El Supremo toca la sentencia para dejarlo todo igual

Jorge Muñoz | 7 de febrero de 2013 a las 0:12

La familia de Marta, a través de su abogado, ya lo ha anunciado: recurrirán en amparo al Tribunal Constitucional la sentencia del Tribunal Supremo que ha endurecido la condena de Miguel Carcaño, ha ordenado revisar la absolución de Samuel Benítez, y ha mantenido la absolución de los otros dos acusados, Javier Delgado y María García.

Sobre la elevación de la condena de Carcaño no hay nada que decir. Es evidente que las seis versiones que el asesino confeso ofreció sobre la desaparición de Marta del Castillo, sus continuos cambios y su negativa a decir, cuatro años después, donde están los restos de la joven, merecen el mayor reproche penal y la condena por el delito contra la integridad moral. Cambiar tantas veces de versión ha aumentado el sufrimiento de la familia y supone, como dice el propio Supremo, ir más allá del derecho de defensa, porque podía haber guardado silencio o negarse a declarar, como era su derecho.

Más importante es giro que da el Alto Tribunal respecto al horario en que se inicia la maniobra de ocultación del crimen, con la salida del cuerpo del piso de León XIII. La Audiencia situó esta hora en las 22:15 horas, en una maniobra de encaje de bolillos que le permitía ratificar la absolución de María García, porque si esta acusada llegó al domicilio a las doce de la noche para estudiar, ya no coincidió en dicho piso con el cadáver, por lo que no podía ser condenada.

La sentencia del Supremo apuesta ahora, como en su día hizo el juez instructor, la Policía y la Fiscalía, por el horario de madrugada: la salida del cuerpo tuvo lugar antes de las dos de la madrugada, algo corroborado por los dos testigos que vieron a Miguel Carcaño y a dos jóvenes manipulando una silla de ruedas, el primero en el portal de su casa, y los segundos portando un “bulto” que arrojaron en un contenedor.

Pero el Supremo deja sentado que este cambio de horario al único que puede afectar es a Samuel Benítez, no a Javier Delgado ni a María García, a los que se ratifica su absolución porque el tribunal considera que hay insuficientes pruebas de cargo contra ambos. Este extremo es cierto y siempre se apuntó desde el principio de la instrucción a la debilidad de las pruebas de cargo contra ambos. Una cosa es que puedan existir indicios o sospechas de que tuvieron que conocer lo que sucedió la noche del 24 de enero de 2009 en ese piso de León XIII y otra muy distinta es que se pueda acreditar una participación como encubridores, en el sentido de que intervinieran activamente para ocultar las pruebas.

En todo caso, el Alto Tribunal recuerda que Javier Delgado no podría ser condenado por encubrir a su hermano al beneficiarse de la excusa absolutoria que establece el artículo 454 del Código Penal, que exonera de pena a los parientes más directos del autor del delito.

¿Y cómo afecta la nulidad parcial del fallo en el caso de Samuel Benítez? Pues en nada. Salvo en situarle como nueva estrella invitada del caso: habrá una nueva sentencia en exclusiva para él. Los magistrados de la Audiencia de Sevilla deben revisar la situación de Samuel Benítez con el nuevo horario para ver su posible participación en el delito de encubrimiento, pero en la práctica todo va a quedar igual  y se va a mantener la absolución. ¿Por qué? Por varios motivos, porque el Supremo sólo ha ordenado la revisión no que se le condene por este delito y porque la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla ya dejó claro que no consideraba culpable a Samuel Benítez, a pesar de que este joven confesara su implicación en su primera declaración ante laPolicía, de la que luego se retractó. Para la Audiencia, Samuel estuvo desde las doce de la mañana del 24 de enero hasta las dos de la mañana del día siguiente en la barriada de Montequinto, celebrando primero un cumpleaños y después pasando tiempo con otros amigos, por lo que no pudo participar materialmente en las labores de ocultación del cuerpo a pesar del apagón de los móviles de los acusados.

Dudo de que el tribunal vaya a variar ahora su criterio, pese al rapapolvo recibido del Supremo, que ha dicho que actuaron por “intuición o especulación” a la hora de fijar la salida del cuerpo a las 22:15. Más que una especulación fue una maniobra de encaje jurídico para llegar a la absolución de los tres acusados sobre los que la Sala consideraba que no hay pruebas suficientes para condenarles.

