La re-absolución de Samuel

Jorge Muñoz | 14 de febrero de 2013 a las 14:29

La Audiencia de Sevilla dictará en las próximas semanas la nueva sentencia de Samuel Benítez, el que fuera amigo íntimo de Miguel Carcaño, en cumplimiento de la orden dada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Los magistrados de la Sección Séptima de la Audiencia tienen libertad de criterio para hacer lo que quieran: volver a absolver a Samuel Benítez o condenarle como encubridor del asesinato de Marta del Castillo.

La decisión es libre, pero todo apunta a que, pese a las esperanzas de la familia de Marta, los jueces de la Audiencia volverán a mantener su criterio respecto a la falta de pruebas para incriminar a Samuel Benítez en las labores para ocultar el cuerpo de la joven.

Pero a pesar de ese probable resultado, los magistrados tendrán que hacer un esfuerzo para dejar fuera a Samuel aún cambiando el horario en el que fue sacado el cuerpo de Marta del piso de León XIII. La Audiencia estableció que esa salida del cadáver en la silla de ruedas tuvo lugar sobre las 22:15 horas del 24 de enero de 2009 y concluyó que en la misma participaron el propio Miguel Carcaño, Francisco Javier García Marín, el Cuco, y “un tercero desconocido”.

Ahora el tribunal deberá dar respuesta a nuevos interrogantes y justificar, por ejemplo, por qué creen que Samuel Benítez no es ése tercer desconocido. Como dijo recientemente el padre de Marta, Antonio del Castillo, tendrán que dar nombre y apellidos a ese tercer implicado cuya identidad se ignora, según la primera sentencia de la Audiencia.

Otro de los interrogantes que tendrán que resolver guarda relación con los testimonios de los testigos de la silla de ruedas, cuyas declaraciones avala plenamente el Tribunal Supremo. Si el vecino de Miguel Carcaño dice que se cruzó con él poco antes de las dos de la madrugada del día 25 en el portal del bloque de León XIII y el dueño de un bar dice que a esa hora vio a dos jóvenes empujando “un bulto” que arrojaron a un contenedor y este testigo aseguró que ninguna de estas dos personas era el asesino confeso, la Audiencia debe decir ahora si uno de esos dos jóvenes era precisamente o no era Samuel Benítez.

En cualquier caso, sea cual sea la conclusión a la que lleguen los magistrados, éstos tendrán que fundamentar y motivar bien su decisión, porque la misma será a buen seguro objeto de un nuevo recurso ante el Supremo. En la primera sentencia, la Audiencia aseguró que no había pruebas que acreditaran la participación de Samuel en la ocultación del cuerpo, porque los testigos confirmaron que estuvo en la barriada de Montequinto desde las doce de la mañana del día 24 hasta las dos de la madrugada del día 25. Ahora el tribunal, en el caso de que quiera confirmar la absolución, tendrá que fundamentar por qué no tuvo intervención en las labores para hacer desaparecer el cuerpo de Marta.

Cinco sentencias, dos culpables

Jorge Muñoz | 12 de febrero de 2013 a las 20:16

Un auténtico laberinto jurídico cuyo final no parece cercano. El proceso por la desaparición y asesinato de la joven Marta del Castillo acumula ya hasta cinco sentencias emitidas por distintas instancias judiciales, con resultados dispares y en cuyos veredictos han intervenido ya hasta 18 jueces, incluido el magistrado que durante 14 meses investigó la causa hasta que dictó el auto de procesamiento contra los cuatro adultos procesados. Después de cinco sentencias, la Justicia sólo ha llegado a considerar culpables a dos de los cinco implicados: a Miguel Carcaño, como autor del asesinato, y a Francisco Javier García Marín, el Cuco, como encubridor del anterior. El Supremo ha abierto esta semana, aunque levemente, la posibilidad para que la Audiencia de Sevilla vuelva a estudiar la posible participación de Samuel Benítez como encubridor, lo que no implica que los magistrados que en su día ya le hallaron inocente vayan a variar ahora su criterio, que sigue siendo libre a pesar de que el Alto Tribunal haya tumbado su secuencia horaria al determinar que el cadáver de Marta tuvo que ser sacado del piso de León XIII de madrugada y no sobre las 22:15 horas del 24 de enero de 2009 como los jueces de la Audiencia estimaron en su sentencia.

