El Día D de Alaya

Jorge Muñoz | 9 de agosto de 2015 a las 5:00

EL próximo 21 de agosto puede ser el Día D de la juez Mercedes Alaya. Ese día tendrá lugar la única reunión de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el período veraniego y en la misma los vocales del máximo órgano de gobierno de los jueces pueden abordar –a falta aún de que se fije el orden del día– la decisión definitiva sobre el reparto de las macrocausas en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.
El Día D de Alaya, que durante 17 años dirigió el juzgado número 6 no será un 6 de junio, como el desembarco de las tropas aliadas en las playas de Normandía,  aunque también puede suponer el triunfo o la derrota de las tesis de la juez que durante los últimos años –nunca me cansaré de repetirlo– ha hecho una gran labor en la lucha contra la corrupción en Andalucía. Nadie podría haber escarbado en las entrañas de la Junta de Andalucía como lo hizo Alaya para montar una causa que tiene en jaque a dos ex presidentes. Ese gran mérito nadie se lo puede quitar a Alaya, pero tampoco debe olvidarse que su instrucción, a veces teñida de más sombras que luces, sólo ha permitido en siete años cerrar dos de las grandes causas: el caso del cohecho de Mercasevilla –que acabó con la condena de dos de los imputados por haber exigido una comisión a dos hosteleros– y el delito societario del Betis, iniciado en 2008 y que actualmente está en la denominada fase intermedia, pendiente de juicio.
La decisión del CGPJ no es nada fácil. La Comisión Permanente ha retrasado hasta en cuatro ocasiones pronunciarse sobre la cuestión, lo que muestra la profunda división interna entre los vocales respecto a la distribución del trabajo entre la titular del juzgado, María Núñez Bolaños, y Mercedes Alaya.
Hay quienes aseguran sin ningún pudor que existe una supuesta campaña o un complot institucional –liderado por el TSJA que dirige Lorenzo del Río– para dejar fuera de las macrocausas a la juez Alaya, pero en este caso no hay nada más lejos de la realidad.
No puede olvidarse, y es algo que la opinión pública desconoce o no recuerda, que se ha llegado a esta situación porque es Alaya la que solicitó –en el marco de su promoción dentro de la carrera judicial– la plaza como magistrada de la Audiencia de Sevilla.
Si no hubiera pedido dicha plaza, Alaya seguiría siendo la titular del juzgado y no podría cuestionarse su continuidad al frente de las macrocausas.
Pero no se puede estar en misa y repicando. Lo que no parece lógico es que una vez garantizada su promoción con esa plaza en la Audiencia, Alaya pretendiera obtener un cheque en blanco para seguir instruyendo sin ningún límite temporal –y quedan varios años de investigación todavía– el caso de los cursos de formación o el de los avales y préstamos de la agencia Idea, por poner algún ejemplo. Porque, en ese caso, ¿en qué lugar quedaría la nueva titular si se permite que Alaya siguiera instruyendo todas las macrocausas?

El Día D de Alaya

Daniel Rosell

Alaya estaba absolutamente convencida, posiblemente porque alguien le hizo creer en esa idea, que el hecho de lograr la plaza en la Audiencia no le impediría seguir con todas las macrocausas. En esa ecuación entraba que el juez de refuerzo Álvaro Martín lograra la plaza de titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, pero Alaya no podía calcular que la juez María Núñez Bolaños lograra la titularidad por méritos propios, al estar mejor posicionada en el escalafón de la carrera judicial.

Tras la incorporación de Bolaños, la Sala de Gobierno del TSJA optó por entregar sólo el caso de los ERE y el delito societario de Mercasevilla a Alaya, dejando las otras macrocausas a la nueva titular, una división que también tenía su sentido porque nadie como Alaya conoce mejor el entramado de los ERE.

