Víctimas de los ERE

Jorge Muñoz | 11 de marzo de 2018 a las 2:00

Jueza Bola??os.

La juez María Núñez Bolaños tira de los recursos tipográficos para seguir desmontando en sus autos las tesis de la Fiscalía Anticorrupción de seguir solicitando la imputación en la causa de los ERE de los numerosos beneficiarios de las ayudas. Se trata de uno de los principales motivos de enfrentamiento entre la instructora y el Ministerio Público, junto al de la exclusión de los ex altos cargos del resto de las piezas en las que se investigan cada una de las ayudas.
Frente a la postura del Ministerio Público, que considera que los beneficiarios son también responsables de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en su condición de extraneus, la magistrada María Núñez ya ha dicho en varios autos que estas personas deben ser consideradas “víctimas o perjudicados” más que “delincuentes” de la “caótica y desordenada” tramitación de los expedientes por parte del ex director general de Trabajo Javier Guerrero, el principal imputado en la macrocausa.
Ahora la instructora, posiblemente ya cansada de repetir una y otra vez sus argumentos –sólo Alaya se autodefinió como incansable– ha dado un paso más, en un auto dictado el pasado 1 de marzo, en el que rechaza un recurso de Anticorrupción que pedía que se citara como investigados a los responsables de la empresa de muebles ubicada en Lucena (Córdoba) Industrias Elizana, que recibió en 2010 una ayuda de 700.000 euros para 49 trabajadores. En la resolución, la instructora no duda en emplear mayúsculas y negritas para declarar que no se puede traer como investigados a la macrocausa de los ERE a “TODOS LOS CIUDADANOS” que solicitaron y recibieron ayudas de la Dirección General de Trabajo entre los años 2000 y 2010, “por el mero hecho de que dichas ayudas se tramitaron de forma irregular, como pretende y ha mantenido el Ministerio Público durante los años que dura la instrucción” de las diligencias previas 174/11.
El reproche a la actuación de la Fiscalía es claro. Para Bolaños, la conducta de estos ciudadanos “no constituye indicio alguno de criminalidad que justifique su investigación”. Recuerda la magistrada que el Ministerio Público solicita que se impute a uno de los copropietarios de Industrias Elizana por haber “mantenido reuniones con sucesivos directores generales de Trabajo”, con la intermediación del entonces alcalde de Lucena, y que se tradujo en una serie de resoluciones dictadas por los sucesivos directores de Trabajo que “no se ajustaban a la legalidad en los términos que señala el informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE)” –los peritos oficiales–, es decir, prosigue la juez, “por la falta de competencia, ausencia de control, procedencia de las ayudas de la partida 31L, en definitiva por la inadecuación del procedimiento”.
Tras analizar la imputación que solicita la acusación pública, la juez concluye que el hecho de que un administrado se reúna con un director general de la Junta “para interesarse y obtener ayudas públicas no constituye ilícito penal alguno” y añade: “el hecho de que tras la reuniones le sean concedidas las ayudas a través de un procedimiento inadecuado, según la IGAE, no es en absoluto responsabilidad del solicitante”.
La magistrada insiste en este punto en que la Fiscalía no pide que el dueño de la empresa sea traído al procedimiento como investigado por haber solicitado o gestionado ayudas “a sabiendas de su ausencia de derecho, en connivencia con el concedente para obtener ayudas a la que no tuviera derecho, mediante resoluciones injustificadas, arbitrarias, prevaricadoras, dictadas con la única finalidad de lucrar injustificadamente” al empresario, sino que quiere imputarlo porque dichas ayudas se concedieron a través de “resoluciones que no se ajustaban a la legalidad en los términos que señala el informe de la IGAE” a través de un procedimiento que los peritos consideran inadecuado para la concesión de este tipo de ayudas sociolaborales y a empresas.
Así, la juez reflexiona que el ciudadano que en la creencia de su derecho “se reúne, se dirige, solicita y recibe de la administración pública, ya sea estatal, local o autonómica, una subvención o ayuda, no es responsable de la posible falta de competencia, irregularidad procedimental u origen de la partida presupuestaria de la que proviene la ayuda”.
En el auto, Bolaños aclara que hace estas afirmaciones salvo el criterio último que pueda establecer la Sección Séptima de la Audiencia, que resolverá el recurso que, sin duda, la Fiscalía presentará contra el auto de Industrias Elizana.

La instructora insiste en que para imputar a una persona delitos de prevaricación y malversación en su calidad de extraneus “no basta, no es suficiente, el simple hecho de que se reunieran, buscaran contactos, información, solicitaran y obtuvieran, en la forma que determinara la administración concedente, ayudas públicas (conducta que podría ser atribuible a cualquier ciudadano honrado), es necesario, por contra, la existencia de otros indicios que nos lleven a valorar inicialmente lo injustificado y arbitrario, que no discrecional, de la ayuda”.
Si se adoptar el criterio contrario –prosigue la juez– y se abre una investigación judicial contra un ciudadano “por la simple razón de confiar en la Administración pública y ajustarse al procedimiento preestablecido puede conllevar un perjuicio irreparable al mismo”.
De esta forma, la juez rechaza el recurso de reforma de la Fiscalía, que también había pedido que se imputara a cuatro ex altos cargos de la Junta, tres de los cuales han sido excluidos en aplicación del criterio de la Audiencia, y el cuarto porque la juez entiende que no hay indicios de prevaricación y malversación en su conducta.
La batalla legal entre Bolaños y la Fiscalía –que centra ahora buena parte de sus esfuerzos en el juicio– o entre la Fiscalía y Bolaños, como quiera verse continúa y avisa con dar nuevos y apasionantes momentos.

