Abogados y procuradores bajo sospecha

Jorge Muñoz | 10 de septiembre de 2017 a las 2:00

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Hacienda somos todos, incluidos los abogados y procuradores. La Agencia Tributaria ha situado en su punto de mira a estos colectivos profesionales, después de que haya solicitado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y se haya autorizado por el máximo órgano de gobierno de los jueces la cesión al departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de la información relativa a la participación de abogados y procuradores en “todos los procedimientos judiciales durante los años 2014, 2015 y 2016”.  Se trata de una medida indiscriminada que afecta a casi 23 millones de asuntos judiciales en los que han intervenido los más de 100.000 abogados y 10.000 procuradores que hay en España.
La medida no ha sentado nada bien entre los profesionales, cuyos colegios ya se han puesto a trabajar para recurrir la cesión de estos datos. Abogados y procuradores coinciden en que se siembran importantes sombras de dudas y sospechas de fraude fiscal sobre ambos colectivos.
Lo cierto es que tienen razón, en parte, porque esta actuación tributaria sitúa bajo sospecha a todo el colectivo. Pedir todas las intervenciones en los tribunales de los abogados y procuradores de toda España y de los últimos tres años, supone someter a una inspección a todos estos profesionales, hayan dado o no motivos a Hacienda para iniciar esa actuación inspectora ante un posible fraude. Otra cosa es que la Administración, en el ejercicio de sus competencias, pueda inspeccionar a ambos colectivos, como ocurre con el resto de los trabajadores y cotizantes.
El decano de los abogados de Sevilla y uno de los vicepresidentes del Consejo General de la Abogacía Española, José Joaquín Gallardo, considera que la solicitud por la Agencia Tributaria de toda la información judicial de los últimos tres años es “manifiestamente ilegal, por ser una solicitud de información de carácter masivo e indiscriminado”. Para Gallardo, no existe motivación que pueda justificar esa solicitud general, pues “sólo se puede requerir esa información cuando existan razones que la justifiquen respecto de concretos administrados”.
Además, el decano explica que así lo han declarado ya algunos Tribunales económico-administrativos en supuestos de “información masiva” solicitadas por la AEAT a Colegios de Abogados, y recuerda que el Consejo General de la Abogacía Española ya ha acordado recurrir ante el Tribunal Supremo la decisión de autorizar la cesión de toda esa información a la Agencia Tributaria y pedirá la suspensión de la efectividad de la autorización.
“Es jurídica y políticamente inadmisible que se señale a todo el colectivo profesional de la Abogacía española, compuesto por más de 100.000 letrados, como sospechoso de incumplir la legalidad fiscal y de ser defraudadores”, asevera José Joaquín Gallardo.
En la misma línea se pronuncia la decana de los procuradores de Sevilla, Isabel Escartín, quien señala que la decisión del CGPJ supone situar a dichos profesionales “bajo una sospecha generalizada y desmedida como defraudadores fiscales en ningún caso ajustada a la realidad, al atender los procuradores el cumplimiento de las obligaciones tributarias legalmente establecidas”.
Los profesionales de la procura, prosigue Escartín, “colaboran con el fisco español y no resulta justificado” lo que aparentemente se expresa como una acusación de incumplimiento en general. El acuerdo permite requerimientos avalándolos de manera que se realicen “careciendo de motivación suficiente” y sin la concreción exigida legalmente en otros supuestos semejantes de solicitud de información, como lo han sido a colegios profesionales, según las propias resoluciones de los tribunales económicos administrativos que los han resuelto en estos casos.
El Consejo General de Procuradores de España también estudia la presentación de un recurso y la solicitud de suspensión cautelar de la aplicación del citado acuerdo.
El conflicto se inició con la resolución del pasado 20 de julio de la Comisión Permanente del CGPJ, que decidió informar favorablemente a la petición de información de la Agencia Tributaria, en virtud de un informe del gabinete técnico de junio de este mismo año. El acuerdo del Consejo se ha comunicado al presidente de la Audiencia Nacional y de los tribunales superiores de Justicia para su “conocimiento y difusión entre los órganos judiciales” para que, “en atención a lo pedido por la AEAT, decidan sobre este requerimiento a la luz de las consideraciones recogidas” en el informe del gabinete técnico, en su condición de responsables de los ficheros jurisdiccionales.
El acuerdo se ha notificado además a los funcionarios de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) y también al Ministerio de Justicia y al resto de administraciones públicas competentes en la dotación de medios materiales a la Justicia, en este caso a la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, que son las encargadas del tratamiento de los datos personales de los ficheros jurisdiccionales.
El informe del gabinete técnico del CGPJ se mostró favorable a la cesión de la información requerida por el fisco, salvo en un punto relativo a la “identificación del cliente” de cada procedimiento judicial. A este respecto, advierte el CGPJ que “a menos que se acreditase su pertinencia y trascendencia tributaria por la requirente, la cesión de datos solicitada sólo debería referirse a los datos identificativos del procedimiento (número de autos y tipo de procedimiento) y de los abogados y procuradores que intervengan en el mismo”. La identificación del cliente “no parece ser relevante ni tener trascendencia tributaria respecto de las actuaciones de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que, según el requerimiento remitido, se contrae a la participación de abogados y procuradores en las actuaciones que tienen encomendadas, sin que se justifique ni motive en el requerimiento la necesidad de este dato personal ni la trascendencia o relevancia tributaria que pueda tener para las actuaciones referidas”.
En cambio, sí se facilitarán la identificación del abogado y procurado, la fecha de inicio de la intervención en cada procedimiento y el cese, en su caso así como el “importe del litigio”, todo ello relativo a los procedimientos de los últimos tres años.
El informe señala que la cesión de los datos no requiere el consentimiento del afectado y recuerda la “existencia de un deber de colaboración con la Administración Tributaria, que implica el deber de comunicación de los datos que revistan trascendencia tributaria y sean necesarios para el ejercicio por dicha Administración de las potestades que la ley le atribuye”.

Apertura del año judicial: Lesmes garantiza que lo jueces ampararán a los encargados de hacer cumplir la ley

Jorge Muñoz | 5 de septiembre de 2017 a las 13:10

El presidente del CGPJ y del Supremo, Carlos Lesmes

El presidente del CGPJ y del Supremo, Carlos Lesmes

  •   En el acto de apertura del Año Judicial, presidido por el rey, Carlos Lesmes señala que la unidad de la Nación española que proclama la Constitución es un “mandato jurídico directo” de inexcusable cumplimiento para todos los Poderes del Estado
  •   “Las voluntades unilaterales que pretenden disponer de la Constitución son inaceptables y violentan la propia democracia”, asegura el presidente del Poder Judicial
  •   Lesmes recuerda a las víctimas de los atentados de Barcelona y de Cambrils y destaca la ejemplar respuesta de la sociedad española frente al terror
  •   El presidente del TS y del CGPJ dice que la sociedad “también debe cuidar de sus jueces” y subraya que ha llegado el momento de ofrecer respuesta a sus necesidades e inquietudes
  •   “Como jueces, hoy más que nunca, nos corresponde custodiar sin ambigüedades la Constitución y la Ley”, afirma el presidente del órgano de gobierno del Poder Judicial

    El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha recordado hoy que corresponde a los jueces “amparar a todos los servidores públicos, de cualquier clase que sean, encargados de hacer cumplir la Ley en cualquier parte del territorio nacional” y que, frente a las “inaceptables” voluntades unilaterales que solo contemplan la ruptura o la separación como mecanismo de preservación de lo que consideran más propio, “nadie sufrirá por cumplir la Ley”, ha informado el CGPJ.

            Durante el discurso pronunciado en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo con motivo del acto de apertura del Año Judicial, presidido por el rey, Lesmes ha afirmado que la indisoluble unidad de la Nación española que proclama el artículo 2 de la Constitución es un “mandato jurídico directo” que corresponde garantizar al Poder Judicial “junto al resto de los Poderes del Estado. En definitiva, un deber para todos nosotros de inexcusable cumplimiento”.