Desde que asumió las riendas del juzgado, María Núñez Bolaños es la juez natural predeterminada por la ley para dirigir estas investigaciones y, por tanto, la encargada de organizar el trabajo en el juzgado y con la que Alaya está obligada a “colaborar” en los términos que fijó la Sala de Gobierno de TSJA.
En este punto, es preciso recordar como la propia Alaya ejerció sus prerrogativas como titular del juzgado para rechazar el auxilio de la entonces juez de adscripción territorial Ana Rosa Curra, que la había sustituido durante su baja por enfermedad.
Desde que se inició este culebrón informativo en el que se ha convertido el reparto del trabajo en este juzgado, Alaya ha defendido que debe continuar investigando las tres macrocausas –ERE, cursos de formación y avales de Idea–, y para ello no ha dudado en sobrepasar los argumentos jurídicos para descalificar abiertamente a su sustituta, de la que ha criticado en su informe remitido al CGPJ sus “escasos conocimientos” de la jurisdicción Penal tras haber pasado once años como juez de Familia, todo ello comparado con “la experiencia y los resultados que humildemente” Alaya entiende que avalan su trayectoria. También ha criticado con vehemencia a María Núñez Bolaños por su “estrecha amistad” con el consejero de Justicia, Emilio de Llera, al que Alaya considera un “notorio detractor” de su trabajo.
Tras este durísimo ataque a la nueva titular, el presidente del TSJA elaboró un informe para el CGPJ en el que cuestionaba la continuidad de Alaya en esta comisión de servicio. Decía el informe de Lorenzo del Río que las alegaciones de Alaya están “totalmente fuera de lugar” y “denotan una evidente falta de voluntad de cumplir el objetivo de colaboración con la titular, aspecto que debiera ser convenientemente valorado” por la Comisión Permanente.
Lorenzo del Río, que estaba quizás más preocupado porque no se difundieran las críticas de Alaya por la imagen que se transmitía de la Justicia –reducida a una especie de pelea callejera entre dos jueces–, no se atrevió a pedir directamente la revocación de la comisión de servicio de Alaya, aunque llega a insinuarlo.
Y de esta forma hemos llegado al día clave del 21 de agosto, con una Alaya plenamente integrada en la Audiencia de Sevilla y a la que tal vez ya no le compensa quedarse sólo con los ERE y Mercasevilla. Y con un Consejo dividido que, en una parte, considera que Alaya no puede seguir como comisionada con las macrocausas. La cuestión es que Alaya no va a dar su brazo a torcer, no va a renunciar a la comisión de servicio, y el Consejo sigue demorando una decisión a todas luces incómoda. Alaya no quiere pasar a la historia como la que renunció ni el Consejo como el que apartó a la juez de las macrocausas. Tanto una como otra posturas tienen mala prensa.
El próximo 21 de agosto puede ser el Día D de Alaya, si el Consejo avala su actuación, pero ese mismo día también podría ser recordado como su particular “Bahía de Cochinos”, en el supuesto de que no prosperen sus peticiones. Todo apunta a que Alaya, que muchas veces ha demostrado grandes dotes de anticipación, no se saldrá en esta ocasión con la suya y se quedará sin todas las macrocausas.

Mano dura tras un auto que quitó delitos graves

Jorge Muñoz | 4 de agosto de 2015 a las 5:00

maría josé asensio

La director general de Industria, Energía y Minas, María José Asensio.

El auto de imputación de la juez que investiga el nuevo caso Aznalcóllar se ha llevado por delante a la directora general de Minas, María José Asensio. El cese, que este martes confirmará el Consejo de Gobierno de la Junta, muestra una vez más la mano dura de la que la presidenta, Susana Díaz, siempre ha hecho gala cuando la Justicia ha actuado contra un alto cargo. Baste recordar lo que ocurrió con la imputación por el Tribunal Supremo de los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el caso de los ERE, y la postura combativa de la presidenta.

La decisión de cesar ahora a la directora de Minas tras su imputación por un delito de prevaricación, relacionado con la adjudicación del concurso para la reapertura de la mina de Aznalcóllar, no debe causar sorpresa, a pesar de que el auto, según la primera valoración que realizó la semana pasada la Consejería de Empleo, no era del todo negativo.
Bien es cierto que la juez de Instrucción número 3 de Sevilla imputó a la directora de Minas y a seis funcionarios –entre ellos una letrada de la Junta y el interventor delegado en al Consejería de Economía–, algo que no puede considerarse para nada positivo. Pero también es cierto que en esa resolución, la juez acota la investigación a un único delito de prevaricación, dejando fuera otros delitos graves como cohecho, tráfico de influencias y negociación ilegal.
Al investigar ya sólo una presunta prevaricación, según el análisis realizado en su día por la Junta, se está descartando que exista “indicio de ninguna clase de corrupción”, porque lo que se discute es el acierto o no de la resolución administrativa, algo que, para la Junta, acerca esta denuncia penal a un proceso Contencioso-administrativo, en el que se cuestionan decisiones administrativas.
La empresa denunciante, Emerita, ha anunciado que en estos días va a ampliar la denuncia a “nuevos y relevantes delitos”.
La Junta ha preferido no correr riesgos y cumplir la máxima de que no haya ningún alto cargo de la administración imputado, tal y como se acordó en el pacto con Ciudadanos que desbloqueó el nombramiento de Susana Díaz como presidenta.

Desmontando a Alaya en siete folios

Jorge Muñoz | 31 de julio de 2015 a las 5:00

núñez bolaños

A pesar de las duras críticas de su antecesora, la juez María Núñez Bolaños se está mostrando en los menos de dos meses que lleva al frente del juzgado como una magistrada resolutiva y con las ideas claras. Tan claras que su primera decisión importante, nada más aterrizar en el juzgado, consistió en anular un auto de la mismísima Alaya, conocida en el entorno del Prado de San Sebastián como “la más grande”.

Y digo que Bolaños también ha mostrado su capacidad resolutiva porque, aunque Alaya no la considera preparada para asumir una macrocausa por sus once años como juez de Familia, la nueva titular ha seguido tramitando con absoluta normalidad los distintos procedimientos del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. Pero no se trata de adoptar resoluciones de mero trámite, como bien demostró ayer, al acordar la división de la causa de los ERE en tres grandes bloques de piezas separadas. Alaya siempre se opuso de manera tajante a la separación, argumentado que la causa era “inescindible” y había que evitar lo que los juristas denominan la “ruptura de la continencia de la causa”, porque la división podría provocar un “caos procesal” y el peligro “obvio, serio e indiscutible” de que se produjeran sentencias “contradictorias”.