El Supremo, que incluso ha endurecido la pena a Carcaño –al condenarle a otro año y tres meses prisión por un delito contra la integridad moral, por haber aumentado el sufrimiento de la familia con sus cambios de versión–, ha confirmado, de otro lado, la absolución de Javier Delgado y de su novia María García, imputados también en su día como encubridores.

El caso Marta, al tratarse de una investigación en la que estaba implicado un menor, determinó que se instruyeran desde el principio dos procedimientos diferentes, lo que ha puesto de manifiesto los efectos perjudiciales de ese “doble enjuiciamiento”.

El primero en ser juzgado fue precisamente el Cuco, a quien el juez de Menores Alejandro Vián condenó a dos años y once meses de internamiento en centro cerrado como encubridor del crimen, una condena que precisamente el Cuco terminará de cumplir el próximo mes de marzo.

La sentencia fue confirmada por la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, con lo que otros tres magistrados tuvieron contacto con el caso y determinaron que la pena impuesta era correcta, si bien la endurecieron con la condena, al Cuco y a sus padres, al pago de las labores de búsqueda de Marta desarrolladas en el río Guadalquivir.

El posterior recurso ante el Tribunal Supremo, que constituía la tercera resolución dictada en torno a la desaparición de Marta, fue rechazado por el Alto Tribunal.

La siguiente etapa del laberinto judicial vino determinada por el juicio a los adultos, que suscitó una gran expectación mediática porque, a diferencia del juicio al menor, se desarrolló en audiencia pública. Después de más de un mes de sesiones, la Sección Séptima de la Audiencia dictó, en enero de 2012, su sentencia, en la que sólo fue condenado Miguel Carcaño por el asesinato de Marta a la pena de 20 años de cárcel. Los otros tres acusados, Javier Delgado, María García y Samuel Benítez, fueron absueltos por la debilidad de las pruebas de cargo presentadas en su contra por las acusaciones.

Con esta resolución, deliberada por otros tres magistrados, llegaron las primeras contradicciones con respecto a la sentencia del Cuco, y ponía de manifiesto los peligros del doble enjuiciamiento por separado de unos mismos hechos. Las dos sentencias discrepan en aspectos tan fundamentales sobre quiénes participaron en las labores para hacer desaparecer el cuerpo y los horarios en los que sacaron el cadáver del piso de León XIII. El juez de Menores apuntó a una participación en el encubrimiento del crimen de Samuel Benítez y de Javier Delgado, algo que la Audiencia descartó de plano.

Ambas sentencias coincidían en que Miguel y Marta estaban solos en el piso cuando se produjo la muerte de la adolescente, pero a partir de ahí difieren sobre las personas que intervienen en los hechos. El juez de Menores incluye a Samuel en las labores para ocultar el cuerpo y argumenta que se deshicieron del cuerpo “en una hora no determinada de la madrugada del 25 de enero de 2009″, pero la Audiencia rechazó esta tesis horaria, al afirmar que Marta fue asesinada entre las 21:00 horas y las 22:15 del 24 de enero, y que el cuerpo fue sacado en esta franja de tiempo por Miguel, el Cuco y un “tercero desconocido”.

El Tribunal Supremo ha venido ahora a introducir nuevas dudas, al apostar nuevamente por el horario de la madrugada y anular parcialmente la sentencia de la Audiencia en lo que se refiere a Samuel Benítez. La decisión implica que la Audiencia vuelva a examinar, con libertad de criterio, la posible participación de este joven en el delito de encubrimiento del crimen, una vez descartado por el Alto Tribunal que el cuerpo fuese sacado a unas horas en las que Samuel disponía de coartada, por cuanto se hallaba en la barriada de Montequinto según varios testigos.

A las cinco sentencias que ya acumula el caso Marta habrá que sumar la nueva de Samuel, que también podrá y será recurrida ante el Tribunal Supremo, y a las que seguirán probablemente otras dos más, dado que la familia de Marta ya ha anunciado que recurrirán ante el Tribunal Constitucional y al Tribunal Europeo de Estrasbugo. El caso Marta puede, por tanto, alcanzar un nuevo hito jurídico: ser uno de los primeros sobre los que se dicten hasta nueve sentencias en las que intervengan más de una treintena de jueces y magistrados. Una lucha en la que los padres no descansarán hasta recuperar el cuerpo de su hija.

