Vaya tropa

Jorge Muñoz | 21 de mayo de 2017 a las 2:00

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La fragata Navarra, donde se produjo el robo del lastre.

A los 12 miembros de la tripulación de la fragata Navarra que se llevaron más de 11 toneladas de plomo se les podría aplicar la popular expresión que en su día utilizó el conde de Romanones cuando comprobó que, tras haberse garantizado el voto de todos los miembros de la Real Academia de la Lengua, no recibió ni un solo voto. ¡Joder, qué tropa!, exclamó sorprendido por el resultado, después de que se había trabajado uno a uno el voto de cada académico, que le había prometido y garantizado su apoyo para su designación.
Eso mismo debió de pensar Pedro Morenés, ministro de Defensa en 2012, año en el que se descubrió el saqueo producido en esta fragata, un buque insignia por lo que se refiere en la participación de la Armada española en destacadas misiones internacionales como la operación Libertad Duradera o la Atalanta, de lucha contra la piratería en aguas de Somalia. Sorpresa y lamentos no sólo de Morenés, sino también su sucesora en el cargo, María Dolores de Cospedal, encargada de gestionar esta desagradable herencia que las Fuerzas Armadas han mantenido en silencio hasta ahora. Pocos, más allá de la tripulación de la Navarra, conocían el robo de más de 11.000 kilos de plomo, en lingotes.
De momento, el caso está en manos de la Justicia militar, que ya ha fijado para el mes de septiembre el juicio contra los doce militares y los cuatro chatarreros procesados por delitos contra el patrimonio militar y contra la eficacia del servicio, porque lo cierto es que con esta actuación pusieron en riesgo sus propias vidas y las de sus compañeros, los 214 militares que componen la dotación de la fragata.
El fiscal jurídico militar, el acusador público en la jurisdicción militar, ha pedido penas que oscilan entre el año de prisión y los siete años y medio de prisión, dada la gravedad de los hechos, porque estos 12 militares no sólo están acusados de delitos contra el patrimonio militar –por el robo del plomo para venderlo como chatarra–, sino además de un delito “contra la eficacia del servicio”.
Y es que, sin duda, con su acción originaron un grave riesgo para la seguridad de un buque de guerra, dado que el robo masivo de esos lingotes que formaban parte del lastre de la fragata afectó a la “seguridad de la navegación”, a las condiciones de un buque de guerra en su vida activa, con el consiguiente riesgo para la tripulación que forma parte de esta fragata. Máxime si, como recuerda la Fiscalía, este buque ya presentaba de fábrica “problemas de estabilidad por su propia estructura”, lo que motivó que la falta de peso se corrigiera colocándole más de 109 toneladas de lastre sólido. Y de ese total, la tropa acusada se llevó más de un 10% para sacarse un dinerillo en las chatarrerías de la provincia de Cádiz.
Cuando la Armada descubrió el pufo, tuvieron que comprar de nuevo el plomo sustraído para volver a colocar el lastre y, además, hacer una prueba de estabilidad al buque valorada en más de 87.000 euros para garantizar que la fragata se encontraba en condiciones óptimas para la navegación.
El robo fue descubierto por otros miembros de la tripulación que estaban de guardia y que sospecharon de que sus compañeros sacaran bolsas ocultas que contenían supuestamente “aceite para Carraca”.
La actuación de unas cuantas ovejas negras, aunque en ente caso más parecían un rebaño por el número de implicados, no puede empañar la extraordinaria labor que realizan a diario nuestras Fuerzas Armadas.
España tiene en la actualidad un Ejército que goza de prestigio y de reconocimiento, gracias a la labor que los militares están desarrollando fuera de nuestras fronteras, donde participan eficazmente en un total de 17 misiones internacionales. De hecho, la fragata Canarias intervino el pasado viernes en el rescate en el Mediterráneo de más de 1.600 inmigrantes.

VISTO PARA SENTENCIA

 Lorenzo del Río tranquiliza a los jueces

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El presidente del TSJA se reunió el pasado jueves con los magistrados de las Secciones Penales de la Audiencia de Sevilla, a los que lanzó un mensaje de tranquilidad en relación con la avalancha de juicios que se les avecinan con motivo de las macrocausas que se investigan en los juzgados de Instrucción de Sevilla.

Tras la preocupación expresada por algunos jueces dada la sobrecarga de asuntos que ya soportan, Lorenzo del Río se presentó en la reunión con un compromiso: la creación de una sección bis de la Audiencia, con tres nuevos magistrados, que irán rotando entre las distintas secciones a las que recaigan las macrocausas.

Del Río también avanzó que la intención de los jueces de la Sección Primera, que deben juzgar a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, es señalar el inicio del juicio para finales de este año o principios de 2018.

Aunque todavía quedan algunos meses por delante, el problema son los preparativos que conlleva un juicio como éste y, sobre todo, determinar si la vista oral puede celebrarse en el edificio de la Audiencia, como defiende el presidente, Damián Álvarez, o habría que buscar una sede externa a los juzgados –se podrían alquilar metros en Fibes– durante varios años para celebrar los juicios de los ERE y de las otras macrocausas que están por llegar y que, en algún caso, como ocurre con las irregularidades de Invercaria, está ya finalizando la instrucción de las primeras piezas separadas.

No se cuestiona la capitalidad judicial

Jorge Muñoz | 19 de mayo de 2017 a las 2:00

Lorenzo del Río, presidente del TSJA

El presidente del TSJA, Lorenzo del Río, y el presidente de la Audiencia de Sevilla, Damián Álvarez.

El debate sobre la creación de las Secciones Penales del TSJA de Sevilla y Málaga va camino de convertirse en otro culebrón en el que se está intentando llevar el asunto hacia un conflicto sobre la capitalidad judicial de Granada. Pero es que aquí nadie está cuestionando que Granada sea la sede judicial como establece el Estatuto de Autonomía. De lo que aquí se trata es de respetar un acuerdo adoptado por la mayoría de la Sala de Gobierno del TSJA para “desplazar” las nuevas secciones de Apelación Penal a las provincias de Sevilla y Málaga, provincias que además ya cuentan desde hace muchos años con Salas de lo Social y de lo Contencioso-Administrativo.
Tres asociaciones de jueces –Asociación Profesional de la Magistratura, Jueces para la Democracia y el Foro Judicial Independiente– han pedido al presidente del TSJA, Lorenzo del Río, que defiendan a la Sala de Gobierno ante las “críticas injustificadas”, y han reclamado “respeto” para la decisión de desplazar la sección.
Uno de los opositores a esta medida ha sido el propio Lorenzo del Río, quien entiende que no hay “circunstancias objetivas” para ese desplazamiento y porque así se pueden aprovechar los recursos que ya dispone el TSJA en su sede. Añade el presidente que hasta ahora sólo se han recibido “cuatro recursos” con motivo de la reforma que deja la segunda instancia penal en los procedimientos incoados a partir de diciembre de 2015 en los tribunales superiores de justicia.
Pero lo cierto es que sólo en la Audiencia de Sevilla se prevé que el volumen de recursos alcanzará en el futuro más de 400 casos, a los que habría que sumar las apelaciones que pudieran llegar de otras provincias cercanas, aunque este aspecto aún no está decidido. En ese contexto sí que estaría justificado el desplazamiento de la sección penal a Sevilla.
El consejero de Justicia, Emilio de Llera, apoya el voto del presidente del TSJA –que también avala la Fiscalía Superior–, una decisión que puede obedecer a que para la Junta no tiene el mismo coste crear esas secciones penales en Granada que en Sevilla y Málaga.
Y en el trasfondo está que los jueces de Sevilla y Málaga no quieren perder la expectativa de promocionar al TSJA sin tener que marcharse a Granada, una aspiración perfectamente comprensible. En este conflicto, lo que debe primar es la decisión mayoritaria de la Sala… pese a quien pese.

