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Parecerlo

Jorge Muñoz | 25 de febrero de 2017 a las 2:00

El presidente de la Sección Primera de la Audiencia, Pedro Izquierdo.

El presidente de la Sección Primera de la Audiencia, Pedro Izquierdo.

Reza una máxima judicial que el juez no debe ser sólo independiente e imparcial, sino parecerlo. Es una expresión similar al proverbio romano sobre la honradez de la mujer del César. El magistrado Pedro Izquierdo, que ha sido designado ponente del juicio a los ex presidentes Chaves y Griñán, no ve motivos de abstención por haber ocupado durante seis años el cargo de secretario general para la Justicia. La ley orgánica del Poder Judicial establece entre las causas de abstención y, en su caso, de recusación que el magistrado haya ocupado un cargo público en el que haya participado directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito o causa o que haya podido tener conocimiento del objeto del litigio y formar criterio que vaya en detrimento de su deber de imparcialidad.

Si se analizan estos motivos, no parece que, como entiende el propio magistrado, esté afectado por causa de abstención o recusación. Pedro Izquierdo, como secretario general para la Justicia, formó parte del último Gobierno de Manuel Chaves y continuó en el cargo durante la etapa de Griñán al frente del Ejecutivo andaluz. Y ocupó el cargo entre los años 2008 y 2014, con lo que le pilló de lleno en su puesto el estallido del escándalo de los ERE fraudulentos, cuya instrucción comenzó en enero de 2011. Su cargo estaba adscrito a la Consejería de Justicia e Interior, desde donde se encargó del proceso de introducción del sistema de comunicaciones telemáticos Lexnet en los juzgados andaluces. Muy ajeno a su cometido quedan las ayudas de los ERE, que concedía la Consejería de Empleo a través de las transferencias de financiación y utilizaba al IFA/Idea como caja pagadora de esas subvenciones. Por ello, puede descartarse que participara en el asunto objeto del pleito o que tuviera conocimiento del mismo durante su paso por la Administración andaluza.

Conozco a Pedro Izquierdo desde hace muchos años y valoro su honestidad y profesionalidad, por lo que estoy seguro de que si él no aprecia causa de abstención, seguro que no la hay, y su independencia e imparcialidad no están comprometidas por su etapa en la política andaluza, donde además desempeñó un cargo de perfil muy técnico.

De hecho, Pedro Izquierdo está interviniendo en la resolución de otras macrocausas que afectan de lleno a la Junta, como son la de las irregularidades en los cursos de formación –su Sala tendrá que revisar el archivo de la pieza “política” de los cursos- y de los avales y préstamos de la agencia Idea. En ambos casos es la Sección Primera la que resuelve los recursos contra las resoluciones de la juez María Núñez Bolaños, y tampoco se ha planteado ni la abstención ni la recusación de este magistrado por su pasado en la Junta.

Ahora bien, retomando el arranque de este artículo, creo que Pedro Izquierdo además de ser independiente e imparcial, debe parecerlo. El hecho de haber pertenecido a la estructura de los Gobiernos andaluces que lideraron en algún momento Manuel Chaves y José Antonio Griñán, aconseja que no forme parte del tribunal, donde además le ha correspondido ejercer la ponencia del caso, es decir, es el magistrado que debe estudiarse en profundidad el sumario y el que finalmente redacta la sentencia, con la influencia que esa posición tiene sobre los otros dos jueces que forman parte del mismo.

En cualquier caso, habrá que ver la postura de la Fiscalía Anticorrupción cuando alguna o las dos acusaciones populares –el PP y el sindicato Manos Limpias- planteen casi con total probabilidad la recusación de Pedro Izquierdo para presidir el juicio a Chaves y Griñán. Por cierto, una recusación que, de acuerdo con el artículo 224 de la ley orgánica del Poder Judicial, corresponderá instruir a un magistrado de la Audiencia por turno de antigüedad, y resolverá otra Sección, en este caso, la que le sigue en orden numérico: la Segunda, que preside el presidente de la Audiencia, Damián Álvarez. Todo este proceso, aunque tiene unos plazos muy concretos, supondrá un retraso a la hora de conformar definitivamente la Sala que debe enjuiciar el primer juicio de los ERE, a lo que hay que sumar los meses que necesitará el ponente para el estudio del voluminoso sumario, son más de 14.000 folios sin contar los anexos, y la ingente labor de organización de un juicio con 26 acusados y que ha despertado tanta expectación mediática. Con este panorama, no creo que la vista pueda celebrarse antes de principios o mediados de 2018.

La primera criba de la macrocausa

Jorge Muñoz | 2 de junio de 2016 a las 5:00

CASO ERE. Fotos sin falta de los jueces de los ERE Maria Nu?ez Bola?os y Alvaro Martin

La juez María Núñez Bolaños, en los juzgados de Sevilla.

