El CGPJ aprueba la creación de secciones penales del TSJA en Sevilla y Málaga

Jorge Muñoz | 7 de marzo de 2017 a las 21:22

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado hoy, por 19 votos a favor y dos en contra, el informe al proyecto de Real Decreto por el que se hace efectiva la implantación de la segunda instancia penal, en el que se advierte de que la previsión de plazas de magistrado para las nuevas Secciones de Apelación que se crearán en los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana puede ser insuficiente para atender el previsible incremento de la carga de trabajo.

El texto remitido por el Gobierno recoge la dotación de tres nuevas plazas de magistrado para la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional, que entraría en funcionamiento el próximo 1 de junio, y de otras trece que se distribuirían entre las Salas de lo Civil y Penal de los TSJ de Andalucía (6), Cataluña (3), la Comunidad Valenciana (1) y Madrid (3) como consecuencia de la generalización de la segunda instancia penal.

El informe aprobado por el Pleno del CGPJ, del que ha sido ponente la vocal Mar Cabrejas, señala, en relación con la dotación de plazas prevista para los Tribunales Superiores de Justicia, que “el previsible incremento de la carga de trabajo en sus Salas de lo Civil y Penal, unido en algunos casos a la escasa planta orgánica, hace necesaria la ampliación del número de plazas de magistrado”. Así, el órgano de gobierno de los jueces propone que el Ejecutivo “aprecie la oportunidad de aumentar el número de plazas de magistrado para la Sala Civil y Penal del TSJ de la Comunidad Valenciana para alcanzar la dotación de tres plazas de magistrado”, en lugar de la única plaza prevista; y sugiere también “la conveniencia de incrementar en una plaza el número de las dotadas hasta llegar a cuatro” en relación con la Sala Civil y Penal del TSJ de Cataluña.

Creación de dos Secciones de Apelación en Andalucía

El informe avala la creación de dos Secciones de Apelación en el TSJ de Andalucía, “dada la extensión del territorio sobre el que recae la jurisdicción de este Tribunal y el aumento de la carga de trabajo que supone resolver los recursos de apelación frente a las resoluciones dictadas por ocho Audiencias Provinciales”. Para el CGPJ, sin embargo, “resulta necesario que se amplíe en un magistrado la dotación de plazas prevista en el proyecto, de modo que el número total de plazas sea de siete”, en atención al “importante peso de las responsabilidades gubernativas” del presidente del TSJ, que también lo es de la Sala de lo Civil y Penal encargada de las apelaciones.

Además, el informe advierte de que aunque el proyecto de Real Decreto habla de la constitución de dos Secciones de Apelación en Málaga y en Sevilla, éstas tendrán “la misma circunscripción territorial y sede (Granada) que el órgano del que forman parte (la Sala de lo Civil y Penal), pues la competencia del Gobierno para crear Secciones, de acuerdo con el artículo 36 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, tiene el límite infranqueable de la no alteración de la demarcación judicial”.

Una vez creadas esas Secciones, la Sala de Gobierno del TSJ andaluz podrá aprobar las correspondientes normas de reparto para introducir un criterio territorial a la hora de distribuir los asuntos entre ellas. Después, y también a petición de la Sala de Gobierno, el CGPJ podrá acordar el desplazamiento de la sede de esas Secciones a Málaga y Sevilla, según lo establecido en el artículo 269.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Otra posibilidad sería crear Salas de lo Penal en Málaga y en Sevilla al amparo de lo previsto en el artículo 73.6 de la LOPJ, pero ello obligaría a modificar tanto la Ley de Demarcación y Planta Judicial como la propia Ley Orgánica del Poder Judicial, pues la creación de esas Salas afectaría a la composición de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior andaluz.

Plazo suficiente para la provisión de plazas

El informe aprobado por el Pleno del órgano de gobierno de los jueces señala la conveniencia de que la fecha de la efectividad de la dotación de las plazas que se creen en los Tribunales Superiores de Justicia coincida con la de las tres plazas previstas para la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional, es decir, el próximo 1 de junio.

“La convocatoria de la totalidad de las plazas creadas en unidad de concurso resultaría más beneficiosa para los solicitantes de esas plazas, al poder elegir todas ellas de acuerdo al orden de sus preferencias”, señala el Consejo, que estima que el tiempo que resta hasta el 1 de junio “permite un lapso temporal razonable” para adoptar las medidas necesarias para la provisión efectiva de esas plazas.

El informe ha sido aprobado con 19 votos a favor y dos en contra, los de los vocales Concepción Sáez y Enrique Lucas.El vocal Juan Manuel Fernández ha anunciado que formulará un voto concurrente, al que se adherirán los también vocales Roser Bach, Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga y Juan Martínez Moya.

Informe sobre la comisión de seguimiento de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo

El Pleno del CGPJ también ha aprobado hoy, con 18 votos a favor y dos en contra, el informe al proyecto de Real Decreto por el que se crea y regula la comisión de seguimiento, control y evaluación prevista en el Real Decreto-Ley 1/2017, de 20 de enero, que dispone un cauce extrajudicial para que los consumidores y las entidades de crédito que hayan suscrito un contrato de préstamo o crédito con garantía hipotecaria puedan alcanzar un acuerdo y solucionar las controversias que se susciten como consecuencia de los últimos pronunciamientos judiciales en materia de cláusulas suelo.

El texto remitido por el Gobierno establece que esa comisión recibirá la información que le traslade el Banco de España o las entidades de crédito y publicará semestralmente un informe en el que se evalúe el grado de cumplimiento del Real Decreto-ley 1/2017, que será remitido a la Comisión de Economía, Industria y Competitividad del Congreso de los Diputados.

