El derecho al descanso de los imputados de los ERE

Jorge Muñoz | 27 de marzo de 2013 a las 11:49

Las maratonianas jornadas de trabajo que se impone la juez Alaya plantean muchos interrogantes sobre el derecho al descanso de los imputados por las irregularidades en los ERE. ¿Es legal que una juez tome declaración a un sospechoso que ha pasado toda la noche en vela? ¿Está esta persona en condiciones de someterse a un interrogatorio del que depende que acabe o no entre rejas?

Consultados algunos abogados y fiscales muchos coinciden en que someter a una persona a un interrogatorio que comienza de madrugada y acaba a las nueve de la mañana -como ocurrió el pasado sábado con un directivo de Vitalia- puede vulnerar el derecho de defensa de esta persona. Un imputado que ha pasado toda la noche en vela y que lleva dos días detenido, con la misma ropa, sin tomar una ducha y en unos calabozos nada confortables, parece que en principio no está en condiciones de prestar declaración. Y mucho menos ante una juez incisiva como Alaya, cuya forma de interrogar es vehemente, según dicen quienes han presenciado alguno de sus interrogatorios.

Y en esas condiciones, ¿qué opciones tiene el imputado? Si se acoge a su derecho a no declarar, puede que la instructora lo utilice para reprocharle que no ha colaborado con la investigación y tomar una decisión drástica como su encarcelamiento, a pesar de que el hecho de no declarar no puede servir para ello dado que este imputado está haciendo uso de un derecho… Y eso sólo por hablar de los imputados, que son los que se la juegan de verdad, pero tampoco es de recibo imponer esos horarios a los abogados, a los fiscales y a los funcionarios de su juzgado.

Cierto es que la juez tiene que respetar el plazo legal de las 72 horas de detención, pero también lo es que en esas condiciones puede suceder, que bien el imputado no declare, o que reconozca incluso que “mató a Manolete”, por usar una expresión coloquial, porque a buen seguro que sus condiciones pisco-físicas no son las más adecuadas para comparecer ante una juez y responder de unos delitos de tal gravedad. No entiendo por qué la instructora no puede adelantar sus interrogatorios, porque otros muchos jueces han tenido también jornadas complicadas y no han tenido que prolongar ese horario nocturno durante tantos días consecutivos…

Una última cosa, esto es lo que dice el artículo 393 de la ley de Enjuiciamiento Criminal:
“Cuando el examen del procesado se prolongue mucho tiempo, o el número de preguntas que se le hayan hecho sea tan considerable que hubiese perdido la serenidad de juicio necesaria para contestar a lo demás que deba preguntársele, se suspenderá el examen, concediendo al procesado el tiempo necesario para descansar y recuperar la calma. Siempre se hará constar en la declaración misma el tiempo que se haya invertido en el interrogatorio”.

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El negocio de los ERE, ¿negocio de cuatro golfos?

Jorge Muñoz | 24 de marzo de 2013 a las 9:29

Alaya lo ha dejado claro en sus últimos autos. En la investigación por las irregularidades de los ERE se ha pasado del “clientelismo” político a un “verdadero negocio” en el que participaban los intermediarios, los sindicatos y cargos públicos como el que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero, ahora de nuevo en prisión en relación con las “sobrecomisiones” cobradas en las pólizas financiadas por la Junta de Andalucía.

Hace dos años, cuando Alaya inició la instrucción de este caso, el ex presidente de la Junta Manuel Chaves afirmó que el escándalo era cosa de “tres o cuatro golfos”. Cabe ahora preguntarse si ese negocio, ese saqueo a las arcas públicas que en este momento la Guardia Civil cifra en más de  50 millones de euros -sin duda el agujero será mayor cuando avance la instrucción-, es obra sólo de cuatro golfos.

Los datos objetivos señalan que, por ahora, hay ya 31 implicados, de los cuales siete (ocho si tiene en cuenta al testaferro Juan Francisco Algarín, en prisión desde enero) ya están encarcelados. Pero la cifra de imputados se aproxima ya al centenar, si se suman esta imputaciones a las que ya había en la causa de los ERE con anterioridad y en la que se incluyen los denominados intrusos, las personas que fueron incluidas por la cara para que cobrasen, bien porque pertenecían al entorno del PSOE o de la Junta, o simplemente eran allegados o amigos del responsable de la concesión de las ayudas.

