El matrimonio de conveniencia no es delito si no hay ánimo de lucro ni falsedad documental

Jorge Muñoz | 12 de abril de 2017 a las 13:27

matrimonio

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha anulado la condena de 2 años de prisión que la Audiencia de Barcelona impuso a una pareja al considerar que se casaron por conveniencia (para lograr la legalización de la situación en España del hombre, de nacionalidad dominicana), y que por tanto su matrimonio era “mendaz” e “inexistente”, de lo que se derivaban delitos de falsedad y contra los derechos de los trabajadores extranjeros. El Supremo absuelve a los dos acusados de ambos delitos, y recuerda que el matrimonio de complacencia o conveniencia, de acuerdo a la legislación española, sólo puede acarrear sanciones administrativas o derivar en un ilícito civil pero no penal, si no media ánimo de lucro y no existe usurpación de estado civil o falsedad documental previa, ha informado el Alto Tribunal hoy.

En el caso examinado, la Audiencia de Barcelona condenó por delito continuado de falsedad documental y delito contra los derechos de los trabajadores extranjeros a una pareja, ella dominicana con DNI español, y él dominicano, que celebraron matrimonio religioso en España en julio de 2009, un enlace que, según los hechos probados en la sentencia de la Audiencia barcelonesa, fue “contraído de forma simulada y por lo tanto inexistente” con la única finalidad de legalizar la situación del hombre, e inscrito de forma “mendaz” en el Registro Civil.

La Audiencia explicaba que ambos hacían vidas separadas cada uno con su pareja verdadera y sus hijos respectivos, ella residiendo en Montcada i Reixach y él en Santa Coloma de Gramanet. El matrimonio de conveniencia habría servido además para las declaraciones realizadas en el expediente con el que obtuvieron las tarjetas de residente familiar comunitario de dos hijas del acusado, que habría intentado una gestión similar respecto a su padre.

El Supremo, en sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Andrés Palomo del Arco, destaca en primer lugar que la jurisdicción penal no tiene competencia para pronunciarse sobre la validez del matrimonio, por lo que la referencia de la Audiencia de Barcelona a que el citado enlace fue inexistente o nulo debe suprimirse. Para ello, la Ley requiere una previa declaración de nulidad dictada por un juez civil en sentencia firme, que no concurre en este caso, ni la inscripción registral recoge datos falsos o inauténticos, porque el acta matrimonial es genuina, su data correcta y recoge un acto (la ceremonia del matrimonio) objetivamente celebrado.

En cualquier caso, la sentencia indica que, de acuerdo a su jurisprudencia, los matrimonios de complacencia, los matrimonios interesados o los matrimonios de conveniencia no pueden dar lugar a delito de falsedad, ni en el celebrante ni en los contrayentes, aunque uno y otro conozcan y consientan las particularidades del acuerdo, del interés o de la ventaja que se quiere obtener con tal unión, pudiendo tratarse de un ilícito civil con consecuencias civiles y matrimoniales, mas nunca llegar a la incriminación de tal conducta en el contexto del Código Penal (sentencia 1004/1997, de 9 de julio).

Recoge la sentencia que de los varios centenares de matrimonios de complacencia de los que la Fiscalía especializada en extranjería tiene noticia cada año, salvo usurpación de estado civil o falsedad documental previa, ninguno origina diligencias penales por falsedad documental ideológica en el único sustento de ser el consentimiento otorgado por mera conveniencia o complacencia.

Sobre este mismo aspecto, recuerda además que la Circular de la Fiscalía General del Estado 1/2002, de 19 de febrero, sobre aspectos civiles, penales y contencioso-administrativos de la intervención del Fiscal en materia de extranjería, sólo contempla actuación del Ministerio Fiscal ante los matrimonios simulados en el ámbito civil, en forma preventiva y si ya se hubiese inscrito el matrimonio, a través del ejercicio de la acción de nulidad ante la jurisdicción civil. Sólo cabría la deducción de testimonio a un juzgado penal una vez hubiese sido declarada previamente la nulidad del matrimonio por simulación en el ámbito civil.

TAMPOCO DELITO DE MIGRACIÓN

En cuanto al delito contra el derecho de los trabajadores, el Supremo subraya que desde la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2015, la acusación que impute el delito del artículo 318 bis 1 del Código Penal habrá de identificar, no solamente la conducta probada, sino la concreta infracción administrativa y la razón por la que ésta adquiere relevancia penal más allá de una antijuridicidad meramente administrativa. Y en autos, ninguna entrada (o tránsito) ilegal se describe y en todo caso, dada la relación familiar directa, con finalidad exclusiva de reagrupación familiar, la hija de muy corta edad y el padre del coacusado, concurre de modo inequívoco la excusa absolutoria de ayuda humanitaria, que excluye la punibilidad. Tampoco existe el ánimo de lucro que exige el artículo 318 bis 2 cuando se da ayuda para permanecer en España.

La Sala añade que cuando el matrimonio de conveniencia o reconocimiento de un niño, con el fin de de obtener o hacer obtener un título de residencia, evitar la expulsión, de adquirir o hacer adquirir la nacionalidad, quiere sancionarse en todo caso, surge la necesidad de tipificarse específicamente, como ocurre en Francia, Bélgica o Portugal.

En España, indica el Supremo,“nuestro legislador ha optado por considerar ilícito administrativo, contraer matrimonio, simular relación afectiva análoga o constituirse en representante legal de un menor, cuando dichas conductas se realicen con ánimo de lucro o con el propósito de obtener indebidamente un derecho de residencia, siempre que tales hechos no constituyan delito, sancionado como infracción grave con multa de 501 hasta 10.000 euros, en adecuada proporcionalidad que solo deviene penalmente típico, cuando en la ayuda a permanecer en España, media ánimo de lucro”.

