El Supremo avala el nombramiento de la presidenta de la Audiencia de Málaga

Jorge Muñoz | 2 de febrero de 2018 a las 13:01

Lourdes García Ortiz

La magistrada Lourdes García Ortiz.

La Sala III de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso presentado por el magistrado Antonio Alcalá Navarro contra el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de 20 de diciembre de 2016 que nombró presidenta de la Audiencia Provincial de Málaga a Lourdes García Ortiz. El recurrente, ex presidente de dicha Audiencia, entendía que debía anularse la designación de García Ortiz porque está casada con el presidente de la Audiencia de Granada y el artículo 391 de la Ley Orgánica del Poder Judicial considera incompatible que integren una misma Sala de Gobierno (en este caso la del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía) dos presidentes de audiencia provincial unidos por vínculo matrimonial. 

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado José Manuel Sieira, explica que no estamos en este caso ante una causa de inelegibilidad  sino “ante una incompatibilidad, tesis que es pacifica para las partes en litigio, incompatibilidad que conlleva la prohibición, no como pretende la parte recurrente de nombramiento como Presidente/a, sino una prohibición de  integrar,  formar parte,  simultáneamente de  una misma Sala de Gobierno”, ha informado este viernes el Tribunal Supremo.

Por tanto, prosigue la resolución, la incompatibilidad “sólo opera en relación al ejercicio de la función correspondiente al cargo anejo de miembro  de la Sala de Gobierno, la  que por otra parte no es la función principal y más relevante de las que corresponden al cargo de Presidente de Audiencia Provincial. Si el legislador hubiera pretendido otra cosa habría establecido sin ambages una causa de inelegibilidad   que sí daría lugar a la prohibición de nombramiento que sostiene el recurrente”.

Para la Sala, los distintos caminos seguidos a la hora de interpretar el alcance de la incompatibilidad prevista en el artículo 391 párrafo segundo de la LOPJ llevan a una misma conclusión, tanto si se atiende a la finalidad perseguida por la norma, a la protección del derecho constitucional que puede resultar afectado o a una interpretación sistemática de la totalidad del precepto en cuestión y concordantes de la Ley.

Los magistrados indican que es igualmente razonable concluir que en los supuestos en que la Sala de Gobierno puede actuar en Comisiones (como sucede en el TSJ andaluz) opera la excepción a que se refiere el artículo 391 de la Ley, que prevé que en los casos en que existieren varias secciones, en una misma Sala no opera la incompatibilidad a la que se refiere el precepto.

Respecto a la forma en que el respeto  a la incompatibilidad que el precepto establece debe ser llevada a buen fin cuando la Sala de Gobierno del TSJ actúe en Pleno,  -bien por la vía de la sustitución, bien por la de su composición  atendiendo a lo dispuesto en el artículo 153 de la Ley en el que se establece el número de miembros necesarios para su valida constitución-, el Supremo señala que excede del ámbito del presente recurso y debe ser resuelto por la propia Sala de Gobierno en su caso.

VOTO PARTICULAR

La sentencia cuenta con el voto particular de uno de los cinco magistrados que la firman, Luis Díez-Picazo (presidente de la Sala), quien considera que el recurso debió ser estimado. Este magistrado se pregunta en su voto si el órgano de gobierno del Poder Judicial puede designar para un cargo a un Magistrado de quien sabe –o habría debido saber- que será automáticamente incompatible por razón de matrimonio con otro que ocupa un cargo similar. Y su contestación es que no, “máxime cuando el CGPJ ni siquiera ha impuesto como condición la renuncia de uno de los dos. El CGPJ, obviando este grave problema, se ha limitado a tomar una decisión que directamente conduce a una situación contraria a lo que, de manera tajante e inequívoca, establece el artículo 391 de la LOPJ”.

