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Tú también… Junta

Jorge Muñoz | 23 de octubre de 2016 a las 5:00

EXCONSEJERO ASEGURA ANTE LA JUEZ QUE NO PAGÓ UNA AYUDA PORQUE ERA ILEGAL

Julio César, antes de ser asesinado por un grupo de senadores en el Teatro de Pompeyo, pronunció aquella célebre frase, dirigida a Bruto: Tu quoque, Brute, fili mi. ¿Tú también, Bruto, hijo mío? Esa misma sensación de traición es la que pudo experimentar el pasado miércoles el que fuera consejero de Empleo Antonio Fernández, tras conocer que la acusación particular que ejerce la Junta acaba de presentar un escrito de acusación en el que se le piden seis años y medio de prisión por su intervención en las ayudas concedidas para el ERE de la empresa Aceitunas y Conservas (Acyco).

Fernández recibió la puñalada a la hora del almuerzo, cuando los medios de comunicación difundieron el escrito de conclusiones provisionales presentado por el gabinete jurídico de la Junta en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que investiga la macrocausa.

Antes de ser acusado por la Junta, el ex consejero había recibido toda una batería de acusaciones por parte de la Fiscalía Anticorrupción, que le ha reclamado hasta 28 años y medio de prisión en las tres piezas de los ERE que van camino de juicio: la del denominado “procedimiento específico” por el que se concedían las ayudas y las de los EREde Acyco y Surcolor.
La acusación del Ministerio Público era en cierto modo esperable, al haber asumido por completo los fiscales las tesis de la anterior instructora Mercedes Alaya respecto a la confabulación para defraudar las ayudas de los ERE. Pero la de la Junta, no. Y esa acusación, en el caso de Fernández, duele y levanta más ampollas que la pública. Que tu antigua casa, donde primero como viceconsejero desde el año 2003, y después como consejero entre 2004 y 2010, planteen una acusación que implica una pena de seis años de cárcel, debe ser muy duro.

Sobre todo para alguien que ya pasó unos meses en prisión preventiva por este escándalo y sobre todo porque esta acusación se plantea tan sólo unos días después de que los mismos servicios jurídicos hayan pedido el archivo de la causa del procedimiento específico, en la que están procesados los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, además del propio Antonio Fernández y otra veintena más de ex altos cargos de la Administración andaluza.

El otro día alguién me planteó la siguiente cuestión: ¿Por qué al que fuera viceconsejero de Empleo en 2003 y consejero desde 2004 se le presume por la Junta el conocimiento y participación en las decisiones del ex director general de Trabajo Javier Guerrero en relación con el ERE de Acyco, acusándole por ello, pero al consejero en 2003 [José AntonioViera] y al viceconsejero desde 2004 [Agustín Barberá] se les presume todo lo contrario y se les exculpa?

La verdad es que no supe dar ninguna respuesta a esa aparente paradoja. Porque tendría sentido que tanto la acusación como la exculpación fuera para todos o ninguno. Hace años que Fernández, como hemos comentado aquí en otras ocasiones, ha asumido sin quererlo el papel de sospechoso habitual, convertido según su abogado, Alfonso Martínez del Hoyo, en una “suerte de sumidero universal de todas las sospechas, al que por defecto no se duda en hacer mecánicamente objeto de todas las acusaciones.

En cualquier caso, los cargos que la Junta ha presentado contra Antonio Fernández refuerzan la posición de la Administración andaluza como acusación particular en la macrocausa. Si alguien tenía alguna sospecha de la actuación del gabinete jurídico después de pedir el archivo de la pieza en la que estaban implicados los ex altos cargos, esa duda se disipó con la calificación provisional de Acyco.

La Junta, por primera vez en su historia, ha acusado a un antiguo miembro del Consejo de Gobierno, a un ex consejero, así como a dos ex directores generales de Trabajo, Javier Guerrero y Juan Márquez, a los que ha pedido otras condenas de cinco años y medio de cárcel y tres años, respectivamente. Este puede ser uno de los primeros juicios de los EREen los que intervenga la Junta, dado que al no acusar en el caso de Chaves y Griñán, el juez la tendrá como una acusación desistida del proceso y la apartará de la vista oral.

