Un crimen horrendo pero ¿era evitable?

Jorge Muñoz | 3 de marzo de 2013 a las 15:42

 

Un esquizofrénico que mata a sus padres y a una hermana en un posible brote psicótico. Un crimen horrendo. Luis Miguel Briz Torrico acabó con la vida de sus familiares el pasado jueves y, al día siguiente, se entregó en el juzgado de Dos Hermanas, donde entregó una carta en la que denunciaban que había cometido el triple asesinato y que sus familiares estaban “de cuerpo presente”. Según su esquizofrénica versión,  el joven, de 34 años, habría actuado “en defensa propia” cuando acabó con la vida de sus familiares porque éstos le amenazaban y querían matarle.

El detenido fue fotografiado ayer cuando la Policía le llevó de nuevo a su domicilio de la calle San José de Dos Hermanas. Miraba a la cámara directamente e incluso su rostro dibujaba una aparente sonrisa. Como si no fuera consciente de sus actos…

Este claro que este caso no puede usarse para criminalizar a los enfermos mentales. Hay muchas personas que padecen esquizofrenia y que hacen una vida perfectamente normal, toman su medicación y no cometen ningún crimen. Todo apunta a que en el caso del parricida de Dos Hermanas, éste podría llevar un tiempo sin tomar su medicación, al menos, eso es lo que sospechan fuentes de la investigación consultadas.

Pero en ese caso y de ser cierto ese extremo, ¿qué está ocurriendo con estas personas? ¿quién se encarga de velar porque estos enfermos estén debidamente compensados? ¿Cuál fue la última vez en que este enfermo fue tratado e ingresado en el psiquiátrico?

Algo falla en el sistema cuando se producen casos como éste. La Policía está recabando desde el pasado viernes el historial psiquiátrico de Luis Miguel Briz Torrico para tratar de determinar cuando fue la última vez que fue atendido y qué tratamiento tenía prescrito.

La pregunta que queda en el aire es si este crimen podría haberse evitado… Habrá que esperar a ver qué datos arroja la investigación policial que se está desarrollando estos días, antes de que el detenido sea puesto mañana a disposición judicial y se ordene su ingreso en prisión o en el hospital psiquiátrico penitenciario.

Esclavos del siglo XXI

Jorge Muñoz | 24 de febrero de 2013 a las 19:19

El caso de Dare Samuel Aremu es significativo de lo que está ocurriendo con muchos trabajadores en tiempos de crisis.  Este nigeriano de 31 años y padre de dos hijos trabajaba 74 horas semanales, muy lejos, casi a años luz de las jornadas de las 35 o 40 horas semanales. Era recepcionista en un céntrico hostal de Sevilla (ver noticia), al que acudía seis de los siete días de cada semana y dos de ellos realizaba un turno de 17 horas seguidas: entraba a las cuatro de la tarde y salía a las nueve de la mañana del día siguiente. Todo por un salario de 625 euros, ni siquiera el mínimo interprofesional.

Muchos dirían que, con los tiempos que corren y a pesar del excesivo horario, pues no estaba tan mal… Pero lo peor es que Dare Samuel Aremu pensaba que la empresa, a pesar de trabajar en esas duras condiciones, declaraba todas las horas trabajadas y tenía su contrato totalmente en regla. Pero, según relata Dare Samuel, eso no era así, puesto que sólo estaba dado de alta por dos horas semanales, lo que hace un total de ocho horas al mes. Cuando recibió su primera nómina descubrió que sólo cotizaba por esas ocho horas al mes y que su salario oficial -no el que la empresa le pagó en negro- era de sólo 57,87 euros netos.

Dare fue a pedir explicaciones a su empresa, pero como le dieron largas, decidió grabar un vídeo denuncia en el angosto espacio que tenía en la recepción del hostal (consulta el vídeo aquí) y lo colgó en internet, en la página de youtube y en su propio facebook. La empresa se dio cuenta del vídeo y el día que se reincorporaba a su puesto de trabajo tras unos días de baja por enfermedad le dijeron que estaba despedido y le coaccionaron para que borrara las imágenes de la red o no le pagarían su sueldo. Dare Samuel, que es padre de dos hijos, se negó y fue entonces cuando fue objeto de una agresión por parte de los cuatro hijos del empresario.