El presidente del Poder Judicial ha añadido que ese mandato de unidad no expresa, sin embargo, una voluntad uniformadora en lo que se refiere a cuestiones como la lengua, la cultura o la religión, sino que se caracteriza “por su voluntad de respeto a la diversidad existente en nuestra sociedad, y que además es propia de las naciones avanzadas”.

“Por ello, las voluntades unilaterales que pretenden disponer de la Constitución y que solo contemplan como mecanismo de preservación de lo que consideran más propio la ruptura o la separación son inaceptables y violentan la propia democracia, pues ningún principio democrático puede amparar ni legitimar que una parte disponga del todo”, ha dicho.

Lesmes ha concluido recordando que los jueces deben asegurar los derechos reconocidos en la Constitución y en las leyes, “especialmente con relación a aquellos ciudadanos que puedan sentirse amenazados por el legítimo ejercicio de esos derechos”, y que también les corresponde “amparar a todos los servidores públicos, de cualquier clase que sean, encargados de hacer cumplir la Ley en cualquier parte del territorio nacional”, y ha señalado que un Poder Judicial único, fuerte e independiente “es la mejor garantía de la libertad y la igualdad de los españoles”.

Recuerdo a las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils

El presidente del TS y del CGPJ ha comenzado su intervención en el acto de apertura del Año Judicial con un recuerdo a las víctimas de los atentados terroristas perpetrados en Barcelona y en Cambrils el pasado 17 de agosto.

“La libertad no se negocia, no está en venta”, ha dicho Lesmes, que ha asegurado que todos debemos sentirnos orgullosos de las ejemplares respuestas de la sociedad española frente al terror: “Unidad frente al miedo, firmeza institucional y solidaridad”.

Durante su discurso, el presidente del Poder Judicial ha señalado que “ninguna creencia, cultura o credo puede justificar el terror ni alumbrar apóstoles o mártires de la violencia”, y ha añadido que atentados como los de Cataluña o los ocurridos en Londres, Bruselas, Berlín, Niza o Estocolmo “no admiten margen interpretativo alguno”.

“Matar no es cultura; sembrar el terror, el miedo, es absolutamente injustificable. Solo es eso, oscuridad y terrorismo. Y quienes pretenden ofrecer explicaciones historicistas o sociológicas sobre tan graves sucesos no hacen sino alentar el terror convirtiéndose en cómplices de quienes desprecian la vida”, ha manifestado.

Atender a las demandas de los jueces

Carlos Lesmes ha destacado durante su discurso la necesidad de que las autoridades competentes presten la debida atención a las demandas de los miembros de la Carrera Judicial, recordando que, en los últimos años, los jueces han sufridos mermas en sus derechos estatutarios y en sus retribuciones y ha soportado incrementos notables de sus cargas de trabajo mientras que la planta judicial apenas ha experimentado crecimiento y ha desarrollado su actividad con limitados recursos humanos y materiales.

“Ha llegado el momento de que la sociedad, a través de sus representantes, mire a sus jueces y les ofrezca respuesta a sus necesidades e inquietudes legítimas, pues la dimensión colectiva de sus funciones lo reclama en beneficio de la propia sociedad”, ha dicho.

Además, como presidente del órgano de gobierno de los jueces, Lesmes ha dejado patente de manera expresa el compromiso de esta institución “de prestar la debida atención a estas demandas” y su exigencia de que así lo hagan también el resto de las autoridades competentes.

Lucha contra la corrupción

El presidente del TS y del CGPJ se ha referido a “la persistencia del fenómeno de la corrupción en nuestra sociedad, fenómeno que produce desánimo social y lamentablemente corroe alguna de nuestras instituciones”.

Frente a este tipo de delitos, “la justicia española sigue proporcionando la más eficaz y contundente respuesta, siempre con pleno respeto a las garantías de los justiciables”, ha dicho Lesmes, que ha recordado que en 2016 los jueces y juezas españoles concluyeron un total de 112 investigaciones por delitos de corrupción pública en los que se dictó auto de procesamiento o de apertura de juicio oral contra 659 personas.

El presidente del Poder Judicial ha ofrecido también los datos correspondientes a la Memoria sobre el estado, funcionamiento y actividad de los Juzgados y Tribunales correspondiente a 2016.

Ésta refleja que el año pasado ingresaron en los órganos judiciales españoles un total de 5.813.137 asuntos y se resolvieron un total de 6.010.185, quedando en tramitación al final del periodo otros 2.234.476.

El número de sentencias dictadas fue de 1.443.896.

En cuanto al Tribunal Supremo, ha destacado que, tras poco más de un año desde la entrada en vigor de las importantes reformas introducidas en sede de casación, las Salas de lo Penal y de lo Contencioso-Administrativo ya han dictado las primeras sentencias, tras apreciar el interés casacional de un importante número de recursos, con la consiguiente utilidad para la comunidad jurídica.

Custodiar sin ambigüedades la Constitución

El presidente del TS y del CGPJ ha concluido su intervención mostrando su convencimiento de que la Justicia española sabrá afrontar la gran responsabilidad a la que se enfrenta: ser instrumento para la paz social en un mundo caracterizado por la globalización, la multiculturalidad, la progresiva expansión de las nuevas tecnologías, la crisis de valores derivada de las grandes dificultades económicas de los últimos años y las nuevas y cada vez más exigentes demandas de los ciudadanos hacia sus gobernantes y sus instituciones.

Pero esa paz social, ha advertido Lesmes, “no será posible si no garantizamos que la Ley sea respetada y aplicada correctamente a cada caso concreto, premisa que constituye condición esencial de la propia democracia y presupuesto necesario de unos valores de convivencia que no cabe desconocer en el marco de nuestro Estado de Derecho”.

“Como jueces, hoy más que nunca, nos corresponde custodiar sin ambigüedades la Constitución y la Ley”, ha finalizado.

La Memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del Consejo General del Poder Judicial y de los Juzgados y Tribunales en el año 2016 está disponible en el siguiente enlace:

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo- General-del-Poder-Judicial/Actividad-del-CGPJ/Memorias/

Alaya manda y obliga

Jorge Muñoz | 13 de agosto de 2017 a las 2:00

La juez Mercedes Alaya, con la toga, presidiendo un juicio con jurado.

La juez Mercedes Alaya, con la toga, presidiendo un juicio con jurado.

La juez Mercedes Alaya, otrora instructora de las macrocausas como los ERE y los cursos de formación, nunca ha pasado desapercibida. Hace ya más de dos años que ya no ejerce de juez de Instrucción, tras su promoción como juez de la Audiencia de Sevilla y su expulsión de las macrocausas por el desencuentro con la nueva titular del juzgado de Instrucción número 6, María Núñez Bolaños.
En este tiempo, Alaya se ha adaptado a su nueva situación como magistrada de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial, por cierto, el mismo tribunal cuyos magistrados se mostraron reacios en su día a su incorporación y mostraron su “profunda preocupación” por la “imagen” que podía darse de la Administración de Justicia dado que esta Sala es la encargada de resolver todos los recursos de los ERE.
Alaya está ahora integrada en ese mismo tribunal y entre sus nuevos cometidos está la labor de revisar la actuación de sus antiguos compañeros de instrucción, de los autos que dictan estos jueces archivando causas o rechazando la práctica de diligencias, por ejemplo.
Uno de los primeros asuntos que le fueron encomendados como ponente fue el de la mina de Aznalcóllar, donde Alaya ordenó reabrir la investigación sobre las presuntas irregularidades en la adjudicación del concurso público a Minorbis.
Es en esta nueva faceta donde Alaya, cuando actúa como ponente de un asunto y por tanto es la encargada de la redacción de la resolución, está provocando un auténtico malestar entre algunos de estos jueces de Instrucción, que afean –en privado, claro– las formas que la magistrada utiliza a la hora de redactar esas resoluciones en las que expresa el sentido de la Sala. Alaya no sólo ordena que se hagan determinadas diligencias, sino que “obliga” a los jueces a que las hagan. Y es que el verbo tiene su importancia, mucha más a veces que el propio fondo del asunto. Un ejemplo. A Alaya le había correspondido resolver un asunto concreto, en el que además de la declaración de causa compleja –lo que supone la ampliación de la investigación por otros 18 meses–, se había cuestionado por una de las partes la práctica de algunas diligencias de prueba, que en su momento el juez de instrucción había desestimado.
Entre las pruebas solicitadas se encontraba la realización de un informe pericial económica. Alaya respondió de la siguiente forma, según puede leerse en el auto del que ha sido ponente: “Ya no se sugiere por esta Sala, sino que se obliga a su práctica al no haberse realizado en el momento oportuno dos años antes”.
Expresiones como ésta, con una imperativa contundencia que aparentemente resulta innecesaria, son las que han generado cierto malestar y crispación entre algunos de los jueces de Instrucción de Sevilla. Y es que, hasta para mandar, dirigir u ordenar hace falta saber y tener tacto, mucho tacto, sobre todo con quienes antes han sido tus iguales y que no han dejan de ser compañeros, con independencia del órgano en el que ahora estén unos y otros.

