La lucha contra la corrupción

Jorge Muñoz | 10 de julio de 2017 a las 2:00

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Una vista del Palacio de la Magdalena de Santander, sede de los cursos de la UIMP.

Más de 500 procedimientos contra la corrupción investiga actualmente la Fiscalía Anticorrupción. La cifra la ofreció el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, en el acto de clausura del curso titulado “El Tribunal de Cuentas y la lucha contra la corrupción”, que tuvo lugar la semana pasada en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander.
Como periodista del grupo Joly he tenido la oportunidad de asistir a este interesante seminario, donde pronuncié una conferencia titulada “La opinión pública, la corrupción y los partidos políticos”, en la que dibujé el actual mapa de la corrupción en España, que sitúa a Andalucía en el segundo lugar en materia de corrupción, dado que en 2016 se contabilizaron 61 personas procesadas por estos delitos, que abarcan desde la prevaricación urbanística o administrativa hasta la corrupción en las transacciones comerciales internacionales, pasando por el cohecho, el tráfico de influencias o la malversación de caudales públicos.
Andalucía sólo está superada por las Islas Baleares, con 97 procesados por delitos de corrupción, según los datos que aparecen en la base de datos creada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), mientras que la comunidad de Madrid, en la que en los últimos meses estalló el caso de corrupción que provocó la detención del ex presidente Ignacio González en el transcurso de la operación Lezo, se sitúa en un noveno lugar, con 16 procesados, según los datos relativos a 2016, los últimos disponibles. El año pasado se cerró con el dictado de autos de apertura de juicio oral o de procesamiento contra 659 personas por delitos de corrupción.

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, en los cursos de la UIMP. Foto: Esteban Cobo / UIMP

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, en los cursos de la UIMP. Foto: Esteban Cobo / UIMP

De esta forma, expuse que “se ha llegado tarde” en muchos casos a la lucha contra la corrupción y también que en la situación actual, “la Justicia, los jueces, sobre todo los jueces de Instrucción, se han convertido en España en la última trinchera contra la corrupción”, puesto que sin la labor “callada que realizan a diario muchos jueces, combatiendo contra la falta de medios personales y materiales”, el estado actual de la corrupción podría ser incluso aún peor.
El curso estuvo dirigido por el consejero del Tribunal de Cuentas José Manuel Suárez Robledano y en el mismo intervino como secretario el subdirector técnico del Tribunal de Cuentas Manuel Alonso Núñez. A lo largo de cuatro días se ha abordado el papel de este Alto Tribunal como medio para luchar contra la corrupción, así como el procedimiento fiscalizador y el enjuiciamiento contable; la relación del Tribunal de cuentas con las Cortes Generales; la lucha contra el blanqueo de capitales por el banco de España; y la colaboración de los registros públicos en la lucha contra el blanqueo; así como la responsabilidad del sector privado en la lucha contra la lacra de la corrupción.
La clausura del encuentro corrió a cargo del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, de la subdirectora del Ministerio de Justicia, Áurea Roldán, y del vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Gerardo Martínez Tristán.
Durante su intervención en el acto de clausura, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, defendió que tal y como se está actuando actualmente en España contra la corrupción el que tiene ahora la posibilidad de cometer un delito de corrupción “se tienta mucho más la ropa que hace diez o quince años”.
Maza aseguró que la corrupción en España “no es una lacra sistémica que invade a toda la sociedad”, sino que afecta fundamentalmente a “cierta capa de la sociedad con responsabilidad pública”, a los altos funcionarios.
El fiscal general añadió que resulta muy importante que la sociedad española haya rechazado la corrupción, no la ha admitido ni la acepta con resignación, al tiempo que destacó que las instituciones del país están reaccionado cuando se producen los casos de corrupción, algo que considera “fundamental” en la lucha contra este fenómeno.
Maza añadió que cuando se le dice que la Fiscalía no combate la corrupción o hace “muy poco”, siempre responde que “no hay más que abrir los periódicos todos los días y ver la prensa”, porque la Fiscalía Anticorrupción, insistió, tramita más de 500 procedimientos contra la corrupción, en los que hay “cientos de personas” implicadas, algunas de estas en prisión preventiva y otras cumpliendo ya una condena.
Maza añadió que “sin duda” el derecho Penal llega tarde en los casos de corrupción por su propia definición, dado que actúa cuando ya se ha producido el hecho delictivo, y concluyó que su percepción es que hoy en día la corrupción es “muchísimo menos tolerable y muy inferior a la que era hace cinco, diez, quince o veinte años”. Sobre la falta de medios para combatir la corrupción, Maza apuntó que el problema está en el “cuello de botella” que se está produciendo a la hora de enjuiciar estos casos por la “lentitud” de la jurisdicción penal, lo que crea “desafección” y “angustia” en los ciudadanos.

El consejero del Tribunal de Cuentas José Manuel Suárez Robledano y el presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía Antonio López. Foto: Esteban Cobo / UIMP

El consejero del Tribunal de Cuentas José Manuel Suárez Robledano y el presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía Antonio López. Foto: Esteban Cobo / UIMP

Por su parte, el consejero del Tribunal de Cuentas y director del curso, José Manuel Suárez Robledano, aseguró a los periodistas que no es cierto que el Tribunal de Cuentas no sirva para combatir la corrupción, puesto que la labor de fiscalización que realiza este tribunal es “insustituible”.
El vocal de CGPJ Gerardo Martínez Tristán destacó la reciente publicación de la “guía práctica de actuación en la tramitación de causas complejas por corrupción”, que desarrolla el protocolo de actuación de la Unidad de Apoyo para Causas por Corrupción (UACC).
La UACC se constituyó en marzo de 2015 como una unidad de carácter técnico al servicio de los jueces para agilizar la adopción de las medidas necesarias para el reforzamiento de los juzgados en los que se tramiten causas por corrupción.

Berrinche en la Fiscalía

Jorge Muñoz | 9 de julio de 2017 a las 2:00

Entrevista a Antonio Rodrigo Torrijos.

