Archivos para el tag ‘Audiencia de Sevilla’

Un ‘salvoconducto’ para las 85 piezas

Jorge Muñoz | 14 de mayo de 2017 a las 2:00

 

IMG_0502

La juez María Núñez Bolaños, fotografiada en su despacho.

La trascendencia del auto dictado por la Audiencia de Sevilla sobre los ERE quedó eclipsada por la recusación del magistrado Pedro Izquierdo, que ha sido apartado del juicio a Chaves y Griñán por haber sido secretario de Justicia en los gobiernos de ambos. Coincidiendo con esta noticia, la Sección Séptima de la Audiencia dictó esta otra resolución que supone un vuelco en el devenir de la macrocausa de los ERE, al haber apartado al ex director general de Idea Jacinto Cañete de la causa en la que se investiga la ayuda de 880.000 euros concedida a la empresa Bética Industrial porque el tribunal entiende que, como esta persona ya está procesada en la “pieza política”, se ha generado una situación procesal de “duplicidad de procesos sobre los mismos hechos”.
En la práctica y extrapolando esta resolución a los otros ex altos cargos, esto significa que aparentemente sólo habría un solo juicio para cada acusado y estos no tendrían que sentarse en el banquillo en las distintas piezas separadas que se han abierto y se siguen abriendo conforme se van recibiendo los atestados de la Guardia Civil.
La medida beneficiaría sobremanera a los que, en esta sección, hemos denominado los “sospechosos habituales” de los ERE, los ex altos cargos que, por haber intervenido en la concesión de la totalidad de las ayudas, han sido imputados sucesivamente en cada una de las piezas. La juez María Núñez Bolaños, que investiga la macrocausa, mantiene abiertas alrededor de 85 piezas separadas y en la mayoría de éstas figurarían el ex director de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero o el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, dos de los “sospechosos habituales”.
La importancia para la investigación de ese auto, que tiene fecha del 4 de mayo, tendrá que ponderarla ahora la instructora y aquí es dónde surgen más incógnitas que certidumbres. Para empezar porque la Audiencia se está refiriendo únicamente a los 22 ex altos cargos que están procesados en la causa del denominado “procedimiento específico” –a Chaves y Griñán no les afecta porque sobre los mismos no pesan imputaciones en otras causas–, de lo que se deduce que el resto de las piezas continuaría contra el resto de imputados que figuran en las mismas, como los empresarios que recibieron esas ayudas.
Sin embargo, la instructora podría entender que esa duplicidad de hechos advertida por el tribunal afectaría a todos los imputados –incluso a los beneficiarios de las ayudas– y, en consecuencia, podría decidir el archivo de cada causa completa, como hizo en el caso de las ayudas a la empresa Azucareras Reunidas de Jaén –donde no había intrusos y la juez entendía que la ayuda no podía considerarse injusta, con independencia de que el procedimiento empleado para la concesión de las ayudas fuese inadecuado–, que la instructora acabó archivando y que la Audiencia de Sevilla ha reabierto recientemente.
Será interesante conocer la opinión de la Fiscalía Anticorrupción ante este auto que algunos consideran que viene a avalar la tesis que en su día mantuvo la juez Mercedes Alaya sobre la inescindibilidad de la causa y la imposibilidad de su fragmentación en piezas separadas. Alaya argumentaba que la causa de los ERE no podía dividirse, lo que a la larga implicaba celebrar un macrojuicio imposible con la totalidad de los imputados, que podrían superar los 300.
Pero la duplicidad en los hechos ha apreciado el tribunal en el caso del ex alto cargo puede que no beneficie a todos en todas las causas. Me explico. Hay algunas investigaciones que parecen tener una clara diferenciación con respecto a la “pieza política”, como es el caso de las ayudas que el ex director de Trabajo Javier Guerrero gastó en regalos y cocaína, a través de las ayudas que por importe de 1,4 millones concedió su chófer, Juan Francisco Trujillo.
Y lo mismo puede decirse, entre otras, de la pieza en la que se investigan las sobrecomisiones abonadas en las pólizas suscritas para el pago de las ayudas, en la que hay ya 38 imputados por un sobrecoste cuantificado en 66 millones, entre los que se encuentran también Javier Guerrero y su chófer.
Tanto las ayudas al chófer como las sobrecomisiones están diferenciadas claramente del procedimiento específico, las transferencias de financiación y la partida 31L, por lo que pueden quedar excluidas del indulto o salvoconducto concedido por la Audiencia para ser enjuiciados una sola vez.
Pero lo que puede beneficiar a la mayoría de los ex altos cargos imputados, puede perjudicar por el contrario a los cuatro que fueron exculpados a última hora por la Audiencia. Es el caso de los ex viceconsejeros Justo Mañas y Gonzalo Suárez, el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Daniel Alberto Rivera, y el ex director general de Idea Antonio Valverde. Si algunos de éstos aparece en otra u otras piezas distintas sí que podrían ser enjuiciados aunque hayan sido exculpados en el procedimiento específico.
El auto de la Audiencia, en lugar de aliviar las macrocausas parece que va a generar nuevos enredos jurídicos, porque legalmente, como dice el tribunal, ni siquiera se ha podido acordar el archivo, sino “dejar sin efecto” que el proceso se dirija contra el ex alto cargo.

 

 

VISTO PARA SENTENCIA

 

El PP logró quitar al juez de Chaves y Griñán

El presidente de la Sección Primera de la Audiencia, Pedro Izquierdo.

El presidente de la Sección Primera de la Audiencia, Pedro Izquierdo.

