La reforma del Código Penal aprobada hoy por el Gobierno

Jorge Muñoz | 20 de septiembre de 2013 a las 16:37

El ministero de Justicia, Alberto Ruiz GallardónEsta es la referencia que el Gobierno ha facilitado sobre el proyecto de reforma del Código Penal:

  • Facilita la persecución de los corruptos y realiza una revisión completa del sistema penal para dar respuesta a las nuevas formas de delincuencia y a la multirreincidencia.
  • La regulación de los delitos económicos se actualiza para evitar la impunidad de ciertas conductas. El comiso es ampliado para aumentar la posibilidad de recuperar activos ilícitos.
  • El texto introduce la prisión permanente revisable en supuestos de excepcional gravedad y profundiza en la posibilidad de imponer a delincuentes peligrosos medidas de seguridad junto a la pena.
  • Se establece un único régimen de suspensión de penas que agilizará los procedimientos y en la delincuencia menor se amplía la discrecionalidad del juez ante el cumplimiento de pena de prisión.
  • Las faltas quedan fuera del Código para cumplir con el principio de intervención mínima y descongestionar los juzgados.
  • Se crean nuevos delitos de matrimonio forzado, acoso, divulgación de imágenes íntimas sin consentimiento de la víctima e inutilización del funcionamiento de dispositivos de control para mejorar la protección de la mujer.
  • Será delito cualquier acto sexual con menores de dieciséis años, salvo que exista proximidad de edad o de madurez y se castigará a los clientes españoles de prostitución infantil aunque cometan el delito en el extranjero.
  • Se perseguirán las páginas web que facilitan el acceso ilícito a obras protegidas en busca de un beneficio directo o indirecto.
  • Los robos en el campo se considerarán agravados.

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de reforma del Código Penal. Se trata de la reforma más profunda de las realizadas hasta ahora, al incluir una revisión del sistema penal para dar respuesta a las nuevas formas de delincuencia, a la multirreincidencia y a los delitos más graves. El texto se adecúa, además, a las conductas delictivas del siglo XXI a través de una revisión técnica de un número importante de delitos, entre los que sobresalen aquellos previstos para castigar la corrupción. Gracias a su nueva redacción se conseguirá el castigo de conductas que hasta ahora quedaban impunes.

La adecuación a las conductas delictivas queda especialmente plasmada en la nueva redacción de los delitos de corrupción. En los delitos de administración desleal y malversación, por ejemplo, ya no será necesario acreditar el enriquecimiento ilícito del administrador o funcionario que falte al deber que tiene encomendado si, entre otros supuestos, se acredita que ha firmado contratos por un precio desorbitado o por servicios no prestados.

Entre las novedades del texto, que incluye las sugerencias realizadas por los órganos consultivos a cuyo estudio fue sometido -Consejo Fiscal, Consejo General del Poder Judicial y Consejo de Estado-, figura la prisión permanente revisable en supuestos de excepcional gravedad. También profundiza en la imposición de medidas de seguridad que inició la Ley Orgánica 5/2010 con los delincuentes sexuales, de forma que la libertad vigilada podrá aplicarse a más delitos en función de la peligrosidad del reo: por primera vez se establece un sistema dualista, donde por un lado una pena castiga el hecho cometido y una medida de seguridad protege a la sociedad de la peligrosidad del sujeto.

El Código Penal ahonda, igualmente, en la protección de la mujer mediante la introducción de nuevas figuras delictivas, como el delito de matrimonio forzado, el de acoso u hostigamiento, la divulgación no autorizada de grabaciones o imágenes íntimas obtenidas con el consentimiento de la víctima y la alteración de los dispositivos telemáticos para controlar medidas cautelares.

Para mejorar la eficacia y agilidad de la justicia penal se modifica la regulación de la suspensión y de la sustitución de penas, fijando un sistema único que impida la duplicidad de actuaciones. Además, se suprimen las faltas que sobrecargan los juzgados y sólo las que tienen entidad penal se convierten en delitos leves. Las demás se castigarán por vía administrativa.

También se trasponen varias decisiones europeas y se adelanta la adecuación del ordenamiento jurídico español de las que están en tramitación. Entre ellas destacan la que lucha contra determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia, la que previene los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores, y la pornografía infantil y la que combate la trata de seres humanos.

PRINCIPALES NOVEDADES

Delitos económicos

Donde el Código Penal ha sufrido una mayor transformación es en los delitos previstos para combatir la corrupción. El texto vigente tipificaba la administración desleal como un delito societario, cuando en realidad es un delito patrimonial del que puede ser víctima cualquier persona. Con la reforma, el tipo penal castigará los actos de gestión desleal cometidos mediante abuso o deslealtad por quien administra el patrimonio de un tercero y le causa un perjuicio o crea una situación de peligro de pérdida del mismo. Así se castigarán los contratos para prestación de servicios no útiles, los firmados sin que exista contraprestación y los realizados a un precio superior.

De la administración desleal se separan los delitos de apropiación indebida, aunque tendrán la misma pena cuando se trate de un supuesto de apropiación con quebrantamiento de la relación de confianza con el propietario. La malversaciónconstituye una modalidad de administración desleal que históricamente se refería, básicamente, a sustracción de fondos públicos y en mucha menor medida a la desviación del destino de los mismos. La reforma, en línea con la Ley de Transparencia, amplía los supuestos por los que se puede castigar la gestión desleal con perjuicio para el patrimonio público.

Con el nuevo texto se tipifican como malversación todos los supuestos de gestión desleal del patrimonio público: contrataciones a precios superiores a los reales, celebración de contratos sin prestación, utilización del patrimonio público para fines privados… De esta forma la persecución de estas conductas será más eficaz, ya que no será preciso acreditar un enriquecimiento, sino que bastará con probar que ha existido una conducta desleal patrimonial.

El Proyecto de Ley amplía la responsabilidad de las personas jurídicas a las sociedades mercantiles públicas y prevé, además, la sanción de los directivos de las entidades en las que se cometan delitos por falta de adopción de medidas de prevención.

Se revisan los delitos de insolvencia punible para separar las conductas de obstaculización o frustración de la ejecución de aquellas de insolvencia o concurso punible. Con los primeros, entre los que se incluye el alzamiento de bienes, se agilizará, aumentará y dotará de mayor efectividad a la ejecución, lo que reforzará la protección de los acreedores.

Con los delitos de concurso punible se trata de facilitar una respuesta penal frente a las actuaciones que ponen en peligro ilícitamente los intereses de los acreedores. Es decir, para perseguir las utilizadas para despatrimonializar las empresas que se encuentran en situación de insolvencia inminente o aquellas con las que se oculta el patrimonio de la entidad para ponerlo fuera del alcance de los acreedores.

También se castiga con este tipo a los que son directamente causantes de la situación de concurso de una entidad. La reforma incorpora, además, la posibilidad de que los administradores concursales puedan ser condenados por malversación y cohecho, con lo que se mejora la protección de la masa del concurso.

El texto introduce también mejoras técnicas en la regulación del delito que castiga la corrupción en el sector privado o de un agente público extranjero con el fin de neutralizar los casos en los que, mediante el pago de sobornos en beneficio propio o de tercero, se obtienen posiciones de ventaja en las relaciones económicas de las empresas.

 

Comiso

Con el objetivo de facilitar instrumentos legales más eficaces en la recuperación y gestión de activos procedentes del delito, la reforma incluye una ambiciosa revisión del comiso, que se adelanta a la Directiva europea sobre el embargo preventivo y el decomiso de los productos de la delincuencia en la que trabaja la Unión Europea.

Hasta ahora el comiso del producto del delito estaba vinculado a la existencia de una condena penal previa por el delito cometido, pero, como ha establecido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el comiso no es una sanción penal, sino una institución por la que se pone fin a una situación patrimonial ilícita; no es una sanción ajustada a la culpabilidad del hecho, sino más bien una forma de restituir un enriquecimiento injusto.

Esta concepción permite ampliar este instrumento al comiso sin condena, previsto para rebeldes o fallecidos, y al comiso ampliado, en el que los bienes decomisados provienen de otras actividades ilícitas del sujeto condenado, distintas a por las que fue condenado. Este modelo ya fue introducido para los delitos de terrorismo y los cometidos por organizaciones criminales, pero ahora se extiende a otros supuestos en los que a través de una actividad delictiva sostenida en el tiempo pueden derivar importantes beneficios económicos.

Se trata de blanqueo y receptación, delitos contra la salud pública, trata de seres humanos, prostitución, explotación y abuso de menores, falsificación de moneda, corrupción en el sector privado, delitos informáticos, cohecho, malversación o delitos patrimoniales cometidos con profesionalidad.

En no pocas ocasiones los bienes y efectos procedentes de actividades delictivas son transferidos a terceras personas. Por eso, el texto mejora la regulación del comiso de bienes en poder de terceros, que ya estaba previsto.

Además, para facilitar el comiso se regula un procedimiento autónomo al que podrá acudir el fiscal si eso facilita un enjuiciamiento más rápido de las responsabilidades penales; cuando se descubra la existencia de bienes que deban ser decomisados después de que los hechos ya hayan sido enjuiciados, o cuando deba acudirse a supuestos de comiso sin condena.

Para mejorar la gestión de los activos intervenidos se crea la Oficina de Gestión de Activos a la que corresponderá realizar las actuaciones necesarias para gestionar de la forma más eficaz económicamente la conservación o utilización de los bienes intervenidos.