 

Gallardón rebaja el tasazo

Jorge Muñoz | 12 de febrero de 2013 a las 18:10

 

Una auténtica marcha atrás. Al final el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha tenido que rectificar la ley de tasas judiciales, conocida popularmente como el tasazo judicial, que presentó como la panacea para acabar con el colapso judicial. La presión que han ejercido los propios jueces, sindicatos, asociaciones de consumidores y demás colectivos ha dado sus frutos.

Esta misma tarde, Gallardón ha anunciado  que se introducirán “modificaciones a la baja” en las cuantías fijas y variables en Primera Instancia, Civil y Contencioso-Administrativo, y que se rebajarán las tasas en función de la capacidad económica para personas jurídicas y en ejecuciones arbitrales de consumo. Además, las tasas se suprimirán en procesos de ejecución hipotecaria cuando afecten a la vivienda habitual.

El ministro ha considerado “muy enriquecedora” la labor de la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que hoy mismo le ha entregado una propuesta de modificación de aspectos sustanciales de la ley de tasas judiciales.

La defensora ha propuesto al Ministerio de Justicia la supresión de las tasas que se devengan cuando se enjuician procedimientos sancionadores, o las de los procedimientos de ejecución hipotecaria, de los recursos de suplicación y casación en el orden social y las de ejecución de resoluciones arbitrales de consumo. Becerril ha recomendado la devolución de las tasas que ya se hayan cobrado desde que entró en vigor la medida, en diciembre pasado.

La ley de tasas había posibilitado la creación de algo insólito en el mundo de la Justicia: la aparición de un frente común en el que estaban implicados todos los operadores jurídicos, desde los jueces a los fiscales, pasando por los abogados, los secretarios judiciales y hasta los funcionarios de Justicia.

La ley de tasas, según comentan algunas fuentes consultadas, ya estaba consiguiendo reducir el volumen de entrada de asuntos, pero a un coste muy elevado, ya que se sacrifica el derecho a la tutela judiciales efectiva de los ciudadanos. La reacción contra esta ley fue de tal magnitud que los jueces y fiscales han incorporado el rechazo a la misma en las reivindicaciones ante el Ministerio de Justicia que les han llevado a convocar una huelga en la judicatura para el próximo 20 de febrero.

Lo que no era nada lógico es que recurrir una multa de tráfico acarreara un coste en tasas superior a  la propia cuantía de la sanción, por poner sólo algún ejemplo. Si rectificar es de sabios, Gallardón acaba de apuntarse un tanto. Ojo, habrá que ver aún realmente cómo se plasman esas reducciones en la cuantía de las tasas.

Justicia y sufrimiento de las víctimas

Jorge Muñoz | 9 de febrero de 2013 a las 11:59

La familia de Marta del Castillo está indignada con las declaraciones realizadas recientemente por el consejero de Justicia, Emilio de Llera, y el presidente del TSJA, Lorenzo del Río. No es para menos. El primero manifestó que, aunque comprende el dolor de la familia, no se pueden dictar sentencias al gusto de las víctimas, y el segundo, máximo representante del Poder Judicial en Andalucía, consideró que lo ideal era no repetir el juicio por el coste que acarrea un proceso de este tipo.

Vayamos por parte. Aunque Llera se pronunciara quizás recordando más su anterior etapa de fiscal que su actual condición de político y reconociendo que tiene razón en sus afirmaciones -la Justicia no puede dejarse llevar por otros caminos que no sean el cumplimiento de la ley y la valoración de las pruebas-, al consejero le ha faltado, tal vez, algo más de sensibilidad con una familia que cuatro años después de sufrir la mayor pérdida a la que se enfrentan unos padres, hoy en día siguen sin saber dónde está el cuerpo de su hija. Y eso les está impidiendo cerrar la etapa de duelo que toda persona debe pasar tras una pérdida tan traumática.