La empresa, por su parte, niega que haya despedido a Dare por denunciar sus condiciones laborales y sostiene que lo echó porque le sorprendió robando. Lo paradójico es que el empresario no ha negado la denuncia del joven nigeriano, dice que es libre de decir lo que quiera y únicamente se limita a afirmar que los hechos están denunciados ante la Policía y que hay que dejar que la denuncia siga sus trámites y se investiguen los hechos.

Efectivamente, hay que dejar que los jueces aclaren lo ocurrido. Pero la Inspección de Trabajo, a la que Dare Samuel ha denunciado sus condiciones laborales y la del resto de sus compañeros –según Dare todos los trabajadores de estos hostales, ocho en Sevilla, sólo cotizan por dos horas–, no puede dejar de investigar hasta el final esta denuncia. Así lo espero de verdad, porque no sólo es por las muchísimas horas de trabajo por un sueldo escaso, sobre todo lo peor es el fraude que se está cometiendo con los derechos laborales de este trabajador y con la propia Seguridad Social.

Porque, como el propio Dare Samuel relata, ¿a qué paro tiene derecho un trabajador que sólo cotiza ocho horas mensuales? La respuesta es bien sencilla: ninguno.

Pero no sólo hay que investigar este presunto fraude, es necesario que se esclarezca la agresión que el nigeriano asegura haber recibido por parte de los hijos del empresario. La crisis económica no puede servir de excusas para cometer abusos y mucho menos hechos que podrían considerarse incluso como constitutivos de delito.

La Justicia y la Inspección de Trabajo deben dar una respuesta contundente a los hechos denunciados por este inmigrante que, como la mayoría de los que vienen huyendo de la miseria de su país, sólo buscaba en España un lugar donde formar una familia -Dare convive con una joven sevillana con la que tiene dos hijos- y vivir y trabajar de una manera digna. Lo primero ya lo ha conseguido, pero lo segundo deberá esperar a encontrar con otra clase de empresario.

Dare Samuel Aremu recuerda que en su país hay un proverbio que dice que si vas a regalar una cabra a alguien, debes también darle la cuerda para que pueda llevarla. Aquí no se le ha regalado nada, pero si España le ha acogido y es padre de dos ciudadanos españoles, Dare Samuel también tiene derecho a que por lo menos se investigue su caso y se depuren las responsabilidades que pudieran deducirse de lo que le ha ocurrido.

Gallardón recula su ‘tasazo’ el día que los jueces y fiscales le plantan cara

Jorge Muñoz | 20 de febrero de 2013 a las 22:35

Qué curiosa coincidencia. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha ido a anunciar la rebaja de las polémicas tasas judiciales el mismo día en los jueces y fiscales de España le han plantado cara con una huelga que ha sido un éxito, al haber sido secundada por más del 60% de los jueces y fiscales. Y el mismo día en que, también es mala suerte para los jueces, se iniciaba el debate sobre el Estado de la Nación.

Pero ni el anuncio de Gallardón ni el debate pueden ocultar que alrededor de 2.553 jueces y fiscales, el 62% del total, se han echado hoy a la calle para protestar contra las reformas de la Justicia y el intento, según sostienen, de acabar con la independencia del Poder Judicial por la reforma del CGPJ prevista.

Para contrarrestar el éxito del paro, que es incluso superior a la histórica huelga del 18-F de 2009, hace cuatro años, el ministro anunció ayer a la defensora del Pueblo que reducirá en un 80% las tasas judiciales variables de las personas físicas en las jurisdicciones de Primera Instancia y los recursos en materia Civil, Contencioso-administrativa y Social, que pasarán del 0,50% del valor del litigio (con un límite de 10.000 euros) al 0,10% del valor, con el límite de 2.000 euros.

