Jueces para la Democracia reclama “1.000 juzgados” para poner al día la Justicia

Jorge Muñoz | 15 de junio de 2015 a las 14:07

La Asociación Jueces para la Democracia ha reclama la creación de “1.000 juzgados” para poner al día la Justicia. No digo que no hagan falta juzgados en España, pero la cifra es, al menos, alarmante.  ¿Cuánto cuesta crear ese millar de juzgados?  

JpD ha elaborado el siguiente comunicado para argumentar su petición:

“1. Hasta que comienza en España la Gran Recesión de 2008 la Administración de Justicia venía incrementando su tamaño regularmente. Desde entonces permanece con la misma dimensión, sin acomodarse al incremento de litigiosidad que esta grave depresión económica ha supuesto. Aunque en los primeros años de la crisis se mantuvo un modesto crecimiento que supuso la creación de sesenta juzgados al año, a partir de la llegada al Ministerio de Justicia de Alberto Ruiz Gallardón, en el año 2011, se congela la planta judicial, se eliminan 1500 jueces sustitutos y dejan de constituirse juzgados y tribunales.

 

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La litigiosidad, sin embargo, no para de crecer. La jurisdicción social se ha visto desbordada por las consecuencias de la crisis y por la aplicación de la reforma laboral, que ha contribuido objetivamente al aumento de las demandas por las ventajas que para las empresas supone resistirse a las pretensiones de los trabajadores. Además la supresión de los jueces sustitutos ha ampliado en algunos casos los tiempos de respuesta de la jurisdicción, estimulando a los trabajadores a conciliaciones perjudiciales para sus intereses.

Otro tanto acontece con el orden jurisdiccional civil, también desarbolado en algunas localidades por la ola de litigiosidad que han supuesto las reclamaciones contra cláusulas abusivas, la oposición a ejecuciones hipotecarias, contratos bancarios, permutas financieras, preferentes y últimamente la venta de acciones de Bankia. Los Juzgados de lo Mercantil también se han visto sobrepasados por el incremento de las insolvencias empresariales y familiares, y por los litigios sobre condiciones generales de la contratación, en particular sobre cláusulas suelo, que están llevando los señalamientos a años vista. El orden contencioso ha sufrido vaivenes y el penal se ha convertido en el recipiendario de cualquier reclamación.

2.- Conocido es que las consecuencias de la crisis han querido ser escondidas por los responsables del Ministerio de Justicia por medio de la implantación de unas tasas judiciales disuasorias, que han permitido disimular durante varios años, hasta su reciente derogación parcial, el indudable incremento del número de asuntos judiciales que propicia la conflictividad social.

Esa derogación, que sigue sin beneficiar a las pequeñas empresas que de modo ocasional acuden a los tribunales, tratadas de modo semejante que los grandes usuarios de la Administración de Justicia que son las entidades financieras, de crédito y aseguradoras, es insuficiente y debiera ampliarse. Pero al suprimirse en parte, se ha puesto de manifiesto que, efectivamente, cumplieron esa finalidad de impedir a los ciudadanos acceder al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que garantiza el art. 24 CE.

3.- Nos encontramos, por lo tanto, con un panorama desolador. La planta judicial no crece desde hace un lustro, y la litigiosidad no para de incrementarse. Ministerio de Justicia y Comunidades Autónomas se han instalado en una cómoda dinámica, pues las limitadas plazas judiciales que se crean, que no se traducen en nuevos juzgados y tribunales, se solventan con la simple colocación de una silla y un ordenador en cualquier rincón de los Palacios de Justicia.

A pesar de que se sostiene que ha habido incremento de la planta, la realidad demuestra que sólo se han reforzado órganos desbordados, sin planificación para afrontar las crecientes necesidades ciudadanas. Una sociedad madura como la española, que habitualmente acude a los tribunales como cauce civilizado de resolución de conflictos, está siendo defraudada con esta política restrictiva, que hurta cada año los doscientos juzgados que son precisos para atender el incremento de procedimientos.