Presupuestario o contable

Jorge Muñoz | 4 de marzo de 2018 a las 2:00

EL JUICIO DE LOS ERE SE REANUDA HOY CON EL INTERROGATORIO A MAGDALENA ÁLVAREZ

La ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez alza las manos en una respuesta al fiscal Anticorrupción.

La partida presupuestaria 440; la 22E; la 31L –el fondo de reptiles del que ahora reniega Guerrero–; el decreto 9/99; las órdenes del Ministerio de Trabajo de 1995; las transferencias de financiación; el encargo de ejecución; los pagos cruzados; el Control Financiero Permanente (CFP); los Programas de Actuación, Inversiones y Financiación (Paif); el expediente de fiscalización; la envolvente financiera; las miles de modificaciones presupuestarias acordadas en una década; y los informes de cumplimiento, cuentas y eficacia de la Intervención General de la Junta (IGJA). Este es el vocabulario más frecuente que está apareciendo cada día en el juicio por el denominado “procedimiento específico” de los ERE, donde se juzga a 22 ex altos cargos por la supuesta creación del sistema para la concesión de unas ayudas que, según las acusaciones, utilizaba un procedimiento inadecuado con el que se pretendía eludir los férreos controles de la Intervención.
Un juicio eminentemente técnico, demasiado, que cuesta trabajo seguir para los que, como le ocurre a este cronista, no son expertos en las materias presupuestaria y contable, sino que más bien sus conocimientos económicos se limitan a calcular más o menos si llegará a fin de mes sin tener que recurrir a usar las tarjetas de crédito, algo que no siempre se consigue.
La excesiva complejidad técnica, que se ha puesto de manifiesto en las declaraciones de los ex altos cargos como la ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez, el secretario general de la Consejería de Hacienda Antonio Estepa, pero sobre todo en el interrogatorio al ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano, cuya declaración ha sido la más farragosa de los ocho ex altos cargos de la Junta que han rendido testimonio hasta ahora ante el tribunal.
Para que vean el nivel del juicio, más propio de un curso universitario de postgrado, vean algunas de las preguntas que esta semana le hizo el fiscal delegado de Anticorrupción Manuel Fernández Guerra durante su interrogatorio al ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano: “Cuando preparaban la documentación de los presupuestos, quedamos ayer que la tarea de la Dirección de Presupuestos era aglutinar la información remitida desde otras consejerías, ¿en esa información (anexo VIII, presupuesto 2003, avance liquidación 2002, primera carpeta de archivo, página 306 pdf), se ve el crédito inicial, la adición de modificaciones y el saldo del crédito autorizado?”, preguntó el fiscal con naturalidad.
O esta otra, también al mismo acusado: “¿Recuerda con qué frecuencia se requería memoria complementaria en relación con la propuesta que realizaban los centros directivos sobre las modificaciones presupuestarias?”. Y para completar el enredo, el fiscal pregunta en otro momento lo siguiente: “¿Es un tema presupuestario o es un tema contable?”.
Hay momentos en que parece que sólo el fiscal y el interrogado saben de qué hablan. Muchos de los asistentes, sobre todo en la bancada de las defensas, no salen de todavía de su asombro ante el interrogatorio del fiscal. Si estamos hablando de temas presupuestarios, contables, económicos, ¿dónde está la materia penal, delictiva?, se preguntaba no sin parte de razón uno de los defensores. Horas y horas de interrogatorios –algunos de los ex altos cargos han estado hasta más de cuatro horas respondiendo a preguntas de este tipo– sin que haya quedado claro aparentemente el reproche penal a los acusados.
A la vista del curso de los interrogatorios de los fiscales, muchas defensas consideran que la materia que se está enjuiciando se enmarca más en el ámbito de lo Contencioso-Administrativo que en la jurisdicción penal.
El principal reproche de la Fiscalía está en que “no pusieran freno” al uso de las transferencias de financiación para el pago de las ayudas, que a su juicio impedía la labor de fiscalización de la Intervención, algo que han rechazado los acusados, como por ejemplo Magdalena Álvarez, que defendió que había una doble fiscalización de las ayudas: la previa cuando llegaban los recursos al IFA y luego el Control Financiero Permanente.
Las sesiones de la vista oral resultan por momentos tediosas, en especial las de la tarde, y tantas horas de interrogatorio a este nivel tan técnico han hecho que muchos de los asistentes al juicio –y no me refiero sólo a los propios acusados, a los periodistas o al escaso público que sigue las sesiones dentro de la misma sala, sino también a los que están en el estrado– acaben whasappeando con sus teléfonos móviles– mientras el fiscal y el acusado de turno se enfrascan en nuevos debates técnicos.

VISTO PARA SENTENCIA

Juicios para 2021 en los juzgados de lo Social 

*El colapso de los juzgados de lo Social de Sevilla va camino de entrar en el Guiness de los récords. Esto es lo que puede decirse si observan la imagen que se adjunta y que está extraída de una citación para un juicio relacionada con una reclamación de cantidad a la Seguridad Social planteada por un trabajador, uno de los muchos litigios laborales que resuelven los juzgados de lo Social. Pues el demandante se habrá quedado a cuadros cuando su abogado le ha informado de la fecha del juicio: “10 de marzo de 2021 a las 10:15 horas”.

juiciosocial

La fecha no es ninguna broma, la vista oral ha sido fijada nada más y nada menos que para dentro de tres años. Y lo lamentable es que esta situación, fijar señalamientos a más de tres años vista, también se está produciendo en otros juzgados de lo Social, aunque en otros tantos es verdad que el retraso es menor. En cualquier caso, el colapso de esta jurisdicción se está convirtiendo en un verdadero problema para los ciudadanos que acuden a los tribunales para reclamar un despido, impugnar un grado de incapacidad o una reclamación de cantidad.