Caso de los ERE: Culpa compartida

Jorge Muñoz | 28 de enero de 2018 a las 2:20

TERCERA JORNADA DEL JUICIO DE LA PIEZA POLITICA DE LOS ERE

Hace unos años un juez tomó declaración como imputado (los ahora llamados investigados) a un corredor de fincas con pocos escrúpulos que había sido imputado una estafa. El imputado había vendido reiteradamente la misma propiedad a diferentes personas e incluso con distintos precios. Una auténtica estafa de libro.
–Entonces, ¿no es verdad que usted vendió la finca a esta persona y por este dinero? –preguntó el juez aportándole datos sobre la venta de la propiedad.
–Correcto. –admitió.
–Más tarde, ¿no volvió a vender la misma propiedad a otra persona y por este otro importe?
–Así es, señoría –contestó de nuevo.
–¿Es cierto que posteriormente vendió nuevamente la finca a otra persona por esta cantidad?
–Sí, señoría.
–¡Pues usted me dirá cómo arreglamos esta situación! –exclamó con vehemencia el magistrado.
Eso mismo digo yo, señoría. ¡A ver si encontramos un juez con dos cojones que nos diga cómo arreglamos esto! –aseveró con espontaneidad y gracejo el imputado.
Esta anécdota bien podría ilustrar la esperpéntica situación que se está viviendo en el caso de los ERE, donde la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia de Sevilla están en plena bronca dialéctica, con reproches mutuos sobre quién ha cambiado las reglas y ha provocado el lío que llevó a los magistrados de la Sección Séptima a fijar el criterio de que los ex altos cargos que están siendo enjuiciados en el “procedimiento específico” de los ERE no podrán ser juzgados posteriormente en ninguna de las 270 piezas en las que se separó la macrocausa.
Para enredar aún más la situación, la propia Sección Séptima ha aprovechado un reciente auto para responder a la cuestión previa planteada por el Ministerio Público en el juicio a los ex presidentes Chaves y Griñán, donde los fiscales han pedido al tribunal que realice una delimitación del objeto de este juicio a raíz de la decisión de la Sección Séptima de aplicar a los ex altos cargos el principio non bis in ídem.
Los jueces de la Sección Séptima consideran que el “procedimiento específico” se ha visto “desbordado” por la decisión de la Fiscalía y de las demás acusaciones de introducir el delito de malversación en este primer juicio donde se juzga la supuesta creación y mantenimiento de un sistema para la concesión de las ayudas que eludía los controles de la Intervención y empleaba de forma inadecuada las transferencias de financiación de la Consejería de Empleo al IFA/IDEA para el pago de las ayudas.
Y tienen razón en este argumento, pero esta Sala también tiene parte de culpa en el desaguisado. Es cierto que el instructor del Tribunal Supremo, cuando investigó la causa contra Chaves y Griñán y otros aforados, concluyó que en esta pieza de la macrocausa no apreciaba el delito de malversación, dado que sólo propuso continuar la causa por prevaricación y advirtió que aunque la cuantía de las ayudas pueda ser nula por haberse infringido el ordenamiento jurídico –en cuanto a los requisitos de las ayudas–, eso “no significa que todo el dinero concedido con cargo a ese programa presupuestario haya sido defraudado en perjuicio del erario público”.
¿Entonces, por qué Anticorrupción y las demás acusaciones introdujeron la malversación en el procedimiento específico? Pues hay quien dice que lo hicieron para no arriesgarse a sufrir otro descalabro en el juicio, que les ocurriera como sucedió posteriormente con el caso de la venta de los suelos de Mercasevilla, donde hubo un pleno de 10 acusados absueltos.
Decía que los magistrados de la Sección Séptima, los que llevan siete años resolviendo los recursos de la macrocausa de los ERE, también tienen su parte de culpa en este auténtico galimatías jurídico que entre unos y otros han montado. Durante años, esta Sala estuvo avalando, auto tras auto, la expansiva instrucción y las tesis de Mercedes Alaya, quien de otro lado siempre se opuso a una división en piezas sin la que hubiera sido posible que este juicio se iniciara. La división de la causa no se produjo hasta la llegada de María Núñez Bolaños al juzgado, y desde luego no se puede culpar de lo ocurrido a esa separación en piezas que llevaba tiempo pidiendo la Fiscalía.
La Audiencia, la Fiscalía, la propia Mercedes Alaya…. todos tienen su parte de responsabilidad en la maraña jurídica sin precedentes en la que se ha convertido este proceso. Culpa compartida.
Quizás la solución más garantista para todas las partes sea la de estimar la cuestión previa de la Fiscalía Anticorrupción, pero no en el sentido por el que apuesta el Ministerio Público, sino la primera opción: la devolución del caso al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla para que Bolaños dicte un nuevo auto de procedimiento abreviado, en el que delimite expresamente el objeto de este juicio para despejar cualquier duda.
Y ojo, que la Junta ha llevado el caso al Tribunal Constitucional, que todavía no se ha pronunciado. La verdad es que en este caso a lo mejor habría que encomendar el destino de la causa a un juez como el que solicitaba el estafador de la mencionada anécdota.

Los jueces abrieron juicio oral o procesaron a 99 personas por corrupción entre julio y septiembre de 2017

Jorge Muñoz | 26 de enero de 2018 a las 14:17

 Se terminaron 20 procedimientos  por este tipo de delitos · El 80,9 por ciento de las sentencias dictadas en primera instancia en causas por corrupción entre los pasados 1 de julio y 30 de septiembre fueron condenatorias

Además, en el último trimestre del año pasado adquirieron firmeza otras sentencias que suponen la condena de 69 personas, la mayoría de ellas por delitos de prevaricación administrativa y malversación

Los jueces españoles concluyeron en el tercer trimestre de 2017 un total de 20 procedimientos por corrupción, en los que se dictó auto de apertura de juicio oral o de procesamiento contra 99 personas, que fueron o serán llevadas a juicio por este tipo de delitos. Así lo revela el repositorio de datos sobre procedimientos por corrupción del Consejo General del Poder Judicial tras la incorporación de la información correspondiente al tercer trimestre del año, según ha informado este viernes el máximo órgano de Gobierno de los jueces.

El repositorio, que fue presentado el pasado 12 de enero, es de acceso público en la web www.poderjudicial.es y permite a los ciudadanos conocer la acción de la Justicia en el marco global de la lucha contra la corrupción a través de sus principales indicadores –personas acusadas y/o procesadas, procedimientos, sentencias dictadas, etc.-, que se actualizan trimestralmente.

La información que se ofrece en él corresponde a la denominada corrupción pública, entendiendo que es ésta la que más altos índices de preocupación inspiran en la ciudadanía. De este modo, los procedimientos judiciales cuyos datos se reflejan en el repositorio tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política.