Primera reunión de la fiscal superior con los fiscales provinciales

Jorge Muñoz | 17 de mayo de 2017 a las 17:30

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Ana Tárrago, con los fiscales jefe de las distintas provincias andaluzas.

La fiscal Superior de Andalucía, Ceuta y Melilla, Ana Tárrago, ha celebrado hoy la primera reunión de coordinación con los ocho fiscales jefes andaluces, tras su toma de posesión el pasado mes de marzo. La reunión se ha mantenido en Granada, en la sede de la Fiscalía Superior de Andalucía , y se han tratado temas de organización interna como la planificación, inspección en las fiscalías provinciales, las relaciones con los operadores jurídicos o la implantación de la nueva oficina fiscal, entre otros temas, con el objetivo de ofrecer una mayor eficacia en la respuesta al ciudadano en la labor del Ministerio Público.

A la reunión se ha incorporado el nuevo fiscal provincial de Granada, Pedro Jiménez Lafuente, que hoy ha tomado posesión de su cargo en un acto celebrado en la Real Chancillería, y que ha ocupado la plaza vacante dejada por Ana Tárrago tras su nombramiento como fiscal Superior. Sólo ha faltado la fiscal jefe de Cádiz que, por motivos de agenda, no ha podido asistir a esta reunión de coordinación en la que periódicamente los fiscales andaluces abordan cuestiones de funcionamiento interno.

La fiscal Superior de Andalucía coordina la labor fiscal de más de 400 fiscales que desarrollan trabajo en ocho Fiscalías provinciales y seis Fiscalías de Área distribuidas en Ceuta, Melilla, Marbella, Algeciras, Jerez y Dos Hermanas.

Un ‘salvoconducto’ para las 85 piezas

Jorge Muñoz | 14 de mayo de 2017 a las 2:00

 

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La juez María Núñez Bolaños, fotografiada en su despacho.

La trascendencia del auto dictado por la Audiencia de Sevilla sobre los ERE quedó eclipsada por la recusación del magistrado Pedro Izquierdo, que ha sido apartado del juicio a Chaves y Griñán por haber sido secretario de Justicia en los gobiernos de ambos. Coincidiendo con esta noticia, la Sección Séptima de la Audiencia dictó esta otra resolución que supone un vuelco en el devenir de la macrocausa de los ERE, al haber apartado al ex director general de Idea Jacinto Cañete de la causa en la que se investiga la ayuda de 880.000 euros concedida a la empresa Bética Industrial porque el tribunal entiende que, como esta persona ya está procesada en la “pieza política”, se ha generado una situación procesal de “duplicidad de procesos sobre los mismos hechos”.
En la práctica y extrapolando esta resolución a los otros ex altos cargos, esto significa que aparentemente sólo habría un solo juicio para cada acusado y estos no tendrían que sentarse en el banquillo en las distintas piezas separadas que se han abierto y se siguen abriendo conforme se van recibiendo los atestados de la Guardia Civil.
La medida beneficiaría sobremanera a los que, en esta sección, hemos denominado los “sospechosos habituales” de los ERE, los ex altos cargos que, por haber intervenido en la concesión de la totalidad de las ayudas, han sido imputados sucesivamente en cada una de las piezas. La juez María Núñez Bolaños, que investiga la macrocausa, mantiene abiertas alrededor de 85 piezas separadas y en la mayoría de éstas figurarían el ex director de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero o el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, dos de los “sospechosos habituales”.
La importancia para la investigación de ese auto, que tiene fecha del 4 de mayo, tendrá que ponderarla ahora la instructora y aquí es dónde surgen más incógnitas que certidumbres. Para empezar porque la Audiencia se está refiriendo únicamente a los 22 ex altos cargos que están procesados en la causa del denominado “procedimiento específico” –a Chaves y Griñán no les afecta porque sobre los mismos no pesan imputaciones en otras causas–, de lo que se deduce que el resto de las piezas continuaría contra el resto de imputados que figuran en las mismas, como los empresarios que recibieron esas ayudas.
Sin embargo, la instructora podría entender que esa duplicidad de hechos advertida por el tribunal afectaría a todos los imputados –incluso a los beneficiarios de las ayudas– y, en consecuencia, podría decidir el archivo de cada causa completa, como hizo en el caso de las ayudas a la empresa Azucareras Reunidas de Jaén –donde no había intrusos y la juez entendía que la ayuda no podía considerarse injusta, con independencia de que el procedimiento empleado para la concesión de las ayudas fuese inadecuado–, que la instructora acabó archivando y que la Audiencia de Sevilla ha reabierto recientemente.
Será interesante conocer la opinión de la Fiscalía Anticorrupción ante este auto que algunos consideran que viene a avalar la tesis que en su día mantuvo la juez Mercedes Alaya sobre la inescindibilidad de la causa y la imposibilidad de su fragmentación en piezas separadas. Alaya argumentaba que la causa de los ERE no podía dividirse, lo que a la larga implicaba celebrar un macrojuicio imposible con la totalidad de los imputados, que podrían superar los 300.
Pero la duplicidad en los hechos ha apreciado el tribunal en el caso del ex alto cargo puede que no beneficie a todos en todas las causas. Me explico. Hay algunas investigaciones que parecen tener una clara diferenciación con respecto a la “pieza política”, como es el caso de las ayudas que el ex director de Trabajo Javier Guerrero gastó en regalos y cocaína, a través de las ayudas que por importe de 1,4 millones concedió su chófer, Juan Francisco Trujillo.
Y lo mismo puede decirse, entre otras, de la pieza en la que se investigan las sobrecomisiones abonadas en las pólizas suscritas para el pago de las ayudas, en la que hay ya 38 imputados por un sobrecoste cuantificado en 66 millones, entre los que se encuentran también Javier Guerrero y su chófer.
Tanto las ayudas al chófer como las sobrecomisiones están diferenciadas claramente del procedimiento específico, las transferencias de financiación y la partida 31L, por lo que pueden quedar excluidas del indulto o salvoconducto concedido por la Audiencia para ser enjuiciados una sola vez.
Pero lo que puede beneficiar a la mayoría de los ex altos cargos imputados, puede perjudicar por el contrario a los cuatro que fueron exculpados a última hora por la Audiencia. Es el caso de los ex viceconsejeros Justo Mañas y Gonzalo Suárez, el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Daniel Alberto Rivera, y el ex director general de Idea Antonio Valverde. Si algunos de éstos aparece en otra u otras piezas distintas sí que podrían ser enjuiciados aunque hayan sido exculpados en el procedimiento específico.
El auto de la Audiencia, en lugar de aliviar las macrocausas parece que va a generar nuevos enredos jurídicos, porque legalmente, como dice el tribunal, ni siquiera se ha podido acordar el archivo, sino “dejar sin efecto” que el proceso se dirija contra el ex alto cargo.

 

 

VISTO PARA SENTENCIA

 

El PP logró quitar al juez de Chaves y Griñán

El presidente de la Sección Primera de la Audiencia, Pedro Izquierdo.

El presidente de la Sección Primera de la Audiencia, Pedro Izquierdo.

*La recusación planteada por los abogados del PP Luis García Navarro y Lourdes Fuster ha logrado apartar al juez Pedro Izquierdo del juicio a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y a otros 20 ex altos cargos en la “pieza política” de los ERE. El magistrado no encajó muy bien la decisión de sus compañeros de la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla de estimar que concurría una causa de recusación, por el interés directo o indirecto en el pleito, tras haber pasado seis años en la Junta de Andalucía, como secretario general para la Justicia. En esta misma página hemos dicho con anterioridad que, si nos atenemos a la ley orgánica del Poder Judicial no existe causa legal para recusar al magistrado, de cuya honestidad y profesionalidad nadie duda. Sin embargo, como reza una máxima judicial, el juez no debe ser sólo independiente e imparcial, sino parecerlo, como señala el proverbio romano sobre la honradez de la mujer del César.