El Supremo ha tocado la sentencia para dejarlo todo igual. Carcaño con un año y tres meses más de prisión -algo que no cambia mucho su situación tras pesar sobre él una condena de 20 años por el asesinato-, y con la condena a pagar los 616.319,27 euros de los gastos de la búsqueda, una indemnización que el Estado nunca va a cobrar porque el asesino confeso es insolvente. Y se queda todo igual porque, lo más importante del caso, sigue  siendo una incógnita: el paradero de los restos de Marta. La familia no podrá descansar hasta que el asesino confiese y diga qué hizo con el cuerpo. Sólo un milagro o la investigación que sigue abierta respecto a la búsqueda del cuerpo, pueden aliviar ya el sufrimiento de la familia.

Por cierto, uno de los magistrados del Supremo, Miguel Colmenero, ha asegurado en su voto particular que comprende el dolor de la familia de Marta pero recuerda que aquí se ha perdido una vida joven, un delito en el que, añade, la Justicia ha encontrado al autor y le ha impuesto la pena máxima prevista en la ley. Lo que no se debe olvidar nunca es que la familia también tiene derecho a exigir que se depuren las responsabilidades de las personas que pudieran haber tenido alguna participación en los hechos y aquí también entran los presuntos encubridores.

La actuación del Supremo es impresentable

Jorge Muñoz | 5 de febrero de 2013 a las 16:47

La gestión del Tribunal Supremo tras la filtración de la sentencia del caso Marta es absolutamente impresentable. Con dos medios de comunicación anticipando la decisión del Alto Tribunal, no se puede admitir que la respuesta ante estas filtraciones sea “ni se confirman ni se desmienten” las informaciones publicadas. La sentencia, según precisaron ayer fuentes del gabinete de comunicación, no se ha notificado aún a las partes y, por lo tanto, no hay nada que decir hasta que se haga pública.
Vaya por delante que los dos medios que han publicado la sentencia –La Razón y El Mundo– no han hecho más que cumplir con su deber de informar. Cualquier periodista hubiera hecho lo mismo en caso de tener conocimiento de la sentencia, pero lo que no es de recibo es la gestión que ha hecho el Tribunal Supremo una vez divulgado el fallo.
Para empezar, es ingenuo pensar que una sentencia que está dictada desde el pasado viernes pueda guardarse en secreto mientras dos de los cinco magistrados redactan sus votos particulares. Y si el fallo sólo lo conocen estas cinco personas, no hay que ser una lumbrera para analizar de donde provienen las filtraciones.
En cualquier caso, una vez filtrada la información, lo correcto es que, por lo menos, el Tribunal Supremo hubiese anticipado el fallo de la sentencia, haciéndolo por así decirlo más público u oficial si cabe. Bastaría con llamar a los procuradores de todas las partes y notificarles únicamente el sentido del fallo, dejando el resto de la sentencia con sus argumentos, motivaciones y fundamentos para cuando estén listo los votos particulares. Esa práctica no es nueva y es incluso admitida por el propio Supremo, que ya lo hizo en otros casos de notoria importancia.
La actuación del Supremo es impresentable para los propios imputados pero, sobre todo, para la familia de Marta del Castillo. Antonio del Castillo ha dicho que es “una vergüenza” que se haya tenido que enterar así de una sentencia que llevan esperando cuatro años. No es justo que una familia que ha sufrido y sigue sufriendo tanto, se entere por la prensa de esta decisión. Un nuevo y doble varapalo, no sólo por el contenido de la sentencia, sino también por las formas del Supremo.
Tampoco es justo para los acusados, que tienen derecho a conocer la sentencia a través de sus respectivos abogados, al menos, a la par que el resto de la sociedad.

A Alaya se le escapa el caso de los ERE

Jorge Muñoz | 5 de febrero de 2013 a las 12:46

No habrá reincorporación inmediata de la juez Mercedes Alaya. La titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla acaba de presentar un nuevo parte de baja por otros 20 días, con lo que su ausencia del juzgado se aproxima ya a los cinco meses.