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4.- La situación actual no ha estallado de forma generalizada por el esfuerzo del personal de la Administración de Justicia y la magistratura. Sólo se comprende que pueda seguirse atendiendo el aumento de las peticiones de tutela judicial por la dedicación, cada vez superior, de los funcionarios y personal que tienen encomendado el funcionamiento de la Administración de Justicia y quienes integran el Poder Judicial.

Pese a la disminución de efectivos que ha supuesto la expulsión de los jueces y juezas sustitutos y suplentes, reducidos a un número prácticamente simbólico por la práctica desaparición de esta partida presupuestaria, se ha mantenido la respuesta judicial, pero a costa de un incremento significativo de la dilación. Cada vez son más los órganos sobrecargados, según los estudios del Consejo General del Poder Judicial, y cada vez más la demora de las fechas para celebrar vistas y juicios.

5.- Esta situación tiene que remediarse ya. No es posible que sigan sin crearse juzgados. La presente situación no se va a paliar con la actual política de precarizar las nuevas promociones de la judicatura, que se llevan de un lugar a otro con poco criterio y escasa efectividad. Los derechos de los ciudadanos, que son los que tutela el Poder Judicial, necesitan que éste se organice con un tamaño suficiente y mayor eficiencia. Es preciso volver al nivel de creación de Juzgados y Tribunales que había antes de que comenzara la crisis, aunque ello suponga una inversión notablemente superior a la que ahora se dedica a esta finalidad.

6.- Por todo ello Jueces para la Democracia reclama del Ministerio de Justicia, Consejo General del Poder Judicial y Comunidades Autónomas con transferencia en materia de justicia, que con la mayor urgencia acomoden el tamaño de la Administración de Justicia a las actuales necesidades de la ciudadanía, procediendo a la inmediata creación de los mil juzgados que debieran haberse puesto en marcha durante el último lustro, con el fin de que la sociedad pueda seguir confiando a sus tribunales la tutela, sin las actuales dilaciones, de sus derechos fundamentales y libertades públicas.”

 

 

Alaya se prepara para el relevo

Jorge Muñoz | 14 de junio de 2015 a las 5:00

La juez Mercedes AlayaAlaya ya lo tiene todo prácticamente preparado para su traslado a un nuevo despacho, ante la inminente llegada de la nueva titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, que tiene hasta el próximo martes para tomar posesión del juzgado de los ERE.

En esta última semana, Alaya ha visitado su nuevo despacho, que está ubicado en la tercera planta de la sede judicial del Prado de San Sebastián -la más calurosa en esta época del año-, muy cerca de las dependencias del decanato y de la sala de juntas que se ha habilitado recientemente para su uso como sala de prensa. El despacho de Alaya, que no tiene por el momento ninguna rotulación, está junto a otro que tiene un cartel de “Psicología” y enfrente tiene el “aula de formación Arconte”, lo que no deja de ser curioso dado que esta magistrada instruye la macrocausa relacionada con el fraude en los cursos de formación. Al lado de este aula se encuentra el servicio de Orientación de Inmigrantes del Colegio de Abogados de Sevilla.

En los últimos días, aunque Alaya sigue en el despacho de la segunda planta que ocupa desde hace 17 años -desde julio de 1998-, se ha producido un importante trasiego de mobiliario hacia su nuevo despacho, al que se ha llevado hasta las sillas que habitualmente ocupan los imputados y abogados cuando toma declaración.

La nueva titular del juzgado, María Núñez Bolaños, que esta semana ha estado realizando un curso de formación de jueces fuera de Sevilla, dispone hasta el próximo martes para tomar posesión. Una vez que tome posesión, Mercedes Alaya cesará oficialmente en la prórroga que se le concedió como titular del juzgado y a partir de ese momento tendrá que desplazarse a Granada para tomar posesión ante la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de la comisión de servicio que se le ha concedido por seis meses.

Una vez que Núñez Bolaños tome posesión del juzgado, el lunes o el martes, Alaya le hará entrega de un “alarde”, un informe sobre la situación en la que se encuentra el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, con reflejo de la estadística del juzgado, las causas en tramitación y otros asuntos de interés. A partir de ahí es cuando comenzará el verdadero conflicto por el reparto de las macrocausas.

