Una ley mordaza para la prensa

Jorge Muñoz | 15 de enero de 2013 a las 9:25

La reforma del Código Procesal Penal que prepara Gallardón incluye una ley mordaza para la prensa. La reforma incluye un período de 12 meses máximo para mantener bajo secreto de sumario una investigación, pero ojo incorpora que el tribunal podrá acordar, “previa ponderación de los intereses en conflicto”, el cese de la difusión cuando un medio la divulgue, siempre y cuando pudiera comprometer “gravemente” el derecho a un proceso justo o los derechos fundamentales de los afectados.

¿Qué quiere decir esto? Que si un medio consigue, gracias a sus fuentes, una información sobre la que se haya decretado el secreto, el juez podrá ordenar que no continúe su publicación. Es cierto que en algunos casos la publicación de una noticia puede perjudicar la marcha de la investigación, pero esta reforma implica que a las primeras de cambio el juez puede obligar al medio a que no siga publicando la información.

Una causa podrá ser excepcionalmente declarada secreta, total o parcialmente, para el encausado y las demás partes personadas en el proceso cuando el conocimiento de su contenido suponga un “riesgo relevante” para el esclarecimiento del hecho, el aseguramiento de los medios de prueba o la protección de la víctima. El Ministerio Fiscal declarará el secreto en un “decreto motivado”, que no será susceptible de impugnación, y que deberá ser ratificado por el Tribunal de Garantías en el plazo de diez días en un auto, que podrá ser recurrido en apelación, informa Europa Press.

El secreto, que sólo podrá mantenerse durante el tiempo imprescindible para alcanzar sus fines, se acordará por “el plazo máximo de tres meses”, sin perjuicio de su posible prórroga por idénticos periodos hasta un total de seis meses o de doce cuando la investigación se dirija contra organizaciones criminales o grupos organizados. Cuando el secreto no fuese imprescindible o hubiera transcurrido el plazo máximo, tendrá que ser levantado “necesariamente”, sin perjuicio de que, si surgen nuevos hechos o imputaciones en el curso de la instrucción, podrá decretarse “nuevamente en iguales términos e idénticos plazos”.

En la actualidad, el juez puede declarar en un “auto” el secreto de las actuaciones durante un mes, aunque puede prorrogar de forma expresa este periodo. Lo que no está regulado es que pueda ordenar a los medios que no siga publicando informaciones sobre una causa secreta… ¿Qué habría pasado si esta reforma hubiera estado en marcha durante la investigación del asesinato de Marta del Castillo? Pues sencillamente que la opinión pública no habría tenido una información fidedigna de lo que iba pasando en la fase de instrucción, al menos mientras se mantuvo el secreto de sumario.

La propuesta de la comisión institucional dedica un capítulo específico a la ‘Publicidad de las actuaciones’ en el que regula la presencia de los medios de comunicación en el juicio, la información del proceso o la prohibición “excepcional” de revelar determinadas informaciones cuando es necesario para preservar el orden público, la seguridad nacional, los intereses de los menores o la protección de la vida privada de las partes, entre otros motivos.

En este último apartado, se contempla la posibilidad de que “si se difundiere públicamente por cualquier medio información sobre el proceso, con vulneración del secreto de las actuaciones o en su caso de los deberes de sigilo y reserva previstos en este Título, el Tribunal de oficio o instancia del Ministerio Fiscal podrá acordar, previa ponderación de los intereses en conflicto, el cese de la difusión, siempre que esta pudiere comprometer gravemente el derecho a un proceso justo o los derechos fundamentales de los afectados”.

La propuesta del nuevo Código Procesal Penal determina que la Fiscalía General del Estado, en la forma establecida en su Estatuto Orgánico y sus normas internas de funcionamiento, podrá informar a los medios sobre el curso de una investigación, “siempre que ello no ponga en peligro su éxito y el asunto sea de interés público, salvo en el caso de que la causa haya sido declarada secreta”.