Está claro que con casi 100 imputados no puede hablarse de un chiringuito montado por sólo cuatro golfos. Pero, ¿qué es lo que hay en el fondo de la investigación que ha emprendido la pertinaz Alaya? La juez quiere averiguar si ese saqueo de los fondos públicos formaba parte de un sistema de financiación ilegal del PSOE. A estas alturas de la investigación, parece que ese extremo tampoco se confirma, más allá de los millones que presuntamente se hayan podido llevar el conseguidor de los ERE, el ex sindicalista Juan Lanzas, y su entramado de empresas.

La juez cree que sólo Lanzas se pudo llevar más de 13 millones en sobrecomisiones -se inflaba el gasto de las pólizas en un 15%- y por eso la Guardia Civil está buscando un zulo en una finca familiar en Jaén para tratar de hallar el dinero oculto. Porque si este caso se diferencia en algo a otros actuales, como la trama Gürtel o el caso Bárcenas, es que aquí no hay cuentas suizas con saldos astronómicos. El sistema era tan burdo o la confianza de los implicados en que no serían cogidos era tal que no hacía falta esas cuentas. Aquí, además de los zulos, se empleaba el método de nuestras abuelas: ni cajas fuertes ni nada, los billetes debajo del colchón. Menudo colchón el de Lanzas si debe almacenar esos millones que dice la juez Alaya.

Sorprendente también es la revelación de Alaya, completada por la declaración del ex director de Vitalia, Antonio Albarracín, respecto a los más de cuatro millones que recibieron los sindicatos UGT y CCOO en comisiones. Los sindicatos también se beneficiaban presuntamente del negocio de los ERE, de las dificultades de los trabajadores que estaban envueltos en dichos expedientes. Y sacaban, según el directivo de la medidadora, una tajada del 0,5% por cada prima que se suscribía en torno a un ERE. Y si no recibían su comisión, iban a la Junta y la operación se frustraba.

¿Quién permitía todo esto? Para Alaya y de momento, el máximo responsable que habría permitido esta situación sería el propio Javier Guerrero, quien recibiría parte de la mordida de las comisiones, mediante transferencias de las propias entidades mediadoras, pero que también percibiría pagos de otra especie, como los viajes a Shangai y Egipto que, según la instructora, sufragó Juan Lanzas a través de su entramado societario.

Es indudable que Alaya va a continuar esta interminable instrucción de los ERE y que va a encontrar más implicaciones y responsables de este auténtico saqueo a los fondos públicos de la Junta. Lo que no tiene explicación es que durante una década nadie en la Administración se percatara de lo que estaba sucediendo o, lo que es todavía más grave, no pusiera remedio en caso de conocerlo. Quedan todavía muchas madrugás de Alaya en su despacho…

La semana de pasión de Alaya

Jorge Muñoz | 21 de marzo de 2013 a las 0:44

Ahora sí que Alaya ha vuelto de verdad. Llevaba sólo dos semanas reincorporada en su juzgado cuando ha desatado una importante operación contra el desvío de fondos públicos procedentes de la Junta de Andalucía y vinculados al escándalo de los ERE fraudulentos.

Aunque esta operación, denominada Heracles y que se ha saldado en principio con 20 detenidos y 13 registros en seis provincias, llevaba ya tiempo gestándose en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, no ha sido hasta que ha regresado Alaya a su despacho cuando se ha materializado. Y lo ha hecho de una manera contundente. En la primera jornada de la puesta en marcha del amplio dispositivo policial, Alaya ha vuelto a enviar a prisión al que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero Benítez, acusado de cobrar presuntamente dinero procedente de las “sobrecomisiones” que se habrían pagado a las entidades mediadoras de las pólizas sufragadas con fondos públicos.

En esta primera fase de la investigación, que procede de la pieza de los ERE que lleva declarada secreta desde noviembre pasado, la juez ha constado cómo sólo dos intermediarios, el supuesto conseguidor de los ERE y ex sindicalista Juan Lanzas, y el directivo de Vitalia Antonio José Albarracín, lograron una mordida de 9,5 millones de euros. 

