Sanz, el acusador popular

Jorge Muñoz | 4 de octubre de 2015 a las 6:00

SANZ1Separar la actuación institucional de la que se ejerce desde un partido político no resulta fácil en muchas ocasiones, sobre todo cuando se está en el Gobierno. Y no es lo mismo estar en el partido que formar parte del Gobierno, aunque a veces se tienda a mezclar ambos conceptos. Algo así se puede decir que ha ocurrido con el delegado del Gobierno en Andalucía, el popular Antonio Sanz, que sigue ejerciendo la acusación popular en el caso de los ERE fraudulentos a pesar de que desde febrero de este año ocupa el despacho principal de la Torre Sur de la Plaza de España.
No hay nada que impida a priori que Antonio Sanz siga ejerciendo la acusación popular en esta macrocausa. Es más una cuestión estética, de imagen, más que legal. Si era hasta cierto punto lógico que el secretario general del PP-A se personara en el caso de los ERE cuando estalló el escándalo en 2011 (Sanz ocupó el cargo entre 2006 y 2012), lo que no lo es tanto es que mantenga esa posición después de ser nombrado en febrero pasado delegado del Gobierno en Andalucía por Mariano Rajoy. Algunos dirán que es lo mismo, pero no da igual.
Supongamos que la situación se mantiene, que la instrucción de los ERE avanza –sobre todo ahora que la juez María Núñez Bolaños ha dividido la macrocausa en piezas separadas– y que comienzan los primeros juicios. En esos procesos, la acusación popular, al igual que el Fiscal, tendrá que presentar sus escritos de conclusiones provisionales y pedir una posible condena para los imputados. ¿Quién estaría pidiendo, llegado el caso, la condena para los ex altos cargos de la Junta? ¿La acusación del PP o el delegado del Gobierno en Andalucía?
Es una cuestión de estética, o no, porque al final es difícil deslindar la figura del que ejerce las acciones penales de su cargo como delegado del Gobierno.
La situación se complica aún más cuando el acusador popular propone pruebas en beneficio de la actuación del Gobierno en el caso de las ayudas concedidas por el Estado a la Faja Pirítica de Huelva. La juez Bolaños ordenó a principios de septiembre que se investiguen posibles delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en relación con las subvenciones concedidas por el Ministerio de Trabajo a la Faja Pirítica de Huelva.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz.

La decisión de la juez venía motivada por un oficio de la Guardia Civil en el que los agentes precisaban que venían desarrollando una “línea de investigación” sobre la presunta comisión de delitos por las ayudas para el pago de las pólizas de prejubilación que concedió el Ministerio a los mineros mayores de 55 años. La Guardia Civil advertía de que había detectado cómo la Administración central “presuntamente utilizó de forma voluntaria y de manera arbitraria los listados de edades bonificadas confeccionadas por los comités de empresa para determinar qué trabajador tenía más de 55 años, pese a que tenía conocimiento de que dichos listados eran erróneos al alza y que la institución competente para determinar dicha edad era el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que además pertenecía al propio Ministerio de Trabajo y, sin embargo, no utilizó los cálculos realizados por dicha institución para determinar la edad de cada minero”.
Ante esta decisión de la juez, el delegado del Gobierno presentó el pasado 25 de septiembre el escrito que se reproduce arriba y en el que, en primer lugar, muestra su sorpresa por el hecho de que tras el oficio de la Guardia Civil de Huelva de “motu proprio se había iniciado una investigación prospectiva –lo que está vedado en nuestro derecho penal como ha puesto recientemente de manifiesto la Audiencia de Sevilla– sobre la aplicación de los coeficientes correctores para el cálculo de la edad de jubilación en la minería de Huelva”.
No deja de resultar llamativo que la acusación del PP o del delegado del Gobierno, que durante años permitió a la juez Alaya la apertura de líneas y líneas de investigación, hable ahora de instrucción prospectiva por la ayudas que pueden salpicar al Estado. Es la doble vara de medir.
Pero hay más, en el escrito remitido a la juez Bolaños por la representación de Antonio Sanz, se pone de manifiesto que además del informe policial sobre la Faja Pirítica con posterioridad “se ha recibido del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Delegación del Gobierno de Andalucía” –la misma que preside– documentos en los que se “evidencia que en todo momento se siguió por parte del Ministerio de Trabajo el procedimiento legalmente establecido para la concesión de las ayudas a los prejubilados de la Faja Pirítica de Huelva, siguiendo lo preceptuado en la orden de 5 de abril de 1995”. Es decir, el delegado del Gobierno sale en defensa del Estado citando informes de la Delegación…
El escrito de Antonio Sanz pide a la juez Bolaños que cite a declarar, en calidad de testigos peritos, a dos inspectores de la Inspección General de Servicios del Ministerio de Trabajo que con fecha 17 de marzo de 2011 elaboraron un informe que concluye que la dirección provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social “obró siempre con todo rigor en la aplicación de los criterios emanados en cada momento de sus servicios centrales, y cuando fue necesario establecer los coeficientes reductores de la edad de jubilación, conforme a las referidas relaciones nominales de trabajadores, procedió a su cálculo descontando cuidadosamente todos aquellos periodos que pudiesen resultar coincidentes con periodos de suspensión de los contratos de cada uno de los trabajadores afectados”.
Ese informe ahora aportado por Sanz añadía que “no se puede deducir que haya habido actuaciones irregulares en la aplicación de los coeficientes reductores de la edad de jubilación” de los trabajadores de Minas de Riotinto S. A. autorizados por Expedientes de Regulación de Empleo relativos al año 2003 y anteriores”.
Sanz pide la declaración de los inspectores para el “buen fin de la investigación y el esclarecimiento de los hechos”. La acusación ahora defiende.