 

 

VISTO PARA SENTENCIA

 

* Y Alaya reabrió la causa de la mina

Muchas eran las apuestas que se decantaban por que Alaya iba a reabrir la investigación por las supuestas irregularidades en la adjudicación del concurso para la reapertura de la mina de Aznalcóllar. Al final, la lógica Alayística se impuso y la Sección Séptima de laAudiencia de Sevilla –integrada por otros tres jueces– acordó reabrir la causa en un durísimo auto –hecho público además coincidiendo con el debate en el Parlamento andaluz sobre el Estado de la comunidad– en el que el tribunal asegura que donde la Junta debió actuar con mayor transparencia y rigor, al tratarse de una zona que sufrió el vertido tóxico de minas de Aznalcóllar, lo que se ha encontrado “son indicios de ilegalidades severas y arbitrarias de dicho procedimiento administrativo”. Luego en la parte dispositiva, lo que hace la Audiencia es ordenar a la juez de Instrucción número 3 que vuelva a pedir un informe de laConfederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) que, según la Junta, ya está aportado a la causa, y que vuelva a plantearse si hubo prevaricación. De nada sirvió que la Fiscalía apoyase el archivo.
* La juez Bolaños le gana el primer round al PP

Muere una mujer golpeada en su vivienda de La Rinconada
La juez María Núñez recibió esta semana el respaldo del máximo órgano de gobierno de los jueces por la primera de las cuatro quejas o denuncias que el PP le ha presentado por su actuación en la investigación de los cursos de formación. Bolaños ha ganado el primer round de la batalla que el PP le ha planteado y que, por el momento, se antoja en cuatro asaltos. El primero ya ha caído, al descartar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la denuncia de los populares, que la acusaba de una falta muy grave de revelación de datos, atribuyéndole la supuesta filtración del archivo de los cursos. El promotor de la acción disciplinaria, el magistrado del Tribunal Supremo Antonio Fonseca-Herrero, concluyó que no se aprecian motivos para entender la comisión de infracción disciplinaria alguna por la juez, toda vez que las informaciones periodísticas “claramente se refieren a fuentes judiciales, sin que conste dato alguno, siquiera indiciario, de que la juez revelara dato o hecho alguno que hubiera conocido en el ejercicio de su función”. El PP olvida que a la hora de conseguir una información los caminos del señor son inescrutables, también en la Justicia.
* El singular recurso de Javier Guerrero

No se puede calificar de otro modo el recurso presentado por el ex director de Trabajo contra su procesamiento por las ayudas del ERE de Acyco. Para empezar, el abogado Fernando de Pablo, habla de la “orfandad” del auto recurrido para concluir diciendo que el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla “pasa por ser una familia pluriparental” que debería unificar sus criterios, “porque lo que aquí se da como cierto, en otras piezas, con padres distintos, se archivan; corriendo una similitud perfecta con la que tenemos enfrente”.
*Y la pionera condena a tuitear de Luis Pineda

El Tribunal Supremo ha ratificado la primera condena contra el dueño de Ausbanc, Luis Pineda, por difamar al portavoz de Facua, Rubén Sánchez, y le ha obligado a tuitear 30 veces el fallo durante un mes. Se trata de una sentencia pionera a nivel mundial, lo que no sabemos es cómo va a poder cumplirla Pineda desde la cárcel donde está preso.