*La recusación planteada por los abogados del PP Luis García Navarro y Lourdes Fuster ha logrado apartar al juez Pedro Izquierdo del juicio a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y a otros 20 ex altos cargos en la “pieza política” de los ERE. El magistrado no encajó muy bien la decisión de sus compañeros de la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla de estimar que concurría una causa de recusación, por el interés directo o indirecto en el pleito, tras haber pasado seis años en la Junta de Andalucía, como secretario general para la Justicia. En esta misma página hemos dicho con anterioridad que, si nos atenemos a la ley orgánica del Poder Judicial no existe causa legal para recusar al magistrado, de cuya honestidad y profesionalidad nadie duda. Sin embargo, como reza una máxima judicial, el juez no debe ser sólo independiente e imparcial, sino parecerlo, como señala el proverbio romano sobre la honradez de la mujer del César.

 

El ladrón que pidió un “justificante” del arresto

Ocurrió recientemente en un juzgado de guardia, adonde había sido conducido un detenido por un robo con violencia e intimidación. El arrestado se había mostrado durante toda la comparecencia con una actitud chulesca y cuando el funcionario del juzgado le notificó el auto de libertad, ni corto ni perezoso, le pidió un “justificante” de su estancia en los juzgados.

–¡Qué mejor justificante quiere que el auto de libertad que le acabo de notificar! –replicó el funcionario.

–No me ha entendido, es que quiero un justificante de haber estado en el juzgado de guardia hasta ahora –respondió el detenido con el mismo tono que había mostrado desde su llegada a la sede judicial.

–¡Pues ahí tiene el auto! –insistió el trabajador.

La respuesta enojó al arrestado, quien replicó:

–¡Esto es lo nunca visto!

–Efectivamente, en mis más de 20 años de ejercicio profesional nunca he visto una petición como ésta –zanjó el funcionario.

Ayudas justas, no delictivas

Jorge Muñoz | 29 de abril de 2017 a las 2:00

Juzgados del PradoMovida por el caso de los ERE Habra que estar hasta las doce y algo para hacer varias cosas, incluido fotos a la juez Maria Nu?ez Bola?os para renovar el archivo

La juez María Núñez Bolaños llega a los juzgados. Foto: Juan Carlos Vázquez.

Hace tan sólo unos meses, en octubre pasado, la juez de los ERE, María Núñez Bolaños, abrió un debate muy interesante para el devenir de la investigación de las macrocausas. La juez decidió archivar entonces la primera pieza de los ERE no porque las ayudas concedidas en su día hubieran prescrito, sino porque no apreció que en las mismas se hubiesen cometido los delitos de prevaricación y malversación que han marcado la instrucción desde el inicio. En ese auto, dictado el 11 de octubre, Bolaños archivó la causa relativa a las ayudas de 1,3 millones concedidas a la empresa Azucareras Reunidas de Jaén porque la ayuda no era “injusta” y además en la misma no aparecen intrusos, con independencia de que el procedimiento empleado en la tramitación pudiera ser inadecuado.
Ese auto ha sido ahora revocado por la Audiencia de Sevilla, que ha ordenado a la magistrada que siga investigando esta ayuda porque entiende que hay una “patente apariencia” de que se han cometido los delitos de prevaricación y malversación de caudales.
La Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, encargada de los recursos, tenía en sus manos la posibilidad de poner coto a la investigación expansiva que en su día realizó la anterior instructora, Mercedes Alaya, con el amparo de la Fiscalía Anticorrupción. La cuestión no es nueva y su autoría no puede atribuirse en exclusiva a la juez Bolaños, dado que el magistrado Alberto Jorge Barreiro, que en su día instruyó en el Tribunal Supremo la causa de los ERE cuando Manuel Chaves y José Antonio Griñán eran aforados, ya lo expuso claramente en uno de sus autos.
Decía el juez Barreiro que el hecho de que las subvenciones de los ERE sean “nulas por haber infringido el ordenamiento jurídico, no significa que todo el dinero concedido con cargo a ese programa presupuestario haya sido defraudado en perjuicio del erario público”. El magistrado añadía que “un porcentaje de las subvenciones ilegalmente concedidas habría que concederlas también en el caso de que la concesión fuera legalmente tramitada”.
La propia Audiencia de Sevilla reconocía recientemente en uno de sus autos que tras estallar el escándalo de los ERE, la Consejería de Empleo inició un plan para recuperar los pagos indebidos que dio lugar a 69 informes referidos a 70 empresas, donde se analizaron 322 pólizas que afectaban a 5.982 personas, de las cuales “72 nunca habían trabajado para las empresas beneficiarias de las ayudas y otras 54 no cumplían los requisitos mínimos para ser beneficiarios de dichas ayudas”. Es decir, de unos 6.000 trabajadores, las supuestas ilegalidades se reducen a 126 personas, que habrían percibido más de 12 millones de euros, que ya son objeto de reclamación, frente a los 741 millones –la totalidad– en que cifra el fraude la Fiscalía Anticorrupción.
La Audiencia ha cerrado ahora el debate, al confirmar de nuevo las tesis de Alaya de que todas las ayudas son ilegales porque parten de un procedimiento inadecuado. Da igual todo lo demás, que no haya intrusos, que la empresa pudiese haber recibido esa ayuda, etc.
La juez Bolaños aún no ha tomado ninguna decisión tras recibir el atestado de Heineken, pero visto el auto dictado ayer por la Audiencia, pocas posiblidades hay de que se produzcan nuevos archivos. En el caso de Heineken sorprende además que la Guardia Civil haya introducido delitos como el de administración desleal.