Más madera para los ERE

Jorge Muñoz | 1 de octubre de 2015 a las 6:00

El ex consejero Gaspar Zarrías, en un tren con la ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez, también imputada en los ERE.

El ex consejero Gaspar Zarrías, en un tren con la ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez, también imputada en los ERE.

Tengo que confesar que tras leer el reproche del instructor de los ERE a los aforados que renunciaron a sus actas, a los que criticó haber “abandonado en marcha el tren de esta instrucción” para subirse a otro ajeno, lo primero que se me vino a la cabeza fueron las imágenes de Los hermanos Marx en el Oeste y aquella mítica frase de “Traed madera… es la guerra”. El instructor Alberto Jorge Barreiro recurrió a esa alegoría del tren en marcha para rechazar las alegaciones de dilaciones indebidas e indefensión del ex consejero de la Presidencia Gaspar Zarrías.
El magistrado argumentaba que la decisión de los imputados aforados de renunciar a sus actas –también lo hicieron los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y recientemente el ex diputado José Antonio Viera– que obliga a devolver la causa de los ERE al juzgado de Sevilla es una opción que “no todos los justiciables tienen”.
El juez se refiere a Zarrías como el “imputado quejoso” y considera cuestionable que después de saltar de ese tren se queje precisamente de que no se ha resuelto sobre su petición de archivo, porque “si se abandona la vía del proceso para aforados no puede ya pedir desde el nuevo tren procesal que le sigan dictando resoluciones desde el que ha abandonado”.
La defensa de Zarrías, que ejerce el abogado Gonzalo Martínez-Fresneda, se apresuró ayer a contestar al instructor. “Zarrías no se ha bajado de ningún tren. Más bien fue empujado de un tren en marcha por una resolución del instructor, por la que instaba la petición de suplicatorio contra él”, aseveraba el letrado utilizando el mismo símil y criticando que no se le permitió impugnar esa resolución, por lo que se le “negó un derecho que tienen el resto de imputados del Estado español, pero que, al parecer, no tienen los aforados”.

Una imagen de la película Los hermanos Marx en el Oeste.

Una imagen de la película Los hermanos Marx en el Oeste.

No es la primera vez que en el caso de los ERE se utilizan este tipo de comparaciones. El ex presidente de la Junta José Antonio Griñán llegó a decir, en relación con lo que estaba ocurriendo en la Consejería de Empleo con el uso de las transferencias de financiación, que “si al coche de un vecino le falta líquido de frenos, pues será el vecino el que tendrá que solucionar este problema”.
Otro de los imputados, el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez, pidió expresamente declarar en la causa especial abierta ante el Tribunal Supremo para rebatir las declaraciones de los ex presidentes Chaves y Griñán, al entender que éstos habían derivado su responsabilidad en el fraude de los ERE. Manuel Gómez aseguró entonces que el Gobierno andaluz, con el respaldo de la mayoría del Parlamento y asistiendo como “espectador mudo” la Cámara de Cuentas de Andalucía, “actuó como el alcalde que decide apagar todos los semáforos de la avenida, con el presunto propósito de mejorar la fluidez del tráfico. Ahora, el alcalde niega que él apagara todos los semáforos y pretende desviar su responsabilidad por los muertos en accidente hacia la política de tráfico”, argumentó el funcionario.

Más allá de las comparaciones y de las alusiones cinematográficas, lo importante no es qué tren procesal, siguiendo la terminología del instructor del Supremo, van a coger los aforados imputados, sino quién dirige la locomotora, quién será en este caso El maquinista de la General –otra genial comedia de trenes– y el destino final de la misma.