Alaya sospecha que Lanzas recibió de los testaferros 2,8 millones que aún siguen “ocultos” y otros tres millones por comisiones en ERE del grupo Nueva Rumasa. En el caso de Albarracín, la instructora cree que él y su mujer recibieron otros 3,7 millones a través de la sociedad Permar 21, lo que les permitió a ambos cónyuges llevar un “elevado nivel de vida”.

Alaya pasó a los anales de la crónica judicial por haber estado 24 horas seguidas en su juzgado tomándole declaración y enviando a prisión al ex consejero de Empleo Antonio Fernández, hecho que ocurrió el 23 de abril de 2012, la noche del Pescaíto de la Feria de Sevilla. Ahora parece que también quiere irrumpir con la misma fuerza en la otra fiesta grande de la ciudad: la Semana Santa. Alaya ha comenzado su particular semana de pasión, en la que día a día y de momento incluido el próximo sábado, van a ir pasando por su despacho, uno a uno, los 30 implicados en este nuevo escándalo relacionado con el desvío de fondos públicos de la Junta.

Alguno de los acusados, como el propio Javier Guerrero, ya han comenzado a experimentar la pasión según Alaya; a vivir otro calvario.  Guerrero está de nuevo entre rejas a tan sólo unos días de que se echen a la calle los primeros nazarenos y el público ávido por ver a los feligreses realizar su estación de penitencia. El ex alto cargo de la Junta iba resignado e incluso haciendo gala del buen sentido del humor que siempre le ha acompañado en los momentos más duros, como el que ha experimentado otra vez. Era la imagen de otro Cautivo, no como la que pronto se representará en muchas calles andaluzas…

Desconozco si su señoría es muy cofrade o no, pero lo que parece claro es que esta semana va a rivalizar con las hermandades a la hora de compartir los principales espacios de las portadas de los periódicos y de los programas informativos. Todo indica que Guerrero no va a estar solo en la cárcel y que otros implicados pueden hacer su mismo recorrido. Al tiempo….

 

El Ballantine’s de Ortega Cano

Jorge Muñoz | 14 de marzo de 2013 a las 15:16

El juicio para Ortega Cano está prácticamente acabad0, a pesar de que aún quedan dos sesiones importantes. La declaración de los dos camareros de La Alquería que han asegurado que el torero tomó alcohol, en concreto un Ballantine’s con coca-cola, media hora antes del accidente, y la de los otros testigos que han asegurado que le vieron tambaleándose, viene a sumarse a la de otros conductores que han corroborado que su conducción era temeraria.

Y si a todo ello se une la prueba de alcoholemia, que arrojó una tasa de 1,26 gramos de alcohol por litro de sangre -casi el triple de la permitida-, las evidencias dejan en muy mal lugar la versión exculpatoria del torero, que llegó a “jurar” en el juicio que no probó al alcohol aquella tarde del 28 de mayo de 2011.

Ortega Cano lo tiene muy difícil. El diestro se enfrenta a una posible condena de cuatro años de cárcel. Ni siquiera el testimonio del gerente del hotel asegurando que aquella noche sólo tomo una coca-cola y que estaba en condiciones de conducir, pueden ayudarle frente a los dos rotundos testimonios de los camareros que le vieron bebiendo.

Por si fuera poco, otra testigo ha afirmado que le vio salir borracho del hotel y que, al día siguiente del accidente, el gerente del mencionado hotel le comentó que nunca lo había visto como aquella noche, que llevaba “una cogorza como un mulo”, y que su intoxicación etílica era de tal magnitud que su propia esposa le ofreció una cama del establecimiento para que se quedara a dormir y no cogiera el coche.

El careo entre ambos testigos, en el que cada uno ratificó su propia versión de sus declaraciones, puso de manifiesto que resultaba más convincente el testimonio de la mujer que el del dueño del hotel, que reconoció que conocía al torero y estaba en negocios con él para que comprara el establecimiento. La mujer, muy nerviosa, llegó incluso a llorar cuando se bajó de los estrados, y no dudó a la salida de los juzgados en corroborar su declaración ante los periodistas. Su marido también confirmó las manifestaciones que habría realizado el responsable del hotel. Dos testimonios no pueden ser tan contradictorios, lo que implica que uno de los dos miente, lo que puede derivarse incluso en consecuencias penales, porque han prestado juramento o promesa de decir la verdad y alguno habría prestado falso testimonio.

