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El final de la operación Madeja

Jorge Muñoz | 8 de junio de 2017 a las 2:00

FITONOVO

Estamos tan acostumbrados a las operaciones espectaculares y a las macrocausas que cuando un juez pone por fin cordura en la instrucción de uno de estos procesos, acotando el final de la instrucción, se convierte en noticia. Esto es lo que ha ocurrido con la decisión adoptada por el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, quien acaba de dictar un auto en el que acuerda el final de la instrucción de la denominada operación Madeja, en la que se investiga el pago de mordidas a funcionarios por parte de la empresa Fitonovo, a cambio de favores en la adjudicación de los contratos públicos.
En ese auto, el titular del juzgado central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional se opone a la petición de la Fiscalía de prorrogar durante otros 18 meses más la investigación de esta macrocausa, en la que hay 107 imputados, y concreta además que las diligencias que aún quedan por practicar deben estar acabadas en los próximos cinco meses. Así, el magistrado ha acotado al 6 de noviembre próximo como fecha tope para el final de la instrucción.
El magistrado recuerda que la investigación de la operación Madeja, que instruyó la juez Mercedes Alaya, fue abierta el 8 de julio de 2013, “hace ya cuatro años, habiéndose prolongado la investigación durante un largo periodo de tiempo, lo que excede de los plazos de investigación razonables que establece la ley”.
El instructor de la Audiencia Nacional recuerda que ya se han desagregado de la causa distintas “piezas separadas, que están prácticamente finalizadas, estando pendiente únicamente de algunas diligencias ya acordadas y, eventualmente, de algunas derivadas”.
Pero sobre todo, el juez de la Audiencia Nacional pone de manifiesto que “ha habido tiempo suficiente, durante el periodo de instrucción que se abrió hace un año, cuando se determinó la complejidad de la causa para haber solicitado las diligencias necesarias indispensables para concluir la instrucción”.
Por todas estas razones, De la Mata argumenta que no procede acordad, dadas las “circunstancias actuales y visto el grado de avance de la instrucción, la prórroga de la instrucción de la causa” en los términos previstos en el artículo 324.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Sin embargo, dice el juez que la “postrera solicitud de algunas diligencias instructoras y la necesidad de examinar documentación que ha sido solicitada a distintos ayuntamiento y evacuar informes (y la necesidad de proceder a su digitalización), no permite descartar que pueda ser necesario para el instructor acordar, o para las partes solicitar, todavía, la práctica de alguna diligencia de investigación”, lo que “aconseja hacer uso de la previsión contenida en el artículo 324.4 de la Lecrim y así, excepcionalmente, fijar un nuevo y último plazo máximo de cinco meses para la finalización de la instrucción, de modo que la investigación finalizará el día 6 de noviembre de 2017”, concluye el auto.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional había reclamado al juez que ampliara la investigación por otro plazo igual de 18 meses, al considerar que concurrían una serie de circunstancias previstas en el artículo 324.2 de la Lecrim, por cuanto los hechos se comenten en el seno de una “organización criminal, son muy numerosos los hechos objeto de investigación y se precisa la gestión de la entidad Fitonovo y de otras personas jurídicas que participaron en los hechos”.
De otro lado, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitió recientemente un informe al juez en el que apunta que, a su juicio, se han practicado “diligencias suficientes para esclarecer los hechos y la participación de los distintos investigados” en relación con la adjudicación de los distintos lotes del macrocontrato 400/2012 del servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla, que ascendía a 48 millones. La adjudicación de los lotes 2 y 3 de este contrato se investiga en una pieza separada que el juez De la Mata acordó abrir en abril pasado.