Tocan a rebato en los ERE

Jorge Muñoz | 6 de agosto de 2017 a las 2:00

Los fiscales delegados de Anticorrupción conversan con uno de los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).

Los fiscales delegados de Anticorrupción conversan con uno de los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).

Después de muchos amagos y escarceos no concretados, uno de los abogados defensores en la macrocausa de los ERE ha tocado a rebato contra el pilar fundamental de la acusación: el informe pericial elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que recoge las supuestas irregularidades detectadas en la concesión durante una década de las ayudas públicas de la Junta de Andalucía.
La defensa del ex directivo de Vitalia Antonio Albarracín solicitó a la juez María Núñez Bolaños y la instructora así lo ha acordado, requerir a la dirección general de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales –ahora denominado Ministerio de Empleo y Seguridad Social– para que aporte la relación de “ayudas extraordinarias para prejubilaciones” concedidas entre los años 2001 y 2011, indicando en cuáles de ellas se realizó “concurso público y con aportación de la documentación que acredite la celebración de esos concursos, caso de haberse llevado a cabo”.
La juez también ha pedido al Gobierno central que informe sobre si las ayudas extraordinarias eran “finalmente ingresadas por algún organismo estatal o por la subdelegación del Gobierno, a las compañías de seguros que les indicaban las empresas tomadoras del seguro o la representación sindical, solicitantes ambas de las ayudas, sin realizar ningún tipo de comprobación respecto a si era o no adecuado el coste de la póliza de seguros”.
El abogado de Albarracín justificó la petición de esta información al Gobierno porque, cuando se han cumplido “más de cinco años de instrucción, se ha dado por bueno entre otros por los peritos de la dirección general de Seguros, que en todas las ayudas de la Administración para prejubilaciones se utilizaba la convocatoria de concursos públicos, y esto, como se pone de manifiesto en el procedimiento, no ha sido así, al menos respecto a las 15 ayudas extraordinarias concedidas para la minería de Huelva en donde no consta concurso público alguno”.
Estos extremos se comprueban, según la defensa, en la documentación aportada por la Subdelegación del Gobierno en Huelva relativa a la empresas mineras de la Faja Pirítica. Y añade que tampoco se habrían realizado concursos públicos para el resto de ayudas extraordinarias para prejubilaciones concedidas por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, “circunstancia ésta nada anormal, al haberse aplicado la orden ministerial de 5 de abril de 1995”.
¿Qué pretende acreditar la defensa al reclamar esta información al Gobierno central? ¿Qué consecuencias puede tener para la macrocausa de los ERE? Con esta actuación, que otros investigados como el abogado Carlos Leal Bonmati llevan planteando desde hace bastante tiempo, se pretende atacar la pieza clave de la causa: el informe realizado por los peritos de la IGAE, quienes consideran “inadecuado” e “improcedente” el uso de las transferencias de financiación para el pago de las ayudas de los ERE, lo que impidió la “fiscalización previa” según estos expertos. El informe pericial sostiene asimismo que las subvenciones se concedieron con discrecionalidad, prescindiendo “absolutamente del procedimiento administrativo” a la hora de otorgar estas ayudas.
Supongamos que la documentación que tiene que remitir ahora el departamento de Fátima Báñez corrobora que durante esa misma década investigada en Andalucía el Ejecutivo central estuvo concediendo ayudas de la misma forma, de manera discrecional, sin observarse las rígidas formalidades de las subvenciones y sin ser intervenidas por la IGAE.
Y supongamos también que la documentación remitida al juzgado acredite que los mismos peritos que han elaborado el contundente informe sobre los ERE de Andalucía, o sus subordinados en la IGAE, hayan avalado el procedimiento o sistema por el que se concedieron esas ayudas estatales, al amparo de las mismas normativas por la que se concedieron la de los ERE de Andalucía.
El resultado sería que se habrían aplicado dos criterios radicalmente opuestos en uno u otro caso. Lo que se consideró completamente legal en las ayudas en las que intervino elGobierno central se tornaría en un cúmulo de ilegalidades y de delitos en el caso de las ayudas de los ERE.
Sería interesante conocer qué explicación podrían dar en ese supuesto los peritos de la IGAE, porque en ese supuesto podrían incluso derivarse supuestas responsabilidades.
Y en el caso de que se acreditaran todos esos extremos, el informe pericial con el que las acusaciones llegarán al juicio por el denominado “procedimiento específico” que se inicia el próximo mes de diciembre, quedaría bastante tocado, por no decir hundido. Y sin la base de la acusación, el juicio contra los 22 ex altos cargos, entre los que se encuentran los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, podría dar un giro radical.
El abogado Carlos Leal Bonmati, que figura como investigado en el caso de los ERE, defiende desde el inicio de la instrucción la legalidad del sistema aplicado en Andalucía para la concesión de estas ayudas, por cuanto considera que la normativa aplicable parte precisamente de que las ayudas se otorgan sin publicidad ni concurrencia.
El letrado cita la orden del Ministerio de Trabajo de 5 de octubre de 1994, sobre las ayudas previas a la jubilación ordinaria, y otra orden del mismo ministerio de 5 de abril de 1995, en relación con las ayudas a los trabajadores afectados por procesos de reconversión y/o reestructuración de empresas. Para el abogado, basta con leer ambas disposiciones del Gobierno central para comprobar que la concesión de estas ayudas está exceptuada de los requisitos de publicidad y concurrencia, al tratarse de ayudas de concesión directa, debido al problema que se pretendía resolver, determinadas crisis empresariales que deben ser resueltas de manera urgente.
La caja de Pandora que supone solicitar la información de todas las subvenciones otorgadas durante una década por el Gobierno central ha sido abierta en la pieza en la que se investigan las ayudas concedidas a la faja Pirítica de Huelva, donde la juez María Núñez Bolaños tomará declaración como investigados el próximo 17 de octubre a dos ex altos cargos del Gobierno de Aznar.
Se trata Carmen de Miguel y Soledad Córdova, ex secretaria general de Empleo ex directora general de Trabajo del Ministerio de Trabajo que por entonces dirigía Eduardo Zaplana, respectivamente. En esta pieza, la juez ha imputado a seis ex altos cargos de la Junta y a los dos ex secretarios regionales de UGT y CCOO Manuel Pastrana y Francisco Carbonero. Asimismo, se comenta que puede haber alguna sorpresa a la hora de citar a los testigos de esta pieza, alguno de los cuales podría ser muy conocido.

 

VISTO PARA SENTENCIA

Adiós a uno de los “sospechosos habituales” de los ERE

SEV24.el consejero Antonio Fernandez en la comisión de los ERE..Diario de Sevila/MANUEL GOMEZ

El ex consejero de Empleo Antonio Fernández.