Mayor protección de la mujer

La reforma del Código Penal incluye nuevos delitos (ya previstos en el Anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros del 11 de octubre de 2012) para aumentar la protección de la mujer. Uno de ellos es el matrimonio forzado (artículo 172 bis), con el que se castigará la violencia o intimidación para obligar a contraer matrimonio y la violencia, intimidación o engaño para forzar a abandonar el territorio nacional o no regresar con esa misma finalidad.

También se castigarán a partir de ahora los actos reiterados de acecho u hostigamientomediante llamadas telefónicas continuas, seguimientos o cualquier otra fórmula que pueda lesionar gravemente la libertad y el sentimiento de seguridad de la víctima, pero que en muchas ocasiones no puede ser tipificada como delito de coacciones o de amenazas porque no se produce violencia.

Se pena la divulgación no autorizada de grabaciones o imágenes íntimas obtenidas con el consentimiento de la víctima, pero luego divulgadas sin que ésta lo sepa, cuando afecten gravemente a su intimidad, una práctica que ha sido detectada con frecuencia entre los jóvenes. El Código Penal vigente sólo castiga el apoderamiento o interceptación de cartas o mensajes privados de la víctima, pero no preveía pena alguna cuando era ella misma quien se los facilitaba a la persona que luego los difundía.

Asimismo, se incorpora al Código Penal como delito la inutilización de dispositivos electrónicos utilizados para controlar el cumplimiento de penas, algo especialmente relevante a la hora de luchar contra la violencia de género. Además, en lo relativo a esta lacra, el nuevo texto considera delito las injurias leves y las vejaciones injustas cometidas en este contexto. Asimismo, el juez podrá imponer penas de multas, pero sólo cuando se acredite que entre el condenado y la víctima no existe ningún vínculo económico para que de ninguna manera esta pueda verse perjudicada por el castigo del primero.

Igualmente, como ya ocurría con los delitos de violencia de género, en los sexuales no se podrá aplicar el delito continuado y se impondrá una pena por cada uno de los cometidos. En los demás casos, se limita la aplicación de la figura del delito continuado a conductas delictivas cercanas en el tiempo. Para evitar que la reiteración no tenga reflejo en la agravación de la pena por uno o varios delitos semejantes, deberá imponerse una pena superior a la que habría correspondido a la infracción más grave cometida, pero inferior a la suma de todas ellas.

Menores

La transposición a nuestro ordenamiento de varias Directivas europeas y, en concreto, la que lucha contra los abusos y explotación sexual de los menores y la pornografía infantil ha obligado a introducir modificaciones en los delitos contra la libertad sexual relativos a los abusos cometidos sobre menores de edad.

Así, la realización de cualquier acto de carácter sexual con menores de dieciséis años será considerado un hecho delictivo, salvo que se trate de relaciones sexuales consentidas entre personas de similar grado de madurez y desarrollo, que en ningún caso serán penalizadas. Será delito hacer presenciar a un menor de 16 años relaciones de terceros o abusos cometidos sobre terceros. También lo será contactar con él a través de medios tecnológicos para embaucarle y que facilite imágenes pornográficas.

Además, se elevan las penas de los delitos de prostitución que afectan a menores o personas discapacitadas y se considerará pornografía infantil imágenes realistas de menores participando en conductas sexuales explícitas, aunque no sean reales. El texto amplía la jurisdicción de los tribunales españoles para perseguir a los clientes de prostitución infantil, aunque cometan el delito fuera de España cuando sean españoles o residan en nuestro país.

Propiedad intelectual y propiedad industrial

La regulación pretende lograr un equilibrio entre la protección de los derechos de autor y las nuevas tecnologías. Lo que se persigue es la explotación económica, reproducción, plagio, distribución y comunicación pública de una obra, sin autorización de los titulares, con ánimo de obtener un beneficio directo o indirecto (a través de publicidad, por ejemplo), así como facilitar el acceso a la localización de obras o prestaciones protegidas en Internet.

Se tipifica expresamente la facilitación de medios para suprimir o neutralizar las medidas tecnológicas utilizadas para proteger la propiedad intelectual.

El objetivo es perseguir las páginas que permiten la obtención de un listado de enlaces a través de las que se puede acceder ilícitamente a obras protegidas por los derechos de autor. En ningún caso se actuará contra usuarios o buscadores neutrales, ni contra los programas P2P que permiten compartir contenidos.

Se mantienen las penas mínimas previstas, pero las conductas más graves podrán ser sancionadas hasta con seis años de prisión, al haberse apreciado una desproporción de penas al comparar éstos con otros delitos que también atentan contra la propiedad.

Por su parte, en los delitos contra la propiedad industrial se diferenciará la responsabilidad penal de importadores y distribuidores mayoristas. Éstos verán agravada su pena, mientras que a los distribuidores minoristas y vendedores al público se les atenuará proporcionalmente en función de su responsabilidad. En el caso de los conocidos como “manteros” las penas en las que podrían incurrir son idénticas a las actuales.

Prisión permanente revisable

Con la prisión permanente revisable se proporcionará una respuesta penal más adecuada a ciertos crímenes que causan una especial repulsa social. Se aplicará a los homicidios terroristas, los cometidos contra el rey o el príncipe heredero y contra jefes de Estado extranjeros. También será la pena prevista para los casos de genocidio y crímenes de lesa humanidad con homicidio, así como en el primer caso, con agresión sexual.

Los Tribunales impondrán este tipo de pena en algunos tipos de asesinatos agravados: cuando la víctima sea menor de dieciséis años o se trate de una persona especialmente vulnerable; cuando sea subsiguiente a un delito contra la libertad sexual; en los múltiples y en los cometidos por miembros de una organización criminal.

La nueva pena trae consigo un cumplimiento íntegro de la privación de libertad durante un tiempo que se ha establecido en un abanico de entre 25 y 35 años, en función de si se trata de condenas por uno o varios delitos o de delitos terroristas. Sólo después de ese periodo se aplicará el sistema de revisión que permitirá la puesta en libertad del condenado si cumple una serie de requisitos. Esta revisión se podrá realizar a petición del reo una vez al año, pero también se hará de oficio por un tribunal colegiado, al menos, cada dos años.

La aplicación de la prisión permanente revisable ha sido avalada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en distintas sentencias tras su aplicación en los países de nuestro entorno, en las que ha determinado que la posibilidad de revisión de la condena satisface el artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos.

Libertad condicional

Una de las novedades del Código Penal es que la libertad condicional pasa a ser regulada como una suspensión de la pena, de tal modo que si, una vez en libertad, el penado vuelve a delinquir, podrá ser devuelto a la cárcel para que siga cumpliendo condena desde el momento en que quedó en suspenso. Se aplica en los mismos términos en los casos de prisión permanente revisable, cuando una vez cumplidos los años fijados se revise su situación y el tribunal entienda que puede acceder a esta medida.

Se amplía la posibilidad de acceder a la libertad condicional para los que ingresen por primera vez en prisión. Los condenados por primera vez a penas de hasta tres años y con conducta irreprochable podrán acceder a la libertad condicional a mitad de la condena, frente a los dos tercios actuales.

Aunque se seguirá pudiendo solicitar la suspensión de la ejecución de una condena por las mismas causas que actualmente, todas se encuadrarán en un único régimen de suspensión, lo que evitará la reiteración de trámites y recursos. Otra novedad es que para agilizar la satisfacción de la responsabilidad civil se podrá acordar o, en su caso, revocar la libertad condicional, al tenerse en cuenta si el reo ha ocultado bienes o no ha aportado información sobre los que dispone para no hacer frente a ese pago.

En el caso de extranjeros, la sustitución de la pena de prisión por la expulsión del país se ajusta a lo previsto en la Ley de Extranjería. Cuando las condenas sean superiores a tres años, los Tribunales podrán fijar qué parte debe cumplir en nuestro país y qué parte puede ser sustituida por la expulsión.

Además, se simplifica el sistema de cancelación de antecedentes penales para facilitar la operatividad del sistema europeo de intercambio de información.

Los jueces y tribunales contarán con mayor discrecionalidad a la hora de suspender la ejecución de una condena. Podrán hacerlo aunque el penado tenga antecedentes no cancelados cuando no los considere relevantes y aún en el caso de que cometa nuevos delitos. De esta forma, se pone fin a los efectos excesivos que suponía que un delito de gravedad muy relativa, como conducir sin carné, obligaba a ejecutar una pena impuesta por un delito menor cometido años después, aunque el pronóstico de reinserción del penado fuera absolutamente favorable.

Medidas de seguridad

El fundamento de las medidas de seguridad reside en la peligrosidad del autor. Se abandona la idea de que no puedan ser más graves que las penas aplicables al delito, porque éstas vienen determinadas por la culpabilidad del hecho y aquellas, por la peligrosidad del autor.

El Código Penal prevé medidas de seguridad de internamiento en centro psiquiátrico, de deshabituación o de educación especial, que se cumplen antes que la pena. Esta podría no llegar a ejecutarse si el juez la considera innecesaria o cree que con ella peligran los efectos de la propia medida. En cualquier caso, se trata de un régimen muy restrictivo, que sólo se aplicará cuando exista una probabilidad muy alta de comisión de delitos de gravedad. En los supuestos más graves, su prórroga sólo podrá ser decidida por un tribunal a petición del fiscal tras la celebración de una vista.

El texto incluye también libertad vigilada. En este caso, siempre se ejecuta con posterioridad al cumplimiento de la pena y, mientras que el texto vigente sólo lo preveía para delitos sexuales, ahora se amplía su aplicación a una pluralidad de conductas delictivas. Será impuesta en sentencia y tendrá una duración mínima de tres años y máxima de cinco, aunque se podrá levantar en cualquier momento por el juez de Vigilancia Penitenciaria. Su prórroga sólo está prevista en caso de delitos sexuales y ante un incumplimiento grave que revele que hay posibilidad de volver a delinquir.

