evitar la “ineficacia” de un fallo posterior.
En un auto anterior, el juez ya declaró la presunta responsabilidad civil subsidiaria del Consistorio, que está personado como acusación particular y que ha solicitado las mismas penas de inhabilitación y multa para los imputados que la Fiscalía de Sevilla.
Estas medidas cautelares vienen a complicar la situación de los policías procesados, a los que el Ayuntamiento no quiso suspender cautelarmente de sus funciones porque consideró que no debía actuar hasta que finalizara el proceso judicial en marcha.

El derecho al olvido digital no ampara construir el pasado a la medida de uno

Jorge Muñoz | 19 de octubre de 2015 a las 14:15

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La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, constituida en Pleno, ha dictado sentencia en un asunto sobre el llamado “derecho al olvido digital”. Dos personas que en los años ochenta estuvieron implicadas en el tráfico y consumo de drogas, y que tras cumplir condena por estos hechos habían rehecho su vida personal, familiar y profesional, vieron cómo la noticia que en aquellas fechas se publicó sobre su detención, ingreso en prisión y padecimiento del síndrome de abstinencia, aparecía en los primeros lugares de las consultas que en los motores de búsqueda de Internet se hacían utilizando como palabras clave sus nombres y apellidos, tras la digitalización de la hemeroteca en que se encontraba la noticia. La empresa editora del diario y responsable de la hemeroteca no atendió la petición de estas personas de adoptar las medidas necesarias para evitar la difusión actual y permanente de la información publicada cuando sucedieron los hechos y, en consecuencia, estas personas interpusieron demanda en protección de su honor, su intimidad y su derecho a la protección de los datos personales.

La sentencia, tras estimar que la acción ejercitada no había caducado, y considerar que el editor de una página web en la que se incluyen datos personales es responsable de que el tratamiento de estos datos respete las exigencias derivadas del principio de calidad de los datos, realiza la ponderación entre el ejercicio de la libertad de información que suponen las hemerotecas digitales, y los derechos al honor, la intimidad y la protección de datos personales de las personas afectadas por las informaciones contenidas en esas hemerotecas digitales.

Es necesario ponderar el potencial ofensivo que para los derechos de la personalidad tiene la información publicada y el interés público en que esa información aparezca vinculada a los datos personales del afectado. Este interés puede justificar que, cuando se trata de personas de relevancia pública o existe un interés histórico, una información sobre hechos que afectan a su privacidad o a su reputación, aun sucedidos mucho tiempo atrás, esté vinculada a sus datos personales (en particular, nombre y apellidos) en las consultas realizadas a través de los buscadores de Internet. Pero esta vinculación a los datos personales de la información lesiva para el honor y la intimidad en una consulta por Internet va perdiendo su justificación a medida que transcurre el tiempo si las personas concernidas carecen de relevancia pública y los hechos, vinculados a esas personas, carecen de interés histórico, pues aunque el tratamiento de los datos pueda considerarse veraz, ya no resulta adecuado para la finalidad con la que inicialmente fueron recogidos y tratados, y distorsiona gravemente la percepción que los demás ciudadanos tienen de la persona afectada, provocando un efecto estigmatizador e impidiendo su plena inserción en la sociedad.

No obstante, la sentencia puntualiza que el llamado “derecho al olvido digital” no ampara que cada uno construya un pasado a su medida, impidiendo la difusión de informaciones sobre hechos que no se considere positivos, ni justifica que aquellos que se exponen a sí mismos públicamente puedan exigir que se construya un currículo a su medida.

El derecho a la protección de datos personales justifica que, a petición de los afectados, los responsables de las hemerotecas digitales deban adoptar medidas tecnológicas, tales como la utilización de códigos robots.txt o instrucciones noindex, etc., para que la página web de la hemeroteca digital en que aparezca la información obsoleta y gravemente perjudicial no pueda ser indexada por los buscadores de Internet.

Sin embargo, la Sala rechaza la procedencia de eliminar los nombres y apellidos de la información recogida en la hemeroteca, o que los datos personales contenidos en la información no puedan ser indexados por el motor de búsqueda interno de la hemeroteca, pues considera que estas medidas suponen una restricción excesiva de la libertad de información vinculada a la existencia de las hemerotecas digitales.