La Audiencia de Sevilla le ha dado también la razón al ex consejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández, quien sólo podrá ser enjuiciado en una ocasión por el fraude de los ERE. El tribunal ha apreciado en este caso, como ya hiciera recientemente con dos ex directores generales de la agencia Idea, que los hechos por los que van a ser juzgados en el denominado procedimiento específico de los ERE ya incluyen su presunta participación en el resto de cada una de las piezas de la macrocausa que se está investigando, por lo que en aplicación del principio legal non bis in ídem, la Sala acuerda dejar sin efecto su imputación la pieza de las ayudas a Surcolor/Surcolor Óptica. La exclusión de Antonio Fernández de esta pieza de los ERE –y de todas las demás en las que inicialmente pudiera ser citado como investigado–, según apunta su abogado, Alfonso Martínez del Hoyo, “sienta un criterio interpretativo, que por su extraordinaria claridad ahora ya sí puede considerarse como definitivo, en relación a la compleja controversia jurídica” que han mantenido durante meses. Y además, con esta decisión, la Audiencia abre la vía para el archivo de decenas de piezas en las que no se podrá imputar a los altos cargos que las concedieron, sobre todo en aquellas piezas en las que no haya intrusos y la imputación se produzca por el “mero hecho” de haber solicitado en su momento una ayuda a la Junta de Andalucía.

La empresa puede cambiar la “pausa del bocadillo” cuando no es la condición más beneficiosa

Jorge Muñoz | 4 de agosto de 2017 a las 17:15

pausabocadillo
La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que considera que el cambio unilateral realizado por la empresa Zumos Valencianos del Mediterráneo en el “descanso para bocadillo”, que dejó de considerar 7,5 minutos como trabajo efectivo en el calendario laboral de 2014, no supuso una modificación sustancial de las condiciones de trabajo.Para el Tribunal Supremo, el que la empresa “tolerase” en los calendarios de los años anteriores, desde el comienzo de su actividad, la recomendación prevista en el Convenio Colectivo de que 7,5 minutos de los 15 de descanso fijados para el bocadillo se contasen como tiempo de trabajo no era una condición más beneficiosa de trabajo. La sentencia aclara que, en caso contrario, el empresario por su única voluntad no podría haber cambiado la consideración de dicho descanso como tiempo no trabajado y no podría aumentar los días de trabajo para incorporar ese tiempo no trabajado. Los hechos probados recogen que los delegados de personal presentaron en marzo de 2014 una propuesta de calendario para ese año, en los mismos términos que las de los años anteriores, y que la empresa respondió con una contrapropuesta. Tras una reunión, constataron que la diferencia entre ambas radicaba en la consideración como tiempo de trabajo efectivo de los 15 minutos para el bocadillo en jornada continuada superior a 6 horas. La empresa no consideraba los 15 minutos como tiempo de trabajo efectivo, y los sindicatos 7,5 minutos sí y los otros 7,5 minutos a cargo del trabajador, tal y como se había hecho hasta esa fecha. Ante la falta de acuerdo, la empresa aplicó su propuesta que suponía un exceso de jornada de 6,75 horas, que cada trabajador podrá disfrutar cuando estimara conveniente, previa comunicación y aceptación por parte de la empresa.

La sentencia explica que, como consecuencia del cambio de consideración de ese tiempo de descanso, la empresa tiene que realizar una adaptación de la distribución de la jornada anual para que se hagan las horas de trabajo efectivo -1768- que no constituye una modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Dicha adaptación, añade, entra dentro del poder de dirección del empresario, que ha fijado en 228,12 los días de trabajo, en lugar de los 224,5 que se trabajaban hasta el año 2014.

“No es que el empresario haya procedido a una modificación sustancial de las condiciones de trabajo de las que disfrutaba el trabajador, sino que las horas anuales no se han modificado, simplemente el empresario ha cesado en su tolerancia de considerar tiempo de trabajo los 7,5 minutos diarios de descanso para bocadillo, y ha pasado a disponer que no cabe considerarlos tiempo de trabajo”, subraya la Sala.

La Sala estima el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por esta empresa y revoca la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que entendió que se trataba de un incremento unilateral de la jornada y, por tanto, se tenía que haber acudido a la modificación sustancial de condiciones de trabajo del artículo 41 del estatuto de los Trabajadores. Con esta decisión, se confirma la sentencia del juzgado de lo Social nº 11 de Valencia que rechazó la demanda de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras del País Valenciano contra la decisión empresarial.

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Los desprecios del Loco del Chándal

Jorge Muñoz | 30 de julio de 2017 a las 2:00

Un momento de la detención de Manuel González González, el Loco del Chándal.

Un momento de la detención de Manuel González González, el Loco del Chándal.

Manuel González González, más conocido como el Loco del Chándal, que en 1997 fue condenado a 169 años por agresiones con arma blanca a un total de 16 mujeres y que actualmente está en prisión provisional por dos intentos de asesinato, mostró semanas antes de su arresto un “gran desprecio” por el sistema legal español, llegando a insultar a jueces, fiscales, guardias civiles y a las propias víctimas. Así lo expone la Guardia Civil en un informe remitido al juzgado único de Cazalla de la Sierra –que recientemente encarceló al sospechoso por dos intentos de asesinato–, donde los investigadores dan cuenta de las intervenciones telefónicas realizadas a Manuel y a su hermano José, así como a otros miembros de su familia.
Esas escuchas revelan cómo el Loco del Chándal, de 52 años, intentó fabricarse una coartada para el día de autos, para lo cual se había buscado un testigo que afirmara que no estaba en la localidad sevillana de Almadén de la Plata cuando se produjo uno de los dos incendios que se le atribuyen en las viviendas de las hermanas del ex alcalde de esta población José Luis Vidal.
El atestado de la Guardia Civil concluye que los detenidos tienen “un gran desprecio al sistema legal establecido, tanto en el ámbito judicial como policial, no mostrando ningún respeto”. En algunos casos, prosigue el informe, “son capaces de distorsionar la realidad, creyendo que todo lo que se está investigando es un montaje policial y judicial, incluso con orígenes políticos, para detenerlos y meterlos en prisión, y así las víctimas conseguir librarse de ellos”.
Los agentes insisten en que varios de los pinchazos revelan el “alto desprecio” de los detenidos hacia el sistema judicial y policial, profiriendo graves insultos a jueces, fiscales, guardias civiles y a las propias víctimas de los delitos.
Así, en una de las conversaciones entre los hermanos Manuel y José González, este último le comenta lo siguiente:“Tu no ves que colocan, si el otro era medio en condiciones, po colocan a los fiscales de sus ideas, del PP, a los jueces de sus ideas, y al tío que investigue, aunque sea falso, pero que investigue para sacar pruebas falsas y lo que sea falso”.
Manuel habla de denunciar a la Guardia Civil –presentó una denuncia en marzo por supuestas coacciones a testigos, que fue archivada– y dice que si tiene que poner otra denuncia lo hará, a lo que su hermano José contesta: “Mira si la Guardia Civil ha cambiado de gorro, la mala lecha la tiene igual que la tenían”.
Y el propio Manuel le replica: “Ya, ya lo sabemos y ellos creen que todavía Franco vive”, mientras José concluye: “Aquí están tos compraos en Cazalla, están todos compraos… Tu no ves que eso es un pueblo mu chico, y hacen sus comilonas, el gorrino”. Y Manuel añade: “Claro, claro, y se van de putas”, a lo que su hermano indica que le dan “los jamones, le hacen en la finca una fiesta, y ahí se llevan tos muy bien”.
Ese desprecio también se produce cuando se refieren al sargento de la Guardia Civil que lleva las investigaciones, en una conversación entre Manuel González y su sobrino, en la que el Loco del Chándal afirma sobre este mando que es “un chaval joven, chulillo, que lo han colocado y se le sube a la cabeza el mando”.
Y tampoco dudan en amenazar al sargento, como ocurre en un pinchazo de una llamada entre José González y su sobrino, en la que el primero dice que “ese niño es hijo de algún bicharraco gordo, porque cuando va tan seguro, sabe que no le va a pasar nada”, y a continuación precisa que se está refiriendo a “el sargentín”. “Ese lo vamos a colgar como la última cierva que pelemos allí”, afirma el sobrino, y en otro momento José comenta: “¿Tú sabes a dónde tenía que ir éste? al País Vasco, hijo de puta”.
De la misma forma, en otro pinchazo –en el que habla José con su madre–, vuelven a criticar a la Guardia Civil y José dice que “él ha buscado, ha ido al delegado del Gobierno, que es del PP, y hasta que no ha encontrado un sargento a su medida no ha parado, que lo defienda él” e insiste en que “a la larga los que van haciendo montajes también se cogen”.
En otra de las conversaciones, el sobrino del Loco del Chándal le comenta a su tío que puede “buscarle los testigos que sean necesarios”, que tiene incluso amigos que estarían dispuestos a manifestar que estuvo en Barcelona el día en que fue incendiada una de las viviendas, ofreciéndole de esta forma una coartada.
En otra de las llamadas se efectúan “múltiples amenazas” del sobrino a los investigadores de la Guardia Civil, algunas de “extrema gravedad”, que José González –que fue puesto en libertad con cargos como presunto encubridor–, le “anima a cumplirlas”.
En otra de las conversaciones intervenidas, los detenidos comentan donde se encuentra el ex alcalde, hablan sobre si vive en Almadén o en Sevilla, y al descubrir que reside en Almadén, el Loco del Chándal comenta lo siguiente: “es bueno saber que vive en Almadén y no aquí en Sevilla”.