Las entidades de crédito, según el proyecto de Real Decreto, estarán obligadas a facilitar información sobre el número e importe de las solicitudes iniciadas, resueltas y denegadas, así como sobre los motivos de denegación, en su caso; y sobre el número e importe de las medidas compensatorias distintas de la devolución del efectivo que hayan ofrecido a los consumidores y, en su caso, acordado con ellos.

El informe aprobado por el CGPJ, del que ha sido ponente el vocal Gerardo Martínez Tristán, señala que las funciones de la Comisión previstas en el proyecto de Real Decreto “son consustanciales a su objeto, se muestran coherentes con el mismo y se mueven en el marco que ofrece la norma legal habilitante, a la que desarrolla y complementa en lo necesario para dotar de efectividad a aquel objeto y, en fin, a las genéricas funciones de seguimiento, de control, de evaluación y consultivas que tiene atribuidas”.

Respecto a las obligaciones impuestas a las entidades de crédito, el órgano de gobierno de los jueces considera que “son instrumentales al cumplimiento de las funciones atribuidas a la Comisión y se muestran adecuadas y proporcionadas a su objeto y finalidad”. El informe ha sido aprobado con 18 votos a favor y dos en contra, de los vocales Nuria Díaz, que formulará un voto particular, y Vicente Guilarte. El vocal Wenceslao Olea formulará un voto concurrente. El también vocal Rafael Fernández Valverde no ha participado en la votación

El Supremo niega el derecho al desempleo tras “dimitir” de un trabajo

Jorge Muñoz | 7 de marzo de 2017 a las 16:01

La Sala de lo Social niega a un trabajador el derecho a reanudar el cobro del subsidio de desempleo para mayores de 52 años por dejar de forma voluntaria el empleo de corta duración que suspendió la prestación. Para el Tribunal Supremo, la “dimisión del trabajador no está contemplada como situación legal de desempleo, ni siquiera si ocurre durante el período de prueba”, por lo que no es posible continuar cobrando el subsidio, según ha informado el Alto Tribunal.

El empleado comenzó a percibir el subsidio por desempleo para mayores de 52 años el 1 de abril de 2009. Siete meses después, empezó a trabajar como empleado doméstico –chófer- con un contrato de duración indefinida. El mismo día que le dieron de alta en la Seguridad Social, el 1 de noviembre de 2011, se despidió del trabajo porque no se encontraba bien en Madrid y añoraba su pueblo, como certificó su empleador en un documento. Poco después, el trabajador solicitó la reanudación del subsidio de desempleo que había quedado suspendido y el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) denegó la reanudación de la prestación solicitada por no hallarse el trabajador en situación legal de desempleo.

El juzgado de lo Social número 7 de Murcia desestimó la demanda presentada por el trabajador contra el Servicio Público de Empleo Estatal, basándose en que el contrato se extingue por la voluntad del primero, por lo que no existe situación legal de desempleo.

El Tribunal Superior de Justicia de Murcia revocó la sentencia del juzgado y declaró el derecho del demandante a reanudar la percepción del subsidio que venía cobrando, al concluir que la Ley General de la Seguridad Social no establece el requisito de encontrarse en situación legal de desempleo para tener derecho a las prestaciones de nivel asistencial ni para la reanudación de la percepción del subsidio cuando se suspende por una contratación de duración inferior a doce meses.

La Sala de lo Social estima el recurso de casación del SPEE, anula el fallo del TSJM y confirma el del juzgado. La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Antonio V. Sempere, afirma que el acceso a dicha prestación se limita a los supuestos en los que se ha terminado la prestación contributiva (a la que se accede desde una situación legal de desempleo).

A este respecto, señala que la realización de un trabajo por cuenta ajena inferior a doce meses es una causa de suspensión del subsidio, que puede reanudarse si se solicita y concurre el requisito de estar inscrito como demandante de empleo. En este caso, el interesado debe acreditar que ha finalizado la causa de suspensión y que “esa causa constituye situación legal de desempleo”.

La sentencia recuerda que la doctrina de la Sala sobre los requisitos citados para la reanudación de la prestación descarta el automatismo y reconoce la facultad de la entidad gestora para realizar las oportunas comprobaciones.

La Sala Cuarta concluye que la percepción del subsidio por desempleo para mayores de 52 años puede prolongarse hasta que el trabajador alcance la edad ordinaria que se exija en cada caso para cobrar la pensión de jubilación. Sin embargo, resalta que “no estamos ante una prestación equiparada a la de jubilación sino que el legislador desea que la persona beneficiaria siga conectada con lo que suele denominarse el mercado de trabajo”.

“Recordemos que quien perciba prestaciones o subsidios debe cumplir diversas obligaciones, entre las que aparecen las de buscar activamente empleo o aceptar una colocación adecuada”, subraya la sentencia.

Voto particular

La sentencia incluye el voto particular de la magistrada Rosa María Virolés en el que afirma que debió desestimarse el recurso del SPEE y, por tanto, reconocerse el derecho del trabajador a reanudar el cobro del subsidio porque no es exigible el requisito de encontrarse en situación legal de desempleo. La magistrada explica que “al extinguirse el contrato a los pocos días de su inicio, sin haber transcurrido el plazo de doce meses, y sin que el trabajador tenga derecho al percibo de la prestación de desempleo, nada impide que pueda reanudar el subsidio de desempleo que se encontraba en suspenso”.

Las demandas de divorcio caen un 8,6% en 2016 en Andalucía

Jorge Muñoz | 6 de marzo de 2017 a las 16:22

divorcio1

El año pasado se presentaron en los juzgados 21.605 demandas de divorcio y 1.264 demandas de separación. Las 22.869 demandas de disolución matrimonial –es decir, demandas de separación o de divorcio, tanto de mutuo acuerdo como no consensuadas- presentadas en los juzgados de Andalucía durante el año pasado suponen una disminución del 8,6% respecto a las registradas en 2015, según los datos publicados hoy por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El descenso afectó tanto al número de demandas de divorcio –un total de 21.605, lo que representa un 8,1% menos que el año anterior- como la de demandas de separación -1.264, una disminución del 16,7% respecto a 2015-.

