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Abogados y procuradores bajo sospecha

Jorge Muñoz | 10 de septiembre de 2017 a las 2:00

Foto Abogado-de-traje

 

Hacienda somos todos, incluidos los abogados y procuradores. La Agencia Tributaria ha situado en su punto de mira a estos colectivos profesionales, después de que haya solicitado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y se haya autorizado por el máximo órgano de gobierno de los jueces la cesión al departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de la información relativa a la participación de abogados y procuradores en “todos los procedimientos judiciales durante los años 2014, 2015 y 2016”.  Se trata de una medida indiscriminada que afecta a casi 23 millones de asuntos judiciales en los que han intervenido los más de 100.000 abogados y 10.000 procuradores que hay en España.
La medida no ha sentado nada bien entre los profesionales, cuyos colegios ya se han puesto a trabajar para recurrir la cesión de estos datos. Abogados y procuradores coinciden en que se siembran importantes sombras de dudas y sospechas de fraude fiscal sobre ambos colectivos.
Lo cierto es que tienen razón, en parte, porque esta actuación tributaria sitúa bajo sospecha a todo el colectivo. Pedir todas las intervenciones en los tribunales de los abogados y procuradores de toda España y de los últimos tres años, supone someter a una inspección a todos estos profesionales, hayan dado o no motivos a Hacienda para iniciar esa actuación inspectora ante un posible fraude. Otra cosa es que la Administración, en el ejercicio de sus competencias, pueda inspeccionar a ambos colectivos, como ocurre con el resto de los trabajadores y cotizantes.
El decano de los abogados de Sevilla y uno de los vicepresidentes del Consejo General de la Abogacía Española, José Joaquín Gallardo, considera que la solicitud por la Agencia Tributaria de toda la información judicial de los últimos tres años es “manifiestamente ilegal, por ser una solicitud de información de carácter masivo e indiscriminado”. Para Gallardo, no existe motivación que pueda justificar esa solicitud general, pues “sólo se puede requerir esa información cuando existan razones que la justifiquen respecto de concretos administrados”.
Además, el decano explica que así lo han declarado ya algunos Tribunales económico-administrativos en supuestos de “información masiva” solicitadas por la AEAT a Colegios de Abogados, y recuerda que el Consejo General de la Abogacía Española ya ha acordado recurrir ante el Tribunal Supremo la decisión de autorizar la cesión de toda esa información a la Agencia Tributaria y pedirá la suspensión de la efectividad de la autorización.
“Es jurídica y políticamente inadmisible que se señale a todo el colectivo profesional de la Abogacía española, compuesto por más de 100.000 letrados, como sospechoso de incumplir la legalidad fiscal y de ser defraudadores”, asevera José Joaquín Gallardo.
En la misma línea se pronuncia la decana de los procuradores de Sevilla, Isabel Escartín, quien señala que la decisión del CGPJ supone situar a dichos profesionales “bajo una sospecha generalizada y desmedida como defraudadores fiscales en ningún caso ajustada a la realidad, al atender los procuradores el cumplimiento de las obligaciones tributarias legalmente establecidas”.