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Un agente revisa la vivienda de Almadén con la ayuda de un perro.

En la causa contra Manuel González por los dos incendios que se le atribuyen hay un testigo protegido que asegura que lo vio en la localidad tan sólo unas horas antes de que se produjera el suceso en la casa de una de las hermanas del ex alcalde, en concreto, de la que es juez de paz. Este testigo asegura que todos los vecinos del pueblo decían que el autor era Manuel González, pero “nadie quiere decirlo ante las autoridades por miedo a las represalias de éste”. Esta persona continúa diciendo que este incendio ocurrió sobre las 01:45 horas de madrugada del 12 de marzo, y a esa hora se encontraba en su casa, pero recuerda que a las 22:25 del día anterior, el 11 de marzo, vio un vehículo Citroën Xsara Picasso en la calle Puerto de la Cruz que conducía el Loco del Chándal.
En otra de las escuchas, Manuel González llega incluso a llamar a la oficina del Defensor del Pueblo andaluz, porque quiere pedir una cita con su abogado para entrevistarse con el “Señor Maescu” (sic), en alusión a Jesús Maeztu. Cuando un operador de la oficina del Defensor le pregunta sobre el asunto del que quería hablar, el Loco del Chándal responde que “el asunto es un poco complicado y demasiado amplio, un conflicto que hay aquí con el que era antes alcalde del pueblo, y este tío no deja vivir a nadie”.
Dice la Guardia Civil que los dos incendios provocados en las viviendas de las hermanas del alcalde se deben a “motivos de venganza” hacia esta familia, debido a la “obsesión manifiesta que tienen hacia” estas personas –la mayoría de las llamadas versan sobre esta familia–, ya que Manuel González sostiene que desde que salió en prisión esta familia “le arruinó la vida”, y además en un incidente que tuvieron los hermanos González con el ex alcalde, cuyo juicio se celebró hace unos meses, la Fiscalía pidió una condena de dos años de cárcel para los hermanos González. En el atestado, los agentes se refieren al perfil criminológico de Manuel González y, citando el informe de excarcelación del centro penitenciario Brians II –salió tras la derogación de la doctrina Parot–, señala que Manuel González padece un trastorno por “sadismo sexual, debido a una preferencia sexual desviada” que consiste en que su excitación implica actos en los que se produzca un sufrimiento físico o psicológico en las víctimas.
El informe de la cárcel advertía de que, al no aceptar someterse a ninguna clase de tratamiento durante su estancia en prisión, determinan que la “valoración del riesgo de reincidencia en la comisión de un nuevo delito sexual y/o violento con riesgo de poder terminar la vida de la víctima sea extremo”. Y añadía que aunque la tipología delictiva preferente del investigado eran agresiones con arma blanca en mujeres desconocidas, con un alto grado de violencia física –lo que provocó en uno de los casos la muerte de la víctima–, debido al “alto grado de sentimientos de hostilidad y venganza mostrados hacia el sistema judicial y penitenciario no se pueden descartar otros objetivos u otras demostraciones de violencia”.

Un agente muestra los objetos intervenidos en el domicilio de los arrestados.

Un agente muestra los objetos intervenidos en el domicilio de los arrestados.

 

Las principales escuchas

Habla José González con familiares
–J. G. La juez de Paz, su hermanito tiene ahí mano en Cazalla, pero a nosotros nos han dicho que si os condena la jueza por esto, está claro que la jueza está compinchá con todos ellos…
–J.G. Estos policías corruptos tienen gente mangantes, chorizos, los tienen de su mano porque los chorizos y estos mangantes le deben favores a ellos y en el momento que diga, tego que hacer un montaje, le pegaron fuego a la casa de la hermana, para hacer ver que era el Manolo…. montaje del tiparraco éste.
–J.G. En Barcelona he visto a la secreta tomando cervecitas con porreros y camellos.

Hablan Manuel y José
–Manuel. Ya sabemos de qué se trata, pero la jueza ha hecho ahí una guarrada, porque así no puedes responder a una denuncia, archiva todo cuando yo denuncié a la Guardia Civil.
–M. Hay jueces que se pillan los dedos ellos solos.
–José. ¿La tía que ha pegado el archivazo para tranquilidad pa ella?
–J. Claro, hay que darle guerra a la tía.
–J. ¿No ves lo que están haciendo todos estos hijos de puta, poniendo a los fiscales y a los jueces de su ideología pa, pa, pa salir bien de to?
–J. Pues hay que ir a por ellos.
–J. Claro que está todo amañao, po a la Audiencia o donde haya que hacerlo
–M. Aquí en Cazalla está todo amañao, ahí se conocen todos, entre uno y otro.
–J. Y se pagan con un gorrino de esos, le hacen la matanza y ya está.
–M. Y está todo pagado.
–J. Y si lo están escuchando que lo sepan.

 

La defensa dice que se ha “tergiversado” la condena del reo

La defensa de Manuel González González ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia de Sevilla, a la que solicita la puesta en libertad del detenido ante la “carencia absoluta de pruebas” y al entender que su encarcelamiento se ha producido únicamente por la existencia de “sospechas” que han sido “inducidas por las perjudicadas en sus declaraciones ante el juzgado, sin que el sospechoso haya sido visto la noche de autos cometer los hechos de que se le acusa, ni merodear antes o después por el domicilio de las perjudicadas”. Además, la defensa denuncia que en relación con los antecedentes penales del acusado hay un “error o falsificación” en el numero de antecedentes, y así niega que el acusado fuese excarcelado en 2013 tras la abolición de la doctrina Parot y haber cumplido una condena de 169 años de cárcel. De esta forma, sostiene que se ha realizado una “tergiversación interesada de la condena ya cumplida”, puesto que ésta sería en realidad de 61 años, tres meses y un día de prisión, según las copias que aporta de los antecedentes. “La publicidad orquestada por José Luis Vidal en prensa y televisión ha subido la condena del procesado a 169 años” y el informe de la Guardia Civil, la Fiscalía y la juez “sitúan la condena cumplida en 169 años, sin haberla contrastado con la dirección o registro de penados y rebeldes”, añade. La Fiscalía se ha opuesto a la puesta en libertad, debido a la “gravedad” de los hechos que se le imputan y la “pena privativa de libertad prevista” por los delitos que se le atribuyen, así como para evitar la “reiteración en los ataques contra la víctima y su círculo familiar”.