Del total de demandas de divorcio presentadas en 2016 en Andalucía, 11.001 fueron de consensuadas, y 10.604 contenciosas. En cuando a las demandas de separación, 768 de las presentadas fueron de mutuo acuerdo y 496 no consensuadas. Además, en 2016 se registraron 22 demandas de nulidad matrimonial, frente a las 27 del año anterior.

Poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial del total del año con la población a 1 de enero de 2016, se observa que el mayor número de demandas de disolución por cada 1.000 habitantes se dio en Canarias y en la Comunidad Valenciana (2,9), mientras que en el otro extremo se situó Castilla y León (1,9). La media de demandas en España fue de 2,6 por cada mil habitantes y en Andalucía está en 2,7 por cada mil habitantes.

divorcios

Balas en el juzgado

Jorge Muñoz | 5 de marzo de 2017 a las 2:00

bala1

Son un elemento que no es ajeno a los juzgados. Las armas y la munición son frecuentes en cualquier sede judicial. Las portan los guardias civiles encargados de la custodia de los edificios, los policías nacionales que trasladan a los presos, y también los agentes de cualquiera de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que acuden a los juzgados para, por ejemplo, prestar declaración en un juicio o hacer gestiones policiales relacionadas con un caso. Lo que no es normal es lo que sucedió esta semana, cuando en los juzgados de Sevilla aparecieron dos balas depositadas en el suelo. Los dos proyectiles, en perfecto estado de utilización, estaban junto a una columna, a escasos metros de la puerta de acceso a los juzgados del edificio del Prado de San Sebastián. En las imágenes que aparecen adjuntas puede verse el lugar exacto y la posición en la que fueron halladas, y en otra fotografía ambas balas en las manos de una de las personas que la halló. Rápidamente, se alertó a los agentes de la Guardia Civil, que comprobaron que ambos proyectiles son de un arma corta, del calibre 7,65 milímetros.

Y a partir de ahí cabe preguntarse cómo pudieron aparecer ambas balas junto a los juzgados. ¿Podrían pertenecer a algún agente al que se le cayeron de un cinturón? No parece la explicación más probable.

Hay otra que sí podría ser la correcta, sobre todo teniendo en cuenta la zona y la posición en la que se encontraban los dos proyectiles, perfectamente alineados en la parte inferior de una columna, como si alguien los colocó allí precisamente para intentar que pasaran desapercibidos. Si contemplamos esta hipótesis, las balas podrían pertenecer a una persona que, probablemente, habría acudido esa mañana al edificio de los juzgados para acudir a una gestión judicial o para comparecer ante la oficina judicial de presentaciones, porque tuviera una medida cautelar de presentación cada cierto tiempo.

bala2

Y en esa coyuntura, conociendo que para acceder al juzgado hay que pasar un escáner que detecta los objetos metálicos, no sería muy apropiado que le sorprendieran con tan extraña posesión entre sus pertenencias.

De hecho, es frecuente observan cómo en el alféizar de las ventanas próximas algunos individuos depositan toda clase de objetos metálicos y nada apropiados para entrar en una sede judicial. Desde pequeñas navajas, cuchillos, y la última moda: las navajas-tarjeta, un instrumento que a simple vista parece una tarjeta de crédito de plástico, pero que al abrirse y colocarse de una determinada forma, acaba formando un auténtico pincho o navaja de punta metálica y mango de plástico. Todo un invento que, según los entendidos, se está convirtiendo en un souvenir típico de las bodas.

Volviendo al tema de las balas. Después del hallazgo, los guardias civiles dejaron durante unos minutos los proyectiles en su lugar, para ver si alguien volvía a recogerlos. Al final, nadie se presentó y la munición fue intervenida.

Sólo cabe preguntarse en qué bodas se reparten esos curiosos regalos. ¿Y también qué personajes frecuentan a diario nuestros juzgados? Cada día, se intervienen en los juzgados muchos de estos objetos inapropiados a usuarios que entran con ellos. Desde luego parece que no estamos ante lo más granado de la sociedad sevillana. ¡Jodér, qué tropa!, como diría el conde de Romanones.

VISTO PARA SENTENCIA

Pedro Izquierdo, el juez recusado para los ERE

*El sindicato Manos Limpias ha sido la primera acusación popular personada en el caso de los ERE fraudulentos que ha recusado al presidente de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla Pedro Izquierdo, al que ha recaído la ponencia para enjuiciar la primera pieza de los ERE que llega a juicio, la que afecta a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán. El sindicato, que no pasa ahora por sus mejores momentos en cuanto a su credibilidad tras el escándalo que llevó a prisión provisional a su secretario general Miguel Bernard, alega que no duda de la profesionalidad, integridad y objetividad del magistrado, pero entiende que no puede estar el juicio por la “sombra de sospecha” para la ciudadanía. Manos limpias recuerda la etapa de Pedro Izquierdo como secretario general para la Justicia entre los años 2008 y 2014, seis años en los que coincidió con los mandatos de Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

De momento, la Audiencia ha devuelto a toriles el recurso del sindicato por un defecto de forma, aunque una vez subsanado tendrá que pronunciarse sobre el mismo. La acusación popular que ejerce el PP aún no se ha pronunciado sobre si recusará o no al magistrado, aunque todo parece indicar que no quieren que Pedro Izquierdo esté al frente del tribunal que juzgará a Chaves y Griñán, y mucho menos que sea él quien redacte la sentencia, en su condición de ponente de la causa. Interesante será, como no, la postura que adopte la Fiscalía Anticorrupción ante el incidente de recusación planteado contra este magistrado.