Los sospechosos habituales de los ERE

Jorge Muñoz | 24 de enero de 2016 a las 6:00

EXCONSEJERO ASEGURA ANTE LA JUEZ QUE NO PAGÓ UNA AYUDA PORQUE ERA ILEGAL

Se han convertido en los “sospechosos habituales” del caso de los ERE. Ninguno de ellos parece sacado –por lo que se refiere a su criminalidad y peligrosidad social– de la brillante película del mismo nombre que interpretó Kevin Spacey en 1995 y en la que la intriga gira en torno al personaje ficticio de Keyser Söze, un poderoso jefe de una organización criminal. Pero aún así, sus visitas a los juzgados de Sevilla se han repetido en los últimos cinco años, tiempo que acaba de cumplir precisamente esta misma semana la instrucción judicial de los ERE fraudulentos.

El mismo día que se cumplía el aniversario, el pasado 19 de enero, la juez María Núñez Bolaños volvió a citar a uno los sospechosos habituales de los ERE, el ex consejero de Empleo Antonio Fernández. Era la quinta vez que Antonio Fernández comparecía en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla por el caso de los ERE, aunque hasta este momento sólo había accedido a declarar en una ocasión anterior, en abril de 2012, cuando la juez Mercedes Alaya decidió enviarle a prisión provisional.
En las siguientes ocasiones en las que Alaya le volvió a citar, la ley del silencio se apoderó del ex consejero, que se acogió a su derecho a no declarar en todas ellas, salvo en la citación de esta semana. Fernández sí declaró, aunque brevemente –su paso por la sala no duró más de diez minutos–, ante María Núñez Bolaños, ante la que defendió que paralizó el pago de unos 600.000 euros a varias empresas concesionarias de la limpieza de Granada con motivo de una huelga, al considerar que ese compromiso de pago que adquirió el ex director de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero era ilegal.
Precisamente Javier Guerrero es otro de los sospechosos habituales de los ERE: ha comparecido en cuatro ocasiones anteriores en el juzgado y ha sido encarcelado de manera provisional en dos ocasiones. Y lo mismo sucede con muchos de los imputados –sobre todo ex altos cargos de la Administración autonómica– a los que, bien porque se le han ido ampliando las imputaciones con otras ayudas, o porque han surgido nuevos elementos o lo ha solicitado la Fiscalía Anticorrupción, han tenido que hacer el singular paseíllo por los juzgados del Prado.
De ese paseíllo no se librarán, ni siquiera, los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, quienes después de haber declarado en abril del año pasado ante el Tribunal Supremo, tendrán que comparecer en el juzgado sevillano –en este caso ante el juez Álvaro Martín, que ha asumido la investigación de la pieza separada del procedimiento específico– para declarar, si bien los ex presidentes y los demás aforados imputados podrían optar simplemente por ratificar sus anteriores declaraciones en las sedes de los otros tribunales que en su día investigaron estos mismos hechos.
Antonio Fernández fue además la primera persona que fue imputada por la juez Mercedes Alaya en la macrocausa de los cursos de formación, lo que llevó al abogado del ex alto cargo, Alfonso Martínez del Hoyo a mostrar su desconcierto por el hecho de que fuese el primer imputado en esta nueva investigación, al tiempo que consideró injusto y discriminatorio que la magistrada no hubiese llamado a otros consejeros que también tuvieron relación con las ayudas a los ex trabajadores de la multinacional de automoción Delphi.
El letrado argumentó entonces que la juez había “señalado ante la sociedad abiertamente y en exclusiva a Antonio Fernández como único presunto responsable”, hasta el punto de que “se le marca, a modo de indudable estigma, como proclive a delinquir e incurso o perteneciente a un cierto tipo de autor o delincuente, que grafiaría un nuevo sesgo de peligrosidad social, relacionado con la clase política y los episodios de corrupción que lamentablemente menudean y saltan a los medios de comunicación de nuestro país en los últimos tiempos”.