Más fricciones por los ERE

Jorge Muñoz | 11 de abril de 2017 a las 2:00

Juzgados del Prado Movida por el caso de los ERE  Habra que estar hasta las doce y algo para hacer varias cosas, incluido fotos a la juez Maria Nu?ez Bola?os para renovar el archivo

La juez María Núñez Bolaños sale de los juzgados de Sevilla.

El desencuentro cada vez más patente entre la juez de los ERE, María Núñez Bolaños, y los fiscales delegados de Anticorrupción, amenaza con convertirse en todo un culebrón. Y por capítulos. Si hace tan sólo unas semanas la Fiscalía Anticorrupción cargaba contra la instructora por usar argumentos sociales y “no jurídicos” a la hora de archivar la causa contra uno de los denominados intrusos, los representantes del Ministerio Público han vuelto a cuestionar una decisión de la instructora.
Esta nueva fricción se produce con motivo de una providencia dictada por la juez Bolaños el pasado 30 de marzo, en la que solicitaba a la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla que remitiera una “copia testimoniada” de todas las resoluciones que se dicten en relación con los recursos presentados en la denominada “pieza política” de los ERE, en la que se investiga el procedimiento específico que se implantó para la tramitación de las ayudas bajo sospecha y en la que están procesados los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán junto a otros 23 ex altos cargos de la administración autonómica.
En esa providencia, la juez motivaba la petición a la Audiencia de la entrega de esas resoluciones en tanto que “puedan afectar al curso del presente procedimiento”, en referencia a las diligencias 174/11, la causa matriz de los ERE de la que se han ido desgajando las diferentes piezas separadas para su enjuiciamiento por la Audiencia de Sevilla.
En el escrito presentado el pasado 5 de abril en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, los fiscales Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra plantean una aclaración a la magistrada.
En concreto, la Fiscalía “interesa que para un mejor entendimiento para todas las partes de los resuelto por la magistrada instructora se aclare el alcance de la afección que el dictado de resoluciones resolviendo recursos dictados” en las diligencias del procedimiento específico –“seguidas por hechos distintos, desgajados, de las presentes diligencias previas”–, puedan “tener sobre los hechos que aún siguen siendo objeto de las presentes”. Es decir, que los representantes del Ministerio Público no entienden la petición de la juez.
La respuesta de María Núñez Bolaños no se ha hecho esperar y, en otra providencia que ahora ha sido notificada, la instructora ha zanjado la cuestión al afirmar que la petición de que se le envíe una copia de los recursos “viene justificada por considerarlo útil e ilustrativo a la presente causa”.
No sabemos qué hará ahora la Fiscalía, si dará un paso más y recurrirá la providencia a la Audiencia, pero lo que sí evidencia este nuevo cruce de escritos es que las relaciones entre la instructora de la macrocausa y los fiscales del caso no parece que tiendan a normalizarse, sino todo lo contrario. El rifirrafe entre los fiscales y la juez continúa.