Aunque los juicios por despido tienen una tramitación preferente, en muchos casos se están celebrando con un retraso de un año. Dicen algunos abogados que este importante retraso sólo se produce en Sevilla y que en otras provincias, como Córdoba, le demora es mucho menor.

Inspecciones nocturnas

Jorge Muñoz | 25 de febrero de 2018 a las 2:00

PASEO COLÓN

¿Es Sevilla una ciudad silenciosa por las noches? Para el Ayuntamiento puede que sí, porque de hecho los inspectores municipales no realizan nunca una inspección de veladores o locales de copas por las noches. Pero la situación puede cambiar, al menos a golpe de tribunales. Un juez de Sevilla ha ordenado por primera vez al Ayuntamiento que realice una medición de ruidos en horario nocturno, después de que el Consistorio presentara un informe con unos datos recabados en horario de mañana, entre las ocho y media y las diez y media.
En este caso, se trata de un litigio que se remonta al año 2011 y que versa sobre el ruido que emiten unos aparatos de aire acondicionado de un edificio con funcionamiento las 24 horas del día, con el consiguiente perjuicio para el descanso de los ciudadanos. El juez condenó al Ayuntamiento a que comprobara si los ruidos que emiten las máquinas de climatización sobrepasaban o no los límites permitidos.
Tras solicitar la ejecución de la sentencia, el Consistorio presentó en agosto de 2017 un informe sobre la medición acústica y las medidas correctoras adoptadas por la empresa a la que pertenecen las máquinas.

El informe del Ayuntamiento tras las mediciones realizadas en horario diurno concluyeron que el nivel de ruido de las máquinas apenas incrementa los valores de ruido de fondo, siendo la diferencias inferior a tres decibelios, por lo que no podía determinarse con exactitud, y añadía que atendiendo a los resultados puede considerarse que las fuentes sonoras en funcionamiento en horario diurno “no inciden en un incremento de los valores de ruido ambiente”.
En el auto dictado ahora, el juez destaca que la Administración no ha justificado por qué, en aplicación de la ordenanza municipal contra la contaminación acústica, “no repitió las mediciones en otro momento en que el ruido de fondo podría ser más bajo”, dado que las efectuadas se hicieron un día laborable y en la franja horaria mencionada.
“Lo cierto es que no se logra entender el motivo por el que la Administración no accede a realizar las mediciones en horario nocturno, tal y como demanda la parte actora”, precisa el auto dictado recientemente por un juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, que recuerda que las denuncias de los vecinos insisten en la necesidad de comprobar el nivel de ruidos en el horario en el que los focos de contaminación acústica están en funcionario y en el periodo “indudablemente más desfavorable, si se considera desde el punto de vista del bien jurídico protegido, y por tanto, de protección del descanso y la salud del ciudadano”. Dice el juez que si como sostiene la Administración se trata de un supuesto de “inspecciones acústicas municipales disciplinarias, no cabe duda de que se ha de tener en cuenta lo interesado de forma constante por el denunciante, para que las comprobaciones se efectúen en horario que considera más desfavorable, que es el nocturno”.
En la parte dispositiva de la resolución, el juez declara “insuficiente” la comprobación de la contaminación acústica efectuada por el Ayuntamiento e insta a la Administración a que en el plazo de “tres meses” realice la medición de los ruidos procedentes de las máquinas de aire acondicionado con funcionamiento las 24 horas “durante el periodo nocturno”, atendiendo de esta forma la petición de los vecinos afectados en relación con las “condiciones más desfavorables para la prueba, según la ordenanza municipal contra la contaminación acústica, ruidos y vibraciones. El auto puede considerarse un aviso a navegantes para la Administración local, que tampoco controla el ruido nocturno de bares y veladores.

 

VISTO PARA SENTENCIA

La “caza” al abogado de Manos Limpias

El expresidente de la Junta de Andalucia Jose Antonio Gri?an

El abogado del sindicato Manos Limpias en el juicio de los ERE, Rafael Prieto Tenor.

 

*La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, la que enjuicia el caso del “procedimiento específico” de los ERE, ha pedido esta semana a las partes que se pronuncien sobre una serie de llamadas recibidas por el secretario del tribunal en las que un antiguo funcionario del ayuntamiento de Madrid aseguraba que los poderes presentados en su día por el coordinador general del sindicato Manos Limpias, Miguel Bernard, eran “totalmente falsos”, porque “jamás” se habían producido juntas ni nombramientos ni asambleas. Lo curioso del caso es que estas llamadas se remontan al 11 de diciembre de 2017, es decir, han pasado más de dos meses sin que se haya comunicado las mismas a las partes.

Y lo que todavía resulta más llamativo es que se trasladen a las partes la misma semana en la que el abogado del sindicato, Rafael Prieto Tenor, que ejerce la acusación popular, se posicionó a favor de las defensas de los 22 ex altos cargos –y no es la primera vez que lo hace en las 12 sesiones del juicio celebradas hasta ahora– para pedirle al tribunal que enviase al médico forense al domicilio del ex consejero de Innovación Francisco Vallejo antes de decidir si este acusados estaba en condiciones o no de comparecer en el juicio, algo a lo que finalmente accedió el tribunal y provocó la suspensión del juicio hasta mañana.