Las manifestaciones de Lorenzo del Río tampoco fueron afortunadas. Claro que lo ideal es que no haya que repetir juicios, pero no por el coste que estos representan, sino porque la sentencia sea tan clara, motivada y contundente que no dé lugar a que prospere ninguna causa de nulidad. Pero una vez que ésta se ha producido y se decide adoptar una medida drástica como la repetición de una vista oral, el coste que pueda acarrear esa repetición no importa si hay que garantizar valores y derechos fundamentales superiores. Si el Supremo hubiese ordenado repetir el juicio de Marta, se habría repetido y no hubiera pasado nada. Bastante se tira ya el dinero en este país en otras cosas que no tienen la trascendencia de hacer Justicia.

Dicho esto, los padres de Marta han afirmado esta semana que si la Justicia no les devuelve el cuerpo de su hija, no es que esté “ciega ni sorda, está muerta”. Partiendo de que intento siempre ponerme en el lugar de los padres, tampoco puedo compartir al cien por cien la opinión de la familia. En este caso, la Policía y la Justicia han hecho una exhaustiva labor de investigación con un resultado claramente frustrado por no haber recuperado el cuerpo, pero el esfuerzo de todos los que han tenido contacto con el caso ha sido evidente y digno de elogio. Aun así no se puede vincular todo este trabajo al desgraciado hecho de que hoy en día, cuatro años después, el asesino confeso siga negándose a revelar dónde está el cuerpo de Marta.

El magistrado del Tribunal Supremo Miguel Colmenero, que ha emitido uno de los dos votos particulares de la sentencia por el caso Marta, lo explica muy bien al final de dicho dictamen, donde concluye que el aspecto más importante de este caso es que una joven ha perdido la vida y eso es algo irremediable. Y en segundo lugar, continúa el magistrado, que respecto de ese hecho, “la Justicia ha identificado al autor y, tras el debido proceso, le ha impuesto la pena máxima posible según la ley”. Y esa es también la verdad de este caso, Miguel Carcaño, el asesino confeso de Marta, está condenado a 21 años y tres meses de cárcel por este crimen. Y no hay que olvidar que ha sido condenado por indicios, porque no hay cuerpo del delito al que haber practicado un examen forense para determinar las causas de la muerte. Se ha dado por válida la teoría del cenicero  y sin cuerpo y sin el arma homicida, solo con la confesión y los restos de sangre hallados en el forro interior de la cazadora, se le ha condenado a esa máxima pena.

Que en estos hechos ha habido más implicaciones, seguro. Que  Miguel Carcaño y el Cuco no pudieron por sí solos deshacerse del cuerpo, también está claro. Que alguno, alguno o todos los acusados saben más de lo que han dicho, también es evidente. Que no se haya podido demostrar la participación de los otros acusados después de esa sentencia es algo que forma parte de nuestro sistema legal, de las pruebas obtenidas, y de las garantías del proceso.

En cualquier caso, la familia ya lo ha dejado claro. Ninguna sentencia, por muy dura que sea, va a acabar con su sufrimiento. Eso es lo que se desprende de sus manifestaciones. Llegados a este punto, sólo un último acto de compasión de Carcaño o de quiénes tengan más información de del destino de los restos de Marta, podrían acabar con tanto dolor. Pero ojo, que la Policía sigue buscando a Marta, como ha revelado Antonio del Castillo esta misma semana.

El Supremo toca la sentencia para dejarlo todo igual

Jorge Muñoz | 7 de febrero de 2013 a las 0:12

La familia de Marta, a través de su abogado, ya lo ha anunciado: recurrirán en amparo al Tribunal Constitucional la sentencia del Tribunal Supremo que ha endurecido la condena de Miguel Carcaño, ha ordenado revisar la absolución de Samuel Benítez, y ha mantenido la absolución de los otros dos acusados, Javier Delgado y María García.

Sobre la elevación de la condena de Carcaño no hay nada que decir. Es evidente que las seis versiones que el asesino confeso ofreció sobre la desaparición de Marta del Castillo, sus continuos cambios y su negativa a decir, cuatro años después, donde están los restos de la joven, merecen el mayor reproche penal y la condena por el delito contra la integridad moral. Cambiar tantas veces de versión ha aumentado el sufrimiento de la familia y supone, como dice el propio Supremo, ir más allá del derecho de defensa, porque podía haber guardado silencio o negarse a declarar, como era su derecho.