Entre las medidas a imponer figura la posibilidad de imponer como regla de conducta la utilización de vehículos que dispongan de dispositivos tecnológicos de comprobación previa de las condiciones físicas del conductor para impedirle la conducción si ha bebido.

Supresión de las faltas

Con el objetivo de hacer efectivo el principio de intervención mínima del Derecho Penal y de reducir el número de asuntos menores que sobrecargan los Juzgados, se ha decidido suprimir las faltas. Se mantendrán las que son merecedoras de reproche penal, pero como delitos leves, denominados de escasa gravedad y que estarán castigados con penas de multa. El proceso que les corresponderá se desarrollará en la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la que se está trabajando. Mientras tanto, transitoriamente, se resolverán en juicios de faltas.

El Código Penal incorpora un criterio de oportunidad para que las conductas que puedan ser consideradas delitos leves, pero no tengan gravedad suficiente para justificar la apertura de un proceso, ni exista interés público en su persecución, puedan ser archivadas a petición del fiscal.

Las faltas que no merecen reproche penal abandonan el Código Penal, aunque se seguirán persiguiendo administrativamente dentro de la Ley de Seguridad Ciudadana o por la vía civil.

Asesinato y detención ilegal

El Código Penal actualiza el delito de asesinato, de forma que se considerará tal, además de por las circunstancias ya previstas (alevosía, por precio, recompensa o promesa y ensañamiento), el homicidio que se cometa para facilitar la comisión de otro delito o para evitar ser descubierto.

Se establece el homicidio agravado si la víctima es menor de dieciséis años o es una persona especialmente vulnerable y cuando esté presente un móvil sexual. También lo serán si se comete sobre agentes de la autoridad o funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones.

La detención ilegal sin dar razón del paradero de la víctima se castigará con una pena similar a la del homicidio (de 10 a 15 años de cárcel) y en caso de secuestro se elevará a entre 15 y 20 años. Estas penas se ven aumentadas hasta un máximo de 25 años si la víctima es menor de edad o está presente un móvil sexual en la comisión del delito.

Hurto y robo

Se suprime la falta de hurto para sustituirla por un delito leve de hurto que castigará los casos en los que lo sustraído no supere los mil euros. No obstante, para fijar el límite entre el delito leve (castigado con pena de multa) y el delito (pena de cárcel) el juez también podrá tener en cuenta la capacidad económica de la víctima. Con el objetivo de ofrecer una respuesta adecuada a la multirreincidencia y la delincuencia grave, se prevé que en el caso de delincuencia profesional y organizada se les pueda condenar con el tipo agravado, es decir, por el delito, a penas de uno a tres años de prisión. En los casos más graves la pena puede ascender hasta los cuatro años de cárcel.

Se considerará delito de hurto, independientemente de la cuantía sustraída, cuando se produzcan ciertas circunstancias, como el desamparo de la víctima y el pillaje que puede darse en situaciones de catástrofe; la profesionalidad; la utilización de menores de edad y el hurto sea de conducciones de suministros eléctricos o de cableado de telecomunicaciones. Además, se han incluido en este catálogo los robos cometidos en explotaciones agrarias o ganaderas que causen perjuicios graves. El portar armas o pertenecer a un grupo criminal constituido para cometer delitos contra la propiedad agravarán el delito.

El robo con fuerza tendrá en cuenta el modo de comisión, pero también la fuerza utilizada para abandonar el lugar (para cubrir la desactivación de alarmas desde el interior) y el robo con violencia introduce un supuesto agravado para los delitos cometidos en establecimientos abiertos al público.

La agravación prevista para estos delitos, por los que se podrán imponer medidas de seguridad a los delincuentes peligrosos, tendrá su reflejo en la estafa cuando sea cometida por una organización criminal y la defraudación afecte a una pluralidad de personas.

Atentado, resistencia y desobediencia

La reforma del Código Penal clarifica la definición del delito de atentado que incluye todos los supuestos de acometimiento, agresión, empleo de violencia o amenazas graves de violencia sobre el agente. Como puede ser cometido por conductas muy diferentes de gravedad desigual, se ha optado por bajar la pena mínima y agravarla cuando se utilicen armas u objetos peligrosos, se lancen objetos contundentes o líquidos inflamables o corrosivos, se acometa con un vehículo de motor o suponga cualquier acción que conlleve un peligro para la vida o pueda causar lesiones graves.

En ningún caso el delito de atentado se equipara con la acción de resistencia meramente pasiva. Esta, junto a la desobediencia, ha visto rebajada la pena con la que se castiga: antes lo estaba con entre seis meses y un año de cárcel, y ahora el abanico empieza en los tres meses.

La falta de desobediencia desaparece del Código, pero se sancionará como infracción administrativa de la Ley de Seguridad Ciudadana. Se incluyen como sujetos protegidos a los miembros de los equipos de asistencia o rescate y a los empleados de empresas de Seguridad cuando desarrollen funciones bajo mando directo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Una de las novedades del texto es que se incluye en la definición de alteración del orden público una referencia al sujeto plural y a la realización de actos de violencia sobre cosas y personas. De esta forma, también se castigará a los que animan a otro a cometer un delito de daños, por ejemplo.

Como ocurre actualmente, la pena se agrava cuando se porten armas, se exhiban simuladas o se realicen actos de violencia con peligro para la vida o integridad de las personas, así como los actos de pillaje. Se regula como supuesto atenuado la entrada o invasión colectiva de oficina o establecimiento, cuando se altere indebidamente su normal actividad, aunque no lleguen a producirse actos de violencia o amenazas. Estaba castigado con penas de seis meses a tres años de prisión y ahora se castigará con entre tres y seis meses de cárcel o multa.

Sólo se castigará la difusión de mensajes que inciten a la comisión de algún delito de alteración del orden público. Es decir, no la simple convocatoria a movilizaciones, sino la incitación a cometer actos de violencia constitutivos de desórdenes graves en esas convocatorias. Otro supuesto que se sancionará es la interrupción del funcionamiento de los servicios de telecomunicaciones o de transporte que causen una grave alteración de la prestación normal del servicio.

Para proteger la confianza que determinados símbolos e uniformes generan, su uso indebido será sancionado como delito dentro de los de usurpación de funciones públicas y de intrusismo. Además, estos últimos también castigan el intrusismo profesional, cuyas penas se ven agravadas en los supuestos en los que el culpable ejerce actos propios de una determinada profesión sin la cualificación necesaria en un establecimiento abierto al público.

Incendios forestales

La reforma del Código Penal contempla un endurecimiento de las penas para los autores de incendios forestales que se consideren especialmente graves. La pena prevista actualmente para estos delitos es de tres a cinco años de cárcel y, con la reforma, la pena se elevará hasta los seis. Además, cuando los incendios afecten a espacios naturales protegidos se castigarán del mismo modo que los delitos contra el medioambiente, lo que significa que sus autores podrán ser castigados con la pena superior en grado, que en este caso supone nueve años de prisión.

En la misma línea, la reforma incorporará la posibilidad de imponer al responsable actuaciones orientadas a reparar el daño causado y se considerará la atenuante de reparación de daño.

El nuevo Código Penal añade al catálogo de supuestos agravados que contenía el artículo 353 del vigente los incendios que afecten a zonas próximas a poblaciones o lugares habitados y a zonas forestales que constituyan el hábitat de especies animales en peligro de extinción o de flora amenazada, o que alteren significativamente las condiciones de vida animal o vegetal. También se incluyen como supuesto agravado los incendios provocados en un momento en el que las condiciones climatológicas o del terreno incrementen de forma relevante el riesgo de propagación.

Además, se modificará la Ley del Jurado para que estos delitos pasen a ser competencias de tribunales integrados por jueces profesionales.

Delitos de incitación al odio contra las minorías

La tipificación de las conductas de incitación al odio y a la violencia es modificada para adaptarla a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y a la Decisión Marco de 2008 relativa a la lucha contra determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia, aunque supera a esta última al reflejar el rechazo radical de todos los actos de incitación a la discriminación, odio o violencia del que puedan ser víctima cualquier colectivo o minoría. El Alto Tribunal impuso una interpretación del delito de genocidio que limita su aplicación a los supuestos en los que esta conducta constituya una incitación al odio u hostilidad contra las minorías.

La reforma castiga dos grupos de conductas: por un lado, las acciones de incitación al odio o a la violencia contra grupos o individuos por motivos racistas, antisemitas o relativos a su ideología, religión, etnia o pertenencia otros grupos minoritarios, así como la producción, elaboración o distribución de materiales con ese fin. La negación del genocidio se castiga si incita al odio o a la violencia.

El otro grupo persigue los actos de humillación o menosprecio contra dichas minorías y elenaltecimiento o justificación de los delitos cometidos contra ellos. La pena se ve agravada en los supuestos de comisión de esos delitos a través de Internet u otros medios de comunicación social y se adoptan medidas para su clausura si fuera necesario.

Todavía se impondrán penas mayores si por el contexto o las circunstancias en las que se produzcan estos delitos se altera la paz pública o se menoscaba gravemente el sentimiento de seguridad de los integrantes de los grupos afectados. También se tiene en cuenta si han participado en ellos organizaciones delictivas y se regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Inmigración

La redacción actual del delito de trata de seres humanos es anterior a la Directiva europea sobre estos hechos, por lo que se ha modificado para incluir la entrega o recepción de pagos para obtener el consentimiento de la persona que controla a las víctimas y se ha delimitado el concepto de vulnerabilidad. Además, se agrava la pena para los supuestos de creación de peligro de lesiones graves.