Vaya por delante que no me parece ilógico que la Fiscalía de Sevilla haya decidido finalmente no recurrir la absolución del ex portavoz municipal de IU Antonio Rodrigo Torrijos y de los otros nueve acusados por el supuesto amaño –ya descartado por una sentencia firme, la Justicia ha hablado– del concurso público para la venta de los suelos de Mercasevilla. Es más, me parece la postura más racional, sobre todo, teniendo en cuenta que las dos acusaciones particulares, los supuestos perjudicados por el delito investigado –la asociación de mayoristas de Frutas, Verduras y Hortalizas, y la propia entidad Mercasevilla–, tampoco han considerado oportuno el recurso, llegando incluso a poner de manifiesto la posibilidad de una condena en costas en caso de que ese recurso no prosperara.
Pero dicho esto, sí que me parece llamativo, y en eso tiene parte de razón la defensa de Torrijos, cómo ha defendido la Fiscalía su postura de no recurrir, poniendo de manifiesto que en la prolija sentencia de 393 folios de la juez Yolanda Sánchez Gucema existían numerosos “indicios” que avalaban la tesis acusatoria que el Ministerio Público ha mantenido durante estos ocho años, pero como el recurso de apelación frente a las sentencias absolutorias tiene un “estrecho cauce”, han decidido no presentar dicho recurso aun insistiendo en la disconformidad porque entiende que se podría “haber llegado a la conclusión alternativa condenatoria”.
Alega la Fiscalía que el sistema de apelación que rige desde el año 2012 en el derecho procesal español “no permite cuestionar la credibilidad dada a una determinada prueba por el órgano que la ha percibido, pues ello exigiría la repetición de la prueba, algo que no está previsto en nuestro sistema” y añade que la Audiencia no puede sustituir la prueba realizada por otra valoración, “igualmente razonable con una conclusión condenatoria”, explicaba la fiscal jefe, María José Segarra, en el comunicado hecho público esta semana.
No se trata aquí de hacer un análisis jurídico de la decisión de la Fiscalía de no recurrir, algo que no le corresponde a este cronista, que no es jurista sino un espectador privilegiado de los tribunales, pero sí de aplicar el sentido común.
Si la Fiscalía lleva ocho años avalando las tesis acusatorias que en su día apreció la instructora del caso, Mercedes Alaya, nadie cuestionaría ni se extrañaría de que mantuviera su postura hasta el final y, por tanto, recurriera la absolución de Torrijos y de los otros acusados. Sería, salvando las alegaciones jurídicas, hasta cierto punto coherente con sus actos. ¿O va a resultar ahora que la Fiscalía no ha recurrido ninguna vez sentencias en las que no daba un duro porque prosperase dicho recurso?
En cambio, lo que ha hecho es como decirle a la sociedad quiero recurrir, pero legalmente no puedo. Y además tenía razón en las acusaciones, con lo que sigue extendiendo, como ha afirmado la letrada Encarnación Molino, “la sombra de la duda” para justificar una acusación que la abogada de Torrijos tilda de “injustificable”.
Si la Fiscalía sigue insistiendo en que el concurso público que se adjudicó a la constructora es “un paripé”, como llegó a poner de manifiesto el fiscal en su informe de conclusiones en el juicio, lo que debería haber hecho, a mi juicio, es recurrir la sentencia, aunque las probabilidades de prosperar del recurso fuesen escasas o mínimas.
Lo demás no deja de ser un brindis al sol, disparar con pólvora ajena, y tratar de justificar por qué se ha mantenido la acusación durante todos estos años para ahora conformarse con la absolución.
Retomando el principio de este artículo, la Fiscalía ha adoptado la postura más racional, pero los matices con los que ha justificado su decisión ponen de manifiesto el berrinche que le ha supuesto la absolución.

 

VISTO PARA SENTENCIA

 

Letrados jóvenes en el turno de oficio

*En esta época en la que parece que el turno de oficio está en horas bajas, en la que los abogados cada vez más dejan de lado este servicio a la sociedad destacan actitudes como la del abogado Joaquín Moeckel, quien después de estar 20 años en el turno de oficio, ha hecho que una de sus hijas, Blanca, entre a formar parte del turno de oficio. Moeckel está convencido de que hay que inculcar en los abogados jóvenes la incorporación a un servicio que en la actualidad es una de las labores más altruistas que puede desempeñar un abogado. Joaquín Moeckel recuerda que el turno de oficio “no se hace por dinero” –en la actualidad no se cotiza mucho y son pocas las guardias que corresponden a cada letrado–, porque “quien ahora se inscribe en el turno es una persona comprometida con un servicio a la sociedad”, destaca el letrado sevillano.

El marketing de los abogados
*Si usted busca en Google la palabra “abogado”, el primer resultado que le aparece en pantalla es un anuncio de Luis Romero y Asociados. Esta semana, el letrado Luis Romero ha enviado una nota de prensa para dar a conocer a la opinión pública que acaba de obtener el grado de doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla –por cierto, con “sobresaliente cum laude”, detalla el comunicado remitido por el departamento de comunicación del bufete– tras haber defendido su tesis doctoral sobre el delito de blanqueo de capitales, con un análisis realizado desde la perspectiva del abogado. Dice la nota que todos los miembros del tribunal “animaron al nuevo doctor a publicar su tesis doctoral, que fue calificada con diversos adjetivos elogiosos”. Luis Romero también ha difundido su doctorado en las redes sociales. Es la nueva era del márketing de los despachos. Enhorabuena Luis.

Miguel Cuéllar, nuevo presidente de Guadaliuris

Jorge Muñoz | 7 de julio de 2017 a las 15:50

Miguel Cuéllar y Jerónimo Zamora

Miguel Cuéllar y Jerónimo Zamora

Miguel Cuéllar, socio del Bufete Cuéllar y Asociados, fue elegido en la tarde de ayer nuevo Presidente de Guadaliuris para un mandato de dos años, sustituyendo al hasta ahora presidente, Jerónimo Zamora, socio del despacho RZS.

Cuéllar era hasta ahora miembro del Consejo de Administración de Guadaliuris, presidido por Jerónimo Zamora, socio del despacho RZS Abogados y Economistas, desde julio de 2015.

Miguel Cuéllar es un reconocido y reputado jurista, socio director del Bufete Cuéllar y asociados, con casi treinta años de ejercicio, según ha informado este viernes Guadaliuris.

Hijo del respetadísimo letrado Adolfo Cuéllar Contreras y nieto de quien fuera Decano del Colegio de Abogados de Sevilla Adolfo Cuéllar Contreras, junto a sus hermanos Adolfo y Reyes y otros socios, mantiene vivo el despacho profesional que hace más de noventa años aperturara su abuelo.

De igual forma, la Asamblea eligió también a Eduardo Osborne Bores como Vicepresidente, Marcos Cañadas Bores como Secretario y a los letrados Jerónimo Zamora López, Rafael Lamet Dornaleteche, Carlos Castro Ramos, José Antonio Picón Aparicio, José Manuel Ramos Cardona, Javier Moreno Arbizu, Alberto Garvey Ramirez, Julio Criado Guerrero, Gonzalo Bores Lazo, Ignacio Conradi Torres y Miguel Valdés Cruces, como miembros del Consejo de Administración.

Guadaliuris es una Agrupación de Interés Económico que aglutina a más de una veintena de despachos profesionales de Sevilla, todos de reconocido prestigio en el ámbito de la prestación de servicios jurídicos tanto en la ciudad de Sevilla como en la Comunidad Autónoma, y que reúne a más de 200 profesionales. Nace con una vocación de unión y de mejora global en las particulares prestaciones que cada organización ofrece a sus clientes, sobre la base del intercambio de sinergias, experiencias y colaboraciones.