La nueva baja de Alaya, que está enferma desde el 12 de septiembre de 2012, supone un nuevo hito en la instrucción de la causa de los ERE fraudulentos. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) tomó recientemente cartas en el asunto  y el juzgado de Alaya cuenta ya con dos  jueces de adscripción territorial, Ana Rosa Curra y Rogelio Reyes, nombrados como refuerzo, para llevar todos los asuntos en ausencia de la magistrada titular.

Hasta esta misma semana, ambos jueces no habían querido transmitir a la Sala de Gobierno del TSJA el hipotético reparto de las macrocausas que se investigan, ante la posibilidad de que Mercedes Alaya se reincorporara antes de este jueves, cuando le cumplía el último parte de baja. Pero la ampliación de la baja, por mucho que Alaya muestre deseos de volver, supone que este caso, el que ha marcado sin duda su trayectoria profesional, se le escapa…

Prácticamente cada nueva baja de Alaya ha ido precedida, en la mayoría de los casos, de rumores sobre una posible mejoría que alentaban su inminente regreso, pero en cada ocasión se han confirmado los peores pronósticos y Alaya no ha vuelto a su despacho.

Lo que sí está claro es que el caso de los ERE no será el mismo sin Alaya, ya lo hemos comentado en este blog en alguna ocasión. Sin su peculiar forma de instruir, que hasta ahora venía dando sus frutos, la investigación judicial no será la misma, todo ello sin desmerecer la labor que a partir de ahora desempeñe  la juez Ana Rosa Curra, que será quien asuma previsiblemente la instrucción del mayor escándalo de presunta corrupción que se ha conocido en Andalucía.

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El ex consejero de Empleo supera a Urdangarín en fianzas

Jorge Muñoz | 30 de enero de 2013 a las 14:58

La fianza de 8,1 millones de euros que el juez que instruye el caso Nóos, José Castro, ha impuesto al duque de Palma, Iñaki Urdangarín, así como a su ex socio en el Instituto Nóos, Diego Torres, puede parecer una cifra muy importante, pero la juez Mercedes Alaya, que investiga el caso de los ERE fraudulentos, se lleva la palma en cuanto a fianzas de responsabilidad civil, por cuanto impuso nada más y nada menos que 807 millones de euros al ex consejero de Empleo Antonio Fernández tras su imputación en el caso de las ayudas irregulares.

Se trata de una de las mayores fianzas impuestas en la historia judicial española, tan sólo superada por los 1.000 millones que se impuso al “cerebro” de la Operación Malaya, Juan Antonio Roca, que rondó los 1.000 millones.

Sea como fuere, los 8,1 millones solicitados al duque de Palma no suponen casi ni el 1% de la fianza que Alaya fijó para Antonio Fernández, en un proceso en el que Alaya ha establecido otras millonarias fianzas: 686 millones para el director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta, Francisco Javier Guerrero, o los 2,3 millones al ex chófer de éste, Juan Francisco Trujillo.

En lo que Alaya aún no gana al juez del caso Nóos es en el número de folios que tienen sus resoluciones, por cuanto el auto del juez Castro tiene una extensión de 500 folios, una cifra a la que, por el momento, Alaya aún no ha llegado, a pesar de dictar algunas resoluciones muy amplias. Pero tiempo al tiempo….

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La sentencia del caso Marta divide a los magistrados del Supremo

Jorge Muñoz | 30 de enero de 2013 a las 14:16

Ya se ha confirmado. La sentencia del Tribunal Supremo sobre el asesinato de Marta del Castillo, que se hará pública la próxima semana, contendrá al menos un voto particular de uno de los cinco magistrados que componen la sala de lo Penal. Incluso se rumorea que podrían ser hasta dos los votos particulares, con lo que la sentencia saldría adelante con un mínimo margen de tres a dos, muy lejos de la unanimidad que en principio se buscaba para dar respuesta a un caso de tanto calado en la opinión pública.

La postura del Tribunal parece que ha pasado de haberse planteado realmente la posibilidad de repetir el juicio, planteamiento que fue expuesto por la Fiscalía y los padres de Marta del Castillo, a finalmente descartar la repetición, lo que podría ser la base del voto o los votos particulares que contendrá la sentencia.