En cuanto a la regulación de los delitos de inmigración ilegal tipificados en el artículo 318 bis, se ha rebajado la pena hasta un año de prisión o multa (el mínimo que permite el Derecho comunitario), salvo para los supuestos agravados de criminalidad organizada y puesta en peligro de la vida e integridad del inmigrante.

Para evitar cualquier duda interpretativa que se pudiera generar en este asunto, la reforma excluye expresamente la sanción penal en todos los casos en los que la actuación se ha llevado a cabo con una finalidad humanitaria.

Esterilización

Atendiendo a las recomendaciones del Comité de Seguimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por Naciones Unidas en diciembre de 2006 y ratificada por España en abril de 2008, se reconduce a la vía civil el tratamiento de la esterilización de las personas discapacitadas.

Asimismo, la despenalización de la esterilización de las personas que carezcan de aptitud para dar su consentimiento se realizará bajo autorización judicial y en un proceso con las máximas garantías. Del mismo modo, se ajusta la terminología del Código Penal a dichas recomendaciones sustituyendo los actuales términos de “minusvalía” e “incapaz” por otros como “discapacidad” o “persona discapacitada necesitada de especial protección”.

 

Mayor protección penal de animales

El Código Penal, además, aumenta la seguridad en la aplicación de la norma a través de una definición de animales protegidos, que incluye a los domésticos, a los habitualmente domesticados, a los que viven bajo control humano y a todos los que no viven en estado salvaje. La pena se ve agravada cuando se causa la muerte y se añade la posibilidad de imponer una inhabilitación para la tenencia del animal.

 

La Fiscalía Anticorrupción vuelve a avalar la imputación de Magdalena Álvarez en la causa de los ERE

Jorge Muñoz | 20 de septiembre de 2013 a las 16:22

La ex consejera y ex ministra Magdalena ÁlvarezLa Fiscalía Anticorrupción ha vuelto a avalar la legalidad de la imputación de la ex consejera de Economía y ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez en la causa de los ERE fraudulentos. Este es el recurso del fiscal:

“El Fiscal, dando curso al traslado conferido, impugna el recurso directo de apelación interpuesto por la representación procesal de Magdalena Álvarez Arza contra el Auto de fecha 28 de junio de 2013, y ello por las siguientes

ALEGACIONES

Primera.-  Alega la parte recurrente que el auto vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva por manifiesta falta de concreción tanto de los hechos como de los delitos en que se basa la imputación.

Como punto de partida debemos recordar ante qué tipo de auto procesalmente hablando nos encontramos, cuál sea su objeto y finalidad. El auto responde a la decisión judicial de instruir del art. 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal a nuevas personas, otorgándolas asi la condición de imputadas. Sería pues lo que podríamos denominar un Auto de imputación. Y he aquí el “problema”, pues tal figura no esta contemplada en el iter procesal del procedimiento penal. Nada hubiera impedido su no existencia y la mera citación de las personas para declarar sobre hechos penalmente relevantes un día determinado a fin de determinar su participación. ¿Es necesario que los imputados dispongan, mediante Auto, con anterioridad de un pormenorizado relato de todos y cada uno de los hechos que se les atribuyen y que tienen relevancia penal? O basta instruirles del art. 118 de la ley de enjuiciamiento criminal para facilitar su personación y señalar los puntos clave de su implicación.

En cambio, es plenamente exigible para el respeto de su derecho de defensa que tal relato lo mas pormenorizado posible le sea hecho en momento de prestar su declaración debidamente asistido de letrado y con todas las garantía legales y derechos, entre los que se encuentra el de no responder a todas o a alguna de las preguntas que a continuación se le formulen por las partes personadas.

Como señala la propia Audiencia Provincial de Sevilla, Sección 7ª en su Auto de fecha 31 de Enero de 2013 :

 

“1)estamos ante una decisión judicial que, detectando en el curso de la investigación de hechos delictivos de suma complejidad indicios de la comisión de nuevos hechos delictivos con aquellos relacionados, se limita a acordar extender la instrucción a tales nuevos hechos poniendo ello en conocimiento de los posibles autores a efectos de posibilitarles el ejercicio de su derecho de defensa”

2) se trata, en consecuencia, de una resolución judicial equiparable a la resolución judicial de apertura del procedimiento penal ya sea por atestado ya de otra forma de recepción de la noticia criminis como pudiera ser una denuncia o querella.

3) de este tipo de resolución judicial entendemos que es predicable lo que acerca de la resolución de admisión a trámite de denuncia o querella dice la jurisprudencia de la Sala 2ª del TS cuando proclama que no constituye todavía un acto de imputación judicial, aunque permita al querellado comenzar a defenderse en el proceso conforme al artículo 118 de la lecrim”.

 

Segunda.- Mantiene la parte recurrente la ausencia de caracteres delictivos en la utilización de las transferencias de financiación

La hipótesis delictiva manejada por la Instructora parte de la utilización de las transferencias de financiación, de un “uso perverso”, de un uso finalísticamente dirigido a burlar todos los controles de la Intervención de la Junta de Andalucía como medio para poder dilapidar los fondos públicos, favoreciendo y enriqueciendo a terceros, y esa finalidad sí es penalmente relevante e implica a todos aquellos que conociendo tal uso perverso lo hicieron posible o sencillamente no lo evitaron. La formula montada tiene una apariencia formal de legalidad pero una ultima finalidad fraudulenta, indiciariamente delictiva, que supera la categoría de infracción o irregularidad administrativa

Esta finalidad se sedimenta en hecho objetivos que parten del uso indebido de la figura de las transferencias de financiación, engordadas mediante las oportunas modificaciones presupuestarias, unido a la no consideración como subvenciones de las ayudas sociolaborales, lo que facilitaba su no fiscalización, y todo ello junto a la fórmula consagrada en el convenio entre la Consejería de Empleo y el IFA del mes de julio de 2001, que hábilmente , a los mismos efectos de evitar cualquier fiscalización que estorbara, separaba el expediente de la ayuda, que permanecía en la CEM, del pago, que se efectuaba en el IFA/IDEA.

 

Tercera.- Habida cuenta de la naturaleza y los efectos del Auto que se recurre, conforme a lo expuesto en el motivo primero, huelga pronunciarse en este momento procesal sobre la posible prescripción de los delitos de prevaricación y/o malversación, debiéndose esperar al acto de imputación judicial para poder determinar la fecha o fechas de los concretos hechos con relevancia penal que se le imputen a la recurrente.

 

Como particulares que deben ser testimoniados para la pieza separada de recurso, señalamos los presentes:

 

  • Auto de fecha 18 de mayo de 2012 (folios 18722 y ss)
  • Informes de reparos de la IGJA al expediente de Hamsa, incluido el expediente de fiscalización de disconformidad de fecha 19 de junio de 2000 (folios 18758 y ss)
  • Folios 1608 a 1611 Informe de la Intervención General de la Junta de Andalucía de fecha 4/03/2011
  • Documentación remitida por la Intervención General de la Junta de Andalucía:
  • Convenio de fecha 17  julio de 2001 entre la CEM y el IFA (folios 2615 y ss) asi como Convenio Marco CEM-IFA de fecha 27 de julio de 2000(folios 22982 y ss)
  • Testimonios ANEXO CAMARA DE CUENTAS en lo relativo a :
·      Informe definitivo de cumplimiento  de IFA del ejercicio 2003 , en especial el Anexo III  relativo a las ayudas de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social comprometidas con terceros en cumplimientos de convenios suscritos  en el periodo 2001-2004..

 

Informe Provisional , folios  15 a 51  , en especial folios  19 vuelto  – sistema de registro de ayudas-, folio 20 vuelto – tratamiento como ayuda directa excepcional- , folio 24 vuelto – esquema de la encomienda de gestión  en 2010- , folio 27 – párrafo 90 relativo a los informes de la Intervención- , folio 27  vuelto – actuación de la Consejería de Empleo e IFA ante los informes de la Intervención – folio 28- aspectos generales  del resultado de la fiscalización- folio 35 vuelto – falta de justificación de los compromisos asumidos en materia de ayudas sociolaborales-

 

Alegaciones al informe de la Consejería de Empleo , folio 69 vuelto

 

Alegaciones del Interventor General Manuel Gómez Martínez , folios 169 a 176 .

 

Tratamiento por fichas de las alegaciones por el Equipo técnico

Folio 294 sobre naturaleza de las ayudas.

Folio 299 sobre sistema de información de las ayudas.

Folio 304 vuelto , competencia de la Consejería de Empleo  a partir del 2004.

Folio 305 vuelto , tratamiento de las transferencias de financiación

Folio 309 , vuelto , gasto plurianual que no se tramito como tal

Folio 324  vuelto  en relación al Convenio IFA Consejería de Empleo

Folio 328 en relación a pagos efectuados

Folio 336 en relación al papel de IFA/IDEA

Folio 345  en relación al informe de actuación.

Folios 381 a 384  Acta 12/12

Folios 405 a 429  informe del gabinete jurídico de la Cámara  de fecha 5/07/12

Folio 437 , utilización de las transferencias de financiación.

Folio 438 vuelto , relativo a materia presupuestaria y contable.