En los recursos contenciosos contra las multas y otras sanciones administrativas, se reducirá el 80% de la tasa variable y, además, se establece un límite en la tasa del 50% de la cuantía de la multa. Era absurdo que, para recurrir una multa de 200 euros por aparcar en doble fila, hubiese que pagar de entrada una tasa por la misma cantidad.

El Ministerio de Justicia devolverá la diferencia de las tasas que se hayan abonado desde el 17 de diciembre hasta que entre en vigor la modificación anunciada, y además se ha comprometido a estudiar una reducción de las tasas que paguen las empresas según su capacidad económica en la futura ley de asistencia jurídica gratuita.

Ante este anuncio, la defensora del Pueblo ya ha anunciado que no recurrirá ante el Tribunal Constitucional el tasazo judicial, cuyo plazo para recurrir acaba precisamente mañana, día 21 de febrero. Quién sí ha confirmado que presentará recurso, a pesar de la rectificación de Gallardón, es la Junta de Andalucía, que considera que las tasas tal y como fueron aprobadas son injustas porque impiden el acceso a la Justicia de muchos ciudadanos.

De hecho, desde que entraron en vigor las tasas, la litigiosidad en las jurisdicciones afectadas se ha reducido en un 25%, pero todo ello a costa de impedir el derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos, según han denunciado todos los colectivos relacionados con la Justicia, desde los jueces pasando por los fiscales, los abogados o los funcionarios judiciales, además de los sindicatos y las asociaciones de consumidores.

La modificación de las tasas judiciales era una de las reivindicaciones de los jueces y fiscales, pero no la única ni la más importante. La reforma del CGPJ es lo que realmente preocupa a los jueces, que han advertido que si sale adelante se crearán espacios de impunidad para los delitos de corrupción política y económicos.

 

Los nuevos rostros del caso de los ERE y del Real Betis

Jorge Muñoz | 20 de febrero de 2013 a las 18:53

Ana Rosa Curra y Rogelio Reyes son los nuevos rostros del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que sustituyen a la juez Mercedes Alaya, que continúa de baja por enfermedad. Tanto Ana Rosa Curra como Rogelio Reyes son jueces de Adscripción Territorial que ahora han sido destinados a este juzgado y que ya se han distribuido inicialmente las causas que investigaba Alaya.

Ana Rosa Curra ha asumido el caso de los ERE fradulentos y Rogelio Reyes el delito societario que se atribuye al ex máximo accionista del Real Betis Manuel Ruiz de Lopera. Ambos jueces tienen una trayectoria en la judicatura similar, tienen la misma edad, 37 años e ingresaron en la carrera judicial en el año 2004.

Ana Rosa Curra y Rogelio Reyes han sido los rostros más buscados por los reporteros gráficos que hoy han cubierto la huelga de los jueces y fiscales en Sevilla. La verdad es que han sido fotografiados hasta la saciedad. Se trata de uno de los inconvenientes que tiene llevar una causa de tanta trascendencia pública como la que les ha tocado investigar.

Y si no que se lo pregunten a la juez a la que están sustituyendo, Mercedes Alaya, cuyo rostro se convirtió y sigue siendo uno de los más populares en el ámbito de la judicatura y que incluso ha seguido saliendo en los medios de comunicación a pesar de que lleva apartada más de cinco meses de su quehacer profesional debido a sus problemas de salud. Nunca una baja y sus respectivas ampliaciones fue tan pública como la de esta magistrada….

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Huelga en el despacho y autorregulación de los servicios mínimos

Jorge Muñoz | 19 de febrero de 2013 a las 23:16

La huelga de hoy contra las reformas de Alberto Ruiz Gallardón es muy singular, por muchos aspectos. Se trata de una huelga que jueces y fiscales podrán hacer sin salir de sus despachos y en la que el propio comité de huelga ha regulado los servicios mínimos. Tampoco se les descontará nada de sus salarios a los huelguistas, puesto que la carrera judicial y fiscal no tienen reconocido el derecho a la huelga, por lo que no hay en ninguna norma la posibilidad de descontar parte del salario por no acudir al trabajo.