Estos fenómenos se recogen en el Código Penal como delitos de prevaricación urbanística (artículos 320 y 322), prevaricación administrativa (art. 404, 405 y 408), infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos (art. 413, 414, 415, 416, 417 y 418), cohecho (art. 419, 420, 421 y 422), tráfico de influencias (art. 428, 429 y 430), malversación (art. 432, 433, 434 y 435), fraudes y exacciones ilegales (art. 436, 437 y 438), negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función (art. 439, 441, 442 y 443) y corrupción en las transacciones comerciales internacionales (artículo 286, 3º y 4º).

 

Personas acusadas y procedimientos por delitos de corrupción*

 

Personas acusadas Procedimientos
Tribunal Supremo 0 0
Audiencia Nacional 0 0
Órganos centrales 0 0
Andalucía 1 1
Aragón 0 0
Asturias 4 1
Baleares 5 1
Canarias 24 5
Cantabria 0 0
Castilla-La Mancha 3 1
Castilla y León 8 2
Cataluña 23 3
Comunidad Valenciana 16 4
Extremadura 1 1
Galicia 14 1
Madrid 0 0
Murcia 0 0
Navarra 0 0
País Vasco 0 0
La Rioja 0 0
Comunidades Autónomas 99 20
TOTAL 99 20

*La tabla refleja el número de personas contra las que se ha dictado auto de apertura de juicio oral o de procesamiento en procedimientos instruidos por Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción, Juzgados de Instrucción, Salas de lo Civil y Penal de Tribunales Superiores de Justicia, Juzgados Centrales de Instrucción y Sala Segunda del Tribunal Supremo

 

Un 80,9 por ciento de sentencias condenatorias

Entre los pasados 1 de julio y 30 de septiembre, los Juzgados y Tribunales dictaron 21 sentencias en procedimientos por corrupción, de las que 17 fueron total o parcialmente condenatorias, lo que representa el 80,9 por ciento del total.

La información ofrecida detalla, dentro de las sentencias condenatorias, las que lo han sido con y sin conformidad, así como las parcialmente condenatorias (tanto porque no se haya condenado por todos los delitos por los que se acusaba o porque no se haya condenado a la totalidad de los acusados).

 

Sentencias dictadas en procedimientos por corrupción

Condenatorias con conformidad Condenatorias sin conformidad Parcialmente condenatorias Absolutorias TOTAL
T.Supremo 0 0 0 0 0
A.Nacional 0 0 0 0 0
Ó.centrales 0 0 0 0 0
Andalucía 2 3 1 1 7
Aragón 1 0 0 2 3
Asturias 1 1 0 1 3
Baleares 2 0 0 0 2
Canarias 2 1 0 0 3
Cantabria 0 0 1 0 1
C.-La Mancha 0 0 0 0 0
C.- y León 0 0 0 0 0
Cataluña 0 0 0 0 0
C.Valenciana 1 0 0 0 1
Extremadura 0 0 0 0 0
Galicia 0 1 0 0 1
Madrid 0 0 0 0 0
Murcia 0 0 0 0 0
Navarra 0 0 0 0 0
País Vasco 0 0 0 0 0
La Rioja 0 0 0 0 0
CC.AA. 9 6 2 4 21
TOTAL 9 6 2 4 21

 

69 condenados por sentencia firme por delitos de corrupción

El repositorio permite también conocer el número de personas condenadas por las sentencias dictadas por delitos relacionados con la corrupción que han adquirido firmeza en cada trimestre.

La cifra que recoge la base de datos, y que en este caso corresponde al último trimestre del año pasado, es de 69 personas condenadas, según la información del Registro Central de Penados, dependiente del Ministerio de Justicia.

Los delitos que con mayor frecuencia aparecen en esas sentencias son, por este orden, los de prevaricación administrativa, malversación y prevaricación urbanística –es decir, delitos contra la ordenación del territorio, urbanismo, medio ambiente y patrimonio histórico-.

87 penados sometidos a régimen penitenciario

Por último, el repositorio ofrece los datos procedentes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, y de la Dirección General de Servicios Penitenciarios de la Generalitat de Cataluña sobre población reclusa.

En este caso, la información se refiere a las personas sometidas a régimen penitenciario –como penados o en situación de prisión preventiva- tomando en consideración el delito principal por el que han sido condenados o acusados. A 1 de enero de este año había en España 74 penados –en 40 casos, con el de malversación como delito principal y en otros 21 con el de cohecho- y 13 preventivos.

El TSJA incorpora a siete nuevos magistrados

Jorge Muñoz | 23 de enero de 2018 a las 19:01

Jura 23 enero

Siete nuevos magistrados han jurado o prometido hoy sus cargos ante la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Los nuevos miembros de la carrera judicial fueron nombrados magistrados una vez superado el concurso entre juristas de reconocida competencia.

Dos de los nuevos magistrados pasarán a desempeñar sendas plazas en Ceuta, en concreto, en los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción número 2 y 6. Los otros cinco magistrados quedan a disposición del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, tres en el orden penal y dos en el civil.

De estos cinco magistrados, dos han sido adscritos a Sevilla. Uno de ellos cubrirá la plaza del Juzgado de lo Penal número 4 de Sevilla, en funciones de sustitución de su titular, que se encuentra en comisión de servicio en la Audiencia de Sevilla, concedida para reforzar este órgano judicial por la sobrecarga de trabajo de las secciones penales debido a las causas de especial complejidad que se tramitan.

Otro de los nuevos magistrados ha sido destinado a los Juzgados de lo Penal de Sevilla, en funciones de refuerzo que desempeñará conforme al plan de actuación actualmente vigente, quedando asignado al Juzgado de lo Penal número 14 hasta el 2 de febrero y al Juzgado de lo Penal número 9 hasta el 1 de julio de 2018.

