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El ex consejero caído

Jorge Muñoz | 21 de enero de 2015 a las 6:00

EX CONSEJERO ANTONIO FERNANDEZLas paradojas de la vida. Antonio Fernández, el que durante una década fuera consejero de Empleo de la Junta, ha pasado de dirigir las políticas en materia de Empleo y de ayudas laborales a no encontrar quien lo contrate, una vez que la juez Mercedes Alaya lo ha situado como un sospechoso habitual, al imputarlo en el caso de los ERE fraudulentos y en la más reciente investigación iniciada sobre las presuntas irregularidades detectadas en los cursos de formación financiados por la Junta.
Después de cuatro años de investigación judicial y de haber pasado varios meses en prisión provisional, el ex consejero ha vuelto a tocar fondo. Ya no sólo es que muchos lo vean como un apestado o un cadáver político, sino que el ex responsable de Empleo se enfrenta a un enorme rechazo social y profesional, derivado del estigma que suponen las graves imputaciones que pesan sobre Antonio Fernández.
Para colmo, el ex consejero está abocado a la muerte civil, después que la instructora le fijara la mayor fianza de responsabilidad civil que ha impuesto a los 229 imputados y que alcanza los 807 millones de euros. Para garantizar esta fianza, la juez Alaya le ha embargado a Fernández sus propiedades e incluso la indemnización de casi 38.000 euros que debía recibir tras su despido en la empresa González Byass.
La penuria en la que el ex consejero se encuentra le ha llevado a dar un nuevo y desagradable paso, al tener que solicitar a la juez Alaya que acuerde una pensión mensual para hacer frente a sus “necesidades más básicas”.
Alfonso Martínez del Hoyo, que como fiel escudero acompaña al ex consejero en sus avatares judiciales, explica en un escrito dirigido a la instructora que su cliente se encuentra en una situación de “completa insolvencia e imposibilitado de atender cualquier clase de pagos”. El letrado llega a afirmar que si Fernández no contara con la “benevolente y graciable ayuda” de su más próximos se vería abocado a la “pura indigencia”. ¡Quien te ha visto y quien te ve!
Lo más fácil en un caso como éste, con un ex consejero caído en desgracia, sería apuntarse al carro de los que pudieran pensar que Fernández está precisamente dónde debe estar, dada la gravedad de los hechos que se le imputan. Pero lo cierto, aunque algunos lo hayan olvidado ya, es que aunque Antonio Fernández aparezca como unos de los principales implicados en el escándalo de los ERE fraudulentos, hay que recordar que en estos momentos sólo está imputado, por el momento no ha sido procesado, juzgado, ni condenado, por lo que debe ampararle la presunción de inocencia, un derecho de todo imputado que nunca debería quedar vacío de contenido.
El abogado del ex consejero lamenta que su ingreso en prisión supuso no sólo la “destrucción de su derecho a la presunción de inocencia”, sino que trajo como inevitables secuelas su despido y la pérdida de su puesto de trabajo como presidente del consejo regulador del Vino de Jerez.
Desde que recuperó su libertad, Fernández ha intentado volver al mercado laboral sin éxito y ha agotado todas las prestaciones posibles y ya no puede hacer frente a sus necesidades más básicas.
La defensa se ha visto obligada a pedir la pensión de alimentos, en un escrito en el que detalla los gastos comunes a los que Fernández, como cualquier otro ciudadano, tiene que hacer frente cada mes: pago de hipoteca, recibos de luz, agua, gas, etc. Y una vez enumerados estos gastos cifra en 1.840 euros la pensión mensual que solicita a la juez y que reclama con cargo a los 38.000 euros de la indemnización por despido que la juez le embargó. En esa pensión se incluyen 900 euros para “alimentación, vestido y consumo básico”.
Si Fernández ha pedido a la magistrada la pensión es porque seguro que se encuentra en un atolladero. La juez, antes de pronunciarse sobre la petición, ha pedido a la Fiscalía Anticorrupción que se pronuncie sobre la misma. Haga lo que haga, la polémica está servida.