El agente fallecido

Jorge Muñoz | 9 de abril de 2017 a las 2:00

fotos de policias locales

Es la tabla de salvación de muchos imputados o ahora llamados investigados. No hay nada como un fallecido en una causa judicial como para aclarar las ideas del resto de investigados y centrar todas las sospechas y la comisión de los delitos en el muerto, quien evidentemente ya no puede ser juzgado ni puede defenderse de los ataques de los vivos, aunque tampoco es que le vaya a importar mucho a estas alturas. Tanta paz lleves como descanso dejas, como diría alguno. La historia judicial está repleta de antecedentes de “culpar al muerto”, como ocurrió en el denominado caso Ollero y el cobro de comisiones por las obras públicas en maletines (antes no se usaban tanto los paraísos fiscales y las cuentas opacas en bancos internacionales, sino que se recurría al metálico).
Algo parecido ha ocurrido con el sumario en torno a la trama para el cobro de tasas ilegales relacionadas con los transportes especiales y para la retirada de multas a cambio de dinero. En octubre del año pasado, la juez de Instrucción número 8 de Sevilla, Reyes Flores, decidió dar carpetazo a esta investigación que se inició en 2010 y en la que figuraban como imputadas 17 personas, de las cuales 12 son policías locales (dos subinspectores, un subinspector ya jubilado, y nueve agentes, ente ellos, uno jubilado) que pertenecen o habían pertenecido a la unidad de Tráfico-Motoristas, mientras que las otras cinco son un tramitador de documentos administrativos y cuatro trabajadores de las empresas de grúas.
En esta investigación había otro policía local más imputado, pero falleció durante la instrucción, al igual que le ocurrió a la magistrada que entonces dirigía el juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla, lo que ralentizó aún más esta investigación que data de 2010.
La muerte del “cabecilla” de la trama, según explicó en su momento la instructora, fue uno de los elementos que determinaron el sobreseimiento de la causa.
Pero la Fiscalía de Sevilla recurrió este archivo considerando que al menos en la cuestión de los servicios especiales y las tasas no cobradas por el Ayuntamiento –quien por cierto dio por bueno el archivo de la causa–, sí se había cometido un delito de cohecho.
La juez Reyes Flores ha vuelto ahora a dictar un auto, en el que rechaza el recurso de reforma del Ministerio Fiscal y confirma el archivo de la causa porque, sostiene, “no se derivan de la instrucción practicada indicios suficientes” del delito de cohecho imputado a los policías y a las persona físicas.
Dice la instructora que la conducta que “más claramente resultaba, en la investigación policial, encuadrable en su caso” en la figura del cohecho es precisamente la del agente fallecido, “que pudiera entenderse que recibía dinero a cambio de realizar trabajos no sólo en su horario de descanso, para la empresa Grúas Lozano, sino que incluso convencía o presionaba a otros agentes para que le prestasen auxilio”.
La magistrada recuerda que “no se ha podido completar la instrucción a este respecto, dado el fallecimiento del mismo, sin que puedan determinarse hechos concretos, actuaciones con tales componentes objetivos y subjetivos, que sirvan de base a la formalización de una imputación para la continuación del procedimiento”.
En el auto, recuerda la declaración de varios de los imputados, como un gestor que afirmó que la expresión relativa a que se repartían el dinero entre los agentes “era una broma” y que la multa de la que hablaban no fue finalmente recurrida.
Otro de los agentes imputados declaró que nunca tuvo ninguna comunicación verbal ni por escrito de ningún agente por las presuntas irregularidades en el tema de las multas, si bien reconoció que cuando otro policía denunció la pérdida de algunas denuncias, “él puso orden pasando todas las denuncias de la oficina a un cajón con llave de su despacho” y asegurando que finalmente se tramitaron “todas”.
Los testigos, prosigue la juez, únicamente refieren “elementos indiciarios en cuanto a las noticias de que desaparecían boletines de denuncia, que alguno de ellos lo comunicó a los mandos y que se adoptaron medidas, mas no introducen elemento alguno relativo a la autoría de tales hechos”.
Sobre la aplicación de la ordenanza fiscal por servicios especiales, en cortes de calles y acompañamientos de transportes especiales, que se tramitaban mediante los papeles de pago de tasa que se gestionaban en la propia unidad de Tráfico o a través de valoraciones emitidas por la unidad de operaciones, la juez recuerda que el agente encargado de efectuar la liquidación de esos pagos declaró que fue el policía fallecido “quien elaboró e imprimió los nuevos modelos para el cobro de tasa” y añadió que dicha liquidación la podía hacer cualquiera cuando él estaba fuera de la oficina.
Otro agente negó que trabajara para el agente difunto, “de quien sabía que trabajaba para Grúas Lozano, ignorando que su actuación fuese irregular”. También alude la juez al gerente de la empresa de grúas, quien dijo que el fallecido trabajaba en la entidad “antes de llegar él y era este agente quien hizo constar los conceptos de gratificaciones a cobrar que se incluían en consecuencia por su empresa en los costes presupuestados”.
Otro policía reconoció haber prestado servicios encargados por el difunto, pero alegó que desconocía que fuesen “incompatibles con su labor profesional” y añadió que a veces recibió del mimo pequeñas cantidades, de unos “30 o 40 euros”, pero lo hizo “siempre sin uniforme y en su tiempo libre”, algo que en lo que también coincidieron otros dos imputados.
Y otro de los agentes aseguró que fue él quien elaboró una propuesta de protocolo para unificar los acompañamientos de transportes especiales, que se aplica desde enero de 2008, aunque no con referencia al pago de las tasas.
En el anterior auto, el dictado en octubre pasado, la juez explicó que aunque la “prolija investigación” realizada por el extinto Grupo Especial de Policía Local (Gepol) arrojó “indicios aislados, hechos concretos y noticias sobre posibles actuaciones de los agentes implicados a cambio de dinero, no ha podido precisarse transacción económica o entrega alguna; quizás esencialmente motivado por el fallecimiento del principal encausado, a cuyas órdenes e incluso bajo cuya presión, actuaban en su caso los agentes imputados”.
Lo dicho. No hay nada que no pueda arreglar en una investigación un imputado fallecido…

El Supremo rechaza revisar las sentencias firmes dictadas antes de la doctrina europea de las cláusulas suelo

Jorge Muñoz | 5 de abril de 2017 a las 12:38

clausulasuelo

La Sala Primera del Tribunal Supremo, en un auto del que ha sido ponente el magistrado Rafael Sarazá Jimena, ha inadmitido a trámite una demanda que pretendía revisar la sentencia firme dictada por el Juzgado de 1a Instancia número 1 de Torremolinos (Málaga) en octubre de 2016, según ha informado hoy el Alto Tribunal.

Los demandantes alegaban que la sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de diciembre de 2016, sobre los efectos restitutorios de la nulidad de la «cláusula suelo», es un documento que debe permitir la revisión de la sentencia firme anterior en la que solo se condenó a la restitución de lo indebidamente pagado tras la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013.

No es la primera vez que se plantea la cuestión de los efectos que produce una sentencia del TJUE sobre las sentencias firmes anteriores de los tribunales nacionales, pero sí es la primera vez que se ha planteado con relación a los efectos restitutorios de la nulidad de una cláusula suelo.

El tribunal ha considerado que, de acuerdo con su jurisprudencia, no es posible obtener la revisión de una sentencia firme por el hecho de que una sentencia posterior establezca una jurisprudencia que sea incompatible con los argumentos que fundamentan el fallo de la sentencia anterior. Esa sentencia posterior no es un «documento» a efectos de lo previsto en la regulación de las demandas de revisión en la Ley de Enjuiciamiento Civil, precisa el fallo.

Por otro lado, nuestro ordenamiento jurídico preserva la firmeza de las sentencias frente a modificaciones posteriores de la jurisprudencia, adoptadas por propia iniciativa del Tribunal Supremo o impuestas por la doctrina sentada en las resoluciones del Tribunal Constitucional, y sólo permite, tras la reciente reforma de la Ley Orgánica 7/2015, la revisión de una sentencia civil firme en ciertos casos excepcionales cuando una sentencia del TEDH declare que dicha sentencia ha sido dictada en violación de alguno de los derechos reconocidos en el CEDH.