 

El ladrón que pidió un “justificante” del arresto

Ocurrió recientemente en un juzgado de guardia, adonde había sido conducido un detenido por un robo con violencia e intimidación. El arrestado se había mostrado durante toda la comparecencia con una actitud chulesca y cuando el funcionario del juzgado le notificó el auto de libertad, ni corto ni perezoso, le pidió un “justificante” de su estancia en los juzgados.

–¡Qué mejor justificante quiere que el auto de libertad que le acabo de notificar! –replicó el funcionario.

–No me ha entendido, es que quiero un justificante de haber estado en el juzgado de guardia hasta ahora –respondió el detenido con el mismo tono que había mostrado desde su llegada a la sede judicial.

–¡Pues ahí tiene el auto! –insistió el trabajador.

La respuesta enojó al arrestado, quien replicó:

–¡Esto es lo nunca visto!

–Efectivamente, en mis más de 20 años de ejercicio profesional nunca he visto una petición como ésta –zanjó el funcionario.

La ayuda más picante de Invercaria

Jorge Muñoz | 11 de mayo de 2017 a las 2:00

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El catálogo con la “línea erótica” de aceitunas Tatis

Sueño fálico, metrosexual mulata y metrosexual nórdica, lengüetazos, dulces cuernos, polvazos, polvitos y polvazos picantes… ¿Quién diría que una crónica judicial pudiera empezar de esta forma? Pero no se alarmen… Todo o casi todo tiene explicación. Estos nombres aparecen en el sumario de una de las piezas separadas relativas a la investigación de las ayudas y préstamos concedidos por Invercaria, la empresa andaluza de capital riesgo, y forman parte de una innovadora “línea erótica” que la empresa Aceitunas Tatis comercializaba y cuyo catálogo, que aparece en la imagen adjunta, ha sido incorporado a la causa judicial para sorpresa, y por supuesto también cachondeo, de muchos. Y es que Invercaria acabó concediendo un préstamo participativo de 100.000 euros a esta empresa, cuyo catálogo de “banderillas” tampoco tiene desperdicio: desde la banderilla malagueña, vasca, pasando por los rollitos de boquerón o las delicias de pepino.
La defensa de la que fuera administradora de Aceitunas Tatis, con domicilio social en La Carolina (Jaén), ha presentado en el juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, que investiga las presuntas irregularidades de Invercaria, un escrito en el que justifica que el proyecto para el que se concedió ese préstamo participativo “reunía las características de innovador y se incluía dentro de un sector estratégico dentro de la comunidad autónoma de Andalucía”.
El documento aporta cifras macroeconómicas sobre el sector de la aceituna de mesa y destaca la “innovación incremental” que introdujo aceitunas Tatis, al crear un “valor agregado sobre un producto ya existente, agregándole cierta mejora”. Aceitunas Tatis, prosigue la defensa, elaboraba productos totalmente innovadores por su calidad, modo de elaboración, presentación y mercado objetivo. Todos eran productos “gourmet ecológicos” basados en la aceituna y elaborados de modo artesanal, con 60 variedades distintas y la “mayor selección de especialidades con respecto a cualquier otra empresa similar”.
En el marco de esa innovación, añade lo siguiente: “Un aspecto muy importante a tener en cuenta es la presentación de los productos con la creación, incluso, de una novedosa línea erótica que tuvo una magnífica acogida en el mercado nacional e internacional”. “Adjuntamos como prueba gráfica de todo ello, para una mejor comprensión de todo lo dicho, documentos 2 y 3 con los catálogos publicados por Aceitunas Tatis”, añade el escrito aportado por la defensa.
Los productos de Tatis se distribuían, entre otros, en el “hotel Ritz, Hotel Villamagna, Hotel Palace, Asador Donostiarra, cadena Cinco Jotas” y en los mercados gastronómicos San Miguel de Madrid, La Boquería de Barcelona y la Lonja del Barranco de Sevilla.
En la nueva pieza abierta dentro de la macrocausa de Invercaria por la ayuda concedida a aceitunas Tatis –que es la número 15 que se abre–, el juez ha imputado a instancias de la Fiscalía Anticorrupción a cinco personas, entre ellas el ex presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo, los directivos Isabel de Haro y Antonio Nieto Garrido, el ex director de la agencia Idea Jacinto Cañete, y la representante de Aceitunas Tatis, Gracia Rodríguez Cortés.
En el auto en el que se abre esta nueva pieza, dictado en marzo pasado, el juez recuerda que la empresa aceitunera se constituyó el 27 de septiembre de 2004 en La Carolina, con un capital social de 3.060 euros, pero ya en las cuentas anuales de 2006 y en el balance de situación del ejercicio 2008 aparecía un resultado negativo y estaba en “causa de disolución, con una deuda a corto y largo plazo de 450.000 euros”.
A pesar de esta situación, por decisión del presidente de Invercaria se concedió un préstamo participativo de 100.000 euros en junio de 2009, pero “el destino del capital no fue sino el pago a acreedores, sin que respondiera a ningún fin de capital riesgo”. Esta decisión, prosigue el instructor, se tomó por Tomás Pérez-Sauquillo “sin tramitar la ayuda por el procedimiento establecido en la normativa de referencia ni el plan director de la entidad, especialmente el análisis técnico”.  
El juzgado de lo Mercantil de Jaén declaró el 16 de diciembre de 2010 el concurso voluntario de Aceitunas Tatis y ahora el juez que investiga las irregularidades en Invercaria considera que los hechos pueden ser constitutivos de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. De todas las ayudas investigadas por el instructor en las distintas piezas separadas, Tatis es, sin duda alguna, la más picante.

La caseta recortada

Jorge Muñoz | 9 de mayo de 2017 a las 2:00

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La imagen de las registradoras con la pañoleta de la caseta “recortada”.

A muchos notarios no les sentó nada bien que, después de ceder su caseta de feria a los registradores de la propiedad para que celebraran una recepción, se difundiera una imagen con un grupo de jóvenes registradoras a las puertas de la caseta, pero cortando la pañoleta en la que aparecía el logotipo del Notariado. La polémica saltó en la red social twitter, donde varios notarios de diversos puntos del país mostraron su disconformidad con una noticia aparecida en una web donde se hacían eco de la organización, por primera vez, de una recepción institucional, “muy modesta pero muy agradable”, en la Feria de Abril.
El organizador del evento era el decano de Andalucía Occidental del Colegio de Registradores, Juan José Pretel, y la información iba acompañada de una fotografía en la que aparecían 11 registradoras delante de la caseta (del Notariado), a las que se tuvo la diligencia de preguntar si no les importaba que esa imagen se publicase en la revista del decanato andaluz de los registradores. “¡Las once forman un gran conjunto!”, recogía la noticia publicada en internet.
La polémica se desató pronto en la red, una vez que algunos notarios, cuyo colegio había cedido la caseta para este evento particular de los registradores, observaron con sorpresa que la pañoleta de la caseta, donde aparece el símbolo del notariado, había sido recortada en la imagen, lo que impedía que se identificara que se trataba de la caseta de los notarios.
El descontento se resumía así en 140 caracteres: “Muchas de nada por no dar ni las gracias” o “Es la caseta que pagamos todos los notarios y que prestamos para que hicieran esa foto en la que recortan nuestro logo”.

La pañoleta completa de la caseta de los notarios.