Folio 440 y vuelto  relativo a la actuación de la Intervención

Folios 577 a 593  Acta  de la reunión celebrada  en Consejería de Empleo  el 6/03/2012

 

  • Informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía
  • Informe de seguimiento nº 7 de la UCO de la Guardia Civil sobre funcionamiento general de la Dirección General de Trabajo y Seguridad social de la Consejería de Empleo durante la época objeto de investigación en las presente causa (diligencias policiales nº 68/2012 de fecha 29 de mayo de 2012)(folios 19124 y ss)
  • Oficio de la UCO de la Guardia Civil de fecha 27 de junio de 2013 junto con todas las declaraciones y documental que se adjuntan al mismo.
  • Escrito del Ministerio Fiscal de fecha 8 de julio de 2013

 

Sevilla, a 17 de septiembre de 2013

El Fiscal Delegado

 

Apertura del año judicial en Granada

Jorge Muñoz | 18 de septiembre de 2013 a las 7:27

Este es el discurso que ofreció anoche el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, con motivo del apertura del año judicial:

“Tras la apertura del año judicial, que tuvo lugar ayer en Madrid, celebramos hoy ese mismo evento en el ámbito de este Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla. Y lo hacemos como normalmente se ha materializado, con un acto que nos permite el contacto y la relación con los diversos estamentos sociales, políticos, culturales y económicos. Los miembros y representantes del poder judicial en Andalucía debemos aprovechar las ocasiones, que no suelen ser muchas, para confraternizar con todas las instituciones que sirven a la ciudadanía, más aún, cuando vivimos momentos muy complicados (de serio deterioro institucional) y es necesario trasladar mensajes de unidad y compromiso conjunto. Saludo, pues, sinceramente a todos los representantes de diversos estamentos que nos acompañan y, en nombre de este Tribunal Superior, de su Sala de Gobierno y de cuantos formamos la Administración de Justicia en Andalucía, les agradezco sinceramente su presencia.

En años anteriores no les ocultaba mi preocupación por el estado en que se encuentra la justicia en nuestra Comunidad Autónoma y el escepticismo cuando sopeso las posibilidades futuras de mejora, máxime cuando esa inalterable realidad hace recaer sobre quien les habla, de forma permanente, la obligación de referir en todas mis intervenciones públicas siempre los mismos problemas y deficiencias o similares necesidades y prioridades, sin que se produzca avance perceptible en el objetivo de mejora y modernización de nuestra Administración de justicia.

Ahora bien, estamos al inicio de un nuevo año judicial y es legítimo interrogarnos si nos espera algo diferente o vamos a asistir a una simple repetición de lo ya vivido. Yo les propongo no caer en el escepticismo, planificar el futuro, proponer metas y ofrecer proyectos novedosos, desde los que responder a los grandes retos de la justicia, incluso con la actual crisis y el cansancio o carencia de futuro para muchos. De ahí depende que el año judicial nuevo lo sea verdaderamente. Lo será si materializamos reformas que evolucionen significativamente nuestra justicia.

Se habla durante este semana de un nuevo tiempo en Andalucía, de una nueva política (new deal) para avanzar: avances sociales, políticos, éticos, por supuesto, pero también avances judiciales. Nelson Mandela nos recordaba que el mundo puede mejorar y está en nuestras manos, que el futuro es necesario construirlo y se llama esperanza.

lorenzo del ríoCon este horizonte de esperanza, se impone a continuación darles cuenta de las responsabilidades y los compromisos en el horizonte del año judicial 2013/2014. Mis palabras evidenciarán tres ideas básicas del actual contexto: en primer lugar, el proceso, apenas iniciado, de modernización de la justicia; en segundo lugar, la contribución del colectivo judicial para fortalecer la legitimidad y la eficacia del sistema de justicia, y, finalmente, la importancia del prestigio de la justicia entre los ciudadanos a los que sirve.

I
El proceso, apenas iniciado, de modernización de la justicia
Es cierto que se han acometido algunas reformas legales a nivel estatal, pero no abordan ni profundizan en los auténticos fallos estructurales, que se agravan año tras año. Así, la Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio, se ha centrado en la reforma del CGPJ, colocándonos en una situación de expectativa sobre la viabilidad del nuevo diseño de funcionamiento, su mayor legitimación de ejercicio, así como la influencia que pueda

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producir sobre el necesario prestigio de este órgano constitucional. Aunque sería empobrecedor agotar todo discurso sobre política judicial en cómo funciona el Consejo, o quien elige a sus miembros y cómo se eligen, debo destacar que el Consejo no es un órgano de autogobierno de los jueces, sino un órgano de gobierno del poder judicial, por lo que se ha perdido la oportunidad de conseguir su estabilidad institucional con el máximo respaldo parlamentario, así como reforzar sus competencias y concederle mayor capacidad de gestión y autonomía, única forma de conseguir que el poder judicial no sea un poder subordinado y meramente formal o nominal.

Otra reforma reciente, la Ley Orgánica 8/2012, de 27 de diciembre, aún nominada de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia, se ha limitado al nuevo régimen de sustituciones de la Carrera Judicial implantado con el objetivo de elevar los niveles de profesionalización, originando por el momento un sobreesfuerzo de muchos jueces y magistrados que han cumplido, como no podía ser de otro modo, con la legalidad vigente, por lo que merece resaltar desde esta Presidencia el esfuerzo realizado en sustituciones, comisiones de servicio y prórrogas de jurisdicción que, por ahora, no tiene el merecido reconocimiento por parte del ejecutivo ni el desarrollo normativo que dicha ley establece acerca de la compensación económica procedente.

La tercera reforma sigue rodeada de una viva polémica, la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, rectificada a través del Real Decreto Ley 3/2013, de 22 de febrero, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia, polémica que afecta no sólo a la conveniencia de su imposición en el contexto de una justicia sostenible, sino también a su adecuación constitucional ante el posible quebranto del principio de proporcionalidad por alguna de las cuantías fijadas.

Y, en fin, a nivel andaluz, sólo contamos con el proyecto de Decreto de la Oficina Judicial y Fiscal, anunciado en sucesivas anualidades y actualmente en fase de informes y propuestas por parte de los sectores implicados, por lo que esperamos que, finalmente, 2014 sea un año clave y fructífero al respecto.

Así, pues, las perspectivas para el año judicial que ahora comenzamos no parecen ser halagüeñas ni más esperanzadoras que en años anteriores y permanece incólume la falta de reformas estructurales de carácter más global, explicitadas desde hace años. Seguimos, en definitiva, con los mismos déficits y necesidades de otros años anteriores, aunque con la particularidad de venir acompañado el actual de un torrente de reformas, nuevamente anunciadas, cuyo alcance y articulación final abre múltiples incógnitas. Por esta razón, resultaría poco prudente valorar lo que hasta ahora conocemos de ellas, caracterizado por la provisionalidad, al tratarse en su mayoría de simples borradores o propuestas.

Lo lamentable es que el tiempo nos sigue ganando la partida y se erige en uno de los principales problemas en materia de justicia, tal y como ponen de manifiesto los distintos sondeos de opinión. Esta realidad, no sólo percepción ciudadana, conlleva pérdida del poder disuasorio de la justicia y que se resienta la confianza de la sociedad hacia uno de sus pilares básicos. Se dice, con razón, que “las dilaciones indebidas suponen un empobrecimiento democrático incuestionable” (y revelan que los poderes públicos siguen sin ofrecer, por el momento, una solución definitiva y sostenida en el tiempo).

En este sentido, como recoge la memoria TSJA, entiendo primordial afrontar de forma decidida un auténtico cambio estructural de nuestro modelo o sistema judicial y que sepamos, a ciencia cierta, responder durante 2014 a varios interrogantes: 1o cómo se va a

configurar la oficina judicial y la función jurisdiccional en ese contexto organizativo, entendiendo que este proceso de cambio no puede derivar en el naufragio de la potestad jurisdiccional, 2o cuál será la planta judicial y el modelo de organización territorial de los Juzgados, así como esas estructuras organizativas de carácter colegiado que permitan una mayor racionalidad en el ejercicio de la jurisdicción, equilibrio de cargas de trabajo, con niveles de especialización y unificación más adecuados, 3o qué ámbito de desjudicialización de asuntos se proyecta, y 4o hacia donde camina el nuevo proceso penal y cómo conseguimos rentabilizar ingentes recursos que actualmente absorben el 77% del trabajo de nuestros Juzgados, sin que exista recíproca sensación de utilidad y servicio al interés general.

De otro lado, la organización jurisdiccional y la disponibilidad de medios públicos continúa sin estar a la altura de otras muchas Administraciones, por lo que se resiente la calidad de la prestación final de tutela (su efectividad, su tiempo de respuesta y, a menudo, la atención recibida). El problema de la justicia es de eficacia y de organización, lo que exige plantearnos en serio de qué medios dispone y cómo gestionarlos mejor. Tenemos un modelo público vinculado a la rigidez funcionarial y exceso de burocratización, sin flexibilidad para hacer reformas, que condiciona los cambios necesarios para ganar en eficacia y sostenibilidad. La realidad es tozuda y exige buscar soluciones no sólo cuantitativas, implementalistas. Hay que dejar de hacer cosas que no añaden valor.