Defensas al contraataque

Jorge Muñoz | 20 de marzo de 2017 a las 2:00

UNA SALA PRESIDIDA POR UN EX ALTO CARGO ENJUICIARA A CHAVES Y GRI?AN

El magistrado de la Audiencia de Sevilla Pedro Izquierdo, que fue secretario para la Justicia entre 2008 y 2014.

Varias defensas pasan al contraataque en la recusación planteada contra el magistrado de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla Pedro Izquierdo. Los abogados de varios ex altos cargos de la Junta han presentado sendos escritos en los que se oponen al incidente de recusación planteado por las acusaciones populares que ejercen el sindicato Manos Limpias y el Partido Popular, al considerar que no concurre ni razones de amistad ni de interés directo o indirecto en el asunto.
La sorpresa en torno a la recusación puede venir de la mano de la Fiscalía Anticorrupción, que se va a pronunciar de manera inminente. En Sevilla, sin contar con la recusación de un magistrado del caso Betis, no se producía un incidente de tal nivel desde el año 2010, cuando una defensa recusó a la juez Mercedes Alaya por el caso Mercasevilla, por el hecho de que su marido había sido en el pasado auditor de cuentas del mercado mayorista. La Fiscalía de Sevilla, que inicialmente se pronunció en contra de la recusación de Alaya al no apreciar motivos, en un cambio radical en cuestión de días, acabó por apoyar que la juez fuese apartada del procedimiento, pero la Audiencia de Sevilla lo rechazó de forma tajante.
Ala espera de que la Fiscalía Anticorrupción se pronuncie, las defensas de varios ex altos cargos de la Junta, como el ex interventor general Manuel Gómez –también se han pronunciado el abogado de un ex consejero procesado–, han presentado escritos impugnando la recusación y, en consecuencia, apoyando que Pedro Izquierdo siga adelante.
Las defensas consideran que no hay causa legal para que el magistrado no forme parte del tribunal, pese a que durante ocho años (entre 2008 y 2014) ocupó el cargo de secretario general para la Justicia y, por tanto, coincidió con los dos ex presidentes imputados en la pieza del denominado “procedimiento específico” por el que se concedían las ayudas. No hay causa legal, pero sí la pérdida de la apariencia de imparcialidad, tal y como comenté recientemente en este mismo blog.
En el escrito presentado por la defensa del ex interventor general de la Junta y también del ex secretario general de Hacienda Antonio Estepa, se recuerda que Manos Limpias alegó las “dudas” que podía generar a un ciudadano medio la posible relación de amistad del magistrado o el interés que éste pudiera tener en el procedimiento.
Pero esas dudas o sospechas sobre la imparcialidad, prosigue, “no basta con que surjan en la mente de quien recusa, sino que es preciso determinar caso a caso si las mismas alcanzan una consistencia tal que permitan afirmar que se hallan objetiva y legítimamente justificadas”, según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que cita en su escrito.
Así, esta defensa rechaza que existan indicios de afinidad, sintonía política, compañerismo o amista que pudieran comprometer al juez en su función de juzgar, por cuanto “nadie puede, pues, ser descalificado como juez en razón de sus ideas y, por tanto, no resultaría constitucionalmente posible remover a los magistrados recusados, aun cuando fuesen ciertas las actitudes que se les atribuyen”.
En cuanto al interés directo, sostienen que la única relación del magistrado está en que algunos de los acusados fueron miembros del Consejo de Gobierno que aprobó su nombramiento, pero esto “no es suficiente para que prospere la pretensión”. La defensa concluye que “ni se acredita la pretendida relación de amistad, ni tampoco se acredita le existencia de un interés directo o indirecto”.

CASO ERE: Llamadas desconcertantes

Jorge Muñoz | 12 de febrero de 2017 a las 2:00

JUECES

Rosell

Nerviosismo, preocupación, intriga, desconcierto. Cualquiera de estas palabras podría usarse para intentar describir las extrañas maniobras que se han sucedido en las últimas semanas en la Audiencia Provincial de Sevilla para supuestamente teledirigir el sumario de la macrocausa de los ERE, el que afecta a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, hacia una concreta Sala o tribunal para su enjuiciamiento.