El maquinista de la General (1926, protagonizada por Buster Keaton)

El maquinista de la General (1926, protagonizada por Buster Keaton)

 

Con unas elecciones generales en diciembre y la pérdida de la condición de aforados de los ex altos cargos, la investigación estaba abocada a volver al juzgado de Sevilla, donde el TSJAy el CGPJ siguen mareando la perdiz sin decidir qué maquinista quieren que esté al frente de la instrucción. ¿Quién gritará traed madera, es la guerra? ¿Mercedes Alaya o María Núñez Bolaños? Ésta es la incógnita que siguen sin resolver los órgano de gobierno de los jueces. Sea quien sea la que dirija el tren, lo que está claro es que al caso de los ERE le queda aún muchas paradas…

Una Comisión proclive a Alaya

Jorge Muñoz | 29 de septiembre de 2015 a las 7:00

JUZGADOS.Comentaba hace unos días en estas mismas páginas la soledad del presidente del TSJA, Lorenzo del Río, en el conflicto planteado sobre el reparto de las macrocausas en el juzgado que durante 17 años dirigió la juez Mercedes Alaya. La Comisión de la Sala Gobierno, que se reunió el pasado jueves para deliberar, en principio, sobre la petición del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de realizar un nuevo informe –tras la división de la macrocausa de los ERE fraudulentos– sobre cómo debe organizarse y distribuirse el trabajo entre la magistrada titular del órgano, María Núñez Bolaños, y la juez comisionada, Mercedes Alaya, no llegó a ningún acuerdo concreto.
Lorenzo del Río se quedó solo defendiendo su postura en dicha Comisión, que está integrada por jueces que pertenecen a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), de carácter conservador y mayoritaria en la carrera judicial. Previamente a esta reunión, la juez María Núñez Bolaños había informado al presidente –a petición expresa de éste– de que quería “prescindir” de una de las comisiones de refuerzo acordadas. Bolaños quería que continuara el juez Álvaro Martín, que lleva desde hace más de dos años el trabajo ordinario del juzgado y las guardias, pero no necesita a Alaya –que en junio pasado criticó duramente a la titular– para la instrucción de las macrocausas.
Lorenzo del Río elevó ese informe a la Comisión de la Sala de Gobierno, que está integrada por otros siete jueces además del propio presidente. La Comisión la componen, exactamente, los presidentes de las Audiencias Provinciales de Sevilla, Málaga y Jaén, Damián Álvarez, Antonio Alcalá y Elena Arias-Salgado, respectivamente; así como el juez decano de Málaga, José María Páez; el juez de lo Penal número 2 de Jerez de la Frontera (Cádiz), Juan José Parra; la juez de Primera Instancia número 14 de Granada, María José Rivas; y la juez de Primera Instancia número 26 de Sevilla, María Luisa Zamora.
La Comisión del pasado jueves acabó sin acuerdo. La decisión y el informe sobre el plan de actuación en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla se pospuso a una nueva reunión que, por el momento, parece que no tendrá lugar hasta el próximo 13 de octubre.
El conflicto generado por el reparto de trabajo entre ambas jueces no es que amenace con enquistarse en los órganos de gobierno de los jueces, es que ya está enquistado por completo. Prolongar no ya la incertidumbre, sino la agonía sobre si Alaya debe seguir o no con los ERE, no hace más que perjudicar la imagen de la Justicia y, lo que es más grave, puede provocar graves consecuencias si, al final, no se respeta el derecho al juez predeterminado por la ley, que en este caso no es otro que la titular del juzgado. Lo que sería imperdonable es que al final la investigación de los ERE pudiera irse al traste por defectos formales. Llegado el caso, ¿quién se haría responsable de explicar a la opinión pública tal desaguisado?

¿Dónde está la caza de brujas ahora?

Jorge Muñoz | 29 de septiembre de 2015 a las 6:00

El escrito de acusación de la Fiscalía de Sevilla por el presunto fraude en las oposiciones vuelve a sacudir la maltrecha imagen de la Policía Local de Sevilla, afectada en los últimos meses por diversos escándalos. En este tiempo, el Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme), al que están afiliados la inmensa mayoría de los más de un millar de agentes que hay en el Cuerpo, se ha afanado por defender que existe una “caza de brujas” por parte del Ayuntamiento, de la unidad de Asuntos Internos ahora suprimida por Espadas –el Grupo Especial de Policía Local (Gepol)– y, como no, por parte de la prensa, a la que acusan de manchar la imagen de la Policía Local.
Después del contundente escrito que ha presentado la Fiscalía de Sevilla, sólo cabe hacerse la pregunta que encabeza este artículo: ¿Dónde está la caza de brujas ahora?
Me gustaría que los representantes sindicales, por una vez, tuviesen el valor de pronunciarse sobre los cargos que ha presentado el Ministerio Público contra 45 personas, de las cuales 37 son miembros de la Policía Local. Hay varios mandos del Cuerpo procesados, pero también hijos de policías y el vástago del propio presidente del sindicato, que se enfrenta como los otros opositores beneficiados a una condena de cuatro años de inhabilitación y al pago de una multa de 100.000 euros.
Vaya por delante que, como cualquier ciudadano, todos los policías que han sido acusados por la Fiscalía tienen el derecho a la presunción de inocencia, que les ampara hasta que haya un pronunciamiento del juez. Pero el escrito del Ministerio Público es lo suficientemente duro como para que por lo menos algunos reflexionen sobre quienes son realmente los causantes de la mala imagen del cuerpo: ¿la prensa o los agentes acusados? No matemos una vez más al mensajero…