Más importante es giro que da el Alto Tribunal respecto al horario en que se inicia la maniobra de ocultación del crimen, con la salida del cuerpo del piso de León XIII. La Audiencia situó esta hora en las 22:15 horas, en una maniobra de encaje de bolillos que le permitía ratificar la absolución de María García, porque si esta acusada llegó al domicilio a las doce de la noche para estudiar, ya no coincidió en dicho piso con el cadáver, por lo que no podía ser condenada.

La sentencia del Supremo apuesta ahora, como en su día hizo el juez instructor, la Policía y la Fiscalía, por el horario de madrugada: la salida del cuerpo tuvo lugar antes de las dos de la madrugada, algo corroborado por los dos testigos que vieron a Miguel Carcaño y a dos jóvenes manipulando una silla de ruedas, el primero en el portal de su casa, y los segundos portando un “bulto” que arrojaron en un contenedor.

Pero el Supremo deja sentado que este cambio de horario al único que puede afectar es a Samuel Benítez, no a Javier Delgado ni a María García, a los que se ratifica su absolución porque el tribunal considera que hay insuficientes pruebas de cargo contra ambos. Este extremo es cierto y siempre se apuntó desde el principio de la instrucción a la debilidad de las pruebas de cargo contra ambos. Una cosa es que puedan existir indicios o sospechas de que tuvieron que conocer lo que sucedió la noche del 24 de enero de 2009 en ese piso de León XIII y otra muy distinta es que se pueda acreditar una participación como encubridores, en el sentido de que intervinieran activamente para ocultar las pruebas.

En todo caso, el Alto Tribunal recuerda que Javier Delgado no podría ser condenado por encubrir a su hermano al beneficiarse de la excusa absolutoria que establece el artículo 454 del Código Penal, que exonera de pena a los parientes más directos del autor del delito.

¿Y cómo afecta la nulidad parcial del fallo en el caso de Samuel Benítez? Pues en nada. Salvo en situarle como nueva estrella invitada del caso: habrá una nueva sentencia en exclusiva para él. Los magistrados de la Audiencia de Sevilla deben revisar la situación de Samuel Benítez con el nuevo horario para ver su posible participación en el delito de encubrimiento, pero en la práctica todo va a quedar igual  y se va a mantener la absolución. ¿Por qué? Por varios motivos, porque el Supremo sólo ha ordenado la revisión no que se le condene por este delito y porque la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla ya dejó claro que no consideraba culpable a Samuel Benítez, a pesar de que este joven confesara su implicación en su primera declaración ante laPolicía, de la que luego se retractó. Para la Audiencia, Samuel estuvo desde las doce de la mañana del 24 de enero hasta las dos de la mañana del día siguiente en la barriada de Montequinto, celebrando primero un cumpleaños y después pasando tiempo con otros amigos, por lo que no pudo participar materialmente en las labores de ocultación del cuerpo a pesar del apagón de los móviles de los acusados.

Dudo de que el tribunal vaya a variar ahora su criterio, pese al rapapolvo recibido del Supremo, que ha dicho que actuaron por “intuición o especulación” a la hora de fijar la salida del cuerpo a las 22:15. Más que una especulación fue una maniobra de encaje jurídico para llegar a la absolución de los tres acusados sobre los que la Sala consideraba que no hay pruebas suficientes para condenarles.

El Supremo ha tocado la sentencia para dejarlo todo igual. Carcaño con un año y tres meses más de prisión -algo que no cambia mucho su situación tras pesar sobre él una condena de 20 años por el asesinato-, y con la condena a pagar los 616.319,27 euros de los gastos de la búsqueda, una indemnización que el Estado nunca va a cobrar porque el asesino confeso es insolvente. Y se queda todo igual porque, lo más importante del caso, sigue  siendo una incógnita: el paradero de los restos de Marta. La familia no podrá descansar hasta que el asesino confiese y diga qué hizo con el cuerpo. Sólo un milagro o la investigación que sigue abierta respecto a la búsqueda del cuerpo, pueden aliviar ya el sufrimiento de la familia.