La juez y el Cuerpo de la Guardia Civil

*La anécdota ocurrió hace unos años. Era el primer destino en un juzgado de Ayamonte (Huelva) de una juez que acababa de aprobar las durísimas oposiciones para el acceso a la judicatura. Como la juez era nueva, el mando de la Guardia Civil de la localidad acudió al juzgado para presentarse a la nueva magistrada y lo hizo con toda la puesta en escena que le gusta a muchos agentes.
-Señoría, el Cuerpo de la Guardia Civil, a su disposición… –aseguró con una voz fuerte, rotunda y clara, como corresponde a un miembro de la Benemérita institución.
¿Todo el cuerpo? –preguntó con sorna su señoría.
La respuesta de la juez guasona hizo que el agente se sonrojara, si bien todo quedó en una anécdota.

La misma historia de siempre

Jorge Muñoz | 4 de marzo de 2017 a las 2:00

Caso Mercasevilla  Audiencia de Sevilla Declara Antonio Rodrigo Torrijos y compa?ia

Una sesión del juicio por la venta de los suelos de Mercasevilla.

La Fiscalía de Sevilla dio ayer un 50% de probabilidades para la absolución de Antonio Rodrigo Torrijos, al estimar que el posible delito societario que le imputa de forma alternativa –sigue manteniendo su petición de condena de dos años por fraude y exacciones ilegales– está prescrito. Es decir, si la juez considera que las supuestas irregularidades en la adjudicación del concurso para la venta de los suelos de Mercasevilla no constituyen un delito de fraude y exacciones, Torrijos será absuelto con toda probabilidad.
Y es que, a tenor de lo que se ha visto en las 16 sesiones del juicio celebradas hasta ahora, no habría elementos para argumentar una posible condena de Torrijos y de los otros acusados. Todo son sospechas y conjeturas, teorías de la conspiración construidas durante la larguísima instrucción de la juez Mercedes Alaya, pero sin que haya una certeza de que hubo un pacto para beneficiar a Sando.
Todos los acusados y todos los testigos –incluidos los representantes de la sociedad estatal Mercasa– han defendido la legalidad del pliego de condiciones del concurso y de las polémicas cláusulas que según la Fiscalía fueron incluidas para favorecer a la constructora. De hecho, el fiscal asegura que los tres acusados que elaboraron el pliego lo hicieron “a la medida de los intereses de Sando” en virtud de un protocolo de intenciones que habían negociado previamente Mercasevilla y esta empresa.
El único elemento que juega en contra de una posible absolución es el testimonio del inspector de Policía que investigó las presuntas irregularidades y que afirmó en la vista oral que el concurso estaba “predeterminado” y “manipulado” para favorecer a esta empresa sobre las demás.
Al final puede ocurrir la misma historia de siempre. Que grandes instrucciones se desinflan al someterse al filtro de la vista oral, donde salen a la luz las posibles deficiencias de la instrucción. Si hay absolución finalmente, dará igual. El daño a los acusados ya está hecho.

Las ejecuciones hipotecarias en los juzgados andaluces cayeron un 30% en 2016

Jorge Muñoz | 3 de marzo de 2017 a las 18:37

-Los 9.998 lanzamientos practicados el año pasado suponen un descenso del 6,5% respecto a 2015

-Los concursos subieron el 11,2% y las demandas por despido disminuyeron un 8%

ejeución

El número de ejecuciones hipotecarias iniciadas en 2016 fue de 12.106, lo que representa un descenso del 30,3% respecto a las presentadas el año anterior, según el informe “Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales” que hoy ha hecho público la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial. Es la cifra más baja de las registradas desde 2009, cuando se iniciaron 17.774 ejecuciones hipotecarias. En 2010 fueron 17.913; en 2011, 16.313; en 2012, 17.914; en 2013, 18.321; en 2014, 16.991; y en 2015, 17.365.

La Rioja y el País Vasco son las únicas Comunidades Autónomas en las que no se registró una bajada de las ejecuciones hipotecarias en 2016, con aumentos del 9 % y del 5,6 %, respectivamente, mientras que el descenso fue especialmente significativo en la Comunidad Valenciana (39,6 %), Galicia (39,2 %) y Navarra (38,8 %) y superior al 30 por ciento en otras seis Comunidades: Andalucía, Illes Balears, Canarias, Cantabria, Castilla y León y Madrid.

En el cuarto trimestre de 2016, las ejecuciones hipotecarias iniciadas en Andalucía fueron 2.609, un 44% menos que en el mismo periodo del año anterior.

Andalucía, con 2.609, fue la Comunidad en la que más ejecuciones se iniciaron en ese periodo -seguida por Cataluña (1.676), la Comunidad Valenciana (1.577) y Madrid (1.034)-, aunque es también la que registró un descenso más acusado –del 44,2 %- respecto al cuarto trimestre de 2015.

En todas las provincias andaluzas se ha producido un descenso significativo en el número de ejecuciones hipotecarias durante 2016. Así, en Almería se registraron 2.172 frente a las 2.944 de 2015, lo que supone un descenso del 26,2%; en Cádiz en 2016 se iniciaron 1.603, frente a las 2.477 de 2015 (-35,3%); en Córdoba se registraron 922 en 2016 y 1.203 en 2015 (-23,4%); en Granada hubo 1.211 durante el año pasado frente a las 1.690 de 2015 (-28,3%); en Huelva se iniciaron 883 en 2016 y 1.306 en 2015 (-32,4%); en Jaén se registraron 649 en 2016 frente a las 846 del año anterior (-23,3%); en Málaga hubo 2.267 en 2016 y 3.324 en 2015, lo que supone un descenso de 31,8%; y en Sevilla se iniciaron 2.399 en 2016 frente a las 3.575 de 2015 (-32,9%).

