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Apertura del año judicial: Lesmes garantiza que lo jueces ampararán a los encargados de hacer cumplir la ley

Jorge Muñoz | 5 de septiembre de 2017 a las 13:10

El presidente del CGPJ y del Supremo, Carlos Lesmes

El presidente del CGPJ y del Supremo, Carlos Lesmes

  •   En el acto de apertura del Año Judicial, presidido por el rey, Carlos Lesmes señala que la unidad de la Nación española que proclama la Constitución es un “mandato jurídico directo” de inexcusable cumplimiento para todos los Poderes del Estado
  •   “Las voluntades unilaterales que pretenden disponer de la Constitución son inaceptables y violentan la propia democracia”, asegura el presidente del Poder Judicial
  •   Lesmes recuerda a las víctimas de los atentados de Barcelona y de Cambrils y destaca la ejemplar respuesta de la sociedad española frente al terror
  •   El presidente del TS y del CGPJ dice que la sociedad “también debe cuidar de sus jueces” y subraya que ha llegado el momento de ofrecer respuesta a sus necesidades e inquietudes
  •   “Como jueces, hoy más que nunca, nos corresponde custodiar sin ambigüedades la Constitución y la Ley”, afirma el presidente del órgano de gobierno del Poder Judicial

    El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha recordado hoy que corresponde a los jueces “amparar a todos los servidores públicos, de cualquier clase que sean, encargados de hacer cumplir la Ley en cualquier parte del territorio nacional” y que, frente a las “inaceptables” voluntades unilaterales que solo contemplan la ruptura o la separación como mecanismo de preservación de lo que consideran más propio, “nadie sufrirá por cumplir la Ley”, ha informado el CGPJ.

            Durante el discurso pronunciado en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo con motivo del acto de apertura del Año Judicial, presidido por el rey, Lesmes ha afirmado que la indisoluble unidad de la Nación española que proclama el artículo 2 de la Constitución es un “mandato jurídico directo” que corresponde garantizar al Poder Judicial “junto al resto de los Poderes del Estado. En definitiva, un deber para todos nosotros de inexcusable cumplimiento”.

El presidente del Poder Judicial ha añadido que ese mandato de unidad no expresa, sin embargo, una voluntad uniformadora en lo que se refiere a cuestiones como la lengua, la cultura o la religión, sino que se caracteriza “por su voluntad de respeto a la diversidad existente en nuestra sociedad, y que además es propia de las naciones avanzadas”.

“Por ello, las voluntades unilaterales que pretenden disponer de la Constitución y que solo contemplan como mecanismo de preservación de lo que consideran más propio la ruptura o la separación son inaceptables y violentan la propia democracia, pues ningún principio democrático puede amparar ni legitimar que una parte disponga del todo”, ha dicho.

Lesmes ha concluido recordando que los jueces deben asegurar los derechos reconocidos en la Constitución y en las leyes, “especialmente con relación a aquellos ciudadanos que puedan sentirse amenazados por el legítimo ejercicio de esos derechos”, y que también les corresponde “amparar a todos los servidores públicos, de cualquier clase que sean, encargados de hacer cumplir la Ley en cualquier parte del territorio nacional”, y ha señalado que un Poder Judicial único, fuerte e independiente “es la mejor garantía de la libertad y la igualdad de los españoles”.

Recuerdo a las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils

El presidente del TS y del CGPJ ha comenzado su intervención en el acto de apertura del Año Judicial con un recuerdo a las víctimas de los atentados terroristas perpetrados en Barcelona y en Cambrils el pasado 17 de agosto.

“La libertad no se negocia, no está en venta”, ha dicho Lesmes, que ha asegurado que todos debemos sentirnos orgullosos de las ejemplares respuestas de la sociedad española frente al terror: “Unidad frente al miedo, firmeza institucional y solidaridad”.

Durante su discurso, el presidente del Poder Judicial ha señalado que “ninguna creencia, cultura o credo puede justificar el terror ni alumbrar apóstoles o mártires de la violencia”, y ha añadido que atentados como los de Cataluña o los ocurridos en Londres, Bruselas, Berlín, Niza o Estocolmo “no admiten margen interpretativo alguno”.

“Matar no es cultura; sembrar el terror, el miedo, es absolutamente injustificable. Solo es eso, oscuridad y terrorismo. Y quienes pretenden ofrecer explicaciones historicistas o sociológicas sobre tan graves sucesos no hacen sino alentar el terror convirtiéndose en cómplices de quienes desprecian la vida”, ha manifestado.