Bolaños sólo ha necesitado siete folios para desmontar las tesis de Alaya. Y realmente no hace falta extenderse mucho si las ideas están claras. Ya lo dijo el que fuera presidente de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, Joaquín Sánchez Ugena, cuando contestó de la siguiente forma a un abogado personado en el caso Mercasevilla que envió un recurso con muchísimos folios: “No por mucho escribir se tiene más razón”, aseguró este juez, fallecido en 2014.

Bolaños ha hecho lo más lógico al trocear los ERE, una medida que había reclamado la Fiscalía Anticorrupción y por la que apostaban abiertamente el TSJAy el Tribunal Supremo, y sobre la que estaba deseando pronunciarse –probablemente en el mismo sentido– la Sección Séptima de la Audiencia, el nuevo destinado de Alaya.

El varapalo de Bolaños contrasta con las buenas noticias que ha recibido Alaya esta semana: la Audiencia ha avalado su decisión de procesar a Lopera y de requerir a la Policía que no investigue los cursos que se cruzaban con su causa, y el informe del fiscal pidiendo el archivo de la querella de Oliver. Siempre no se puede ganar.

El adiós de la ‘más grande’

Jorge Muñoz | 25 de julio de 2015 a las 5:00

Alaya sale ayer del juzgado de Guardia de Sevilla.

Alaya sale ayer del juzgado de Guardia de Sevilla.

 

Con permiso de la inalcanzable Rocío Jurado, según dirían los más fanáticos admiradores de la cantante chipionera, la juez Mercedes Alaya se ha ganado en los últimos años el apelativo de “la más grande”. A Alaya no le ha compuesto ninguna copla Rafael de León, ni Manuel Alejandro le ha escrito ninguna balada, pero eso no ha impedido que sea conocida de esta forma. “¿Has visto el último auto de la más grande?”, ha sido durante años alguna de las preguntas más comunes que se han planteado en los mentideros judiciales. El apelativo de la “más grande” se ha extendido para referirse a Alaya en la Sevilla de los juzgados del Prado de San Sebastián, la que visitan a diario muchos de los abogados personados en las macrocausas que, hasta ahora, ha investigado Alaya, la juez incansable, como ella misma se autodefinió en un auto.
El durísimo ataque de Alaya a su compañera María Núñez Bolaños, la nueva titular del juzgado, de la que cuestiona su preparación profesional –Alaya olvida que Bolaños es de las pocas magistradas que es doctora en Derecho– y, sobre todo, su independencia, no puede quedar sin respuesta por parte de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la que debe aprobar la distribución del trabajo en el juzgado de los ERE.
Más allá de la falta de elegancia que ayer atribuía Bolaños a las descalificaciones de Alaya, lo cierto es que algunas de las afirmaciones de Alaya rozan la posible atribución de graves conductas a la nueva titular, como cuando Alaya apunta respecto a la causa de los cursos de formación que donde ella ve claros delitos de prevaricación y malversación, Bolaños podría convertirlos en meras “irregularidades administrativas”.
La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que preside Lorenzo del Río, no dudó en afirmar que las alegaciones de Alaya están “totalmente fuera de lugar”, pero no se atrevió a pedir el cese de la magistrada respecto a la comisión de servicio que el mismo tribunal le concedió. El Alto Tribunal andaluz recuerda que la posición actual de Alaya es la de “colaboradora de la titular del juzgado” y pide al Consejo que valore convenientemente la “evidente falta de voluntad de cumplir el objetivo de colaboración con la titular”.
Consciente de que se trata de una cuestión polémica, la Comisión Permanente ha retrasado en las últimas semanas pronunciarse sobre el asunto y, si no lo incluye en la reunión del próximo martes, todo indica que lo dejará pendiente para después de las vacaciones de verano, esperando a que se calmen los ánimos.
Pero la brecha abierta por Alaya con su ataque personal a la juez María Núñez Bolaños hacen que la convivencia profesional de ambas magistradas se haya roto por completo. Ya no hay vuelta atrás, ni posible solución si lo que se pretende, por parte de los órganos de Gobierno de los jueces es dar un impulso definitivo a la instrucción de los complicados sumarios que se acumulan en el juzgado de Instrucción número 6. ¿Qué nivel de colaboración puede existir tras el informe de Alaya entre ambas magistradas? Ninguno.
La Comisión Permanente del Consejo sólo tiene dos opciones viables: revocar la comisión de servicio a Alaya o confirmar el reparto de competencias que aprobó el TSJA, que dejó a Alaya sólo con los ERE y el delito societario de Mercasevilla. El TSJAapuesta, aunque sea sotto voce, por la primera opción. Que puede ser la única salida en el actual contexto.El adiós a la más grande. O el hasta luego, porque seguro que Alaya seguirá dando guerra desde el estrado de la Audiencia.