Por cierto, uno de los magistrados del Supremo, Miguel Colmenero, ha asegurado en su voto particular que comprende el dolor de la familia de Marta pero recuerda que aquí se ha perdido una vida joven, un delito en el que, añade, la Justicia ha encontrado al autor y le ha impuesto la pena máxima prevista en la ley. Lo que no se debe olvidar nunca es que la familia también tiene derecho a exigir que se depuren las responsabilidades de las personas que pudieran haber tenido alguna participación en los hechos y aquí también entran los presuntos encubridores.

La actuación del Supremo es impresentable

Jorge Muñoz | 5 de febrero de 2013 a las 16:47

La gestión del Tribunal Supremo tras la filtración de la sentencia del caso Marta es absolutamente impresentable. Con dos medios de comunicación anticipando la decisión del Alto Tribunal, no se puede admitir que la respuesta ante estas filtraciones sea “ni se confirman ni se desmienten” las informaciones publicadas. La sentencia, según precisaron ayer fuentes del gabinete de comunicación, no se ha notificado aún a las partes y, por lo tanto, no hay nada que decir hasta que se haga pública.
Vaya por delante que los dos medios que han publicado la sentencia –La Razón y El Mundo– no han hecho más que cumplir con su deber de informar. Cualquier periodista hubiera hecho lo mismo en caso de tener conocimiento de la sentencia, pero lo que no es de recibo es la gestión que ha hecho el Tribunal Supremo una vez divulgado el fallo.
Para empezar, es ingenuo pensar que una sentencia que está dictada desde el pasado viernes pueda guardarse en secreto mientras dos de los cinco magistrados redactan sus votos particulares. Y si el fallo sólo lo conocen estas cinco personas, no hay que ser una lumbrera para analizar de donde provienen las filtraciones.
En cualquier caso, una vez filtrada la información, lo correcto es que, por lo menos, el Tribunal Supremo hubiese anticipado el fallo de la sentencia, haciéndolo por así decirlo más público u oficial si cabe. Bastaría con llamar a los procuradores de todas las partes y notificarles únicamente el sentido del fallo, dejando el resto de la sentencia con sus argumentos, motivaciones y fundamentos para cuando estén listo los votos particulares. Esa práctica no es nueva y es incluso admitida por el propio Supremo, que ya lo hizo en otros casos de notoria importancia.
La actuación del Supremo es impresentable para los propios imputados pero, sobre todo, para la familia de Marta del Castillo. Antonio del Castillo ha dicho que es “una vergüenza” que se haya tenido que enterar así de una sentencia que llevan esperando cuatro años. No es justo que una familia que ha sufrido y sigue sufriendo tanto, se entere por la prensa de esta decisión. Un nuevo y doble varapalo, no sólo por el contenido de la sentencia, sino también por las formas del Supremo.
Tampoco es justo para los acusados, que tienen derecho a conocer la sentencia a través de sus respectivos abogados, al menos, a la par que el resto de la sociedad.

A Alaya se le escapa el caso de los ERE

Jorge Muñoz | 5 de febrero de 2013 a las 12:46

No habrá reincorporación inmediata de la juez Mercedes Alaya. La titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla acaba de presentar un nuevo parte de baja por otros 20 días, con lo que su ausencia del juzgado se aproxima ya a los cinco meses.

La nueva baja de Alaya, que está enferma desde el 12 de septiembre de 2012, supone un nuevo hito en la instrucción de la causa de los ERE fraudulentos. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) tomó recientemente cartas en el asunto  y el juzgado de Alaya cuenta ya con dos  jueces de adscripción territorial, Ana Rosa Curra y Rogelio Reyes, nombrados como refuerzo, para llevar todos los asuntos en ausencia de la magistrada titular.

Hasta esta misma semana, ambos jueces no habían querido transmitir a la Sala de Gobierno del TSJA el hipotético reparto de las macrocausas que se investigan, ante la posibilidad de que Mercedes Alaya se reincorporara antes de este jueves, cuando le cumplía el último parte de baja. Pero la ampliación de la baja, por mucho que Alaya muestre deseos de volver, supone que este caso, el que ha marcado sin duda su trayectoria profesional, se le escapa…

Prácticamente cada nueva baja de Alaya ha ido precedida, en la mayoría de los casos, de rumores sobre una posible mejoría que alentaban su inminente regreso, pero en cada ocasión se han confirmado los peores pronósticos y Alaya no ha vuelto a su despacho.