El bebé

Jorge Muñoz | 2 de julio de 2017 a las 2:00

MADRE DEL BEBE DETENIDA

Se llamaba Ian Steven, tenía sólo seis meses de vida y murió el 17 de junio en el hospital Virgen Macarena, como consecuencia de los supuestos malos tratos infligidos por sus padres, Brian y Ruth, actualmente ambos en prisión provisional imputados por delitos de homicidio, malos tratos y abandono de familia. A diferencia de otras trágicas muertes que también se han producido esta semana en Sevilla, nadie guardó un minuto de silencio por su muerte ni ha habido concentraciones o manifestaciones en la barriada del Cerezo, donde residía en el piso okupado por sus progenitores.
A toro pasado es siempre más fácil buscar responsabilidades y culpables, todo parece más claro, pero en el caso de esta muerte hay una pregunta a la que por muchas vueltas que le doy no acabo de encontrar una respuesta satisfactoria. ¿Dónde estaban los Servicios Sociales de la Junta? ¿Por qué no detectaron la situación de alto riesgo en la que se encontraba el menor? ¿Por qué no se retiró este menor cuando en otros casos que no es necesario recordar se ha actuado con tanta contundencia? Esta pregunta se la han hecho hasta los familiares del bebé, que han criticado que si le hubieran hecho un seguimiento a la madre le habrían retirado la custodia.
La consejera de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta, María José Sánchez Rubio, aseguró esta semana que los servicios sociales estuvieron “atentos” a este caso y a la familia del bebé. Según Sánchez Rubio, hubo “una intervención” por parte de dichos servicios que, “no obstante, están ahora mismo también pendientes del caso”. Es cierto que hubo una intervención de la Junta, pero la misma no fue suficiente a la vista de lo ocurrido y cuando menos llegó tarde. La Junta no acordó el desamparo provisional de Ian hasta el día 16 de junio, un día antes de que se produjera su muerte en el hospital Virgen Macarena y cinco días después de que el niño fuese ingresado en estado crítico en este centro sanitario.
La resolución de la delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María Ángeles Fernández Ferreiro, que inicia el procedimiento de desamparo explica que de la información remitida por el hospital se desprende que “desde el nacimiento del menor el pasado diciembre, con una gran prematuriedad, se vienen detectando indicadores de alto riesgo social en su entorno de crianza, evidenciándose que el cuadro que presenta al día de hoy es compatible con una situación de maltrato, motivo por el que los padres fueron detenidos por la Policía Judicial el 13 de junio”.
Llama la atención que la propia Junta reconozca que desde el nacimiento del bebé, que tuvo lugar el 15 de diciembre de 2016, se han detectado “indicadores de alto riesgo social en su entorno de crianza”, lo que refuerza que la intervención no se produjo o fue completamente insuficiente.
El bebé había nacido a los seis meses de gestación, pesó sólo un kilo y medio, y le habían diagnosticado un “hidrocéfalo externo benigno”, lo que supone un aumento del tamaño del espacio subaracnoideo, y además había tenido que ser intervenido de los intestinos.
La defensa de los padres ha culpado precisamente a los servicios sociales de lo ocurrido, al poner de manifiesto cómo la Administración no actuó antes retirando el pequeño a la pareja, que tenía sólo 19 y 18 años, vivía de okupas en un piso que no había sido visitado por los servicios sociales y teniendo en cuenta que ambos progenitores habían salido recientemente de prisión.
Brian y Ruth estaban desempleados, fumaban “porros”, la casa era un desastre y los dos eran “completamente incapaces” de comprender la realidad de la situación del menor, en palabras de la defensa. Prisión, okupas, desempleados, jóvenes. ¿Y estos factores de riesgo no se advirtieron tras el nacimiento?
El padre ha negado en sus declaraciones policiales y judiciales los malos tratos y así ha reconocido que “zamarreó al niño porque se estaba ahogando” con la toma del biberón. En el hospital Macarena sí que comprobaron que el niño tenía leche en la nariz y la tráquea.
De todas formas, habrá que esperar al resultado definitivo de la autopsia para confirmar si los supuestos malos se refieren a ese hecho puntual que tuvo lugar sobre las tres y media del pasado 12 de junio, o son anteriores, en cuyo caso la situación sería más grave y justificaría el ingreso en prisión de la madre, dado que sería también responsable de esos malos tratos “por acción u omisión”.
Ser padres es una gran responsabilidad siempre. Una responsabilidad que acompaña el resto de la vida de los hijos, y que se hace más evidente cuando son todavía bebés, que dependen totalmente del cuidado de sus progenitores.
En el caso de Ian algo ha fallado, la Administración que debía tutelarlo y ampararlo ha fallado. Con independencia de la responsabilidad que puedan tener los padres en el caso de confirmarse los malos tratos, lo cierto es que la actuación de los servicios sociales no ha estado a la altura de las circunstancias.
Si los padres no estaban preparados para el cuidado del niño, cabe preguntarse ¿cuánto ha podido sufrir el bebé en su corta vida? En esos meses que pasó con sus padres una vez que le dieron el alta médica. Y aunque nadie haya guardado un minuto de silencio por Ian, su caso debería servir para que alguien en la Administración reflexionara sobre los errores que han podido cometerse. Sería lo menos que podría hacerse para honrar su memoria.

 

VISTO PARA SENTENCIA

Exceso de celo del juez de refuerzo 

*Ocurrió esta semana. El juez de refuerzo de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, había citado a declarar a los padres del bebé fallecido por presuntos malos tratos. Dos periodistas, habituales de los juzgados y que han cubierto numerosos casos igual o incluso más delicados que éste, acudieron hasta la Sala donde se celebraban las declaraciones para cubrir la noticia. Cuando el juez se percató de la presencia de los informadores, alertó al decanato y solicitó la inmediata presencia de las Fuerzas de Seguridad, algo para nada frecuente. Un guardia civil y un vigilante de seguridad se personaron en los pasillos por orden del juez, supuestamente para vigilar a los informadores y evitar que hablasen con la madre del bebé o la incomodaran cual paparazzis, algo que para nada se asemeja al estilo de los cronistas que cubren la información de tribunales. El juez también advirtió a los abogados de la defensa para que no hicieran declaraciones a los periodistas. Ese mismo exceso de celo quizás debería haberlo tenido el juez para evitar que el gabinete de prensa del TSJA difundiera con tanta celeridad la información con su decisión de enviar a prisión a la madre del bebé antes de que la propia investigada y su abogado defensor la conocieran. Los periodistas comentaron entonces al letrado que se marchaban porque ya les habían informado del ingreso en prisión, una noticia que causó la lógica indignación del letrado, que conocía por la prensa el resultado del auto judicial, y así lo hizo constar por escrito cuando se le notificó la resolución.
La Fiscalía sigue sin hablar de Mercasevilla

*La Fiscalía parece decidida a agotar los diez de plazo que le concedió la juez de lo Penal número 13 de Sevilla para recurrir la absolución de los diez acusados por el caso de la venta de los suelos de Mercasevilla. Todo apunta a que el Ministerio Público finalmente no va a presentar recurso alguno porque, entre otras cosas, la contundencia de la sentencia es de tal calibre que ese recurso podría tener poco recorrido. El plazo para recurrir vence esta semana. Quien ya ha anunciado que no recurrirá son los mayoristas de Frutas y Hortalizas, mientras que Mercasevilla lo decidirá esta semana en un consejo de administración.

Andalucía sigue en segundo lugar en casos de corrupción

Jorge Muñoz | 27 de junio de 2017 a las 18:03

corrupción

Los jueces andaluces concluyeron en el primer trimestre de 2017 un total de cinco procedimientos por delitos de corrupción, en los que se dictó autos de apertura de juicio oral o de procesamiento contra 18 personas, con lo que Andalucía mantiene el segundo lugar a nivel nacional en el ránking de casos de corrupción, tan sólo superada por Canarias, con 20 personas acusadas, mientras que Madrid ocupa, en este primer trimestre del año, uno de los últimos puestos, con sólo cinco acusados. A nivel nacional se registraron  27 procedimientos por corrupción, en los que se dictó auto de juicio oral o de procesamiento contra 97 personas, que fueron o serán llevadas a juicio por delitos de este tipo.