En el acuerdo en el que se concedió la comisión de servicio a Alaya, la Sala de Gobierno del TSJA decidió además pedir a la juez María Núñez Bolaños que, dentro del plazo de cinco días desde su toma de posesión, remita a la Sala de Gobierno un “plan de actuación del juzgado y distribución de cometidos, con el consiguiente proyecto de ordenación de la concreta función de cada magistrado”. Es decir, el TSJA le pidió que dijera qué causas va a llevar Mercedes Alaya, qué cometido tendrá el otro comisionado -el juez Álvaro Martín-, y qué sumarios asumirá ella misma.

Aquí es donde está la madre del cordero, porque Alaya ya ha puesto de manifiesto por activa y por pasiva, y hasta en un informe remitido al TSJA, que quiere seguir instruyendo las tres macrocausas: ERE fraudulentos, cursos de formación y la investigación de los avales y préstamos concedidos por la agencia IDEA. Ese informe será entregado a la juez Núñez para que pueda valorar la propuesta de Alaya y decidir sobre el reparto del trabajo en el juzgado.núñez bolaños

El propio TSJA es consciente de que la convivencia entre los tres jueces que cohabitarán la próxima semana el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla no va a resultar nada fácil, sobre todo si se tiene en cuenta que Alaya es un “lobo solitario”, que no está acostumbrado para nada a trabajar en equipo, y que hasta ahora sólo ha dado órdenes pero no la ha recibido -no hay que olvidar que la nueva titular es la responsable del juzgado y que Alaya pasa a ser un refuerzo del mismo-. De hecho, la Sala de Gobierno ha hecho un llamamiento a la colaboración y al trabajo en equipo de la nueva titular y los dos comisionados, al poner de manifiesto “la conveniencia de valorar la posibilidad de establecer un plan de trabajo en equipo para el impulso y tramitación de las causas complejas que se siguen en el juzgado”, adoptando “las medidas de coordinación correspondientes”.

En el plan de actuación, el TSJA reclama a la juez Núñez que especifique “el consiguiente proyecto de ordenación de la concreta función de cada magistrado o equipo de apoyo, en aras a conseguir la adecuada y eficaz tramitación de las causas de que conoce el citado juzgado, dadas las especiales circunstancias que concurren en el mismo, conforme a los términos establecidos por el Acuerdo del CGPJ de 21 de mayo pasado”.

Se avecina un verano calentito, yo diría más bien tórrido, en el juzgado de los ERE. No olvidemos los incidentes que se vivieron en 2013 cuando Alaya regresó de su baja por enfermedad y coincidió con los dos jueces de refuerzo que envió el TSJA: los magistrados Ana Rosa Curra y Rogelio Reyes…

Juzgado de Guardia, entre los premiados en la V Gala Blogosur

Jorge Muñoz | 12 de junio de 2015 a las 8:57

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Juzgado de Guardia’ fue galardonado ayer con el 2º premio al mejor blog de actualidad en la Quinta Gala de premios Blogosur. Muchas gracias al jurado por haber distinguido a este blog y al grupo Blogosur por la organización del evento y el magnífico espectáculo ofrecido durante la gala de anoche celebrada en Fibes.  Mis felicitaciones para todos los premiados. Y mi agradecimiento a todos los bloqueos y tuiteros de Sevilla.

 

 

Y Alaya rectifica…

Jorge Muñoz | 11 de junio de 2015 a las 14:50

Y Alaya ha rectificado, tan sólo un día después de inhibirse a favor de los juzgados centrales de la “Audiencia Provincial”, la juez ha dictado un nuevo auto que corrige el anterior y en el que la magistrada explica que se produjo un “error informático”, dado que lógicamente lo que pretendía era inhibirse a favor de los juzgados Centrales de la Audiencia Nacional. Así lo explica en el auto:

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Las prisas de Alaya…

Jorge Muñoz | 10 de junio de 2015 a las 6:00

auto inhibiciónLas prisas no son buenas consejeras… y menos cuando se está dictando un auto. Es lo que le ha pasado a la juez Mercedes Alaya con el auto dictado este martes en el que se ha inhibido a favor de la Audiencia Nacional en la investigación relacionada con la trama de sobornos de Fitonovo, la denominada operación Madeja, en la que hay 88 personas imputadas.