La Fiscalía baja el balón de Alaya

Jorge Muñoz | 27 de septiembre de 2015 a las 6:00

Se veía venir desde hace tiempo. La Fiscalía de Sevilla ha presentado esta semana su escrito de conclusiones provisionales en el caso Betis, en el que reclama una condena de tres años de cárcel y el pago de una indemnización de 3,6 millones de euros para Manuel Ruiz de Lopera por un delito continuado de apropiación indebida (o alternativamente dos años de prisión por un delito continuado de administración desleal).

Más allá de la petición de condena, que podría posibilitar un acuerdo para evitar el juicio, el escrito del Ministerio Público es importante por cuanto viene a tumbar parcialmente las tesis que han mantenido los peritos que estudiaron el caso y la magistrada Mercedes Alaya, que inició la investigación hace siete años. Decía Alaya, siguiendo a los peritos, que Lopera se había apoderado de 25 millones de euros, lo que llevó a la magistrada a imponerle una fianza de 33 millones (los 25 más el tercio legal).

loperaSin embargo, la fiscal Margarita Viera, en un detallado y complicado informe -para los no expertos, como es el caso del que escribe- de 24 páginas reduce el posible perjuicio al Betis por los contratos con las empresas de Lopera (Tegasa y Encadesa) a poco más de tres millones, al contabilizar una serie de gastos de estas sociedades que los peritos no tuvieron en cuenta. De 25 (o 33 millones) a sólo tres hay un gran trecho.

Pero el Ministerio Público va mas allá al considerar que no hay delito en relación con las actuaciones de Lopera entre los años 1993 y 1999, periodo sobre el que las conclusiones de los peritos llevaron a la juez a adoptar las medidas cautelares de 2010, con la intervención judicial del Real Betis y la paralización de la venta del paquete de acciones a Bitton Sport, la empresa de Luis Oliver.

¿Quiere esto decir que la Fiscalía no cree que Lopera no cometiera ningún delito? No. Lopera no es inocente para el Ministerio Público. La Fiscalía, como garante de la legalidad del procedimiento, lo que hace es ajustar la gravedad de los hechos que se le atribuyen al criterio que considera adecuado y que, como sucedió en muchas ocasiones a lo largo de la tortuosa instrucción, supone una gran discrepancia con la tesis de Alaya.

Hay incluso media docena de hechos en los que la fiscal no aprecia delitos: la mencionada venta de acciones a Bitton Sport, el traspaso de Roberto Ríos, los pagos por la obras del Estadio por el que la juez le atribuyó una apropiación de más de siete millones de euros, etc.

Hay otro aspecto destacado en la acusación pública a Lopera. La Fiscalía ha pedido que se aprecie una circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, en relación con las dilaciones producidas en el procedimiento y que no pueden achacarse al procesado. Es curioso como la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, agradeció en un comunicado la “celeridad” con la que había tramitado la causa la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla. En este caso, evidentemente, no hubo ninguna alusión a la labor de la juez Alaya, la magistrada que instruyó el sumario.

La juez Mercedes Alaya, esta semana en la Audiencia de Sevilla.

La juez Mercedes Alaya, esta semana en la Audiencia de Sevilla.

La fiscal jefe mostró su “satisfacción por la celeridad en la tramitación de la presente fase procesal por parte de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, por cuanto permitirá acordar en un plazo razonable el juicio oral en un caso de tanta trascendencia para esta ciudad”.

Lo cierto es que el escrito de la Fiscalía abre las puertas a un posible acuerdo con Lopera, que podría pagar la indemnización y reducir la pena hasta un punto en el que pudiera evitar la cárcel. No  sería la primera vez. Lopera ya llegó a un pacto en 2005 con la Fiscalía por el que aceptó una condena de 14 meses de prisión por dos delitos fiscales. ¿Y qué harían la acusaciones particulares? ¿Se van a arriesgar a una posible condena en costas en caso de que el acusado saliera absuelto? Un nuevo acuerdo es una posibilidad nada desdeñable. La historia podría repetirse, sobre todo después de que la Fiscalía haya badajado el balón que en su día lanzó al aire Alaya…