El ‘juzgado central’ de Alaya

Jorge Muñoz | 9 de noviembre de 2014 a las 6:00

La juez Mercedes AlayaAlaya es una juez tan célebre o más que sus homólogos de la Audiencia Nacional. La magistrada sevillana es tan conocida como los Santiago Pedraz, Pablo Ruz o Eloy Velasco, que instruyen algunas de las causas más importantes en España contra la corrupción, como la trama Gürtel o los papeles de Bárcenas, el ex tesorero del PP. Se trata de jueces destinados en alguno de los juzgados centrales de Instrucción de laAudiencia Nacional.
En los últimos años, se han producido ocasiones en las que el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, el que dirige Alaya desde hace 15 años, parece que se asemeja más en su funcionamiento a un juzgado central de Instrucción –no se sabe si con competencias en Andalucía o en toda España– que a un órgano que, en principio, debería estar centrado en investigaciones que afectan a la provincia de Sevilla.
Cierto es que la juez Mercedes Alaya instruye, con un gran esfuerzo profesional, personal y familiar, la macrocausa por el escándalo de los ERE fraudulentos, que ha llevado a la Unidad Central Operativa (UCO)de la Guardia Civil a practicar detenciones en distintas provincias españolas. A este juzgado sevillano han sido trasladados para prestar declaración personas arrestadas en Madrid, Barcelona o Cádiz, por ejemplo, en el marco de las distintas operaciones policiales llevadas a cabo en los casi cinco años de instrucción que están a punto de cumplirse.
Pero también es cierto que el juzgado de Alaya se ha revestido, bien debido a la propia naturaleza de la investigación o quizás en algún caso por un supuesto afán de notoriedad, de las características que rodean a esos órganos judiciales que tienen encomendados por ley esas particularidades que les convierten en juzgados especiales.
No es la primera vez que Alaya apunta alto. Un ejemplo reciente. La instructora no ha dudado en dirigir un oficio al director general de la Policía, JoséIgnacio Cosidó, ordenándole que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía “cese de inmediato” las actuaciones que venía desarrollando en torno a la investigación de los cursos de formación, una causa que no sólo investiga Alaya sino otros tantos juzgados andaluces y del resto del país.
Esta actuación ha sido reprochada a la magistrada sevillana por la Fiscalía Anticorrupción, que ha recurrido su decisión de arrebatar la investigación a la UDEF y entregársela a la UCO. Entre los argumentos para pedir a Alaya que corrija su decisión, el fiscal le ha recordado expresamente que su ámbito de actuación no es andaluz. El Ministerio Público argumentó en su escrito que Alaya no puede decidir qué cuerpo policial debe o no investigar en las distintas causas que se hallan “bajo la suprema autoridad” de otros juzgados. Es decir, que tan competente es Alaya como el juez de Málaga o de Granada que están investigando las irregularidades en los cursos de formación y que, a diferencia que la magistrada sevillana, cuentan con el auxilio de la UDEF para llevar a cabo las pesquisas relacionadas con el fraude.
Dicen que la magistrada va a rectificar esa polémica orden dirigida a la Policía y que, siguiendo el criterio pacificador de la Fiscalía, va a restringir el cese de esa investigación a aquellas actuaciones que únicamente afecten a la investigación de su juzgado. Pero el daño ya está hecho.
La Fiscalía Anticorrupción no ha sido la única que ha reprochado la actitud de Alaya. La Junta de Andalucía, a la que tanto daño político generan las investigaciones de la juez, también le ha reprochado su forma de dirigir la instrucción de los cursos.
El Gobierno andaluz, que ha iniciado una batalla legal para apartar a Alaya de la investigación de los cursos de formación –al estimar que la magistrada se “autoatribuyó el caso cuando debía haberlo enviado al decanato para su reparto entre otros órganos judiciales–, sostiene que el juzgado de Alaya se ha constituido en una “suerte de órgano especial de instrucción, que se quiere hacer conocedor de todas las posibles irregularidades o ilícitos penales que acontezcan en el ámbito de la formación dentro de la consejería de Empleo de la Junta” y dando lugar a la formación de una “causa general” contra la Administración autonómica.
Hay quien incluso bromea ya diciendo que el juzgado de Alaya se ha convertido en el “juzgado central de Instrucción número 6 de Andalucía”. Alaya tiene una proyección aparentemente brillante en la carrera judicial. Juez “incansable” donde los haya, por utilizar la expresión que ella misma acuñó, no tengo dudas de que la labor que a diario realiza es cuando menos similar a la de sus homólogos de la Audiencia Nacional, pero hoy por hoy no existe el ‘juzgado central’ de Alaya. Aunque todo se andará…