El debate jurídico, según aseguran algunas fuentes, ha sido muy intenso hasta llegar a este fallo, lo que motivó que se dictaran incluso dos prórrogas del plazo fijado para dictar una sentencia que está pendiente desde el pasado 7 de noviembre, cuando el Supremo celebró una vista en la que las partes expusieron sus respectivos planteamientos.

La división de la Sala Segunda del Supremo se ha centrado en los magistrados que estaban a favor de avalar la sentencia dictada por la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, con todas sus aparentes contradicciones -este tribunal fijó por ejemplo la hora de salida del cadáver de Marta sobre las 22:15 horas, en un horario incompatible con el testimonio de la silla de ruedas y en contra del criterio de la Policía, el juez instructor y la Fiscalía-, y los que apostaban por una posible repetición del juicio para volver a examinar la posible intervención en los hechos de los tres acusados que fueron absueltos: el hermano del asesino confeso, Javier Delgado, su novia, María García, y el que fuera amigo íntimo Samuel Benítez. Parece que el criterio de los primeros se ha impuesto, por un estrecho margen, sobre el de los segundos.

La repetición del juicio planteaba además otros inconvenientes muy difíciles de defender. Si se repitiera el juicio, como la sentencia quedaría anulada, Miguel Carcaño tendría que ser puesto en libertad hasta la celebración del nuevo juicio, lo que plantearía incluso un problema para la seguridad personal de este acusado, que en estos momentos está más seguro en prisión que fuera de ella.

Si como todo apunta, salvo sorpresas de última hora, el juicio no se repite, habrá que ver qué toque dan los magistrados a la sentencia de la Audiencia de Sevilla, porque lo que parece claro es que el alto tribunal no se va a limitar a confirmar el fallo. A este respecto, los múltiples rumores que circulan también indican que la Sala podría incluso endurece la condena de 20 años, que podría ampliarse a 22 años si se estima que también es responsable de un delito contra la integridad moral, por haber aumentado el sufrimiento de la familia al no decir dónde está el cadáver de la joven, e incluso cabría que se le impusiera el pago de los 616.000 euros que costó la búsqueda del cuerpo en varios escenarios debido a las seis distintas versiones de los hechos que el acusado ha dado en estos cuatro años sin Marta.

Sea cual sea el fallo definitivo, ya queda poco para salir de dudas, lo que sí es evidente que la sentencia seguirá siendo polémica y objeto de las críticas. Difícil trabajo para el magistrado ponente, Juan Saavedra, y los otros que componen la sala: Julián Sánchez Melgar, Miguel Colmenero, José Ramón Berdugo y Alberto Jorge Barreiro.

Creo que, al final, esta sentencia tampoco va a cerrar definitivamente este caso, que seguirá abierto mientras el principal acusado siga negándose a decir dónde están los restos de Marta del Castillo. Sólo si aparece el cuerpo, la familia quizás pueda intentar pasar página…

Un error que debería ser indemnizado

Jorge Muñoz | 28 de enero de 2013 a las 18:40

¿Cuánto vale un día en prisión por un delito que no se ha cometido?  No tiene precio, pero para la Justicia este tipo de errores ya no generan la posibilidad de recibir un

a indemnización. El caso de José Antonio Santos Barragán, que pasó 11 meses de prisión por las denuncias falsas de malos tratos de su esposa, es  un buen ejemplo de ello. Este pulidor de profesión perdió su trabajo al entrar en la cárcel, fue estigmatizado como maltratador, y después de 351 días entre rejas, no ha recibido ninguna compensación. Ni siquiera le han pagado los 30.000 euros que le costó su defensa parar demostrar que era inocente.

 

Su esposa fue condenada a 20 meses de cárcel por las denuncias falsas, pero la Audiencia Nacional ha alegado un cambio de jurisprudencia para denegar la indemnización. Lo mismo le ocurrió a Dolores Vázquez, que fue absuelta del asesinato de Rocío Wanninkhof tras pasar 519 días entre rejas.