El matrimonio como escritura pública

Jorge Muñoz | 23 de julio de 2015 a las 5:00

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Serán bodas que se asimilan a la firma de una hipoteca, al menos, en la parte de “escritura pública” que compartirán ambos documentos. La Dirección General de los Registros y del Notariado ha aprobado una circular interna del Consejo General del Notariado que regula cómo serán a partir de hoy las bodas ante notario, con la entrada en vigor de la ley de Jurisdicción Voluntaria. El proceso supone la americanización del sistema y una auténtica revolución en el mundo del Notariado, al entregar a los fedatarios competencias que hasta ahora eran de los jueces.

En esa circular interna se despeja una de las dudas que asaltaban a muchos notarios respecto a si podían celebrar ya las bodas o tenían que esperan al 30 de junio de 2017, cuando se completen cambios en las leyes del Registro Civil. De acuerdo con la disposición transitoria cuarta, el notario “es autoridad hábil” para celebrar los matrimonios a partir de hoy y hasta el 29 de junio de 2017, aunque la tramitación del expediente matrimonial en este periodo tendrá que seguir haciéndose en el Registro Civil.

La circular que el Consejo ha mandado a los 3.000 notarios que hay en España desvela cómo va a llevarse a la práctica el nuevo matrimonio ante los fedatarios públicos. Dice esta instrucción que la prestación del consentimiento por los contrayentes deberá sujetarse a las reglas previstas en el Código Civil y en la ley del Registro Civil de 1957. La escena que podrá verse es la siguiente: el notario se sitúa frente a la pareja y, con carácter previo a la prestación del consentimiento, le lee tres artículos del Código Civil. En concreto, el artículo 66, que proclama que “los cónyuges son iguales en derechos y deberes”. El artículo 67:” Los cónyuges deben respetarse y ayudarse mutuamente y actuar en interés de la familia”. El tercer artículo que leerá el notario, como maestro de ceremonias, es el artículo 68, que establece lo siguiente:”Los cónyuges están obligados a vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente. Deberán, además, compartir la responsabilidades domésticas y el cuidado y atención de ascendientes y descendientes y otras personas dependientes a su cargo”.

Tras la lectura de estos tres artículos, el notario deberá preguntar expresamente a los contrayentes si “consienten en contraer matrimonio con el otro y si efectivamente lo contraen en dicho acto”.

La circular del Notariado añade que si los novios contestan afirmativamente a estas cuestiones, como es de esperar, el notario “declarará que los mismos quedan unidos en matrimonio, procediendo a autorizar escritura pública donde se recojan los hechos relativos a la celebración del matrimonio y el consentimiento de los contrayentes”.

En cuanto al contenido de la escritura pública de celebración del matrimonio, la misma deberá ser firmada por el notario autorizante, los contrayentes y dos testigos. En la escritura deberá hacerse constar la hora de celebración del matrimonio, y a la misma deberá unirse la resolución del encargado del Registro Civil competente “acreditativa del juicio de capacidad matrimonial, conforme a la regulación de la ley del Registro Civil de 1957 y de su reglamento”.

La circular interna explica que en esta escritura pública de celebración del matrimonio no se incluirá “ningún otro acto o negocio jurídico”, con la única exclusión del reconocimiento de “hijos habidos por ellos antes de la celebración del matrimonio”, ya que “deberán manifestar los datos de las inscripciones de nacimiento para promover las correspondientes notas marginales”.

¿Y cómo saldrán de la notaría los novios? No sabemos si habrá lanzamiento de arroz o de pétalos, pero lo que sí está claro es que cada contrayente se llevará una “copia acreditativa” de la celebración de la unión matrimonial, y el notario deberá remitir por medios telemáticos testimonio de la escritura pública al Registro Civil para su inscripción. Si el matrimonio no deja de ser, al fin y al cabo, un contrato, lo que parece es que con estas bodas cada vez se asemejará más a la firma de una hipoteca.

Al Consejo se le atraganta el ‘Caso Alaya’

Jorge Muñoz | 22 de julio de 2015 a las 5:00

JUEZ ALAYAEl próximo sábado, día 25, Alaya cumplirá su primer mes como magistrada de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, la Sala conocida como el Kremlin. La incorporación de Alaya a la Audiencia parecía algo efímero, unos días como mucho, pero los distintos avatares que se han producido en torno a la concesión de su comisión de servicio y, sobre todo, al reparto de las macrocausas en su particular pelea con la juez María Núñez Bolaños está haciendo que ese tiempo se prolongue más de lo esperado.
Hay quien apunta incluso a que la Comisión Permanente del CGPJ, que debe ratificar el reparto del trabajo aprobado por la Sala de Gobierno del TSJA, podría incluso dejar para después del verano la resolución definitiva.

¿A qué se debe este retraso? Aunque oficialmente nadie lo diga, lo que hay detrás de la demora en aprobar el reparto es la pugna por el control de las macrocausas, una batalla que se libra en el propio seno del máximo órgano de Gobierno de los jueces.