Esto ya ocurrió hace cuatro años, con la histórica jornada del 18 de febrero de 2009, cuando los jueces se echaron a la calle para protestar por la situación de la Justicia, por la falta de medios materiales y personales para desarrollar su trabajo después de los errores judiciales detectados en el caso Mari Luz, que se llevó por delante al juez Rafael Tirado y a la secretaria judicial Juana Gálvez, aunque ambos con diferentes sanciones debido a los distintos regímenes disciplinarios. Pero esa es otra historia, ya pasada.

Ni el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ni la Fiscalía General del Estado han fijado unos servicios mínimos para la huelga de este miércoles, por lo que sí lo ha hecho el que engloba a las cinco asociaciones profesionales de jueces y fiscal que secundan el paro (se han quedado fuera la Asociación de Fiscales y la APM, aunque en Andalucía ésta última asociación, mayoritaria en la carrera, sí que ha decidido apoyar la huelga).

En esos servicios mínimos se incluyen los presidentes, fiscales superiores, fiscales jefes, decanatos de los juzgados, y los cargos gubernativos. En el servicio de guardia, el comité considera servicios mínimos las actuaciones con detenidos y otras que resulten inaplazables, como la adopción de medidas cautelares, levantamientos de cadáver, entradas y registros, etc. No se considera servicio mínimo de guardia, por el contrario, los juicios inmediatos de faltas ni los juicios rápidos por delito en los que no haya detenido, lo que implica que mañana se podrán suspender numerosos juicios.

También se consideran servicios mínimos los juicios con tribunal del jurado, las órdenes de protección y cualquier otra medida cautelar en materia de violencia sobre la mujer y menores, y las actuaciones urgentes en materia de vigilancia penitenciaria.

El comité de huelga ha precisado, no obstante, que no resulta incompatible estar en huelga y hacer los servicios mínimos, dado que, según un manual que han distribuido con motivo de la histórica jornada del 20-F, “estará en huelga todo aquel que se declare en huelga, con independencia de que luego tenga o no que atender los servicios mínimos en su juzgado y bastará que esté localizable para atender cualquier actuación urgente que implique los servicios mínimos en horario de audiencia”. De esta forma, el juez y fiscal que se declare en huelga, sin perjuicio de que realice esas actividades dentro de los servicios mínimos, se computará que ha secundado el paro.

Además, el comité de huelga ha establecido que “no hay inconveniente” alguno en que los jueces y fiscales que estén en huelga permanezcan en sus despachos, dado que la huelga “consiste en no celebrar los actos judiciales y no acudir a los señalamientos no previstos en los servicios mínimos”. La simple permanencia en el edificio “no es ocupación” y no genera ilicitud, salvo que con ella se perjudiquen desproporcionadamente otros bienes constitucionalmente protegidos, asegura el comité de huelga según una sentencia del Tribunal Constitucional.

Pero los jueces no estarán todo el tiempo encerrados en sus despachos, puesto que han convocado concentraciones en las distintas sedes judiciales del país, donde se dará lectura a un manifiesto contra las reformas del ministro Gallardón.

La tradicional guerra de cifras que suele producirse en cada jornada de huelga también tendrá en esta protesta unas connotaciones muy especiales, puesto que el Comité de Huelga ha pedido a todos los jueces y fiscales que se le comunique la participación con una hora de antelación sobre la comunicación oficial al Tribunal Superior de Justicia y a la jefatura de la Fiscalía. Los que hagan la huelga informarán a su comité mediante un correo electrónico antes de las 11:00 horas, mientras que al TSJA y a la Fiscalía no se comunicará antes de las 12:00 horas. De esta forma, el comité de huelga podrá manejar desde mucho antes las cifras de la huelga y si ésta ha sido un éxito o no.