Asimismo, podrá proporcionar información a los medios sobre la marcha del proceso “cuando la fase de investigación haya finalizado y la causa tenga trascendencia para la opinión pública”. Los órganos de la Policía Judicial sólo podrán difundir información sobre las investigaciones previa autorización del Ministerio Fiscal, precisa el documento. El capítulo destinado a la declaración de los testigos recoge que los periodistas no podrán ser obligados a declarar como testigos respecto a las fuentes de información utilizadas en el desarrollo de su actividad profesional.

Los peligros de las redes sociales

Jorge Muñoz | 14 de enero de 2013 a las 14:12

Peligrosos como los micrófonos que se quedan abiertos y captan supuestos comentarios en voz baja… Las redes sociales también son un peligro para los políticos y si no, que se lo pregunten al portavoz de IU en la localidad sevillana de Huévar del Aljarafe Pascual Solís Toras (ver la noticia) que se ha visto envuelto en una polémica por haber bromeado en su facebook personal con acabar el fin de semana en un club de alterne.

El PP de la localidad ya ha aprovechado la ocasión para presentar en el próximo Pleno del Ayuntamiento una moción pidiendo la reprobación del concejal de IU y éste ha respondido con una denuncia ante la Policía, puesto que un afiliado del PP que colgó la información en su twitter reprodujo una fotografía de su perfil en la que aparece junto a su hija, en este caso una menor de edad.

Las redes sociales, como los micrófonos abiertos, parece que le han jugado una mala pasada al portavoz de IU, que creía que su perfil privado de facebook era totalmente cerrado, y lo que podía quedar como una broma -sobre el gusto de la misma puede haber muchas opiniones- se ha convertido en una comidilla que recorre no sólo esta pequeña localidad sino las redes sociales.

Por cierto, que dice el concejal que colocó el polémico post que hay simpatizantes y militantes del PP que le siguieron la broma e incluso le enviaron mensajes sobre la idea de poner fin a la existencia en compañía de señoritas alegres, pero que pueden estar seguros de que no va a revelarlos.  Pues menos mal, porque si no….

El retorno de la juez Alaya

Jorge Muñoz | 13 de enero de 2013 a las 11:45

Su vuelta a los juzgados de Sevilla se espera como agua de mayo o como el retorno de una heroína de una saga cinematográfica. Después de cuatro meses apartada de la instrucción de la causa de los ERE fraudulentos por motivos de salud, esta semana está previsto el regreso de la juez Mercedes Alaya, titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.
La vuelta de la magistrada debe producirse, salvo complicaciones de su estado de última hora, el próximo jueves, día 17, aunque algunas fuentes apuntan que la instructora lleva ya tiempo intentando reincorporarse, con lo que esa fecha podría incluso adelantarse a los primeros días de la semana que entra.
Lo que sí parece meridianamente claro en las distintas instancias judiciales es que, en el supuesto poco probable de que esa reincorporación no se produzca y la magistrada vuelva a ampliar su baja, tanto la Audiencia de Sevilla como la Sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía(TSJA) tomarían cartas en el asunto para evitar un mayor retraso en la instrucción de este complejo procedimientos y de los otros que investiga la juez Alaya.
La magistrada, de 49 años, lleva de baja por enfermedad, aquejada de fuertes cefaleas, desde el pasado 25 de septiembre, pero en realidad la investigación está prácticamente paralizada desde hace casi seis meses. El último auto que firmó Alaya tiene fecha de 31 de julio de 2012, cuando fijó una fianza de responsabilidad civil de 490 millones al ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá, de 173 millones al ex director general de Trabajo Juan Márquez y de siete millones al sucesor de este último, Daniel Alberto Rivera. Tras firmar esta resolución, Alaya se fue de vacaciones y al volver cayó enferma.
La marcha a principios de enero del que juez sustituto Iván Escalera, nombrado como refuerzo de Alaya para tramitar el resto de asuntos del juzgado y la celebración de las guardias, amenaza igualmente con provocar nuevos retrasos si la vuelta de Alaya no es inminente. En sustitución de Escalera, el TSJAha enviado a una juez de carrera, del grupo de Adscripción Territorial, Ana Rosa Curra, que tendría que asumir los casos de Alaya si su ausencia se prolonga nuevamente. Sin embargo, esta juez, como cualquier otro que se nombrara ex profeso para continuar la instrucción de los ERE, necesitaría de varios meses para ponerse al día –el sumario acumula ya más de 30.000 folios y 60 tomos, aunque con los documentos anexos son varias decenas de millar más– y retomar la actividad instructora, con la toma de declaraciones y la práctica de nuevas diligencias.
De cualquier forma, la instrucción sin Alaya no sería la misma. Ningún otro magistrado sería capaz de investigar el escándalo de los ERE siguiendo el criterio extensivo de Alaya, que ha abierto nuevas líneas de investigación donde otros jueces habrían desistido.
La baja prolongada de Alaya ha llevado a la Fiscalía Anticorrupción ha presentar varios escritos en el juzgado, en los que ha solicitado que se active la instrucción de este procedimiento y de otros que llevan ya tiempo paralizados, como la investigación por el delito societario en la empresa pública mixta Mercasevilla, donde los ex directivos Fernando Mellet, DanielPonce y Pilar Giraldo llevan imputados desde hace más de dos años –en concreto desde mayo de 2010– y ni siquiera se les ha tomado declaración todavía.
La Fiscalía ha advertido ya en otras ocasiones de su preocupación ante la posibilidad de que puedan prescribir algunos de los delitos que se investigan, por lo que ha llegado a reclamar que se “priorice” la investigación de las ayudas concedidas entre los años 2001 y 2003. El retraso del procedimiento podría beneficiar además a los imputados, a los que habría que aplicar la atenuantes de dilaciones indebidas.