Así lo revela el repositorio de datos sobre procedimientos por corrupción del Consejo General del Poder Judicial tras la incorporación de los datos correspondientes a los tres primeros meses del año.

El repositorio, que fue presentado el pasado 12 de enero, es de acceso público en la web www.poderjudicial.es y permite a los ciudadanos conocer la acción de la Justicia en el marco global de la lucha contra la corrupción a través de sus principales indicadores –personas acusadas y/o procesadas, procedimientos, sentencias dictadas, etc.-, que se actualizan trimestralmente.

La información que se ofrece en él corresponde a la denominada corrupción pública, entendiendo que es ésta la que más altos índices de preocupación inspiran en la ciudadanía. De este modo, los procedimientos judiciales cuyos datos se reflejan en el repositorio tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política.

Estos fenómenos se recogen en el Código Penal como delitos de prevaricación urbanística (artículos 320 y 322), prevaricación administrativa (art. 404, 405 y 408), infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos (art. 413, 414, 415, 416, 417 y 418), cohecho (art. 419, 420, 421 y 422), tráfico de influencias (art. 428, 429 y 430), malversación (art. 432, 433, 434 y 435), fraudes y exacciones ilegales (art. 436, 437 y 438), negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función (art. 439, 441, 442 y 443) y corrupción en las transacciones comerciales internacionales (artículo 286, 3º y 4º).

Personas acusadas y procedimientos por delitos de corrupción*

Personas acusadas Procedimientos
Tribunal Supremo 0 0
Audiencia Nacional 6 2
Órganos centrales 6 2
Andalucía 18 5
Aragón 0 0
Asturias 0 0
Baleares 8 2
Canarias 20 2
Cantabria 2 1
Castilla-La Mancha 0 0
Castilla y León 9 3
Cataluña 12 5
Comunidad Valenciana 3 1
Extremadura 9 1
Galicia 0 0
Madrid 5 3
Murcia 2 1
Navarra 0 0
País Vasco 3 1
La Rioja 0 0
CC.AA. 91 25
TOTAL 97 27

*La tabla refleja el número de personas contra las que se ha dictado auto de apertura de juicio oral o de procesamiento en procedimientos instruidos por Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción, Juzgados de Instrucción, Salas de lo Civil y Penal de Tribunales Superiores de Justicia, Juzgados Centrales de Instrucción y Sala Segunda del Tribunal Supremo

Un 77,8 por ciento de sentencias condenatorias

Entre los pasados 1 de enero y el 31 de marzo, los Juzgados y Tribunales dictaron 36 sentencias en procedimientos por corrupción, de las que 28 fueron total o parcialmente condenatorias, lo que representa el 77,8 por ciento del total.

La información ofrecida detalla, dentro de las sentencias condenatorias, las que lo han sido con y sin conformidad, así como las parcialmente condenatorias (tanto porque no se haya condenado por todos los delitos por los que se acusaba o porque no se haya condenado a la totalidad de los acusados).

Sentencias dictadas en procedimientos por corrupción

Condenatorias con conformidad Condenatorias sin conformidad Parcialmente condenatorias Absolutorias TOTAL
T.Supremo 0 0 0 0 0
A.Nacional 0 1 2 0 3
Ó.centrales 0 1 2 0 3
Andalucía 4 2 5 1 12
Aragón 1 0 0 1 2
Asturias 0 0 0 2 2
Baleares 2 0 1 0 3
Canarias 0 2 0 0 2
Cantabria 0 0 1 0 1
C.-La Mancha 0 0 0 0 0
C.-y León 0 2 0 1 3
Cataluña 0 0 0 0 0
C.Valenciana 0 2 0 1 3
Extremadura 1 0 0 0 1
Galicia 0 0 0 2 2
Madrid 0 1 0 0 1
Murcia 0 0 0 0 0
Navarra 0 0 0 0 0
País Vasco 0 1 0 0 1
La Rioja 0 0 0 0 0
CC.AA. 8 10 7 8 33
TOTAL 8 11 9 8 36

58 condenados por sentencia firme por delitos de corrupción

El repositorio permite también conocer el número de personas condenadas por las sentencias dictadas por delitos relacionados con la corrupción que han adquirido firmeza en cada trimestre.

La cifra correspondiente al primer trimestre del año que recoge la base de datos es de 58 personas condenadas, según la información del Registro Central de Penados, dependiente del Ministerio de Justicia.

Los delitos que con mayor frecuencia aparecen en esas sentencias son, por este orden, los de malversación, prevaricación urbanística –es decir, delitos contra la ordenación del territorio, urbanismo, medio ambiente y patrimonio histórico- y prevaricación administrativa.

83 penados sometidos a régimen penitenciario

Por último, el repositorio ofrece los datos procedentes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, y de la Dirección General de Servicios Penitenciarios de la Generalitat de Cataluña sobre población reclusa.

En este caso, la información se refiere a las personas sometidas a régimen penitenciario –como penados o en situación de prisión preventiva- tomando en consideración el delito principal por el que han sido condenados o acusados. A 1 de abril de este año había en el conjunto de España 83 penados –en 46 casos, con el de malversación como delito principal y en otros 24 con el de cohecho- y catorce preventivos.

El Supremo endurece el castigo por el desvío de fondos de sociedades mercantiles con participación pública

Jorge Muñoz | 27 de junio de 2017 a las 15:08

El Tribunal Supremo ha endurecido la respuesta penal al desvío de fondos públicos a través de sociedades mercantiles con participación pública y tipifica como malversación de fondos públicos conductas que hasta ahora se tipificaban como apropiación indebida, según ha informado este martes el Alto Tribunal.

tsupremo
En un Pleno no Jurisdiccional, los magistrados de la Sala Segunda han acordado por unanimidad considerar que los bienes, efectos, caudales o cualesquiera otros de índole que integren el patrimonio de las sociedades mercantiles participadas por el Estado u otras Administraciones u Organismo Públicos, deben tener la consideración de patrimonio público y por tanto, pueden ser objeto material del delito de malversación, siempre que estas sociedades tengan participación pública y cumplan los requisitos incluidos en el acuerdo.

Estos requisitos son:

— 1.1 Cuando la sociedad mercantil esté participada en su totalidad por las personas públicas referidas.

— 1.2 Cuando esté participada mayoritariamente por las mismas.

— 1.3 Y siempre que la sociedad pueda ser considerada como pública en atención a las circunstancias concretas que concurran, pudiéndose valorar las siguientes o cualesquiera otras de similar naturaleza:

1.3.1 que el objeto de la sociedad participada sea la prestación, directa o indirecta, de servicios públicos o participen del sector público;

1.3.2 que la sociedad mixta se encuentre sometida directa o indirectamente a órganos de control, inspección, intervención o fiscalización del Estado o de otras Administraciones Públicas;

y 1.3.3 que la sociedad participada haya percibido subvenciones públicas en cuantía relevante, cualquiera que fuera la Administración que las haya concedido, para desarrollar su objeto social y actividad.

SISTEMA GRABACIÓN JUICIOS “ALTAMENTE INSATISFACTORIO”

Por otro lado, en un segundo acuerdo de Pleno no Jurisdiccional, la Sala Segunda advierte de las dificultades generadas por las grabaciones defectuosas de los juicios orales que pueden dar lugar a nulidades o absoluciones si esas grabaciones resultan imprescindibles para resolver los recursos. La Sala reclama complementar esa documentación  con estenotipistas  que recojan la transcripción del juicio, al estimar que ”el actual sistema de documentación de los juicios orales es altamente insatisfactorio”.