GUERRERO NO DECLARA SOBRE LOS ERE PORQUE SE SIENTE INDEFENSOLa defensa alegó que traer a una sola persona al proceso –en aquel entonces era el único imputado–, “con inexplicable olvido o posposición del llamamiento de otros en idéntica posición, implica, con la violación flagrante del derecho de igualdad y la garantía de la imparcialidad objetiva, la vulneración del derecho fundamental a un proceso público con todas las garantías”.
Alaya consideró que la defensa había realizado una “interpretación distorsionada a efectos de defensa y parcial”, y ratificó que Fernández concedió subvenciones para la formación de los ex trabajadores de Delphi “con ausencia del procedimiento adecuado” y conociendo que todas las entidades estaban controladas por el ex consejero de Hacienda Ángel Ojeda, que fue el segundo imputado y con el que “se le supone una estrecha relación o interés en favorecerlo por la evidencia de la concentración de ayudas”.
Pero en las distintas macrocausas hay otros imputados que se repiten, como el ex consejero de Innovación Martín Soler o el ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román, que han sido los primeros “investigados” que figuran en la causa en la que se investigan los avales y préstamos de la agencia Idea, cuya instrucción está todavía en sus primeros pasos.
No son Kevin Space ni interpretan una película, pero sí que se han convertido en los sospechosos habituales de una investigación judicial que comenzó hace cinco años y que amenaza con durar más que alguna de las trilogías de la saga star wars.

Triple ERE tras el 22-M

Jorge Muñoz | 15 de marzo de 2015 a las 7:00

El ex consejero de Empleo José Antonio Viera, citado ante el Supremo.

El ex consejero Antonio Ávila comparecerá ante el TSJA.

Es la tormenta judicial perfecta sobre una misma causa. La regla judicial no escrita de no interferir en las campañas electorales –algo que no todos los jueces respetan– ha provocado un hecho insólito en torno a una investigación judicial en la que están involucrados tres jurisdicciones. A la macrocausa de los ERE fraudulentos, con sus 264 imputados y sus más de 140.000 tomos, sólo le faltaba esta triple coincidencia que tendrá lugar el próximo 7 de abril, primer martes tras la Semana Santa. Ese día tres jurisdicciones distintas –el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que dirige Mercedes Alaya; el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y el Tribunal Supremo (TS)–, han citado a declarar a imputados de alto nivel en relación con el escándalo de los ERE.
Este hito judicial se iniciará con la comparecencia ante el Supremo del ex consejero de Empleo de la Junta y todavía diputado del PSOE José AntonioViera, que deberá explicar al instructor de la causa contra los aforados, entre otras cuestiones, la extraordinaria y excesiva concentración de ayudas en las empresas de la comarca de la Sierra Norte de Sevilla, con la que mantiene fuertes vínculos. En uno de los últimos atestados, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil atribuyó a Viera una “participación esencial” en la concesión de las ayudas a la Sierra Norte, dentro de un “marco de corrupción” en el que el consejero pudo favorecer “de manera desmesurada” a personas de su entorno, en cooperación con el resto de miembros del consejo rector del IFA, según precisaron los investigadores en ese informe.
Viera será el primero de los cinco aforados cuya investigación ha asumido el Supremo en declarar. Tras él lo harán, el ex presidente de la Junta José Antonio Griñán, citado el 9 de abril; Manuel Chaves, que comparecerá el día 14; mientras que los ex consejeros de Presidencia Gaspar Zarrías y María del Mar Moreno cerrarán las declaraciones en el Alto Tribunal los días 16 y 21 de abril, respectivamente.

El ex consejero de Empleo Antonio Fernández comparecerá ante la juez Alaya.

El ex consejero de Empleo Antonio Fernández comparecerá ante la juez Alaya.

El 7 de abril también ha sido la fecha elegida por el magistrado del TSJA Miguel Pasquau para citar a declarar al ex consejero de Economía Antonio Ávila, quien al igual que la ex consejera Carmen Martínez Aguayo –que comparece al día siguiente, el 8 de abril– solicitaron declarar de forma voluntaria. En una providencia, el instructor advirtió de que esta declaración se producirá “sin perjuicio de que ulteriormente se les pueda volver a recibir declaración cuantas veces sea necesario por el órgano judicial que resulte definitivamente competente”, en clara alusión a la juez Alaya, puesto que los cuatro aforados ante el TSJA perderán esta condición cuando pasen las elecciones autonómicas, con lo que su investigación volverá a Alaya.