En este contexto, hartamente conocido, se habla hace unos días de un vuelco a la justicia en seis meses y de un aluvión de reformas (LECivil, LOPJ, jurisdicción voluntaria, Código penal, LECriminal, nuevo mapa judicial, etc.). Sin embargo, nos recuerda un filósofo: “no lo intentes, no lo pregones; hazlo o no lo hagas; materializa las reformas o no lo digas cansinamente, porque mentir no es problema, lo malo llega cuando ya nadie cree ningún mensaje”. Y, en nuestro caso, legislatura tras legislatura, año tras año, quedan en el olvido las necesidades judiciales, los proyectos de cambio se frustran y los problemas se enquistan. Es imprescindible poner fin a esa dinámica. Es necesario un impulso político de alto nivel, con diálogo y alto consenso parlamentario, donde imperen los espacios solución, sin una mirada particular. La justicia no puede esperar y los jueces debemos decirlo y transmitir nuestra inquietud como titulares de un poder del Estado y ejercientes de una función pública esencial para la ciudadanía.

Esta última consideración me da pie a concluir este primer apartado con una Recomendación del Consejo de Justicia de la Unión Europea, de fecha 8 de marzo, que recuerda a los Estados miembros que una Administración de justicia independiente, de alta calidad y eficacia, resulta un instrumento imprescindible para facilitar la recuperación del crecimiento económico y la creación de empleo. Por tanto, la necesidad de reforma y modernización de la misma debe situarse como una prioridad tanto de la estrategia de recuperación de la confianza en el Estado de Derecho como de la estrategia económica para la salida de la crisis.

II
Crisis de eficacia o funcionamiento, no de legitimidad
Mi segunda reflexión, dentro de este recorrido o radiografía de la justicia, me lleva a

referir que, pese a la situación de crisis de eficacia, de defectuoso funcionamiento, en que se encuentra nuestra justicia, procuramos reafirmar nuestra credibilidad institucional y evitar la crisis o pérdida de legitimidad del poder judicial. Así, lo demuestra el constante recurso a la jurisdicción.

La sociedad confía mayoritariamente en el compromiso de los jueces, en su responsabilidad social para encontrar, dentro de la legalidad, soluciones a problemas especialmente sensibles en estos tiempos difíciles, así como dar respuesta legal a ejemplos poco edificantes de comportamiento. Los jueces caminan impulsados por su compromiso constitucional y su deseo de servir a la sociedad. Pueden existir excepciones, como en todas las profesiones, pero la mayoría responde a un arquetipo de jueces honestos, hombres y mujeres que buscan por encima de todo la verdad y la justicia, a menudo incomprendidos y criticados, que en soledad actúan con integridad y recta conciencia. Ello merece el elogio de su trabajo, de su lucha por ser un instrumento de paz y de reparación de la injusticia.

Y así debemos seguir. La judicatura no puede malbaratar lo que representa, ser una pieza clave de nuestra estructura democrática. La afirmación contenida en el art. 117.1 de nuestra Constitución, “la justicia emana del pueblo”, contiene un mandato implícito de suma importancia: la justicia sirve y es debida a los ciudadanos, a las personas que conforman nuestra sociedad y que precisan de ella para la tutela y garantía de sus derechos y la solución de sus problemas conforme establezcan las leyes. Los Jueces y Magistrados nos debemos, por tanto, a las personas; a ellas y ante ellas debemos responder día a día en el ejercicio de nuestra función, asumiendo la responsabilidad en la reconstrucción del valor constitucional de la justicia que prepare un futuro en el que el imperio de la ley y del Derecho siga siendo el eje vertebrador de nuestro sistema democrático de convivencia. No podemos olvidar que nuestra prioridad es la atención al ciudadano. Si olvidamos esa prioridad nos convertimos en cómplices del descrédito social de nuestra función.

Es cierto que el actual contexto no lo pone fácil, que la sobrecarga de trabajo dificulta la consecución de la excelencia en el ejercicio de nuestra función, pero ello no debe conllevar que el desánimo, la indiferencia, o la apatía imperen en nuestros Juzgados y Tribunales. Somos profesionales, debemos prestar un servicio a la sociedad de la que formamos parte y hemos de hacerlo con toda la dedicación y eficacia que resultan exigibles.

Y así lo venimos haciendo hasta ahora en Andalucía, donde seguimos con un nivel de ingresos de asuntos cercano a los dos millones, la tasa de ingreso más elevada a nivel nacional, de forma que los jueces andaluces soportan la mayor carga de trabajo de España, con un promedio individual de más de 2.000 asuntos al año. Pese a ello, el colectivo judicial sigue mostrando un elevado grado de compromiso y responsabilidad, si bien la comentada sobrecarga de trabajo dificulta, cuando no impide seriamente, la labor tuitiva y de control. Por ello, precisamente, no es posible silenciar el descontento, la sensación de desamparo, el agobio que provoca la sobrecarga de trabajo y la preocupación por la falta de impulso político y ausencia de mejoras y cambios organizativos. Priorizar al ciudadano en nuestra atención requiere la cooperación de los responsables políticos, no sólo porque son ellos los encargados de poner solución a las deficiencias estructurales que nos atenazan, sino también porque vienen ocupando buena parte de nuestro tiempo, convirtiéndonos cada vez más en protagonistas involuntarios dentro del escenario social y político.

Varios analistas comentaban hace escasos días la proliferación de procesos de especial relevancia, con ejemplos poco edificantes de comportamiento público, lo que implica que el quehacer diario de los jueces se convierte en un permanente escaparate: “hay demasiados jueces de instrucción en los telediarios, síntoma alarmante que proyecta una imagen negativa y denota que algo falla en el funcionamiento de nuestras instituciones. Una sociedad no puede trasladar de forma sistemática la gestión de sus problemas a los jueces,

porque revela que esa sociedad y quienes la administran no han sabido estar a la altura de sus desafíos y que vive más pendiente del pasado que de elaborar estrategias conjuntas y plantear ideas de verdadero futuro”.

III
En situaciones como ésta, creo oportuno enfatizar la importancia del prestigio de

la justicia entre los ciudadanos a los que sirve, tercera y última reflexión, ya que se percibe en la opinión pública una suerte de perplejidad y contradicción sobre la que habríamos de reflexionar entre todos.

Por un lado, la sociedad es consciente de la importancia de contar con jueces independientes, imparciales, sólidamente formados, rigurosamente sometidos al principio de legalidad. Para la sociedad la calidad de su justicia es importante y entiendo que los ciudadanos siguen confiando en que la mayoría de los jueces desempeñan su trabajo día a día, en mejores o peores condiciones, sin más estímulo que su compromiso y exigencia constitucional de independencia y responsabilidad. Para la generalidad de los ciudadanos, en definitiva, sigue siendo importante lo que decide un juez, seguramente porque asume que la decisión judicial está avalada por una garantía importante: es el resultado de un proceso en el que ha existido igualdad de armas en todas las partes.

Pero esta impresión convive con otra de signo muy diverso, que se refleja en las encuestas: el descrédito de la justicia. Ya sea por la trascendencia mediática de ciertas resoluciones extrañas, llamativas o simplemente mal entendidas; ya sea por la impresión de politización de la cúpula de gobierno judicial; ya sea por experiencias negativas en su contacto con procesos judiciales; o también, por qué no decirlo, por el inadecuado tratamiento que, con demasiada frecuencia, se da en los medios de comunicación a los asuntos que tienen que ver con la justicia, lo cierto es que parte de la ciudadanía está cayendo en la desazón de no confiar “ni siquiera” en los jueces. Y esto es particularmente grave, porque una sociedad que no confía en sus jueces termina no creyendo en el conjunto del sistema.

Ante esta creciente amenaza, permítanme que exprese mi convicción de que no cabe minimizar el problema o echar la culpa a otros. La respuesta a esta realidad, a este desencuentro entre sociedad y justicia, ha de ser un constante ejercicio de autocrítica. Cada cual en su lugar.

Los profesionales de la justicia podemos elevar quejas o reclamaciones a otros poderes solicitando mejores leyes, más medios o mejor organización y condiciones de trabajo, pero, sobre todo, debemos recordar día a día la enorme responsabilidad de la que somos depositarios, para hacernos continuamente dignos de ella. Son tareas para cada uno de nosotros estudiar, trabajar, cuidar de nuestra propia independencia personal, introducirnos en cada proceso con el máximo respeto a las partes y sus representantes, y no sólo no favorecer, sino eludir en lo posible la tentación del protagonismo público.

Los políticos y gobernantes tienen recursos limitados, pero deben comprender que la justicia no es un lujo ni un capricho, sino una de las principales necesidades de un Estado Democrático de Derecho. Y, precisamente, uno de sus pilares fundamentales es la independencia judicial, cuyo respeto debe ser escrupuloso y ha de estar especialmente potenciado desde la acción política, huyendo de críticas que no obedezcan a razones meramente jurídicas.

Y los profesionales de los medios de comunicación deben analizar, opinar e informar sobre los asuntos judiciales, porque son de interés público, pero también deben ser

conscientes de su gran influencia en la sociedad y en la opinión pública. Por eso, de manera clara y expresa, hay que reclamarles que no traten la información judicial como mercancía o como objeto para competir en audiencias, que no banalicen con sensacionalismos o juicios paralelos y sumarísimos los casos de los que han de informar, y que no alimenten, cada vez que se dicta una resolución de la que legítimamente discrepan, la percepción de que los jueces resuelven al dictado de intereses o de ideologías. Para ello, este Tribunal Superior les ofrece la colaboración de un Gabinete de Prensa que se dedica, día a día, a proporcionar información fiable y bien orientada sobre lo que sucede en los tribunales.

Si cada uno, desde su posición, parte de estas premisas, la justicia como valor supremo de nuestro ordenamiento jurídico ganará muchos enteros.