El acuerdo señala que dada la naturaleza de las deficiencias observadas en numerosos casos debe garantizarse la autenticidad, integridad y accesibilidad del contenido del soporte que se entregue a las partes y del que se remita a los tribunales competentes para resolver los recursos. La Sala se refiere al artículo 743 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que otorga a los letrados de la Administración de Justicia la competencia de cumplir con esas garantías.

El tercer punto del acuerdo señala que cuando la documentación relativa al juicio oral sea imprescindible para resolver el recurso, su ausencia en relación con los aspectos controvertidos, que genere indefensión material, determinara la nulidad del juicio oral o en su caso la absolución.

PROMOTORES DE VIVIENDAS

Por último, la Sala Segunda ha examinado en un tercer acuerdo de Pleno no  jurisdiccional las consecuencias penales que para los promotores de viviendas deben tener el incumplimiento de las obligaciones establecidas por Ley en 2015. Así, el Pleno ha acordado que, en caso de cantidades anticipadas a dichos promotores para la construcción de viviendas, el mero incumplimiento de las obligaciones, previstas en la Ley de Ordenación de la Edificación, consistentes en garantizar mediante un seguro la devolución de dichas cantidades para el caso de que la construcción no se inicie o no llegue a buen fin, y de percibir esas cantidades a través de cuenta especial en entidades de crédito, no constituye delito de apropiación indebida.

Agrega el acuerdo que cuando las cantidades entregadas no se hayan destinado a la construcción de las viviendas comprometidas con los adquirentes, podrá apreciarse un delito de estafa si concurren los elementos del tipo, entre ellos un engaño determinante del acto de disposición, o bien un delito previsto en los artículos 252 o 253 del Código Penal si concurren los elementos de cada tipo.

 

El anticipo de los ERE

Jorge Muñoz | 25 de junio de 2017 a las 2:00

ALAYA EN LA PICOTA

Rosell

 

La labor de un juez de Instrucción consiste en recopilar el mayor número de indicios o pruebas de la comisión de un delito, garantizando el ejercicio del derecho de defensa de los investigados y adoptando, en su caso, las medidas para proteger a las víctimas o a los perjudicados por esos delitos. En función de cómo haya sido esa instrucción, de la contundencia o no de las pruebas que se pongan a disposición del tribunal que debe enjuiciar el caso, habrá más probabilidades de que la sentencia acabe en una condena. Y a la inversa, si la instrucción no ha sido buena y se ha sustentado en meras conjeturas o sospechas, la posibilidad de una sentencia absolutoria está más que cantada.
A lo largo de mi carrera como cronista de los tribunales he asistido a centenares de juicios, desde los antiguos juicios de faltas a algunos de los procesos relevantes, y siguiendo el desarrollo de una vista oral, con la práctica de las pruebas, el interrogatorio de los acusados y de los testigos, cualquier persona puede llegar a hacerse una idea de los hechos, aunque es finalmente el tribunal el que decide si realmente hay delito o no.
Cierto es que, como dice Michael Connelly en su novela El Veredicto, un juicio es un concurso de mentiras, donde todo el mundo miente: los acusados, los testigos, los abogados e incluso los policías. De ahí la importancia que tiene la fase de instrucción a la hora de recopilar las pruebas que puedan contrarrestar la subjetividad de todos esos testimonios que se someten a la deliberación de los jueces.
Una juez de lo Penal de Sevilla, Yolanda Sánchez Gucema, ha desmontado esta semana con contundencia una de las macrocausas que en su día abrió la mediática Mercedes Alaya, absolviendo a los diez acusados, entre ellos políticos, empresarios y funcionarios de Urbanismo, por la “fraudulenta e ilegal” –según Alaya– adjudicación del concurso para la venta de los terrenos de Mercasevilla. Se ha pasado de una instrucción en la que se hizo creer a la opinión pública, mediante vehementes y mediáticos autos y resoluciones judiciales, que había numerosas pruebas del presunto fraude a una sentencia que dice todo lo contrario: que no hay prueba alguna del “amaño”, de la “confabulación”, ni del “concierto previo” o manipulación del concurso público con la idea de favorecer a la constructora Sanma.
Un ejemplo. Cuando Mercedes Alaya imputó –el 7 de abril de 2011– al entonces primer teniente de alcalde y candidato de IU a las elecciones municipales de 2011 Antonio Rodrigo Torrijos –la imputación se hizo un mes y medio antes de la cita electoral–, lo hizo en un auto en el que la magistrada afirmaba que del resultado de las pruebas practicadas en esa instrucción se deducía la “responsabilidad y activa participación” de Torrijos en los asuntos de la Unidad Alimentaria y de “modo especial” en el proceso de adjudicación de los terrenos de la lonja a Sanma.
De esa “activa participación” que citaba Alaya podemos leer ahora en los 393 folios de la sentencia de la juez Yolanda Sánchez Gucema que hay una “escasa o nula participación” de Torrijos en los hechos, afirmando esta magistrada que ex portavoz de IU no participó ni intervino en los acuerdos entre Mercasevilla, Larena 98 y Sanma, ni mantuvo ningún contacto con los empresarios, ni tuvo ninguna intervención en el pliego de condiciones del concurso. Como declaró el propio Torrijos en su declaración en el juicio, lo único que hizo fue promover la fórmula del concurso público para evitar un “pelotazo urbanístico” en la operación de enajenación de los suelos del mercado mayorista.
La abogada de Torrijos, Encarnación Molino, criticó la instrucción “inquisitiva” y “viendo fantasmas donde no los había” en esta causa que comenzó a investigarse en el año 2009. Como el caso de Torrijos, sucede lo mismo con respecto a la ausencia de pruebas de su implicación en las supuestas irregularidades en los otros nueve acusados que también han sido absueltos de los delitos de fraude y exacciones ilegales, prevaricación y delito societario, por los que se enfrentaban a una condena de dos años de cárcel.
A la espera de la decisión que pueda adoptar ahora la Fiscalía de Sevilla, que dispone de un plazo de diez días para recurrir –aunque parece que el Ministerio Público no tiene muchos resquicios legales para plantear un recurso de apelación que pueda prosperar–, la sentencia supone un auténtico varapalo y un fracaso de la instrucción de Alaya, sin olvidar que la denuncia partió del actual ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y fue avalada hasta el final por el propio Ministerio Público, que llegó a calificar el concurso como “un paripé”.
La absolución de todos los acusados es un verdadero mazazo para la tesis acusatorias que en su día dibujó Mercedes Alaya, porque en el caso de que la juez hubiera dictado alguna condena se había corroborado mínimamente la labor de la instructora, pero con una absolución total como la que se ha producido, las críticas por el calvario que han padecido todos los acusados durante esta larga instrucción y enjuiciamiento tras más de ocho años, se vuelven directamente hacia Alaya.
Lo cierto es que en los 393 folios de la sentencia no hay ningún reproche concreto a la instrucción de Alaya –que a la hora de analizar determinados aspectos puede incluso echarse en falta para comprender el sentido del fallo–, a la que ni siquiera menciona. Es más, la única vez en la sentencia en la que la juez habla de la instrucción es para defender a Alaya respecto a las cuestiones previas en las que se le atribuía una falta de imparcialidad por el hecho de que su marido, Jorge Castro, hubiese auditado las cuentas de Mercasevilla con anterioridad al inicio de esa investigación.