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El ADN acredita la inocencia de un acusado que reconoció su culpabilidad

Jorge Muñoz | 11 de enero de 2013 a las 23:24

Hasta ahora habíamos conocido casos en los que el ADN había sido determinante para incriminar o exculpar a una persona de un delito. El Tribunal Supremo acaba de dictar otra sentencia que resulta, al menos, bastante curiosa, por cuanto absuelve a un joven de un robo violento a pesar de que el acusado reconoció en el juicio los hechos y aceptó una condena de tres años, seis meses y un día de prisión (consultar sentencia completa) .

En este caso, no fue hasta el momento en que se ejecutaba el fallo cuando se incorporó a los autos un informe pericial completo que descartaba la autoría del asalto del acusado y confirmaba su inocencia. Relata la sentencia del Alto Tribunal que fue una fiscal que se encargaba de las ejecutorias de un juzgado de lo Penal la que se dio cuenta del significado de esta prueba y ordenó suspender la ejecución, iniciándose unas diligencias que han conducido finalmente a la absolución del joven.

Lo que no queda claro es cómo una persona que no ha cometido un robo puede admitir su autoría. Quizás este hecho se deba a que el acusado tenía otros antecedentes porque, a pesar de que se acordó la libertad por este delito, continuó en prisión debido a otras causas que tenía pendientes. A ello se uniría el hecho de que el fiscal, que inicialmente le había pedido una condena de cinco años, decidió modificar sus conclusiones provisionales y rebajar en año y medio la pena solicitada.

Lo que tampoco resulta comprensible es cómo pudo ser identificado este acusado por las dos víctimas -que por cierto sufrieron algunos cortes durante el asalto- tanto fotográficamente como en rueda de reconocimiento, a pesar de que el individuo que realmente cometió el crimen llevaba un gorro negro y gafas de sol oscuras para ocultar su rostro.

Tampoco queda suficientemente claro por qué se produjo el retraso en la incorporación a los autos del informe completo, en principio sólo se contaba con un avance remitido por fax, y por qué un informe que estaba fechado un mes antes del juicio no llegó a tiempo para que pudiera ser valorado en la vista oral…

Al final, el ADN sirvió para exculpar a este acusado y para incriminar al supuesto autor material del atraco, cuyo procedimiento se encuentra inicialmente paralizado -se consideraba cosa juzgada, al haber ya un condenado por estos hechos- a la espera de que se resolviera el recurso de revisión presentado ante el Tribunal Supremo, de lo que se deduce que ahora se va a dirigir la causa contra este otro individuo.