El tribunal ha aplicado la jurisprudencia del TJUE, que ha reconocido la importancia del principio de cosa juzgada tanto en el ordenamiento jurídico de la Unión como en los ordenamientos jurídicos nacionales, pues garantiza tanto la estabilidad del Derecho y de las relaciones jurídicas como la recta administración de la justicia. La aplicación de los principios de efectividad y equivalencia no determina en estos casos la revisión de las sentencias firmes por el hecho de que con posterioridad se haya dictado una sentencia por el TJUE que siente una doctrina incompatible con la de la sentencia firme del tribunal nacional.

Las mujeres son ya el 64% de los jueces de menos de 50 años

Jorge Muñoz | 4 de abril de 2017 a las 17:01

Caso Mercasevilla  Audiencia de Sevilla Declara Antonio Rodrigo Torrijos y compa?ia

Una juez celebra un juicio en un juzgado de lo Penal de Sevilla.

En el tramo de edad de entre 51 y 72 años, sin embargo, más del 60 % de los miembros de la Carrera Judicial son hombres. Esta circunstancia se refleja en la composición de los distintos órganos judiciales: las mujeres son mayoría en los unipersonales y los hombres en los colegiados. Las mujeres suponen la mayoría de la planta judicial en trece de las diecisiete Comunidades Autónomas. En el País Vasco representan el 60,8 % del total de jueces y magistrados, según ha informado hoy el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Las mujeres representan ya el 64 por ciento de los jueces y magistrados en activo menores de 50 años, mientras que la situación se invierte en el tramo de edad comprendido entre los 51 y los 72 años, en el que más del 60 por ciento de los miembros de la Carrera Judicial son hombres.

Así lo revelan los datos recogidos en el informe sobre la estructura de la Carrera Judicial a 1 de enero de 2017 elaborado por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, en el que se hace un estudio demográfico de los 5.637 jueces y magistrados en activo, de los que 2.540 son hombres –el 47,3 por ciento- y 2.827 mujeres –el 52,7 por ciento-.

Cuando el análisis se hace por tramos de edad, sin embargo, esa situación de casi equilibrio entre los dos sexos desaparece: entre los 2.911 jueces y magistrados de menos de 50 años hay 1.853 mujeres –es decir, el 63,7 por ciento- y 1.058 hombres –el 36,3 por ciento-.

Lo contrario sucede entre los 2.456 miembros de la Carrera Judicial que tienen entre 51 y 72 años –la edad máxima de jubilación-, ya que aquí los 1.482 varones suponen el 60,3 por ciento, frente al 39,7 por ciento que representan las 974 mujeres.

Esta circunstancia tiene su reflejo en la composición de los distintos órganos judiciales: en los colegiados, como las Audiencias Provinciales o los Tribunales Superiores de Justicia -a los que se accede más tarde, una vez avanzada la carrera profesional-, el porcentaje de mujeres es del 37,7 por ciento y del 36 por ciento, respectivamente.

Así, de los 945 magistrados destinados en Audiencias Provinciales, 589 son hombres y 356 mujeres, aunque en algunos territorios estas últimas ya son mayoría: sucede en la de Illes Balears o en el conjunto de las del País Vasco.

Mientras tanto, de los 490 magistrados que integran los diecisiete Tribunales Superiores de Justicia, 313 son hombres y 177 mujeres. Ya hay un Tribunal Superior, el de Cantabria, donde éstas son mayoría; mientras que en las Comunidades Autónomas de Canarias, la Comunidad Valenciana, Madrid y La Rioja el reparto es casi paritario.

El porcentaje de mujeres es muy similar en otro órgano colegiado como la Audiencia Nacional: el 37,1 por ciento. Esa cifra baja hasta el 13,9 por ciento en el Tribunal Supremo, donde la media de edad de sus miembros es de 63,5 años. Once de los 78 magistrados del alto tribunal son mujeres, tras la incorporación el pasado 8 de marzo de María de los Ángeles Parra a la Sala Primera.

La media de edad de los magistrados destinados en las Audiencias Provinciales es de 57,2 años; y la de los que sirven en Tribunales Superiores de Justicia de 58 años. Todavía un poco más alta -59,3 años- es la de los magistrados de la Audiencia Nacional.

La situación es la contraria en lo que se refiere a los órganos unipersonales: las mujeres son mayoría en todos ellos, salvo en los Juzgados de lo Mercantil y en los de lo Contencioso-Administrativo, donde suponen el 32,8 por ciento y el 43 por ciento, respectivamente.

El porcentaje más alto de representación femenina se da en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer (69,2 %), y también es superior al 60 por ciento en los Juzgados de lo Penal, de Menores, de Primera Instancia e Instrucción y de Primera Instancia. En otros órganos, como los Juzgados de lo Social, los de Vigilancia Penitenciaria y los de Instrucción, las mujeres suponen más de la mitad de los jueces y magistrados destinados en ellos.

El País Vasco, la Comunidad Autónoma con más juezas

Las mujeres también suponen la mayoría de la planta judicial en trece de las diecisiete Comunidades Autónomas. Solo en las de Aragón, Castilla y León, Murcia y Navarra el porcentaje de hombres supera el 50 por ciento.