Atender a las demandas de los jueces

Carlos Lesmes ha destacado durante su discurso la necesidad de que las autoridades competentes presten la debida atención a las demandas de los miembros de la Carrera Judicial, recordando que, en los últimos años, los jueces han sufridos mermas en sus derechos estatutarios y en sus retribuciones y ha soportado incrementos notables de sus cargas de trabajo mientras que la planta judicial apenas ha experimentado crecimiento y ha desarrollado su actividad con limitados recursos humanos y materiales.

“Ha llegado el momento de que la sociedad, a través de sus representantes, mire a sus jueces y les ofrezca respuesta a sus necesidades e inquietudes legítimas, pues la dimensión colectiva de sus funciones lo reclama en beneficio de la propia sociedad”, ha dicho.

Además, como presidente del órgano de gobierno de los jueces, Lesmes ha dejado patente de manera expresa el compromiso de esta institución “de prestar la debida atención a estas demandas” y su exigencia de que así lo hagan también el resto de las autoridades competentes.

Lucha contra la corrupción

El presidente del TS y del CGPJ se ha referido a “la persistencia del fenómeno de la corrupción en nuestra sociedad, fenómeno que produce desánimo social y lamentablemente corroe alguna de nuestras instituciones”.

Frente a este tipo de delitos, “la justicia española sigue proporcionando la más eficaz y contundente respuesta, siempre con pleno respeto a las garantías de los justiciables”, ha dicho Lesmes, que ha recordado que en 2016 los jueces y juezas españoles concluyeron un total de 112 investigaciones por delitos de corrupción pública en los que se dictó auto de procesamiento o de apertura de juicio oral contra 659 personas.

El presidente del Poder Judicial ha ofrecido también los datos correspondientes a la Memoria sobre el estado, funcionamiento y actividad de los Juzgados y Tribunales correspondiente a 2016.

Ésta refleja que el año pasado ingresaron en los órganos judiciales españoles un total de 5.813.137 asuntos y se resolvieron un total de 6.010.185, quedando en tramitación al final del periodo otros 2.234.476.

El número de sentencias dictadas fue de 1.443.896.

En cuanto al Tribunal Supremo, ha destacado que, tras poco más de un año desde la entrada en vigor de las importantes reformas introducidas en sede de casación, las Salas de lo Penal y de lo Contencioso-Administrativo ya han dictado las primeras sentencias, tras apreciar el interés casacional de un importante número de recursos, con la consiguiente utilidad para la comunidad jurídica.

Custodiar sin ambigüedades la Constitución

El presidente del TS y del CGPJ ha concluido su intervención mostrando su convencimiento de que la Justicia española sabrá afrontar la gran responsabilidad a la que se enfrenta: ser instrumento para la paz social en un mundo caracterizado por la globalización, la multiculturalidad, la progresiva expansión de las nuevas tecnologías, la crisis de valores derivada de las grandes dificultades económicas de los últimos años y las nuevas y cada vez más exigentes demandas de los ciudadanos hacia sus gobernantes y sus instituciones.

Pero esa paz social, ha advertido Lesmes, “no será posible si no garantizamos que la Ley sea respetada y aplicada correctamente a cada caso concreto, premisa que constituye condición esencial de la propia democracia y presupuesto necesario de unos valores de convivencia que no cabe desconocer en el marco de nuestro Estado de Derecho”.

“Como jueces, hoy más que nunca, nos corresponde custodiar sin ambigüedades la Constitución y la Ley”, ha finalizado.

La Memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del Consejo General del Poder Judicial y de los Juzgados y Tribunales en el año 2016 está disponible en el siguiente enlace:

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo- General-del-Poder-Judicial/Actividad-del-CGPJ/Memorias/