Condenada a un año la tuitera Cassandra por humillación a las víctimas del terrorismo

Jorge Muñoz | 29 de marzo de 2017 a las 14:34

La Audiencia Nacional ha condenado a la tuitera Cassandra a un año de prisión por delito de humillación a las víctimas del terrorismo . La Sección Cuarta de lo Penal considera que los 13 comentarios que escribió esta persona en la red social twiter, entre 2013 y 2016 sobre el almirante Carrero Blanco y el terrorismo constituyen desprecio, deshonra, descrédito, burla y afrenta a personas que han sufrido el zarpazo del terrorismo y sus familiares y supone una actitud irrespetuosa y humillante que encaja dentro del delito de humillación a las víctimas. La Sala impone un año de prisión, que es la pena que había solicitado el Ministerio Fiscal, según ha informado este miércoles la Audiencia Nacional.
La sentencia detalla los 13 tuits publicados en twitter desde el perfil “ Cassandra @kira_95” y concluye que no resulta convincente la declaración prestada por la tuitera durante el juicio, cuando intentó situar sus comentarios en tono humorístico y en calve de ironía. Según la Sala, sus frases, adicionadas la mayoría de las veces con elocuentes imágenes, refuerzan aún más su carácter de descrédito, burla y mofa a una víctima del terrorismo, “por más que el atentado sufrido por el entonces presidente del Gobierno del régimen franquista hubiera tenido lugar en 1973”.

Para el tribunal, tampoco sería justo descartar el reproche penal por los 40 años transcurridos desde el atentado a Carrero Blanco, “puesto que la lacra del terrorismo persiste, aunque con menor intensidad, y las víctimas del terrorismo constituyen una realidad incuestionable, que merecen respeto y consideración, con independencia del momento en que se perpetró el sangriento atentado, que por cierto, cegó la vida de otras dos personas, no tan relevantes pero también merecedoras de la misma deferencia”.

La sentencia, ponencia de Juan Francisco Martel desgrana las últimas sentencias del Tribunal Supremo sobre esta materia para concluir que en el presente caso no concurre el “error de prohibición” que alegó la defensa durante el juicio, puesto que la personas juzgada tiene una formación universitaria y un grado de conocimiento y percepción de las cosas que convierte en inimaginable “que no sepa que la conducta que se le atribuye es penalmente reprochable, a pesar de que ignore los concretos requisitos del tipo aplicable”.

Según el tribunal, la propia conducta expresada por el acusado en sus mensajes de texto en twiter “demuestra bien a las claras que conocía la existencia del reproche penal de su conducta, o al menos se lo planteó. Situaciones que constituyen causas excluyentes de la apreciación del error de prohibición”. En resumen, “ se trataba de una persona con cierta cultura que evidentemente sabía que estaba cometiendo hechos patentemente ilícitos”.

La Audiencia Nacional confirma la multa al Sevilla por los cánticos con insultos a los jugadores del Real Madrid

Jorge Muñoz | 2 de diciembre de 2016 a las 16:11

 

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El Juzgado Central de lo Contencioso-administrativo 3 de la Audiencia Nacional ha confirmado la sanción de 9.000 euros impuesta al Sevilla FC por los cánticos de una parte de su afición contra jugadores del Real Madrid durante el partido de Liga entre ambos equipos de la temporada pasada, disputado en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán el 8 de noviembre de 2015.
En su resolución, el juez considera que las expresiones dirigidas contra Cristiano Ronaldo “ese portugués, qué hijo puta es” y contra Sergio Ramos “hijo puta” o “písalo, písalo”, en modo alguno suponen “conductas intrascendentes” para el correcto desarrollo de los partidos, sino que son un “patente rechazo intolerante de la afición del equipo contrario hacia el comportamiento deportivo de los participantes en el encuentro”, según ha informado hoy la Audiencia Nacional.

Con esta resolución el juzgado desestima el recurso interpuesto por el Sevilla FC SAD contra la resolución del Tribunal Administrativo del Deporte, que a su vez confirmaba las resoluciones sancionadoras impuestas por la Real Federación Española de Fútbol en aplicación del artículo 107 del Código Disciplinario federativo, que castiga la pasividad en la represión de las conductas violentas, xenófobas e intolerantes.

Analizados los hechos, el contexto y las expresiones vertidas desde la zona lateral gol norte durante el encuentro, el juez considera que la expresión “ese portugués, qué hijo puta es” dirigida a Ronaldo de forma reiterada es “claramente denigratoria, vejatoria y atentatoria contra la dignidad de su actividad como deportista, además de una inaceptable alusión a su origen nacional, en el marco de una multitud de comportamiento imprevisible y frente a cuyo insulto, doble insulto, el deportista no puede defenderse”. Añade que la expresión coral utilizada es “preparatoria para la creación de un sentimiento de desprecio y de agresividad” hacia el jugador.