Y todo ello a pesar de que este caso se tramitó relativamente rápido, puesto que los hechos se cometieron en noviembre de 2010, se calificó por el fiscal en febrero de 2011, y el juicio se celebró en abril de este mismo año. A lo mejor es que la maquinaria de la Justicia está tan acostumbrada a la lentitud de los procesos que no es capaz de asimilar unos tiempos de tramitación de los procedimientos más rápidos…

El problema del taxi en el aeropuerto de Sevilla

Jorge Muñoz | 10 de enero de 2013 a las 23:23

La decisión de la Fiscalía de Sevilla denunciar  en el decanato de los juzgados las presuntas amenazas y coacciones a taxistas en el aeropuerto de Sevilla supone un paso muy importante. Desde hace muchos años se han repetido los incidentes protagonizados por algunos de los taxistas que prestan servicios en el aeródromo. Sin ir más lejos, el pasado verano  se pincharon algunas ruedas y se hicieron arañazos a algunos vehículos.

Una de las asociaciones minoritarias, Foro Taxi Libre, llevó el caso a la Fiscalía, que abrió unas diligencias de investigación y que ahora ha decidido llevar el caso a los juzgados, al entender que hay indicios de delitos de amenazas y coacciones.

La papeleta está ahora en el tejado del juez al que le corresponda, por turno de reparto, esta investigación que, según la Fiscalía, debe determinar si existe un grupo organizado para “controlar la actividad” del taxi en el aeropuerto. Todo ello, sin llegar a hablar de una “mafia” del taxi, si bien algunas de las prácticas que los otros taxistas han denunciado a lo largo de estos años se asemejan supuestamente a la forma de actuar de estas organizaciones.

La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (Facua) ha lamentado la “pasividad” de lo sucesivos gobiernos municipales de Sevilla para acabar con el problema, y ha asegurado que los distintos alcaldes se han limitado a aprobar “tarifas desproporcionadas a los consumidores como una forma de compensar a los taxistas de la ciudad, obligados en ocasiones a volver del aeropuerto sin clientes por las amenazas de este grupo”.

Después de tantos años, es hora de que la Justicia intente determinar si realmente hay un grupo de taxistas que tratan de monopolizar los servicios del aeropuerto y que no dudan para ello en acudir a prácticas que ahora la Fiscalía entiende que pueden ser presuntamente delictivas. Todo dependerá de las pruebas que puedan aportarse en el curso de la investigación judicial y de la posibilidad de identificar a los posibles responsables. En cualquier caso, el paso de la Fiscalía es importante y ahora sólo queda esperar que el instructor intente llegar hasta al final por el bien de los taxistas y de los propios usuarios del servicio en el aeropuerto de San Pablo.

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Asilo político para el protagonista del zapatazo a Erdogan

Jorge Muñoz | 9 de enero de 2013 a las 14:33

El kurdo Hokman Joma. Foto: Antonio Pizarro

El kurdo Hokman Joman, que en febrero de 2010, arrojó un zapato al primer ministro turco Recep Tayip Erdogan acaba de solicitar su asilo político en España. Su acción, al enmarcarse en un delito contra la comunidad internacional, se consideró penalmente como de especial gravedad y se le impuso una condena de tres años de cárcel, una pena que el joven kurdo, soldador de profesión, ha cumplido plenamente a pulso.

Hokman Joma fue excarcelado a tres meses de que cumpliera la totalidad de la condena, habiendo disfrutado sólo de un par de permisos en prisión -lo normal es que hubiera tenido más- y todo ello a pesar de que tanto el juez que lo condenó, como la Audiencia de Sevilla, que confirmó el fallo, estimaron que la pena era demasiado elevada.