La soledad del presidente

Jorge Muñoz | 26 de septiembre de 2015 a las 6:00

El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, atiende a los medios junto al presidente del TSJA, Lorenzo del R’o, antes de intervenir en el Pleno de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc’a (TSJA) para hacer balance de la gesti—n realizada por su departamento y avanzar los proyectos que se impulsar‡n en 2015.Lorenzo del Río está solo en el caso Alaya. El presidente del TSJA, que pertenece a la asociación Francisco de Vitoria, no ha logrado sacar a delante su planteamiento respecto a que la juez Mercedes Alaya no está en condiciones de “colaborar” con la titular del juzgado, María Núñez Bolaños, después de las durísimas críticas que Alaya realizó sobre ésta, a la que reprochó su supuesta falta de preparación y la “estrecha amistad” con el consejero andaluz de Justicia, Emilio de Llera, al que Alaya no dudó en calificar como un “notorio detractor” de su labor.
Del Río tiene en frente una Comisión de la Sala de Gobierno formada por seis magistrados que pertenecen a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) –de carácter conservador y mayoritaria en la carrera– y quienes no están dispuestos a apartar por completo a Mercedes Alaya de las macrocausas, al menos de la investigación de los ERE.

Esta macrocausa, que aparecía aletargada en los últimos meses, ha recobrado esta semana toda su intensidad con la renuncia del ex diputado socialista José Antonio Viera a su acta, lo que implica que la causa que instruyó el Supremo y en la que están imputados los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán volverá inexorablemente al juzgado de Sevilla. María Núñez o Mercedes Alaya, sea cual sea la decisión final que proponga el TSJAy santifique el CGPJ, tendrán que volver a citar a los ex presidentes, que harán el paseillo por el que han desfilado más de 200 imputados, entre ellos altos cargos, políticos y empresarios.
Del Río está acorralado ante una Sala partidaria de que Alaya siga–la consideran la más preparada para acabar los ERE– y su única salida puede ser, llegado el caso, emitir un voto particular. Pero ese voto no cambia, evidentemente, el dictamen de la Sala de Gobierno, que es lo que tiene que valorar el Consejo, que en este caso ha preferido que la papeleta se la resuelva el tribunal andaluz.

El 68% de los jueces cree que el traspaso de competencias no ha sido beneficioso para la Justicia

Jorge Muñoz | 25 de septiembre de 2015 a las 12:04

Nueve de cada diez consideran además que los medios con los que cuentan los jueces son diferentes según los territorios

La mayoría está a favor de reformas procesales para mejorar la lucha contra la corrupción y se opone a atribuir la instrucción de las causas al Ministerio Fiscal

El 72 % cree que en la Carrera Judicial no existe discriminación interna por razón de género y el 65 % rechaza que se establezca una cuota de nombramientos para mujeres

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El 68 por ciento de los jueces y magistrados españoles considera que la asunción de competencias en materia de Justicia por parte de las Comunidades Autónomas no ha sido beneficioso para la Administración de Justicia, frente al 13 por ciento que opina que sí, según revela la VI Encuesta a la Carrera Judicial que se ha hecho pública hoy.

La encuesta, elaborada a petición del CGPJ por SigmaDos y con un margen de error del 2,4 por ciento, se ha realizado mediante un cuestionario remitido a los 5.390 jueces y magistrados en activo al que contestaron 1.285 de ellos, lo que supone el 23,8 por ciento de la Carrera Judicial.

La opinión desfavorable sobre el traspaso de competencias a las Comunidades Autónomas es mayoritaria en todos los órganos judiciales, llegando al 84 por ciento en los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.

Además, la práctica totalidad de la Carrera Judicial –el 91 por ciento- se muestra convencida de que los medios con los que cuentan los jueces son diferentes según los territorios donde ejercen su función, mientras que el 52 por ciento considera que las Administraciones no colaboran con el CGPJ.

En cuanto al uso de lenguas cooficiales en la Administración de Justicia, solo el 15 por ciento de los que trabajan en alguna de las Comunidades Autónomas con lengua propia dicen tener dificultad en su utilización.

Ese porcentaje baja al 13 por ciento en Cataluña, al 12 por ciento en la Comunidad Valenciana, al 10 por ciento en las Islas Baleares y al 5 por ciento en Galicia. Por el contrario, el 54 por ciento de los jueces y magistrados destinados en el País Vasco afirma tener dificultades en el uso del euskera, mientras que el 43 por ciento contesta que no.

Reformas procesales para mejorar la lucha contra la corrupción

La encuesta tiene un apartado dirigido a los jueces y magistrados del orden jurisdiccional penal en el que se les pregunta sobre trece posibles reformas procesales, muchas dirigidas a mejorar la lucha contra la corrupción.

Así, la gran mayoría de los encuestados está a favor de la creación de unidades periciales -dependientes de los Juzgados- con competencias en materia de delincuencia económica o relacionada con la corrupción (86 %); de la revisión de los privilegios –como el de declarar por escrito o en su despacho- que la Ley de Enjuiciamiento Criminal concede a determinados cargos y representantes públicos (79 %); y de sustraer del ámbito del jurado popular la totalidad de los delitos de corrupción política (66 %).