Voy terminando. Y quiero hacerlo en sentido optimista. Necesitamos mejoras y necesitamos mejorar. Este nuevo año judicial abre ante nosotros nuevas perspectivas que permiten vislumbrar un futuro más definido, menos incierto. No debemos perder la esperanza de que pueda ser mejor.

Citando una frase célebre, les recuerdo que la mayor forma de inteligencia social es, sin duda, la inteligencia cooperativa. Inteligencia cooperativa que deben derrochar los responsables políticos para cerrar, de una vez por todas, con el mayor consenso, receptividad y sensibilidad, el proceso inacabado de modernización de la justicia.

Inteligencia cooperativa que deben derrochar en nuestra Comunidad Autónoma los jueces, fiscales, secretarios, funcionarios y cuantos coadyuvan al servicio de la Administración de Justicia, tanto para rentabilizar al máximo los actuales medios como para asumir esa una nueva organización a la que el legislador ha llamado “nueva oficina judicial”, teniendo siempre como objetivos la eficacia, la calidad y la mejor atención ciudadana.

Y, en fin, inteligencia para sentirnos orgullosos de resolver día a día los conflictos que acceden a la jurisdicción y dar solución a los problemas de nuestros conciudadanos con una actitud de jueces que actúan con independencia e imparcialidad, que así sea visualizada por la sociedad, con criterios siempre de racionalidad jurídica. Eso refuerza nuestra legitimación y en esa línea debemos avanzar, de modo que sea nuestra contribución al bienestar de la sociedad.

Con el doble deseo de que mantengamos ese compromiso en este año judicial que ahora iniciamos, así como su colaboración para poder ofrecer la mejor justicia posible a la sociedad andaluza, les invito a disfrutar de este acto y de este encuentro, no sin antes recordar con gratitud y reconocimiento a todos aquellos que, por jubilación u otras causas, han dejado de prestar sus servicios, de manera especial a D. Antonio Angulo Martín, Presidente que fuera de la Sala Social y de este mismo Tribunal Superior, persona de unas cualidades humanas y profesionales dignas de elogio y referencia para todos nosotros.

Muchas gracias”

 

Ratas en los juzgados…

Jorge Muñoz | 17 de septiembre de 2013 a las 20:20

No es un secreto que muchas sedes judiciales de Andalucía no se encuentran en condiciones dignas ni para los ciudadanos ni para los propios funcionarios que trabajan en estos órganos judiciales. La lista de incidentes es numerosa, pero el último caso ha ocurrido esta semana en el viejo edificio del Prado de San Sebastián de Sevilla, donde cuatro funcionarios del juzgado de Instrucción número 17 han visto cómo se clausura su oficina y han tenido que ser trasladados a otras dependencias al detectarse la presencia de una rata.

Un cartel advierte de que la oficina está "cerrada por roedores (ratas)"El animal campaba a sus anchas por las mesas de los funcionarios, empapaba sus patas en el tampón oficial que se utiliza para sellar los documentos e incluso había llegado a roer varios cables de los ordenadores. De nada habían servido las trampas de pegamento y las pastillas colocadas por el personal de mantenimiento para acabar con sus andazas. Los excrementos también eran visibles.

Los funcionarios habían pedido que se limpiaran los excrementos de las ventanas

Los funcionarios habían pedido que se limpiaran los excrementos de las ventanas

La situación obligó finalmente a clausurar las instalaciones, mientras que la Consejería de Justicia e Interior de la Junta ya ha anunciado que se están adoptando las medidas oportunas y que se procederá a desinfectar las dependencias. Pero no es la primera vez que se produce algo así, dado que hace tiempo una fiscal y un funcionarios sufrieron un ataque de piojos mientras se hallaban trabajando en el juzgado de guardia.

Desde luego la imagen de la Justicia no sale para nada reforzada con sucesos de este tipo. Menos mal que en el juzgado de Alaya no ocurren estas cosas, porque con el trabajo que tienen no sé qué pasaría si los funcionarios tuvieran que abandonar la instalaciones… Alaya no tiene ratas, tiene aforados.

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El otoño caliente de Alaya tras el 10-S

Jorge Muñoz | 14 de septiembre de 2013 a las 15:30

Alaya prepara un otoño caliente. Tan sólo tres días después del bombazo del 10-S, que saludó al nuevo Gobierno de Susana Díaz con la preimputación de los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y de cinco ex consejeros autonómicos, la magistrada ha fijado un nuevo calendario de declaraciones en el que, en sólo un mes, tomará declaración a 20 personas.

La fecha más destacada de este nuevo calendario es la del 8 de octubre, día en el que Alaya se verá las caras con la ex consejera de Economía y Hacienda y ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez, de la que se dice que está prepararándose a conciencia su declaración e incluso está estudiando las leyes procesales. Éste será, sin duda, un debate de altura entre dos mujeres que están consideradas de armas tomar por su fuerte carácter.

Si algo ha demostrado Alaya durante los tres años de instrucción de los ERE es que es muy vehemente en sus interrogatorios y cuando el imputado tiene un nivel similar al de la magistrada las declaraciones se convierten en todo un espectáculo dialéctico. El combate Alaya-Álvarez sería, sin duda, digno de los mejores debates, aunque sólo podrán disfrutar del mismo los abogados de los 123 imputados que hay actualmente personados en la causa de los ERE fraudulentos.

A la contundencia de Alaya se opondrá ahora una experimentada parlamentaria, curtida en muchos debates políticos y que está claro que se va a defender con uñas y dientes. No en vano, es mucho lo que se juega, porque en sede judicial estamos hablando de delitos y penas, no de reproches políticos.

La juez ha completado el calendario con la declaración de los ex directores genrales de Presupuestos, entre ellos Antonio Vicente Lozano, hasta el pasado viernes ‘número 2′ de Susana Díaz; del ex viceconsejero de Empleo Justo Mañas y de varios empresarios, directivos de Vitalia, dos cuñados del conseguidor Juan Lanzas, y dos sindicalistas de CCOO. Un otoño caliente en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.

Con esta nueva remesa de declaraciones, Alaya reducirá en parte el número de imputados pendientes de comparecer. De los 123 imputados que hay en la causa -si incluimos los siete aforados marcados por la instructora-, faltan por declarar a fecha de hoy 72.

La juez Mercedes Alaya, en los juzgados de Sevilla

La juez Mercedes Alaya, en los juzgados de Sevilla

Alaya gana tiempo pero sigue sin soltar las riendas

Jorge Muñoz | 11 de septiembre de 2013 a las 7:02

Hace tiempo que se esperaba este auto, pero una vez más la juez Alaya ha vuelto a sorprender por el momento en que ha decidido trasladar la imputación a los ex presidentes de la Junta José Antonio Griñán y Manuel Chaves. Al primero casi ni le ha dado tiempo a abandonar San Telmo a la hora cuando la juez le ha lanzado un envenado ofrecimiento para que ejerza su derecho de defensa, para que se persone con abogado y procurador en la causa de los ERE y preste, si así lo desea, una declaración voluntaria antes de que la magistrada se pronuncie sobre la posibilidad de elevar la causa al Tribunal Supremo.

No es la primera vez que Alaya suelta una bomba, en forma de auto, que sacude los cimientos, en este caso, del nuevo gobierno que lidera Susana Díaz, que ha tratado de borrar desde el principio cualquier relación con las irregularidades detectadas en las ayudas públicas. Alaya ya hizo lo propio cuando el PSOE-A convocó el proceso de Primarias para elegir al sucesor de Griñán y la instructora dictó el, hasta ahora, trascendente auto del 28 de junio, que imputaba a una veintena de cargos públicos, entre ellos Magdalena Álvarez. Ese auto se ha quedado ahora en pañales al lado del que notificó ayer Alaya.

Pero más allá de estas extrañas coincidencias –el nuevo auto está amparado por la doctrina que expuso la Audiencia de Sevilla el pasado 8 de agosto en un auto en el que avaló la labor de la instructora-, lo cierto es que Alaya ha subido ya todos los peldaños de la pirámide de imputaciones que anunció en una ocasión y ha dado, esta vez sí, el último “paso cualitativo” al que se refirió en su anterior resolución.

La juez Mercedes Alaya llega a los juzgados de Sevilla

Alaya ha imputado a dos ex presidentes de la Junta, el primero de los cuales, Manuel Chaves, al principio de la instrucción, limitó las irregularidades a la actuación de “cuatro golfos”. De esos cuatro golfos iniciales se ha pasado a una causa que ronda ya los 123 imputados, entre los cuales se encuentran, además de los dos ex presidentes andaluces, un buen número de ex consejeros, directores generales, y ex altos cargos de la Administración andaluza.

 

Con el auto de ayer, Alaya vuelve a ganar tiempo para su particular manera de instruir y sigue sin soltar las riendas de la causa. Algunos apuntan a que esta resolución aleja los fantasmas de posibles nulidades, dado que la jurisprudencia advierte de que no se puede instruir una causa a espaldas del imputado, sin que éste pueda ejercer su derecho de defensa, algo que en el caso de los aforados Alaya pretende salvar con el ofrecimiento de la personación que les ha realizado formalmente.

Ahora ya sólo queda que la instructora acelere la investigación y tome declaración a los 72 imputados (sobre los 116 que había hasta ayer) que aún no han sido citados a pesar de que algunos llevan más de dos años imputados. La causa de los ERE no debe eternizarse para que evitar una sentencia que los ciudadanos no puedan entender, si alguien finalmente sale beneficiado de los retrasos de la investigación.

¿Será el maizal de Majaloba el escenario de la última búsqueda de Marta?