La cuestión llevaba analizándose desde muchos meses antes, cuando los 20 magistrados de las secciones Penales de la Audiencia de Sevilla –Primera, Tercera, Cuarta y Séptima– se reunieron en junio de 2016 para establecer los criterios para elegir al tribunal que debía enjuiciar el denominado “procedimiento específico” de los ERE, en el que están acusados los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán junto a otros 24 ex altos cargos, así como las distintas macrocausas que en los últimos años se han ido instruyendo sobre todo en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.
De esa reunión, surgió un acuerdo para establecer un turno de reparto específico para las causas de “especial complejidad”, entendiendo por éstas a las que excedían de los 3.000 folios –sin contar los posibles anexos documentales– o las que contaran con ocho o más intervinientes personados, sin tener en cuenta al Ministerio Fiscal y considerando como interviniente a cada acusado.
Ese acuerdo pareció –o debió– zanjar la polémica, pero no fue así. En septiembre de 2016, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ratificó el acuerdo de los jueces sevillanos y aprobó la modificación del turno de reparto de los asuntos en la Audiencia de Sevilla, lo que derivó en un sorteo entre las cuatro secciones penales para fijar el orden de inicio de ese turno nuevo. El sorteo, celebrado el 14 de octubre, deparó que fuese la sección Primera la que iniciara el turno específico. En realidad se habían fijado dos turnos, uno que la Audiencia denominaba como “recursos devolutivos contra resoluciones dictadas por órganos unipersonales”, que incluía sentencias y “autos interlocutorios”. Y un segundo reservado para los “asuntos de enjuiciamiento”, que engloba los “procesos ordinarios por delitos graves y procedimientos abreviados que son competencia de la Audiencia”. Aquí es donde debía incluirse el juicio por el “procedimiento específico” de los ERE, el primero cuya instrucción ha finalizado, junto al de las subvenciones concedidas a las empresas Acyco y Surcolor-Surcolor Óptica.
Un hecho que iba a cambiar de forma repentina la aparente normalidad con la que los jueces de la Audiencia habían asumido el turno de reparto fue el auto dictado el 4 de noviembre por el juez de refuerzo de Instrucción 6 Álvaro Martín, quien ese día dictó el auto de apertura de juicio oral contra los ex presidentes de la Junta y los otros 24 ex altos cargos. Con la instrucción finalizada, ese auto acercaba más a la Audiencia el reparto del primer juicio de los ERE.
En ese auto, el instructor concedió un plazo de un mes a las defensas de los 26 encausados para que presentaran sus correspondientes escritos de defensa, una vez conocida las peticiones de la Fiscalía Anticorrupción y de las demás acusaciones.
Las siguientes semanas de noviembre y las primeras de diciembre, el juez Álvaro Martín fue dando los últimos coletazos al caso con la clara intención de enviar el sumario de los ERE a la Audiencia antes de que finalizara su comisión de servicio en el juzgado de Instrucción número 6. El último día para que Álvaro Martín pudiera remitir el sumario era el 23 de diciembre pasado y ese día el magistrado dio instrucciones precisas para que la causa se enviara a la Audiencia. Sin embargo, no pudo hacerse porque, entre otras cuestiones, el procedimiento no estaba listo para su remisión porque faltaban aún por presentar –y estaban en plazo de hacerlo– los escritos de varias defensas.
Si la causa se hubiese enviado el 23 de diciembre, de acuerdo con el turno de reparto aprobado por los jueces de la Audiencia, el enjuiciamiento habría correspondido a la Sección Tercera, que preside el magistrado Ángel Márquez, quien en su día instruyó el denominado caso Juan Guerra. Márquez  había estado destinado precisamente en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla hasta 1998, cuando cedió el testigo a la juez Mercedes Alaya, la instructora de las macrocausas hasta el año 2015. Tras ese primer intento de enviar el sumario de Chaves y Griñán, se produjo un impasse propiciado por las vacaciones de Navidad, que prácticamente paralizan por completo el funcionamiento de los juzgados, salvo para las actuaciones consideradas urgentes.
Y una vez pasados los Reyes Magos, se produjeron los hechos más sorprendentes. El martes 10 de enero, a mediodía, poco antes de la finalización de la jornada en los juzgados, un magistrado de la Audiencia al que podría corresponder el juicio de Chaves y Griñán, telefoneó al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, pero no habló con la titular, María Núñez Bolaños, sino con un funcionario de esta oficina judicial. ¿El motivo? Interesarse sobre el hecho de por qué no se había remitido aún el sumario de los ERE a la Audiencia –que algunos esperaban para antes de las Navidades– y si quedaba aún mucho para que se elevara a la Audiencia. El funcionario no pudo dar respuesta a las inquietudes del magistrado.
Fue una conversación corta, pero que sin duda desató todas las señales de alarma. Unos dicen que con esa llamada –que no fue la única realizada desde la Audiencia, hubo al menos otras dos llamadas– el juez simplemente se estaba interesando por la supuesta demora en el envío de la causa por su interés en asumir el enjuiciamiento, aunque otras fuentes señalan que su interés era el contrario, que preguntaba porque no quería que le correspondiera el juicio.
Sea como fuere, lo grave es que se produjeran esas llamadas y que ese contacto no fuese por ejemplo a nivel de jueces, que podría tener cierta lógica entre compañeros, sino que se hiciera con un funcionario del juzgado y sin conocimiento de la titular, María Núñez Bolaños.

Los jueces María Núñez Bolaños y Álvaro Martín, en los juzgados de Sevilla.

Los jueces María Núñez Bolaños y Álvaro Martín, en los juzgados de Sevilla.

 

A partir de ese momento y conforme pasaban las semanas sin que el envío de la causa se produjera, aumentó la incertidumbre y las suspicacias, tanto en la Audiencia de Sevilla como en el juzgado de Instrucción.
Y también se dispararon los reproches mutuos y la rumorología, dándose por sentado en los mentideros judiciales que la juez Bolaños estaba supuestamente retrasando de forma intencionada la elevación a la Audiencia para controlar a qué Sala de la Audiencia podría corresponderle el caso de los ERE, cuando de los movimientos realizados por la Audiencia parece todo lo contrario, que el interés en controlar o al menos conocer el tribunal partía supuestamente de los magistrados de la Audiencia, los mismos que en teoría habían dejado zanjado en junio del año pasado el asunto del reparto de las piezas separadas de la macrocausa de los ERE. La juez Bolaños justificó la decisión de no enviar la causa en que estaba completando la documentación, de acuerdo con la “guía” para las macrocausas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
La situación se hacía cada vez más insostenible y llegó incluso a trascender el ámbito provincial hasta llegar al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), cuyo presidente aprovechó que el pasado 3 de febrero tenía que trasladarse a Sevilla para visitar varios órganos judiciales, para entrevistarse personalmente con el presidente de la Audiencia, Damián Álvarez, al que trasladó su preocupación por lo que estaba sucediendo con este primer juicio de los ERE.
Dicen que el presidente del TSJA pidió claridad y transparencia a la Audiencia, que se acabara con la rumorología, y Damián Álvarez convocó de nuevo a las secciones de lo Penal, que la semana pasada aprobaron modificar las normas de reparto para hacer un nuevo sorteo único y exclusivo para el caso de Chaves y Griñán. Oficialmente, la Audiencia ha justificado el nuevo sorteo por las “excepcionales circunstancias de especial complejidad y de singular trascendencia mediática” de la causa. En una cosa sí tiene razón el acuerdo de la Audiencia: las circunstancias que se han producido en torno al reparto son “excepcionales”, pero no por la complejidad del caso sino por las maniobras orquestadas por algunos jueces o sectores judiciales.