La ley del robagallinas

Jorge Muñoz | 6 de octubre de 2015 a las 6:00

Ir a la cárcel seis meses por robar una bicicleta de alquiler hace siete años. Un titular que puede resultar increíble, pero que para Adrián Moreno se ha convertido en una auténtica pesadilla que tiene hasta una fecha clave: la juez ha fijado para el 16 de octubre su ingreso en prisión de forma voluntaria. Adrián, que tiene ahora 25 años y es padre de dos hijos, tendrá que ingresar en prisión si la juez no suspende su decisión mientras se tramita el indulto que ha solicitado al Gobierno.
El joven aseguró ayer que “no ha matado a nadie” para que el peso de la Justicia caiga con tanta contundencia sobre él, ahora que está plenamente reinsertado y trabaja como cocinero en un restaurante de la Alameda.
Y tiene razón, aunque con anterioridad no haya sido un ciudadano modélico. No hay que olvidar que su historial penal está integrado por dos condenas anteriores, una de ellas de diez meses de prisión por un delito de allanamiento de morada que está cancelada a efectos penales, y otras de 32 días de trabajo en beneficio de la comunidad por conducir cuando ya no tenía ningún punto del carné.
Está claro que el joven no es ni el Torete ni el Vaquilla, y estos delitos se remontan a una época en la que contaba con sólo 18 años. Su abogado, Ángel Bordás, reconoce que su cliente no es inocente, aunque califica de “niñatería” los hechos por los que ha sido condenado a seis meses de prisión, sin posibilidad de sustituir la pena de cárcel por otra contemplada en el Código Penal, como puede ser el pago de una multa.
Cuando se producen este tipo de noticias cobran sentido las palabras que pronunció hace tan sólo unos meses el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, quien apostaba por la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal –el Congreso la aprueba esta semana– porque la actual estaba pensada para el robagallinas. “Tenemos un modelo de organización criminal que está pensado para el robagallinas pero no para el gran defraudador, no para los casos como los que estamos viendo ahora donde hay tanta corrupción”. La ley procesal data de 1882 –el consejero de Justicia, Emilio de Llera, la define acertadamente como una ley de “gran reserva”– y según Lesmes ha sufrido sucesivos “parcheos” pero no estaba preparada para la gran delincuencia.
Y efectivamente no está preparada cuando se producen fallos que chirrían como el de Adrián Moreno, ejemplo del robagallinas al que aludía el presidente del Alto Tribunal y del máximo órgano de gobierno de los jueces.
Adrián es un joven aparentemente rehabilitado y reinsertado en la sociedad, un padre de familia con dos hijos –de siete meses y de dos años y siete meses– y que, afortunadamente, dispone de un trabajo estable en una época en la que tener un puesto de trabajo ya es algo para estar agradecido. Si entra en prisión, está en juego su trabajo y el sustento de su familia, dado que su mujer no tiene ingresos.
Su defensa alega que mandarle ahora a prisión frustraría los fines de prevención y reinserción social que tiene una condena, una condena por unos hechos que sucedieron en 2008. La lentitud de la Justicia ha hecho que no sea hasta ahora, cuando han pasado siete años, cuando se reclame su ingreso para cumplir una pena mínima de seis meses.
Adrián fue condenado por robar una bicicleta a pesar de que sentencia ni siquiera declara probado que fracturara el anclaje de la misma, por lo que bien pudo incluso haberla encontrado ya en ese estado, como asegura el joven. Sea como fuere, no ha cometido ningún delito grave. Yo me pregunto cuántos ladrones –de guante blanco o no– y tironeros, con antecedentes por delitos de robo con violencia, han podido eludir la prisión por hechos más alarmantes. Como dijo Lesmes, es la ley del robagallinas.

El laberinto del caso Alaya

Jorge Muñoz | 13 de septiembre de 2015 a las 6:00

alaya-bolañosLo que parecía un destino provisional en la Audiencia de Sevilla para sólo unos días, o como mucho para varias semanas, se antoja cada vez más definitivo para la juez Mercedes Alaya. Su intención de seguir a toda costa con la instrucción de la totalidad de las macrocausas y el hecho de que no haya dudado lo más mínimo en lanzar severas y aparentemente injustificadas críticas contra su sustituta, la juez María Núñez Bolaños, y contra el magistrado Álvaro Martín, que en los últimos años ha asumido en silencio la tramitación de los asuntos ordinarios del juzgado número 6 mientras Alaya se dedicaba en exclusiva a investigar los grandes procesos –los mismos que le han permitido acaparar los grandes titulares y la han convertido en una juez mediática–, parece que han acabado por apartarla cada vez más de esas investigaciones a las que tanto empeño y esfuerzo ha dedicado en el último lustro.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que preside Carlos Lesmes, y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de Lorenzo del Río están envueltos desde junio pasado en un peligroso juego del tiki-taka en el que nadie se atreve –o quizás no le dejan– ponerle el cascabel al gato. Esta misma semana el máximo órgano de gobierno de los jueces volvió a pasar la pelota al tejado de Lorenzo del Río, al solicitar un nuevo informe a la Sala de Gobierno del Alto Tribunal andaluz sobre el plan de trabajo que dicha Sala aprobó en junio pasado para el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, en el que se acordó dejar en manos de Alaya la instrucción del caso de los ERE fraudulentos y la investigación del delito societario de Mercasevilla, mientras que la titular del juzgado, María Núñez Bolaños, se encargaría del resto de las macrocausas, incluidas la de los cursos de formación y la de los préstamos y avales concedidos por la agencia Idea.