Lo que sí está claro es que el caso de los ERE no será el mismo sin Alaya, ya lo hemos comentado en este blog en alguna ocasión. Sin su peculiar forma de instruir, que hasta ahora venía dando sus frutos, la investigación judicial no será la misma, todo ello sin desmerecer la labor que a partir de ahora desempeñe  la juez Ana Rosa Curra, que será quien asuma previsiblemente la instrucción del mayor escándalo de presunta corrupción que se ha conocido en Andalucía.

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El ex consejero de Empleo supera a Urdangarín en fianzas

Jorge Muñoz | 30 de enero de 2013 a las 14:58

La fianza de 8,1 millones de euros que el juez que instruye el caso Nóos, José Castro, ha impuesto al duque de Palma, Iñaki Urdangarín, así como a su ex socio en el Instituto Nóos, Diego Torres, puede parecer una cifra muy importante, pero la juez Mercedes Alaya, que investiga el caso de los ERE fraudulentos, se lleva la palma en cuanto a fianzas de responsabilidad civil, por cuanto impuso nada más y nada menos que 807 millones de euros al ex consejero de Empleo Antonio Fernández tras su imputación en el caso de las ayudas irregulares.

Se trata de una de las mayores fianzas impuestas en la historia judicial española, tan sólo superada por los 1.000 millones que se impuso al “cerebro” de la Operación Malaya, Juan Antonio Roca, que rondó los 1.000 millones.

Sea como fuere, los 8,1 millones solicitados al duque de Palma no suponen casi ni el 1% de la fianza que Alaya fijó para Antonio Fernández, en un proceso en el que Alaya ha establecido otras millonarias fianzas: 686 millones para el director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta, Francisco Javier Guerrero, o los 2,3 millones al ex chófer de éste, Juan Francisco Trujillo.

En lo que Alaya aún no gana al juez del caso Nóos es en el número de folios que tienen sus resoluciones, por cuanto el auto del juez Castro tiene una extensión de 500 folios, una cifra a la que, por el momento, Alaya aún no ha llegado, a pesar de dictar algunas resoluciones muy amplias. Pero tiempo al tiempo….

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La sentencia del caso Marta divide a los magistrados del Supremo

Jorge Muñoz | 30 de enero de 2013 a las 14:16

Ya se ha confirmado. La sentencia del Tribunal Supremo sobre el asesinato de Marta del Castillo, que se hará pública la próxima semana, contendrá al menos un voto particular de uno de los cinco magistrados que componen la sala de lo Penal. Incluso se rumorea que podrían ser hasta dos los votos particulares, con lo que la sentencia saldría adelante con un mínimo margen de tres a dos, muy lejos de la unanimidad que en principio se buscaba para dar respuesta a un caso de tanto calado en la opinión pública.

La postura del Tribunal parece que ha pasado de haberse planteado realmente la posibilidad de repetir el juicio, planteamiento que fue expuesto por la Fiscalía y los padres de Marta del Castillo, a finalmente descartar la repetición, lo que podría ser la base del voto o los votos particulares que contendrá la sentencia.

El debate jurídico, según aseguran algunas fuentes, ha sido muy intenso hasta llegar a este fallo, lo que motivó que se dictaran incluso dos prórrogas del plazo fijado para dictar una sentencia que está pendiente desde el pasado 7 de noviembre, cuando el Supremo celebró una vista en la que las partes expusieron sus respectivos planteamientos.

La división de la Sala Segunda del Supremo se ha centrado en los magistrados que estaban a favor de avalar la sentencia dictada por la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, con todas sus aparentes contradicciones -este tribunal fijó por ejemplo la hora de salida del cadáver de Marta sobre las 22:15 horas, en un horario incompatible con el testimonio de la silla de ruedas y en contra del criterio de la Policía, el juez instructor y la Fiscalía-, y los que apostaban por una posible repetición del juicio para volver a examinar la posible intervención en los hechos de los tres acusados que fueron absueltos: el hermano del asesino confeso, Javier Delgado, su novia, María García, y el que fuera amigo íntimo Samuel Benítez. Parece que el criterio de los primeros se ha impuesto, por un estrecho margen, sobre el de los segundos.