Por último, la instructora también tomará declaración el 7 de abril a siete imputados, a los que ha ampliado la imputación y entre los que se encuentran el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, el ex consejero de Innovación Martín Soler, el ex viceconsejero Agustín Barberá, y el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero.
Un triplete de declaraciones en tres instancias judiciales que investigan, a distinto nivel, un mismo fraude. ¿Se puede pedir más?

Alaya entra en ‘modo precampaña’

Jorge Muñoz | 5 de febrero de 2015 a las 8:00

EX CONSEJERO ANTONIO FERNANDEZEl presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, decía recientemente que la Sala de lo Penal intentaría “importunar lo menos posible” en las elecciones andaluzas a la hora de investigar el caso de los ERE fraudulentos, una vez que Alaya ha remitido la exposición razonada sobre cuatro aforados. Y decía el presidente que los jueces “tienen asumido con carácter general” que las resoluciones judiciales no deben entorpecer los periodos electorales, sobre todo si esas resoluciones pueden ser diferidas en el tiempo para que el proceso electoral esté “lo menos condicionado por actuaciones judiciales”.

Está claro que toda regla tiene su excepción y la juez Alaya, la incansable, ha demostrado en muchas ocasiones su singular forma de instruir y los momentos en los que notifica sus resoluciones. 

La magistrada ha dictado ahora un nuevo auto en el que acusa al ex consejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández, el sospechoso habitualde un delito de cohecho, por haber recibido supuestamente mordidas por importe de unos 600.000 euros y que le habría permitido, según la juez, haber comprado seis inmuebles -cuatro viviendas y dos garajes- entre 2001 y 2008, cuando ocupó los cargos de viceconsejero y consejero de Empleo.

Sin entrar en el fondo del asunto sobre la nueva imputación a Antonio Fernández, que Alaya justifica en los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, lo que sí llama la atención nuevamente son los tiempos que marca la instructora y, sobre todo, las fechas que elige para llevar a cabo las actuaciones judiciales. La magistrada ha citado al ex consejero a declarar como imputado el próximo 3 de marzo, es decir, a tan sólo tres días del inicio oficial de la campaña de las elecciones andaluzas del próximo 22 de marzo. Antonio Fernández  hará de nuevo el paseíllo por los juzgados de Sevilla, con independencia de que declare o se acoja a su derecho constitucional a no hacerlo.

Algunos dirán que la juez no mide esos tiempos, que no puede quedarse parada, sin continuar la instrucción, por la cercanía de las elecciones, pero el problema es que en el caso de Alaya llueve sobre mojado. La juez entró en la campaña de las últimas generales  a raíz de unas declaraciones del ex diputado del PSOE Alfonso Guerra, quien se refirió a la supuesta “relación personal fuerte” de la instructora con el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, lo que motivó que Alaya recibiera el amparo de la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Antes la propia Alaya se había colocado en el epicentro de la polémica, como sucedió en las elecciones municipales del 22 de mayo de 2011. A tan sólo dos días de la jornada de reflexión de estos comicios, la juez notificó la citación a declarar como imputado del que fuera primer teniente de alcalde y socio de gobierno del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos (IU), en relación con la investigación abierta por la presunta venta fraudulenta de los suelos de Mercasevilla.

En la campaña de las últimas elecciones generales, Alaya volvió a actuar de una manera similar, al haber convocado a tan sólo dos días de la jornada de reflexión una vista para decidir sobre la imposición de una fianza a los 13 primeros imputados por el cobro irregular de prejubilaciones vinculadas a los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE).