Desde que el pasado 7 de julio el TSJA aprobó la distribución del trabajo en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, el CGPJ ha tenido hasta tres oportunidades de pronunciarse sobre la cuestión –en las reuniones de los días 9, 16 y ayer–. Puede que en la reunión del día 9 no diera lugar a introducir en el orden del día la cuestión, ya que deben realizarse algunos trámites como un informe preceptivo al servicio de Inspección.

Lo que no tiene lógica es que el asunto no se abordara en las dos reuniones siguientes de la Comisión, y ya se esté hablando de que podría incluirse –o no– en la que tendrá lugar el próximo martes, 28 de julio, lo que no hace más que redundar en ese conflicto interno que se vive en la sede del Consejo. Si la Comisión tuviera previsto ratificar, sin más, el acuerdo del TSJA, ya habría decisión. En la situación actual Alaya sólo se queda con los ERE y el delito societario de Mercasevilla, pero la juez pidió además la macrocausa de los cursos de formación y la de los avales y préstamos de Idea. Y para ello no dudó en acudir en su informe al ataque personal contra la juez Bolaños, a la que acusó de no estar preparada y de la que cuestionó su imparcialidad por su amistad con el consejero de Justicia, Emilio de Llera. Quizás el retraso del Consejo se deba a que están analizando si, en estas circunstancias, Alaya debe quedarse en el juzgado para “colaborar” con otra juez a la que ha lanzado tales acusaciones.

Macondo judicial o el día de la marmota

Jorge Muñoz | 19 de julio de 2015 a las 5:00

Carmen Hermosín y Alfredo Sánchez Monteseirín firman, en 2003, la cesión de suelo para construir la Ciudad de la Justicia en Los Gordales.

Carmen Hermosín y Alfredo Sánchez Monteseirín firman, en 2003, la cesión de suelo para construir la Ciudad de la Justicia en Los Gordales.

 

La Ciudad de la Justicia de Sevilla es como la ciudad que Gabriel García Márquez dibujó en Cien años de Soledad. El macroproyecto que debe reunir a todos los órganos judiciales dispersos en la capital hispalense se ha convertido, más de una década después de que comenzara a hablarse del proyecto, en el Macondo judicial, un espejismo, una ciudad imaginaria. El consejero de Justicia e Interior de la Junta, Emilio de Llera, ya lo dijo en el año 2012, cuando dio el salto de la Fiscalía a la política: el proyecto entra en el campo de la “ciencia ficción”.

Pero eran otros tiempos, con un alcalde del PP y un gobierno también popular en la Moncloa. Tres años después, con el socialista Juan Espadas en la Alcaldía, desde la Consejería y el Ayuntamiento intentan hacernos ver que todo ha cambiado, que se abre un tiempo nuevo para el proyecto de Ciudad de la Justicia de Sevilla.

Sinceramente no me lo creo. Este informador ha asistido a tantas presentaciones del proyecto, ha publicado tantas fechas de “inicio de las obras”, ha visto tantos power point con recreaciones y diseños, ha visto tantas consignaciones presupuestarias para los primeros trabajos y ha preguntado tantas veces por el campus judicial que  se ha vuelto completamente escéptico con el proyecto. Hasta tal punto, que pienso que no lo veré realizado antes de mi jubilación y créanme si les digo que aún me quedan unas décadas para esa fecha.

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, dijo esta semana, tras reunirse con jueces y fiscales, que había que “recuperar la credibilidad” del proyecto de la Ciudad de la Justicia tras cuatro años “varado”, en alusión a la última legislatura municipal, en la que Junta y Ayuntamiento ni siquiera se pusieron de acuerdo sobre la ubicación: el entonces alcalde, Juan Ignacio Zoido, insistió en su distrito judicial del Prado de San Sebastián, una propuesta que agradaba a jueces y abogados pero que realmente se quedaba pequeña para las necesidades de espacio de un macrocomplejo de estas características.

El alcalde tenía razón, hay que recuperar la credibilidad en un proyecto increíble, aunque se equivoca en los años que lleva paralizado el campus judicial y en culpar exclusivamente a su antecesor en el cargo, el problema es más antiguo. Desde el año 2003, cuando la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla -Carmen Hermosín era consejera y Alfredo Sánchez Monteseirín, alcalde- alcanzaron un “preacuerdo verbal” para ubicar la Ciudad de la Justicia en la zona conocida como el cordel de los Gordales, en Los Remedios, el futuro complejo ha pasado por hasta siete consejeros de Justicia -Carmen Hermosín, María José López, Evangelina Naranjo, Begoña Álvarez, Luis Pizarro, Francisco Menacho y Emilio de Llera- y seis distintos emplazamientos que han acabado por desalentar a los profesionales de la Justicia.

Antes de los Gordales, las administraciones barajaron otros puntos de la ciudad tan dispares como Bellavista, Villanueva del Pítamo, la isla de la Cartuja, los terrenos del Puerto o el Prado de San Sebastián, en cuyo entorno se sitúan actualmente -y por lo que parece durante muchos años- los órganos judiciales.