El presidente del TSJA, Lorenzo del Río.

El presidente del TSJA, Lorenzo del Río.

Según fuentes del CGPJ, la solicitud de este nuevo informe viene motivada porque la juez Bolaños ha decidido, con posterioridad al acuerdo de la Sala de Gobierno del TSJA, dividir el caso de los ERE en tres grandes bloques de piezas separadas, una petición que todo el mundo reclamada desde hace tiempo: lo habían solicitado la Fiscalía Anticorrupción, el TSJAy el propioTribunal Supremo, que también preside Lesmes. Pero no nos equivoquemos, lo que está ocurriendo con la falta de resolución en este caso no se trata exclusivamente de un problema de burocracia judicial, porque encierra una serie de tensiones jurídico-políticas mucho más complejas.
Aquí nadie quiere pasar a la historia como el órgano que apartó a la juez Alaya, que sigue gozando de un merecido prestigio social, de la investigaciones que mantienen en jaque a un grupo de importantes dirigentes o ex dirigentes políticos y del mundo económico y social.
El último informe de la Sala de Gobierno del TSJA, que la Comisión Permanente del CGPJ lleva mareando desde hace meses sin adoptar una resolución, ponía el acento sobre el hecho de que después de las críticas de Alaya a Bolaños –a la que acusó de no estar preparada para asumir las investigaciones y de la que criticó su “estrecha amistad” con el consejero de Justicia, Emilio de Llera–, era imposible que existiera la “colaboración” que inexorablemente debe producirse entre una juez titular y otra a la que se ha concedido una comisión de servicio para, precisamente, tratar de agilizar y concluir algunas de las macrocausas que se mantienen abiertas desde hace años.
¿Y qué panorama se vislumbra ahora tras el nuevo informe solicitado por el CGPJ? Uno nada esperanzador, en el que, en el mejor de los casos, no habrá resolución para este laberinto hasta bien entrado el mes de octubre, es decir, más de tres meses después de que la juez Alaya se haya incorporado a su nuevo destino como magistrada de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, conocida popularmente en los ambientes jurídicos como el Kremlin y cuyos magistrados opusieron inicialmente reparos a la llegada de Alaya porque esta Sala tiene precisamente encomendada la resolución de todos los recursos derivados de la instrucción del caso de los ERE.

El presidente del CGPJ y del Supremo, Carlos Lesmes

El presidente del CGPJ y del Supremo, Carlos Lesmes

Y la resolución de este laberinto puede retrasarse hasta bien entrado el otoño porque, en principio, la Sala de Gobierno del TSJA no abordará hasta su reunión del próximo 22 de septiembre la nueva petición del CGPJ y, a partir de ahí, las opciones vuelven a multiplicarse. Para empezar, el tribunal andaluz podría volver a plantear a la juez María Núñez Bolaños –que no debe olvidarse es la juez natural predeterminada por la ley para investigar todas las macrocausas dada su condición de titular del juzgado– que dé su opinión sobre cómo debe repartirse la investigación de la causa de los ERE tras la división de este sumario. Es decir, aunque el TSJAatribuyó a Alaya dicha investigación mientras el CGPJ ratificar la distribución del trabajo, la opinión de la titular del órgano debe tenerse en cuenta a la hora de decidir.
Supongo que Bolaños no va a entregar a Alaya, al menos sin plantear batalla, la pieza más golosa de los ERE, la del denominado procedimiento específico, en la que se incluyen, entre otros altos cargos, los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, cuya investigación debe volver al juzgado sevillano al haber perdido su condición de aforados.
Cuando el TSJAresuelva, su propuesta deberá ser ratificada por el CGPJ, pero tal y como se está dilatando el proceso, el puzle no se resolverá hasta bien entrado el mes de octubre. Se habrá perdido un tiempo inestimable en una ya de por sí interminable y monstruosa instrucción judicial.