Catalá y la vergüenza del colapso judicial

Jorge Muñoz | 17 de febrero de 2015 a las 10:45

DSC_0330-1

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, con este bloguero en el coloquio organizado por la Cámara.

 

Es necesario que un ministro de Justicia se acerque a la sede de una Audiencia como la de Sevilla, podría ser cualquier otra andaluza, y compruebe cómo trabajan los jueces, secretarios judiciales y funcionarios, pero sobre todo qué instalaciones se ofrecen al público. Es grato también que un ministro reconozca y lamente la situación de colapso de los tribunales. El titular de Justicia pronunció una conferencia ayer titular “Mejor Justicia, mejor sociedad”, en la que mostró su preocupación por el colapso de los juzgados de lo Social de la capital hispalense.

“A uno se le cae la cara de vergüenza cuando a un ciudadano se le cita para dentro de tres años”, llegó a afirmar Catalá en alusión al señalamiento de juicios para el años 2019 Y tiene razón el titular de Justicia, la situación es vergonzosa, yo diría además que hasta indignante, pero la cuestión de fondo es la abrumadora falta de medios de la Justicia. No basta con lamentar la situación, es necesario un esfuerzo de las Administraciones Públicas para mejorar este servicio público. No es posible que en el siglo XXI, la juez Mercedes Alaya, que instruye importantes macrocausas contra la corrupción, tenga que estar mendigando a la Junta que le manden unos armarios y estanterías porque los sumarios están literalmente “por los suelos”, o que cuando un funcionario se da de baja la Administración tarde más de tres meses en cubrir dicha ausencia, en el mejor de los casos, porque en otros no se cubre hasta que se reincorpora el trabajador.

Y para qué hablar de la Ciudad de la Justicia de Sevilla, ese proyecto que el consejero de Justicia e Interior de la Junta, Emilio de Llera, definió muy bien al inicio de su mandato cuando aseguró que se trataba de “ciencia ficción”. Y tanta razón tenía que llevamos casi dos décadas sin que ni siquiera haya consenso respecto a la ubicación.

Rafael Catalá coincidió ayer con el consejero de Justicia e Interior de la Junta, Emilio de Llera, quien lleva ya tiempo reclamando al Ejecutivo central 54 millones de euros que la comunidad autónoma considera que le corresponden desde la implantación en el año 2012 de las polémicas tasas. Esas mismas que Catalá va a revisar, a la baja, para que recurrir una multa de tráfico no salga más caro que pagarla. Al final el problema es siempre el mismo: la falta de inversión y la inversión en la Justicia es absolutamente necesaria si realmente se quiere apostar por ella.

Alaya está más cerca de la Audiencia

Jorge Muñoz | 10 de diciembre de 2014 a las 6:00

JUEZA ALAYAEn el macroconcurso de 364 plazas que ayer aprobó la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) figuran cuatro nuevas plazas para la Audiencia de Sevilla, que reforzarán con el quinto magistrado las cuatro secciones de lo Penal que hay en esta Audiencia (las secciones Primera, Tercera, Cuarta y Séptima). La juez Mercedes Alaya, que investiga las macrocausas de los ERE fraudulentos, está interesada en optar a una de ellas, según el anunció que realizó en el mes de octubre a los funcionarios de su juzgado, a los que expuso que se trataba de la “última oportunidad” para poder lograr este destino.

Como ya hemos comentado en  alguna ocasión, que Alaya pueda optar a una de estas plazas no implica que la magistrada se marche de inmediato del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que dirige desde 1998. Todo apunta a que, aun cuando Alaya pida una de estas plazas y la logre, seguirá durante un buen tiempo instruyendo los macroprocesos.

Para ello se trataría de buscar una fórmula similar a la que ha permitido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz continuar, en principio hasta marzo de 2015, con la instrucción del caso Gürtel o el conocido como el de los papeles de Bárcenas. Habrá Alaya para rato, aunque algunas fuentes apuntan a que la magistrada, una vez que obtenga plaza en la Audiencia de Sevilla -se trata de uno de los jueces que tienen más antigüedad-, podrá continuar en comisión de servicio durante cierto tiempo, todo ello con la finalidad de pueda finalizar su labor. Aunque las mismas fuentes apuntan a que lo normal es que se concedan como mucho dos comisiones de servicio, lo que haría que Alaya continuase al menos un año más al frente de estos sumarios, en el caso del juez Ruz su comisión de servicio ha sido prorrogada hasta en nueve ocasiones anteriores.

Algunas de las complejas investigaciones de Alaya, como el delito societario del Real Betis, se remontan al año 2008, hace más de seis años, mientras que otras como la de los ERE -en la que hay ya 229 imputados- están a punto de cumplir los cuatro años, mientras que las más recientes -los cursos de formación- están prácticamente al inicio de la investigación.