En este contexto, al torero sólo le queda que la juez decida anular la prueba de alcoholemia, bien porque el auto en el que se acordó hacer los análisis no estaba suficientemente motivado o porque se rompió la cadena de custodia que requiere una prueba en el proceso penal. Pero aún si en esa prueba objetiva, hay jurisprudencia que ha condenado en otros supuestos únicamente con los síntomas de estar bajo la influencia del alcohol.

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Alaya vence pero no convence

Jorge Muñoz | 11 de marzo de 2013 a las 15:17

La juez Alaya ha vuelto a imponer su criterio, al negarse a compartir la instrucción de las cuatro macrocausas que se investigan en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. La titular de este órgano remitió un informe al presidente del TSJA, Lorenzo del Río, en el que explica que, tras su regreso de la baja por enfermedad que la ha apartado casi seis meses del juzgado, no va a compartir la instrucción de los cuatro casos importantes con los jueces de refuerzo Ana Rosa Curra y Rogelio Reyes.

Alaya en estado puro. Alaya le ha dicho al TSJA que sólo necesita uno de estos jueces -sin dar nombres, aunque sus preferencias son evidentes, dada la incompatibilidad de caracteres con Curra- para que se encargue del resto de los asuntos del juzgado. De nada ha servido el interés de los jueces de refuerzo y del propio TSJA para que se distribuyeran de forma equitativa los procesos, con la idea de contribuir a una agilización de estas causas, alguna de las cuales se investiga desde el año 2008, como es el caso del delito societario que se atribuye a Manuel Ruiz de Lopera.
A la vista de este informe, la Sala de Gobierno del TSJA ha acordado la salida de uno de estos jueces de refuerzo y todo apunta a que será Curra, que el viernes pasado salió muy afectada de una reunión con Alaya. La titular habrá impuesto una vez más su criterio, a pesar de que el propio Lorenzo del Río -que ahora debe decidir qué juez se queda con Alaya- aseguró en su día que en este juzgado había trabajo para tres jueces.

A Alaya le parecen muchos jueces para un solo juzgado. Y ojalá no haga falta que vuelva nadie, lo que significaría que la instructora está totalmente recuperada de sus problemas de enfermedad. Pero, ¿qué ocurrirá si Alaya tiene una recaída? Entonces habría que volver al punto inicial: nombrar otro juez de refuerzo, y el juzgado volvería a resentirse por la ausencia de la titular.

Está claro que Alaya no debía entregar la causa de los ERE, un caso que actualmente es lo que es gracias a su peculiar forma de dirigir los procesos. Tampoco la de Lopera y la de la venta de los suelos de Mercasevilla, que están muy avanzadas y a falta de escasas diligencias, pero la juez podría haber cedido un poco y compartir la causa del delito societario de Mercasevilla con alguno de los jueces de refuerzo. Sobre todo, porque esta causa está prácticamente virgen, no se ha adoptado ninguna decisión relevante y ni siquiera se ha tomado declaración a los ex directivos de Mercasevilla, que están imputados dicho sea de paso desde hace casi tres años -mayo de 2010-. Es evidente que el tiempo transcurrido hace necesario que se impulse esta investigación. Alaya ha vencido, pero no ha convencido.

 

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Alta tensión en el juzgado de Alaya

Jorge Muñoz | 9 de marzo de 2013 a las 9:49

Ocurrió en la mañana del viernes. La juez Mercedes Alaya, que esta semana se reincorporó a su puesto como titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla después de casi seis meses de baja, se reunió con los dos jueces de refuerzo, Ana Rosa Curra y Rogelio Reyes Pérez, y poco después los tres mantuvieron un encuentro con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río.

Esos encuentros tenían por finalidad establecer cómo iba a ser la supuesta distribución de las importantes causas que se investigan en este juzgado tras el regreso de Alaya. La titular del juzgado, como era de esperar y conociendo su carácter, descartó cualquier reparto. El caso de los ERE, el delito societario del Real Betis y las otras dos causas relacionadas con la empresa pública de Mercasevilla, son suyas y no va a permitir que nadie meta mano en la instrucción de estos procesos, por expresarlo de una manera coloquial.