Los jueces también se muestran favorables a la creación de órganos con competencia provincial para la investigación de la corrupción política y económica (60 %); a prohibir a los partidos políticos el ejercicio de la acción popular en los procedimientos por corrupción (60 %); y a que este tipo de causas, incluidas las que afecten a aforados, sean atribuidas al juez instructor natural, sin perjuicio de que el enjuiciamiento corresponda luego al tribunal ante el que el acusado esté aforado (59 %).

La única de las posibles reformas procesales que no es respaldada mayoritariamente por la Carrera Judicial es la instauración de la Fiscalía como directora de la investigación en combinación con el juez de garantías: el 52 por ciento de los encuestados se muestra en contra y el 41 por ciento a favor.

En contra de una cuota de nombramientos para mujeres

El 65 por ciento de los jueces y magistrados en activo se muestra en contra de reservar un porcentaje o cuota de los nombramientos que efectúa el CGPJ para las mujeres. Esta posición -mayoritaria en todos los tramos de edad- es también compartida por juezas y magistradas, entre las que el 52 por ciento rechaza la adopción de este tipo de medida, frente al 33 por ciento que se muestra partidaria de ella.

Además, el 72 por ciento de los encuestados considera que no existe discriminación interna en la Carrera Judicial atribuible a cuestiones de género. Esta opinión es asimismo compartida por la mayoría de juezas y magistradas: el 57 por ciento niega la existencia de discriminación, frente al 26 por ciento que opina que sí existe.

En la actualidad, las mujeres suponen el 52 por ciento de los miembros en activo de la Carrera Judicial.

Independencia judicial, órganos de gobierno y presiones externas

Los datos de la encuesta señalan que tres de cada cuatro jueces y magistrados consideran que el CGPJ no defiende de manera suficiente y adecuada la independencia judicial, aunque el 50 por ciento de la Carrera Judicial opina también que el órgano de gobierno de los jueces no cuenta con los mecanismos adecuados para hacerlo de manera eficaz.

La encuesta también revela que el 50 por ciento de la Carrera Judicial no conoce el nuevo modelo organizativo del CGPJ y que el 54 por ciento de quienes sí lo conocen lo valoran mal o muy mal. Además, el 64 por ciento de los jueces y magistrados no se siente identificado con los órganos de gobierno del Poder Judicial: Presidencias de órganos judiciales, Salas de Gobierno y Decanatos.

Por otra parte, en el apartado del sondeo dirigido a los miembros del orden jurisdiccional penal, el 9 por ciento de los jueces afirman haber sufrido presiones externas en la tramitación o el enjuiciamiento de procedimientos por delitos de corrupción. Quienes dicen haber sufrido presiones sitúan su origen en los medios de comunicación (51 %), los políticos (43 %) y los particulares (26 %). El 67 por ciento de esos jueces y magistrados aseguran que reaccionaron a las presiones haciendo caso omiso de ellas.

El CENDOJ, el órgano técnico mejor valorado por los jueces

Respecto al funcionamiento de los órganos técnicos del CGPJ, predominan las valoraciones positivas sobre las negativas, destacando el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ): un 77 por ciento de los encuestados responde que funciona bien o muy bien. También superan el 50 por ciento de aprobación Formación continua, Informática y Formación inicial.

Otros servicios del Consejo, como Personal Judicial, Estadística, la Oficina de Comunicación e Inspección, tienen más valoraciones positivas que negativas. Solo dos de los aspectos evaluados registran más opiniones en contra que a favor: los nombramientos y el régimen disciplinario.

Las expresiones injuriosas de los abogados en juicio no están amparadas por el derecho de defensa

Jorge Muñoz | 24 de septiembre de 2015 a las 13:26

Las expresiones injuriosas por parte del abogado en procedimientos judiciales no están justificadas, ni son consustanciales al derecho de defensa. La Sala Primera del Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casación interpuesto por la parte demandante, al estimar que las expresiones proferidas por el demandado en el seno de procedimiento judicial suponen una vulneración de su derecho al honor.

Declara la sentencia, en contra de lo declarado por la instancia y la apelación, que las expresiones proferidas por el demandado, Fernando Fernández Navarro, con ocasión de su actuación como abogado en un asunto contencioso-administrativo, en unas diligencias previas por un  delito de desobediencia grave, y en un acto de conciliación, implican una vulneración del derecho al honor del demandante.

Declara la sentencia, de la que ha sido ponente el Magistrado Antonio Salas Carceller, que las expresiones proferidas en el desarrollo de acto de conciliación nada tienen que ver con el recto ejercicio del legítimo derecho de defensa, ni pueden ser consideradas como conducentes a la satisfacción del mismo, resultando inadecuadas, innecesarias, y sin justificación funcional alguna.