Juzgado de cláusulas suelo de Córdoba

A Córdoba irá destinado otro magistrado que hoy ha tomado posesión. En concreto, al Juzgado de Primera Instancia número 9 en funciones de refuerzo para asumir la materia relativa a las condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física.

A otro magistrado se le ha asignado el Juzgado de lo Penal número 5 de Almería, en funciones de sustitución de su titular, mientras que a Málaga irá otra magistrada al Juzgado de Primera Instancia número 4 de Torremolinos, también en funciones de sustitución de su titular.

Los magistrados que hoy han prometido o jurado son:

María Victoria Rodríguez Caro. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ceuta.

María de la Luz Lozano Gago. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Ceuta.

Jerónimo García San Martín. A disposición del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Juzgado de lo Penal 4 de Sevilla, en funciones de sustitución de su titular.

Silvia Coll Carreno. A disposición del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Juzgado de Primera Instancia 4 de Torremolinos, en funciones de sustitución de su titular.

Felipe Javier Pérez Castillo. A disposición del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Juzgado de Primera Instancia número 9 de Córdoba, en funciones de refuerzo para asumir la materia relativa a cláusulas suelo.

José Jesús Maraver Lora. A disposición del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Juzgados de lo Penal de Sevilla en funciones de refuerzo.

Jesús Miguel Moreno Ramírez. A disposición del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Juzgado de lo Penal 5 de Almería, en funciones de sustitución de su titular.

 

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Ovejas negras en la Policía Local

Jorge Muñoz | 23 de enero de 2018 a las 16:13

Don José Luis Barranco Álamos, miembro de la Policía Local de Sevilla, quien no me consta que sea el autor de la carta que publiqué el día 22/05/17 bajo el título “Ovejas Negras en la Policía Local” manifiesta “Que en el ejercicio de su derecho de rectificación quiere hacer constar que no es él el autor de la carta” a la que me he referido.

El alijo menguante

Jorge Muñoz | 21 de enero de 2018 a las 2:00

Una imagen del cargamento de cocaína, camuflado en cajas de bananas, que fue incautado en septiembre de 2016.

Una imagen del cargamento de cocaína, camuflado en cajas de bananas, que fue incautado en septiembre de 2016.

Hay quien piensa que siempre que se habla de los alijos de droga que decomisan los cuerpos policiales se tiende a informar, por parte de las autoridades, de que es el más grande o la mayor intervención de la historia, haciendo comparaciones con otras operaciones, como si quisiera dársele más importancia de la que realmente tiene a esa concreta actuación contra el tráfico de sustancias estupefacientes.
Los traficantes tratan de burlar a la Policía camuflando la droga en cualquier objeto o producto con el que pretenden sortear los controles y así no es de extrañar lo que ocurrió en Sevilla en agosto de 2016, cuando en el transcurso de una operación antidroga fueron detenidas tres personas que usaban como tapadera una empresa de frutas ubicada en Sevilla.
La operación fue llevada a cabo por los funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y agentes de la Policía Nacional quienes, en una investigación conjunta, se incautaron del “mayor alijo de cocaína” –para sorpresa de los más reacios con esta expresión– intervenido en la provincia de Sevilla hasta esa fecha: 900 kilos procedentes de Colombia. O, al menos, eso es lo que en su momento se trasladó a los medios de comunicación, porque una vez que se ha analizado y pesado la droga, la cantidad ha sufrido una importante reducción de nada más y nada menos que 87,2 kilos.
En este caso, la Fiscalía de Sevilla señala en su escrito de conclusiones provisionales que una vez analizado el total de las sustancias intervenidas se ha podido determinar que la droga incautada asciende a 800 paquetes que arrojaron un peso neto de 812,8 kilos, con una pureza del 75,6%. Fuentes del Ministerio Público consultadas por este periódico explicaron que este tipo de discrepancias suelen ser habituales, por la diferencia en el pesaje, entre el peso bruto y el neto de las sustancias estupefacientes decomisadas por las fuerzas policiales. ¡No se asusten que no estamos hablando de un nuevo robo de drogas en la Jefatura! (Recuérdese el caso del ex agente de Policía Lars Sepúlveda, que fue condenado a 12 años por el robo de 154  kilos de cocaína y heroína en la Jefatura de Blas Infante, y que el pasado verano fue detenido en Madrid por su presunta relación con una red traficantes de cocaína).
En el caso de los 812,8 kilos de cocaína camuflados en bananas hay tres acusados: J. P. R. R., R. R. R. y R. C. Q. Según el escrito de acusación de laFiscalía, el primero de los acusados era administrador único de la empresa R&R en octubre de 2014. La empresa cambió de nombre y de objeto social, dejando de importar y exportar material informático para dedicarse a la importación de frutas.