La huelga de jueces que se avecina

Jorge Muñoz | 17 de febrero de 2013 a las 19:01

El próximo miércoles los jueces y fiscales volverán a hacer historia. Cinco de las siete asociaciones que integran la comisión interasociativa -la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional de la Magistratura no apoyan el paro, aunque sí la sección territorial de la APM en Andalucía- han convocado una jornada de huelga, la segunda que el colectivo realiza en cuatro años.

La anterior se celebró el 18 de febrero de 2009 y fue convocada a raíz del escándalo de los errores judiciales del caso Mari Luz, lo que llevó a los jueces de toda España a denunciar la falta de medios materiales y personales con la que desarrollaban su trabajo.

Los jueces sentían entonces que estaban “sentados en un polvorín” y que cualquiera podía verse en el lugar del que juez de lo Penal número 1 de Sevilla, Rafael Tirado, ante la falta de control de una ejecutoria, lo que posibilitó que el asesino de Mari Luz siguiera en libertad a pesar de que sobre él pesaba una condena firme por haber abusado de su propia hija.

En esta ocasión, el planteamiento de la huelga es completamente distinto. Los jueces mantienen las reivindicaciones sobre la falta de inversiones en Justicia y la carencia de medios materiales y personales, pero junto a estas demandas incluyen su rechazo a las reformas que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, está introduciendo sin contar con la opinión ni consultar con las asociaciones profesionales.

Los jueces denuncian ahora los ataques a la independencia de los jueces con la reforma en ciernes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que retira la autonomía presupuestaria del máximo órgano de gobierno de los jueces, cambia el sistema de elección de los miembros para limitar la intervención de las asociaciones judiciales y le reta potestad reglamentaria.

Los jueces no protestan por la retirada de la paga extra de Nav¡dad, como dijo Gallardón, aunque sí incluyen entre sus protestas los recortes salariales y estatutarios.

Aun sin contar con el apoyo por completo de las asociaciones mayoritarias de jueces y fiscales, todo apunta a que el paro volverá a hacer histórico. En 2009 fueron 2.173 los jueces que hicieron la huelga de los 4.000 que hay en España, lo que elevó la participación al 62,2%, si bien el CGPJ estimó el seguimiento en un 35,47%, porque incluyó en el recuento a los jueces que estaban de baja, con excedencia o los que habían sido sustituidos. Aquella huelga fue una derrota del ministro cazador, Mariano Fernández Bermejo, y a su gestión de la Justicia.

Ahora los jueces van a echar un nuevo pulso, en este caso al ministro Gallardón, del que critican su escasa capacidad de diálogo a pesar de que, a priori, partía como uno de los ministros con un perfil más propicio para el diálogo con las asociaciones profesionales. Junto a los cambios en el CGPJ, los jueces y fiscales incluyen ahora entre sus reivindicaciones la búsqueda de soluciones al drama de los desahucios o la reforma de la ley del indulto.

La Junta mantiene el recurso contra el tasazo

Jorge Muñoz | 14 de febrero de 2013 a las 16:54

La Junta de Andalucía mantendrá el recurso contra el tasazo judicial a pesar de la rectificación anunciada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. El consejero andaluz de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha dicho hoy que una cosa es la “promesa” de Gallardón de modificar las tasas y otra lo que finalmente se haga.

Llera ha anticipado incluso que la Junta quizás tenga que recurrir ante el Constitucional la propia modificación de la ley de tasas,  y ha señalado que el recurso de la Junta es “muy sólido“, aunque ha reconocido que “tampoco es difícil atacar una ley tan injusta”.

La postura de la Junta es lógica, por cuanto el plazo para recurrir la polémica ley de tasas expira el próximo 21 de febrero y, por el momento, el ministro no ha concretado cómo serán los cambios a la baja que se harán en la cuantía de las tasas.

En caso de que la Junta estuviera de acuerdo con la rectificación de Gallardón, cosa por otra parte más improbable a priori, siempre tendrá la oportunidad en cualquier momento de desistir del recurso de inconstitucionalidad que presente contra la norma.