Nada afecta a la prosperabilidad de la acción ejercitada el hecho de que las expresiones proferidas hayan sido objeto de sanción colegial por vulneración de normas deontológicas, es más, demuestra que las mismas no son incardinables en el derecho de defensa, y tienen consecuencias meramente administrativas que son independientes de la acción civil para la defensa del derecho al honor con el consecuente resarcimiento indemnizatorio por el daño moral causado.

La sentencia cifra económicamente el daño causado en 6.000 euros frente a los 60.000 euros solicitados, de conformidad con los criterios legales establecidos en el artículo 3 de la LO 1/1982 y su falta de difusión al producirse en sede judicial.

Se afirma en la demanda, con la consiguiente aportación documental, que el demandado, en su condición de abogado de don Juan Francisco Palma Valenzuela, desplegó una campaña basada en el descrédito personal y el desprecio e insulto hacia el actor en relación con la intervención del mismo en asuntos contencioso- administrativos y en diligencias previas por presunto delito de desobediencia grave en que se encontraban implicados el demandado y su cliente. Así, en los escritos dirigidos a los órganos judiciales “insulta, veja, humilla y lanza insidia infame contra el mismo de manera feroz y desmedida”.

En concreto, refiere el demandante que el demandado en escrito de fecha 16 de diciembre de 2009 (doc.no 1 de la demanda) dirigido al Juzgado, afirma que el actor “…además de persona de confianza de la Alcaldía, además de cerebro gris de toda esta urdimbre...”; de igual modo, en escrito presentado ante el Juzgado Contencioso Administrativo en fecha 10 de marzo de 2010 (doc. no 2), llega a acusar al demandante de haber influido en la aprobación de un plan parcial, teniendo expresa incompatibilidad, afirmando que “…el letrado de la parte recurrida jurista Espejo González ha prestado sus servicios profesionales”; asimismo en el escrito de fecha 14 de enero de 2010 (doc. no 3) suscrito por el demandado se realizan alusiones personales hacia el actor, “…donde además su abogado defensor jurista Espejo González es funcionario eventual…», “…son estos desempeños y especiales circunstancias las que permiten colegir la actuación inmediata y directa o al menos entre bambalinas del combinado jurídico/autoridades (ora sobre el citado escrito de Alcaldía de fecha 20 de noviembre de 2009, ora de su Alcalde accidental de oficio de fecha 23 de diciembre de 2009, así como de los propios escritos procesales de la defensa la complicidad que se denuncia)”.

Más adelante se refiere el demandante al escrito de contestación a la demanda -autorizado por el demandado en su condición de letrado- en procedimiento ordinario 522/2010, en el cual realiza entre otras las siguientes afirmaciones “el personaje de Geppeto (en referencia al actor) es el de un hábil artesano, que al carecer de descendencia realiza un muñeco de madera al que llama Pinocho (a la sazón Alcalde de lllora), dicho muñeco al toque de halo de magia de un hada lo convierte en un niño de verdad con el atolondramiento propio y con una peculiar característica: cuando miente le crece la nariz”. Asimismo señala ” …respecto del primero antiguo simpatizante del Partido Popular desagradecido de las ayudas que le prestó mi principal para desarrollar su trayectoria profesional (le cedió gratuitamente un local para desarrollar la abogacía) desagradecido como pocos, viene emponzoñando la fácil aptitud, ciertamente volátil del actual Alcalde…”, “…cosa distinta es utilizar dentro de otras producciones artísticas, algunas con un sentido tal vez sugerente como podría ser la carátula de El Padrino, como silueta enmarcada en un fondo negro, penden los hilos del manejo, no en si como manipulable, sino con la fuerza que (ellos si) ostenta la mafia”.

También se alega (doc. no 8) intromisión ilegítima en el derecho al honor del demandante con ocasión de la celebración de acto de conciliación el 6 de octubre de 2011, en cuanto afirmó el demandado en dicho acto -en referencia a la actuación profesional del demandante- “que le parece una conciliación ramplona, cargada de pleonasmos, donde se manifiesta un arte procesal manifiestamente mejorable, básicamente una conciliación de pitiminí…”…respuestas a raíz de una denuncia del conciliante donde se manifestaba es ramplonería y además una preocupante y una penosa inestabilidad emocional… comprometiéndose este conciliado a sufragar la formación profesional y si es necesario emocional del conciliante”.

Una de cal y tres de arena para Alaya

Jorge Muñoz | 20 de septiembre de 2015 a las 6:00

La juez Mercedes Alaya, esta semana en la Audiencia de Sevilla.

La juez Mercedes Alaya, esta semana en la Audiencia de Sevilla.