El Ministerio Público considera que, para dar “apariencia de legalidad” a esta empresa, el acusado realizaba viajes a Colombia, en los que negociaba la importación tanto de frutas como de sustancias estupefacientes. Así, los días 7 y 14 de junio de 2016 importó sendos contenedores de bananas frescas, y tras considerar que de esta forma existía dicha apariencia de legalidad, procedió a importar desde Colombia otros dos contenedores, uno de los cuales contenía bananas y otro la cocaína.
La descarga de la droga la realizaron personas de su confianza, los otros dos acusados. Al legar el camión a una nave ubicada en la avenida de la Industria, el acusado R. C. instó a los transportistas a que se marcharan a tomar un café, mientras él y R. R. R., buscaban los palés concretos en los que se encontraba la cocaína, con la idea de proceder a su almacenamiento y posterior distribución, precisa el fiscal.
El 5 de agosto de 2016, agentes del servicio de Aduanas sospecharon del contenido de uno de los contenedores, por lo que previa autorización judicial, lo habían examinado y decidieron solicitar la “entrega vigilada” de estas sustancias.
Según el Ministerio Público, la sustancia intervenida habría obtenido una beneficio en la venta al por mayor de 32,7 millones de euros; de más de 90 millones si se hubiera vendido al por menor; y de 170,8 millones en el supuesto de que se hubiera suministrado por dosis. De los tres acusados, sólo continúa en prisión provisional el responsable de la empresa.
La Fiscalía de Sevilla considera que los hechos son constitutivos de un delito contra la salud pública, en el que concurre la circunstancia agravante de notoria importancia simulando operaciones de comercio internacional. Dada la gravedad de los hechos, el fiscal reclama una condena de 11 años de prisión para cada uno de los tres acusados, así como el pago de dos multas que ascienden a un total de 1.032 millones de euros. El juicio se celebrará en los próximos meses en la Audiencia Provincial de Sevilla.

 

VISTO PARA SENTENCIA

Paréntesis en el juicio de los ERE fraudulentos

*La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha fijado para el próximo 12 de febrero la reanudación de la vista oral del “procedimiento específico” de los ERE, que sienta en el banquillo de los acusados a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a otros 20 ex altos cargos.

En estas semanas, los tres magistrados que componen la Sala deben resolver sobre las cuestiones previas planteadas por las acusaciones y las defensas. Las más controvertidas son la propuesta por la Fiscalía Anticorrupción, que siete años después de iniciada la instrucción ha pedido al tribunal que delimite el objeto de este juicio –para ver si en el mismo se engloban el resto de las 270 ayudas, como entiende otra Sala de la Audiencia–; así como la vulneración del derecho al juez predeterminado por la ley que alegan las defensas por el hecho de que el juez de refuerzo Álvaro Martín instruyera la causa; y la petición por parte de la acusación del PP de que preste declaración en el juicio como testigo la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz.

El tribunal tiene ante sí un arduo trabajo de deliberación y contestación a todas estas cuestiones previas, pero todo apunta a que la mayoría de ellas serán rechazadas y el día 12 arrancará el verdadero juicio, con la declaración de los 22 acusados. El primero en declarar, si el tribunal no admite la cuestión previa en la que se pide que los procesados declaren al final del juicio, sería el ex director de Trabajo y principal acusado Javier Guerrero, artífice de la expresión fondo de reptiles para definir la partida presupuestaria 31L por la que se abonaban las ayudas. La duda está en si Guerrero declará o se acogerá a su derecho a no declarar.

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Tres jueces y una apelación

Jorge Muñoz | 17 de enero de 2018 a las 2:20

DETENIDOS 16 RESPONSABLES POLÍTICOS POR EL FRAUDE DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN

El título de este artículo podría recordar a una comedia simplona si no fuera porque en el fondo del asunto hay 24 personas, en su día cargos políticos, muchos de los cuales fueron arrestados en una operación policial que desembocó en una causa judicial que luego fue archivada. La juez María Núñez Bolaños, instructora de las macrocausas, archivó en octubre de 2016 la investigación relacionada con una supuesta “red de clientelismo político” para el reparto de los fondos públicos destinados a las ayudas a la formación que su antecesora en el juzgado, Mercedes Alaya, y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil habían apreciado.
El carpetazo al asunto se produjo a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que no apreció delito alguno en la conducta de los 24 altos cargos y funcionarios investigados, algunos de los cuales fueron arrestados de forma espectacular cuando se dirigían al colegio con sus hijos pequeños.
Las acusaciones populares que ejercen el Partido Popular de Andalucía y el sindicato Manos Limpias recurrieron el archivo en diciembre de 2016 y el asunto fue remitido a la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, a la que había correspondido por turno de reparto la resolución de todos los recursos relacionados con esta investigación. Y es en esta Sala dónde se ha producido el parón, motivado por distintas vicisitudes. La primera consiste en que el presidente de la Sección Primera, el magistrado Pedro Izquierdo, fue recusado por el PP para que presidiera el juicio por el denominado “procedimiento específico” de los ERE, debido a que el magistrado había ocupado años atrás el cargo de secretario general para la Administración de Justicia en la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía. La Sección Tercera de la Audiencia admitió la recusación y, a partir de ahí, el magistrado se ha ido apartando de intervenir en otras macrocausas, como la de los avales de Idea y los cursos de formación.
De la ponencia de Pedro Izquierdo, el recurso pasó al magistrado Juan Antonio Calle Peña, que preside el juicio por el denominado “procedimiento específico” de los ERE y que desde julio del año pasado está exonerado de la tramitación del resto de asuntos ordinarios para dedicarse en exclusiva al estudio del voluminoso sumario de esta pieza política de los ERE, en la que están procesados 22 ex altos cargos, entre ellos los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
La última noticia que recibieron las partes personadas en esta pieza separada de los cursos de formación consistía en que se había fijado para el 9 de noviembre de 2017 la deliberación sobre los recursos presentados, y desde entonces ninguna novedad. Y lo nuevo es que, después de todos estos avatares, ha sido designado como ponente uno de los dos magistrados que recientemente han llegado a la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla para reforzar esta Sala, con lo que aparentemente el recurso seguiría sin haber sido deliberado.
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) informó el pasado lunes de que se había acordado por unanimidad la prórroga por seis meses –hasta el 30 de junio– de las comisiones de servicio con relevación de funciones de los magistrados Purificación Hernández y Rafael Díaz, titulares de los juzgados de lo Penal números 7 y 4 de Sevilla. El pasado 12 de diciembre, la Comisión Permanente del máximo órgano de gobierno de los jueces había concedido dichas comisiones hasta final de 2017 ante la sobrecarga de asuntos de las secciones penales y la especial complejidad de los asuntos.
Más de un año después y tras pasar por tres jueces, el recurso de apelación continúa a la espera de su resolución. La tan reiterada lentitud de la Justicia se ceba con las macrocausas.