La juez Yolanda Sánchez Gucema, que dictó la absolución en el caso Mercasevilla

La juez Yolanda Sánchez Gucema, que dictó la absolución en el caso Mercasevilla.

La juez Yolanda Sánchez explica en la sentencia que no puede afirmarse que las defensas hayan mantenido “el rigor exigido” cuando apoyan sus argumentos sobre la ausencia de imparcialidad de Alaya en “meras alegaciones de irregularidades graves que, sin embargo, no identifican, ni detallan ni reseñan de forma pormenorizada”.
Pero la falta de reproches a la instrucción de Alaya en la sentencia no quita que, de la lectura de la misma, se aprecie que la juez rechaza la existencia de prueba o indicios de delitos y de ello se desprende que todos los acusados se han sentado en el banquillo para responder de sospechas o conjeturas sin una verdadera base probatoria.
Es como si a Alaya se le desmoronaran todas las macrocausas, algo que también le ha pasado a otros jueces estrella a lo largo de la historia judicial más reciente. Su sucesora al frente del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, archivó, con el visto bueno de la Fiscalía Anticorrupción, la denominada “pieza política” de los cursos de formación, en la que estaban imputados 24 ex altos cargos de la Consejería de Empleo y del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), y que fue la última operación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que autorizó Alaya. No obstante, otras piezas de los cursos de formación siguen abiertas, como la del ex consejero andaluz de Hacienda Ángel Ojeda.
El caso Mercasevilla es la segunda macroinvestigación de Alaya en la que se dicta sentencia. La anterior también estaba relacionada con la empresa pública del mercado mayorista, en concreto, con la petición de una mordida de 450.000 euros a los hosteleros de La Raza a cambio de la concesión de una escuela de hostelería.
En esa causa, Mercedes Alaya procesó a cuatro personas, pero un jurado popular, primero, y el Tribunal Supremo, después, absolvieron a dos de los acusados, uno de ellos el ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas. Sólo fueron condenados, finalmente, al pago de una multa de 600.000 euros y a 21 meses de inhabilitación los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet –que ahora ha sido absuelto de la venta de los suelos– y Daniel Ponce.
De los 14 procesados por la juez Alaya en estos dos asuntos, sólo dos de ellos han sido condenados y los otros doce han sido exculpados. Dos condenas y doce absoluciones no parece una gran estadística para una instructora de grandes procesos, ni tampoco para la Fiscalía, pero sobre todo lo relevante, más allá de la cifra de imputados, es cómo se argumenta la absolución en el proceso de la enajenación de los suelos.
Una tercera causa, que en realidad es la primera de gran relevancia que comenzó a instruir Mercedes Alaya, está siendo actualmente enjuiciada en la Audiencia de Sevilla: la investigación por el delito societario al ex mandatario del Real Betis Manuel Ruiz de Lopera, que está acusado junto a otras siete personas y se enfrente a una petición del fiscal de tres años de cárcel.
También está en investigación, aunque en la Audiencia Nacional, la macrocausa de la operación Madeja, en la que se investiga el pago de mordidas a funcionarios por parte de la empresa Fitonovo y en la que hay 107 imputados. En este macroproceso, que también se inició por parte de Alaya, el juez José de la Mata ya ha anunciado que la instrucción finalizará en noviembre próximo.
Sin duda la macrocausa más importante que instruyó Alaya es la relacionada con el escándalo de los ERE fraudulentos, en la que implicó a los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
Esta misma semana se ha conocido la fecha del juicio por el denominado “procedimiento específico” por el que se concedían las ayudas bajo sospecha y que arrancará el 13 de diciembre próximo. Además de los ex presidentes, están acusados otros 20 ex altos cargos de la Junta de Andalucía.

El tribunal que enjuiciará  a los ex presidentes Chaves y Griñán

El tribunal que enjuiciará a los ex presidentes Chaves y Griñán.

La absolución de los diez acusados por la venta de los suelos de Mercasevilla puede entenderse hasta cierto punto como un anticipo de lo que puede ocurrir con el caso de los ERE, que podría acabar con un resultado similar –con absoluciones de los acusados– si el tribunal encargado de enjuiciar la causa, la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, llegara a apreciar las mismas supuestas deficiencias en la instrucción que se han revelado con el caso de la venta de los suelos de Mercasevilla.
Si los magistrados que tienen la difícil misión de analizar estos hechos advierten esa misma falta de indicios o pruebas que se ha apreciado de forma tan clara y rotunda en Mercasevilla, la macrocausa podría derivar en la absolución de parte o muchos de estos 22 ex altos cargos, como por ejemplo los ex presidentes, de los que habría que probar sin ningún género de dudas que tenían conocimiento de que se estaba utilizando durante una década un procedimiento inadecuado para la concesión de las subvenciones públicas; que tenían conocimiento además de que se estuviera produciendo un menoscabo de fondos públicos; y que a pesar de ello no realizaron ninguna actuación para evitarlo.
Esa presunta responsabilidad podría centrarse sobre los altos cargos más próximos a la dirección general de Trabajo y Seguridad Social, encargada de la concesión de las ayudas, pero también es cierto que a medida que se asciende en la organización de la Junta y en el Gobierno andaluz ese posible conocimiento sería más complicado de acreditar con la contundencia que exige una condena penal.
El problema es que los altos cargos que salgan finalmente absueltos ya habrán sido condenados a seis, ocho o diez años de instrucción –de momento los ex presidentes llevan cuatro años imputados–, con la consiguiente pena de banquillo o de telediario que ello conlleva. Y de daños y perjuicios colaterales e irreparables.

Un fallo que no repara el calvario

Jorge Muñoz | 22 de junio de 2017 a las 2:00

 

Una imagen de la sala de vistas durante la lectura, ayer, del fallo. Foto: EP

Una imagen de la sala de vistas durante la lectura, ayer, del fallo. Foto: EP

Había una gran expectación a las nueve y veinte minutos de la mañana de ayer. En una de las principales salas de vistas de la sede judicial propiedad del edificio Noga –la empresa que paradójicamente fue penalizada en el concurso de los suelos por haber realizado una oferta muy superior al precio de salida–, abogados, procuradores, nueve de los diez acusados –sólo faltó Torrijos por motivos de enfermedad– y familiares y amigos acudieron para conocer la sentencia por las presuntas irregularidades en la venta de los suelos de Mercasevilla.
La tensión era máxima en los momentos previos a conocer el fallo. Había opiniones para todos los gustos, los periodistas hacían cábalas sobre el posible resultado. El abogado Joaquín Herrera, marido la funcionaria María Victoria Bustamante, mostraba su confianza en la Justicia.
Cuando la juez de lo Penal número 13, Yolanda Sánchez Gucema, leyó el contenido del fallo en el que absuelve a los diez acusados, se desató la euforia. El ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet, sentado en primera fila, alzó su puño en señal de victoria, y poco después se fundió en un emotivo abrazo con su abogado, José Manuel Carrión. Otros letrados corrieron a felicitar a sus clientes.
A su salida, muchos de ellos coincidieron en denunciar el sufrimiento y el calvario por los más de ocho años que han transcurrido desde que la juez Mercedes Alaya, que evidentemente no queda en buen lugar con esta sentencia, iniciara la instrucción de la causa tras la denuncia presentada en su día por el actual ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, por entonces portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Sevilla.
La abogada Encarnación Molino, que ha defendido al ex portavoz de IU Antonio Rodrigo Torrijos, se preguntó “quién repara los daños causados” tras una instrucción que definió como “innecesariamente larga, inquisitiva, buscando lo que no había, viendo fantasmas donde no había”.
Y ésa es la pregunta a la que la juez de lo Penal que le ha tocado examinar las pruebas recopiladas por Alaya y dictar la sentencia no puede dar en los 393 folios de los que consta el extenso fallo.
La juez Yolanda Sánchez Gucema, que dirigió con una extraordinaria profesionalidad las 20 sesiones en las que se desarrolló la vista oral, no hace ninguna alusión a Mercedes Alaya ni a su instrucción. Pero eso no quita que del contenido de la sentencia se desprenda que no había pruebas del supuesto amaño o concierto para favorecer a la constructora Sanma en el concurso público para la adjudicación de los terrenos de Mercasevilla.