 

 

Una de cada tres condenas es por delitos de seguridad vial

Jorge Muñoz | 28 de julio de 2017 a las 2:00

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Un agente de la Guardia Civil realiza un control de alcoholemia

El fiscal de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, ha asegurado que durante el año 2016 de cada tres condenas penales, una lo ha sido en el ámbito de la seguridad vial. Asimismo, hubo 55.000 penas de privación del carnet de conducir y casi 28.000 condenas a penas de trabajos en beneficio de la comunidad. También se ha detectado un repunte en los siniestros cometidos por conductores jóvenes.

Bartolomé Vargas explicó, sobre los datos estadísticos de la Fiscalía de Seguridad Vial, que en 2016 se han formulado 79.463 escritos de acusación por delitos viales de peligro, que constituyen el 29% del total de los presentados por el Ministerio Fiscal: aproximadamente uno de cada tres escritos de acusación lo ha sido por delitos contra la seguridad vial.

En el mismo año se han dictado 80.831 sentencias de condena por delitos viales de peligro, el 32% de las pronunciadas por los Tribunales por toda clase de delitos: aproximadamente una de cada tres sentencias condenatorias lo ha sido por delitos contra la seguridad vial.

Se mantienen los elevados porcentajes de procedimientos incoados y acusaciones formuladas en el ámbito de la delincuencia vial por los trámites de los denominados Juicios Rápidos: tres de cada cuatro procedimientos incoados (74,63%) y cuatro de cada cinco escritos de acusación (80,34%) lo son por el trámite de Diligencias Urgentes.

Además, casi el 90% de estas condenas son dictadas de conformidad y en un porcentaje muy alto con cumplimiento inmediato de las 55.148 penas de privación del derecho a conducir y 2.060 pérdidas de vigencia del permiso ex art. 47.3 CP impuestas en este año, y un pronto cumplimiento de buena parte de las 50.000 penas estimadas de multa y 27.954 penas de trabajos en beneficio de la comunidad asimismo impuestas en sentencia en 2016.

El Fiscal de Sala Coordinador recordó a los Fiscales y Policías de Tráfico las indicaciones del Dictamen 2/2016 sobre los delitos de homicidio (castigado con penas de hasta 4 años de prisión) y lesiones (con penas de hasta tres años de prisión) por imprudencia grave de los arts. 142.1 y 152.1 CP, que deberá apreciarse, sin automatismos y con una ponderada valoración de las circunstancias concurrentes, entre otros, en los siguientes casos:

a) adelantamientos con grave vulneración de las prohibiciones del art. 37 LSV.

b) excesos de velocidad calificados de infracción grave o muy grave de los arts. 76.a) y 77.a) LSV sancionados con 6 puntos cuando han sido determinantes de la producción del resultado.

c) marcha atrás en autopistas o autovías.

d) no detenerse en la señal de stop o ante un semáforo en rojo.

e) En los casos en que la víctima pertenece a uno de los colectivos vulnerables protegidos en la legislación vial (menores, personas de la tercera edad, discapacitados, peatones y ciclistas) cuando se detecte la grave vulneración de los deberes de precaución del art. 13.1 LSV, de moderación de velocidad del art. 46 RGCir, de preferencia del peatón y ciclista del art. 25 LSV y protección de este último en el adelantamiento (art. 35)

De otro lado, el fiscal destacó el aumento de jóvenes fallecidos de entre 15 y 24 años en un 16% hasta alcanzar la cifra de 198 en 2016 es reveladora de la necesidad de impulsar la educación vial en los Colegios, la formación para la obtención del permiso de conducir y actuaciones encaminadas a su concienciación vial en el marco de una Estrategia o Plan Nacional.

Los datos estadísticos acerca de que las salidas de la vía se hayan constituido en la primera causa de los fallecimientos, 601 constituyendo un 33% del total, que los procedimientos sancionadores administrativos por distracción y uso del móvil alcancen la cifra de 117.921 en 2016 y que la velocidad inadecuada concurra en el 29% de los accidentes llevan a la conclusión de que la prisa y la tensión psicológica con la que se conduce, trasunto de la aceleración con la que se vive en sociedad, el exceso de velocidad consiguiente, la fatiga, el sueño, la utilización del móvil y la distracción concomitante son principalísimas causas de la siniestralidad y están omnipresentes en nuestras carreteras.

 

La Madeja enreda a Torrijos

Jorge Muñoz | 24 de julio de 2017 a las 2:00

Tras su absolución en Mercasevilla, el ex portavoz de IU es procesado por delitos de prevaricación y cohecho

El juez José de la Mata sostiene en el auto que Finotovo “financió” a IU y PSOE con su mordidas

IU recibió 155.000 euros y el PSOE cantidades de 30.000 a 60.000 euros entre los años 2006 y 2009

El ex primer teniente de alcalde Antonio Rodrigo Torrijos, cuando declaró ante la Guardia Civil por la Madeja.

El ex primer teniente de alcalde Antonio Rodrigo Torrijos, cuando declaró ante la Guardia Civil por la Madeja.

