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El Supremo avala el nombramiento de la presidenta de la Audiencia de Málaga

Jorge Muñoz | 2 de febrero de 2018 a las 13:01

Lourdes García Ortiz

La magistrada Lourdes García Ortiz.

La Sala III de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso presentado por el magistrado Antonio Alcalá Navarro contra el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de 20 de diciembre de 2016 que nombró presidenta de la Audiencia Provincial de Málaga a Lourdes García Ortiz. El recurrente, ex presidente de dicha Audiencia, entendía que debía anularse la designación de García Ortiz porque está casada con el presidente de la Audiencia de Granada y el artículo 391 de la Ley Orgánica del Poder Judicial considera incompatible que integren una misma Sala de Gobierno (en este caso la del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía) dos presidentes de audiencia provincial unidos por vínculo matrimonial. 

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado José Manuel Sieira, explica que no estamos en este caso ante una causa de inelegibilidad  sino “ante una incompatibilidad, tesis que es pacifica para las partes en litigio, incompatibilidad que conlleva la prohibición, no como pretende la parte recurrente de nombramiento como Presidente/a, sino una prohibición de  integrar,  formar parte,  simultáneamente de  una misma Sala de Gobierno”, ha informado este viernes el Tribunal Supremo.

Por tanto, prosigue la resolución, la incompatibilidad “sólo opera en relación al ejercicio de la función correspondiente al cargo anejo de miembro  de la Sala de Gobierno, la  que por otra parte no es la función principal y más relevante de las que corresponden al cargo de Presidente de Audiencia Provincial. Si el legislador hubiera pretendido otra cosa habría establecido sin ambages una causa de inelegibilidad   que sí daría lugar a la prohibición de nombramiento que sostiene el recurrente”.

Para la Sala, los distintos caminos seguidos a la hora de interpretar el alcance de la incompatibilidad prevista en el artículo 391 párrafo segundo de la LOPJ llevan a una misma conclusión, tanto si se atiende a la finalidad perseguida por la norma, a la protección del derecho constitucional que puede resultar afectado o a una interpretación sistemática de la totalidad del precepto en cuestión y concordantes de la Ley.

Los magistrados indican que es igualmente razonable concluir que en los supuestos en que la Sala de Gobierno puede actuar en Comisiones (como sucede en el TSJ andaluz) opera la excepción a que se refiere el artículo 391 de la Ley, que prevé que en los casos en que existieren varias secciones, en una misma Sala no opera la incompatibilidad a la que se refiere el precepto.

Respecto a la forma en que el respeto  a la incompatibilidad que el precepto establece debe ser llevada a buen fin cuando la Sala de Gobierno del TSJ actúe en Pleno,  -bien por la vía de la sustitución, bien por la de su composición  atendiendo a lo dispuesto en el artículo 153 de la Ley en el que se establece el número de miembros necesarios para su valida constitución-, el Supremo señala que excede del ámbito del presente recurso y debe ser resuelto por la propia Sala de Gobierno en su caso.

VOTO PARTICULAR

La sentencia cuenta con el voto particular de uno de los cinco magistrados que la firman, Luis Díez-Picazo (presidente de la Sala), quien considera que el recurso debió ser estimado. Este magistrado se pregunta en su voto si el órgano de gobierno del Poder Judicial puede designar para un cargo a un Magistrado de quien sabe –o habría debido saber- que será automáticamente incompatible por razón de matrimonio con otro que ocupa un cargo similar. Y su contestación es que no, “máxime cuando el CGPJ ni siquiera ha impuesto como condición la renuncia de uno de los dos. El CGPJ, obviando este grave problema, se ha limitado a tomar una decisión que directamente conduce a una situación contraria a lo que, de manera tajante e inequívoca, establece el artículo 391 de la LOPJ”.

El día que la Justicia trató igual a la Pantoja

Jorge Muñoz | 5 de diciembre de 2015 a las 6:00

ISABEL PANTOJA SALE DE LA CÁRCEL PARA DISFRUTAR DE UN PERMISO DE CUATRO DÍASLa Audiencia de Málaga se afanó en su día en tratar de justificar el ingreso en prisión de Isabel Pantoja, a pesar de que la cantante reunía todos los requisitos para la suspensión de la pena: era delincuente primaria, la condena era inferior a los dos años de prisión y había establecido un plan de pago para satisfacer su responsabilidad civil, con el pago de la multa de 1,1 millones que le había sido impuesta. Nada sirvió para evitar su encarcelamiento aquel 21 de noviembre de 2014, cuando nació la peculiar doctrina Pantoja, de la que otra juez de Palma de Mallorca aplicó una variante al encarcelar a un hombre condenado a ocho meses de cárcel por maltrato animal.
La Audiencia de Málaga alegó en su día que en el caso de Isabel Pantoja la condena tenía un carácter “ejemplar” pero no una función “ejemplarizante”. “Lo que pretende conseguir la Sala, en el presente caso –y en cualquier otro del que conozca–, es que la pena privativa de libertad cumpla su función de servir de freno a posibles conductas futuras de análoga naturaleza por parte de otras personas que interiorizarán, así, su deber ciudadano de adecuar su conducta a las normas jurídicas; teniendo éstas sí, un carácter ejemplar en la medida en que suponen un patrón de conducta que todos debemos seguir”, añadían los magistrados.
El problema es que, en la práctica cotidiana de los juzgados, hasta ahora se venía aplicando de forma casi matemática el beneficio de la suspensión de la condena en penas inferiores a los dos años. A Pantoja, sin duda, su fama le perjudicó, pero ahora, una vez reconocida su culpa, la artista podrá disfrutar del régimen de semilibertad. Ha hecho todos los méritos posibles: buen comportamiento en prisión, donde no ha recibido ningún trato de favor –como acreditó la investigación de Instituciones Penitenciarias–, ha pagado aproximadamente dos terceras partes de la multa, y sobre todo ha mostrado su profundo arrepentimiento. La Justicia, que realmente debe ser igual para todos, ha acertado con esta decisión. Sin duda.