9.998 lanzamientos practicados en 2016

El número de lanzamientos practicados el año pasado fue de 9.998, lo que supone un descenso del 6,5 % respecto a los 10.694 de 2015. Los lanzamientos afectan a distintos tipos de inmuebles, no solo viviendas y, en el caso de éstas, no solo a vivienda habitual.

Menos de la mitad de esos lanzamientos -4.364- fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otros 5.193 se derivó de ejecuciones hipotecarias y los 441 restantes obedecieron a otras causas.

Cataluña –con 14.069, el 22,3 % del total nacional- fue la Comunidad Autónoma en la que el año pasado se practicaron más lanzamientos, seguida por Andalucía –con 9.998- y la Comunidad Valenciana, con 9.635.

Atendiendo sólo a los lanzamientos que fueron consecuencia de procedimientos derivados de la LAU, la clasificación la encabeza también Cataluña, con 8.971; seguida por Madrid, con 4.760; y Andalucía, con 4.364. En cuanto a los derivados de ejecuciones hipotecarias, en la Comunidad Valenciana se registraron 5.398, en Andalucía 5.193 y en Cataluña 4.452.

El informe incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque con la advertencia de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos. Además, el hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no supone que éste lo haya ejecutado.

Con estas premisas, los datos disponibles reflejan que el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes en 2016 fue de 14.802, un 4,1% menos que el año anterior. De ellos, 8.179 terminaron con cumplimiento positivo, lo que representa un descenso del 4,7 % respecto a 2014.

Los concursos presentados suben un 11,2 por ciento

El número de concursos presentados en 2016 fue de 887, un 11,2 % más que los registrados el año anterior. De ellos, 157 corresponden a concursos presentados por personas físicas sin actividad empresarial -cuya competencia corresponde desde el 1 de octubre de 2015 a los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción-, mientras que los otros 730 se registraron en los Juzgados de lo Mercantil.

Por provincias, los concursos registrados cayeron en todas las provincias excepto en Almería, que aumentaron un 82,3%, Sevilla (42,2%) y Granada, con un aumento del 9,6%. Los descensos más acusados tuvieron lugar en Jaén, con un 29,3%, y en Huelva y Málaga con un 16,3% en ambos casos.

Las demandas por despido disminuyen un 8%

Las 15.347 demandas por despido presentadas en los Juzgados de lo Social de Andalucía en 2016 supusieron un descenso del 8% respecto a las registradas el año anterior. Se trata de la cifra más baja desde 2008, ya que ese año y los siguientes hasta 2015 la cifra de demandas siempre superó las 16.000.

Por territorios, Madrid –con 18.952, el 19,2 % del total nacional- es la Comunidad en la que se presentaron más demandas de este tipo, seguida por Cataluña –con 17.931- y Andalucía, con 15.347.

Por provincias, en todas ellas disminuyó el número de despidos en 2016 excepto en Sevilla, donde aumentaron un 11,6%. Así, durante el año pasado se produjeron en esta provincia 4.441 despidos frente a los 3.988 de 2015. En cuanto a los descensos, los más acusados fueron en Cádiz (-20,4%), Huelva (-18,5%); Córdoba (-18,2%) y Jaén (-16,7%). En Almería descendieron un 12%, un 10% en Granada y un 9,6% en Málaga.

Un pleito de pura raza

Jorge Muñoz | 26 de febrero de 2017 a las 2:00

Fibes. Sicab Fotos a JosŽ Varo. De la lleguada Francisco Olivera

Hay muchos tipos de Derecho. Derecho romano, del trabajo, de familia, de tanteo, de retracto, del consumidor e incluso tenemos el derecho de las cofradías. Antes, en la Edad Media, había hasta derecho de pernada. Pero hay una clase de derecho poco conocida: el derecho hípico. Y es que una sentencia del juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla ha declarado la comisión y existencia de un acto de competencia desleal y de “práctica agresiva” por parte de la Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española (Ancce) a la empresa Melpi S. L., que venía prestando regularmente sus servicios de secretaría técnica a los Comités Organizadores de los concursos morfológicos de caballos Pura Raza Española hasta 2011.
Ese año, la Ancce modificó el reglamento de concursos morfológicos para impedir que la empresa Melpi actuase como secretario técnico, emitiendo además un comunicado en el que prohibía a los comités organizadores la contratación de Melpi.
La denunciante estuvo representada en el pleito por el abogado Fernando Acedo Lluch, especialista en derecho hípico, quien ha logrado explicar al juez las complejas relaciones existentes entre los diferentes actores e intereses económicos que confluyen en el mercado de la organización de un concurso morfológico de caballos de Pura Raza Española.
El fallo declara expresamente acreditada la “comisión y existencia de un acto de competencia desleal de práctica agresiva por la parte demandada”, en relación con la exclusión de Melpi de prestar los mencionados servicios de secretaría técnica de concursos morfológicos durante el año 2001 y de prohibición a los comités organizadores de “contratar a la parte actora o a personas vinculadas con ella so pena de no homologación de los concursos”.
La sentencia ordena a la Ancce a “cesar en el acto de competencia desleal, prohibiéndole continuar en la repetición del mismo” en lo que se refiere a la exclusión de esta empresa y además condena a la Ancce a pagar una indemnización a Melpi de 53.290,50 euros anuales, a partir del año 2011 hasta la cesación total del acto de competencia desleal.
El magistrado explica que en este caso se trata de conductas “incardinables en un ámbito concurrencial que es el mercado de promoción del caballo de pura raza española, mercado con un evidente interés económico, dado que residenciando en su genealogía y en su desempeño en los concursos se determinan criterios de selección por parte de los consumidores o adquirentes para la reproducción o para la actividad deportiva o recreativa, lo que incide en su valor económico a efectos de venta, y en la adquisición de un mayor valor y promoción de las correspondientes ganaderías”. Y añade que integrados como mercados secundarios e indispensables, “coadyuvando de forma directa” a la labor de promocionar el caballo de pura raza española, se encuentran el mercado de servicios de secretaría técnica en los concursos morfológicos funcionales, valedores para el campeonato de España de caballos de pura raza, y el mercado de bases de datos sobre los ejemplares de pura raza donde se recopila la información gráfica, genealógica, y de puntuación de los distintos ejemplares, siendo su incidencia “más que evidente, dado que sin la labor de las secretarías técnicas no se pueden celebrar los concursos morfológicos”.
La sentencia señala que un testigo manifestó que Ancce negó a Melpi el acceso al sistema informático homologado a pesar de que fue solicitado, “suponiendo una utilización de la posición de poder en la que se encontraba la entidad demandada al impedir su actuación secretaría técnica sin argumentación alguna”.
Paralelamente, la Ancce tiene abierto por estos mismos hechos un expediente sancionador por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por posibles conductas restrictivas y existir una conducta abusiva en su posición de dominio, por el que podría ser sancionada con una multa de más de 150.000 euros, según explicaron fuentes del caso.