Secretos de empresa y confidencialidad

Jorge Muñoz | 14 de enero de 2018 a las 2:00

secretos

La trabajadora se envió a su cuenta privada de hotmail documentación sobre los presupuestos de la empresa, facturas, el curriculum vitae de otros trabajadores y sobre las conversaciones relativas al trabajo que iba realizar. Cuando esta auxiliar administrativa se mandó la documentación desde el correo corporativo de la empresa a su correo electrónico particular lo hizo con la finalidad de “poseer datos objetivos con los que acreditar la efectiva duración de su relación laboral en un futuro pleito laboral porque temía ser despedida”. La empresa la denunció en los tribunales y ahora una juez de lo Penal de Sevilla la ha absuelto porque no pretendía difundir dicha información ni sacar beneficio alguno de la misma.
La trabajadora, que se enfrentaba a una petición de la Fiscalía y de la acusación particular que ejerció la empresa de hasta cinco años de cárcel, fue defendida por el letrado José Manuel Ramos Cardona, quien destacó que el fallo absolutorio ha tenido en cuenta precisamente las alegaciones que se hicieron en el juicio respecto a que la empleada “no pretendía ni difundir ni sacar beneficio alguno por recabar información de la empresa”.
El letrado indicó que tampoco podría sancionarse a la trabajadora por un delito contra la intimidad, puesto que los datos que se remitió a su correo privado eran “previamente conocidos por ella al pertenecer al departamento comercial y, además, su intención no era menospreciar a nadie, sino conseguir pruebas para acreditar la duración de su relación laboral”.
El caso fue enjuiciado por el juzgado de lo Penal número 5 de Sevilla y la Fiscalía pidió una condena de dos años de cárcel y una multa de 3.240 euros para la trabajadora, a la que atribuía un delito de descubrimiento y revelación de secretos del artículo 197.1 del Código Penal.
Por su parte, la empresa le imputó un delito de descubrimiento y revelación de secretos y un delito de utilización de secretos en provecho propio, por los que solicitó una condena de hasta cinco años de cárcel, y asimismo reclamaba una indemnización de 2.000 euros por incumplir el acuerdo de confidencialidad que había firmado en octubre de 2013. En diciembre de ese mismo año, dos meses después, la empleada se reenvió la documentación a la cuenta privada.
En la sentencia, la juez Olga María Cecilia Simón analiza el delito de descubrimiento y revelación de secretos, y así señala que “no todo lo que un empresario entienda que es de contenido reservado tiene per se que ser calificado como un secreto a los efectos del tipo penal, pues esos datos, informaciones o documentos para poder configurarlo como tal deben tener una importancia suficiente para ver menoscabada la capacidad competitiva de la empresa”.
Por tanto, dice la juez que la finalidad del autor “debe ser descubrir los secretos de la empresa para que el hecho sea constitutivo de delito”. En este sentido, explica que el artículo 278 del Código Penal protege los secretos ante cualquier peligro, pero cuando se da el caso de que “un sujeto, que conoce lícitamente el secreto y tiene la obligación de guardar reserva, lo difunde, lo revela o lo cede a un tercero, se están cumpliendo las exigencias previstas del artículo siguiente, 279, que se encuentra vinculado al resultado. Es decir, se realiza la acción delictiva cuando el secreto sale del conocimiento de quien lo conoce y aún con el conocimiento de que no puede hacerlo, se cede o se revela”.
La magistrada recuerda en el fallo que el descubrimiento de secretos es un delito de naturaleza “tendencial, que requiere la constatación en el obrar del autor de un dolo específico de conocer los secretos o vulnerar la intimidad de otro”. El artículo 197.1 del Código Penal recoge lo siguiente: “El que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales, intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación, será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses”.
Este delito, prosigue la sentencia, se configura sobre la acción de adquirir de forma ilícita una información reservada con la finalidad de perjudicar a su titular, y esa información tiene que ser conseguida, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, al margen de los cauces lícitos, casuales o derivados de una relación normal, en perjuicio de su titular, sin autorización o de forma ajena a vías normales o socialmente aceptadas, o bien que se haya logrado en uso de un dolo específico finalista de descubrir y vulnerar la esfera de intimidad y a través del quebrantamiento de un sistema de custodia o comunicación cuyo empleo esté directamente conectado con ese ámbito de privacidad.
Trasladada esta jurisprudencia al caso de autos, el de la empleada enjuiciada por enviarse la documentación, la juez concluye que no hay delito alguno. “Ningún ánimo de conocer o de descubrir secretos se aprecia en la conducta de la acusada cuando reconoce que efectivamente se reenvió desde su cuenta de correo electrónico corporativo de la empresa un correo con información empresarial de distinta índole. Ha quedado claro y manifiesto de la prueba practicada que la información de la que disponía la acusada no era de importancia suficiente como para ver menoscabada la capacidad competitiva de la empresa”, asevera la magistrada.
El fallo precisa asimismo que ninguno de los datos o informaciones que se reenvía la acusada a su correo puede calificarse de secretos de empresa, siendo éstos relativos a correos intercambiados y algunos curriculum vitae, los cuales además no han sido divulgados y tampoco iban a serlo, ya que la finalidad de la acusada en todo momento fue guardarlos para probar la relación laboral en el tiempo con la empresa”.
El representante de la empresa aseguró que denunció los hechos “por lo que pudiera pasar”, porque desconocía si había divulgado o no los correos, pero los mismos“tampoco afectan a la empresa” en el sentido analizado en la sentencia y un informático ratificó que los correos “no contenían datos personales del representante legal de la empresa ni relativos a ésta”, por lo que la acusada ha sido absuelta de los delitos.