El CGPJ aprueba la convocatoria del macroconcurso de 364 plazas de jueces

Jorge Muñoz | 9 de diciembre de 2014 a las 20:03

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado hoy –con los votos a favor del presidente, Carlos Lesmes, y de los vocales Mar Cabrejas, Juan Manuel Fernández y Gerardo Martínez Tristán y el voto en contra del vocal Álvaro Cuesta- la convocatoria de un “macroconcurso” de traslado para magistrados con 364 plazas.

La convocatoria incluye 265 de las plazas de nueva creación del Real Decreto recientemente aprobado por el Consejo de Ministros, otras 58 correspondientes a las vacantes del último concurso de traslado y a las producidas por nombramientos, jubilación o fallecimiento; y las 41 de los magistrados que se encuentran en situación de servicios especiales.

El acuerdo incluye una cláusula dirigida a garantizar la mínima perturbación posible de los procedimientos en curso, de modo que se establece la prórroga automática de las actuales comisiones de servicio hasta la toma de posesión del nuevo titular, prevista para marzo de 2015.

Además, en el caso de las comisiones de servicio que cubren las plazas de magistrados en situación de servicios especiales, si llegado ese momento se encontrara próxima a concluir alguna causa de especial relevancia o complejidad, el magistrado que estuviera instruyéndola podrá solicitar una nueva comisión de servicio, en calidad de refuerzo, hasta la finalización de ese procedimiento.

Después, será la Comisión Permanente, oída la Sala de Gobierno del tribunal que corresponda, la que estudiará la concesión de esa comisión de servicio.

Esta cláusula figura así en el acuerdo aprobado hoy: En relación con las 41 plazas convocadas cuyos titulares se encuentran en la situación administrativa de servicios especiales en la Carrera Judicial, si estuvieren servidas actualmente por Jueces o Magistrados en régimen de comisión de servicios, dicha situación se prorrogará automáticamente, salvo renuncia del comisionado, hasta la toma de posesión del nuevo titular.

En los casos anteriores, a los efectos de no provocar una alteración seria en la tramitación de procedimientos en curso seguidos en estos órganos judiciales, siempre que sean de especial relevancia o complejidad y se pudiera perturbar su pronta conclusión, la Comisión Permanente podrá, a petición del comisionado y oída la Sala de Gobierno respectiva, acordar comisión de servicio en calidad de refuerzo para la conclusión de los referidos procedimientos.

En el resto de las plazas convocadas que estuvieren actualmente servidas por Jueces o Magistrados en régimen de comisión de servicio, con fecha de finalización 30 de diciembre, dicho régimen se  prorrogará automáticamente, salvo renuncia de los comisionados, hasta la toma de posesión de los titulares”.

Antigüedad y especialidad, criterios de adjudicación de las plazas

La decisión de agrupar todas las plazas en un solo concurso se deriva de la obligación que tendrán quienes obtengan una de ellas de permanecer en el nuevo destino un mínimo de dos años, tal y como dispone el artículo 327.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Esto significa que si las plazas se hubieran dividido en varias convocatorias, los magistrados que concursen ahora no podrían hacerlo en la siguiente, viendo así perjudicados sus legítimos intereses profesionales.

Todas las plazas se cubrirán por los mecanismos ordinarios de provisión –es decir, por antigüedad y especialidad-, dando así la oportunidad de acceder a ellas a todos los magistrados interesados.

El grueso de las plazas que se ofertarán -265- figuran en el Real Decreto por el que se adecúa la planta judicial a las necesidades judiciales existentes. 94 de ellas se crean en Audiencias Provinciales y 167 son para Jueces de Adscripción Territorial (JATs). Las otras cuatro corresponden a sendos Juzgados de lo Penal en Huesca y en Tortosa y a dos plazas de magistrado en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Se ofertará también un paquete de 58 plazas que incluye las vacantes del último concurso de traslado para magistrados –resuelto el pasado 29 de julio y publicado en el BOE el 22 de septiembre- y las que se han producido por nombramientos, jubilación o fallecimiento.

A ellas se suma un tercer grupo de 41 plazas correspondientes a miembros de la carrera judicial que se encuentran en situación de servicios especiales. Seis de ellas pertenecen a la Audiencia Nacional: tres a su Sala de lo Contencioso-Administrativo, una a su Sala de lo Social y las correspondientes al Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 12 y al Juzgado Central de Instrucción número 5.

En el caso de que el titular de alguno de esos 41 puestos decidiera reintegrarse al mismo, los magistrados que hayan obtenido esa plaza en el concurso que ahora se convoca quedarán adscritos al Tribunal colegiado en que se hubiera producido la reserva o, si se tratase de un Juzgado, a disposición del presidente del Tribunal Superior de Justicia correspondiente, tal y como establece el artículo 355 bis.2 de la LOPJ.

La distribución de las plazas por territorios es la siguiente:

Vacantes

355 bis.2

A.Provinciales

JATs

Otras

TOTAL

A.Nacional

1

6

-

-

-

7

Andalucía

14

3

18

48

-

83

Aragón

1

-

2

2

1

6

Asturias

3

1

1

2

-

7

Baleares

-

-

3

3

-

6

Canarias

5

-

3

10

-

18

Cantabria

-

1

1

2

-

4

C. y León

1

3

2

6

-

12

C-La Mancha

2

1

4

7

-

14

Cataluña

11

7

21

23

1

63

C.Valenciana

3

-

15

14

2

34

Extremadura

3

-

2

3

-

8

Galicia

4

2

4

7

-

17

Madrid

4

14

16

23

-

57

Murcia

2

1

2

6

-

11

Navarra

1

-

-

3

-

4

País Vasco

3

2

-

7

-

12

La Rioja

-

-

-

1

-

1

TOTAL

58

41

94

167

4

364

El “macroconcurso” supondrá también que a finales de 2015 la mayoría de los jueces que hoy están en expectativa de destino sean titulares de una plaza, ya que las vacantes que se generen a medida que los magistrados consigan nuevos destinos se ofertarán en sucesivos concursos.