En el País Vasco, las juezas y magistradas representan el 60,8 por ciento de los miembros de la Carrera Judicial destinados en el territorio. Le siguen Galicia (57,4 %), La Rioja (56,8 %), la Comunidad de Madrid (56,3 %) y Cataluña (56 %).

El informe publicado por la Sección de Estadística permite también saber que, de media, los jueces españoles tienen 49 años de edad y 18 años de antigüedad en la Carrera Judicial.

Por Comunidades Autónomas, los jueces más jóvenes son los destinados en Canarias, donde la media de edad es de 45,7 años. Le siguen de cerca Extremadura (46 años) y Castilla-La Mancha (46,2 años). En el otro extremo se sitúan los jueces y magistrados de Madrid (52,8 años de media), Aragón (51,9) y Navarra (51,1).

En cuanto a la antigüedad en la Carrera Judicial, los más experimentados son los de Aragón (22,8 años de media), seguidos por los de Madrid (21,7) y Navarra (20,5). Mientras tanto, la media de antigüedad en Canarias es de 14,4 años; en Castilla-La Mancha de 14,6 y en Cataluña de 14,9 años.

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Sentido común

Jorge Muñoz | 2 de abril de 2017 a las 2:00

Juzgados del Prado Movida por el caso de los ERE  Habra que estar hasta las doce y algo para hacer varias cosas, incluido fotos a la juez Maria Nu?ez Bola?os para renovar el archivo

Es un argumento que muchos fiscales y abogados utilizan cuando se tienen que enfrentar a un juicio con jurado, en el que los ciudadanos adquieren una activa participación en la Administración de Justicia y se convierten en auténticos “jueces” que emiten un veredicto que luego un magistrado plasmará en una sentencia.
Para tranquilizar a los miembros del jurado, los fiscales y abogados suelen recordar a estas personas que no es necesario tener conocimientos de Derecho para ejercer su labor como miembros de un tribunal popular. Sólo les piden que estén atentos a todo cuanto se diga en el juicio, desde la declaración del acusado, pasando por el testimonio que puedan aportar los testigos, los dictámenes de los peritos, así como a los documentos escritos que se sometan a su consideración. Y también les piden otra cuestión que estiman trascendental: que apliquen el sentido común en relación a los hechos que se someten a juicio.
Y es que los jueces, además de estar sometidos al imperio de la ley, también están sujetos al sentido común, que según el dicho popular es el menos común de los sentidos.
Dicen que los jueces hablan –deben hacerlo o sería deseable que lo hicieran– a través de su autos y sentencias, pero en muchas ocasiones se ha criticado precisamente que usan un lenguaje tan excesivamente técnico y retorcido, a base de ir encadenando oraciones subordinadas una tras otra, que al final el sufrido lector piensa que está reviviendo aquel célebre diálogo de los hermanos Marx de “la parte contratante de la primera parte….”
Por eso, cuando un juez habla alto y claro, con un lenguaje comprensible, es de agradecer. Y esto es lo que parece que puede observarse en las últimas resoluciones dictadas por la juez María Núñez Bolaños, que parece que se está gustando en sus autos de las macrocausas, donde está comenzando a hacer reflexiones plagadas de sentido común y que pueden resultar de interés para los ciudadanos.
Hace no mucho comentaba precisamente las afirmaciones que hizo la magistrada de los ERE y de los cursos de formación respecto a que “los jueces no trabajan con papel, sino con personas”, comentando cómo detrás de cada sumario o expediente judicial hay personas o familias, por lo que criticaba que algunas de las partes personadas utilizaran “maniobras para dilatar o mantener vivo un procedimiento sin ni siquiera discutir o rebatir los argumentos jurídicos de fondo expuestos en la resolución recurrida”.
Antes había criticado en otro auto –en la investigación abierta por los avales y préstamos concedidos por la agencia Idea– las macrocausas que empiezan “la casa por el tejado” y en esta misma resolución rechazó las “peticiones genéricas” de la Fiscalía Anticorrupción y de la acusación popular que ejerce el PP que, a su juicio, no hacían “sino crear mayor complejidad innecesaria en una causa ya de considerable entidad”.
Y en otro auto más reciente todavía, la juez criticó, a la hora de archivar la causa contra cuatro investigados por una pieza de los ERE –entre ellos uno de los denominados intrusos–, que esas personas han sido tratadas como “delincuentes” cuando en realidad pueden ser consideradas como “víctimas de una macrocausa”.
Estas reflexiones, plasmadas en negro sobre blanco en un auto, no han sentado bien a los fiscales delegados de Anticorrupción, quienes esta semana han cargado contra la instructora por usar en sus resoluciones argumentos que tildan de “no jurídicos”.
Los fiscales han recurrido ante la Audiencia de Sevilla el auto de archivo de la juez y en su escrito dedican una reflexión a la prosa de Bolaños, al afirmar que “lamentan” la inclusión dentro de uno de los fundamentos de derecho y “por tanto como apoyo argumental” a la decisión de la instructora de acordar el sobreseimiento, de unas “manifestaciones que por carecer de naturaleza jurídica, no pueden ser objeto de discusión en este recurso, que por ley debe ceñirse a la confrontación jurídica de la cuestión litigiosa”.
Los representantes del Ministerio Público añaden que al tratarse de un recurso que presentan dentro de la causa no pueden caer en la “exposición como apoyo de nuestros argumentos de consideraciones sociales, más o menos afortunadas”.
La verdad es que esta última parte de la reflexión de los fiscales no acaba de entenderse bien. Para empezar, no tengo muy claro que las consideraciones que hace Bolaños sean de índole social –como sostienen los fiscales–, pero es que aunque lo fueran de lo que no cabe duda es que resultan de interés para tratar de transmitir a la opinión pública cuáles son los motivos por los que la juez ha decidido archivar la causa contra estas cuatro personas. Daño desde luego no hacen esos comentarios.
Quizás la Fiscalía está criticando de la juez aquello que precisamente debería hacer si quiere que su mensaje llegue a la sociedad de la forma más clara y eficaz posible. Evidentemente un auto de un juez o un recurso de un fiscal tienen que partir de una base y de una argumentación jurídica, pero eso no quita que los representantes del Ministerio Público expliquen su postura recurriendo a reflexiones como las que por ejemplo utiliza Bolaños en sus autos.
Sería un auténtico avance porque, y lo digo con todo cariño, hay determinados escritos de la Fiscalía que son tan eminentemente técnicos que sólo resultan al alcance de los profesionales del Derecho.
En cualquier caso, las críticas de los fiscales de Anticorrupción a la magistrada de los ERE lo que ponen de manifiesto es que, una vez más, las relaciones entre la juez y los representantes del Ministerio Público no pasan por su mejor momento. Si en alguna ocasión las mismas pudieron ser fluidas, algo que tampoco parece claro a primera vista, estos rifirrafes contribuyen a tensar más aún las relaciones.
Ya no se trata de que la Fiscalía, en el ejercicio de sus funciones y según sus criterios, no esté de acuerdo con las decisiones de la magistrada y decida recurrirlas, sino de que esta acción jurídica pase a segundo plano por las formas que se emplean en el recurso. A buen seguro de que los fiscales delegados de Anticorrupción también lamentan algunas de las interpretaciones de este artículo. Lo bueno, en mi caso, es que contra este artículo no caben recursos ante la Audiencia.