VISTO PARA SENTENCIA

El sorteo no zanja la polémica por los ere
*El sorteo extraordinario que la Audiencia de Sevilla hizo el pasado jueves para elegir al tribunal que enjuiciará a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán no ha puesto fin a la polémica. Después de dos meses de incertidumbre y de reproches entre distintos sectores judiciales sobre la elección de laSala para este primer juicio de los ERE, el sorteo sólo ha despejado la duda respecto a la sección que enjuiciará el caso: la Primera. Esta Sala la preside el magistrado Pedro Izquierdo, quien fue secretario general para la Justicia durante seis años (2008-2014), con lo que coincidió con ambos presidentes y ahora acusados de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Ahí es donde está el verdadero problema de la elección de esta Sala, porque aunque Pedro Izquierdo, que además ha sido designado ponente de la causa y por tanto la persona encargada de redactar la sentencia, ya ha dicho que no aprecia motivos para abstenerse, seguro que será recusado por alguna de las acusaciones populares (PP o Manos Limpias). Importante será la postura que pueda adoptar la Fiscalía Anticorrupción ante el más que probable incidente de recusación.

El secretario de la Audiencia, Luis Revilla, muestra la bola con la que se elegió la sección para el juicio de los ERE.

El secretario de la Audiencia, Luis Revilla, muestra la bola con la que se elegió la sección para el juicio de los ERE.

 

Bolaños acaba con el “carrito” de los juzgados

*La juez María Núñez Bolaños ha dado esta semana una imagen de modernidad en la Justicia. De la antigua fotografía del “carrito” cargado de expedientes se ha pasado a otra más moderna y que refleja cómo se deberían entregar las causas judiciales en el siglo XXI. La juez de los ERE ha remitido los más de 14.000 folios de la primera pieza de este caso que va a ser juzgada en un formato digital por completo, en 11CD con toda la documentación digitalizada y en formato OCR, que permite las búsquedas por nombre o fecha. Todo un acierto para mejorar la imagen de la Justicia.

Reportaje sobre lo cutre que es la Justicia en Sevilla. Foto: Victori

Parecerlo

Jorge Muñoz | 25 de febrero de 2017 a las 2:00

El presidente de la Sección Primera de la Audiencia, Pedro Izquierdo.

El presidente de la Sección Primera de la Audiencia, Pedro Izquierdo.

Reza una máxima judicial que el juez no debe ser sólo independiente e imparcial, sino parecerlo. Es una expresión similar al proverbio romano sobre la honradez de la mujer del César. El magistrado Pedro Izquierdo, que ha sido designado ponente del juicio a los ex presidentes Chaves y Griñán, no ve motivos de abstención por haber ocupado durante seis años el cargo de secretario general para la Justicia. La ley orgánica del Poder Judicial establece entre las causas de abstención y, en su caso, de recusación que el magistrado haya ocupado un cargo público en el que haya participado directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito o causa o que haya podido tener conocimiento del objeto del litigio y formar criterio que vaya en detrimento de su deber de imparcialidad.

Si se analizan estos motivos, no parece que, como entiende el propio magistrado, esté afectado por causa de abstención o recusación. Pedro Izquierdo, como secretario general para la Justicia, formó parte del último Gobierno de Manuel Chaves y continuó en el cargo durante la etapa de Griñán al frente del Ejecutivo andaluz. Y ocupó el cargo entre los años 2008 y 2014, con lo que le pilló de lleno en su puesto el estallido del escándalo de los ERE fraudulentos, cuya instrucción comenzó en enero de 2011. Su cargo estaba adscrito a la Consejería de Justicia e Interior, desde donde se encargó del proceso de introducción del sistema de comunicaciones telemáticos Lexnet en los juzgados andaluces. Muy ajeno a su cometido quedan las ayudas de los ERE, que concedía la Consejería de Empleo a través de las transferencias de financiación y utilizaba al IFA/Idea como caja pagadora de esas subvenciones. Por ello, puede descartarse que participara en el asunto objeto del pleito o que tuviera conocimiento del mismo durante su paso por la Administración andaluza.