¿Pero entonces para qué quedan los otros dos jueces? Según la teoría alayística, como jueces de refuerzo que son, están para ayudar y colaborar con la juez en la marcha del juzgado, es decir, para la instrucción del resto de casos ordinarios y la celebración de los servicios de guardia que Alaya no quiera hacer por sí misma.

¿A alguien le extraña este planteamiento conociendo el temperamento de la juez? A mi no, desde luego. Y además, creo que Alaya tiene parte de razón, porque el caso de los ERE es hoy lo que es gracias a ella y a su peculiar manera de instruir y llevar la investigación al límite. Otra cosa es que Alaya pudiera ceder y dejar que alguno de los jueces instruyera, por ejemplo, la causa por el delito societario de Mercasevilla, porque esta investigación prácticamente ni siquiera ha empezado y los ex directivos están imputados desde mayo de 2010 sin que se les haya aún tomado declaración. Las otras dos causas pendientes, la de Manuel Ruiz de Lopera y la de la venta de los suelos de Mercasevilla, están muy avanzadas y podrían cerrarse pronto, por lo que podría finalizarlas Alaya.

Sea como fuere, Alaya dio un golpe sobre la mesa en la mañana de este viernes y recordó que ella es la titular del juzgado. Hubo alta tensión en el encuentro con los jueces de refuerzo e incluso hay quien apunta que Ana Rosa Curra, con la que Alaya no tiene mucho feeling (se comenta que incluso tuvieron un enfrentamiento en una junta de jueces), salió bastante molesta e incómoda tras la reunión.

La segunda reunión, con el presidente del TSJA, tampoco fue como Lorenzo del Río esperaba. Alaya expuso al presidente del Alto Tribunal andaluz su visión de lo que había ocurrido en su ausencia y sus planes de reasumir todos sus casos. Y el presidente le pidió a la juez un informe sobre la redistribución del trabajo en el juzgado para su estudio por la sala de Gobierno del Alto Tribunal el próximo martes.

La postura de Alaya es comprensible, hasta cierto punto. Entiendo que a nadie que se ausenta de su trabajo por motivos de enfermedad le guste ver cómo otro compañero ha ocupado su despacho y está mirando sus documentos, por decirlo de alguna manera gráfica, pero los jueces de refuerzo son también jueces de carrera, no sustitutos, y por lo tanto, en teoría, son tan válidos como Alaya para instruir estos casos. Y además Alaya no debe olvidar que es un funcionario público y que el interés general de los ciudadanos debe estar por encima de los personalismos.

Alaya sigue siendo Alaya, y por lo que se ve ha vuelto de su baja con las pilas recargadas. Una juez que ha soportado todas las presiones habidas y por haber en el asunto de los ERE fraudulentos, a buen seguro que tiene claro que puede salir airosa de este nuevo pulso al TSJA. Al fin y al cabo, el Alto Tribunal no puede ordenar que haya un reparto de las causas entre los tres jueces, aunque sí puede exigir que haya resultados y que los procesos no se eternicen, que se impulse verdaderamente la instrucción.

Habrá que esperar a ver qué dice el informe de la juez Alaya y la respuesta que dé el TSJA. Quizás todo esto se podría haber evitado habiendo dejado al juez sustituto Iván Escalera, con el que Alaya se entendía perfectamente y que había incluso comenzado a estudiar el caso de los ERE en su ausencia, pero el TSJA lo envió a un juzgado de lo Social y trajo a Ana Rosa Curra en su lugar.

 

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Alaya asume el mando

Jorge Muñoz | 5 de marzo de 2013 a las 14:43

La capitana ha vuelto. Después de casi seis meses, la juez Mercedes Alaya se ha reincorporado esta misma mañana al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos. Alaya vuelve a un juzgado que en estos meses ha experimentado muchos cambios, con la incorporación de dos nuevos jueces de refuerzo (Ana Rosa Curra y Rogelio Reyes), una nueva secretaria judicial y a la espera de los dos nuevos funcionarios que prometió la Junta.

En su ausencia, Ana Rosa Curra y Rogelio Reyes iniciaron un tímido reparto de las causas que hasta ahora instruía Alaya, como el caso de los ERE y el delito societario que se atribuye al que fuera máximo accionista del Real Betis Manuel Ruiz de Lopera.