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Respecto al “písalo, písalo” dirigido a Sergio Ramos cuando era atendido en el suelo por los servicios médicos, el magistrado destaca que es “indudablemente despreciativa, violenta y agresiva y sugestiva para la multitud para la comisión de actos, aún más dañinos, que el derivado del dolor o del daño repentino provocado por el incidente”. Igualmente, respecto al grito “Sergio Ramos, hijo puta” considera que es infractora de los valores protegidos por el código disciplinario.

La sentencia, contra la que no cabe recurso, reconoce los esfuerzos del Sevilla para evitar estas conductas -que han derivado en otras sanciones anteriores por incidentes en otros partidos- por lo que la multa se ha impuesto en su grado mínimo. Sin embargo, entiende que las medidas adoptadas no han sido suficientes para evitar este tipo de comportamientos “eficazmente”, dice el magistrado.

En este sentido, el juzgado comparte con la Administración que no se haya utilizado ningún mecanismo de megafonía en el estadio tanto para prevenir como para evitar la repetición de los incidentes, tampoco se evidencia la adopción de específicas y concretas medidas de seguridad privada para evitar que se vuelvan a producir, así como que tampoco ha existido el “mínimo esfuerzo” por identificar a ninguno de los 1.800 espectadores que protagonizaron los hechos.

Todo ello demuestra, concluye el juez, que “no estamos ante una conducta de falta de prevención excepcional ante un acontecimiento excepcional, sino ante la repetición de unas pautas de conducta que se han demostrado insuficientes en diversas ocasiones para evitar o corregir o atenuar sensiblemente los incidentes producidos”.

El ‘juzgado central’ de Alaya

Jorge Muñoz | 9 de noviembre de 2014 a las 6:00

La juez Mercedes AlayaAlaya es una juez tan célebre o más que sus homólogos de la Audiencia Nacional. La magistrada sevillana es tan conocida como los Santiago Pedraz, Pablo Ruz o Eloy Velasco, que instruyen algunas de las causas más importantes en España contra la corrupción, como la trama Gürtel o los papeles de Bárcenas, el ex tesorero del PP. Se trata de jueces destinados en alguno de los juzgados centrales de Instrucción de laAudiencia Nacional.
En los últimos años, se han producido ocasiones en las que el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, el que dirige Alaya desde hace 15 años, parece que se asemeja más en su funcionamiento a un juzgado central de Instrucción –no se sabe si con competencias en Andalucía o en toda España– que a un órgano que, en principio, debería estar centrado en investigaciones que afectan a la provincia de Sevilla.
Cierto es que la juez Mercedes Alaya instruye, con un gran esfuerzo profesional, personal y familiar, la macrocausa por el escándalo de los ERE fraudulentos, que ha llevado a la Unidad Central Operativa (UCO)de la Guardia Civil a practicar detenciones en distintas provincias españolas. A este juzgado sevillano han sido trasladados para prestar declaración personas arrestadas en Madrid, Barcelona o Cádiz, por ejemplo, en el marco de las distintas operaciones policiales llevadas a cabo en los casi cinco años de instrucción que están a punto de cumplirse.
Pero también es cierto que el juzgado de Alaya se ha revestido, bien debido a la propia naturaleza de la investigación o quizás en algún caso por un supuesto afán de notoriedad, de las características que rodean a esos órganos judiciales que tienen encomendados por ley esas particularidades que les convierten en juzgados especiales.
No es la primera vez que Alaya apunta alto. Un ejemplo reciente. La instructora no ha dudado en dirigir un oficio al director general de la Policía, JoséIgnacio Cosidó, ordenándole que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía “cese de inmediato” las actuaciones que venía desarrollando en torno a la investigación de los cursos de formación, una causa que no sólo investiga Alaya sino otros tantos juzgados andaluces y del resto del país.
Esta actuación ha sido reprochada a la magistrada sevillana por la Fiscalía Anticorrupción, que ha recurrido su decisión de arrebatar la investigación a la UDEF y entregársela a la UCO. Entre los argumentos para pedir a Alaya que corrija su decisión, el fiscal le ha recordado expresamente que su ámbito de actuación no es andaluz. El Ministerio Público argumentó en su escrito que Alaya no puede decidir qué cuerpo policial debe o no investigar en las distintas causas que se hallan “bajo la suprema autoridad” de otros juzgados. Es decir, que tan competente es Alaya como el juez de Málaga o de Granada que están investigando las irregularidades en los cursos de formación y que, a diferencia que la magistrada sevillana, cuentan con el auxilio de la UDEF para llevar a cabo las pesquisas relacionadas con el fraude.
Dicen que la magistrada va a rectificar esa polémica orden dirigida a la Policía y que, siguiendo el criterio pacificador de la Fiscalía, va a restringir el cese de esa investigación a aquellas actuaciones que únicamente afecten a la investigación de su juzgado. Pero el daño ya está hecho.
La Fiscalía Anticorrupción no ha sido la única que ha reprochado la actitud de Alaya. La Junta de Andalucía, a la que tanto daño político generan las investigaciones de la juez, también le ha reprochado su forma de dirigir la instrucción de los cursos.
El Gobierno andaluz, que ha iniciado una batalla legal para apartar a Alaya de la investigación de los cursos de formación –al estimar que la magistrada se “autoatribuyó el caso cuando debía haberlo enviado al decanato para su reparto entre otros órganos judiciales–, sostiene que el juzgado de Alaya se ha constituido en una “suerte de órgano especial de instrucción, que se quiere hacer conocedor de todas las posibles irregularidades o ilícitos penales que acontezcan en el ámbito de la formación dentro de la consejería de Empleo de la Junta” y dando lugar a la formación de una “causa general” contra la Administración autonómica.
Hay quien incluso bromea ya diciendo que el juzgado de Alaya se ha convertido en el “juzgado central de Instrucción número 6 de Andalucía”. Alaya tiene una proyección aparentemente brillante en la carrera judicial. Juez “incansable” donde los haya, por utilizar la expresión que ella misma acuñó, no tengo dudas de que la labor que a diario realiza es cuando menos similar a la de sus homólogos de la Audiencia Nacional, pero hoy por hoy no existe el ‘juzgado central’ de Alaya. Aunque todo se andará…