La sentencia de José Antonio Santos explica que la reciente jurisprudencia respecto al artículo 294 de la ley orgánica del Poder Judicial que la indemnización se circunscribe sólo a aquellos supuestos en los que se haya de

mostrado la “inexistencia del hecho imputado”, es decir, que para una persona tenga derecho a cobrar por haber pasado un tiempo en prisión se tiene que demostrar no sólo que eres inocente sino que el delito no existió. Por ejemplo que te hayan acusado de un asesinato y la supuesta víctima aparezca viva y coleando, en ese supuesto sí que cabría la indemnización según la Audiencia Nacional.

La verdad es que casos como el de José Antonio o el de Dolores Vázquez resultan incomprensibles. La Justicia debe castigar a los responsables de un delito, pero si se equivoca, también debe reparar el daño causado. José Antonio lo ha explicado gráficamente: “Un día en libertad no tiene precio para un inocente”. De acuerdo con la nueva jurisprudencia, para la Justicia tampoco vale nada.
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Un aniversario con suspense

Jorge Muñoz | 24 de enero de 2013 a las 15:52

Hoy se cumple el cuarto aniversario del asesinato de Marta del Castillo. El aniversario llega con suspense, por cuanto el Tribunal Supremo está, aparentemente, a punto de publicar la sentencia que deber resolver los recursos presentados contra la resolución de la Audiencia de Sevilla que hace un año condenó a 20 años de cárcel al asesino confeso, Miguel Carcaño, pero que absolvió a los otros tres acusados: su hermano, Javier Delgado, la novia de éste, María García, y el que fuera amigo íntimo del asesino, Samuel Benítez.

Al suspense por conocer la decisión del Supremo, que debe resolver sobre si mantiene la pena, la agrava en el caso de Carcaño u ordena repetir el juicio contra los cuatro acusados, se suman los cuatro años de sufrimiento de una familia en busca de los restos del cuerpo de su hija. Esta sigue siendo la gran incógnita aún no resuelta: el paradero del cuerpo de Marta tras las múltiples mentiras ofrecidas por el principal acusado a este respecto.

La Policía no ha parado en estos cuatro largos años de buscar el cuerpo de Marta, siguiendo todas las pistas, incluso las que parecen más inverosímiles, y de hecho aún no ha parado en su empeño de recuperar el cadáver. Tampoco lo ha hecho el juez Francisco de Asís Molina, el instructor del caso, que mantiene abierta una pieza separada para tratar de localizar el cuerpo.

Los padres de Marta, Antonio del Castillo y Eva Casanueva, han reiterado estos días que sólo quieren que el Supremo haga Justicia y están dispuestos incluso a tragar que Carcaño pueda quedar en libertad en febrero si los jueces deciden repetir el juicio. La decisión del Alto Tribunal no es nada fácil y esto mismo puede estar provocando el retraso en el dictado de la sentencia, que ha sido prorrogado en dos ocasiones.

Lo cierto es que si finalmente el Supremo repitiera el juicio, algo que creo en principio poco probable a pesar de los rumores contrarios, Carcaño tendría que ser puesto en libertad en febrero, al cumplirse los cuatro años de su privación de libertad y una vez que quedaría anulada la sentencia de la Audiencia de Sevilla. Y en ese supuesto, Carcaño estaría más seguro en la cárcel que fuera de ella, porque en principio no tiene a dónde ir: con su piso embargado, sin tener contacto con su hermano, sin recursos económicos,… Esta decisión traería más repercusiones que si el Alto Tribunal confirma o endurece la condena, agravándola con el delito contra la integridad moral e imponiéndole el pago de los 616.000 euros que costó la búsqueda. La decisión se sabrá pronto…

El ‘zapatazo’ del presidente del TSJA y el sufrimiento de Alaya

Jorge Muñoz | 23 de enero de 2013 a las 22:27

El presidente del TSJA, Lorenzo del Río, se desplazó a Sevilla a poner orden en el juzgado de Alaya ante la justificada ausencia por enfermedad de la titular del juzgado que investiga, entre otros asuntos voluminosos, el escándalo de los ERE fraudulentos.

Lorenzo del Río llegó a Sevilla, vio la situación del juzgado de Instrucción número 6 y dio un zapatazo para arreglar la situación. No era para menos. Más de cuatro meses de ausencia de Alaya han paralizado la causa de los ERE y la juez de adscripción territorial Ana Rosa Curra, que lleva destinada en el juzgado desde el pasado 3 de enero, no acababa de tomar las riendas de la investigación de las ayudas irregulares.