Es cierto que el sindicato Manos Limpias está totalmente desacreditado tras el escándalo de las extorsiones vinculado con Ausbanc, pero también lo es que el abogado Rafael Prieto ha mantenido en su actuación en el juicio una conducta totalmente profesional y rigurosa, hasta el punto de que no ha dudado en mostrar su apoyo a las defensas cuando entendía que debía hacerlo, a pesar de que su papel teórico es el de acusación popular. El letrado, que gracias a un préstamo personal costea su asistencia al juicio –no recibe honorarios y ha renunciado a las posibles costas del juicio–, ha defendido que asumió la defensa del sindicato con la esperanza de que “podía ser útil para la sociedad, guiándose dentro de sus convicciones, por las decisiones más acordes al Evangelio”. Habrá que cómo termina la “caza” a este letrado.

Mano dura del tribunal

Jorge Muñoz | 20 de febrero de 2018 a las 2:00

El ex consejero de Innovación Francisco Vallejo, con su abogada, Encarnación Molino, en la segunda sesión del juicio de los ERE.

El ex consejero de Innovación Francisco Vallejo, con su abogada, Encarnación Molino, en la segunda sesión del juicio de los ERE.

Hasta ahora habíamos visto como el tribunal de los ERE había mostrado cierta condescendencia ante las peticiones de las acusaciones y de las defensas, con la idea de tratar de contentar a todo el mundo, lo que podía hacer pensar a algunos que el juicio se le estaba yendo de las manos a los magistrados que deben dirigir el debate jurídico y el orden de las sesiones. Esa imagen cambió radicalmente ayer con motivo del rifirrafe que el magistrado Juan Antonio Calle Peña mantuvo con la defensa del ex consejero Francisco Vallejo, a raíz de la petición de suspensión del juicio debido a una reciente intervención quirúrgica.

El idilio de las defensas con el tribunal se truncó ayer y en la Sala se oyeron palabras más duras, como el recordatorio legal de que los acusados pueden ser “detenidos” si no comparecen en la vista, que se introdujo a instancias de la Fiscalía Anticorrupción en la nueva citación al ex consejero de Innovación.

Y por si fuera poco, se fijaron tres nuevas sesiones de tarde para recuperar las que se han perdido con este affaire, lo que tampoco tiene mucho sentido en un juicio que durará un año. Unos días más o menos no se notan. En cualquier caso, el tribunal mostró ayer su mano dura. Todo un aviso a navegantes.

No es el juicio de la ‘coca’

Jorge Muñoz | 18 de febrero de 2018 a las 2:00

GUERRERO: "NUNCA HE HABLADO DE FONDO DE REPTILES"

Cuando se instruye una macrocausa es muy frecuente que trascienda a la opinión pública la versión de las acusaciones por encima de la que puedan ofrecer las defensas, que son minimizadas frente al poder informativo que pueda tener los escritos de la Fiscalía y de las acusaciones. Es frecuente también, sobre todo si se ha producido una singular instrucción como la que se hizo en el fraude de los ERE, donde prácticamente las defensas apenas podían representar a sus clientes porque la mayoría de las preguntas que por ejemplo intentaron hacer a los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) –que elaboraron el informe pericial sobre el que se sustentan las acusaciones contra los 22 ex altos cargos– eran rechazadas o consideradas impertinentes.

Pero la fase del juicio oral es bien distinta y los acusados y sus defensas pueden desarrollar con plenitud su defensa y, lo que es también muy importante, el hecho de que la vista se celebre en audiencia pública, con presencia de los ciudadanos y de los medios de comunicación, hace que la versión de los procesados pueda lograr la misma resonancia que la de los acusados.
Y esto es precisamente lo que ha ocurrido esta primera semana de declaraciones en el juicio por el denominado “procedimiento específico” de los ERE, donde por primera vez los ciudadanos han podido conocer directamente el testimonio de los propios ex altos cargos procesados. Y la verdad es que la cosa cambia radicalmente.