La reina de las portadas

Jorge Muñoz | 18 de octubre de 2015 a las 5:30

Una juez de extrema timidez que pasó del anonimato a acaparar las portadas nacionales. Mercedes Alaya Rodríguez (1963) ingresó en la carrera judicial en noviembre de 1988, fecha en la que se incorporó a un juzgado de Primera Instancia de Sevilla. Diez años después, en julio de 1998, Alaya fue destinada al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla para sustituir al magistrado Ángel Márquez –instructor del caso Juan Guerra– con motivo de su paso a la Audiencia de Sevilla.Screenshot_NormalAppImage(1)
Alaya comenzó a adquirir cierta popularidad en Sevilla en 2008, cuando asumió la investigación del delito societario a Lopera. Se crearon entonces perfiles en las redes sociales con miles de seguidores de la magistrada. Después vinieron los escándalos de Mercasevilla y, sobre todo, el de los ERE fraudulentos, que catapultó a Alaya a las primeras páginas de los diarios, incluso los de tirada nacional, un espacio que hasta ese momento sólo ocupaban los jueces de la Audiencia Nacional que investigaban otros grandes casos de corrupción como la trama Gürtel o la del ex tesorero del PPLuis Bárcenas.
La figura de la juez Alaya fue creciendo a la par que se iban conociendo detalles sobre su particular como de instruir o interrogar a los distintos imputados que desfilaban por su juzgado para someterse a un interrogatorio que algunas defensas no dudaron en calificar de “inquisitorial”.
Su extrema timidez contrasta con su forma de actuar cuando ejerce su labor como magistrada. Las broncas de Alaya a los imputados eran frecuentes. Expresiones como “me aburre”, “me está mintiendo descaradamente”, “me está alarmando” o “deje de andarse por las ramas” forman parte del catálogo que la juez desplegó con muchos de los imputados. Los incidentes eran continuos, como cuando la magistrada reprochó a un ex alto cargo de la Junta que estuviera “haciendo teatro” en su comparecencia.
Para evitar esos altercados, los abogados defensores reclamaron ala juez que grabara las declaraciones, pero Alaya se negó a ello y lo argumentó diciendo que los vídeos serían colgados en internet, contribuyendo a una “morbosidad innecesaria y a convertir el procedimiento en una absoluta comparsa”.
Alaya demostró además en estos años que sabía manejar los tiempos informativos, y de ahí que hiciera coincidir destacados autos con determinados hitos de la política autonómica. El más sonado se remonta al 10 de septiembre de 2013, cuando la instructora dictó el auto en el que preimputaba a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y JoséAntonio Griñán, una resolución que se hizo publica la misma mañana en la que el nuevo Gobierno autonómico estaba tomando posesión tras la marcha de Griñán, abrumado por el caso de los ERE.
Desde octubre de 2013, Alaya tiene un servicio de escolta, que le fue puesto por la Policía Nacional después de que la magistrada fuese increpada a su llegada a los juzgados de Sevilla por decenas de sindicalistas que le lanzaron insultos de “fea, hortera y pepera” con motivo de la puesta a disposición de varios sindicalistas detenidos en una operación de los ERE.
La renovación de sus votos matrimoniales en marzo de 2014, al cumplir los 30 años de casada con el auditor Jorge Castro; el reportaje en la revista Vanity Fair unos meses después y su inclusión en el ránking de las 100 mujeres líderes de España en 2013 fueron acrecentando la imagen más glamourosa de la magistrada, junto a la ya consagrada de adalid contra la corrupción.
La imagen que Alaya construyó en el último lustro se vino abajo en sólo unos meses, los que han transcurrido desde que en enero pasado lograra una plaza como magistrada de la Audiencia de Sevilla. Alaya luchó por mantenerse al frente de las macrocausas, pero se equivocó al criticar con dureza la preparación e independencia de la juez María Núñez Bolaños, lo que ha acabado por apartarla de los casos que la convirtieron en la juez incansable, la más grande. La reina de las portadas.

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