Después de tantos meses de baja y de muchos anuncios de retorno, nadie esperaba que hoy Alaya volviera a su juzgado. La pregunta que muchos se hacen ahora es la siguiente: ¿qué va a pasar con la distribución de los asuntos que hicieron los jueces de refuerzo en su ausencia?

Aunque en teoría Alaya debe ahora ponerse de acuerdo con los dos jueces de Adscripción Territorial para distribuir de nuevo el trabajo, en la práctica no van a producirse muchos cambio, o al menos, significativos, o incluso ninguno. Alaya asume el mando de la nave con todas sus consecuencias: volverá a dirigir la investigación de los ERE y posiblemente los otros  macroprocesos derivados del caso Mercasevilla -la investigación del delito societario en esta empresa pública y de la supuesta adjudicación fraudulenta e ilegal del contrato para la venta de los suelos-, y la causa de Lopera. Eso parece estar claro. Si Alaya ha vuelto, lo hace para asumir de nuevo la investigación de estos procesos, mientras que los otros dos jueces quedarán para reforzarla en la marcha del resto de asuntos del juzgado y la realización de las guardias. O al menos esa puede ser la idea de la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, según algunas fuentes jurídicas consultadas.

Lo que ocurre es que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) va a estar muy pendiente de la situación del juzgado y el propio presidente del Alto Tribunal andaluz, Lorenzo del Río, querrá rentabilizar el esfuerzo que se ha hecho al dotar a este juzgado ya con tres jueces, en principio por un período de seis meses. De esto se desprende que los dos jueces de refuerzo no deberían quedar únicamente para la llevanza del día a día del juzgado, mientras Alaya mantiene su misma carga de trabajo con la investigación de las cuatro grandes causas abiertas, algunas desde 2008. Eso podría hacer que algunas de las causas se mantuvieran en el letargo en el que ya se encontraban antes de la baja por enfermedad de la instructora.

Sea como sea, Alaya no dejará que nadie se inmiscuya en su peculiar instrucción de la causa de los ERE. La juez vuelve en un momento decisivo para esta causa, cuando la Guardia Civil sigue investigando, bajo secreto de sumario, el destino de las sobrecomisiones vinculadas a las pólizas financiadas por la Junta de Andalucía y cuando un testaferro del supuesto conseguidor de los ERE ha dicho que lleva sobres con mucho dinero de una zona próxima a la Consejería de Empleo a otra cerca de la delegación de Empleo. Si alguien es capaz de llegar al fondo del asunto, esta persona es, sin duda, Mercedes Alaya, que ha dado buenas muestras, muchas veces incluso de forma excesiva, de su capacidad de trabajo.

Alaya ha vuelto cuando Ana Rosa Curra estaba haciendo un curso de formación y Rogelio Reyes celebrando juicios de faltas. Todo apunta a que en los próximos días se tendrán que reunir para la distribución del trabajo. De momento, la vuelta de Alaya ya es en sí una buena noticia, tanto por lo que se refiere a la salud de la magistrada como para la marcha del juzgado.

Bienvenida señoría. El timón vuelve a ser suyo…

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Un crimen horrendo pero ¿era evitable?

Jorge Muñoz | 3 de marzo de 2013 a las 15:42

 

Un esquizofrénico que mata a sus padres y a una hermana en un posible brote psicótico. Un crimen horrendo. Luis Miguel Briz Torrico acabó con la vida de sus familiares el pasado jueves y, al día siguiente, se entregó en el juzgado de Dos Hermanas, donde entregó una carta en la que denunciaban que había cometido el triple asesinato y que sus familiares estaban “de cuerpo presente”. Según su esquizofrénica versión,  el joven, de 34 años, habría actuado “en defensa propia” cuando acabó con la vida de sus familiares porque éstos le amenazaban y querían matarle.

El detenido fue fotografiado ayer cuando la Policía le llevó de nuevo a su domicilio de la calle San José de Dos Hermanas. Miraba a la cámara directamente e incluso su rostro dibujaba una aparente sonrisa. Como si no fuera consciente de sus actos…

Este claro que este caso no puede usarse para criminalizar a los enfermos mentales. Hay muchas personas que padecen esquizofrenia y que hacen una vida perfectamente normal, toman su medicación y no cometen ningún crimen. Todo apunta a que en el caso del parricida de Dos Hermanas, éste podría llevar un tiempo sin tomar su medicación, al menos, eso es lo que sospechan fuentes de la investigación consultadas.