En la parte dispositiva del auto puede leerse lo siguiente: “Se decreta la inhibición del conocimiento de las presentes actuaciones a favor de los juzgados centrales de Ínstrucción de la Iltma. Audiencia Provincial en virtud de los razonamientos anteriormente expuestos” (sic). Nunca la ilustrísima Audiencia Provincial tuvo tan alto honor de compararse con la Audiencia Nacional.

Supongo que es un anecdótico error a la hora de transcribir la resolución de la juez Alaya, que a pesar de que estamos en la era de los ordenadores y de las tabletas electrónicas sigue pasando sus resoluciones manuscritas para que los funcionarios las pasen al sistema informático. ¿O tal vez le ha traicionado el subconsciente y Alaya estaba pensando en su futuro destino, la Audiencia Provincial, una vez finalice su etapa como comisionada en el juzgado?

 

Un ‘equipo’ para un “lobo solitario”

Jorge Muñoz | 9 de junio de 2015 a las 5:00

La juez Mercedes Alaya

El acuerdo del TSJA que permite que Mercedes Alaya siga como juez de refuerzo anticipa que la situación en la que queda el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla va a ser cuanto menos conflictiva. Resulta muy llamativo el párrafo del acuerdo de la Sala de Gobierno del TSJAen el que pone de manifiesto a la nueva titular, María Núñez Bolaños, y a los dos comisionados propuestos –Alaya y el juez Álvaro Martín, que lleva desde hace dos años trabajando en el juzgado llevando los asuntos ordinarios y las guardias– la “conveniencia de valorar la posibilidad de establecer un plan de trabajo en equipo para el impulso y tramitación de las causas complejas que se siguen en el juzgado”.
Bonitas palabras para un acuerdo institucional, pero que en realidad muestran que el TSJA no tiene claro que vaya a existir una convivencia pacífica en el juzgado de Instrucción número 6, ya sea por el carácter de unos o por los otros.

Tiempo atrás, cuando Mercedes Alaya era la titular del juzgado ya demostró que lo suyo no es formar equipos, sino todo lo contrario, actuar como un auténtico lobo solitario. Ocurrió en marzo de 2013, nada más incorporarse de la baja por enfermedad que la tuvo apartada durante seis meses. Alaya se encontró con un juzgado en el que había dos jueces de refuerzo –Ana Rosa Curra y Rogelio Reyes–.

La loable intención del TSJA, como sucede ahora, era la de agilizar la instrucción de las macrocausas y evitar que estos procesos pierdan eficacia por las dilaciones de una inabarcable instrucción. En aquel momento, Alaya se negó a repartir las macrocausas con los otros dos jueces, que acabaron marchándose del juzgado. En su lugar llegó el juez Álvaro Martín, que desde entonces ha reforzado el juzgado.
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La juez Núñez no lo va a tener nada fácil. El TSJA le ha enviado el informe que remitió Alaya argumentando que ella debe seguir instruyendo las tres macrocausas –ERE, cursos de formación y avales y préstamos de Idea– y le ha pedido que una vez que tome posesión, establezca “un plan de actuación y distribución de cometidos”. María Núñez es la juez natural y por tanto la que puede distribuir el trabajo, pero la pregunta es si estará dispuesta a darle a Alaya todo lo que pide, que no es poco.

Hay quien apunta ya, en contra de cualquier pronóstico inicial, que con este acuerdo de distribución de las causas –que no olvidemos debe avalar la Sala de Gobierno del TSJA–, Alaya podría mantener incluso el control sobre la causa de los cursos de formación, que es en definitiva el asunto más jugoso que actualmente se investiga en este juzgado. Verano calentito el que se espera en el juzgado número 6, porque en principio el acuerdo a tres bandas parece complicado, por no decir imposible.