Ni siquiera el periodista iraquí que lanzó no uno sino varios zapatos al presidente de EE.UU George W. Bush cumplió tanta condena. No pasó ni un año en prisión a pesar de que la condena impuesta era igualmente de tres años.

Cada caso no es comparable, pero es evidente que Hokman Joma ha cumplido con creces la pena por el delito que cometió. Ahora está en situación irregular en España y ha pedido al Gobierno español que le conceda la medida de Protección Internacional porque, como él mismo dice, si le expulsan a Siria es como si le “condenaran a la pena de muerte”. La complicada situación que vive actualmente  su país de origen tampoco le beneficia.

El joven asegura que está arrepentido de su acción y que hoy no volvería a hacerlo, porque sólo quería mostrar su protesta por la situación del pueblo kurdo. El Gobierno español le indultó en noviembre pasado, a buenas horas porque sólo le quedaban unos meses para cumplir la totalidad de la condena.

Después de todos los avatares por los que ha pasado este joven, que recordemos ha pagado por su delito como ningún otro, no estaría de más que el Gobierno diera una muestra más de clemencia y le concediera el asilo polític0.

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Nuevo aplazamiento del Supremo para dictar la sentencia del caso Marta

Jorge Muñoz | 8 de enero de 2013 a las 15:48

El Tribunal Supremo ha prorrogado por otros 15 días el plazo para dictar la sentencia definitiva sobre el crimen de Marta del Castillo. ¿Qué significa este nuevo aplazamiento? ¿Habrá sorpresas en el fallo? El auto del Alto Tribunal alega que son los mismos motivos que ya motivaron la anterior prórroga, la complejidad del asunto, lo que ha llevado a sus señorías a ampliar el plazo para dictar el fallo. Pero qué puede haber detrás de esta decisión, que parece que va a hacer coincidir la sentencia con el cuarto aniversario del asesinato, el próximo 24 de enero.

Recordemos que la Fiscalía y los padres de Marta han pedido que se anule la sentencia y que se repita el juicio, incluso ante un tribunal diferente: ante un jurado popular. Pero esta decisión, en el supuesto de que se adoptara tendría unas consecuencias imprevisibles. Para empezar, se correría el riesgo de que el asesino confeso, Miguel Carcaño, tuviese que ser puesto en libertad, puesto que el próximo 13 de febrero se cumplen los cuatro años de su detención y el día 15 de ese mes, los cuatro años desde su ingreso en prisión. A Miguel Carcaño se le prorrogó la situación de prisión hasta la mitad de la condena, esto es, hasta 10 años -fue condenado a 20 años de cárcel por asesinato-, pero en el caso de que se ordenase la repetición del juicio, tendría que ser puesto en libertad hasta que se celebrara el nuevo juicio y se dictara la nueva sentencia, ya que habría cumplido el máximo tiempo de prisión provisional, que serían esos cuatro años. Por lo tanto, habría que descartar en principio la posibilidad de repetición del juicio.

Pero esto no implica que los magistrados del Supremo no puedan tocar la sentencia. Si no se repite el juicio, es prácticamente imposible que el Supremo pueda revocar la absolución de los otros tres acusados: Javier Delgado, el hermano de Miguel Carcaño, su novia, María García, y el que fuera amigo íntimo del asesino confeso, Samuel Benítez. En cualquier caso, el Supremo si podría modificar la pena impuesta a Miguel Carcaño, no para rebajar -como ha solicitado su defensa, que ha planteado el delito de homicidio en lugar de asesinato-, pero sí para incrementarla. Carcaño podría ser condenado por el delito contra la integridad moral, por haber aumentado el dolor de la familia de Marta al no revelar el paradero del cuerpo, y también podría ser condenado, como ocurrió con Francisco Javier García Marín, el Cuco, a pagar los 616.319 euros que costó la búsqueda de Marta en el río, en el vertedero de Alcalá y en la zanja de Camas.