Sobre los motivos que han llevado a Gallardón a moderar el tasazo, hay varias posibles argumentaciones. De un lado, la intervención de la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, pidiendo la modificación de las tasas, lo que vaticinaba un posible recurso por parte de la institución. De otro, que Gallardón está a tan sólo unos días de que los jueces y fiscales de toda España vuelvan a echarse a la calle en una huelga que en principio aspira a ser tan histórica como la de hace cuatro años.  Gallardón se iguala al ministro Bermejo, el de la cacería con el entonces juez Baltasar Garzón en plena operación Gürtel, que pasó a la historia como el ministro que se enfrentó a la primera huelga de la Justicia. Gallardón también va a hacer historia en la Justicia.

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La re-absolución de Samuel

Jorge Muñoz | 14 de febrero de 2013 a las 14:29

La Audiencia de Sevilla dictará en las próximas semanas la nueva sentencia de Samuel Benítez, el que fuera amigo íntimo de Miguel Carcaño, en cumplimiento de la orden dada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Los magistrados de la Sección Séptima de la Audiencia tienen libertad de criterio para hacer lo que quieran: volver a absolver a Samuel Benítez o condenarle como encubridor del asesinato de Marta del Castillo.

La decisión es libre, pero todo apunta a que, pese a las esperanzas de la familia de Marta, los jueces de la Audiencia volverán a mantener su criterio respecto a la falta de pruebas para incriminar a Samuel Benítez en las labores para ocultar el cuerpo de la joven.

Pero a pesar de ese probable resultado, los magistrados tendrán que hacer un esfuerzo para dejar fuera a Samuel aún cambiando el horario en el que fue sacado el cuerpo de Marta del piso de León XIII. La Audiencia estableció que esa salida del cadáver en la silla de ruedas tuvo lugar sobre las 22:15 horas del 24 de enero de 2009 y concluyó que en la misma participaron el propio Miguel Carcaño, Francisco Javier García Marín, el Cuco, y “un tercero desconocido”.

Ahora el tribunal deberá dar respuesta a nuevos interrogantes y justificar, por ejemplo, por qué creen que Samuel Benítez no es ése tercer desconocido. Como dijo recientemente el padre de Marta, Antonio del Castillo, tendrán que dar nombre y apellidos a ese tercer implicado cuya identidad se ignora, según la primera sentencia de la Audiencia.

Otro de los interrogantes que tendrán que resolver guarda relación con los testimonios de los testigos de la silla de ruedas, cuyas declaraciones avala plenamente el Tribunal Supremo. Si el vecino de Miguel Carcaño dice que se cruzó con él poco antes de las dos de la madrugada del día 25 en el portal del bloque de León XIII y el dueño de un bar dice que a esa hora vio a dos jóvenes empujando “un bulto” que arrojaron a un contenedor y este testigo aseguró que ninguna de estas dos personas era el asesino confeso, la Audiencia debe decir ahora si uno de esos dos jóvenes era precisamente o no era Samuel Benítez.

En cualquier caso, sea cual sea la conclusión a la que lleguen los magistrados, éstos tendrán que fundamentar y motivar bien su decisión, porque la misma será a buen seguro objeto de un nuevo recurso ante el Supremo. En la primera sentencia, la Audiencia aseguró que no había pruebas que acreditaran la participación de Samuel en la ocultación del cuerpo, porque los testigos confirmaron que estuvo en la barriada de Montequinto desde las doce de la mañana del día 24 hasta las dos de la madrugada del día 25. Ahora el tribunal, en el caso de que quiera confirmar la absolución, tendrá que fundamentar por qué no tuvo intervención en las labores para hacer desaparecer el cuerpo de Marta.