La alegría por la sentencia absolutoria de Mercasevilla le ha durado a Antonio Rodrigo Torrijos exactamente un mes. El pasado viernes, el titular del juzgado central de Instrucción número 5 de Sevilla, José de la Mata, finalizaba la instrucción de la denominada operación Madeja y dictaba cinco autos de procesamiento, uno por cada una de las distintas piezas separadas en las que se dividió la macrocausa investigada en su día por la juez Mercedes Alaya y en una de las cuales Torrijos es nuevamente procesado.
El ex primer teniente de alcalde y ex portavoz municipal de IU ha sido procesado en la pieza denominada “delegaciones territoriales y administraciones locales III (Ayuntamiento de Sevilla)”, en la que hay 17 investigados por haber recibido presuntamente regalos y mordidas a cambio de favorecer la adjudicación de contratos a la empresa Fitonovo, que según De la Mata había creado una “red de contactos con funcionarios corruptos que les facilitaban dicha contratación, y creando una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, financiar el pago de sobornos a funcionarios públicos”.
En el auto notificado el pasado viernes, que tiene una extensión de 104 folios, el instructor sostiene que tanto IU como el PSOE se financiaron con las mordidas de Fitonovo. El juez ha procesado a cuatro ex concejales del Ayuntamiento de Sevilla por este caso, dado que a Torrijos lo acompañan el también ex portavoz de IU y ex concejal de Juventud y Deportes José Manuel García, el ex concejal del PSOE Manuel Gómez Lobo y el ex edil del PP y ex director general de Medio Ambiente del Ayuntamiento Joaquín Peña. La lista se completa con funcionarios municipales y con el ex director de área de Vía Pública Domingo Enrique Castaño, quienes también habrían recibido supuestamente dádivas y regalos para favorecer a Fitonovo.
A los cuatro ex ediles, el juez les atribuye sendos delitos de prevaricación y cohecho, aunque a Manuel Gómez Lobo y a Peña les imputa además un delito de fraude a las administraciones públicas y otro de tráfico de influencias. A Gómez Lobo y a Castaño, por último, les atribuye otro delito de falsedad. El ex concejal Gómez Lobo es el único al que el juez le achaca los cinco delitos que ha investigado en esta causa.
Sobre la presunta financiación de IU, De la Mata subraya que Fitonovo pagó 155.000 euros a Izquierda Unida, mediante dos pagos, uno de 70.000 euros que se entregó el 30 de marzo de 2010 “en una caja de zapatos” al miembro de IU y también imputado Antonio Miguel Ruiz Carmona, y otro de 85.000 euros el 18 de febrero de 2011.
Esos 155.000 euros fueron abonados por el empresario de Fitonovo José Antonio González Baró “para la campaña electoral” tras la conclusión de las obras de instalación de césped artificial en 11 campos de fútbol de Sevilla, precisa el auto.
Dice el juez de la Mata que el ex concejal de IU José Manuel García habría intervenido“decisivamente”, como dirigente de la formación, “en connivencia con otros dirigentes como el primer teniente de alcalde Antonio Rodrigo Torrijos, en recibir para el partido determinadas dádivas en compensación a la adjudicación a Fitonovo” de los contratos de los 11 campos de fútbol, que fueron adjudicados el 13 de abril de 2009 por el Instituto Municipal de Deportes por una cuantía de 6,9 millones de euros.
Tras el segundo pago de 85.000 euros, el juez señala que se observa una “relación más intensa y con más contratos adjudicados desde las áreas que gestiona” José Manuel García, entre ellos las obras de emergencia en el club deportivo Ifni ( por importe de 554.736,29 euros) iniciadas el 15 de diciembre de 2010 “con ausencia de expediente, totalmente dirigida a Fitonovo por la propia naturaleza del procedimiento de emergencia” y con “numerosas irregularidades en el procedimiento”; así como las obras urgentes en el CEIP San Isidoro (29.760 euros), en el que se invitaron en mayo del 2011 a tres empresas que, en relación a otro asunto, “han ejemplificado perfectamente un caso de concurrencia ficticia”.
El instructor concluye que los pagos fueron para financiar el partido y así argumenta que la presencia de personas de Izquierda Unida que no pertenecen a los organismos desde los que se adjudicaron los contratos y, por tanto, sin poder influencia directa sobre su adjudicación –como Torrijos o Antonio Ruiz Carmona, que recibió los pagos–, “descarta en gran medida que dichos pagos se hayan entregado a título particular a personas de estos organismos por favores en la adjudicación. La presencia de estas personas se podría justificar con la influencia que estos podrían mantener con las personas que sí habrían gestionado en su momento dichas áreas y sí habrían tenido capacidad de decisión sobre la contratación, como José Manuel García Martínez, delegado de Juventud y Deportes, así como la que éste haya podido tener con personal, técnico o jurídico, dependiente de sus áreas”, añade.
En cuanto a la financiación del PSOE, De la Mata asegura que como compensación por el incremento importante de la facturación de Fitonovo y la adjudicación creciente de contratos, la empresa abonó el 9 de mayo de 2007 la cantidad de 30.000 euros al PSOE, a “requerimiento” del edil Manuel Gómez Lobo. “Pagos con el mismo objeto al Partido Socialista se sucederían entre 2006 y 2009 en diferentes cantidades que oscilarían entre 30.000 y 60.000 euros, con la denominación en la Caja B de Fitonovo de ‘Langostinos Maera’, aludiendo a una reunión de periodicidad mensual que habría en dicho establecimiento a la que acudían Gómez Lobo y Rafael González Palomo”, dueño de Fitonovo y padre de González Baró.
Con el nombre de ‘Langostinos Maera’ se hacía referencia al restaurante ubicado en el barrio del Tardón en el que se reunían mensualmente Gómez Lobo y Rafael González Palomo.

El ex concejal Manuel Gómez Lobo, a quien el juez atribuye cinco delitos relacionados con los pagos de Fitonovo.

El ex concejal Manuel Gómez Lobo, a quien el juez atribuye cinco delitos relacionados con los pagos de Fitonovo.

El auto considera que el que fuera concejal de Vía Pública Manuel Gómez Lobo se ocupó de procurar, junto a Domingo Enrique Castaño, distintas adjudicaciones a Fitonovo y así, prosigue la resolución, “exigieron” a esta empresa que, como compensación por la adjudicación de los contratos de mantenimiento de la zona Centro y de la Macarena, debería asumir el pago de las obras de adecuación de la sede de la agrupación del PSOE de la Macarena. Estas obras se facturaron a nombre de una empresa dedicada a la desratización, llamada Klevin, y que por consiguiente “no realizaba obra alguna”. El juez señala asimismo que Domingo Enrique Castaño pidió en una ocasión al dueño de Fitonovo Rafael González Palomo la cantidad de 60.000 euros “para la financiación del partido”, cantidad que después de negociar quedó reducida a 30.000 euros, que le fueron entregados en las oficinas de Fitonovo. González Palomo declaró, por su parte, que pensaba que este dinero “se lo quedó” Castaño.
Sobre la implicación del ex director general de Medio Ambiente Joaquín Peña (PP), el juez de la Audiencia Nacional estima que ésta se produce en el marco de la contratación pública y como consecuencia de sus relaciones con empresas que contratan con el servicio de Parques y Jardines. Esa implicación se produjo, en primer lugar, en relación al denominado “macrocontrato” de Parques y Jardines, el expediente 400/2012, que ascendía a 48 millones de euros. Para el instructor, “existen indicios que apuntarían a la intervención del director general en la fase de adjudicación” del lote 2, “al parecer, ejerciendo influencias” sobre el funcionario Francisco Amores Carredano –jefe de la sección de conservación y mantenimiento del servicio de Parques y Jardines– para que la empresa Albaba fuera adjudicataria de uno de ellos y favorecer así a su amigo Carlos Alfonso Lozano.
El juez De la Mata concluye el auto asegundado que los indicios recopilados durante la instrucción son “suficientes” para acordar la continuación del procedimiento contra los 17 investigados en esta pieza. El instructor ha dado un plazo de 20 días a la Fiscalía para que presente su escrito de conclusiones provisionales y solicite la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.

 

Castaño recibió 300.000 euros en “comisiones ilícitas”

El ex director de Vía Pública Domingo Enrique Castaño y su esposa, la abogada Ana María Vaquero, recibieron durante el período investigado 303.458,52 euros “de origen desconocido”, compuesto de un incremento de 193.856,09 euros “carente de justificación”, y unos abonos en efectivo de compras que tampoco habrían sido retirados de ninguna de sus cuentas, que asciende a 109.602,43 euros, detalla el juez José de la Mata. Este incremento patrimonial, según el magistrado, “pudo tener lugar por regalos y cobro de comisiones ilícitas cuando Domingo Enrique Castaño fue director de Vía Pública del Ayuntamiento de Sevilla, o a consecuencia de dicho cargo, el cual tuvo que relacionarse para la adjudicación de contratos con numerosas empresas destinadas al mantenimiento de la vía pública”. El instructor explica que la intervención de Domingo Enrique Castaño fue ”decisiva” para la adjudicación a Fitonovo del contrato de mantenimiento de Vía Pública. El juez añade que otro contrato que habría sido favorecido por Castaño y por el ex concejal Manuel Gómez Lobo fue el concurso sobre riego del Parque de María Luisa, el expediente 28/2005, a través de la UTE Fitonovo-Detea, por importe cercano a los 500.000 euros, aunque también cita otros tres expedientes en los que habría intervenido Castaño.

 

Dinero en efectivo, teléfonos, y hasta un caballo y una yegua

El funcionario Francisco Luis Huertas, jefe obrero o capataz del servicio de Parques y Jardines, recibió según el juez José de la Mata diversas dádivas, entre ellas dinero en efectivo, teléfonos móviles, y hasta un caballo y una yegua. Dice el instructor que dada su “influencia en los ámbitos políticos, a través de Gómez Lobo y Domingo Enrique Castaño”, este funcionario conseguiría “para su propio beneficio a través de su empresa elementos Urbanos, la adjudicación para Fitonovo de “múltiples contratos” en materia de juegos infantiles y así consiguió “acaparar el negocio de los juegos infantiles en Sevilla y en la mayor parte de Andalucía”. Dos de las hijas de Huertas trabajaron como comerciales, y a una de ellas, cuando abandonó la empresa, Fitonovo le regaló un vehículo, un Toyota Corolla. La contratista le regaló además al funcionario –que según otro acusado era conocido como “sheriff”– en mayo de 2007, un caballo llamado Alazano, valorado en 1.300 euros, y en febrero de 2008 una yegua, por otros 1.000 euros, y también recibió otros regalos como el pago de dos cotillones de fin de año en 2002 y 2003 por valor de 285 euros, un tractor carriola, un viaje a Budapest por importe de 3.499 euros, alquileres de vehículos, y varios teléfonos móviles de la marcas Nokia e Iphone, detalla el auto.