Cierto es que la juez necesita un tiempo para ponerse al día en un sumario que acumula más de 60 volúmenes -30.000 folios- y que tiene más de 200.000 documentos en anexos, pero también es cierto que se trata de una juez de carrera y que, por lo tanto, su actuación no puede limitarse a la actuaciones de urgencia y a aquellas de mero trámite. Ante una baja de Alaya que se presume puede prolongarse durante más tiempo, había que activar estos procedimientos, tal y como ha reconocido Lorenzo del Río.

El presidente del TSJA ha dicho que Ana Rosa Curra, al llegar  este juzgado, ha asumido “todas las causas” de este juzgado, pero también ha puntualizado que la carga de trabajo que soporta este órgano requiere por lo menos que haya siempre dos jueces o incluso tres, si Alaya vuelve finalmente.

Y ésta es precisamente la solución que se ha acordado. La próxima semana se incorporará un nuevo juez de refuerzo o en comisión de servicio para que apoye a la juez Curra y, a partir de ese momento, entre ambos jueces se distribuirán las causas pendientes, algunas de ellas desde 2008, como ocurre con el delito societario en el que se investiga a Manuel Ruiz de Lopera, el ex máximo accionista del Real Betis.

En su visita, Lorenzo del Río también ha logrado arrancar el compromiso de la Junta para que el juzgado de Alaya cuente con dos nuevos funcionarios judiciales de refuerzo, que contribuyan a “agilizar” los delicados procedimientos que se investigan en este juzgado.

Pero el presidente del Alto Tribunal andaluz también ha dejado constancia de la situación en la que se encuentra la juez Mercedes Alaya, quien según del Río, está “sufriendo” por tener que quedarse en casa y no poder volver a trabajar. Si hay algo que precisamente no se puede reprochar a Alaya es su entrega y dedicación al juzgado y en especial al caso de los ERE, que es el caso de su vida, el que marca a un juez, como en su día el caso Juan Guerra marcó al magistrado Ángel Márquez, por citar algún ejemplo cercano.

No me cabe duda y así lo creen muchos de los que conocen la labor de la juez Alaya que la instructora está deseando volver, pero su enfermedad la mantiene, a pesar de sus esfuerzos, alejada de los contundente autos y resoluciones que acostumbra dictar los viernes. En alguna ocasión he comentado en esteblog que la instrucción de los ERE no será la misma sin Alaya, pero que ante su ausencia, no se podía esperar más, porque la Fiscalía Anticorrupción ya ha advertido de la posible prescripción de algunos delitos, y porque, como también han reflejado ya algunos de los abogados defensores de los imputados que conocen la causa al dedillo, los retrasos y la falta de traslado de las actuaciones policiales que han seguido desarrollándose estos meses sin Alaya comienzan a afectar al derecho de defensa de los propios imputados.

La última baja de Alaya es por 20 días. Ojalá vuelva antes o cuanto antes, porque esta compleja instrucción la necesita.

Y entonces, ¿quién robó la droga de la Jefatura?

Jorge Muñoz | 21 de enero de 2013 a las 23:05

El ex agente de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) Lars Sepúlveda ha negado su participación en el robo de los 154 kilos de cocaína y heroína en la Jefatura de Policía de Andalucía Occidental. También han negado su participación el presunto cómplice, Manuel Alonso, y las esposas de ambos.

Tanto Lars Sepúlveda como Manuel Alonso han reconocido que tuvieron contacto con los paquetes falsos de yeso, cacao o sacarosa con los que se dio el “cambiazo” por la droga verdadera. Y el ex agente ha dicho que fue su jefe en la Udyco, F. T. P., quien le ordenó la realización de esos paquetes simulados porque los necesitaba para una operación policial en la que había un agente encubierto y luego ha asegurado que su superior le hizo “la vida imposible” cuando le denunció ante Asuntos Internos por su relación con un clan de narcotraficantes.