Los profesionales de la procura, prosigue Escartín, “colaboran con el fisco español y no resulta justificado” lo que aparentemente se expresa como una acusación de incumplimiento en general. El acuerdo permite requerimientos avalándolos de manera que se realicen “careciendo de motivación suficiente” y sin la concreción exigida legalmente en otros supuestos semejantes de solicitud de información, como lo han sido a colegios profesionales, según las propias resoluciones de los tribunales económicos administrativos que los han resuelto en estos casos.
El Consejo General de Procuradores de España también estudia la presentación de un recurso y la solicitud de suspensión cautelar de la aplicación del citado acuerdo.
El conflicto se inició con la resolución del pasado 20 de julio de la Comisión Permanente del CGPJ, que decidió informar favorablemente a la petición de información de la Agencia Tributaria, en virtud de un informe del gabinete técnico de junio de este mismo año. El acuerdo del Consejo se ha comunicado al presidente de la Audiencia Nacional y de los tribunales superiores de Justicia para su “conocimiento y difusión entre los órganos judiciales” para que, “en atención a lo pedido por la AEAT, decidan sobre este requerimiento a la luz de las consideraciones recogidas” en el informe del gabinete técnico, en su condición de responsables de los ficheros jurisdiccionales.
El acuerdo se ha notificado además a los funcionarios de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) y también al Ministerio de Justicia y al resto de administraciones públicas competentes en la dotación de medios materiales a la Justicia, en este caso a la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, que son las encargadas del tratamiento de los datos personales de los ficheros jurisdiccionales.
El informe del gabinete técnico del CGPJ se mostró favorable a la cesión de la información requerida por el fisco, salvo en un punto relativo a la “identificación del cliente” de cada procedimiento judicial. A este respecto, advierte el CGPJ que “a menos que se acreditase su pertinencia y trascendencia tributaria por la requirente, la cesión de datos solicitada sólo debería referirse a los datos identificativos del procedimiento (número de autos y tipo de procedimiento) y de los abogados y procuradores que intervengan en el mismo”. La identificación del cliente “no parece ser relevante ni tener trascendencia tributaria respecto de las actuaciones de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que, según el requerimiento remitido, se contrae a la participación de abogados y procuradores en las actuaciones que tienen encomendadas, sin que se justifique ni motive en el requerimiento la necesidad de este dato personal ni la trascendencia o relevancia tributaria que pueda tener para las actuaciones referidas”.
En cambio, sí se facilitarán la identificación del abogado y procurado, la fecha de inicio de la intervención en cada procedimiento y el cese, en su caso así como el “importe del litigio”, todo ello relativo a los procedimientos de los últimos tres años.
El informe señala que la cesión de los datos no requiere el consentimiento del afectado y recuerda la “existencia de un deber de colaboración con la Administración Tributaria, que implica el deber de comunicación de los datos que revistan trascendencia tributaria y sean necesarios para el ejercicio por dicha Administración de las potestades que la ley le atribuye”.