Un lío de siete años

Jorge Muñoz | 12 de enero de 2018 a las 2:00

CONTINÚA JUICIO PIEZA CASO DE LOS ERE CON CUESTIONES PREVIAS

La Fiscalía Anticorrupción dio la sorpresa el pasado martes con la cuestión previa que presentó ante el tribunal que enjuicia el “procedimiento específico” de los ERE, si bien fue el Partido Popular quien acaparó todos los titulares con su petición de que declaren como testigos la presidenta y el vicepresidente de Junta de Andalucía. Pero una vez pasado el impacto inicial de las declaraciones de testigos propuestas por los populares, que según algunas fuentes tiene pocos visos de prosperar, las defensas de los 22 ex altos cargos van a atacar con vehemencia el planteamiento del Ministerio Público.
Para empezar, lo que resulta más llamativo y que puede generar más incertidumbre es que siete años después de que se iniciara la instrucción del caso de los ERE la Justicia no haya sido capaz de aclarar cuál es el objeto del juicio por el denominado procedimiento específico. La imagen que se traslada a la opinión pública no es, desde luego, de seriedad.
Anticorrupción culpa de la situación a la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla y al auto que dictó con agosticidad –la resolución se dictó en el mes de agosto de 2017, tras habilitarlo para la resolución de los recursos– en el que el tribunal acordó que sólo haya un juicio para cada uno de los ex altos cargos procesados en la “pieza política” de los ERE, lo que ha determinado que sean excluidos –no sobreseída la investigación– en las distintas piezas que se siguen creando por las ayudas individuales concedidas con fondos públicos y que el fiscal Juan Enrique Egocheaga cifra en 270.
En la cuestión previa sometida al tribunal de los ERE, el Ministerio Público advierte de que sólo caben dos opciones. La primera sería “devolver” las actuaciones al juzgado de Instrucción para que, dejando sin efecto el auto de procedimiento abreviado, se proceda a “acomodar” dicha resolución a los pronunciamientos dictados por la Sección Séptima así como al estado actual de la instrucción de cada ayuda individual sociolaboral y a empresa, lo cual evitaría la indefensión de las partes.
La segunda opción, que es la que mantiene la Fiscalía, consiste en conservar los actos procesales y la intangibilidad de las resoluciones judiciales dictadas en esta causa y “evitar toda nulidad”, aclarando “de manera expresa y taxativa que con respecto a todos los encausados, el presente enjuiciamiento sólo se refiere al diseño del denominado procedimiento general o específico, sin ser sometido al plenario y por consiguiente al pronunciamiento de la Sala cada ayuda sociolaboral o ayuda a empresa de forma individualizada, debiendo ser en el seno de cada una de las previas incoadas, o que se incoen, donde debe ser sometido al plenario y resuelto en sentencia”.
El fiscal le está pidiendo al tribunal que avale o rechace el rediseño del objeto de la causa realizado por la Sección Séptima, y así señala que si los magistrados se consideran “vinculados por los pronunciamientos” del otro tribunal, el Ministerio Público pedirá que se incorpore como documental el “testimonio íntegro de todas y cada una de las piezas separadas ya incoadas” –105 según el Ministerio Público–, así como la “testifical de todas las personas que en las mismas ya han prestado declaración” y todo ello con la finalidad de “poder contar con la prueba necesaria en esta vista oral para que esta Sala pueda en su caso formar su convicción y decidir sobre la relevancia penal de no sólo el llamado procedimiento específico, sino también de todas y cada una de las ayudas dadas durante 10 años”.

Y lo mismo pediría con las otras 170 ayudas que ni siquiera están incoadas aún pero que se investiguen antes de acabar el juicio. Si se acepta este planteamiento, el juicio podría alargarse durante muchos meses más.

Sólo tres apelaciones

Jorge Muñoz | 31 de diciembre de 2017 a las 2:00

El presidente del TSJA, Lorenzo del Río.

El presidente del TSJA, Lorenzo del Río.