El proyecto de los Gordales tenía a priori el inconveniente del pleito que interpuso el Estado ante el Tribunal Supremo contra el recorte de las plusvalías urbanísticas vinculadas a la cesión de los terrenos que la Junta impuso en la fase final de la aprobación del PGOU de 2006, pero el litigio fue resuelto favorablemente en mayo de 2013. Ya no había ningún inconveniente a este emplazamiento más allá de la crisis económica y los recortes presupuestarios para un proyecto que puede costar unos 200 millones de euros.

El alcalde habla ahora de recuperar la credibilidad, y el consejero le sigue en un discurso más moderado -no hemos oído ahora ninguna perla del consejero como cuando habló de la ciencia ficción-, pero lo objetivo de momento no hay ni un euro para el proyecto. Habrá una comisión mixta para estudiar el proyecto. Desde 2003 han pasado 12 años, y lo cierto es que los viejos edificios del Prado de San Sebastián no aguantarán otra década sin una fuerte remodelación. Es necesario que las Administraciones impulsen de verdad el proyecto, más allá de las buenas intenciones entre administraciones que ahora tienen el mismo signo político. Por cierto, que Espadas  ha dicho ahora que la Ciudad de la Justicia no contempla ni el traslado ni la ampliación de la Feria. Un nuevo debate que también parecía cerrado hace años. El día de la marmota.

Alaya rebasa la línea de no retorno

Jorge Muñoz | 12 de julio de 2015 a las 6:00

alaya-bolaños

Si alguna vez hubo una posibilidad de entendimiento y colaboración entre las jueces María Núñez Bolaños y Mercedes Alaya, ésta última se ha encargado de dinamitarla con el informe que remitió recientemente al Consejo General del Poder Judicial(CGPJ) y en el que la magistrada rebasaba los argumentos jurídicos para entrar en el terreno de los ataques personales. Con ese escrito, Alaya cruzó definitivamente la línea de no retorno y ha generado un cisma irreparable entre las dos magistradas que, según los órganos de gobierno de los de jueces (TSJA y CGPJ), están condenadas a entenderse, a “colaborar” según la terminología acuñada por la Sala de Gobierno que preside Lorenzo del Río, porque Bolaños es la nueva titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla y Alaya es la juez en comisión de servicio que debe ayudar para agilizar la instrucción de las macrocausas abiertas desde hace varios años.
Muchos eran los rumores en los mentideros judiciales de Sevilla que apuntaban a que Alaya había escrito un informe “brutal” –era el adjetivo más empleado para describir ese documento– y ciertamente que así pueden calificarse los argumentos empleados por Alaya para defender ante sus superiores que sólo ella –y nadie más– debe manejar las tres macrocausas pendientes: la de los ERE,los cursos de formación, y la relacionada con los avales y préstamos concedidos por la agencia Idea.
Dos son los elementos que hacen que Alaya haya sobrepasado la línea roja en ese informe en el que ataca a su sucesora en el juzgado. Es la antítesis de aquella expresión corporativa que decía “perro no come carne de perro”. El informe de Alaya achaca en primer lugar a su sucesora una supuesta falta de preparación para investigar las macrocausas, dado que la nueva titular del juzgado procede de un juzgado de Familia, en el que ha pasado los últimos 11 años, y por tanto requiere una actualización de sus conocimientos en materia penal, sobre todo ante la complejidad y amplitud de algunos de estos sumarios, como el de los ERE.
Alaya olvida, quizás lo desconoce, que la juez María Núñez Bolaños es una de las pocas magistradas de Sevilla que es doctora en Derecho y que, desde su llegada al juzgado, ha continuado la tramitación de los distintos sumarios, dictando providencias, autos y otras resoluciones que han puesto de manifiesto que el cambio de magistrado no ha supuesto una paralización del funcionamiento del juzgado, a pesar de que algunos consideraran que Bolaños necesitaría algún tiempo para estudiar los procesos.
El segundo ataque, ya sin artillería, supone un auténtico cuerpo a cuerpo. La juez Alaya viene a cuestionar en su alegato la imparcialidad de Bolaños por la vinculación de ésta y de su marido, el médico forense y psiquiatra Julio Guija, con el consejero de Justicia e Interior de la Junta, Emilio de Llera. Alaya insinúa que la amistad del matrimonio con el fiscal en excedencia puede afectar a su labor profesional.
El escrito de Alaya ha roto definitivamente cualquier posible entente cordiale entre Alaya y Bolaños, cuyo enfrentamiento por el control de las macrocausas supera los límites del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla para adentrarse en las aguas del Consejo General del Poder Judicial, donde según dicen los vocales siguen divididos sobre el reparto que se ha hecho de las macrocausas.
Dependiendo de la proximidad de la fuente a una orientación ideológica u otra, las opiniones sobre lo que va a suceder en la reunión de la Comisión Permanente del CGPJ del próximo jueves –en la que se debe aprobar el reparto del trabajo propuesto por el TSJA– son distintas. Hay quien sostiene, aún a estas alturas, que el Consejo podría aumentar los casos que quedan bajo la dirección de Alaya, a la que podría dejarse además de los ERE y Mercasevilla el caso de los cursos de formación, que es la auténtica perla de las macrocausas que puede dar importantes titulares en el curso de la instrucción.
Del otro lado están los que consideran que el reparto realizado es el adecuado y que Núñez Bolaños debe asumir los cursos y los avales de la agencia Idea. Ésta es la opción a priori más lógica, como así lo han entendido los magistrados de la Sala de Gobierno del TSJA.
Aunque hay quien siga insistiendo en que de cara a esa reunión del Consejo todas las opciones están abiertas, creo que las opciones de Alaya son mínimas, por no decir prácticamente nulas, y que la Comisión Permanente se va a limitar a refrendar la propuesta del TSJA.
De confirmarse este extremo y dados los ataques que incluye Alaya en su informe –hay quien dice que ese dictamen es tan contundente porque la juez consideró que era su última oportunidad–, la juez tendrá que desea continuar en esa comisión de servicio o renuncia a la misma para quedarse en su nuevo destino en la Audiencia de Sevilla, en el que lleva incorporada ya desde hace varias semanas. Si se queda, Alaya no lo tendrá fácil. Ni Bolaños.