Fusión de los despachos Ferrero y MOS, que contará con oficinas en Sevilla y Málaga

Jorge Muñoz | 8 de junio de 2015 a las 11:11

Auspiciados por el Club de Directivos del Instituto de Estudios Cajasol, los despachos Ferrero Abogados y MOS Abogados presentarán oficialmente su fusión en una única firma. Ferrero Abogados es un despacho que surge de la escisión de Juan Ferrero, socio fundador y director de calidad jurídica del despacho Martinez-Echevarría, Pérez y Ferrero, y su equipo, que se une con el despacho sevillano MOS Abogados para crear una nueva firma de abogados.

Con su integración, Ferrero y MOS plantearán una estrategia conjunta en toda Andalucía a través de sus oficinas en Sevilla y Málaga, al tiempo que fortalecerán su posición como despacho de referencia en la Comunidad Valenciana y Canarias.

Tanto Ferrero Abogados, como MOS Abogados, despacho con una sólida implantación en el mercado jurídico de Andalucía, aprovecharán su mutuo conocimiento y experiencia en la asesoría a emprendedores y empresas para ganar cuota en mercados estratégicos desde la innovación y un profundo conocimiento del derecho para erigirse en referente en la resolución de los problemas que para los administradores y socios ha supuesto la crisis en España.

Para su presentación en sociedad, la nueva firma organiza una jornada jurídica en el Instituto de Estudios Cajasol bajo el título “Los administradores de sociedades en tiempos de crisis”, en la que se abordarán las posibles actuaciones y alternativas jurídicas con las que cuentan profesionales y empresas en relación con la posibilidad de revisión y anulación de las pólizas de afianzamiento personal prestadas, y los posibles efectos de la Ley de segunda oportunidad.

Este encuentro contará con a participación de Juan Ferrero y Fernando Ollero, socios del despacho, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Pablo de Olavide, Andrés RodríguezBenot; la Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga, y miembro del Consejo Consultivo de Andalucía, Ana Cañizares, y el profesor titular del Departamento de Derecho Privado de la Universidad Pablo de Olavide, Francisco Oliva.

La jornada tendrá lugar el próximo 11 de junio a partir de las 19:30 en las instalaciones del Instituto de Estudios Cajasol, sitas en Hacienda Cartuja, avenida del Aljarafe s/n, Tomares (Sevilla). La nueva firma pretende aportar al mundo empresarial, inmobiliario y turístico al que se dirige fundamentalmente un profundo conocimiento del derecho, aplicado desde el espíritu innovador y creativo del sur.

Alaya hace la mudanza

Jorge Muñoz | 5 de junio de 2015 a las 14:39

La juez Mercedes Alaya llega a los juzgados de Sevilla

La juez Mercedes Alaya llega a los juzgados de Sevilla.

La juez Mercedes Alaya ha aprovechado este viernes para ir haciendo la mudanza de su despacho, dado que a partir de la próxima semana, previsiblemente el próximo lunes, el BOE va a publicar el nombramiento de la nueva titular del juzgado, la juez María Núñez Bolaños. A partir de ahora Alaya tendrá que entenderse con la nueva titular para ver cómo se realiza el reparto de las macrocausas, una vez que la Comisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucia (TSJA) le conceda a Alaya, también el próximo lunes, una de las dos comisiones de servicio aprobadas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para reforzar el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.

Alaya ha aprovechado este día, en medio del puente del Corpus Christi, para meter en cajas sus pertenencias y preparar su salida del despacho que ocupa desde  julio de 1998,  desde hace 17 años, cuando fue destinada al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla para sustituir al magistrado Ángel Márquez -instructor de otro caso de corrupción política, el denominado caso Juan Guerra-, que pasó como magistrado a la Audiencia Provincial de Sevilla. Después de 17 años en el despacho, no habrá sido fácil para Alaya hacer la mudanza y ahora tendrá que aguardar cómo transcurre la “colaboración” con la nueva titular a la que le obliga el CGPJ, pero siempre debe recordarse que Alaya está en esta situación porque solicitó voluntariamente una plaza en la Audiencia de Sevilla. De no haberla pedido, habría continuado con total normalidad la instrucción de las macrocausas.

La juez Núñez Bolaños dispone, una vez que se publique en el BOE su nombramiento, de hasta ocho días para incorporarse al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, pero en la práctica esta incorporación podría producirse el mismo lunes. Para evitar situaciones incómodas y conociendo Alaya que el despacho para a ser de la nueva titular, ha decidido recoger sus enseres y meterlos en cajas para trasladarlos a unas dependencias en la misma planta de los juzgados del Prado -la segunda- donde será reubicada.