Un pleito de pura raza

Jorge Muñoz | 26 de febrero de 2017 a las 2:00

Fibes. Sicab Fotos a JosŽ Varo. De la lleguada Francisco Olivera

Hay muchos tipos de Derecho. Derecho romano, del trabajo, de familia, de tanteo, de retracto, del consumidor e incluso tenemos el derecho de las cofradías. Antes, en la Edad Media, había hasta derecho de pernada. Pero hay una clase de derecho poco conocida: el derecho hípico. Y es que una sentencia del juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla ha declarado la comisión y existencia de un acto de competencia desleal y de “práctica agresiva” por parte de la Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española (Ancce) a la empresa Melpi S. L., que venía prestando regularmente sus servicios de secretaría técnica a los Comités Organizadores de los concursos morfológicos de caballos Pura Raza Española hasta 2011.
Ese año, la Ancce modificó el reglamento de concursos morfológicos para impedir que la empresa Melpi actuase como secretario técnico, emitiendo además un comunicado en el que prohibía a los comités organizadores la contratación de Melpi.
La denunciante estuvo representada en el pleito por el abogado Fernando Acedo Lluch, especialista en derecho hípico, quien ha logrado explicar al juez las complejas relaciones existentes entre los diferentes actores e intereses económicos que confluyen en el mercado de la organización de un concurso morfológico de caballos de Pura Raza Española.
El fallo declara expresamente acreditada la “comisión y existencia de un acto de competencia desleal de práctica agresiva por la parte demandada”, en relación con la exclusión de Melpi de prestar los mencionados servicios de secretaría técnica de concursos morfológicos durante el año 2001 y de prohibición a los comités organizadores de “contratar a la parte actora o a personas vinculadas con ella so pena de no homologación de los concursos”.
La sentencia ordena a la Ancce a “cesar en el acto de competencia desleal, prohibiéndole continuar en la repetición del mismo” en lo que se refiere a la exclusión de esta empresa y además condena a la Ancce a pagar una indemnización a Melpi de 53.290,50 euros anuales, a partir del año 2011 hasta la cesación total del acto de competencia desleal.
El magistrado explica que en este caso se trata de conductas “incardinables en un ámbito concurrencial que es el mercado de promoción del caballo de pura raza española, mercado con un evidente interés económico, dado que residenciando en su genealogía y en su desempeño en los concursos se determinan criterios de selección por parte de los consumidores o adquirentes para la reproducción o para la actividad deportiva o recreativa, lo que incide en su valor económico a efectos de venta, y en la adquisición de un mayor valor y promoción de las correspondientes ganaderías”. Y añade que integrados como mercados secundarios e indispensables, “coadyuvando de forma directa” a la labor de promocionar el caballo de pura raza española, se encuentran el mercado de servicios de secretaría técnica en los concursos morfológicos funcionales, valedores para el campeonato de España de caballos de pura raza, y el mercado de bases de datos sobre los ejemplares de pura raza donde se recopila la información gráfica, genealógica, y de puntuación de los distintos ejemplares, siendo su incidencia “más que evidente, dado que sin la labor de las secretarías técnicas no se pueden celebrar los concursos morfológicos”.
La sentencia señala que un testigo manifestó que Ancce negó a Melpi el acceso al sistema informático homologado a pesar de que fue solicitado, “suponiendo una utilización de la posición de poder en la que se encontraba la entidad demandada al impedir su actuación secretaría técnica sin argumentación alguna”.
Paralelamente, la Ancce tiene abierto por estos mismos hechos un expediente sancionador por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por posibles conductas restrictivas y existir una conducta abusiva en su posición de dominio, por el que podría ser sancionada con una multa de más de 150.000 euros, según explicaron fuentes del caso.

VISTO PARA SENTENCIA

El sorteo no zanja la polémica por los ere
*El sorteo extraordinario que la Audiencia de Sevilla hizo el pasado jueves para elegir al tribunal que enjuiciará a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán no ha puesto fin a la polémica. Después de dos meses de incertidumbre y de reproches entre distintos sectores judiciales sobre la elección de laSala para este primer juicio de los ERE, el sorteo sólo ha despejado la duda respecto a la sección que enjuiciará el caso: la Primera. Esta Sala la preside el magistrado Pedro Izquierdo, quien fue secretario general para la Justicia durante seis años (2008-2014), con lo que coincidió con ambos presidentes y ahora acusados de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Ahí es donde está el verdadero problema de la elección de esta Sala, porque aunque Pedro Izquierdo, que además ha sido designado ponente de la causa y por tanto la persona encargada de redactar la sentencia, ya ha dicho que no aprecia motivos para abstenerse, seguro que será recusado por alguna de las acusaciones populares (PP o Manos Limpias). Importante será la postura que pueda adoptar la Fiscalía Anticorrupción ante el más que probable incidente de recusación.

El secretario de la Audiencia, Luis Revilla, muestra la bola con la que se elegió la sección para el juicio de los ERE.

El secretario de la Audiencia, Luis Revilla, muestra la bola con la que se elegió la sección para el juicio de los ERE.

 

Bolaños acaba con el “carrito” de los juzgados

*La juez María Núñez Bolaños ha dado esta semana una imagen de modernidad en la Justicia. De la antigua fotografía del “carrito” cargado de expedientes se ha pasado a otra más moderna y que refleja cómo se deberían entregar las causas judiciales en el siglo XXI. La juez de los ERE ha remitido los más de 14.000 folios de la primera pieza de este caso que va a ser juzgada en un formato digital por completo, en 11CD con toda la documentación digitalizada y en formato OCR, que permite las búsquedas por nombre o fecha. Todo un acierto para mejorar la imagen de la Justicia.

Reportaje sobre lo cutre que es la Justicia en Sevilla. Foto: Victori