La repetición del juicio planteaba además otros inconvenientes muy difíciles de defender. Si se repitiera el juicio, como la sentencia quedaría anulada, Miguel Carcaño tendría que ser puesto en libertad hasta la celebración del nuevo juicio, lo que plantearía incluso un problema para la seguridad personal de este acusado, que en estos momentos está más seguro en prisión que fuera de ella.

Si como todo apunta, salvo sorpresas de última hora, el juicio no se repite, habrá que ver qué toque dan los magistrados a la sentencia de la Audiencia de Sevilla, porque lo que parece claro es que el alto tribunal no se va a limitar a confirmar el fallo. A este respecto, los múltiples rumores que circulan también indican que la Sala podría incluso endurece la condena de 20 años, que podría ampliarse a 22 años si se estima que también es responsable de un delito contra la integridad moral, por haber aumentado el sufrimiento de la familia al no decir dónde está el cadáver de la joven, e incluso cabría que se le impusiera el pago de los 616.000 euros que costó la búsqueda del cuerpo en varios escenarios debido a las seis distintas versiones de los hechos que el acusado ha dado en estos cuatro años sin Marta.

Sea cual sea el fallo definitivo, ya queda poco para salir de dudas, lo que sí es evidente que la sentencia seguirá siendo polémica y objeto de las críticas. Difícil trabajo para el magistrado ponente, Juan Saavedra, y los otros que componen la sala: Julián Sánchez Melgar, Miguel Colmenero, José Ramón Berdugo y Alberto Jorge Barreiro.

Creo que, al final, esta sentencia tampoco va a cerrar definitivamente este caso, que seguirá abierto mientras el principal acusado siga negándose a decir dónde están los restos de Marta del Castillo. Sólo si aparece el cuerpo, la familia quizás pueda intentar pasar página…

Un error que debería ser indemnizado

Jorge Muñoz | 28 de enero de 2013 a las 18:40

¿Cuánto vale un día en prisión por un delito que no se ha cometido?  No tiene precio, pero para la Justicia este tipo de errores ya no generan la posibilidad de recibir un

a indemnización. El caso de José Antonio Santos Barragán, que pasó 11 meses de prisión por las denuncias falsas de malos tratos de su esposa, es  un buen ejemplo de ello. Este pulidor de profesión perdió su trabajo al entrar en la cárcel, fue estigmatizado como maltratador, y después de 351 días entre rejas, no ha recibido ninguna compensación. Ni siquiera le han pagado los 30.000 euros que le costó su defensa parar demostrar que era inocente.

 

Su esposa fue condenada a 20 meses de cárcel por las denuncias falsas, pero la Audiencia Nacional ha alegado un cambio de jurisprudencia para denegar la indemnización. Lo mismo le ocurrió a Dolores Vázquez, que fue absuelta del asesinato de Rocío Wanninkhof tras pasar 519 días entre rejas.

La sentencia de José Antonio Santos explica que la reciente jurisprudencia respecto al artículo 294 de la ley orgánica del Poder Judicial que la indemnización se circunscribe sólo a aquellos supuestos en los que se haya de

mostrado la “inexistencia del hecho imputado”, es decir, que para una persona tenga derecho a cobrar por haber pasado un tiempo en prisión se tiene que demostrar no sólo que eres inocente sino que el delito no existió. Por ejemplo que te hayan acusado de un asesinato y la supuesta víctima aparezca viva y coleando, en ese supuesto sí que cabría la indemnización según la Audiencia Nacional.

La verdad es que casos como el de José Antonio o el de Dolores Vázquez resultan incomprensibles. La Justicia debe castigar a los responsables de un delito, pero si se equivoca, también debe reparar el daño causado. José Antonio lo ha explicado gráficamente: “Un día en libertad no tiene precio para un inocente”. De acuerdo con la nueva jurisprudencia, para la Justicia tampoco vale nada.
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