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La juez María Núñez Bolaños.

No corren buenos tiempos para la juez incansable, que ahora está abrumada por el hecho de que puede perder la instrucción de alguna de las macrocausas -de momento Alaya, ajena a la realidad, sigue pidiendo las tres macrocausas: ERE, cursos de formación, y avales y préstamos de Idea- y sobre todo por la querella presentada contra ella por el ex consejero delegado del Real Betis Luis Oliver, aunque la misma aún no ha sido admitida a trámite por el TSJA, después de que la Fiscalía Superior de Andalucía haya solicitado más documentación sobre los pinchazos telefónicos realizados a Oliver y en los que se grabaron hasta 11 conversaciones con su letrado.

El tema de la querella puede ser preocupante hasta cierto punto, sobre todo si se tienen en cuenta casos recientes como el del magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que fue condenado en 2012 por un delito de prevaricación a once años de inhabilitación para el cargo de juez o magistrado por haber grabado las conversaciones del caso Gürtel entre varios imputados y sus abogados, lo que supuso en la práctica su expulsión definitiva de la carrera. En el ámbito de instrucción del caso Gürtel, el juez Garzón dictó un auto de fecha 19 de febrero de 2009 en el que, al amparo del art. 51,2 de la Ley General Penitenciaria, y en previsión de que los letrados pudieran estar también implicados en la trama, ordenó la intervención de las conversaciones de los tres imputados que están en prisión con sus abogados.

En el caso de las grabaciones de Alaya, la juez no ordenó directamente grabar las conversaciones de Oliver con su abogado, sino que a petición de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, permitió los pinchazos al objeto de la “localización” del ex consejero delegado, porque la Guardia Civil había informado de que ignoraba su paradero y además pesaba sobre el una reclamación de un juzgado de Santander que, en realidad, no existía, tratándose de un error, como confirmó después la propia Guardia Civil. En cualquier caso, la querella relata que Alaya tardó 19 días en comunicar a la Fiscalía de Sevilla estas intervenciones telefónicas.

Los administradores de fincas y los notarios verificarán las deudas con los vecinos

Jorge Muñoz | 5 de junio de 2015 a las 11:00

Rafael del Olmo

Rafael del Olmo

Los Administradores de Fincas de Sevilla y los notarios verificarán las deudas con los vecinos. A través de este acuerdo, adoptado a nivel nacional entre el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas y el Consejo General del Notariado, ambas entidades conectarán sus plataformas tecnológicas para consultar las posibles deudas de las comunidades de propietarios.

El Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla está trabajando con el Colegio Notarial de Andalucía para adaptar el convenio firmado a nivel nacional y poder desarrollar conjuntamente acciones que redundarán en una mayor agilidad y seguridad de los procesos de compraventa de viviendas, mediante la conexión de las plataformas tecnológicas de ambas corporaciones.

Este nuevo servicio telemático permitirá certificar la existencia de impagos con la comunidad de propietarios y, en su caso, liquidarlas antes del otorgamiento de la escritura. Supone así una alternativa eficaz tanto para el comprador del inmueble como para la comunidad de vecinos.

Para el presidente de CAF de Sevilla, Rafael del Olmo, “este nuevo procedimiento se constituye como una alternativa rápida y segura tanto para el comprador de la casa como para la comunidad de vecinos”. Con esta iniciativa, señala del Olmo, se vuelve a poner de manifiesto el importante papel que desempeñan los administradores de fincas colegiados como agentes cualificados y mediadores necesarios entre la Administración y la ciudadanía”.

El procedimiento se podrá efectuar de dos modos. Por un lado, mediante la consulta telemática directa por el notario, previa aceptación del vendedor, para certificar el estado de las cuentas del propietario con su comunidad. Por otro lado, el vendedor podrá dirigirse al administrador de fincas colegiado para solicitarse dicho certificado, tras la petición del comprador. El certificado será remitido a la plataforma telemática del notariado para su posterior descarga.