Al final va a tener razón Lorenzo del Río cuando dijo que el desplazamiento de las Secciones de Apelación Penal del TSJA a Sevilla y Málaga era una decisión “prematura e injustificada”. Las estadísticas, que casi siempre suelen ser el dato más objetivo, le dan la razón al presidente del Alto Tribunal andaluz. Desde que en marzo pasado se dictó el Real Decreto 229/2017, que creó 16 plazas de magistrados –seis de ellas para Andalucía– para hacer efectiva la segunda instancia penal, permitiendo que los recursos de apelación de las Audiencias Provinciales lleguen al TSJA y no al Tribunal Supremo, sólo se han registrado “tres” apelaciones penales procedentes de la Audiencia de Sevilla. Sí, la cifra es correcta, sólo tres apelaciones. Y la situación es similar en Málaga, donde se han recibido “siete” apelaciones penales de la Audiencia Provincial, según los datos facilitados por el TSJA y que están contabilizados hasta el pasado 20 de diciembre. Es más, hay provincias para las que no se planteó el desplazamiento de las Salas que han ingresado muchos más recursos que Sevilla y Málaga. Es lo que ocurre, por ejemplo, en Cádiz, que aglutina hasta 22 apelaciones penales –una cifra que puede explicarse por el elevado volumen de casos de tráfico de drogas que se investigan cada año–; y en Almería, con otras 11 apelaciones.
La provincia de Granada, donde Lorenzo del Río propuso la creación de la Sala de Apelaciones del TSJA, ha ingresado los mismos recursos que Málaga, siete; mientras que el resto de apelaciones se completa con las cuatro contabilizadas en Jaén, dos en Córdoba y sólo una en Huelva. En total, se han presentado 57 apelaciones penales procedentes de las ocho audiencias provinciales.
Y con estas cifras, ¿es realmente necesaria la creación de las Salas de lo Penal desplazadas a Sevilla y Málaga?

Con tres apelaciones en Sevilla y siete en Málaga desde abril pasado no parece que tenga mucho sentido crear esas dos Salas, con todo lo que representan en cuanto a dotación de medios materiales y personales. En el caso de Sevilla, aun cuando resolviera además las apelaciones de otras provincias de Andalucía Occidental, como Cádiz y Huelva, lo cierto es que no llegarían a la treintena los recursos que tendrían que tramitar los tres magistrados que integrarían la Sala, lo cual sería un verdadero agravio comparativo con el resto de sus compañeros de los órganos unipersonales o de la Audiencia, que cuentan por centenares los asuntos que tienen que tramitar al año. Lorenzo del Río tenía razón.
La Sala de Gobierno del TSJA aprobó el desplazamiento de las futuras Salas de Apelaciones Penales de Sevilla y Málaga en una reunión celebrada en abril pasado y por una mayoría de 23 votos a favor, con cuatro en contra y una abstención. El acuerdo de la mayoría de los magistrados justificaba la medida en la “necesidad de mantener la Administración de Justicia en un plano de cercanía geográfica al ciudadano y a los profesionales vinculados a ella”, así como en la “legítima expectativa profesional de aquellos magistrados destinados en lugares distantes a la sede de Granada que, por el contrario, están cercanos a las sedes de Sevilla y Málaga”, y también en la existencia de otras Salas del Tribunal Superior de Justicia en estas provincias.
Lorenzo del Río, por su parte, emitió un voto particular, al que se sumaron los magistrados María Luisa Martín Morales, Lourdes Molina García y José Luis López Fuentes. En ese voto, el presidente del TSJA apuntaba que no concurrían en este caso “circunstancias objetivas” que justificaran la decisión de desplazar las Salas a Sevilla y Málaga. A su juicio, la decisión respondía a “lógicas e intereses de carácter territorial o local, más que a necesidades reales de organización judicial y optimización de recursos”, por lo que concluía que la medida era “prematura e injustificada”. Del Río argumentaba ya entonces que de acuerdo con el artículo 76.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial el desplazamiento de las Salas estaba condicionado a la “necesidad derivada del número de asuntos, lo que no sucede en este momento, aún cuando pueda presumirse que sucederá”. Y tres apelaciones en Sevilla y siete en Málaga corroboran la opinión del presidente.
El voto particular proponía la creación de una Sección de apelación penal en el seno de la propia Sala Civil y Penal del TSJA, en Granada, que estaría compuesta por un presidente y dos magistrados, “sin llevar a cabo desplazamiento alguno de su sede, sin perjuicio de lo que pueda resultar conveniente en un futuro”, advertía Lorenzo del Río.
El presidente del Alto Tribunal andaluz señalaba que al crearse en Granada se podría hacer con los “recursos existentes” en la sede del TSJA, sin necesidad de crear dos nuevas secretarías con funcionarios en las mismas, ni crear otras dos plazas de letrados de la Administración de Justicia, que supondrían “un gasto innecesario de recursos económicos, materiales y personales”.
Del Río añadió que la distancia para el justiciable o los profesionales no justificaba el desplazamiento, por cuanto que el recurso de apelación tiene una tramitación exclusivamente “escrita”, no hay vistas y por tanto se evitan los desplazamientos.
En junio pasado, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tomó conocimiento de la petición de la Sala de Gobierno del TSJA para crear las secciones de apelación penal desplazadas en Sevilla y Málaga, pero no adoptó ninguna decisión, quedando aplazada para otra reunión que aún no se ha producido. Y ahora que se tienen estos primeros datos sobre las apelaciones penales, parece que la histórica reivindicación de crear las Salas de lo Penal del TSJA en Sevilla y Málaga tendrá que aguardar aún algún tiempo más.