Escuchar las explicaciones que han dado ante el tribunal el ex consejero de Empleo de la Junta José Antonio Viera y el ex viceconsejero Agustín Barberá me ha devuelto la confianza en que aquellos Gobiernos andaluces que concedieron estas ayudas no eran una especie de charlotada en la que un director general campaba a sus anchas, repartiendo millones de euros como se entregan cromos a las puertas de los colegios, para enganchar a los niños a que sigan la colección.
El testimonio de Viera y Barberá y las explicaciones que dieron sobre el convenio marco de 2001 por el que se concedían las subvenciones, podrá convencernos o no –para eso están los tres magistrados que deben analizar el caso y dictar la sentencia–, pero por lo menos han transmitido una apariencia de seriedad y rigor que hasta ahora no se había hecho patente en torno al escándalo de los ERE. Y esto no ha hecho nada más que empezar, todavía quedan muchos ex altos cargos por rendir testimonio ante el tribunal, como la ex consejera de Economía y ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez, que arrancará mañana la décima sesión de la vista oral y que a buen seguro que ofrecerá esa misma imagen distinta a la que hasta ahora se ha transmitido.
El juicio contra los 22 ex altos cargos, entre los que se encuentran los ex presidentes Chaves y Griñán, no es el juicio de la ‘coca’, el de los miles de euros de fondos públicos dilapidados en estas sustancias estupefacientes y en regalos –25.000 euros mensuales gastaban en droga, según Juan Francisco Trujillo, ex chófer de Guerrero–. Ni el de los Marlboro o los gin-tonics de Beefeater por los que Guerrero tiene tanta predilección. Es evidente que lo más llamativo del caso es precisamente el uso de los fondos públicos para la compra de drogas. Este es el verdadero juicio de los ERE, que se enjuicia en una pieza distinta –la de las ayudas que Guerrero concedió a su chófer–, aunque Trujillo será uno de los más de cien testigos que deben comparecer en esta pieza política.
Tampoco es el juicio de los intrusos, esos trabajadores que fueron incluidos en las pólizas de prejubilaciones, a pesar de que nunca habían trabajado en estas empresas, como ocurrió con la suegra de Javier Guerrero, beneficiara de una de estas ayudas.
Este juicio es el del procedimiento que se empleó durante una década por parte de la Junta de Andalucía para pagar unas ayudas a 6.300 trabajadores que, en la actualidad, siguen en su mayoría percibiéndolas.
El ex consejero de Empleo José Antonio Viera se mostró contundente cuando afirmó en su declaración, con respecto al convenio marco de 2001 y al uso de las transferencias de financiación al IFA para el pago de las subvenciones, que “presumir” que un dirigente político llega para “eludir los controles de fiscalización y legalidad” le parece un “sinsentido”.
Y Barberá, en la misma línea que el anterior, defendió la utilización del sistema al negar que el Parlamento de Andalucía fuese engañado con las transferencias.
Javier Guerrero, el principal imputado en la causa, sólo ha ratificado una de las cinco declaraciones que la Fiscalía pidió que se exhibieran en el juicio, precisamente la que prestó voluntariamente ante la juez María Núñez Bolaños. Guerrero sólo respondió a varias preguntas de su abogado para aclarar que “nunca” utilizó la expresión fondo de reptiles para referirse a la partida presupuestaria 31L con la que se pagaban las ayudas.
Y en medio del juicio irrumpen la juez Bolaños y el Tribunal Supremo para ponerle nombre a las tropelías que Guerrero llevó a cabo durante una década. La primera para decir que los beneficiarios de las ayudas pueden considerarse “víctimas”, más que delincuentes, de la “caótica y desordenada” gestión de Guerrero. Y el Supremo para anular una subvención de 3,8 millones concedida por el ex director de Trabajo por la “grosera omisión” de los trámites.
Está claro que en el fraude de los ERE existió una culpa in vigilando de los superiores de Guerrero, pero las acusaciones tienen que demostrar que aquí hay más de cuatro golfos, de acuerdo con la teoría que expuso Chaves para fijar el ámbito del escándalo. Pero todavía queda mucho juicio por delante.

Guerrero rebaja la tensión del juicio

Jorge Muñoz | 14 de febrero de 2018 a las 2:00

EXDIRECTOR DE TRABAJO JAVIER GUERRERO ABRE DECLARACIONES ACUSADOS JUICIO ERE

Javier Guerrero en su declaración ante el tribunal /EFE

Con Javier Guerrero y su fondo de reptiles se destapó el escándalo de los ERE y con el vídeo de su declaración ante la juez María Núñez Bolaños llegaron las primeras risas al juicio de los ERE. Siempre que comienza un juicio de estas características lo hace con mucha tensión, pero poco a poco esa tensión va dando a paso cierta relajación y hasta las risas, sin perjuicio de que nunca se pierda de vista la gravedad que envuelve un juicio como éste.
A lo largo de la instrucción, Guerrero ha dado muestras de un buen sentido del humor, incluso en los momentos más difíciles, como cuando la juez Mercedes Alaya lo envió a prisión hasta en dos ocasiones.
En las declaraciones que se han leído o visto en el juicio, se han recogido testimonios en los que Guerrero recordaba, por ejemplo, que sus únicos vicios son un paquete de Marlboro y una copa de gin-tonic con Beefeater, y así rechazaba las “desafortunadas” manifestaciones del presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, quien en una ocasión le llamó “chorizo, putero y drogadicto”, expresiones por las que dijo se querelló.
En otra declaración, Guerrero se refirió de la siguiente forma a los fondos públicos con los que trabajaba su departamento. “La Consejería de Innovación se quedó con diez millones míos”, lo que provocó de nuevo la sonrisa de los presentes en la sala de vistas.
En unas de las declaraciones que no han sido ratificadas por Guerrero, el ex director de Trabajo contó que el ex consejero de Empleo Antonio Fernández le dijo en una ocasión que fuese al IFA/IDEA a solucionar los pagos de unas pólizas. Literalmente, según Guerrero, el ex consejero le dijo lo siguiente: “Me dijo que fuera a IDEA y le diera una patada en los cojones al gerente”, afirmó a los agentes de la Guardia Civil que le tomaron declaración.
Las risas de la declaración de Guerrero vinieron después de que se viviera un momento de gran tensión no con éste acusado sino con el secretario del tribunal, Rafael Castro, quien después de haber estado leyendo numerosos folios llegó un momento en el que se negó a continuar haciéndolo. El letrado de la Administración de Justicia le dijo al presidente de la Sala, el magistrado Juan Antonio Calle Peña, que no tenía por qué seguir leyendo porque entendía que la lectura de las preguntas que en su día planteó el fiscal –y a las que no respondió entonces Javier Guerrero– no eran parte de la declaración en sí misma, a pesar de que las mismas aparecieran en el acta de la declaración. “Son preguntas que está haciendo el fiscal, no estoy dando fe de nada”, dijo con tono indignado el letrado de la Administración de Justicia.
El presidente del tribunal le pidió que siguiera leyendo y tras varios minutos, el secretario volvió a detenerse, esta vez aún más enojado. “Tengo derecho a parar de vez en cuando, a beber un poco de agua, no soy una máquina”, dijo. La sesión se interrumpió para buscar a una funcionaria para auxiliar al letrado de la administración de Justicia en la lectura de las declaraciones. La normalidad volvió al juicio y el secretario se ausentó cuando comenzó el vídeo con la declaración de Guerrero.