La pañoleta completa de la caseta de los notarios.

El enfado provocó la reacción inmediata en la web donde se había publicado la noticia con la foto de las registradoras, que añadió una coletilla final al texto: “La caseta fue cedida amablemente por el Colegio Notarial de Andalucía”.
Y tras este añadido, volvió la calma. Los que se habían calentado criticando el “recorte” de la pañoleta, pasaron a escribir lo siguiente: “Gracias por aclarar una noticia que sé que os viene dada, se nota el señorío, con vosotros aún es posible una concordia muy deseada”.
Fuentes oficiales del Colegio Notarial de Andalucía señalaron ayer que los registradores habían agradecido institucionalmente la cesión de la caseta de feria, en la que se acogió a los registradores pero fueron ellos los que costearon su recepción. Estas fuentes definieron a los registradores como “primos-hermanos de los notarios” y aseguraron que las malas relaciones entre ambos cuerpos “son historia”.

 

 

 

VISTO PARA SENTENCIA

La feria más larga, también para Zoido.

El debate sobre la Feria ampliada está abierto. Hay muchos que se posicionan a favor y en contra de la Feria más larga, en la que Juan Ignacio Zoido, el ahora ministro del Interior –o de Interior, de muy interior, como cada vez es más conocido– y ex alcalde de Sevilla ha estado presente, muy presente. Zoido no sólo ha asistido a numerosas recepciones oficiales durante el puente de los madrileños, sino también en los días siguientes, y ha tenido hasta su particular Lunes de resaca –con este calendario debería haber sido domingo de resaca– para continuar su pertinaz presencia en Sevilla. Juan Ignacio Zoido acudió ayer hasta la localidad de El Pedroso, donde inauguró las nuevas instalaciones del acuartelamiento de la Guardia Civil. Cada vez se parece más al que fuera ministro de Trabajo Javier Arenas, que aprovechaba todos los fines de semana para recalar en Andalucía, sobre todo en Sevilla, donde programaba numerosos actos públicos o del partido.

La colocación de la primera piedra, en 2014.

La colocación de la primera piedra, en 2014.

Las instalaciones que ayer inauguró Zoido fueron objeto de otra visita de su antecesor en el cargo, Jorge Fernández Díaz, el 4 de diciembre de 2014, cuando este último asistió al acto de colocación de la primera piedra de la nueva sede del cuartel de la Guardia Civil en El Pedroso. De la primera a la última piedra, no hay nada como la política de las inauguraciones que tanto gusta a nuestros políticos, sean del signo que sean.
En sus respectivas visitas, Jorge Fernández y Juan Ignacio Zoido, destacaron la reducción de la criminalidad en la localidad.
Zoido recordó ayer que el puesto de El Pedroso se remonta a la época fundacional de la Benemérita, puesto que ya aparecía en la organización de la Comandancia de la Guardia Civil que se publicó el 1 de octubre de 1853, integrado en la línea de Cazalla, junto a los puestos de Alanís, constantina, Lora del Río y Cantillana. Por eso, el ministro subrayó que no conservar y mejorar puestos como el de El Pedroso “sería traicionar una historia de 174 años y cercenar el futuro de las personas y familias de este entorno”.
El ministro, que estuvo acompañado por el director general de la Guardia Civil, José Manuel Holgado, el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Ricardo Gil-Toresano, y por el alcalde de la localidad, Juan Manuel Alejos, transmitió a los guardias civiles que integran este puesto que suponen “una referencia para los vecinos de El Pedroso, un fiel aliado, un amigo y un comodín para situaciones de todo tipo que requieren recursos, psicología y un talento que, en ocasiones, va mucho más allá de lo estrictamente policial”, aseguró Zoido.
Las obras consisten en la rehabilitación de uno de los edificios y la construcción de nuevas dependencias oficiales.

La inauguración ayer de las instalaciones.

La inauguración ayer de las instalaciones.

Desmontando al infiltrado

Jorge Muñoz | 7 de mayo de 2017 a las 2:00

Juzgados del Prado Declaran como testigos el supuesto infiltrado y un camarero en relación con la investigación por falso testimonio a los padres del Cuco

El supuesto infiltrado, Pablo B. R., en los juzgados de Sevilla.

Ni estuvo infiltrado en el entorno de la familia del Cuco ni la información que aportó fue importante para la búsqueda del cuerpo de Marta del Castillo, sino más bien “totalmente irrelevante”. La Policía Nacional ha entregado un demoledor informe en el juzgado de Instrucción número 2 de Sevilla, que investiga un posible delito de falso testimonio del Cuco y sus padres, en el que desmonta la supuesta colaboración que, auspiciada por las cadenas de televisión, se atribuye a Pablo B. R., el supuesto infiltrado en el torno de la familia del joven que fue condenado como encubridor del asesinato de Marta del Castillo.
El informe policial, al que ha tenido acceso este periódico y que firma el comisario jefe de la Brigada Provincial de Policía Judicial, desmonta rotundamente que existiera tal infiltrado, al que atribuye haber ofrecido una información “totalmente irrelevante” y del que sospechan que “sólo pretendía protagonismo”, además de recordar que Pablo B. R. cuenta con un amplio historial que engloba 19 detenciones por delitos que van desde el tráfico de drogas, la estafa, la falsificación de documentos, robo con fuerza, detención ilegal, contra los derechos de los trabajadores, amenazas y prostitución.
El informe sostiene que este individuo era conocido por los investigadores del caso Marta del Castillo como una de las “múltiples personas que a lo largo de la investigación se prestaron a facilitar información sobre el caso, la inmensa mayoría de ellas videntes, oportunistas y desequilibrados que eran rápidamente detectados y descartados”.
Dice la Policía que para poder calificar el “perfil ético” del supuesto infiltrado se facilitaron los antecedentes policiales que obran en los archivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, y que se recogen en esas 19 detenciones por distintos delitos.
Los investigadores del caso, prosigue el informe, mantuvieron varias entrevistas con Pablo B. R., quien les facilitó información “totalmente irrelevante” para el caso, hasta el punto que los agentes decidieron interrumpir definitivamente las entrevistas, puesto que “se centraban únicamente en imaginaciones e hipótesis que circulaban en aquellos tiempos en el ámbito popular, llegando esta instrucción a pensar que el citado individuo sólo pretendía protagonismo”.
Los investigadores citaron a Pablo B. R., que compareció con su abogado, y al ser requerido para que aportase las pruebas que pudiera tener relevantes o no para localización del cuerpo de Marta del Castillo, les dijo que declararía y las aportaría sólo al juez. La Policía deja constancia de que estas entrevistas se llevaron a cabo una vez que había finalizado la causa judicial, y se había condenado a Miguel Carcaño como autor del asesinato de Marta.

Juicio padres del CUCO.

El supuesto infiltrado y la madre del Cuco, en el juicio por quebrantamiento.