Lars Sepúlveda ha dicho que no sabe “a ciencia cierta” quién robó la droga, también lo niega Manuel Alonso, pero su versión de por qué se prestaron a hacer los paquetes falsos tiene muchas lagunas. Manuel Alonso dice que accedió a hacerlos a cambio de que la Policía le hiciera un favor con un juicio que tenía pero que no acaba de aclarar.

Y la denuncia del ex agente de la Udyco sobre las implicaciones de su jefe, F. T. P., no fueron a ninguna parte. El jefe fue absuelto de su supuesta colaboración con el clan de traficantes de los Barriga y la investigación sobre el supuesto retraso en la comunicación del robo de la droga al juzgado fue archivada con el visto bueno de la Fiscalía Antidroga.

Si no fueron Lars ni Manuel Alonso, apodado Lolo, ¿quién se llevó los 154 kilos de cocaína y heroína de la Jefatura? La Fiscalía cree que no hay duda de que son ambos procesados los responsables y, para ello, recuerda que el notable incremento patrimonial que en sólo tres años, entre 2006 y septiembre de 2009, registraron los dos matrimonios imputados. El Ministerio Público cifra en más de 302.000 euros el incremento patrimonial del ex agente de la Udyco y en más de 775.000 el de Lolo y su esposa.

Y todo ello con un sueldo de policía nacional, de unos 1.800 euros, aunque Lars ha dicho en el juicio que tenía otros importantes ingresos de un negocio de compraventa de motos. Habrá que ver a qué conclusiones llega el tribunal cuando dice sentencia. Por el momento, el juicio no ha hecho nada más que comenzar y, por el mismo, tendrán que pasar numerosos testigos, entre ellos el jefe de la Udyco al que el acusado culpa del cambiazo de la droga…

De hecho, lo único que ponen de manifiesto los sucesivos robos que se han producido -en Málaga, Cádiz, Huelva y en el Instituto de Toxicología de Sevilla- es la fragilidad y escasas medidas de seguridad de los depósitos donde se almacenan los estupefacientes intervenidos en las distintas operaciones policiales, lo que ha llevado a la Fiscalía a dictar una nueva instrucción sobre la necesaria destrucción de los alijos a la mayor brevedad posible (consulta la instrucción de la Fiscalía General del Estado).

El rastro de las comisiones

Jorge Muñoz | 20 de enero de 2013 a las 11:04

La investigación del escándalo de los ERE se encuentra ante un nuevo hito que puede abrir la línea definitiva que buscaba la juez Mercedes Alaya y que está vinculada a las comisiones que cobraban los brókers o entidades mediadoras que intervenían con las compañías aseguradoras de las pólizas financiadas por la Junta de Andalucía.

En el marco de este nuevo rumbo de la investigación que lleva a cabo la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil -en la que se trata de averiguar nuevos delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales, entre otros-, la juez Ana Rosa Curra, que refuerza a Alaya mientras sigue de baja por enfermedad, ha encarcelado a un presunto testaferro, Juan Francisco Algarín, quien ha reconocido que trasladó sobres con dinero entre Mercasevilla y puntos cercanos a la Consejería de Empleo hasta las proximidades de la Delegación de Empleo en Sevilla.

Casi cuatro años después del inicio de las diligencias relacionadas con el intento de cobro de comisiones en la empresa pública Mercasevilla -que ya ha concluido con tres condenas por cohecho-, el círculo parece que se cierra, aunque aún se desconoce el destino final de la totalidad de los pagos relacionados con esas comisiones.

La Guardia Civil puso a la juez Alaya tras la pista de las comisiones de las entidades mediadoras hace más de un año, cuando remitió a la instructora un informe en el que aseguraba que junto a la deficiente gestión en la concesión de las ayudas públicas, la Junta había abonado gastos de mediación e intereses que se asumían “sin reparo” y que eran conocidos a nivel de viceconsejero. La Guardia Civil apuntaba entonces que se habrían pagado “comisiones elevadas a las mediadoras Vitalia y Uniter con el conocimiento” del director general de Trabajo y Seguridad Social” y uno de los principales imputados en la causa, Francisco Javier Guerrero.