Alta tensión por el juzgado de Alaya

Jorge Muñoz | 18 de mayo de 2015 a las 6:00

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La juez Mercedes Alaya llega a los juzgados de Sevilla

A Alaya le crecen los problemas. Cuando aún no está nada claro que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) vaya a concederle una comisión de servicio para que continúe investigando las tres macrocausas, la juez se acaba de encontrar con una querella por presunta prevaricación en relación con el denominado caso Betis, que Alaya comenzó a investigar hace siete años en una instrucción plagada de polémicas. La querella del ex consejero delegado del Betis Luis Oliver ya está en manos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que ha abierto una “causa especial” contra Alaya y ha designado como ponente de tramitación al magistrado Juan Ruiz-Rico Ruiz-Morón, que se ha incorporado recientemente a la Sala.

La admisión o no de la querella contra Alaya está pendiente ahora del informe que debe realizar la Fiscalía Superior de Andalucía, que tiene que emitir un informe pronunciándose precisamente sobre si hay fundamento o no para admitir la querella e investigar una actuación supuestamente irregular de la juez. Ese dictamen no estará en principio hasta después de las elecciones municipales del 24-M, dado que el Ministerio Público debe examinar de forma exhaustiva los 192 folios en los que Oliver denuncia las decisiones de la magistrada que considera arbitrarias.

Para echar más leña al fuego, la Audiencia de Sevilla ha decidido estimar la recusación planteada contra uno de los jueces que hasta ahora estaba resolviendo todos los recursos contra las decisiones tomadas por Alaya. Se trata del magistrado Juan Antonio Calle Peña, que ha sido apartado del caso por ser sobrino de uno de los socios de la Liga de Juristas Béticos, que actúa como acusación particular en la causa contra Manuel Ruiz de Lopera.

Mientras la Fiscalía Superior de Andalucía estudia el asunto, el futuro de Alaya al frente de las macrocausas sigue siendo una incógnita, dada la guerra abierta en el seno del CGPJ respecto a si la juez debe terminar las investigaciones o marcharse a su nuevo destino en la Audiencia de Sevilla, una plaza que no hay que olvidar solicitó de forma voluntaria la propia instructora. Nadie puede ahora mismo poner la mano en el fuego sobre lo que ocurrirá con la juez.Unos días hay fuentes que apuntan que Alaya podrá seguir instruyendo las macrocausas al menos durante seis meses -que se le concederá una primera comisión de servicio- y otros días, en cambio, dicen que el CGPJ se inclina por no conceder dicha comisión, con lo que Alaya estaría previsiblemente a mediados de junio próximo en su nuevo destino de la Audiencia de Sevilla.

Los contactos y las presiones al más alto nivel, al nivel del presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, no cesan. Dicen que son muchas las llamadas que recibe relacionadas con este asunto. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha reconocido que ha hablado con el presidente del CGPJ, en el marco de una relación “institucional y cordial”, pero ha negado presiones para apartar a Alaya del juzgado.

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La juez María Núñez Bolaños, nueva titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla

En esa guerra de alta intensidad que se libra en el máximo órgano de gobierno de los jueces, unos intentan que se aparte a Alaya de las macrocausas que llevan bombardeando al Gobierno andaluz desde hace ya casi cinco años, y otros, en cambio, pretende que la magistrada siga adelante hasta finalizar su labor. 

Y en medio de esta escena entra la juez María de los Ángeles Núñez Bolaños, la nueva titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla y, precisamente por ese motivo, juez natural para conocer las causas y macrocausas asignadas a este órgano judicial. Si esta magistrada no llega a un acuerdo con Alaya para el reparto de las macrocausas, volverá a verse un espectáculo como el que protagonizó en su día la propia Alaya, cuando se negó a compartir los grandes casos con los dos jueces de refuerzo que le había enviado el TSJA (Ana Rosa Curra y Rogelio Reyes), y que acabó con la salida de ambos refuerzos del juzgado y ella manteniendo su supremacía en todas las macrocausas. Alaya hizo valer entonces su condición de juez natural predeterminada por la ley para la instrucción de los macroprocesos, un principio que ahora parece haber caído en el olvido con la llegada de Núñez Bolaños.

A estas alturas y con todo lo que se ha dicho cabe pensar que ni Alaya está segura de dónde estará prestando servicio dentro de unas semanas.