El informe deja claro que ni estuvo infiltrado en el entorno de la familia de Javier García Marín ni colaboró con la Policía en la investigación. “En ningún caso Pablo B. R. participó colaborando en la investigación del asesinato de Marta del Castillo, las grabaciones que se le solicitaron en septiembre de 2015 a raíz de su aparición en los medios de comunicación a los que sí se las facilitó, no las entregó a la Policía Nacional”, asevera el informe.
El supuesto infiltrado y el padre de Marta, Antonio del Castillo, entregaron las grabaciones realizadas a los familiares del Cuco en el juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla, que mantiene abierta una pieza separada para la búsqueda y localización del cuerpo de Marta del Castillo. El juez encargó a la Policía que analizara los dos CD entregados, que contenían 103 conversaciones, con una duración total de 8 horas, 41 minutos y 9 segundos. Tras escudriñar esas grabaciones, la Policía ha concluido que “no se observó ningún dato que guardara relación con la localización del cuerpo de Marta”.
El juez de Instrucción número 2 de Sevilla, Carlos Mahón, había solicitado a la Policía, en una prueba propuesta por la defensa de los padres del Cuco, que se acreditara si Pablo B. R. estuvo “infiltrado” en el entorno de la familia. Aesta pregunta, la Policía ha reiterado que se le conoció como al resto de “videntes, oportunistas y desequilibrados” que habían ofrecido informaciones irrelevantes.
Al inicio del informe, la Policía detalla al juez cómo conocieron las grabaciones realizadas por el supuesto infiltrado y así explica que el 14 de septiembre de 2015 comunicaron al juez que sigue buscando el cuerpo que una cadena de televisión había emitido una serie de entrevistas en las que “un individuo que aparecía encapuchado y sin identificar”, junto al padre de Marta, Antonio del Castillo.
La Policía consideró entonces oportuno realizar gestiones para la plena identificación del “encapuchado” y así poder citarlo, además de requerirle que aportara las supuestas pruebas que manifestaba poseer que pudieran facilitar la localización del cadáver de la joven sevillana asesinada el 24 de enero de 2009.
Los investigadores citaron al padre de Marta y le pidieron los datos del supuesto infiltrado, añadiendo que “conoció a este individuo una vez celebrado el juicio del caso y que se lo presentó un periodista llamado Nacho Abad en un hotel de Sevilla a media noche y que después de esa entrevista tuvo varios contactos con este individuo”.
El padre de Marta consideró “importante” los datos que le había facilitado Pablo B.R. y decidió visitar al juez para transmitírselos. La Policía pidió a Antonio del Castillo que aportara las pruebas o evidencias que éste le hubiera facilitado y que pudieran ser relevantes para la localización de su hija, pero el padre manifestó que no las tenía.
La Policía ya se refirió a Pablo B. R. con motivo del juicio que se celebró contra él y contra los padres del Cuco por haber quebrantado la orden de alejamiento que impedía al entonces menor acercarse a la familia de Marta.
En ese juicio, que tuvo lugar en enero de 2016, los agentes del Grupo de Menores (Grume) fueron también rotundos al afirmar que el supuesto infiltrado no es más que un “delincuente”, al tiempo que añadieron que los datos aportados a la investigación sólo fueron “paparruchás”.
Los dos agentes que comparecieron en esa vista oral coincidieron en señalar que “no era del todo creíble” lo que les aportaba y siempre carecía de relevancia.
Por su parte, Pablo B. R. dijo en ese juicio que un coche policial camuflado les seguía y que el control estaba previsto, llegando a añadir que la Policía instaló una “radio-baliza” para controlar el vehículo en el que viajaban él, el Cuco y sus padres, algo que la Policía rechazó igualmente.
Los padres del Cuco y el supuesto infiltrado fueron condenados tras ese juicio a pagar una multa de 2.520 euros por quebrantar la orden de alejamiento que pesaba sobre el joven.
El juez de Instrucción número 2 de Sevilla también acordó, a petición de la abogada de los padres de Marta, que prestasen declaración dos testigos que se hallaban en el bar La Portada en el que estuvieron los padres del Cuco la noche del crimen.
Con anterioridad, el camarero del bar y el supuesto infiltrado dijeron que los padres estuvieron entre las doce de la noche y las cuatro de la mañana en el local, lo que desmontaría la coartada del Cuco.
El juez de Instrucción número 2 de Sevilla también había pedido a la Policía Nacional que se pronunciara sobre si en algún momento los investigadores se habían entrevistado con el camarero del bar La Portada, dado que el agente no había declarado durante la fase de instrucción de la causa ni tampoco en el juicio que se celebró en la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla.
Sobre este particular, el informe de la Policía señala que no hay dato de la persona que se identifica como camarero del bar laPortada, “al no haberse tomado declaración como testigo en ningún momento de la instrucción llevada a cabo por el juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla”, que es el que investigó desde el principio el asesinato de Marta del Castillo.
Este es el primer informe que el juez ha pedido a la Policía sobre el supuesto infiltrado, pero aún está pendiente la llegada de otro que se solicitó al Grupo de Menores (Grume) de la Policía Nacional, a quien el instructor también ha pedido que se pronuncien sobre los “términos de la colaboración” del supuesto infiltrado en la investigación. Pero a la vista de lo que ya declararon los agentes en el juicio por el quebrantamiento, todo apunta que tampoco será favorable respecto a la credibilidad de este testigo. El Grume también tendrá que pronunciarse sobre el “valor” que las grabaciones aportadas tuvieron para la investigación.