Conozco a Pedro Izquierdo desde hace muchos años y valoro su honestidad y profesionalidad, por lo que estoy seguro de que si él no aprecia causa de abstención, seguro que no la hay, y su independencia e imparcialidad no están comprometidas por su etapa en la política andaluza, donde además desempeñó un cargo de perfil muy técnico.

De hecho, Pedro Izquierdo está interviniendo en la resolución de otras macrocausas que afectan de lleno a la Junta, como son la de las irregularidades en los cursos de formación –su Sala tendrá que revisar el archivo de la pieza “política” de los cursos- y de los avales y préstamos de la agencia Idea. En ambos casos es la Sección Primera la que resuelve los recursos contra las resoluciones de la juez María Núñez Bolaños, y tampoco se ha planteado ni la abstención ni la recusación de este magistrado por su pasado en la Junta.

Ahora bien, retomando el arranque de este artículo, creo que Pedro Izquierdo además de ser independiente e imparcial, debe parecerlo. El hecho de haber pertenecido a la estructura de los Gobiernos andaluces que lideraron en algún momento Manuel Chaves y José Antonio Griñán, aconseja que no forme parte del tribunal, donde además le ha correspondido ejercer la ponencia del caso, es decir, es el magistrado que debe estudiarse en profundidad el sumario y el que finalmente redacta la sentencia, con la influencia que esa posición tiene sobre los otros dos jueces que forman parte del mismo.

En cualquier caso, habrá que ver la postura de la Fiscalía Anticorrupción cuando alguna o las dos acusaciones populares –el PP y el sindicato Manos Limpias- planteen casi con total probabilidad la recusación de Pedro Izquierdo para presidir el juicio a Chaves y Griñán. Por cierto, una recusación que, de acuerdo con el artículo 224 de la ley orgánica del Poder Judicial, corresponderá instruir a un magistrado de la Audiencia por turno de antigüedad, y resolverá otra Sección, en este caso, la que le sigue en orden numérico: la Segunda, que preside el presidente de la Audiencia, Damián Álvarez. Todo este proceso, aunque tiene unos plazos muy concretos, supondrá un retraso a la hora de conformar definitivamente la Sala que debe enjuiciar el primer juicio de los ERE, a lo que hay que sumar los meses que necesitará el ponente para el estudio del voluminoso sumario, son más de 14.000 folios sin contar los anexos, y la ingente labor de organización de un juicio con 26 acusados y que ha despertado tanta expectación mediática. Con este panorama, no creo que la vista pueda celebrarse antes de principios o mediados de 2018.

El Supremo valida la lista Falciani

Jorge Muñoz | 24 de febrero de 2017 a las 20:55

Supremo

La Sala II del Tribunal Supremo acepta como prueba válida la ‘lista Falciani’ en la primera sentencia en que se pronuncia sobre el uso de esos datos para fundar una condena por delito fiscal en España. El alto tribunal confirma 6 años de cárcel por dos delitos contra la Hacienda Pública para un español, Sixto Delgado Coba, que había ocultado más de 5 millones de euros en cuentas bancarias suizas. Su nombre y cuentas figuraban, junto a la de más de 500 contribuyentes españoles, en los documentos sustraídos por el exempleado del banco suizo HSBC Hervé Falciani, que dieron origen a la inspección de la Agencia Tributaria española, donde llegaron remitidos por las autoridades francesas, según ha informado hoy el alto tribunal.

El alto tribunal distingue entre dos formas de obtención ilícita de documentos o datos de terceros. Así, si lo hace la Policía o los aparatos del Estado, la prueba no es válida, en virtud del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero si lo hace un particular sin conexión con los aparatos del Estado y que no buscaba prefabricar pruebas sino obtener un lucro, como era el caso del informático bancario Hervé Falciani, si puede dársele validez.

El Supremo se pronuncia por primera vez sobre el valor probatorio de documentos bancarios y ficheros contables cuando, pese a existir constancia de que fueron sustraídos de forma ilegítima por un tercero, han sido determinantes en la apreciación probatoria.  El abogado del acusado argumentaba que la obtención ilícita de la lista Falciani convertía en inválida dicha prueba contra él.

La sentencia, de la que ha sido ponente su presidente, Manuel Marchena, entiende que la prohibición, contenida en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,  de que surtan efecto las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, “violentando los derechos o libertades fundamentales”, responde a la idea, en su origen histórico y en su sistematización jurisprudencial, de ser un “elemento de prevención frente a los excesos del Estado en la investigación del delito”, ya que “el poder del Estado para la persecución y enjuiciamiento de hechos ilícitos no puede valerse de atajos”.

Sin embargo, otra cosa es la información obtenidamente ilícitamente por un particular sin ninguna conexión con aparatos del Estado en el momento de la sustracción de los datos. Así, explica que los ficheros bancarios que consiguió Falciani no estaban afectados por la regla de exclusión prevista en el artículo 11 de la LOPJ, pues “se trataba de información contenida en unos archivos de los que se apoderó ilícitamente un particular que, cuando ejecutó la acción, no lo hizo como agente al servicio de los poderes públicos españoles interesados en el castigo de los evasores fiscales. Tampoco se trataba de ficheros informáticos cuya entrega hubiera sido negociada entre el transgresor y los agentes españoles”.

“La finalidad disuasoria  que está en el origen de la exclusión de la prueba ilícita no alcanzaba a Herve Falciani, que sólo veía en esa información una lucrativa fuente de negociación. En definitiva, no se trataba de pruebas obtenidas con el objetivo, directo o indirecto, de hacerlas valer en un proceso”, explica la sentencia. Su incorporación a la causa penal abierta en el Juzgado de instrucción de Alcobendas que investigó a Sixto Delgado Coba “no guarda conexión alguna –ni directa ni remota- con la vulneración de los datos personales que protegían a los evasores fiscales”.