Cinco sentencias, dos culpables

Jorge Muñoz | 12 de febrero de 2013 a las 20:16

Un auténtico laberinto jurídico cuyo final no parece cercano. El proceso por la desaparición y asesinato de la joven Marta del Castillo acumula ya hasta cinco sentencias emitidas por distintas instancias judiciales, con resultados dispares y en cuyos veredictos han intervenido ya hasta 18 jueces, incluido el magistrado que durante 14 meses investigó la causa hasta que dictó el auto de procesamiento contra los cuatro adultos procesados. Después de cinco sentencias, la Justicia sólo ha llegado a considerar culpables a dos de los cinco implicados: a Miguel Carcaño, como autor del asesinato, y a Francisco Javier García Marín, el Cuco, como encubridor del anterior. El Supremo ha abierto esta semana, aunque levemente, la posibilidad para que la Audiencia de Sevilla vuelva a estudiar la posible participación de Samuel Benítez como encubridor, lo que no implica que los magistrados que en su día ya le hallaron inocente vayan a variar ahora su criterio, que sigue siendo libre a pesar de que el Alto Tribunal haya tumbado su secuencia horaria al determinar que el cadáver de Marta tuvo que ser sacado del piso de León XIII de madrugada y no sobre las 22:15 horas del 24 de enero de 2009 como los jueces de la Audiencia estimaron en su sentencia.

El Supremo, que incluso ha endurecido la pena a Carcaño –al condenarle a otro año y tres meses prisión por un delito contra la integridad moral, por haber aumentado el sufrimiento de la familia con sus cambios de versión–, ha confirmado, de otro lado, la absolución de Javier Delgado y de su novia María García, imputados también en su día como encubridores.

El caso Marta, al tratarse de una investigación en la que estaba implicado un menor, determinó que se instruyeran desde el principio dos procedimientos diferentes, lo que ha puesto de manifiesto los efectos perjudiciales de ese “doble enjuiciamiento”.

El primero en ser juzgado fue precisamente el Cuco, a quien el juez de Menores Alejandro Vián condenó a dos años y once meses de internamiento en centro cerrado como encubridor del crimen, una condena que precisamente el Cuco terminará de cumplir el próximo mes de marzo.

La sentencia fue confirmada por la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, con lo que otros tres magistrados tuvieron contacto con el caso y determinaron que la pena impuesta era correcta, si bien la endurecieron con la condena, al Cuco y a sus padres, al pago de las labores de búsqueda de Marta desarrolladas en el río Guadalquivir.

El posterior recurso ante el Tribunal Supremo, que constituía la tercera resolución dictada en torno a la desaparición de Marta, fue rechazado por el Alto Tribunal.

La siguiente etapa del laberinto judicial vino determinada por el juicio a los adultos, que suscitó una gran expectación mediática porque, a diferencia del juicio al menor, se desarrolló en audiencia pública. Después de más de un mes de sesiones, la Sección Séptima de la Audiencia dictó, en enero de 2012, su sentencia, en la que sólo fue condenado Miguel Carcaño por el asesinato de Marta a la pena de 20 años de cárcel. Los otros tres acusados, Javier Delgado, María García y Samuel Benítez, fueron absueltos por la debilidad de las pruebas de cargo presentadas en su contra por las acusaciones.

Con esta resolución, deliberada por otros tres magistrados, llegaron las primeras contradicciones con respecto a la sentencia del Cuco, y ponía de manifiesto los peligros del doble enjuiciamiento por separado de unos mismos hechos. Las dos sentencias discrepan en aspectos tan fundamentales sobre quiénes participaron en las labores para hacer desaparecer el cuerpo y los horarios en los que sacaron el cadáver del piso de León XIII. El juez de Menores apuntó a una participación en el encubrimiento del crimen de Samuel Benítez y de Javier Delgado, algo que la Audiencia descartó de plano.

Ambas sentencias coincidían en que Miguel y Marta estaban solos en el piso cuando se produjo la muerte de la adolescente, pero a partir de ahí difieren sobre las personas que intervienen en los hechos. El juez de Menores incluye a Samuel en las labores para ocultar el cuerpo y argumenta que se deshicieron del cuerpo “en una hora no determinada de la madrugada del 25 de enero de 2009″, pero la Audiencia rechazó esta tesis horaria, al afirmar que Marta fue asesinada entre las 21:00 horas y las 22:15 del 24 de enero, y que el cuerpo fue sacado en esta franja de tiempo por Miguel, el Cuco y un “tercero desconocido”.