Alaya tiene dos ‘match balls’ contra la Junta

Jorge Muñoz | 29 de octubre de 2014 a las 5:00

La juez Mercedes AlayaLa batalla legal que ha emprendido la Junta contra la juez Alaya puede acabar antes de haber comenzado. Utilizando un símil deportivo, del mundo del tenis, la magistrada tiene ante sí dos oportunidades para rechazar el incidente de nulidad que le ha planteado el Gobierno andaluz por la forma en la que asumió la investigación del fraude en los cursos de formación, tras la denuncia del testigo clave y ahora también “protegido”, el funcionario Teodoro Montes.
Para empezar, una vez solicitada la nulidad –el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla no había recibido ayer el recurso–, la magistrada podría decidir, aunque es poco probable, rechazarlo de plano, es decir, no admitirlo por considerar que no hay motivos ni siquiera para su tramitación.
La segunda opción de la juez, y más lógica, sería tramitar el incidente y dar traslado por un plazo de varios días a la Fiscalía Anticorrupción y a las demás partes personadas –las defensas de los ex consejeros Antonio Fernández y Ángel Ojeda, y a la acusación popular de UPyD– para que se pronuncien sobre esta nulidad.
Una vez que la juez disponga de los pronunciamientos de estas partes, sobre todo de la Fiscalía, estaría en condiciones de resolver el incidente.No hay que ser muy avispado para entender que la juez Alaya, sin duda alguna, va a rechazar la nulidad y a confirmar su competencia para instruir la causa de los cursos de formación, por muchas dudas que suscite la forma en la que Teodoro Montes llegó a su juzgado y desde aquí fue enviado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para rendir testimonio, y como a continuación la Guardia Civil remite su declaración –en la que denuncia las numerosas irregularidades– de nuevo a la juez Alaya, que asume esta investigación aunque en principio, más allá de que se refieren a irregularidades en actividades formativas, no guarda relación alguna con la investigación abierta a las empresas del conseguidor de los ERE Juan Lanzas.
Alaya contará para defender su competencia con el apoyo explícito de la Fiscalía, que asegura que ya hace un año analizó la cuestión y no observó ninguna incidencia como para retirarle la competencia a esta magistrada.
La cuestión clave es qué ocurrirá una vez que Alaya rechace la nulidad solicitada. Aquí es donde, según las fuentes consultadas, se produce la mayor discrepancia jurídica, por cuanto la Junta sostiene que ante un hipotético rechazo de Alaya siempre podrá acudir presentando un recurso de apelación ante la Audiencia de Sevilla, que tendría la última palabra para resolver la competencia de los cursos. Otras fuentes entienden que la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) estipula en su artículo 241 que no cabe presentar recurso alguno tanto contra la resolución que inadmita a trámite el incidente de nulidad o contra la que resuelva dicho incidente.
El Gobierno andaluz subraya que la vía emprendida viene especificada en el artículo 240.1, que señala que la nulidad de pleno derecho y los defectos de forma “en los actos procesales que impliquen ausencia de los requisitos indispensables para alcanzar su fin o determinen efectiva indefensión, se harán valer por medio de los recursos legalmente establecidos contra la resolución de que se trate, o por los demás medios que establezcan las leyes procesales”. La Junta entiende que la jurisprudencia avala que una resolución que resuelve una nulidad puede ser recurrida ante la Audiencia.
Las fuentes consultadas se preguntan por qué la Junta no ha dado un paso más y ha planteado la recusación de la juez Alaya en la causa de los cursos –algo que desde la Administración no se observa en estos momentos–, para lo cual incluso podría cumplirse este viernes el plazo de diez días que estipula la ley, dado que fue el pasado 21 de octubre cuando Teodoro Montes reveló en su declaración que acudió directamente a la juez Alaya a denunciar después de seis o siete años sin que ningún juzgado atendiera su denuncia sobre las irregularidades.
La posibilidad de la recusación fue apuntada por la Audiencia de Madrid como una de las posibilidades que existían cuando devolvió al polémico ex juez Elpidio José Silva la investigación abierta sobre el ex presidente de Caja Madrid Miguel Blesa por la compra del City National Bank de Florida.
Y de otro lado, la vulneración de las normas de reparto de los asuntos motivó la condena del juez de Familia de Sevilla Francisco Serrano, después de que se presentara una querella contra el magistrado.