Es delito no someterse a segunda prueba de alcoholemia tras dar positivo

Jorge Muñoz | 31 de marzo de 2017 a las 13:50

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— El Pleno de la Sala del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que inaugura una modalidad de recurso de casación introducida en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2015

 

El Pleno de la Sala II del Tribunal Supremo ha establecido en una sentencia que la negativa del conductor a someterse a una segunda prueba de alcoholemia, tras ser requerido para ello por el agente de la autoridad después de haber dado positivo en el primer test, constituye delito del artículo 383 del Código Penal, que se castiga con una pena de 6 meses a 1 año de prisión la negativa a someterse a las pruebas legalmente establecidas para la comprobación de la tasa de alcoholemia, ha explicado hoy el Alto Tribunal.

La sentencia -que cuenta con votos particulares discrepantes firmados por 6 magistrados- destaca que las dos mediciones de alcohol deben considerarse dos fases de una única prueba, y resalta que la segunda no es sólo garantía de los derechos del conductor, sino también del sistema, por lo que es obligatoria y no potestativa del afectado.

El Supremo ha confirmado la sentencia del Juzgado de lo Penal número 9 de Madrid, luego ratificada por la Audiencia de Madrid, que condenó a un conductor por tres delitos: por la negativa a someterse a  una segunda prueba de alcoholemia a la pena de 6 meses de prisión; por conducir bajo los efectos del alcohol, a pagar una multa de 1.080 euros; y por conducir sin licencia, a multa de 2.160 euros.

Los hechos por los que fue condenado ocurrieron en febrero de 2016 en una carretera de Madrid, cuando el hombre circulaba marcha atrás en una zona de curvas y poca visibilidad. La Guardia Civil le paró,  y el hombre accedió a someterse a una primera prueba de alcoholemia con resultado de 1,02 mg/l en sangre, negándose en rotundo a la segunda medición. El acusado presentaba, entre otros síntomas, habla pastosa y titubeante, incoherencias, repetición de frases o ideas, falta de conexión lógica en las expresiones, comportamiento agresivo, insultante, desinhibido y con una deambulación titubeante, incapaz de mantenerse erguido.

Un asunto de estas características ha llegado por primera vez al Supremo con  la entrada en vigor del nuevo recurso de casación previsto en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2015, ya que hasta ahora el recorrido procesal de delitos menos graves, con penas de hasta 5 años de prisión, terminaba en las audiencias provinciales. De esta manera, el Supremo ha podido unificar doctrina en una materia, como es la de si la negativa a una segunda prueba de alcoholemia integra el delito del artículo 383 del Código Penal, penado con entre 6 meses y 1 año de prisión, donde existían sentencias contradictorias de las audiencias provinciales, ya que unas interpretaban que la negativa a la segunda prueba de alcoholemia era delito, y otras no.

El alto tribunal explica que la negativa a la primera medición es muestra de una rebeldía mayor y por tanto podrá merecer una penalidad mayor. Pero esta apreciación no lleva a expulsar del tipo penal lo que también es una negativa pues la prueba no puede realizarse en su integridad cuando el sometido a ella se niega a su segunda fase, sin la que la prueba no se puede considerar finalizada. También eso es negativa, aunque la gravedad esté atemperada.

“No podemos, sin traicionar la voluntad de la norma, convertir en potestativa una medición que inequívocamente aparece concebida como obligatoria. La comparación con la forma en que se regula la eventual extracción de sangre ofrece una conclusión rotunda. Lo que se quiso dejar sujeto a la voluntad del afectado, se consignó expresamente. El mensaje de la regulación es que el afectado está obligado a someterse a esa segunda medición. La interpretación del art. 383 CP no puede retorcer esa clara conclusión desvirtuando ese mensaje y sustituyéndolo por otro que traslade al ciudadano la idea de que esa segunda medición queda a su arbitrio, sin perjuicio de las consecuencias probatorias que puedan derivarse de su negativa”, explica la sentencia.