Semana de noticias contradictorias para la juez Alaya, que ha recibido una de cal y tres de arena. Me explico. La expresión dar una de cal y otra de arena procede de los elementos de la argamasa o mezcla que se utilizan en la construcción (la cal, como elemento más caro y noble, frente a la arena, más abundante y menos importante). Esta expresión se usa en el lenguaje popular para indicar la alternancia de los aspectos positivos y negativos, de la misma forma que se mezclaban esos materiales para la construcción.
Sin duda alguna, la noticia positiva para Alaya es el archivo por parte del TSJA de la querella que presentó contra ella el ex consejero delegado del Betis Luis Oliver por su instrucción en la investigación de los delitos que se atribuyen al ex mandatario Manuel Ruiz de Lopera. El Alto Tribunal, después de analizar los casi 200 folios de la querella, ha coincidido con la Fiscalía en que Alaya –que al parecer estuvo preocupada al principio por esta querella– no prevaricó en las resoluciones del caso Betis, incluso cuando autorizó los pinchazos del teléfono de Oliver y grabó hasta 11 conversaciones con su abogado. El carpetazo a esta querella contrasta con los tres varapalos que ha recibido la juez Alaya en relación con su labor instructora en el caso de los ERE fraudulentos y la investigación por el supuesto amaño del concurso para la venta de los suelos de Mercasevilla.
La Sección Séptima de la Audiencia, la misma en la que Alaya está destinada desde junio pasado mientras se resuelve sobre si volverá a investigar alguna de las macrocausas, es la que ha corregido dos actuaciones de la magistrada sobre los ERE. En el primero de los casos, en un auto que se conoció a mediados de esta semana, los compañeros de Alaya le dieron la razón a la Fiscalía Anticorrupción al acordar, en contra del criterio de la juez, la práctica de nuevas diligencias, entre ellas que declaren como peritos los autores del informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas y que declaren dos interventores generales, uno de los cuales ya está imputado en este macroproceso. El segundo varapalo ha sido el rechazo a la investigación de posibles responsabilidades del Parlamento, un auto que por cierto se ha dictado 18 meses después de que fuese recurrido.
Y por último, la Sección Primera ha revocado la fianza de 33 millones que Alaya fijó para los diez acusados por la venta de los suelos de Mercasevilla.

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La polémica del infiltrado

Jorge Muñoz | 17 de septiembre de 2015 a las 6:00

El asesino confeso de Marta, Miguel Carcaño, en Zaragoza cuando se sometió al test de la verdad.

La ocultación del cadáver de Marta del Castillo seis años después del crimen sigue siendo la principal incógnita no resuelta del caso, y el hecho de que el asesino confeso, Miguel Carcaño, haya ofrecido hasta ocho versiones distintas sobre los hechos y el paradero del cuerpo, no han hecho más que enturbiar aún más el puzle de este caso.
Recientemente se ha difundido una nueva versión que, en este caso no ha sido promovida por Carcaño, sino por un supuesto asesor de la Policía Nacional que supuestamente se infiltró durante dos años y medio en el entorno y la familia del Cuco, el menor que fue condenado por haber encubierto el crimen.
Según esta nueva hipótesis, que no ha sido corroborada por la Policía, ni el juez ni la Fiscalía de Sevilla, Carcaño habría trasladado el cadáver de Marta del Castillo en varias bolsas, lo que apunta a una disección del cuerpo en un domicilio diferente a la vivienda de León XIII, donde la Justicia ha sentenciado que fue asesinada la joven.
En esta nueva versión aparecería igualmente otro sospechoso, no identificado. Se trataría de un ciudadano extranjero que podría haber colaborado en el crimen, según la hipótesis difundida por el supuesto infiltrado, que habría acumulado más de 600 horas de conversaciones grabadas.
Esta nueva versión es descartada rotundamente por los investigadores de la Policía, ya que, según fuentes policiales consultadas, “no se ha infiltrado a nadie” en el entorno y la familia del Cuco. “Sí es cierto que en esta investigación han habido cientos de personas que creían poder facilitar datos relevantes para la investigación, pudiendo tratarse de una de estas personas” el supuesto infiltrado, precisaron las mismas fuentes.
La Policía, que mantiene abierta al igual que el juez de Instrucción número 4 de Sevilla una investigación para tratar de localizar el cuerpo de Marta, tampoco cree la versión del supuesto infiltrado con respecto a cómo se deshizo Miguel Carcaño del cadáver. “En ningún caso se ha tenido conocimiento de que el cuerpo haya sido diseccionado, ni de que hubiera una persona extranjera involucrada en la desaparición”, sostienen.
El padre de Marta, Antonio del Castillo, asegura que el juez que investigó el caso, Francisco de Asís Molina, conoce desde hace un año y medio la información facilitada por el presunto infiltrado, pero desconoce que se haya hecho algo al respecto.
Otras fuentes del caso consultadas confirman que el hecho de que el instructor no haya actuado en torno a estas revelaciones indican la escasa relevancia que se les otorga a las mismas, dado que en el supuesto de que hubiese la más mínima posibilidad de que esta pista condujera al hallazgo del cuerpo, el magistrado habría actuado. Tampoco la Fiscalía de Sevilla tenía conocimiento de la actuación del supuesto infiltrado.