Alaya viaja en un utilitario desaliñado y sin aire acondicionado

Jorge Muñoz | 22 de octubre de 2014 a las 5:00

Una imagen del coche donde los escoltas llevan a diario a la juez Alaya

Una imagen del coche donde los escoltas llevan a diario a la juez Alaya

La Real Academia Española de la Lengua define coche utilitario como el que es “modesto y de escaso consumo”. A tenor de la imagen que ilustra este post, no cabe duda de que el vehículo oficial que utiliza el servicio de escolta de la juez Alaya puede considerarse como utilitario, aunque lo menos que se puede pedir a la Jefatura Superior de Policía y al Ministerio del Interior es que el coche reúna unas mínimas condiciones que no parece que tenga el Renault Clío que cada día recoge a la magistrada en los juzgados de Sevilla. No digo que Alaya tenga que viajar en un Mercedes ni en otro coche de alta gama, pero por lo que puede verse en la imagen el coche que actualmente se utiliza deja mucho que desear.

Uno de los coches que utilizan los agentes de la TIA (Técnicos de Investigación Aeroterráquea) creada por el maestro Francisco Ibáñez.

Uno de los vehículos que utilizan los agentes de la TIA (Técnicos de Investigación Aeroterráquea), organización creada por el maestro Francisco Ibáñez para sus cómic. Los Seat 600 y los Seat 124 aparecen con frecuencia conducidos por estos peculiares agentes de la saga.

Al margen de los desperfectos que se aprecian en el espejo retrovisor y en la chapa del vehículo oficial, y también en la tapicería interior -hay incluso remaches de otras telas en alguno de los asientos- que dan una imagen más propia de un vehículo de Mortadelo y Filemón  o del inspector José Luis Torrente -ahora que acaba de estrenar nueva película de la saga protagonizada por Santiago Segura- que de uno de la Policía española, lo más grave es que no le funciona el aire acondicionado. Esto supone una auténtica maldición en una ciudad como Sevilla que, en pleno mes de octubre, sigue alcanzando temperaturas por encima de los 30 grados.

Y por supuesto que de blindaje ni hablamos...

 

 

 

No parece que un utilitario de este tipo sea el más adecuado para llevar a una juez a la que se tuvo que fijar hace un año un servicio de escolta policial, después de que la magistrada fuese gravemente insultada por centenares de sindicalistas que se agolparon a  las puertas de los juzgados de Sevilla para protestar por la detención de varios de sus líderes y exigir su puesta en libertad. Fue el propio decano de los jueces, Francisco Guerrero, el que trasladó a la Policía la necesidad de facilitar protección a la magistrada.