Café para todos

Jorge Muñoz | 10 de febrero de 2018 a las 2:00

PRIMERA SESION JUICIO ERE TERMINA SIN TIEMPO PARA INICIAR CUESTIONES PREVIAS

El tribunal de los ERE repartió ayer el café para todos que en su día acuñó el prestigioso jurista Manuel Clavero, pero en forma de auto. Los magistrados que juzgan a los 22 ex altos cargos en la pieza política de los ERE, que sienta en el banquillo a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, rechazaron todas las cuestiones previas planteadas por la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares, y también por las defensas, con la única e importante excepción de apartar del procedimiento el delito de asociación ilícita.
Este delito fue atribuido por el PP a los 22 ex altos cargos en su escrito de conclusiones provisionales y ahora la Audiencia considera que su inclusión en el auto de apertura de juicio oral por el juez de refuerzo Álvaro Martín provocó la indefensión de los acusados, puesto se incluyó de manera “sorpresiva” una acusación que, a juicio de laAudiencia, no estaba permitida por los hechos recogidos en el auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado.
Dicen los jueces que en la instrucción y en ese auto no se refleja la existencia de una estructura jerárquica, un inicial reparto coordinado de cometidos o papeles entre los acusados, sino que se describe un supuesto de “mera codelincuencia, pero no de asociación ilícita”, por lo que no se puede formular una acusación por este delito.
El tribunal está dinamitando con la expulsión de este delito la teoría de la “trama criminal” en torno al caso de los ERE fraudulentos y, en cierto modo, avala la postura que en torno a la pieza del “procedimiento específico” ha venido manteniendo la acusación particular que ejerce en esta macrocausa la Junta de Andalucía, que es la perjudicada por el presunto fraude.
La Junta no ejerce la acusación particular en esta pieza política de los ERE porque en su día solicitó el archivo porque entendía que no existía ninguna “trama criminal” ni el procedimiento específico se creó para eludir los controles de la Intervención general y conceder de forma arbitraria las ayudas de los ERE.
El auto de la Audiencia también avala la postura que ha llevado al gabinete jurídico de la Junta a presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por la negativa de la Audiencia de Sevilla a que el ex consejero de Empleo y otros ex altos cargos puedan ser enjuiciados más allá de la pieza del “procedimiento específico” de los ERE.
A este respecto, la Sección Primera ha advertido de que “las ayudas individuales no son objeto de enjuiciamiento en la presente causa” y la Junta alegaba precisamente en su recurso de amparo que la pieza política de los ERE no incluye ninguna acusación por las más de 160 piezas –la Fiscalía asegura que son unas 270– que siguen actualmente en instrucción, por lo que criticó que la Audiencia de Sevilla había “redefinido” o “reinterpretado” el objeto que en su día se había fijado para este juicio por el “procedimiento específico” de los ERE.
El gabinete jurídico alegó finalmente que se le había impedido a la Junta el “ejercicio de la acción penal en su condición de víctima para reclamar el castigo” del ex consejero de Empleo como responsable de la concesión de las subvenciones y ayudas. Por último, criticó el cambio “radical” de criterio de la Sección Séptima de la Audiencia –la que resuelve los recursos de la macrocausa de los ERE–. La acusación particular de la Junta consideró que ese cambio de la Audiencia afecta a la “validez de la división de la causa matriz y a la persecución penal de los hechos relativos a la gestión de cada concreta ayuda”.

Facua considera “escandaloso” que Justicia denuncie al informático que destapó el fallo de Lexnet

Jorge Muñoz | 8 de febrero de 2018 a las 18:40

FACUA-Consumidores en Acción considera escandaloso que el Ministerio de Justicia haya decidido denunciar al informático que descubrió la vulnerabilidad en LexNet, la plataforma telemática para las comunicaciones en el sistema judicial. Sobre todo, después de que ese descubrimiento permitiera al propio Ministerio resolver este gravísimo fallo que propició más de 400 descargas de datos.

Y lo hace una vez parcheado el agujero de seguridad que permitía a cerca de 150.000 abogados y procuradores, con sólo cambiar el ID que le identifica, publicar y acceder a todo tipo de documentos en causas ajenas así como notificar o borrar cualquier sentencia de la Administración de Justicia. La cartera encabezada por Rafael Catalá ha decidido denunciar al joven ante la Brigada de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional por, según ellos, no cumplir con el artículo 197 del Código Penal sobre la revelación de secretos, ha denunciado la asociación de consumidores.

Tras averiguar el error de la plataforma, el hacker además de avisar a todas las partes afectadas, se descargó un archivo con 11.000 documentos de índole informática, como el código fuente de LexNET, y que estaban disponibles para todo el mundo a esas horas del 28 de julio.