Esas comisiones se abonaban presuntamente porque los brókers eran los únicos que podían conseguir que determinadas compañías de seguros “aceptaran el pago a plazos del coste de las primas de las diferentes pólizas, mediante las que se han ido haciendo efectivas las ayudas sociolaborales otorgadas”, precisaba la Guardia Civil, que añadía que cuando se incumplían los calendarios de pagos pactados se generaban “cuantiosos intereses que eran asumidos sin reparo” por la dirección general de Trabajo de la Junta.

Con anterioridad a este informe, la propia juez Alaya ya había puesto el foco de atención sobre el cobro de comisiones excesivas por parte de las entidades mediadores como Vitalia, que había cobrado la cantidad de 964.204,66 euros en comisiones superiores a la media del mercado por tramitar los ERE de únicamente tres de las empresas investigadas: Calderinox, Río Grande y Acyco. Para la juez, resultaba “inaudito” que la Junta admitiera estos sobrecostes, que en algún caso superaban hasta en un 20,51% la media del mercado.

La propia empresa pública Mercasevilla, cuya investigación por el intento de cobro de comisiones constituye el germen de la causa de los ERE, ha llegado incluso a denunciar en dos ocasiones el cobro de comisiones igualmente millonarias, por importes de casi tres millones relacionados con los expedientes de regulación de empleo que se tramitaron en esta sociedad en los años 2003 y 2007. Una de estas denuncias advierte que la compañía aseguradora incluyó el gasto de un millón de euros en concepto de “gastos de adquisición (comisión)”, y que situarían la comisión abonada en un 20% de la prima, una cifra que supera con creces las cantidades pactadas con otra aseguradora.

En el ERE de 2007, la nueva dirección del Mercado Central de Abastos de Sevilla detectó otras comisiones de 1,9 millones, lo que supone un 22,5% de la prima, que ascendía a más de nueve millones de euros.

Las comisiones excesivas y los sobres con dinero que han surgido en la investigación apuntan nuevas conexiones entre las mediadoras y el que fuera responsable de la dirección general de Trabajo durante casi una década.

Alaya atribuyó en abril de 2012 al director general de Vitalia, Antonio Albarracín, el “presunto pago de dádivas” efectuado a Francisco Javier Guerrero, como “contraprestación a los servicios” encargados en nombre de la Consejería de Empleo, según apuntaba la instructora en un auto.

La pista sobre el posible pago de comisiones al ex director de Trabajo la aportó en su declaración el ex chófer de Guerrero, Juan Francisco Trujillo, quien antes de ser enviado a prisión aseguró a la instructora que en el año 2007 acudió en dos ocasiones a Madrid para recibir de manos de Antonio Albarracín sendos sobres que contenían una importante cantidad de dinero dirigida al entonces responsable de Trabajo. Según Trujillo, en ambas ocasiones, una de ellas en la estación de Atocha, el director de Vitalia le entregó un sobre de un tamaño folio doblado por la mitad que contenía más de dos dedos de grosor en billetes grandes.

Esta declaración coincide con la que ahora ha prestado el testaferro detenido esta semana, quien ha señalado que una vez se desplazó a Madrid para entregar dinero a Albarracín.

La Guardia Civil, en un informe de octubre pasado, antes de que se declarase el secreto de sumario en el caso de los ERE, puso de manifiesto la existencia de al menos tres empresas de mensajería -Atrado mensajería, Estudios Agenciales y Distripack Transporte Urgente- que podrían haber sido utilizadas como “empresas pantalla“, situando al supuesto conseguidor de los ERE, el ex sindicalista Juan Lanzas, como el ideólogo del sistema.

Los investigadores señalaban que esta operativa “podría estar encaminada a la intención por parte de Juan Lanzas, Estudio Jurídico Villasís y el holding Vitalia” de emplear estas sociedades como pantallas para introducir en el circuito financiero el dinero de las “sobrecomisiones” de las pólizas. El informe recogía un listado de movimientos bancarios y cheques por importe de más de 1,5 millones que habrían recibido los presuntos testaferros vinculados a estas empresas de mensajería.

Algunas fuentes apuntan a que la detención de Juan Francisco Algarín supone sólo el inicio de una nueva ronda de arrestos vinculada a esta nueva vía de blanqueo de capitales derivada del escándalo de los ERE. Ya sólo queda que los investigadores concreten el destino final de esas sobrecomisiones.

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