El vocal Álvaro Cuesta, que ha votado en contra del acuerdo, ha presentado una propuesta alternativa para que las plazas del artículo 355 bis.2 no se incluyeran ahora en la convocatoria y salieran a concurso de forma sucesiva a medida que las comisiones de servicio agotaran todas las prórrogas. 

La Audiencia abre la puerta para revocar las fianzas millonarias

Jorge Muñoz | 14 de octubre de 2014 a las 7:00

La juez Mercedes Alaya llega a los juzgados de Sevilla

La juez Mercedes Alaya llega a los juzgados de Sevilla

La decisión de la Audiencia de Sevilla de revocar la fianza de 29,5 millones impuesta a la ex consejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez puede suponer un antes y un después en la instrucción de los ERE. Al menos en lo que respecta a la fijación de las millonarias medidas cautelares, que se aproximan ya a los 3.000 millones, más del triple de la cantidad que la propia juez considera como presuntamente defraudada.

Y lógicamente también supone un nuevo varapalo para la juez Mercedes Alaya, a la que los magistrados de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla han acostumbrado a dar una de cal y otra de arena. La Audiencia ha corregido ahora a la instructora, en un auto que podría ser extrapolable, si se presentan nuevos recursos, a los otros ex altos cargos imputados a los que se ha impuesto una fianza civil por parte de la magistrada. Aunque es cierto que no todos han contado con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción, que en este caso se adhirió al recurso de Magdalena Álvarez y pidió que se revocara la fianza porque, como recordó la propia Audiencia, hasta ahora han resultado insuficientes los “indicios o principios de prueba de la presunta contribución de la imputada” a los hechos como para solicitar “la inmediata adopción” de medidas cautelares reales.

El propio tribunal hacía hincapié en otro aspecto importante. Aunque Alaya siga instruyendo, la decisión sobre las fianzas podría corresponder en el futuro al Tribunal Supremo si éste órgano asume la instrucción de los ERE, tras haber recibido en agosto pasado la exposición razonada que le remitió la instructora y en la que comunicaba la imputación de nueve personas aforadas, entre ellas los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

En la causa hay actualmente más de una treintena de ex altos cargos de la Administración que se podrían ver beneficiados con esta decisión de la Audiencia. De hecho, el mismo día que la Audiencia de Sevilla hizo pública la decisión de revocar la fianza a Magdalena Álvarez -a la que por cierto el juzgado ya había embargado ocho bienes inmuebles y cinco cuentas bancarias- se conoció que se habían iniciado los trámites para embargar bienes a otros 24 ex altos cargos y miembros del consejo rector de la agencia Idea para hacer frente a fianzas de responsabilidad civil por otros 40 millones de euros. Entre estos ex altos cargos se encuentran el ex consejero de Innovación Martín Soler, al que Alaya impuso una fianza de cuatro millones, y el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez, al que se fijó una medida cautelar de 3,4 millones después de que inicialmente la juez se mostrara en contra de exigir ninguna medida cautelar a este imputado y a la ex asesora de Empleo María José Rofa -la Audiencia estimó en este último caso un recurso de la Fiscalía y ordenó a la juez a imponerle dicha fianza-.

Una pregunta subyace en estos momentos en la mente de muchos imputados: Si la Audiencia considera que los indicios que constan en las diligencias judiciales no son suficientes para imponer medidas cautelares, ¿esos indicios serán suficientes para acusar y para condenar? La propia Audiencia señala que la complejidad en cuanto a los hechos que se atribuyen a la ex consejera Magdalena Álvarez hace que no pueda decirse que fuera “prima facie de tan severa intensidad como en otros supuestos de hechos objeto de la investigación judicial en los que desde un principio se adoptaron medidas cautelares sobre el patrimonio de los afectados”.

En esta línea, muchas defensas entienden que la causa de los ERE está inflada y que, al final, todo podría quedar en nada, en unas pocas condenas de los imputados más directamente relacionados con el presunto desvío del dinero público. Personalmente no creo que el caso esté inflado, los delitos que se investigan son de tal gravedad que merecen ser esclarecidos por completo: la forma cómo se concedían las subvenciones, de manera discrecional y sin criterios de objetividad o publicidad, es claramente irregular. Pero sí comparto que al final, con el transcurso del tiempo, las dilaciones en el proceso y otros aspectos que rodean a la lenta maquinaria de la Justicia, el caso podría quedar reducido a unas pocas condenas a pesar del monumental escándalo que se ha montado durante los cuatro años que han pasado ya de la instrucción. Es algo que, desgraciadamente, se ha visto en otros grandes macroprocesos judiciales que se han celebrado en los últimos años en este país.