Una guardia tranquila

Jorge Muñoz | 23 de julio de 2017 a las 2:00

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Una funcionaria de guardia con una pantalla en la que puede verse el juego del ‘majong’.

El estío no pasa desapercibido en los juzgados y tribunales. El ritmo frenético que puede apreciarse en otros meses del año, con la tramitación de causas y la celebración de juicios a gogó, da paso a una etapa más tranquila que comienza a percibirse, sobre todo, en la segunda quincena del mes de julio.
Sólo los asuntos de tramitación urgente, las causas con detenidos, siguen recibiendo el impulso procesal. El resto de asuntos, menos graves por así decirlo, duermen el sueño de los justos hasta septiembre. Agosto es el mes inhábil de la Justicia, salvo para esas actuaciones urgentes.
Y esa mayor tranquilidad se percibe en los juzgados nada más acceder a los mismos. Ya no suele verse la animación que presenta el pasillo de los juzgados un día cualquiera, donde abogados y clientes se suelen citar, por lo general, a las puertas de la sede judicial del Prado de San Sebastián, o en los negocios hosteleros de las inmediaciones, muy concurridos en otras fechas y que también perciben el éxodo veraniego a la hora del recuento diario en sus cajas.
Atrás quedan las colas de ciudadanos que se producen en ocasiones anteriores a la hora de atravesar el escáner de los juzgados o de la Audiencia de Sevilla, o de cualquier órgano judicial de Andalucía. La tranquilidad de estas fechas se palpa desde ese primer contacto con las sedes judiciales.
Y esa tranquilidad también se traslada aparentemente a las plantillas de funcionarios, reducidas como consecuencia de las vacaciones estivales, al igual que ocurre en otros sectores profesionales y empresariales. Y esa relajación conlleva a que puedan captarse imágenes como la que ilustran esta crónica.
En la misma se observa las dependencias del juzgado de guardia de Sevilla. Desde la ventana de fuera se ve a los funcionarios sentados frente a los ordenadores, pero en éstos no aparece el programa informático de gestión procesal. En la pantalla está el majong, un juego tipo solitario con el que, supongo, la funcionaria trataba de sobrellevar el tedio de una guardia tranquila, muy tranquila.
La imagen llama la atención, sobre todo, porque la escena podía apreciarse perfectamente desde el exterior del juzgado de guardia, dado que la ventana permanece abierta, posiblemente para tratar de aliviar los calores extremos que acompañan estas fechas.
Que una funcionaria de los juzgados haya sido cazada jugando al solitario del ordenador mientras está en funciones de guardia no quiere decir que esta actitud pueda extenderse al resto de los funcionarios, porque eso supondría una generalización injusta. La inmensa mayoría de los funcionarios de Justicia cumplen con creces los objetivos de su trabajo y su labor no tiene nada que ver con la imagen y los tópicos que muchos ciudadanos tienen de los empleados públicos.

 

VISTO PARA SENTENCIA

Alaya y Bolaños, en el homenaje a Holgado 

*Mercedes Alaya y María Núñez Bolaños son dos de los jueces que la semana pasada asistieron a un homenaje al que fuera hasta hace poco magistrado de la Audiencia Provincial de Sevilla José Manuel Holgado Merino, con motivo de su nombramiento como director general de la Guardia Civil. Holgado recibió el cariño de sus compañeros, entre los que había muchos magistrados de los órganos unipersonales y de la Audiencia de Sevilla, así como fiscales, abogados y secretarios judiciales. Entre los jueces destacó precisamente la presencia de Mercedes Alaya y María Núñez Bolaños, que se sentaron en mesas diferentes durante el almuerzo de homenaje. No hubo ningún saludo, ni siquiera protocolario, entre las dos jueces que han marcado el pasado, presente y futuro de la instrucción de las distintas macrocausas.

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Ciudadanos y el litigio de blas ballesteros

*El juez de lo Contencioso-Administrativo ha avalado el nombramiento de Blas Ballesteros como gerente del Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla, una designación que fue impugnada por Ciudadanos. La formación naranja, que considera que el PSOE ha recurrido a argucias formales para “enchufar” a Ballesteros, tiene la posibilidad aún de recurrir la sentencia ante el TSJA.

Declaran la paternidad por la negativa a la prueba biológica y porque “iban al mismo gimnasio” y “estaban liados”

Jorge Muñoz | 20 de julio de 2017 a las 14:33

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La Sala Civil del Tribunal Supremo ha declarado la paternidad de un hombre que se negó de forma injustificada a someterse a la prueba biológica. Para la Sala no puede prevalecer la actuación de quien obstaculiza, sin razón justificada, la averiguación de la verdad teniendo a su alcance la posibilidad de facilitar la solución del problema, según ha informado el Supremo.

En su sentencia, el Alto Tribunal afirma que no es necesario que se pruebe la existencia de una relación sentimental entre las partes y que basta una simple relación de conocimiento de la que se pueda concluir la posibilidad de la procreación, como sucede en este caso: las partes se conocían porque iban al mismo gimnasio y un empleado del mismo se refirió a comentarios de que “estaban liados”.

La Sala concluye que estas circunstancias son insuficientes como prueba de paternidad, pero unidas a la negativa del demandado a someterse a la prueba biológica llevan a estimar la demanda de filiación paterna no matrimonial de hija menor planteada por la madre; demanda que fue rechazada por un juzgado de San Sebastián y por la Audiencia Provincial de Guipúzcoa.

La Sala Primera del Tribunal Supremo, reunida en Pleno, en una sentencia en la que ha sido ponente Antonio Salas Carceller, ha estimado el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de 30 de junio de 2016, dictada por la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, Sección Tercera, sentencia que confirmó la del Juzgado de Primera Instancia n.o 4 de Donostia en cuanto desestimaba la demanda en la que se solicitaba que se declarase la filiación paterna no matrimonial de hija menor de edad del demandado.

El interés casacional del presente caso, y el motivo de su examen en pleno por la Sala, se encuentra en la necesidad de determinar la intensidad probatoria que ha de atribuirse al hecho de la negativa injustificada por parte del demandado a someterse a la prueba biológica.

La sentencia, si bien considera abusiva una pretensión de que se sometiera a dicha prueba un demandado respecto del que no exista indicio alguno de contacto con la madre en la época aproximada de la concepción, entiende que no lo es cuando resulta acreditado que la relación existió y hay una probabilidad –incluso débil- de que efectivamente fuera cierta la paternidad que se le atribuye.

La sala, con cita de las sentencias del Tribunal Constitucional 7/1994, de 17 de enero, y 177/2007, de 23 de julio, así como la sentencia del Tribunal Supremo 508/2001, de 24 de mayo, que consideraba la negativa del demandado a la práctica de la prueba de ADN como «indicio muy cualificado», pone de manifiesto que se trata de una manifestación más del principio de disponibilidad y facilidad probatoria a que se refiere el artículo 217.7 LEC, que opera aquí con singular intensidad.

Asimismo la sala razona que no cabe primar la actuación de quien obstaculiza, sin razón justificada, la averiguación de la verdad teniendo a su alcance la posibilidad de facilitar a la otra parte y al tribunal la solución del problema litigioso, y toma en consideración la innecesariedad de la extracción de sangre para la realización de la prueba, puesto que se pueden obtener muestras necesarias por otros métodos y de forma indolora.

Por otra parte, la sentencia expone que resulta deseable que la determinación de la filiación respecto del demandado se produzca cuanto antes, pues pondera no sólo razones de seguridad jurídica, sino los propios derechos de carácter material que se traducen en la obligación de alimentos.

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