No se trata de una cuestión estética o de glamour, para nada, sino de seguridad, porque supongo que tampoco el vehículo tiene la suficiente potencia como para poder sacar a la magistrada y a su servicio de escolta en un caso de apuro. Como se ve, la falta de medios no sólo afecta a los juzgados, también a la Policía, pero lo que me pregunto -y llevo ya algunos años escribiendo sobre las carencias de los juzgados- es si realmente la Policía no dispone de coches más adecuados y potentes para llevar a una juez que está investigando varias causas extremadamente graves.

Seguro que sí los hay…. ¿no creen? 

Salvo que se trate de una cuestión de camuflaje y con este coche se intente pasar desapercibido, que tampoco pienso que sea el caso. Una cosa sí está clara, al menos el coche consume poco….

¿Se va Alaya?

Jorge Muñoz | 2 de octubre de 2014 a las 6:00

juez Mercedes Alaya. caso EREAlaya anuncia que se va, pero en realidad se queda hasta acabar la instrucción de las macrocausas. En los mentideros judiciales no para de comentarse en los últimos días la posible marcha de la juez a la Audiencia. Según fuentes consultadas por este periódico, la magistrada, que dirige desde 1998 el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, ha trasladado incluso a sus funcionarios la intención de pedir una plaza de magistrada en una de las secciones penales de la Audiencia de Sevilla.
Alaya, que ahora tiene 51 años, habría explicado a sus funcionarios que se trataría de la “última oportunidad” para solicitar una plaza en la Audiencia, donde a finales de este año está previsto que se convoque un concurso para la creación de cuatro nuevas plazas de magistrado que vendrían a completar las cuatro secciones de lo Penal que hay actualmente en la Audiencia y que, a partir de entonces, pasarían a contar cada tribunal con cinco magistrados.
Y sería la última oportunidad porque es muy difícil que se convoquen cuatro plazas de golpe, lo normal es que su suplan vacantes a un ritmo menor. Al salir cuatro plazas en bloque, Alaya, que es una de las magistradas más antiguas en los juzgados de Instrucción, tendría más opciones para lograr una de estas plazas, dado que actualmente sólo le superan en el escalafón varios jueces. Pero la anunciada marcha de Alaya no sería tan inmediata, puesto que la juez tiene previsto acabar las macrocausas que tiene abiertas y que la han convertido en una auténtica estrella de la judicatura a nivel nacional, equiparable en fama o incluso superior a alguno de los magistrados destinados en los juzgados de la Audiencia Nacional.
Alaya no quiere marcharse de su juzgado sin finalizar la instrucción de los ERE fraudulentos, donde ha imputado ya a 227 personas y ha trasladado la preimputación a nueve aforados, y sobre todo la macrocausa relacionada con el fraude de los cursos de formación. Esto implica que, para incordio de muchos abogados defensores –que apostarían por un cambio de instructor–, Alaya continuará al frente de estos macroprocesos.
La fórmula para que la juez pueda seguir hasta que acabe de instruir estas causas es la misma que ha permitido al magistrado Pablo Ruz continuar en el juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional para investigar el caso Gürtel, el de Fórum Filatélico o el de los papeles de Bárcenas. En este caso, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha venido prorrogando por periodos de seis meses la comisión de servicio del juez Ruz para la instrucción de estas causas ante el “excelente rendimiento” del juez. Pablo Ruz sigue en el juzgado porque el titular de este órgano, el magistrado Miguel Carmona –ex vocal del CGPJ y que durante años presidió la Audiencia Provincial de Sevilla– continúa en situación de servicios especiales como juez de enlace en el Reino Unido. En el caso de Ruz, el órgano de gobierno de los jueces tuvo en cuenta, además del rendimiento del magistrado, el hecho de  “cualquier cambio en la comisión de servicio produciría una alteración seria en la tramitación de las causas en el juzgado” dado el volumen, excepcionalidad y la complejidad de estas investigaciones.