Añade que el mensaje no puede ser: la segunda medición no es obligatoria; o bien, solo lo es cuando el afectado no se resigne a la condena por el delito del artículo 379 del Código Penal, que castiga a quien conduzca bajo la influencia de bebidas alcohólicas. La ley establece cuidadosamente los derechos del sometido a la prueba (análisis de sangre de verificación, necesidad de ser informado, comprobación del transcurso de un tiempo mínimo…). No está entre ellos el no acceder a la segunda espiración.

Sin duda en la conformación legislativa del tipo se está pensando en tutelar la seguridad vial. Es ese un innegable objetivo de política criminal inmanente a esa tipicidad. Se alcanza ese propósito blindando con una singular protección penal la autoridad de los agentes que velan por tal seguridad cuando intervienen para comprobar la tasa de alcohol de cualquier conductor, dicen los magistrados.

Votos particulares de seis magistrados

La sentencia cuenta con votos particulares que firman 6 de los 17 magistrados que participaron en el Pleno. Cuatro de estos jueces firman un solo voto particular donde concluyen que cuando se ha realizado correctamente, con dispositivo autorizado, una prueba de alcoholemia que permita comprobar adecuadamente la tasa de alcohol en el sujeto, la negativa a realizar la segunda medición con el mismo o similar aparato no es constitutiva del delito del artículo 383 CP. Otro magistrado, Juan Ramón Berdugo, indica que sólo cuando la negativa a someterse a la segunda prueba entrañe fraude de Ley, intentándose de forma indirecta negar la validez de la primera prueba, esa negativa constituiría el delito del artículo 383 CP, pero no cuando solo suponga una renuncia a ese derecho- garantía prevista a su favor.

El tercer voto es del magistrado Pablo Llarena, que cree que  la negativa de un conductor a efectuar esa segunda prueba, entraña renunciar a su derecho de contrastar el resultado primeramente obtenido. Por ello, ni la renuncia es constitutiva del delito contemplado en el artículo 383 del Código Penal, ni permite cuestionar los resultados de la primera lectura, más allá de los supuestos de inobservancia del régimen de supervisión, calibración y control de los etilómetros, establecido en el régimen regulador vigente en cada momento para estos instrumentos.

Nuevo recurso de casación

Hasta la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2015, los delitos menos graves (penas inferiores a cinco años de prisión) eran enjuiciados por un Juez de lo Penal, y su sentencia sólo podía ser revisada mediante un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial sin posibilidad de acudir al Tribunal Supremo. Eso provocaba que en un buen número de delitos no existiese doctrina uniforme en todo el territorio, pues algunas cuestiones polémicas o no claras, eran interpretadas de forma diversa en distintas Audiencias.

Para atajar esas disfunciones, en 2015 se modificó la ley, implantando un recurso ante el Tribunal Supremo también frente a esas sentencias para discutir exclusivamente problemas de interpretación de las leyes penales, y no temas probatorios. Con eso se quiere crear una herramienta que unifique el entendimiento de la Ley en todos los tribunales inferiores.

Su Señoría no descansa ni el domingo

Jorge Muñoz | 31 de marzo de 2017 a las 2:00

juzgados

Los domingos están hechos para descansar. Para disfrutar de una agradable lectura matutina del periódico en papel –ahora que están tan de moda las ediciones digitales–, para alejarse de la rutina diaria, leer un libro, disfrutar de la familia con una salida al cine, etc… Cualquier cosa menos doblarla, al menos el que pueda, porque hay muchas profesiones que no entienden de días de la semana ni de festivos. Entre estas se encuentran, evidentemente, las relacionadas con la Justicia. Pero una cosa es que estos profesionales se encuentren en servicio de guardia durante el día festivo y otra muy distinta que tengan que trabajar un día que en teoría está destinado al asueto.
La cuestión no es baladí, incluso está recogida en una ley, la del descanso dominical aprobada el 3 de marzo de 1904 por el Gobierno de Antonio Maura y que supuso una auténtica conquista social.
El caso es que una juez de Instrucción de Sevilla ha debido pensar que esa ley, como todas, están para cumplirlas. La magistrada ha dictado una sentencia en un juicio por los ahora llamados delitos leves, en la que lamenta precisamente que se ha visto obligada a redactar dicha resolución en domingo. La sentencia en cuestión se refiere a unas supuestas amenazas de un hombre a otro, cuyo juicio se celebró el pasado 3 de marzo y al que compareció el denunciante pero no el denunciado, a pesar de que éste se hallaba legalmente citado por el órgano judicial.
Lo primero que llama la atención de esta sentencia es el encabezamiento de la misma. Lo normal es que los jueces, desde un juzgado de Instrucción hasta los mismos magistrados del Tribunal Supremo encabecen la sentencia, con el número de la misma, año y, por supuesto, la fecha. Para ello se utiliza un formato estándar que consiste en nombrar la ciudad a la que pertenece el juzgado y por tanto donde se ha celebrado los hechos que han sido enjuiciados.