Cabe además la posibilidad de que no haya unanimidad en la sentencia y de que algún magistrado pueda emitir un voto particular, discrepando del sentir mayoritario de la Sala en este asunto, cuya ponencia corresponde al juez Juan Saavedra Ruiz.

La solución de este auténtico puzle se dará antes del 23 de enero próximo, pero lo que aún no se sabe es el paradero del cuerpo de Marta, que sigue siendo la gran incógnita, aun no revelada, de este asesinato. Y eso que el juez que instruyó la causa, el magistrado Francisco de Asís Molina, mantiene abierta desde hace cuatro años una pieza separada para buscar el cadáver en la que se han realizado distintas actuaciones, hasta ahora, sin éxito.

Ya sólo falta que vuelva Alaya, y pronto

Jorge Muñoz | 3 de enero de 2013 a las 21:32

Uno que se va y otro que está a punto de llegar. El juez sustituto Iván Escalera, que en los últimos meses ha reforzado a la juez  Mercedes Alaya en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, está a punto de marcharse a la jurisdicción Social. Pero antes, siguiendo la petición de la Fiscalía Anticorrupción, ha decidido levantar parcialmente el secreto de sumario que pesaba sobre la causa de los ERE y que se decretó a principios de noviembre.

Ya sólo falta el retorno de la juez titular, que está de baja por enfermedad desde el pasado 12 de septiembre. Su vuelta está prevista de forma inminente, para esta misma semana, y mucho antes del 17 de enero, cuando se cumple su último parte de baja entregado en el juzgado.

La marcha de Escalera se produce coincidiendo con la llegada a este juzgado como refuerzo de una juez de adscripción territorial, Ana Rosa Curra, que por el momento no ha tenido ningún contacto con la causa del escándalo de los ERE fraudulentos.

Hoy más que nunca la vuelta de Alaya es necesaria para una causa que lleva en vía muerta desde hace cuatro meses y que no puede esperar más sin que vuelva a ser impulsada. La Fiscalía ya ha advertido en los últimos meses de los riesgos: prescripción de delitos, dilaciones indebidas, etc… Porque hay muchas personas imputadas que esperan poder defenderse ante estas imputaciones, ya que en muchos casos llevan meses imputados sin que aún se les haya tomado declaración…

Con la marcha de Iván Escalera es hora de hacer balance. Los que han trabajado con él destacan precisamente la perseverancia de este juez sustituto, que ha tenido que adoptar algunas decisiones de cierto calado en la causa de los ERE, como la declaración del secreto de sumario o la rebaja de la fianza al principal imputado, el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, lo que permitió su salida de prisión tras haber abonado 50.000 euros.

Muchos esperan con ansiedad el regreso de Alaya, aunque está claro que a su vuelta no va a parar de dictar autos y de volver a convertir en estresantes jornadas de trabajo los viernes de cada semana, porque la juez de los ERE, al igual que el Consejo de Ministros, suele notificar sus resoluciones este día de la semana… Porque están los lunes al sol y los viernes de Alaya. Pero entre unos y otros, me quedo con los días de la juez, que es la única que ha hecho que una veintena de periodistas estuvieran 24 horas seguidas trabajando, algo que ocurrió el 23 de abril de 2012, cuando Alaya envió a prisión a las siete de la mañana al ex consejero de Empleo Antonio Fernández. Sarna con gusto, no pica.

 

El nuevo papel del fiscal como instructor de los procesos penales

Jorge Muñoz | 2 de enero de 2013 a las 21:51

La propuesta de reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, que data de 1882, reforzará el papel del Ministerio Fiscal, al que se atribuirá la instrucción de las causas penales y reducirá además los delitos perseguibles por la acusación popular o sobre los que puede conocer el jurado.

La comisión de expertos designada el pasado marzo por el Gobierno para la redacción de la nueva reforma del proceso penal ha culminado sus trabajos y presentó el pasado viernes su texto articulado al departamento de Alberto Ruiz Gallardón.