Lo mismo podría predicarse respecto a las causas que instruye Alaya, quien en los últimos cuatro años ha llegado a abrir hasta ocho macrocausas. Alaya ha investigado cinco causas relacionadas con la empresa pública Mercasevilla –de las cuales dos pueden considerarse macrocausas por el volumen de estos procedimientos relacionados con delitos societarios y la venta fraudulenta de los suelos–; así como la principal de los ERE, otra sobre los cursos de formación realizados por las empresas de Juan Lanzas y las ayudas a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) –en la que se incluyen las diligencias relacionadas con el ex consejero andaluz de Hacienda Ángel Ojeda–.
Alaya también mantiene abierta, aunque en la recta final de la instrucción, la investigación por el delito societario que atribuye al ex mandatario del Real Betis Manuel Ruiz de Lopera; y las diligencias declaradas secretas en relación con la denominada operación Madeja, sobre el presunto enriquecimiento ilícito del ex asesor del Ayuntamiento de Sevilla Domingo Enrique Castaño y las irregularidades en los contratos del Ayuntamiento de Sevilla. En febrero pasado, la juez abrió otra causa para investigar las ayudas concedidas por la agencia Idea. Los inconvenientes de su marcha serían muchos: ¿Quién podría hacerse cargo a esta altura las macrocausas?¿Cuánto tiempo le costaría ponerse al día?
Que la juez Alaya vaya a solicitar una plaza de magistrada en la Audiencia de Sevilla, sólo supone una salvaguarda para su promoción dentro de la carrera judicial, porque a buen seguro que aún queda juez para rato. Y serán varios años porque todo el mundo coincide en que la causa de los cursos de formación será más extensa que la de los ERE. La juez incansable, como ella misma se definió en uno de sus personalísimos autos, y sus guardias de la UCO van a seguir dando mucha guerra aunque a muchos les pese tanta perseverancia.

Un sistema creado para el fraude

Jorge Muñoz | 14 de septiembre de 2014 a las 5:00

angel ojedaUn sistema discrecional e ideado presuntamente para burlar la ley. Ésta es la hipótesis de partida que actualmente se baraja en la investigación judicial de las subvenciones públicas dirigidas a financiar los cursos de formación para los desempleados. La juez Mercedes Alaya, que es la primera que abrió unas diligencias relacionadas con el destino de las ayudas públicas, parte precisamente de estas sospechas, que se centran con especial atención en las ayudas concedidas a los 1.904 ex trabajadores de la multinacional Delphi.

Se trataría de una actuación similar a la que se habría producido, según la hipótesis de la instructora, en el caso de los ERE fraudulentos con las ayudas concedidas para los ex trabajadores de empresas en crisis, donde al amparo de la búsqueda de la paz social se habrían concedido ayudas millonarias a los parados. Los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que son los que trabajan en coordinación con la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, tienen previsto centrar inicialmente las pesquisas en aquellos empresarios que habrían obtenido el mayor volumen de subvecniones públicas, como ocurre con el ex consejero de Hacienda Ángel Ojeda y su entramado de empresas relacionadas con la formación.

En el sumario que instruye la juez Alaya, que cuenta con más de 2,5 millones de folios en documentos que están siendo actualmente escaneados, se parte precisamente para establecer la hipótesis delictiva de un informe realizado por la Inspección de Trabajo, que habría alertado del “grave perjuicio” que se ocasionó al patrimonio de la Seguridad Social, al presupuesto del servicio de empleo estatal y al presupuesto de la Junta de Andalucía por conceder ayudas a los desempleados de Delphi incumpliendo la normativa específica prevista para este tipo de subvenciones.

La Inspección de Trabajo critica en ese informe el plan especial de 105 millones que la Junta fijó para estos ex trabajadores y llegan a subrayar la posible “relevancia penal” de los hechos, por cuanto se propició un fraude a la Seguridad puesto que esas ayudas acabaron dirigidas a la “simulación de contratos”.