FACUA considera gravísima la negligencia cometida por el Ministerio de Justicia al haber puesto en marcha un sistema con un enorme agujero de seguridad cuyas consecuencias serán difíciles de conocer y más aún que su mayor representante, Catalá, siga ocultando el alcance real de las incursiones ilegales y castigue al joven que ayudó a corregir el grave problema.

La asociación advierte de que errores de mucha menor entidad habrían provocado la dimisión del ministro de Justicia de cualquier democracia avanzada, mientras que en España, “el Gobierno continúa sin asumir responsabilidades y está intentando maquillar la magnitud de lo ocurrido, que representa un auténtico escándalo ya que se ha puesto en juego la privacidad de cientos de miles de ciudadanos”.

Alerta asimismo de que resulta una incógnita si existen más fallos de seguridad en LexNet, ya que Justicia se niega a facilitar su código fuente, como también mantiene en secreto buena parte de los datos relativos a las contrataciones realizadas para el desarrollo de este sistema, el nombre de las empresas adjudicatarias y las cantidades que cobraron.

Desde su implantación -es obligatorio desde 2016-, numerosos profesionales del Derecho han criticado una larga lista de errores técnicos y de diseño en LexNet, un sistema lento y obsoleto impuesto sin proveer a los juzgados de medios técnicos y humanos necesarios para su correcta aplicación y que está entorpeciendo la labor de todos los operadores de la Administración de Justicia.

Hasta la fecha no había trascendido una irregularidad de las dimensiones de la que ha salido a la luz a finales de julio de este año, cuando el decano del Colegio de Abogados de Cartagena, José Muelas, dio a conocer en Facebook el agujero de seguridad ante la falta de respuesta a su queja por parte del Ministerio. Justicia paralizó unos días el acceso a la plataforma para modificar su código fuente, pero no ha aclarado desde cuándo existía el problema, cuya gravedad ha minimizado con argumentos que vienen refutando públicamente numerosos abogados.

Foro Judicial critica el nuevo plan de urgencia para las cláusulas suelo

Jorge Muñoz | 6 de febrero de 2018 a las 11:49

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El acuerdo de 25 de mayo de 2017 del CGPJ atribuyó a determinados juzgados el conocimiento de manera exclusiva y no excluyente de la materia relativa a las condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física, las cláusulas suelo

El informe que servía de soporte a dicho acuerdo resultó  absolutamente superado. A fecha 17 de diciembre de 2017 se habían presentado en España más de 150.000 demandas.

El previsible colapso se hizo realidad en pocos meses y obligó al CGPJ a rectificar. Sin embargo, la decisión adoptada “ahondaba en el error cometido”, según critica Foro Judicial Independiente (FJI) en un comunicado. El acuerdo de 28 de diciembre de 2.017 prevé que un juzgado por provincia y con un ámbito provincial, además, de otros en Baleares y Canarias, conozcan de manera exclusiva y excluyente de esta materia, implicando en todos ellos a la plantilla titular.

La decisión de “encapsular” el problema conlleva su “enquistación y supuración” ante la evidente falta de medios personales y materiales para atender este tipo de reclamaciones.

Es necesario empezar a hablar de la necesidad de reformas legales que resuelvan los problemas de reclamaciones en masa. Además de búsquedas de sistemas alternativos de resolución extrajudicial de conflictos,  las “class action” del derecho anglosajón son un ejemplo a seguir. En nuestra realidad procesal podemos extender y aplicar en la jurisdicción civil conceptos existentes como la prejudicialidad y la extensión de efectos, a fin de no hacer necesaria la reiteración de sentencias ante los mismos conflictos. “Y por qué no, plantearnos la aplicación de intereses punitivos como ya se hizo en el año 1989 con el art. 20 de la LCS, lo que redujo drásticamente este tipo de reclamaciones”, se pregunta la asociación de jueces.

Pero mientras que los otros dos poderes “siguen ausentes y derivando al Poder Judicial la resolución de todos los problemas del Estado, el desacierto del CGPJ va de la mano a la desidia de nuestros políticos”, añade. La última ha sido solicitar a los jueces destinados en “juzgados de cláusulas suelo” que realicen una estadística judicial e informen sobre señalamientos, demandas y sentencias en función del suplico de las mismas. Un trabajo que les obliga a revisar cientos de miles de reclamaciones en un plazo de 7 días.

“¿Hasta dónde llegará el despropósito? La orden dada por el CGPJ  resulta contraria a lo establecido en el art. 461 de la LOPJ y el art. 182.4 de la LEC”. Los jueces y magistrados, prosiguen,  carecen de funciones de estadística judicial  y de competencias en certificación. Saben que la instrucción dada es ilegal, pero se aprovechan del hecho que muchos de los afectados son compañeros de la 67 promoción y de otros tantos que acaban de tomar posesión provenientes del “cuarto turno”, todos a las espera de que el CGPJ les saque sus plazas. Se está jugando con el temor que causa la incertidumbre en el destino profesional de todos estos compañeros.

Por todo ello, y como ya han empezado a hacer algunos, FJI recomienda a los jueces afectados no atender a este requerimiento del CGPJ, no acusando recibo siquiera del mail recibido, y se ponen a disposición de todos los jueces para asistirlos en cuantas dudas puedan tener o las “presiones” que puedan recibir.

Deliberación

Jorge Muñoz | 4 de febrero de 2018 a las 2:00

Los magistrados Pilar Llorente, Juan Antonio Calle Peña y Encarnación Gómez, que presiden el juicio a los 22 ex altos cargos.