El abogado Miguel Villegas saluda a su cliente, el ex concejal Gonzalo Crespo. Foto: José Ángel García

El abogado Miguel Villegas saluda a su cliente, el ex concejal Gonzalo Crespo. Foto: José Ángel García

La sentencia está plagada de argumentos que rechazan la existencia de pruebas o indicios de los delitos que sostuvieron la Fiscalía y las acusaciones particulares, de lo que también se colige que todos los acusados se han sentado en el banquillo para responder de sospechas o conjeturas sin una verdadera base probatoria. De hecho, la juez deja claro que no hay pruebas del “amaño”, de la “confabulación” ni del “concierto previo” que apreciaron Mercedes Alaya y la Fiscalía, la acusación pública a la que la magistrada ha reprochado que calificara el concurso como de “un paripé”.
Más de ocho años después todos los acusados acogen con satisfacción la sentencia absolutoria, pero el daño al prestigio profesional y a la marca por ejemplo del grupo Sando, uno de los principales de Andalucía, es irreparable a pesar de los 393 folios de la sentencia.
La imagen de Antonio Rodrigo Torrijos, la pieza política a cobrar con esta instrucción, fue otra de las más vapuleadas por la investigación de la juez Alaya, quien decidió imputarlo en esta causa el 7 de abril de 2011, un mes y medio antes de que se celebraran las elecciones municipales del 22 mayo de 2011, con el consiguiente desgaste para su imagen y la de su formación.
Torrijos ni siquiera pudo ayer asistir a la lectura del fallo por motivos de salud. ¿Quien sabe si puede haber alguna relación entre su enfermedad y el calvario de estos ocho años?

El descrédito de la UCO

Jorge Muñoz | 18 de junio de 2017 a las 2:00

UN DETENIDO EN LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA Y REGISTROS EN VARIOS AYUNTAMIENTOS

La marcha de Mercedes Alaya a la Audiencia de Sevilla y la llegada de María Núñez Bolaños supuso un cambio a la hora de valorar los atestados de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Surgieron entonces las primeras críticas a los atestados elaborados por esta unidad especializada, unas críticas que Bolaños transformó en auténticos reproches en el auto en el que archivó la denominada “pieza política” de los cursos de formación, donde la juez no dudó en afirmar que estos agentes habían cometido “errores” y criticó que la investigación había surgido “sobre la teoría o hipótesis elaborada por la UCO” en sus atestados.
Más recientemente, Bolaños ha vuelto a reprochar, esta vez en la causa en la que se investigan los avales y préstamos concedidos por la agencia IDEA, que esta unidad plantee “teorías o hipótesis” en sus atestados. La magistrada asegura que la labor de esta unidad debe consistir en primer lugar en “confirmar o descartar si existen las irregularidades denunciadas o, por el contrario, son sólo unas conclusiones que se obtienen de interpretaciones erróneas en la aplicación de las normativas complejas, entrelazadas, que deben ser interpretadas de forma conjunta, y no aisladamente”.
Bolaños advierte en ese auto que “no sería la primera vez que en la interpretación y aplicación de normativas administrativas se constata el error interpretativo y la insostenibilidad de las hipótesis formuladas”.
De hecho, uno de los principales errores de la UCO se produjo cuando cifró erróneamente el presunto fraude en los cursos de formación en 3.000 millones de euros. Esta cifra en realidad se correspondía con la totalidad de las ayudas concedidas, pero la Guardia Civil estableció un silogismo equivocado al considerar que una ayuda que no había sido justificada era, por tanto, fraudulenta y habría provocado el menoscabo de los fondos públicos de la Junta, sin tener en cuenta que la Administración andaluza disponía de cuatro años para iniciar el proceso de reintegro de las cantidades concedidas para las actividades formativas en el supuesto de que éstas no fuesen justificadas.
La Fiscalía Anticorrupción aclaró perfectamente la situación en su escrito en el que solicitó el archivo de esta pieza política de los cursos , al recordar que se han justificado ya casi 2.000 millones de los 2.900 millones concedidos para los cursos y sólo había prescrito el derecho al reintegro en “cinco expedientes”. A fecha del 31 de diciembre de 2015, según la Fiscalía, quedaban por justificar 529 millones.
Las críticas a la actuación de la UCO sólo se habían producido hasta ahora en las macrocausas que se investigan en Sevilla, pero la imagen de la unidad ha sufrido un nuevo varapalo desde que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco descartara actuar contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, a pesar de que la UCO había solicitado en dos informes que se la investigara en una de las piezas de la trama Púnica en la que se analiza la financiación del PP de Madrid.
La UCO implicaba a Cifuentes en supuestos delitos de prevaricación y cohecho en relación con los contratos de adjudicación –Cifuentes fue presidenta de la mesa de contratación en esa época– del servicio de cafetería de la Asamblea de Madrid en 2009 y 2011 al Grupo Cantoblanco, del ex presidente de la patronal madrileña Arturo Fernández.
El juez de la Audiencia Nacional no ha visto elementos para proponer la imputación de la presidenta madrileña ni cree que las posteriores diligencias apunten en ese sentido.
Cristina Cifuentes, por su parte, calificó ese informe de la UCO como una “sucesión de juicios de valor sin ningún fundamento”.
Los ERE, los cursos de formación, y ahora también la Púnica… ¿Por qué le llueven ahora tantas críticas a la UCO? Lo cierto es que las críticas no son nuevas y, de hecho, ya en el año 2014, uno de los abogados defensores del caso de los ERE, Juan Pedro Cosano, fue sancionado con 3.000 euros por una “falta de respeto” a la juez Mercedes Alaya, que por entonces dirigía la investigación, por haber censurado la actuación de la magistrada en un escrito en el que la UCO tampoco salía bien parada.
Juan Pedro Cosano escribió en un recurso presentado en la Audiencia de Sevilla que en el caso de los ERE –durante la época de Alaya– se recurría constantemente a la Guardia Civil “no como un cuerpo auxiliar que se limita a formular atestados con simple valor de denuncia, sino que se la conceptúa como un auténtico oráculo”, a lo que añadió: “lo que por la Guardia Civil se escribe es verdad, va al cielo y no se le aplica la humana capacidad de la crítica”.
Y no le faltaba razón al letrado y escritor, porque con Alaya de instructora lo que la Guardia Civil ponía en blanco sobre negro en un atestado era incuestionable. La entonces instructora de los ERE acogía esa argumentación sin cuestionar ninguna de las afirmaciones que se recogían en dicho informe y a continuación reproducía y plasmaba el contenido de esos atestados en un auto en el que adoptaba una decisión relevante, ya fuese para acordar nuevas imputaciones en la macrocausa o para trazar la línea que debía seguir la investigación.
La estrecha colaboración entre la juez Alaya y los agentes de la UCO se prolongó durante casi cinco años, desde que la magistrada decidió arrebatar la investigación de los ERE a la Policía Nacional para entregársela a esta unidad de la Guardia Civil. A este caso siguieron otras operaciones como la Madeja y la Enredadera, o las irregularidades en las ayudas a la formación, los avales y préstamos de Idea, etc. En todas estas operaciones intervinieron los agentes de esta unidad de élite, llegando Alaya y la UCO a una simbiosis perfecta, en la que cada uno alcanzaba sus objetivos.
Tanto Alaya como esta unidad tenían en común que les gusta trabajar solos y sin interferencias. Y ésta es una de las principales diferencias que se observan ahora que la juez María Núñez Bolaños lleva dos años al frente de las macrocausas. Bolaños ha logrado ha montado un auténtico equipo en su oficina judicial, con los funcionarios destinados en su juzgado, y ha recordado a la UCO que están para auxiliar a las magistradas en una instrucción cuya dirección es competencia exclusiva de la juez, no de los cuerpos policiales.