De las macrocausas al caos

Jorge Muñoz | 30 de abril de 2017 a las 2:00

UNA SALA PRESIDIDA POR UN EX ALTO CARGO ENJUICIARA A CHAVES Y GRI?AN

Los jueces de la Audiencia de Sevilla están preocupados, unos más que otros, por las consecuencias que pueden acarrearles la avalancha de más de un centenar de juicios –hay quien apunta que podrían ser incluso más de 200– que van a tener que celebrar en los próximos años, derivados de las causas de las denominadas causas de “especial complejidad”, entre las que se encuentran las macrocausas de los ERE y de Invercaria, o los cursos de formación.
De momento, la Audiencia sólo ha recibido dos piezas de los ERE, que serán enjuiciadas por las Secciones Primera –la del denominado procedimiento específico, que sentará en el banquillo a los ex presidentes Chaves y Griñán y a otros 22 ex altos cargos– y Tercera –la ayuda concedida a la empresa Surcolor-Surcolor Óptica, donde hay otros 16 procesados–.
Pero a pesar de que sólo han llegado estas dos primeras piezas, ya se han encendido las primeras luces de alarma entre los jueces, sobre todo porque, según explican algunos, desde los órganos de gobierno, como el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), aún no han propuesto ninguna medida de refuerzo.
Fuentes judiciales apuntan que “lo ideal” sería que el presidente de la Audiencia de Sevilla, Damián Álvarez, presentara un informe sobre la situación que se avecina ante el aluvión de macrocausas a enjuiciar y en el que, para empezar, se designara dónde se van a celebrar estos juicios que, en algún caso, superan la treintena de imputados.
Damián Álvarez apuntó recientemente que cree el juicio de Chaves y Griñán podría celebrarse en la sede de la Audiencia, pero otras fuentes apuntan a que no sería factible porque la vista oral está previsto que se prolongue durante meses y además tendría que utilizarse la sala que ahora se emplea para los juicios con jurado, lo que supondría otro hándicap.
Una buena programación y una organización “al milímetro”, como la que efectuó la Audiencia de Málaga con motivo del juicio de la operación Malaya, que además coincidió con la celebración de otras macrocausas, es la única opción para evitar el caos.
Y en esa organización, resulta fundamental conocer en primer lugar si los juicios podrán celebrarse en el edificio de la Audiencia o habrá que buscar una sede alternativa para los juicios derivados de las macrocausas.
Pero la preocupación principal de los jueces de la Audiencia es la saturación que estos juicios supondrá en unas salas ya de por sí sobrecargadas de trabajo, como demuestran las estadísticas.
Las cuatro secciones penales (Primera, Tercera, Cuarta y Séptima) recibieron hasta diciembre pasado 7.635 asuntos, de los cuales la Cuarta recibió 2.108; la Primera, 1.861; y 1.833 las secciones Tercera y Séptima. Hasta el pasado 25 de abril, en estas cuatro secciones se repartieron 2.721 asuntos, con lo que la proyección a 31 de diciembre próximo apunta a que la Audiencia recibirá 8.489 asuntos, lo que supone 854 más que el año anterior. Así, la Sección Cuarta asumirá 2.617 asuntos (un 24,2% más); la Séptima, 2.065 (un 12,7% más); Primera, 2.018, (un 8,5% más); y la Tercera, 1.788, lo que supone un 2,5 menos, aunque hay que tener en cuenta que en esta sección uno de los magistrados está exento del 50% del trabajo por un problema de salud.
Cada sección penal tiene actualmente cinco magistrados (20 en total) y la carga máxima asignada a cada juez de la Audiencia, según el módulo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), es de 316 asuntos al año, por lo que las previsiones apuntan a que cada magistrado recibirá a final de este año 435 asuntos, superando el máximo del módulo en un 37,8%.
En esta situación, sin contar los juicios de los ERE y de Invercaria, los jueces advierten de que no pueden sacar adelante el trabajo que tienen ahora, por lo que en el futuro será aún peor.
Además, consideran que la situación empeorará cuando la Sección Primera celebre el juicio de Chaves y Griñán, por cuanto este tribunal tendría que ser eximido durante un tiempo del reparto de asuntos para compensar la carga de trabajo, lo que aumentará el volumen de asuntos de las otras secciones penales.
Cabe la posibilidad de aumentar todas las secciones con un magistrado más de refuerzo, con lo que cada una tendría seis magistrados y esto podría hacer que se conformaran dentro de cada sección dos tribunales de tres magistrados: uno de los cuales podría dedicarse a los juicios de las macrocausas y el otro al resto de asuntos.
Esta solución tampoco sería la mejor, por cuanto supondría que el trabajo que actualmente están haciendo cinco magistrados de cada sección pasarían a hacerlo sólo tres, con todo lo que ello supone de más saturación.
Y todo ello, sin contar, las posibles bajas por enfermedad, como ocurre ahora con un juez de la Sección Primera, lo que ha obligado a sustituirle por otro juez en un jurado que debe celebrar pronto, y también provocará que sus nuevos asuntos se repartan entre otros jueces de su sección.
Pero la llegada de las macrocausas plantea además otros problemas que harán necesaria esa organización “milimétrica” de los juicios porque, como muchas de las vistas se componen de piezas separadas de una misma macrocausa, pueden producirse conflictos a la hora de fijar los juicios, dado que pueden coincidir no sólo los mismos imputados en esos procedimientos diferentes, sino también los mismos abogados defensores.
Un ejemplo. Si el primer juicio que se fija, como todo parece indicar, es el de Chaves y Griñán, no se podrán celebrar más juicios de piezas de los ERE hasta que este proceso finalice, dada esa coincidencia de investigados y abogados. Para complicar aún más el rompecabezas, se da la circunstancia de que algunos de los imputados y los abogados también son los mismos que aparecen en otras piezas de Invercaria, con lo que también tendría incidencia a la hora de señalar las vistas orales.
Esto conduce a que será necesaria una labor casi de cirugía con ese calendario de señalamientos o de lo contrario algunas de las causas podrían tardar años en ser enjuiciadas.
Si no se actúa de manera urgente, las macrocausas podrían provocar el colapso de la Audiencia, el caos, y habría que acudir, como ha sucedido otras veces, al esfuerzo individual de los jueces para salvar, de nuevo, la imagen de la Justicia.

Ayudas justas, no delictivas

Jorge Muñoz | 29 de abril de 2017 a las 2:00

Juzgados del PradoMovida por el caso de los ERE Habra que estar hasta las doce y algo para hacer varias cosas, incluido fotos a la juez Maria Nu?ez Bola?os para renovar el archivo

La juez María Núñez Bolaños llega a los juzgados. Foto: Juan Carlos Vázquez.

Hace tan sólo unos meses, en octubre pasado, la juez de los ERE, María Núñez Bolaños, abrió un debate muy interesante para el devenir de la investigación de las macrocausas. La juez decidió archivar entonces la primera pieza de los ERE no porque las ayudas concedidas en su día hubieran prescrito, sino porque no apreció que en las mismas se hubiesen cometido los delitos de prevaricación y malversación que han marcado la instrucción desde el inicio. En ese auto, dictado el 11 de octubre, Bolaños archivó la causa relativa a las ayudas de 1,3 millones concedidas a la empresa Azucareras Reunidas de Jaén porque la ayuda no era “injusta” y además en la misma no aparecen intrusos, con independencia de que el procedimiento empleado en la tramitación pudiera ser inadecuado.
Ese auto ha sido ahora revocado por la Audiencia de Sevilla, que ha ordenado a la magistrada que siga investigando esta ayuda porque entiende que hay una “patente apariencia” de que se han cometido los delitos de prevaricación y malversación de caudales.
La Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, encargada de los recursos, tenía en sus manos la posibilidad de poner coto a la investigación expansiva que en su día realizó la anterior instructora, Mercedes Alaya, con el amparo de la Fiscalía Anticorrupción. La cuestión no es nueva y su autoría no puede atribuirse en exclusiva a la juez Bolaños, dado que el magistrado Alberto Jorge Barreiro, que en su día instruyó en el Tribunal Supremo la causa de los ERE cuando Manuel Chaves y José Antonio Griñán eran aforados, ya lo expuso claramente en uno de sus autos.
Decía el juez Barreiro que el hecho de que las subvenciones de los ERE sean “nulas por haber infringido el ordenamiento jurídico, no significa que todo el dinero concedido con cargo a ese programa presupuestario haya sido defraudado en perjuicio del erario público”. El magistrado añadía que “un porcentaje de las subvenciones ilegalmente concedidas habría que concederlas también en el caso de que la concesión fuera legalmente tramitada”.
La propia Audiencia de Sevilla reconocía recientemente en uno de sus autos que tras estallar el escándalo de los ERE, la Consejería de Empleo inició un plan para recuperar los pagos indebidos que dio lugar a 69 informes referidos a 70 empresas, donde se analizaron 322 pólizas que afectaban a 5.982 personas, de las cuales “72 nunca habían trabajado para las empresas beneficiarias de las ayudas y otras 54 no cumplían los requisitos mínimos para ser beneficiarios de dichas ayudas”. Es decir, de unos 6.000 trabajadores, las supuestas ilegalidades se reducen a 126 personas, que habrían percibido más de 12 millones de euros, que ya son objeto de reclamación, frente a los 741 millones –la totalidad– en que cifra el fraude la Fiscalía Anticorrupción.
La Audiencia ha cerrado ahora el debate, al confirmar de nuevo las tesis de Alaya de que todas las ayudas son ilegales porque parten de un procedimiento inadecuado. Da igual todo lo demás, que no haya intrusos, que la empresa pudiese haber recibido esa ayuda, etc.
La juez Bolaños aún no ha tomado ninguna decisión tras recibir el atestado de Heineken, pero visto el auto dictado ayer por la Audiencia, pocas posiblidades hay de que se produzcan nuevos archivos. En el caso de Heineken sorprende además que la Guardia Civil haya introducido delitos como el de administración desleal.

El voto particular de Lorenzo del Río contra las Salas de lo Penal de Sevilla y Málaga

Jorge Muñoz | 28 de abril de 2017 a las 13:33

Este es el voto particular del presidente del TSJA, Lorenzo del Río, contra el acuerdo de la Sala de Gobierno para crear las salas de lo Penal desplazas en Sevilla y Málaga, y al que se adhirieron los magistrados María Luisa Martín Morales, Lourdes Molina García y José Luis López Fuentes. 

El presidente del TSJA, Lorenzo del Río.

El presidente del TSJA, Lorenzo del Río.