El fraude consistiría, en unos casos, en el abono de subvenciones por cursos inexistentes, que no se habrían dado a los desempleados, mientras que en otros supondría la simulación de contratos y el abono de percepciones o becas que estarían por encima de lo legalmente establecido, lo que generaría una contraprestación ilegal que completaría las prestaciones por desempleo que ya estarían percibiendo los trabajadores, como en el caso de la multinacional de automoción Delphi.

Se trataba, en definitiva, de crear un sistema de protección privilegiado para estos empleados de la multinacional automovilística y al margen de la Seguridad Social y del resto de los trabajadores.

Alaya ya ha imputado por estos hechos al ex consejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández -que también está implicado en la causa de los ERE- y al ex consejero de Hacienda Ángel Ojeda, quien fue detenido en agosto pasado en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) pero que va a ser investigado por esta misma magistrada.

Alaya, cuya investigación se remonta a las ayudas a la formación concedidas desde el año 2001, yaha cifrado ya en 950 millones de euros la cantidad que la Junta de Andalucía destinó en cuatro años a cursos de formación sin que la Administración autonómica haya obligado a las empresas beneficiaras a justificar el gasto de estas subvenciones. Alayaasegura en el auto en el que imputó a Antonio Fernández que la Junta concedió esos 950 millones -cifra que supera a los 855 millones en que se cifra el fraude de los ERE-entre 2008 y 2011, pero no obligó a las empresas a justificar los gastos, de acuerdo con las resoluciones de exoneración dictadas en ese periodo. Alaya imputó a Fernández por haber concedido ayudas por importe de 70 millones para la formación de los ex trabajadores de Delphi Automotive System España. La instructora recuerda que, según se desprende de la declaración testifical prestada ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por el director general de Formación para el Empleo, Carlos Cañavate de León, y de las propias pesquisas realizadas por los agentes, en virtud de las distintas resoluciones de exoneración de la justificación dictadas por la Administración andaluz a fecha de octubre de 2013 había una cantidad aproxiamda de 950 millones “en subvenciones sin justificar”.

En cuanto a la imputación de Antonio Fernández, Alaya la justifica porque, según considera, en el tiempo que fue consejero de Empleo (entre 2004 y 2010) concedió “con ausencia de procedimiento diferentes subvenciones” para la formación de los ex trabajadores de Delphi, “sin convocatoria ni bases reguladoras” y en contra de la ley de Subvenciones y del Real Decreto 395/2007 que regula las ofertas públicas formativas.

La juez argumenta también que el ex consejero habría permitido la “subcontratación” de actividades formativas sin estar autorizada esa subcontratación y además se habrían otorgado becas por asistencia a los cursos “por encima del máximo legalmente permitido”.

También le atribuye la magistrada haber concedido subvenciones a empresas para acciones formativas “en alternancia con el empleo por importe de 70 millones “, con la intención de que los ex trabajadores de Delphi “pudieran volver a tener acceso a la prestación de desempleo, sabiendo que la relación laboral sería inexistente, limitándose dichas entidades a la realización de cursos de formación”. Esto habría ocurrido en el expediente 98/2008 a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) en relación con Delphi, donde fueron subcontratadas entidades relacionadas con Ojeda como AEA (Asociación de Empresas Aeronáuticas); Humanitas (Asociación de apoyo a la Integración); Innova (Asociación para la Sociedad de la Información); Inteca (Asociación para la Calidad Europea); y Natura (asociación para el Apoyo al Medio Ambiente).

Y por último, Alaya dice que el ex consejero concedió subvenciones desde 2007 dictando “resoluciones de exoneración de la justificación” de estas ayudas a las entidades beneficiarias en el período comprendido entre 2008 y 2011, contraviniendo de esta forma la ley de subvenciones.