Demos la bienvenida a la ‘doctrina Pantoja’

Jorge Muñoz | 23 de noviembre de 2014 a las 7:00

La tonadillera entra en la cárcel de mujeres de Alcalá a primera hora del pasado viernes.

La tonadillera entra en la cárcel de mujeres de Alcalá a primera hora del pasado viernes.

El 21 de noviembre de 2014 no sólo será recordado como el día en que España despidió a la duquesa de Alba, una de las grandes de España. Ese día, poco antes de las ocho de la mañana, en la cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), nació la doctrina Pantoja, según la cual, cualquier persona condenada a una pena de prisión incluso inferior a los dos años de prisión y reuniendo los requisitos para la suspensión de la pena, debe entrar en la cárcel para saldar su deuda con la sociedad.

Los impulsores de esta doctrina, creada al amparo del mayor clima de rechazo a la corrupción que jamás se ha conocido en la España contemporánea, han sido los jueces de la Audiencia de Málaga que han denegado a la tonadillera la posibilidad de eludir la prisión. Cierto es que la suspensión de la condena es una “facultad” que el Código Penal otorga a los jueces, pero también lo es que en la práctica dicha medida se venía aplicando de manera automática por jueces y tribunales en la inmensa la mayoría de los casos.

Estamos en un hito jurídico. Con la doctrina Pantoja ocurrirá, o debería ocurrir, lo mismo que sucedió hace unos años con el bailaor Juan Manuel Fernández Montoya, Farruquito, que fue condenado a tres años de cárcel por un delito de homicidio imprudente por la muerte y acabó entrando en prisión. Antes eran pocos, muy pocos, por no decir ninguno, los acusados de una muerte en accidente de tráfico que entraban en la cárcel, porque la mayoría de los casos acababan con condenas inferiores a los dos años y evitando la cárcel.

Pero el caso Farruquito supuso un antes y un después en la respuesta penal a estos delitos de tanta gravedad y en la actualidad la inmensa mayoría de lo acusados acaban cumpliendo su pena en prisión.

En el caso del bailaor, al igual que sucede ahora con Isabel Pantoja, su celebridad les ha hecho que marquen un cambio en la forma de actuar de la Justicia. La Audiencia de Málaga valoró en el auto en que denegó la suspensión de la pena a la tonadillera la gravedad de los hechos por los que fue condenada, pues la folclórica “permitió el blanqueo de los ilícitos beneficios obtenidos por su pareja, en su corrompida y delictiva actividad político/pública al frente del Ayuntamiento de Marbella, con las gravísimas consecuencias que para el mismo supuso. La repercusión y trascendencia de estas actividades en la vida social española es difícil de cuantificar, pero en todo caso, está fuera de la más mínima duda de que fue y es enorme; configurándose como paradigma de ilegalidad en el aprovechamiento privado y torticero del patrimonio público y, en tal sentido, de enorme gravedad social”.

El tribunal argumentaba igualmente que la pena tiene una función de “restablecimiento de la confianza de la comunidad” que ha sido vulnerada por el delito, y añadía que la finalidad resocializadora de un condenado no es la única que puede perseguir la pena, sino también la prevención general, la seguridad colectiva y el interés social. Y concluía que en el caso de Isabel Pantoja la condena tiene un carácter “ejemplar” pero no una función “ejemplarizante”. “Lo que pretende conseguir la Sala, en el presente caso -y en cualquier otro del que conozca-, es que la pena privativa de libertad cumpla su función de servir de freno a posibles conductas futuras de análoga naturaleza por parte de otras personas que interiorizarán, así, su deber ciudadano de adecuar su conducta a las normas jurídicas; teniendo éstas sí, un carácter ejemplar en la medida en que suponen un patrón de conducta que todos debemos seguir”.

El planteamiento del tribunal, considerado desde este punto de vista teórico, es impecable, sobre todo si se tiene en cuenta que la  sociedad está asqueada del clima de corrupción que se ha establecido en tantos y distintos niveles. Pero en la práctica no sucedía hasta ahora. Lo fácil sería emitir una opinión, como la generalizada, de que Isabel Pantoja tenía que entrar en prisión de cualquier manera. Pero a partir de ahora habrá que exigir la misma contundencia en otras muchas condenas inferiores a dos años, que hasta ahora eran suspendidas de forma casi automática. Con el caso de la artista, acaba de implantarse la “doctrina Pantoja”.