La posibilidad de que se le encomiende a los fiscales la instrucción lleva barajándose desde hace ya tiempo y, de hecho, hace años que se implantó con éxito en la jurisdicción de Menores, donde en relación con los expedientes de reforma  instruye los procedimientos, dirigiendo la investigación para exigir la responsabilidad de las personas mayores de catorce años y menores de dieciocho por la comisión de hechos tipificados como delitos o faltas. Además, se constituye en garante del respeto de los derechos fundamentales de los menores infractores y de las víctimas. En estos procesos, el fiscal solicita del Juez de Menores la adopción de medidas cautelares durante la tramitación del procedimiento. En la solicitud de medidas definitivas siempre actúa orientado a la satisfacción del interés superior del menor, velando por que se modifiquen o sustituyan, si es preciso, las impuestas en sentencia.

Lo que habrá que ver es la postura que adoptarán los jueces sobre esta propuesta, que recorta sus funciones al entregar la instrucción a los fiscales, y a buen seguro que se abrirá un nuevo frente en la batalla de los jueces contra el Ministerio de Justicia.

Además de una reducción de los plazos del secreto sumarial, se espera que con la reforma del proceso penal se incluya una regulación completa de las intervenciones telefónicas y de las comunicaciones telemáticas, dada la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la insuficiente regulación española. El tribunal de Estrasburgo ya condenó a España en 2003 a indemnizar a José Ramón Prado Burgallo, conocido como Sito Miñanco, por la deficiente regulación de las escuchas telefónicas realizadas durante la investigación de sus actividades delictivas.

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Menos días de permiso para los jueces, nueva munición para la futura huelga

Jorge Muñoz | 28 de diciembre de 2012 a las 20:17

A partir de mañana, los jueces verán reducidos sus días de permiso anuales de 18 a 12 y los jueces sustitutos quedarán para casos excepcionales, una vez que entra en vigor la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) tras haber sido hoy publicada en el Boletín Oficial del Estado y que supone dotar a los jueces de nueva munición en el conflicto que mantienen desde hace meses con el Ministerio de Justicia y que amenaza con desembocar en una huelga a partir de enero.

La denominada Ley Orgánica de medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia estará vigente desde mañana, salvo dos preceptos que afectan a las licencias por enfermedad.  Con esta reforma, los juzgados y tribunales tendrán en 2013 una nueva forma de trabajar que llevará a los jueces titulares a ejercer sustituciones, cuya retribución será igual al 80 por ciento del complemento de destino previsto para el desempeño profesional en el órgano que se sustituya. El problema está en que muchos jueces no pueden ni siquiera asumir su propia carga de trabajo, la que entra a diario en los juzgados de los que son titulares, como para a partir de ahora tener que asumir más trabajo. Porque sustituir a un compañero un día de juicio no sólo implica entrar en sala, dado que este magistrado tendrá que dictar las sentencias correspondientes a ese día a pesar de que no sea el titular del órgano sustituido.

Con la nueva ley, los alumnos de la Escuela Judicial contarán con un periodo obligatorio en el que realizarán labores de sustitución y refuerzo, una jurisdicción que ejercerán con “idéntica amplitud a la de los titulares del órgano judicial” durante un tiempo mínimo de cuatro meses. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano competente para fijar su retribución.

La norma ha provocado el rechazo de las asociaciones judiciales y de los jueces sustitutos que ven en la misma una finalidad “meramente presupuestaria” que no solucionará el colapso en esta Administración pero que “mandará a la cola del paro” a cerca de 1.600 personas.

En cuanto a la reducción de los permisos de los jueces, los días de asuntos propios se ven reducidos a tres días al año frente al vigente sistema de seis permisos de tres días cada uno. Además de los tres días de asuntos particulares, los jueces podrán ausentarse tres días al mes, hasta un máximo de nueve días al año para el estudio o resolución de causas de especial complejidad, para hacer frente a la acumulación de asuntos o cuando otras circunstancias lo aconsejen. La autorización se denegará cuando coincida con señalamientos, vistas o deliberaciones o no queden cubiertas las necesidades del servicio.

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