El Tribunal Supremo ha venido ahora a introducir nuevas dudas, al apostar nuevamente por el horario de la madrugada y anular parcialmente la sentencia de la Audiencia en lo que se refiere a Samuel Benítez. La decisión implica que la Audiencia vuelva a examinar, con libertad de criterio, la posible participación de este joven en el delito de encubrimiento del crimen, una vez descartado por el Alto Tribunal que el cuerpo fuese sacado a unas horas en las que Samuel disponía de coartada, por cuanto se hallaba en la barriada de Montequinto según varios testigos.

A las cinco sentencias que ya acumula el caso Marta habrá que sumar la nueva de Samuel, que también podrá y será recurrida ante el Tribunal Supremo, y a las que seguirán probablemente otras dos más, dado que la familia de Marta ya ha anunciado que recurrirán ante el Tribunal Constitucional y al Tribunal Europeo de Estrasbugo. El caso Marta puede, por tanto, alcanzar un nuevo hito jurídico: ser uno de los primeros sobre los que se dicten hasta nueve sentencias en las que intervengan más de una treintena de jueces y magistrados. Una lucha en la que los padres no descansarán hasta recuperar el cuerpo de su hija.

 

Gallardón rebaja el tasazo

Jorge Muñoz | 12 de febrero de 2013 a las 18:10

 

Una auténtica marcha atrás. Al final el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha tenido que rectificar la ley de tasas judiciales, conocida popularmente como el tasazo judicial, que presentó como la panacea para acabar con el colapso judicial. La presión que han ejercido los propios jueces, sindicatos, asociaciones de consumidores y demás colectivos ha dado sus frutos.

Esta misma tarde, Gallardón ha anunciado  que se introducirán “modificaciones a la baja” en las cuantías fijas y variables en Primera Instancia, Civil y Contencioso-Administrativo, y que se rebajarán las tasas en función de la capacidad económica para personas jurídicas y en ejecuciones arbitrales de consumo. Además, las tasas se suprimirán en procesos de ejecución hipotecaria cuando afecten a la vivienda habitual.

El ministro ha considerado “muy enriquecedora” la labor de la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que hoy mismo le ha entregado una propuesta de modificación de aspectos sustanciales de la ley de tasas judiciales.

La defensora ha propuesto al Ministerio de Justicia la supresión de las tasas que se devengan cuando se enjuician procedimientos sancionadores, o las de los procedimientos de ejecución hipotecaria, de los recursos de suplicación y casación en el orden social y las de ejecución de resoluciones arbitrales de consumo. Becerril ha recomendado la devolución de las tasas que ya se hayan cobrado desde que entró en vigor la medida, en diciembre pasado.

La ley de tasas había posibilitado la creación de algo insólito en el mundo de la Justicia: la aparición de un frente común en el que estaban implicados todos los operadores jurídicos, desde los jueces a los fiscales, pasando por los abogados, los secretarios judiciales y hasta los funcionarios de Justicia.

La ley de tasas, según comentan algunas fuentes consultadas, ya estaba consiguiendo reducir el volumen de entrada de asuntos, pero a un coste muy elevado, ya que se sacrifica el derecho a la tutela judiciales efectiva de los ciudadanos. La reacción contra esta ley fue de tal magnitud que los jueces y fiscales han incorporado el rechazo a la misma en las reivindicaciones ante el Ministerio de Justicia que les han llevado a convocar una huelga en la judicatura para el próximo 20 de febrero.

Lo que no era nada lógico es que recurrir una multa de tráfico acarreara un coste en tasas superior a  la propia cuantía de la sanción, por poner sólo algún ejemplo. Si rectificar es de sabios, Gallardón acaba de apuntarse un tanto. Ojo, habrá que ver aún realmente cómo se plasman esas reducciones en la cuantía de las tasas.