Si Alaya ha entrado en modo precampaña, seguro que todavía puede dar algunas sorpresas de aquí a que se acerque el día de las votaciones. Y aunque ha obtenido plaza de magistrada en la Audiencia de Sevilla, todo apunta a que la magistrada va a seguir algunos meses más en el juzgado, bien con una prórroga respecto a su toma de posesión o con una comisión de servicio para tratar de acabar alguna de las macrocausas que aún tiene pendientes después de siete años. De esta forma, Alaya podría estar presente en las tres elecciones que se celebrarán este año -las autonómicas, las municipales de mayo y las generales de noviembre-. Esta semana Alaya ha cerrado, por fin, la causa abierta en 2008 por el delito societario en el Real Betis. Se trata de la segunda macrocausa que cierra en estos siete años, todavía tiene seis abiertas por delante… La pregunta que queda en el aire es si conseguirá cerrarlas todas antes de dar el salto a la Audiencia. Esa es su misión imposible…

El ex consejero caído

Jorge Muñoz | 21 de enero de 2015 a las 6:00

EX CONSEJERO ANTONIO FERNANDEZLas paradojas de la vida. Antonio Fernández, el que durante una década fuera consejero de Empleo de la Junta, ha pasado de dirigir las políticas en materia de Empleo y de ayudas laborales a no encontrar quien lo contrate, una vez que la juez Mercedes Alaya lo ha situado como un sospechoso habitual, al imputarlo en el caso de los ERE fraudulentos y en la más reciente investigación iniciada sobre las presuntas irregularidades detectadas en los cursos de formación financiados por la Junta.
Después de cuatro años de investigación judicial y de haber pasado varios meses en prisión provisional, el ex consejero ha vuelto a tocar fondo. Ya no sólo es que muchos lo vean como un apestado o un cadáver político, sino que el ex responsable de Empleo se enfrenta a un enorme rechazo social y profesional, derivado del estigma que suponen las graves imputaciones que pesan sobre Antonio Fernández.
Para colmo, el ex consejero está abocado a la muerte civil, después que la instructora le fijara la mayor fianza de responsabilidad civil que ha impuesto a los 229 imputados y que alcanza los 807 millones de euros. Para garantizar esta fianza, la juez Alaya le ha embargado a Fernández sus propiedades e incluso la indemnización de casi 38.000 euros que debía recibir tras su despido en la empresa González Byass.
La penuria en la que el ex consejero se encuentra le ha llevado a dar un nuevo y desagradable paso, al tener que solicitar a la juez Alaya que acuerde una pensión mensual para hacer frente a sus “necesidades más básicas”.
Alfonso Martínez del Hoyo, que como fiel escudero acompaña al ex consejero en sus avatares judiciales, explica en un escrito dirigido a la instructora que su cliente se encuentra en una situación de “completa insolvencia e imposibilitado de atender cualquier clase de pagos”. El letrado llega a afirmar que si Fernández no contara con la “benevolente y graciable ayuda” de su más próximos se vería abocado a la “pura indigencia”. ¡Quien te ha visto y quien te ve!
Lo más fácil en un caso como éste, con un ex consejero caído en desgracia, sería apuntarse al carro de los que pudieran pensar que Fernández está precisamente dónde debe estar, dada la gravedad de los hechos que se le imputan. Pero lo cierto, aunque algunos lo hayan olvidado ya, es que aunque Antonio Fernández aparezca como unos de los principales implicados en el escándalo de los ERE fraudulentos, hay que recordar que en estos momentos sólo está imputado, por el momento no ha sido procesado, juzgado, ni condenado, por lo que debe ampararle la presunción de inocencia, un derecho de todo imputado que nunca debería quedar vacío de contenido.
El abogado del ex consejero lamenta que su ingreso en prisión supuso no sólo la “destrucción de su derecho a la presunción de inocencia”, sino que trajo como inevitables secuelas su despido y la pérdida de su puesto de trabajo como presidente del consejo regulador del Vino de Jerez.
Desde que recuperó su libertad, Fernández ha intentado volver al mercado laboral sin éxito y ha agotado todas las prestaciones posibles y ya no puede hacer frente a sus necesidades más básicas.
La defensa se ha visto obligada a pedir la pensión de alimentos, en un escrito en el que detalla los gastos comunes a los que Fernández, como cualquier otro ciudadano, tiene que hacer frente cada mes: pago de hipoteca, recibos de luz, agua, gas, etc. Y una vez enumerados estos gastos cifra en 1.840 euros la pensión mensual que solicita a la juez y que reclama con cargo a los 38.000 euros de la indemnización por despido que la juez le embargó. En esa pensión se incluyen 900 euros para “alimentación, vestido y consumo básico”.
Si Fernández ha pedido a la magistrada la pensión es porque seguro que se encuentra en un atolladero. La juez, antes de pronunciarse sobre la petición, ha pedido a la Fiscalía Anticorrupción que se pronuncie sobre la misma. Haga lo que haga, la polémica está servida.