 

La Audiencia vuelve a corregir a Alaya

Jorge Muñoz | 23 de abril de 2014 a las 5:00

La juez Mercedes Alaya, en los juzgados de Sevilla

La juez Mercedes Alaya, en los juzgados de Sevilla

Hace tiempo que viene observándose un cambio de tendencia en la Audiencia de Sevilla con respecto a la instrucción que desde hace más de tres años lleva a cabo la juez Mercedes Alaya sobre el caso de los ERE fraudulentos. La Sección Séptima, encargada de resolver los recursos contra las decisiones de la instructora, ha vuelto a corregir a Alaya, en este caso al anular la imputación de los ex directores generales de Presupuestos de la Junta Antonio Vicente Lozano y Buenavuentura Aguilera, que fueron imputados el 28 de junio de 2013 en el mismo auto en el que fue imputada la ex consejera de Economía Magdalena Álvarez.

Al igual que ocurrió con el caso de Álvarez, el tribunal ha decidido anular la imputación de Lozano y Aguilera, al estimar que aquella resolución adolecía de una falta de concreción de los hechos que se le imputaban a ambos y, en consecuencia, también ha revocado la imposición de la fianza civil de 46,6 millones de euros al primero de los ex altos cargos de la Junta.

La historia se repite. Y ahora lo más previsible es que Alaya actúe como hizo cuando se anuló igualmente la imputación de Magdalena Álvarez, volviendo a dictar un nuevo auto en el que refuerce la motivación y citándoles de nuevo a declarar, ya que en su primera declaración aunque Lozano comenzó a declarar al final acabó acogiéndose a su derecho a no declarar tras una tortuosa comparecencia.

Un nuevo retraso en la causa que Alaya salvará con esa futura citación en la que, con independencia de lo que ocurra -si declaran o se acogen a su derecho a no hacerlo-, el resultado vendrá a ser el mismo, con la imposición de las mismas fianzas civiles.

Pero más allá de este caso puntual, la resolución de la Audiencia supone otro mensaje que el tribunal parece estar enviando a la juez Alaya. Hace unos meses la Audiencia apuntó que la instrucción podría estar finalizada, al menos, en lo que se refiere a los aforados. Y la Audiencia tiene que resolver aún el recurso que la Fiscalía Anticorrupción presentó contra el auto en el que Alaya rechazaba dividir la causa de los ERE en diversas piezas separadas y enviar precisamente al Tribunal Supremo la que afectaba a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros cinco ex consejeros.

Si sigue esta tendencia, todo apunta a que la Audiencia podría darle la razón a la Fiscalía Anticorrupción, con lo que Alaya no tendría más remedio que inhibirse en favor del Tribunal Supremo respecto a los aforados. La cuestión está en saber cuánto tiempo tardará ahora Alaya en enviar el recurso de la Fiscalía a la Audiencia para su resolución…. porque muchos de los recursos han tardado hasta dos meses en llegar al habérsele tenido que dar traslado a las numerosas partes personadas en una causa que cuenta ya con 170 imputados.

Alaya parece estar de capa caída, sobre todo después de su último affaire con el envío de las notificaciones directamente al Congreso de los Diputados y al Senado, mediante los agentes de la Guardia Civil…

Ortega Cano en la cuerda floja

Jorge Muñoz | 23 de enero de 2014 a las 7:00

El torero José Ortega Cano vuelve a estar hoy en la cuerda floja. La juez de lo Penal número 6 de Sevilla ha citado este mediodía a los abogados personados en la causa contra el torero José Ortega Cano para dar a conocer su decisión sobre si suspende el ingreso en prisión del torero, como había solicitado su defensa, mientras se tramita el indulto que ha solicitado y el recurso de amparo ante el Constitucional.

Todo apunta a que la juez va a rechazar la petición de suspensión, sobre todo si se tiene en cuenta el planteamiento de la Fiscalía, que se ha opuesto a la suspensión, y el de la acusación particular que ejerce la familia de Carlos Parra, el vecino de Castilblanco de los Arroyos que perdió la vida en el accidente del 28 de mayo de 2011.

Pero que la juez no acceda a suspender la ejecución de la pena no implica que Ortega Cano vaya a ser encarcelado ahora, pero sí supone un paso más que le aproxima a la cárcel. Ortega Cano podrá recurrir en todo caso la denegación de la suspensión ante la Audiencia de Sevilla, lo que sin duda retrasará durante algún tiempo más su ingreso en prisión.

 

ortega cano

Ortega Cano fue condenado inicialmente a dos años y medio de cárcel por los delitos de conducción temeraria y homicidio imprudente, y en diciembre pasado la Audiencia de Sevilla le condenó además por un tercer delito contra la Seguridad Vial, de conducción bajo los efectos del alcohol, aunque no incrementó la pena de prisión impuesta.

Al tratarse de una pena superior a los dos años, Ortega Cano debe ir a prisión, salvo que el Tribunal Constitucional decidiera suspender esa entrada en prisión mientras resuelve el recurso de amparo presentado por su defensa, que quiere que se anule la prueba de alcoholemia realizada sobre una muestra de sangre con fines terapéuticos -la sangre fue extraída a su ingreso en el hospital, cuando se hallaba inconsciente y gravemente herido-. Esta prueba, que arrojó una tasa de 1,26 miligramos de alcohol por litro de sangre -casi el triple de lo permitido-fue inicialmente anulada por la juez de lo Penal que enjuició el caso, que consideró que se había roto la “cadena de custodia” de la muestra, pero la Audiencia le dio plena validez al entender que se respetó dicha cadena, todo ello a pesar de que ni siquiera oyó a los testigos -el sanitario que extrajo la muestra y el celador que trasladó la muestra- que había propuesto la Fiscalía para tratar de acreditar la validez de la muestra.

Los argumentos de la defensa no son baladíes, por lo que el Constitucional todavía puede hacer variar el fallo de la Audiencia. El caso Ortega Cano sigue, por tanto, abierto.