Pero en ese caso y de ser cierto ese extremo, ¿qué está ocurriendo con estas personas? ¿quién se encarga de velar porque estos enfermos estén debidamente compensados? ¿Cuál fue la última vez en que este enfermo fue tratado e ingresado en el psiquiátrico?

Algo falla en el sistema cuando se producen casos como éste. La Policía está recabando desde el pasado viernes el historial psiquiátrico de Luis Miguel Briz Torrico para tratar de determinar cuando fue la última vez que fue atendido y qué tratamiento tenía prescrito.

La pregunta que queda en el aire es si este crimen podría haberse evitado… Habrá que esperar a ver qué datos arroja la investigación policial que se está desarrollando estos días, antes de que el detenido sea puesto mañana a disposición judicial y se ordene su ingreso en prisión o en el hospital psiquiátrico penitenciario.

Esclavos del siglo XXI

Jorge Muñoz | 24 de febrero de 2013 a las 19:19

El caso de Dare Samuel Aremu es significativo de lo que está ocurriendo con muchos trabajadores en tiempos de crisis.  Este nigeriano de 31 años y padre de dos hijos trabajaba 74 horas semanales, muy lejos, casi a años luz de las jornadas de las 35 o 40 horas semanales. Era recepcionista en un céntrico hostal de Sevilla (ver noticia), al que acudía seis de los siete días de cada semana y dos de ellos realizaba un turno de 17 horas seguidas: entraba a las cuatro de la tarde y salía a las nueve de la mañana del día siguiente. Todo por un salario de 625 euros, ni siquiera el mínimo interprofesional.

Muchos dirían que, con los tiempos que corren y a pesar del excesivo horario, pues no estaba tan mal… Pero lo peor es que Dare Samuel Aremu pensaba que la empresa, a pesar de trabajar en esas duras condiciones, declaraba todas las horas trabajadas y tenía su contrato totalmente en regla. Pero, según relata Dare Samuel, eso no era así, puesto que sólo estaba dado de alta por dos horas semanales, lo que hace un total de ocho horas al mes. Cuando recibió su primera nómina descubrió que sólo cotizaba por esas ocho horas al mes y que su salario oficial -no el que la empresa le pagó en negro- era de sólo 57,87 euros netos.

Dare fue a pedir explicaciones a su empresa, pero como le dieron largas, decidió grabar un vídeo denuncia en el angosto espacio que tenía en la recepción del hostal (consulta el vídeo aquí) y lo colgó en internet, en la página de youtube y en su propio facebook. La empresa se dio cuenta del vídeo y el día que se reincorporaba a su puesto de trabajo tras unos días de baja por enfermedad le dijeron que estaba despedido y le coaccionaron para que borrara las imágenes de la red o no le pagarían su sueldo. Dare Samuel, que es padre de dos hijos, se negó y fue entonces cuando fue objeto de una agresión por parte de los cuatro hijos del empresario.

La empresa, por su parte, niega que haya despedido a Dare por denunciar sus condiciones laborales y sostiene que lo echó porque le sorprendió robando. Lo paradójico es que el empresario no ha negado la denuncia del joven nigeriano, dice que es libre de decir lo que quiera y únicamente se limita a afirmar que los hechos están denunciados ante la Policía y que hay que dejar que la denuncia siga sus trámites y se investiguen los hechos.

Efectivamente, hay que dejar que los jueces aclaren lo ocurrido. Pero la Inspección de Trabajo, a la que Dare Samuel ha denunciado sus condiciones laborales y la del resto de sus compañeros –según Dare todos los trabajadores de estos hostales, ocho en Sevilla, sólo cotizan por dos horas–, no puede dejar de investigar hasta el final esta denuncia. Así lo espero de verdad, porque no sólo es por las muchísimas horas de trabajo por un sueldo escaso, sobre todo lo peor es el fraude que se está cometiendo con los derechos laborales de este trabajador y con la propia Seguridad Social.

Porque, como el propio Dare Samuel relata, ¿a qué paro tiene derecho un trabajador que sólo cotiza ocho horas mensuales? La respuesta es bien sencilla: ninguno.