Los magistrados Pilar Llorente, Juan Antonio Calle Peña y Encarnación Gómez, que presiden el juicio a los 22 ex altos cargos.

Siempre me ha parecido que los jueces españoles están muy mal pagados para la complicada labor que tienen encomendada y la trascendencia de las decisiones que adoptan a diario, sobre todo cuando está en juego, por ejemplo, la privación de libertad de una persona. Desde hace años, la labor de los jueces en la lucha contra la corrupción ha devuelto en parte a la sociedad la confianza en la Justicia, más allá de las repetidas críticas a un hecho que, de otro lado, resulta más que evidente: el lastre que supone muchas veces la lentitud de la Justicia.
Si a las complicaciones de una causa como la de los ERE añadimos además la presión mediática, la labor de un tribunal se vuelve encima más laboriosa. Los magistrados de la Sección Primera que enjuician la pieza política de los ERE, en la que están acusados los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 20 ex altos cargos de la Junta, llevan ya varias semanas deliberando sobre las cuestiones previas planteadas por la Fiscalía Anticorrupción y las defensas de los acusados, unas cuestiones que pueden marcar el futuro del proceso.
La deliberación de un tribunal, un órgano colegiado compuesto como en este caso por tres magistrados, puede volverse aún más difícil si se producen discrepancias entre los miembros, como se ha visto por ejemplo en el caso de los cinco sevillanos juzgados en Pamplona por la violación en grupo de una joven –caso que sigue a la espera de sentencia, algo que se anunció para después de las Navidades–, donde uno de los jueces emitió al término del juicio un voto particular en el que se mostraba favorable a la puesta en libertad de los jóvenes. La deliberación de esa sentencia seguro que está siendo bastante reñida y probablemente contendrá algún voto particular.
En el caso de los ERE no parece que existan a priori tantas disensiones, dado que desde el principio la Sala ha ido adoptando sus decisiones y acuerdos de manera unánime y sin que haya trascendido ninguna discrepancia digna de mención.
Ahora bien, es lógico que el debate sobre las cuestiones previas pueda estar planteando algunas dudas entre el tribunal, porque las cuestiones planteadas tienen un enorme calado y repercusión para la marcha del proceso.
El hecho de que el tribunal haya facilitado un calendario de sesiones hasta el 31 de octubre no implica que todo esté ya decidido, sobre todo porque ese calendario se ha entregado a instancias de varios abogados defensores a los efectos de justificar ante otras instancias judiciales que ya están celebrando un juicio que les mantiene ocupados tres días a la semana.
Los magistrados del juicio de los ERE tienen que pronunciarse, principalmente, sobre dos cuestiones previas que son trascendentales para el caso. La primera, sobre la petición de la Fiscalía Anticorrupción de que se delimite el objeto del juicio, para tratar de determinar si en este juicio se agota toda la posible responsabilidad penal de los ex altos cargos, que no podrán ser enjuiciados en el resto de las 270 piezas que conforman la macrocausa, de acuerdo con el criterio establecido por la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla y que rechaza el Ministerio Público.
La segunda cuestión fue planteada por el abogado José María Mohedano, que representa al ex presidente José Antonio Griñán y al ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano, y en la misma el letrado pide la devolución de la causa al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. Esta defensa sostiene que todas las actuaciones realizadas en esta causa por el juez de refuerzo Álvaro Martín son nulas, por cuanto al designarlo para investigar la causa de los ERE se vulneró el derecho al juez natural predeterminado por la ley.
Sobre la cuestión planteada por la Fiscalía, el tribunal puede explicar, como en su momento avanzó en el juicio el magistrado Juan Antonio Calle Peña que el objeto de este juicio está delimitado por los autos de procedimiento abreviado y de apertura de juicio oral, así como por los escritos de acusación del fiscal y de las acusaciones populares. Pero la cuestión planteada por Mohedano sí que puede generar más quebraderos de cabeza y dudas a los magistrados.
Si el tribunal aceptara esa cuestión previa, el juicio se tendría que suspender y devolver la causa al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla para que su titular, María Núñez Bolaños, devolviera la causa al estado en el que se encontraba el 27 de enero de 2016, anulando todas las decisiones adoptadas por Álvaro Martín hasta la elevación del caso a la Audiencia de Sevilla, una decisión que ya adoptó la propia Núñez Bolaños.
Varias de las defensas habían pedido hasta el último momento al abogado de Griñán que no planteara esta cuestión previa al tribunal porque, en el caso de que prosperara, se pondría a su vez en una complicada situación a los ex altos cargos enjuiciados en el “procedimiento específico” que están siendo excluidos del resto de las 270 piezas en las que se ha dividido la macrocausa. Si se anulara el procedimiento, volverían a poder ser incluidos de nuevo en cada una de las piezas, puesto que en principio al dejar de estar procesados en la pieza política no se les podría aplicar la posible vulneración del principio non bis in ídem.
La solución se conocerá el próximo 12 de febrero, cuando el tribunal retome las sesiones del juicio y haga público el auto resolviendo las cuestiones previas.
A pesar de las dudas que puedan haber albergado inicialmente los magistrados, todo apunta a que el tribunal rechazará todas las cuestiones previas, las ya mencionadas y también la que propone que primero se practiquen las declaraciones de los testigos y peritos, y sólo al final declaren los 22 ex altos cargos acusados. Devolver a estas alturas, siete años después, la causa al juzgado de instrucción sería un auténtico escándalo que dañaría de nuevo la imagen de la Justicia.