El pleito del inodoro

Jorge Muñoz | 6 de julio de 2015 a las 5:00

El pleito del inodoroNo hay pleitos sucios, aunque algunos como éste puedan parecerlo. Un juzgado de Sevilla ha condenado a los inquilinos de una oficina de la Avenida de la Constitución a indemnizar con 77.949,33 euros a los propietarios de dos pisos colindantes, por los daños provocados por las filtraciones de agua procedentes de un inodoro roto durante todo un fin de semana. El pleito del inodoro o el del váter roto, podría haberse titulado este artículo.

La inundación de los dos pisos tuvo lugar el 26 de septiembre de 2010 y la sentencia del juzgado de Primera Instancia número 18 de Sevilla señala que el informe pericia aportado por una aseguradora, que también reclamó tras haber abonado los daños a uno de sus asegurados, ponía de manifiesto que las filtraciones tuvieron su origen en el “resquebrajamiento del inodoro del cuarto de baño” del referido inmueble, mientras que el informe del Cuerpo de Bomberos corroboraba que el salida de agua provenía de la vivienda en cuestión y se había debido a la rotura de la cisterna del cuarto de baño.

En un juicio se formulan diversas cuestiones, algunas muy controvertidas, y en este caso se discutió, evidentemente, sobre la causa que pudo provocar la rotura de la cisterna, de la que se aportaron varias fotografías -era el cuerpo del delito si se tratara de una causa criminal- que, según detalla la sentencia, “permiten apreciar la existencia de una fisura en la parte trasera de la misma”.

Dice el magistrado que ha dictado esta sentencia que la prueba practicada no permite llegar a una conclusión inequívoca acerca del origen de tal rotura, habiendo señalado un perito que se produjo por “un golpe, por falta de mantenimiento o porque la presión del agua fuese rompiéndola”, mientras que otro de los peritos -en este pleito había varios- sostuvo que la rotura pudo deberse a la dilatación de la loza, considerando más improbable que se debiera a un golpe, ya que en este caso “la fisura no habría sido lineal, sino que se habría descascarillado”. Un tercer perito dijo que lo más probable es que fuese un “defecto de fabricación o un cambio térmico”, si bien este perito dijo que el inodoro podría tener una antigüedad de diez o quince años. Con tantas versiones posibles y peritajes controvertidos, es comprensible que el juez no haya podido concretar al causa de la rotura.

Otra de las cuestiones controvertidas era dilucidar a quien cabría imputar los daños producidos en los dos inmuebles, si al inquilino que tenía unas oficinas en la vivienda donde se rompió el inodoro o al propietario del inmueble. Y precisamente esto dependía de si la fisura se había producido por un golpe o un mal uso, en cuyo caso correspondería al inquilino hacer frente de los daños, o por el estado defectuoso de origen de la misma, en cuyo caso correspondería pagar las indemnizaciones a los propietarios.

A este respecto, la sentencia determina que “debe tenerse en cuenta que el inmueble llevaba arrendado casi tres años y no consta que en este tiempo la arrendataria pusiese en conocimiento del propietario la existencia de defecto alguno que fuese susceptible de reparación y que corriese de su cuenta”, por lo que la sentencia concluye que “no existe conducta negligente imputable al arrendador, quien sin tener conocimiento de una avería no puede ser obligado a repararla ni a responder de los daños derivados de ella”. Esto lleva al juez a absolver a los propietarios.

El abogado José María Carnero, que representa a uno de los demandantes, consideró que esta sentencia destaca “la responsabilidad objetiva o por riesgo” y explicó que en este tipo de responsabilidad “no es relevante que exista verdadera intención de dañar, sino simplemente un resultado objetivo de daño”.

“Los inquilinos de la finca colindante a la de mi cliente no actuaron como un diligente padre de familia, debiendo vigilar que todas las instalaciones funcionasen correctamente, como cualquiera haría en su casa”, y añadió que la filtración por humedad “dio la cara en el suelo del parqué” de su cliente de forma progresiva, siendo la única solución el cambio de todo el suelo por uno nuevo de la misma calidad. La humedad habitual de este tipo de superficies debe estar en torno a un 7% y el perito que comprobó la humedad tras la inundación la fijó en un 100%, por lo que era “inhabitable”.