Jorge Muñoz | 7 de septiembre de 2013 a las 8:06

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Una imagen termográfica del maizal de Majaloba

No sé si realmente el cuerpo de Marta del Castillo estuvo alguna vez en Majaloba. Si creemos la última declaración de Miguel Carcaño, ése fue el destino que dieron al cuerpo de la joven. Ni la Fiscalía ni el juez que instruyó en su día la causa dan ninguna credibilidad a esta versión y, de hecho, han decidido archivar la investigación abierta al hermano del asesino confeso, Javier Delgado. La Policía, en cambio, está absolutamente convencida de la veracidad de este séptimo testimonio de Carcaño, así como la familia de Marta, que ha puesto sus esperanzas en que, por fin, la búsqueda sea positiva. Ojalá sea así…

En julio pasado, la Policía realizó una búsqueda en la finca con la ayuda del georradar y con un sistema de termografía aérea. El informe, que hoy publica Diario de Sevilla, concluye que si los restos de Marta están bajo estos terrenos “deberían estar inalterados”, ya que los trabajos agrícolas con maquinaria pesada sólo afectan hasta la cota -0,40 metros como máximo. En cualquier caso, no será hasta que finalice la cosecha de maiz cuando la Policía y el geofísico Luis Avial con su georradar puedan volver a inspeccionar esta zona donde se han encontrado dos fosas y tres zanjas sospechosas.

Ojalá esta búsqueda ponga fin a la angustia de la familia de Marta, pero como los propios familiares de la joven sospechan ha pasado mucho tiempo desde la desaparición de la joven y, aunque Carcaño esté diciendo ahora la verdad, en este tiempo transcurrido alguien podía haber retirado el cuerpo del lugar de enterramiento y llevarlo a otro lugar. En ese supuesto, estaríamos como al principio, pero más de cuatro años después de aquella noche del 24 de enero de 2009.

Dicen que la esperanza es lo último que se pierde y hoy, más que nunca, hay que estar esperanzados en que el caso se resuelva de una vez por todas. Si el cuerpo no es hallado finalmente, no sé qué más se podrá hacer con Miguel Carcaño para tratar de sacarle el paradero del cuerpo… ¿Será el maizal de Majaloba el último escenario donde se busque a Marta?

La respuesta la tiene la Policía Nacional, que ha dado buenas muestras de su implicación y compromiso en la recuperación del cuerpo y su entrega a los padres de Marta del Castillo.

 

La salida de Lanzas de la UGT

Jorge Muñoz | 2 de septiembre de 2013 a las 20:46

El sindicato UGT ha dicho que Juan Lanzas, encarcelado desde marzo pasado por el caso de los ERE falsos, pagó sus cuotas de afiliado hasta el primer trimestre de 2011 y fue expulsado en noviembre de ese año, aunque hasta el primer trimestre de 2013 no fue borrado del fichero de militantes. UGT respondía de esta forma a la información que publica El Mundo en el sentido de que el sindicato no dio de baja a Lanzas hasta el 26 de marzo de 2013, cuando llevaba cuatro días encarcelado como mediador en los ERE.

El 24 de marzo pasado, el entonces secretario general de UGT en Andalucía, Manuel Pastrana, expresó en rueda de prensa su malestar por el hecho de que Lanzas siguiese siendo presentado como ex sindicalista de UGT cuando dejó de pertenecer a este sindicato en 2002 y “todas las actividades por las que se le investiga las hizo con posterioridad a su salida de UGT”.

Lo que pasa por alto el sindicato es que, ya sea en 2013 o en 2011, lo cierto es que la salida de Lanzas de la UGT no se produce hasta que la juez Alaya abrió la investigación del escándalo de los ERE, cuando salieron a relucir los primeros intrusos y el nombre del conseguidor de los ERE. Alaya abrió dichas diligencias en enero de 2011, pero ya desde muchos meses antes investigaba el presunto cohecho, una causa en la que ya fue citado a declarar como testigo el propio Lanzas.

Ahora, el sindicato matiza que Lanzas “no ha ostentado ningún cargo de responsabilidad ni relación contractual con UGT desde 2002″. “Es cierto que ha pagado su cuota como afiliado hasta el primer trimestre del año 2011 porque con anterioridad no concurrían circunstancias para darle de baja como afiliado” y fue en abril de 2011 cuando se abrió un expediente que se resolvió el 30 de noviembre de ese mismo año. Dicho expediente concluyó con su expulsión del sindicato por falta muy grave.

“Juan Lanzas no está afiliado a este sindicato desde esa fecha, aunque es cierto que no se ha procedido al borrado de sus datos del fichero de afiliación hasta el primer trimestre del año 2013″, reconoce la nota, que precisa que los hechos que se le imputan “nada tienen que ver con su etapa como sindicalista”, donde fue secretario de su federación de alimentación.

Esto es cierto, pero también lo es que la juez Alaya está investigando el pago de más de siete millones de euros en comisiones a empresas vinculadas a los sindicatos UGT y CCOO, en relación con su intervención en la tramitación de las pólizas de los ERE. Hay que recordar que algunos de los imputados han dicho que los sindicatos se llevaban hasta un 1% por no hacer nada y, si realmente estas sospechas se confirman, esto sí que es grave: organizaciones que en teoría defienden los intereses de los trabajadores que se lucran de los procesos de regulación de empleo.

Habrá que esperar a dónde lleva esta línea de investigación de la juez Alaya sobre las comisiones de los sindicatos, lo que ocurre es que la instructora tiene muchos, demasiados frentes abiertos, para una sola magistrada, por mucho que ésta sea  una excelente trabajadora como Alaya.

A Alaya se le acumula el trabajo

Jorge Muñoz | 6 de agosto de 2013 a las 8:11

Hace unos días contaba en estas mismas páginas que Alaya se había marchado de vacaciones dejando sin citar a 50 de los 93 imputados que hay en la causa de los ERE fraudulentos. La situación es más grave, por cuanto la instructora ha dictado un nuevo auto -el pasado 31 de julio, el último día antes de marchar de vacaciones- en el que ha decidido imputar en el proceso a otras 23 personas, entre ellas dos hijos del empresario jerezano José María Ruiz-Mateos.

De esta forma, la situación queda como sigue: después de dos años y medio de instrucción hay 116 imputados en la causa de los ERE, pero Alaya sólo ha tomado declaración a 43, con lo que le queda por hacerlo a otros 73. Una cifra que muestra la gravedad del retraso en la toma de estas declaraciones. En otras ocasiones he comentado los riesgos que algunos apuntan a que se se produzcan prescripciones o a que haya que aplicar finalmente circunstancias atenuantes de dilaciones indebidas por el retraso considerable en la instrucción.

Al final todas estas cuestiones pueden ensombrecer el magnífico trabajo que la magistrada está haciendo para esclarecer el mayor escándalo de corrupción que se ha destapado en Andalucía desde la democracia. Esperemos que, a su regreso de las merecidas vacaciones, la juez fije un auténtico calendario para la toma de declaraciones y decida sobre qué hacer con los posibles aforados que puedan ser imputados en el procedimiento. Y si el caso tiene que ser elevado al TSJA o al Tribunal Supremo, pues que así sea…

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Los deberes de la magistrada

Jorge Muñoz | 4 de agosto de 2013 a las 11:13

La juez Mercedes Alaya, en los juzgados de Sevilla

La juez Mercedes Alaya

Septiembre es, al igual que enero, un mes de buenos propósitos. Es época de coleccionables, de retomar los cursos de idiomas abandonados o de apuntarse a un gimnasio para reducir los efectos de los excesos de las vacaciones.

Septiembre es el mes en el que se produce la tradicional apertura del año judicial. Y septiembre también es el mes en el que Alaya vuelve de sus vacaciones y debe hacer frente a los deberes que dejó pendientes.

La causa de los ERE, cuya investigación se inició a principios de 2011, está actualmente en una encrucijada. Alaya tiene pendiente aún tomarle declaración a más de la mitad de los 93 imputados, de los cuales 50 aún no han realizado el conocido paseíllo hasta las puertas de los juzgados del Prado de San Sebastián.

Pero el grave retraso en la toma de estas declaraciones, algunos de los imputados llevan más de dos años sin haber sido citados a declarar, no es el único problema de una instructora que está recibiendo críticas desde los miembros del Gobierno andaluz y desde algunos de los abogados de los altos cargos imputados ante lo que consideran una “selectiva imputación” para evitar toparse con los aforados, como el propio presidente de la Junta, José Antonio Griñán, en su etapa al frente de la consejería de Economía y Hacienda.

La Junta y el PSOE han empleado toda su munición para reclamar que se eleve la causa al Tribunal Supremo. Cierto es que, en lo que se refiere a los aforados, las críticas no están exentas de veracidad.

Alaya no podrá aguantar mucho tiempo más sin decidir qué hacer con el ex consejero de Empleo José Antonio Viera, que está marcado por la Guardia Civil desde febrero de 2012, cuando los investigadores le atribuyeron un papel clave en las millonarias ayudas concedidas a empresas de la Sierra Norte de Sevilla.

La juez debe aprovechar el retorno de las vacaciones para, tal y como le pide Anticorrupción, impulsar decididamente la instrucción y, si cree que aún no es el momento de elevar el caso al Tribunal Supremo, por lo menos debe acelerar la toma de declaraciones de los imputados que llevan ya citados muchos meses y años en algunos casos.

Sería imperdonable que un trabajo tan extraordinario como el que está haciendo la magistrada se viera finalmente ensombrecido por posibles nulidades que puedan dar al traste con una investigación que trata de esclarecer el dispendio de fondos públicos durante una década.

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