“El Real Decreto 229/2017, de 10 de marzo, dota de plazas de magistrados en órganos colegiados para hacer efectiva la segunda instancia penal, al tiempo que crea Secciones de Apelación Penal en los Tribunales Superiores de Justicia de Cataluña, de la Comunidad de Madrid y de Andalucía, Ceuta y Melilla. La especificidad, en este último caso, radica en crear dos Secciones, cuya sede y circunscripción territorial serán las propias de la Sala de lo Civil y Penal del TSJA, junto a la previsión que efectúa en su Preámbulo relativa a la posibilidad de que, una vez creadas las mismas, el Consejo General del Poder Judicial pueda acordar su desplazamiento a otra sede, a petición de la Sala de Gobierno y según lo establecido por el artículo 269.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio.

La Sala de Gobierno de este TSJA considera, y así lo ha acordado mayoritariamente, que deviene necesario desplazar la sede de ambas Secciones de apelación penal, de forma la dotación de 6 plazas de magistrado para el TSJA se distribuya inmediatamente de la siguiente forma: 3 plazas en Málaga y 3 plazas en Sevilla, constituyendo 2 Secciones desplazadas de apelación penal.

Entiendo, por el contrario, que no concurren circunstancias objetivas que justifiquen esta decisión en el momento presente, ni contribuye a una mejor administración de la justicia, sino que responde a lógicas e intereses de carácter territorial o local, más que a necesidades reales de organización judicial y optimización de recursos. Por ello, formulo voto particular al referido Acuerdo, que baso en las consideraciones siguientes:

PRIMERO.- Debo referirme, en primer lugar, a la base legal que posibilitaría la efectividad del Acuerdo adoptado por la Sala de Gobierno, y que el propio Real Decreto 229/2017 indica en su Preámbulo, cual es la disposición del artículo 269.2 LOPJ, cuya génesis y finalidad no parece obedecer a un desplazamiento de los Juzgados, o las Salas o Secciones de los Tribunales, con vocación de permanencia,

sino a la necesidad de dar respuesta a contingencias puntuales o específicas, con una mayor o menor duración en el tiempo, pero determinantes, en cualquier caso, de un desplazamiento no definitivo, aunque repetido periódicamente, e incluso esporádico.

Por otra parte, y esto me parece esencial destacarlo, al margen de la procedencia legal de acordar un desplazamiento de carácter permanente al amparo de este precepto, una decisión en ese sentido debe adoptarse en función de las circunstancias concurrentes o del buen servicio de la Administración de Justicia, pues constituye la premisa y punto de partida de los preceptos habilitadores. Pienso, como ya he apuntado, que en este momento sería una decisión prematura e injustificada, ya que ni las circunstancias concurrentes ni el buen servicio de la Administración de Justicia aconsejan tomar la decisión inmediata de desplazar la sede de las Secciones de apelación penal creadas en el seno de la Sala Civil y Penal del TSJA, por las razones que expongo seguidamente:

A) Hasta la fecha se han recibido en la Sala Civil y Penal cuatro recursos de apelación contra sentencias dictadas en primera instancia por Audiencias Provinciales, lo que denota que la entrada de asuntos va a producirse de forma progresiva, sin posibilidad inmediata de realizar una previsión cierta sobre el momento en que se alcanzará la carga de trabajo definitiva – o probable- en cada parte del ámbito territorial de este TSJ. Y no debe olvidarse que el artículo 76.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial condiciona el desplazamiento de la sede de las secciones de apelación a la necesidad derivada del número de asuntos, lo que no sucede en este momento, aún cuando pueda presumirse que sucederá. Esta propuesta no contradice el Acuerdo de esta Sala de Gobierno de 19 de abril de 2016 que no fue adoptado por unanimidad, sino por mayoría, y que, además, contemplaba y proponía un escenario diferente al que nos encontramos.

Por ello, la lógica aconseja que la efectividad y entrada en funcionamiento de las nuevas plazas de magistrados creadas por el Real Decreto 229/2017 se haga de forma escalonada, en función de la previsible entrada de asuntos y la propia evolución real de la carga de trabajo. En este sentido, lo conveniente o aconsejable sería constituir una primera Sección de apelación penal en el seno de la Sala Civil y Penal del TSJA, compuesta por un Presidente y dos Magistrados, sin llevar a cabo desplazamiento alguno de su sede, sin perjuicio de lo que pueda resultar conveniente en un futuro.

B) La inicial puesta en funcionamiento de las Secciones de apelación puede hacerse con recursos existentes en la sede del TSJA, ya que la actual Letrada de la Administración de Justicia de la Sala Civil y Penal puede asumir, conjuntamente, la responsabilidad de la Sección de apelación penal y el incremento de la nueva carga de trabajo, a lo sumo con un pequeño aumento de funcionarios. No sería necesario, por tanto, incrementar exponencialmente los recursos para constituir esas dos sedes desplazadas, ni crear dos nuevas Secretarías con funcionarios en las mismas, ni crear dos plazas de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) – uno para cada sede desplazada-. Además, la sede del Tribunal Superior cuenta ya con infraestructura disponible y preparada, en concreto varias dependencias sin uso, reservadas a tales fines por la Administración competente tras el traslado de la Fiscalía Superior.

C) El desplazamiento de sede inmediato de las dos Secciones de apelación penal constituirá un impedimento para la formación ordenada de un nuevo escalón intermedio de jurisprudencia penal, al disgregar territorialmente un órgano llamado a cumplir una función integradora y unificadora de criterios interpretativos de las normas penales, dada la actual configuración del recurso de casación penal.

D) Debe valorarse, además, que constituir la Sección de apelación penal en la propia sede del TSJA permite otras potencialidades organizativas, no sólo por las peculiaridades que presenta este Tribunal desde el plano gubernativo y jurisdiccional (con importante estadística en temas de arbitraje, jurado y aforados), sino también por la necesidad de formar Sala con Magistrados distintos al instructor y la problemática de las sustituciones internas por diversos motivos justificados (permisos, licencias, bajas por enfermedad, posibles abstenciones de los nuevos Magistrados, etc.), que obligan en la actualidad a recurrir siempre a Magistrados integrantes de la Sala de lo Social o de lo Contencioso; es más, todo ello será también importante tenerlo en cuenta ante lógicas situaciones de imposibilidad para formar Sala cuando los recursos provengan del previsible destino anterior en Audiencias Provinciales de los nuevos integrantes de las Secciones de apelación penal. Y, del mismo modo, cuando deban ser sustituidos ante cualquier tipo de contingencia que determine su ausencia, deberán serlo por Magistrados con destinos en las Salas de este TSJ, de la misma sede, pertenecientes a otros ordenes jurisdiccionales.

E) La distancia para el justiciable o los profesionales no es una circunstancia ni argumento que, en este caso, pueda justificar el desplazamiento de la sede de las Secciones de apelación, pues el recurso de apelación penal que se ha instaurado es de tramitación escrita. Todas las actuales competencias de la Sala Civil y Penal – jurado, arbitraje, procesos penales de aforados, etc.- recogen una regulación procedimental que exige desplazamiento de las partes y profesionales hasta la sede del TSJA y vistas orales obligatorias ante la Sala. Por el contrario, esto sólo ocurrirá excepcionalmente en la regulación procesal de la segunda instancia penal, conforme al artículo 846 ter, párrafo tercero, LECriminal, que remite a las normas del procedimiento abreviado, el cual tiene tramitación exclusivamente escrita, salvo los casos limitados de admisión de prueba que requieran celebración de vista. No sólo eso, sino que se han introducido modificaciones hacia un sistema de apelación más restrictivo, de forma que para las partes acusadoras únicamente cabe la nulidad de la sentencia y, en tal caso, se devolverán las actuaciones al órgano que dictó la resolución recurrida (art. 790.2.2).