Adiós al Llerismo

Jorge Muñoz | 11 de junio de 2017 a las 2:00

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Rosell

Emilio De Llera regresa a la Fiscalía tras cinco años de aventura política. La remodelación del Gobierno de Susana Díaz se llevó por delante a quien durante estos años ha sido un relevante asesor para la presidenta en la convulsa materia de unos tribunales marcados por la instrucción de los ERE y de las demás macrocausas. De Llera regresa, en principio, a la Fiscalía de Sevilla, aunque por su trayectoria en la carrera fiscal está en condiciones de optar a las próximas plazas que convoque el Tribunal Supremo. Y seguramente solicitará alguna de ellas.
Los dos mandatos como consejero de Justicia se han caracterizado por su espontaneidad, naturalidad y su verbo coloquial, lo que le ha costado numerosas críticas, algunas de ellas completamente merecidas, y que se convirtiera, por unas desafortunadas declaraciones, en el primer consejero de un gobierno andaluz reprobado por el Parlamento, después de haber asegurado en una entrevista que los jueces de instrucción actúan “como si fueran reyes de Taifa” y criticar su independencia. “Los jueces son tan independientes y tan irresponsables que hacen lo que les da la gana y eso es muy peligroso. Hitler era independiente y mire la que montó”, aseguró en esa entrevista De Llera.
Pero el fiscal no siempre metió la pata con sus manifestaciones, en algunas ocasiones dijo la verdad y se atrevió a afirmar lo que otros no hubieran dicho nunca para no ser políticamente incorrectos, como cuando en su toma de posesión, en mayo de 2012, fue preguntado por el futuro del proyecto de Ciudad de la Justicia de Sevilla. De Llera enterró ese día el proyecto, que hoy sigue muy muerto y lo que le queda, al afirmar que un complejo de estas características en una época de crisis y recortes presupuestarios entraba en el “campo de la ciencia ficción”. Lo más fácil era haber dicho lo que otros tantos anteriores consejeros: que se iba a retomar el proyecto, que se va a impulsar en esta legislatura, y tal y tal…
De Llera era un político atípico y eso le llevaba a emplear expresiones coloquiales poco comunes en el lenguaje de los partidos pero que calan rápidamente en la opinión pública.
Sus frases más polémicas, al margen de las ya mencionadas sobre la independencia judicial, guardan relación con el caso de los ERE fraudulentos, la juez Mercedes Alaya, o el caso del asesinato y desaparición de Marta del Castillo, donde el padre de la joven llegó incluso a pedir públicamente su dimisión, aunque posteriormente explicó que el propio consejero le había telefoneado para pedirle disculpas. De Llera opinó que es una “tontería despilfarrar” el dinero porque la búsqueda del cuerpo de Marta no ha tenido éxito y Carcaño no ha dejado de mentir sobre el paradero. La reacción del padre de Marta era comprensible.
Sobre la juez Mercedes Alaya, el consejero destacó el esfuerzo que estaba realizando la magistrada en la investigación, pero lo remató con otra frase polémica. “Es una mujer muy trabajadora, que está llevando varios procedimientos judiciales complicados adelante y sigue estando muy guapa”, dijo el consejero, que por este comentario fue acusado de machista por algunos sectores.
De Alaya también dijo en otras ocasiones que “no es superwoman”, cuando la juez se negó a aceptar los jueces de refuerzo que le puso el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para ayudarle en la instrucción de las macrocausas que investiga.
De Llera también fue objeto de las críticas de Alaya, que en un informe remitido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) afirmó que era un “notorio detractor” de su trabajo y criticó la “estrecha amistad” de su sucesora, la juez María Núñez Bolaños, con él, aunque en realidad es amigo del marido de Bolaños.
Y en otras ocasiones no hay que negarle un fino sentido del humor, como cuando De Llera criticó al entonces ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, al que reprochó que “no resuelve los grandes males de la Justicia” y del afirmó lo siguiente sobre su actuación: “Es como si a una persona que tiene mucha hambre le ofrecemos una gamba en lugar de un plato de cocido”.
Otra frase que Emilio de Llera suele decir guarda relación con la anterior: “Lo peor del mundo es un cólico de gambas, sin haber comido gambas”. Y que cada cuál interprete el significado. En una ocasión, durante la presentación de los presupuestos de la Junta para Sevilla dejó otra perla, cuando justificó la falta de inversiones en grandes proyectos de esta guisa: “No vamos a ser tan animales como para invertir en obras si hay hambre física”.
Como ya he dicho alguna vez, el hiperrealismo de su lenguaje es lo que le juega a veces malas pasadas a Emilio de Llera y eso es difícil de corregir, aunque muchos alaban –en privado, claro– tanta naturalidad.
El último entuerto de De Llera se produjo tan sólo unos días antes de que se anunciara la remodelación del Gobierno andaluz, cuando en una comisión parlamentaria aseguró que los periodistas eran “un océano de conocimientos con un centímetro de profundidad”, lo que provocó la protesta incluso de la asociación de la prensa de Sevilla, a pesar de que esta frase la había tomado prestada del insigne periodista e historiador italiano Indro Montanelli.
La antología de frases y refranes de De Llera también incluye alguna que le contaba su padre y que él asume como un principio vital que muchos deberíamos seguir: “La vida se compone de días de 24 horas. Ocho horas hay que dormir: busca una buena cama. Ocho horas tienes que trabajar: busca un trabajo que te guste. Y las ocho horas restantes: ¡Ahí cada cual se las arregla como puede!”.
Emilio de Llera fue a la política y le gustó, y ahora regresa a su profesión. La etapa de Emilio de Llera al frente de la Consejería de Justicia e Interior no ha dejado a nadie indiferente. Su peculiar estilo no ha sido igualado por ninguno de los consejeros que le han precedido en el cargo y tampoco lo harán los que le seguirán. Con su salida del gobierno andaluz se acaba el Llerismo, pero el Ministerio Público recupera a un gran fiscal.