Pero no sólo hay que investigar este presunto fraude, es necesario que se esclarezca la agresión que el nigeriano asegura haber recibido por parte de los hijos del empresario. La crisis económica no puede servir de excusas para cometer abusos y mucho menos hechos que podrían considerarse incluso como constitutivos de delito.

La Justicia y la Inspección de Trabajo deben dar una respuesta contundente a los hechos denunciados por este inmigrante que, como la mayoría de los que vienen huyendo de la miseria de su país, sólo buscaba en España un lugar donde formar una familia -Dare convive con una joven sevillana con la que tiene dos hijos- y vivir y trabajar de una manera digna. Lo primero ya lo ha conseguido, pero lo segundo deberá esperar a encontrar con otra clase de empresario.

Dare Samuel Aremu recuerda que en su país hay un proverbio que dice que si vas a regalar una cabra a alguien, debes también darle la cuerda para que pueda llevarla. Aquí no se le ha regalado nada, pero si España le ha acogido y es padre de dos ciudadanos españoles, Dare Samuel también tiene derecho a que por lo menos se investigue su caso y se depuren las responsabilidades que pudieran deducirse de lo que le ha ocurrido.

Gallardón recula su ‘tasazo’ el día que los jueces y fiscales le plantan cara

Jorge Muñoz | 20 de febrero de 2013 a las 22:35

Qué curiosa coincidencia. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha ido a anunciar la rebaja de las polémicas tasas judiciales el mismo día en los jueces y fiscales de España le han plantado cara con una huelga que ha sido un éxito, al haber sido secundada por más del 60% de los jueces y fiscales. Y el mismo día en que, también es mala suerte para los jueces, se iniciaba el debate sobre el Estado de la Nación.

Pero ni el anuncio de Gallardón ni el debate pueden ocultar que alrededor de 2.553 jueces y fiscales, el 62% del total, se han echado hoy a la calle para protestar contra las reformas de la Justicia y el intento, según sostienen, de acabar con la independencia del Poder Judicial por la reforma del CGPJ prevista.

Para contrarrestar el éxito del paro, que es incluso superior a la histórica huelga del 18-F de 2009, hace cuatro años, el ministro anunció ayer a la defensora del Pueblo que reducirá en un 80% las tasas judiciales variables de las personas físicas en las jurisdicciones de Primera Instancia y los recursos en materia Civil, Contencioso-administrativa y Social, que pasarán del 0,50% del valor del litigio (con un límite de 10.000 euros) al 0,10% del valor, con el límite de 2.000 euros.

En los recursos contenciosos contra las multas y otras sanciones administrativas, se reducirá el 80% de la tasa variable y, además, se establece un límite en la tasa del 50% de la cuantía de la multa. Era absurdo que, para recurrir una multa de 200 euros por aparcar en doble fila, hubiese que pagar de entrada una tasa por la misma cantidad.

El Ministerio de Justicia devolverá la diferencia de las tasas que se hayan abonado desde el 17 de diciembre hasta que entre en vigor la modificación anunciada, y además se ha comprometido a estudiar una reducción de las tasas que paguen las empresas según su capacidad económica en la futura ley de asistencia jurídica gratuita.

Ante este anuncio, la defensora del Pueblo ya ha anunciado que no recurrirá ante el Tribunal Constitucional el tasazo judicial, cuyo plazo para recurrir acaba precisamente mañana, día 21 de febrero. Quién sí ha confirmado que presentará recurso, a pesar de la rectificación de Gallardón, es la Junta de Andalucía, que considera que las tasas tal y como fueron aprobadas son injustas porque impiden el acceso a la Justicia de muchos ciudadanos.

De hecho, desde que entraron en vigor las tasas, la litigiosidad en las jurisdicciones afectadas se ha reducido en un 25%, pero todo ello a costa de impedir el derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos, según han denunciado todos los colectivos relacionados con la Justicia, desde los jueces pasando por los fiscales, los abogados o los funcionarios judiciales, además de los sindicatos y las asociaciones de consumidores.

La modificación de las tasas judiciales era una de las reivindicaciones de los jueces y fiscales, pero no la única ni la más importante. La reforma del CGPJ es lo que realmente preocupa a los jueces, que han advertido que si sale adelante se crearán espacios de impunidad para los delitos de corrupción política y económicos.