 

Dos tragedias aéreas, dos formas de gestionar la información

Jorge Muñoz | 5 de junio de 2015 a las 6:00

Dicen que las comparaciones son odiosas, pero a veces es necesario hacerlas y destacarlas. En los últimos meses se han producido dos tragedias aéreas, una de ellas el asesinato múltiple cometido por el copiloto Andreas Lubitz, que estrelló en los Alpes un avión de la compañía Germanwings en el que viajaban 150 personas, y el accidente aéreo del Airbus A400M, en el que murieron cuatro personas en Sevilla el pasado 9 de mayo. Una y otra tragedia son bien distintas por su propia naturaleza, completamente criminal en el primer caso, y lo que parece a todas luces un accidente en el que aún están por determinar las causas exactas y si puede haber algún tipo de responsabilidad penal.

Pero sobre lo que hoy quiero reflexionar es sobre el dispar tratamiento que se ha dado a la información en uno y otro suceso. Son dos formas completamente distintas de enfocar el asunto. En uno luz y taquígrafos, en el otro un secreto de sumario. Todo el mundo recuerda las comparecencias, desde el primer día de la tragedia del fiscal de Marsella Brice Robin, quien fue informando a la opinión pública, incluso a veces con las lágrimas a punto de caerle, de cómo iban transcurriendo los primeros pasos de la investigación hasta apuntar el origen intencionado de la tragedia que costó tantas vidas.

El fiscal Brice Robin de Marsella, en una rueda de prensa informando del curso de las investigaciones de la tragedia de Germanwings.

El fiscal de Marsella Brice Robin, en una rueda de prensa informando del curso de las investigaciones de la tragedia de Germanwings.

En el caso del Airbus, lo primero que hizo la juez encargada del caso fue decretar el secreto de sumario, algo que ocurrió tan sólo tres días después del siniestro y con la finalidad, según expuso en el auto la propia magistrada, de “garantizar una investigación objetiva y veraz de lo acaecido”. ¿Y qué ocurrió a partir de ese momento? Pues lo que era previsible, que comenzaron las filtraciones sobre las posibles causas del accidente, algunas de ellas interesadas dado que están en juego muchos puestos de trabajo de la industria aeronáutica. La juez pretendía evitar los perjuicios y, al final, paradójicamente se vio obligada, el pasado día 1 de junio a levantar el secreto de sumario “dadas las filtraciones de datos relevantes para la investigación, obtenidos por parte del equipo de investigación” de la Comisión para la Investigación Técnica de Accidentes de Aeronaves Militares (CITAAM).

En ese auto, la juez pone en conocimiento de la Fiscalía “las filtraciones llevadas a cabo en los últimos días, durante el secreto de las actuaciones” a raíz del examen de los datos extraídos de las dos cajas negras (FDR, que registra los datos, y CVR, que registra las voces) de la aeronave y que tuvieron lugar “en un área supuestamente segura de las instalaciones de Airbus”, cuya investigación se encomendó a los miembros de la Citaam “con apoyo, interesado por éstos, de un grupo reducido de trabajadores de Airbus -técnicos especializados en los diferentes sistemas de la aeronave-“, por si el mismo pudiera ser constitutivo de un delito de “desobediencia a la autoridad, infidelidad en la custodia de documentos y/o violación de secretos”.

Varios días después de levantar el secreto, la comisión que investiga el accidente asegura que el avión militar  se estrelló porque fallaron tres de los cuales motores, cuyos propulsores se bloquearon nada más despegar y no reaccionaron a las órdenes de los pilotos, que intentaron controlar sin éxito la potencia, la velocidad y la altitud del avión. Y ni el juzgado ni la Fiscalía de Sevilla ofrecen ninguna información al respecto o se pronuncian sobre estas posibles causas. Aquí no hay ruedas de prensa del fiscal, a diferencia de lo que ocurre en Francia.

Son dos formas de gestionar el tratamiento de la información, pero creo que la Fiscalía de Marsella acertó y dio un buen ejemplo a la hora de tratar la cuestión, con independencia de que la tragedia de los Alpes fuese una causa claramente criminal y completamente distinta al accidente de Sevilla.