Para el Supremo, el particular que por propia iniciativa desborda el marco jurídico que define la legitimidad del acceso a datos bancarios, ya actúe con el propósito de lograr un provecho económico, ya con el de fomentar el debate sobre los límites del secreto bancario, no lo hace en nombre del Estado. “No rebasa el cuadro de garantías que define los límites constitucionales al acopio estatal de fuentes de pruebas incriminatorias. Nada tiene que ver esa actuación con la de un agente al servicio del Estado. Lo que proscribe el art. 11 de la LOPJ no es otra cosa que la obtención de pruebas (“no surtirán efecto las pruebas obtenidas…”). Es el desarrollo de la actividad probatoria en el marco de un proceso penal –entendido éste en su acepción más flexible- lo que queda afectado por la regla de exclusión cuando se erosiona el contenido material de derechos o libertades fundamentales”.

El Supremo subraya que la prohibición de valorar pruebas obtenidas con vulneración de derechos fundamentales cobra su genuino sentido como “mecanismo de contención de los excesos policiales en la búsqueda de la verdad oculta en la comisión de cualquier delito. No persigue sobreproteger al delincuente que se ve encausado con el respaldo de pruebas que le han sido arrebatadas por un particular que cuando actuaba no pensaba directamente en prefabricar elementos de cargo utilizables en un proceso penal ulterior”.

No obstante, añade que este razonamiento no busca formular una regla con pretensión de validez general. Tampoco aspira a proclamar un principio dirigido a la incondicional aceptación de las fuentes de prueba ofrecidas por un particular y que luego son utilizadas en un proceso penal. La regla prohibitiva no excluye entre sus destinatarios, siempre y en todo caso, al particular que despliega una actividad recopiladora de fuentes de prueba que van a ser utilizadas con posterioridad en un proceso penal. También el ciudadano que busca acopiar datos probatorios para su incorporación a una causa penal tiene que percibir el mensaje de que no podrá valerse de aquello que ha obtenido mediante la consciente y deliberada infracción de derechos fundamentales de un tercero.

ESTUDIAR CADA CASO CONCRETO

Lo que allí se apunta sólo adquiere sentido si se interpreta como una llamada a la necesidad de ponderar las circunstancias de cada caso concreto. La vulneración de la intimidad de las personas –si éste es el derecho afectado por el particular- no puede provocar como obligada reacción, en todo caso, la declaración de ilicitud. Entre el núcleo duro de la intimidad y otros contenidos del círculo de exclusión que cada persona dibuja frente a los poderes públicos y frente a los demás ciudadanos, existen diferencias que no pueden ser orilladas en el momento de la decisión acerca de la validez probatoria.

Lo determinante es que nunca, de forma directa o indirecta, haya actuado como una pieza camuflada del Estado al servicio de la investigación penal. La prohibición de valorar esos documentos en un proceso penal se apoyaría en las mismas razones que ya hemos señalado para la prueba ilícita obtenida por agentes de policía. Y es que, en este caso, los funcionarios del Estado que investigan el delito han de estar convencidos de que tampoco su trabajo podrá ser valorado si las pruebas obtenidas lo han sido mediante el subterfugio de la utilización de un activo particular que, sabiéndolo o no, actúa a su servicio.

La sentencia destaca la coincidencia interpretativa en la licitud probatoria de la denominada lista Falciani, reconocida como tal por varios tribunales supremos europeos, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Asimismo, examina la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que condenó a Sixto Delgado Coba por dos delitos fiscales, y, manteniendo el mismo fallo, modula sus argumentos, ya que entiende que el ‘principio de no indagación’ en las pruebas obtenidas en un país extranjeros sirva siempre para resolver las dudas de ilicitud. En ese sentido, recuerda que el Supremo negó la validez a la valoración de una entrevista de agentes españoles con un preso de Guantánamo, al ser un centro de detención sin garantías ni control.

La sentencia ha sido dictada por unanimidad por una Sala presidida por Manuel Marchena y formada además por los magistrados Miguel Colmenero, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Joaquín Giménez.

Con lluvia de barro, truenos y en 23-F

Jorge Muñoz | 24 de febrero de 2017 a las 2:00

Juzgados del Prado Movida por el caso de los ERE  Habra que estar hasta las doce y algo para hacer varias cosas, incluido fotos a la juez Maria Nu?ez Bola?os para renovar el archivo

La juez María Núñez Bolaños, fotografiada ayer en los juzgados de Sevilla.

Si Bolaños hubiera elegido el día para elevar el sumario de los ERE a la Audiencia no podría haberlo hecho mejor. Sevilla se despertó ayer en medio de una intensa lluvia de barro, capricho meteorológico que quizás presagiaba el marrón que pocas horas después iba a recaer sobre los jueces de la Sección Primera de la Audiencia, con tormenta y truenos. Y encima era la efemeride del 23-F. Con ese panorama, la juez María Núñez Bolaños, convocó a los periodistas para explicarles personalmente y junto a los funcionarios de su oficina judicial, la intensa labor que habían desarrollado en las últimas semanas para ordenar el voluminoso sumario para su envío a la Audiencia de Sevilla.
La juez cerraba de esta forma la polémica que ella no generó pero que se suscitó en torno a la remisión del sumario a la Audiencia, después de que se hubieran disparado todas las alarmas sobre el reparto de la causa de Chaves y Griñán.

Las sospechas, rumores y reproches obligaron a los magistrados de la Audiencia, en un hecho tan lamentable como vacío de precedentes, a tener que volver a celebrar un nuevo sorteo, el segundo, para decidir a qué Sala correspondía el juicio.
Y ya que tenemos tribunal, sólo queda que cuanto antes se conforme la Sala y se celebre el juicio. Muchos de los investigados esperan ese momento desde hace más de seis años.