En este contexto, tampoco es baladí recordar que las nuevas aplicaciones informáticas y el nivel que está alcanzando el desarrollo del expediente digital en la Comunidad Autónoma permite transferir electrónicamente los asuntos, lo que que no justifica en absoluto la decisión inmediata de duplicar sedes de apelación penal en otras ciudades, cuando todo el procedimiento se podrá remitir y consultar de manera telemática, al tiempo que no se exige desplazamiento de las partes ni de los Letrados ni Procuradores.

F) También debe recordarse la importancia de valorar la incidencia en la Fiscalía Superior de Andalucía, cuya sede coincide con la de este TSJA, que se verá afectada claramente con una dispersión territorial de sedes para la segunda instancia penal, cuando, por el contrario, sus actuales recursos unificados (personales y materiales) están perfectamente preparados y diseñados para el conocimiento de estos recursos de apelación penal en la sede de la Sala Civil y Penal, junto al resto de actuales funciones de esta misma Sala.

La materialización del Acuerdo adoptado por al Sala de Gobierno, obligará, por tanto, a plantear de la misma forma la dispersión de la Fiscalía Superior, con el coste económico correspondiente.

G) No considero que pueda anteponerse a los razonamientos hasta ahora expuestos, “la legítima expectativa profesional de aquellos magistrados destinados en lugares distantes a la sede de Granada que, por el contrario, están cercanos a las sedes de Málaga o de Sevilla” o “la propia existencia de otras salas del TSJ en las sedes de Málaga y de Sevilla”. En el primer caso, porque una expectativa, aunque sea legítima y, por tanto, respetable, no deja de ser eso, una expectativa, que además es de índole estrictamente personal y entiendo que una decisión de esta trascendencia sólo puede basarse en necesidades de buen gobierno y en aras a una mayor eficacia en la prestación del servicio. Además, la creación de esas expectativas necesariamente implica la frustración de otras.

Tampoco la existencia de Salas ya desplazadas en este TSJA es un argumento que pueda servir, a mi juicio, para sostener el Acuerdo adoptado, puesto que las circunstancias que ahora concurren en cuanto al volumen de asuntos a conocer en apelación en el orden penal, no resiste comparación alguna con la sobrecarga existente en el momento en que crean las Salas desplazadas de lo Social y de lo Contencioso Administrativo. En esos casos, el volumen de asuntos sí aconsejaba la creación de sedes desplazadas y un número considerable mayor de magistrados, y así se hizo, mediante la oportuna previsión en la Ley de Planta y Demarcación judicial. Por otra parte, no es previsible que el registro en las Secciones de apelación llegue a ser equiparable al de las Salas desplazadas.

SEGUNDO.- En segundo lugar, el Acuerdo adoptado por la Sala de Gobierno es contrario a las demandas organizativas que se vienen planteando desde los distintos órganos de gobierno del Poder Judicial y a las propuestas que, de lege ferenda, vienen siendo objeto de debate en los últimos tiempos y que, en general, reclaman un cambio profundo en la organización judicial para optimizar nuestros recursos personales, con el consiguiente cambio de mentalidades, abriendo otras perspectivas de futuro. En esta línea, las palabras clave son concentración y colegiación, frente a dispersión e individualidad. Así, todas las novedosas propuestas organizativas buscan superar la actual atomización de la organización judicial, en aras a aprovechar los actuales recursos personales y las infraestructuras judiciales, pero con mayor eficiencia y eficacia.

Precisamente, los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, en su reunión del año pasado, alcanzaron por unanimidad dos conclusiones en este sentido: a) “replantearse la actual distribución territorial de órganos judiciales, para ajustarla a una realidad en la que la proximidad física de los Juzgados a los ciudadanos ya no sea el criterios fundamental de planificación”, b) “necesidad de reformar la estructura organizativa judicial hacia una colegiación de los órganos jurisdiccionales unipersonales con el fin de mejorar la distribución del trabajo y compartir recursos e información, reduciendo así los costes”.

Y, en igual sentido y orientación, deben citarse las propuestas de las últimas Jornadas nacionales de Jueces Decanos: 1.d) “mapa judicial. Concentración territorial. Las dificultades derivadas de la distancia entre sedes judiciales hoy son muy diferentes de las existentes hace 200 años y ello requiere redistribuir el mapa judicial y concentrar sedes. En suma, el concepto de “proximidad judicial” tiene ya poco que ver con la distancia física…”, 1.e) “Organización de los tribunales. Colegiación organizativa. Como medida complementaria de la anterior, es necesario cambiar el sistema de organización interno de los órganos judiciales superando el concepto de Juzgado-isla separado y numerado y tender a la nueva organización que suponen los Tribunales Colegiados, ya existentes en otros países…”

Por tanto, la medida que estamos cuestionando -constitución inmediata de dos Secciones de apelación desplazadas en el ámbito del TSJA-, está en contradicción con el sentido de las reformas organizativas de nuestra justicia, a que aspiran la mayor parte de los colectivos jurídicos, y que confluyen en la necesaria concentración territorial y la colegiación de órganos judiciales, que permitirían incrementar nuestros niveles de eficacia y la mejor optimización de ciertos órganos.

TERCERO.- En resumen, entiendo, y así quiero manifestarlo en este Voto Particular, que el desplazamiento de la sede de las Secciones de apelación penal del TSJA que propone la Sala de Gobierno: a) responde a lógicas e intereses de carácter local o territorial, más que a necesidades reales de organización judicial y optimización de recursos; b) constituirá un impedimento para la formación ordenada de un nuevo escalón intermedio de jurisprudencia penal, al disgregar territorialmente un órgano llamado a cumplir una función integradora y unificadora de criterios interpretativos de las normas penales; c) supondrá un gasto innecesario de recursos económicos, materiales y personales; y d) en todo caso, es una decisión precipitada, no necesaria en el momento actual.

Además, no parece conveniente por el momento la división territorial, ni distribuir de inmediato en varias sedes la competencia para conocer de recursos de apelación penal, porque ello genera un riesgo cierto de aparición de desequilibrios competenciales y situaciones disfuncionales en la organización y funcionamiento antes comentadas (por ejemplo, formar Sala, reuniones para unificación de criterios y coordinación prácticas procesales, sustitución entre magistrados titulares, regulación magistrados suplentes, abstención y recusación, etc.), sin olvidar la difícil determinación a priori de los concretos ámbitos territoriales competenciales, dentro de la actual circunscripción de la Sala Civil y Penal de este Tribunal Superior de Justicia.

En definitiva, la medida más idónea y razonable con carácter inmediato sería la constitución de Secciones de apelación en el seno de la Sala Civil y Penal de este TSJA, sin desplazamiento de su sede, fórmula que garantiza una mejor eficiencia y gestión de recursos en el comienzo de estas nuevas funciones de apelación, asegurando una unidad de criterio y seguridad jurídica, así como también un equilibrio competencial en la distribución de asuntos.

Todo ello, sin perjuicio de que pueda valorarse de futuro la conveniencia de desplazar alguna o todas las secciones de apelación, siempre que ello se vislumbre como solución ante las circunstancias concurrentes o para la mejora de la administración de la justicia. Así, incluso, lo asume, con carácter general, el propio Real Decreto 229/2017, al establecer que, transcurridos dieciocho meses desde su entrada en vigor, el Ministerio de Justicia efectuará un análisis de la evolución real de las cargas de trabajo y de las necesidades judiciales existentes a fin de valorar la necesidad de acordar, en su caso y previo cumplimiento de los trámites que procedan, la dotación de nuevas plazas de magistrado en las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia o la creación de nuevas Secciones de Apelación Penal.

Particípese el presente Acuerdo, junto con el voto particular formulado, al Consejo General del Poder Judicial para su conocimiento y efectos procedentes”, concluye el dictamen de Lorenzo del Río.