Carta blanca para investigar a Cándido Méndez

Jorge Muñoz | 4 de diciembre de 2013 a las 21:03

La juez Alaya llega a los juzgados de SEvilla

La juez Alaya llega a los juzgados de Sevilla

Alaya tiene carta blanca para investigar al secretario general de la UGT, Cándido Méndez. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz se ha inhibido en favor de la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en la denuncia que presentó el sindicato Manos Limpias por delitos de estafa, falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, contra la Hacienda Pública y apropiación indebida.

La inhibición de la Audiencia Nacional llega en un momento en el que Alaya, la incansable, parece atravesar por un momento especialmente delicado, sobre todo si se observan sus últimas resoluciones, en las que se ha quejado de la sobrecarga de trabajo que tiene, que supera las “capacidades personales”, y de la falta de “medios personales y materiales”. Resulta cuanto menos curioso que Alaya se queje ahora, después de haber rechazado los refuerzos de jueces que en su día le ofreció el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Sea como fuere, Alaya tiene por el momento la bendición de la Audiencia Nacional para continuar investigando las facturas falsas y el escándalo de la UGT, no sólo lo que se refiere a las irregularidades en esta organización a nivel regional. De momento, poco o nada ha trascendido de la investigación que desde septiembre pasado abrió la juez Alaya, dado que la misma se encuentra declarada secreta. Lo que sí se sabe es que todo comenzó con la operación Heracles y el pago de sobrecomisiones vinculadas a las pólizas de los ERE, y esa nueva causa comenzó investigando el posible desvío de fondos de cursos de UGT al conseguidor de los ERE y ex sindicalista Juan Lanzas Fernández.

La inhibición en favor de la magistrada cuenta con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción, que envió al juez Pedraz un informe favorable a esa remisión a Alaya de las nuevas denuncias de Manos Limpias. La única duda que queda por ahora es saber cuánto va a tardar la Fiscalía Anticorrupción en asumir la investigación de esta nueva causa, porque actualmente la misma está atribuida al fiscal de la Audiencia de Sevilla adscrito al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, pero no a los fiscales Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández, que investigan los ERE fraudulentos.