El sospechoso habitual de la juez

Jorge Muñoz | 19 de septiembre de 2014 a las 5:00

EX CONSEJERO ANTONIO FERNANDEZLa juez Mercedes Alaya acaba de confirmar la imputación del ex consejero de Empleo Antonio Fernández en la causa en la que se investigan las ayudas públicas para la realización de cursos de formación, pero lo ha hecho en un auto en el que la magistrada, con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción –que en este caso se ha alineado con la instructora–, no da respuesta a por qué el ex alto cargo es una especie de sospechoso habitual en estas investigaciones, según el alegato de la defensa. 

El abogado Alfonso Martínez del Hoyo, que defiende a Antonio Fernández en el caso de los cursos de formación y también en el de los ERE, mostró su desconcierto por el hecho de que el ex consejero fuese el primer imputado en esta nueva investigación y consideró injusto y discriminatorio que la magistrada no hubiese llamado a otros consejeros que también tuvieron relación con las ayudas a los ex trabajadores. El letrado argumentó que la juez había “señalado ante la sociedad abiertamente y en exclusiva a Antonio Fernández como único presunto responsable”, hasta el punto de que “se le marca, a modo de indudable estigma, como proclive a delinquir e incurso o perteneciente a un cierto tipo de autor o delincuente, que grafiaría un nuevo sesgo de peligrosidad social, relacionado con la clase política y los episodios de corrupción que lamentablemente menudean y saltan a los medios de comunicación de nuestro país en los últimos tiempos”.
La defensa argumentó que traer a una sola persona al proceso, “con inexplicable olvido o posposición del llamamiento de otros en idéntica posición, implica, con la violación flagrante del derecho de igualdad y la garantía de la imparcialidad objetiva, la vulneración del derecho fundamental a un proceso público con todas las garantías”.
La respuesta de Alaya ante las críticas de la defensa no se ha hecho esperar. Alaya, que se ha definido en esta causa como “incansable”, muestra en el auto su peculiar e irónica pluma. Y así escribe lo siguiente en el primer razonamiento jurídico del auto: “Debe felicitarse al señor letrado por la interpretación distorsionada a efectos de defensa y parcial que transmite del auto recurrido –buena impugnación en cualquier caso–, de modo que si no se tiene éste delante bien pudiera uno creerse la realidad de sus afirmaciones”, precisa Alaya, que admite no obstante un “error material” al citar el cargo de Fernández –la juez dijo que era consejero de “Economía” y Empleo– y la finalización del mismo, que tuvo lugar en 2010, por lo que no se le podían atribuir el dictado de resoluciones exoneración de la justificación de las ayudas del año 2011.
En cuanto al fondo de la imputación, Alaya ratifica que Fernández concedió subvenciones para la formación de los ex trabajadores de Delphi “con ausencia del procedimiento adecuado” y conociendo que todas las entidades estaban controladas por el ex consejero de Hacienda Ángel Ojeda, segundo imputado y con el que “se le supone una estrecha relación o interés en favorecerlo por la evidencia de la concentración de ayudas”.
La Fiscalía Anticorrupción apoyó la imputación de Fernández porque aunque la misma pueda parecer prematura, “se sustenta sobre sólidos argumentos”.