El letrado confió en que tras esta sentencia “los inquilinos condenados aprendan la lección y concierten un seguro de responsabilidad civil que les hubiera evitado todos estos problemas”, concluyó José María Carnero.

P.D.: La moraleja de esta sentencia es que por mucho que no nos gusten los seguros del hogar siempre es conveniente tener uno…..

El handicap de la fama

Jorge Muñoz | 3 de julio de 2015 a las 5:00

pantojaSer famoso tiene seguramente muchos privilegios. Pero, paradójicamente, ser famoso dentro de una prisión puede acarrear más perjuicios que beneficios. Es el handicap de la fama, algo que la cantante Isabel Pantoja acaba de experimentar en sus propias carnes. Si no fuera poco el hecho de que el caso de la tonadillera ha dado lugar a la doctrina Pantoja (según la cual, cualquier persona condenada a una pena de prisión incluso inferior a los dos años de prisión y reuniendo los requisitos para la suspensión de la pena, debe entrar en la cárcel para saldar su deuda con la sociedad), la interna se ha visto envuelta ahora en una rocambolesca historia sobre unos supuestos privilegios que al final se ha acreditado que no tiene en realidad.

La interna Isabel Pantoja Martín es una reclusa más de la prisión de Alcalá de Guadaíra, con las mismas obligaciones, horarios y celda, y el mismo tratamiento que las demás, aunque se trate de algo difícil de creer para la opinión pública y su popularidad haya sido utilizada por algunos funcionarios vinculados a un sindicato para denunciar un supuesto trato de favor. No tiene ordenador, teléfono móvil ni microondas en su celda, ni tampoco vive en un “resort” en el que le sirven suculentas viandas de caña de lomo y jamón de jabugo.

Las otras presas no cosen para ella, ni tampoco desayunó con la directora de la cárcel de Alcalá, María Isabel Cabello, ni con el subdirector de Seguridad el pasado 1 de junio, poco antes de disfrutar de su primer permiso de salida de la cárcel, en la que está recluida desde el 21 de noviembre de 2014 para cumplir la condena de dos años por blanqueo de capitales.

Todos estos elementos han sido puestos de manifiesto en el contundente informe elaborado por los dos inspectores de Instituciones Penitenciarias que durante diez días -una inspección por hechos más graves no se prolonga más de dos o tres días- han escudriñado la cárcel de mujeres de Alcalá en busca de algún indicio de los presuntos privilegios de la artista, después de que la denuncia de los funcionarios saltara a los medios de comunicación. El informe niega con rotundidad esos supuestos favores, por cuanto los inspectores han concluido que “no existen indicios ni evidencias de ningún trato de favor respecto a la interna Isabel Pantoja Martín por parte del equipo directivo de Alcalá de Guadaíra”.

Y los investigadores del servicio de Inspección de la secretaría general de Instituciones Penitenciarias no tienen precisamente fama de dejar nada al azar: son minuciosos, concienzudos e implacables, como puede serlo la Unidad de Asuntos Internos de un cuerpo policial. Por eso, si llegan a la conclusión de que la denuncia es falsa, no cabe duda de que así es. La investigación ha sido exhaustiva, se ha realizado un registro por sorpresa de la celda de Isabel Pantoja, y ella misma ha sido sometida a un interrogatorio por parte de los inspectores que tuvo que suspenderse al sufrir la interna una especie de lipotimia.

El hecho de ser famosa le ha perjudicado a Isabel Pantoja, como en su día le perjudicó al ex presidente del Sevilla José María del Nido. El hecho de ser famoso puede llevar a una aplicación más rigurosa -que no ilegal- del reglamento penitenciario. De hecho, lo hemos visto recientemente con este último, puesto que ha tenido que ser la Audiencia de Huelva la que haya permitido finalmente a Del Nido poder utilizar un ordenador y una impresora dentro de la cárcel, algo que la dirección de la prisión y el juzgado de Vigilancia Penitenciaria le habían negado.

Dice la Audiencia  que la decisión de la prisión puede afectar “a los derechos individuales del interno”, al tiempo que los magistrados no comparten que el uso de ordenador personal y una impresora durante su estancia en la cárcel como penado “deba someterse a tan estrictas limitaciones”.

Isabel Pantoja, José María del Nido y otros tantos personajes famosos que cumplen condena saben perfectamente que intramuros de la cárcel su nombre y apellido no supone una ventaja, sino que en ocasiones puede agravar su castigo. Hay que dejar que estas personas, como el resto de internos, salden su deuda con la sociedad, que cumplan su condena con la mayor dignidad posible, por si no fuera ya bastante estar privado de libertad. “Odia el delito y compadece al delincuente”, es la frase que acuñó la escritora y humanista gallega Concepción Arenal, la primera mujer que recibió el título de visitadora de cárceles de mujeres.