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Pero en la sentencia comentada, llama precisamente la atención que la leyenda empleada por la magistrada, que recoge lo siguiente: “En Sevilla, a domingo cinco de marzo de dos mil diecisiete”, remarcando precisamente el día de redacción de la misma.
A continuación, la magistrada pasa a describir, siguiendo la estructura habitual de las resoluciones, los “antecedentes” que se han sucedido en este caso y cómo la Fiscalía llegó a pedir la condena del acusado por un delito leve de amenazas con arma, solicitando que se le imponga una pena de multa de dos meses con una cuota diaria de seis euros (360 euros) y la prohibición de aproximarse a 20 metros del denunciante durante seis meses y a un bar.
Pero el antecedente verdaderamente importante es el tercero, donde la juez explica que en la tramitación de la causa se han observado las “prescripciones legales”, incluida los plazos para dictarla, algo que la magistrada reconoce que “se ha logrado dictándola el día de hoy Domingo dada la carga de trabajo que pesa sobre la juzgadora, la cual con ello se ve privada de sus derechos al descanso semanal y a la conciliación familiar”, afirma la juez.
Recientemente fueron los magistrados de lo Mercantil de Sevilla quienes, en otra sentencia, afirmaron que su carga de trabajo es “inhumana” y ofrecían datos de su situación. Es la sentencia como denuncia del colapso judicial.

Isabel Escartín, reelegida presidenta del Consejo Andaluz de Procuradores

Jorge Muñoz | 29 de marzo de 2017 a las 19:05

Isabel Escartín

Isabel Escartín

En el Pleno del Consejo Andaluz de Colegios de Procuradores, celebrado el pasado 17 de marzo, se procedió a la celebración de elecciones, siendo reelegida la actual presidenta y decana del Colegio de Procuradores de Sevilla, Isabel Escartín García de Ceca, por un mandato de dos años de duración.

Completan la nueva ejecutiva del Consejo Andaluz: Fernando Carrasco, como vicepresidente y decano de Jerez, y José Ramón Carrasco Arce y Óscar Alonso García, decanos de Jaén y de Cádiz, respectivamente, como miembros de la comisión permanente.

El compromiso para esta nueva etapa es el de seguir trabajando por la asistencia jurídica gratuita para dignificar la labor del turno de oficio, adaptándolo a las necesidades y reformas procesales, para lo que se está en continua relación con la Junta de Andalucía. Otro de los objetivos es el de seguir colaborando activamente en el proceso de transformación y modernización de la Justicia, donde los procuradores son pioneros en la implantación de las nuevas tecnologías necesarias para ello.

La presidenta ha querido destacar el gran potencial del colectivo de los procuradores colegiados, que están impulsando especialmente la conveniencia de obtención de competencias en materia de ejecución de sentencias y sobre todo en el orden civil. Con ello “pretendemos la satisfacción plena de los derechos reconocidos judicialmente, lo que revertirá en un beneficio para el justiciable y para la sociedad, ya que contribuye al desarrollo económico”, señala Isabel Escartín.

La principal labor del Consejo Andaluz, que aglutina a un total de 2.230 colegiados entre sus 10 colegios territoriales, es la de velar por el buen funcionamiento colegial y profesional para ofrecer una defensa y atención a los procuradores andaluces e igualmente garantizar la prestación de un servicio de alta calidad y con una gran dimensión de carácter público.

Condenada a un año la tuitera Cassandra por humillación a las víctimas del terrorismo

Jorge Muñoz | 29 de marzo de 2017 a las 14:34

La Audiencia Nacional ha condenado a la tuitera Cassandra a un año de prisión por delito de humillación a las víctimas del terrorismo . La Sección Cuarta de lo Penal considera que los 13 comentarios que escribió esta persona en la red social twiter, entre 2013 y 2016 sobre el almirante Carrero Blanco y el terrorismo constituyen desprecio, deshonra, descrédito, burla y afrenta a personas que han sufrido el zarpazo del terrorismo y sus familiares y supone una actitud irrespetuosa y humillante que encaja dentro del delito de humillación a las víctimas. La Sala impone un año de prisión, que es la pena que había solicitado el Ministerio Fiscal, según ha informado este miércoles la Audiencia Nacional.
La sentencia detalla los 13 tuits publicados en twitter desde el perfil “ Cassandra @kira_95” y concluye que no resulta convincente la declaración prestada por la tuitera durante el juicio, cuando intentó situar sus comentarios en tono humorístico y en calve de ironía. Según la Sala, sus frases, adicionadas la mayoría de las veces con elocuentes imágenes, refuerzan aún más su carácter de descrédito, burla y mofa a una víctima del terrorismo, “por más que el atentado sufrido por el entonces presidente del Gobierno del régimen franquista hubiera tenido lugar en 1973”.

Para el tribunal, tampoco sería justo descartar el reproche penal por los 40 años transcurridos desde el atentado a Carrero Blanco, “puesto que la lacra del terrorismo persiste, aunque con menor intensidad, y las víctimas del terrorismo constituyen una realidad incuestionable, que merecen respeto y consideración, con independencia del momento en que se perpetró el sangriento atentado, que por cierto, cegó la vida de otras dos personas, no tan relevantes pero también merecedoras de la misma deferencia”.

La sentencia, ponencia de Juan Francisco Martel desgrana las últimas sentencias del Tribunal Supremo sobre esta materia para concluir que en el presente caso no concurre el “error de prohibición” que alegó la defensa durante el juicio, puesto que la personas juzgada tiene una formación universitaria y un grado de conocimiento y percepción de las cosas que convierte en inimaginable “que no sepa que la conducta que se le atribuye es penalmente reprochable, a pesar de que ignore los concretos requisitos del tipo aplicable”.

Según el tribunal, la propia conducta expresada por el acusado en sus mensajes de texto en twiter “demuestra bien a las claras que conocía la existencia del reproche penal de su conducta, o al menos se lo planteó. Situaciones que constituyen causas excluyentes de la apreciación del error de prohibición”. En resumen, “ se trataba de una persona con cierta cultura que evidentemente sabía que estaba cometiendo hechos patentemente ilícitos”.