Se trata de la primera criba seria e importante del caso de los ERE y que ha reducido de un plumazo el número de investigados en la parte política a casi la mitad. De los 50 imputados iniciales se ha pasado a sólo 26, mientras que otros 24 han sido exculpados ya directamente por el instructor. Estas 26 personas son las que se sentarán en el banquillo de los acusados si no se producen cambios por los recursos que ahora puedan presentarse contra el auto dictado ayer por el juez de refuerzo Álvaro Martín, en quien la titular del juzgado, María Núñez Bolaños, delegó la investigación de las primeras seis piezas del plan piloto diseñado para agilizar la instrucción de la macrocausa y el enjuiciamiento de esta pieza.
Bolaños considera clave para la decisión futura sobre el resto de las piezas el resultado que pueda tener este juicio, hasta el punto de que una sentencia absolutoria en el juicio por el “procedimiento específico” por el que se concedían las subvenciones, podría conducir al archivo de otras ayudas en las que “no se aprecie irregularidad en la ejecución, empresas en crisis sin intrusos, o ayudas directas en las que la UCO, en el atestado inicial, no aprecia otra irregularidad que no sea la utilización de un procedimiento presuntamente ilegal”, afirmó Bolaños en un auto dictado en febrero pasado.
¿Y qué pasará si al final la Audiencia de Sevilla no ve delito en la actuación de estos 26 altos cargos investigados por el procedimiento específico o en algunos de ellos? ¿Qué quedará del escándalo que durante los últimos cinco años fue alimentando la juez Mercedes Alaya?
La primera criba del juez Álvaro Martín tiene una gran trascendencia, por cuanto viene a desmontar en parte la tesis de Alaya, que llegó a imputar a personas por el único pecado de haber asistido a las reuniones del consejo rector de la agencia IDEA. Es lo que tienen muchos de los grandes macroprocesos judiciales, que se desinflan conforme pasa el tiempo o los jueces dictan sus resoluciones acotando la investigación. Recuérdese lo que ocurrió hace dos décadas con el escándalo del caso Arny, sobre prostitución de menores, donde sólo hubo 16 condenas de las 49 personas que en su día fueron procesadas.
El juez Álvaro Martín ha impuesto la lógica para no hacer pasar por la pena de banquillo a la mitad de los imputados en la pieza de los ERE, y en cuanto a los 26 encausados, les ha atribuido delitos de prevaricación y malversación de caudales –éste último delito sólo a algunos–, y ha descartado el delito de organización criminal que recientemente apuntó en un auto que podía concurrir en este caso. La primera criba del juez es un aviso, el segundo podría darlo la Audiencia de Sevilla, que deberá enjuiciar esta pieza de los ERE.

La caja de Pandora de la prescripción

Jorge Muñoz | 20 de marzo de 2016 a las 7:00

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                                                                                                                                   Rosell

El auto de la Audiencia de Sevilla del pasado 9 de marzo ha acabado por abrir definitivamente la caja de Pandora de la prescripción en el caso de los ERE fraudulentos. En esa resolución, la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla declaró prescritos los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos que se imputaban a dos beneficiarios de ayudas de la Sierra Norte de Sevilla, al haber transcurrido más de diez años desde que se concedieron las subvenciones sin que la causa se dirigiera contra estas personas. La prescripción de los delitos es un fantasma que amenaza al caso de los ERE casi desde el principio de la instrucción, que comenzó en el año 2011 con la intención de investigar unas subvenciones concedidas en un periodo que se remontaba a diez años atrás.
Y ése es uno de los principales problemas de la prescripción, por cuanto actualmente apenas se ha completado el 40% de la investigación de las más de 200 ayudas bajo sospecha, y todavía quedan por llegar muchos atestados policiales. De ahí que a estas primeras 12 prescripciones se sumarán otras muchas –nadie se atreve aún a cuantificar cuántas quedarán prescritas– a partir de ahora. Pero varias fuentes consultadas coinciden en que habrá bastantes prescripciones porque estamos en 2016 y la investigación se remonta al año 2001.
El abogado Juan Carlos Alférez, que representa a varios imputados en esta macrocausa de los ERE, considera que el problema de la prescripción penal hay que conectarlo con el hecho de que el propio Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en el ámbito Contencioso-administrativo, ha cifrado en “cuatro años el límite a partir del cual las ayudas declaradas nulas no tendrán que ser devueltas, sean de la cuantía que sean, lo que conferirá a los abogados defensores un poderoso argumento no ya para sostener la prescripción penal, sino para defender la propia inoportunidad de que sea la Justicia penal quien investigue indiscriminadamente ayudas concedidas a beneficiarios que han ganado sus procesos a la Junta y que obtuvieron las ayudas para fines lícitos”. Si los propios tribunales contencioso-administrativos están acordando que no se devuelvan las ayudas sin límite de cuantía, el asunto de la prescripción penal de las menores de 450.000 euros “podría quedar en un segundo plano”, opina el letrado.
Con independencia de lo anterior, aunque sean muchas las ayudas pagadas hace más de diez años y de menos de 450.000 euros que pudieren declararse prescritas a día de hoy –no son la mayoría–, “es cierto que para poder interrumpir la prescripción de todas las restantes, sería necesario que los jueces instructores contasen al menos con atestados policiales o indicios concretos de criminalidad contra persona concreta y por motivo concreto, pues de otro modo aunque se intentara algo parecido a un auto de prescripción masiva, de nada serviría”. En opinión de Juan Carlos Alférez, “no se puede ni debe culpar de la prescripción a la anterior instructora, ni a la actual, ni a los fiscales, ni a nadie en concreto, la única culpa hay que residenciarla en la imposibilidad que tiene la Justicia española para instruir macrocausas elefantiásicas bajo la defectuosa y obsoleta legislación procesal vigente y con los escasos medios que el sistema pone a su disposición”.

La juez intentará que, pese a la prescripción de los delitos, el importe de las ayudas sea devuelto trayendo a las empresas como responsables civiles, pero la devolución tampoco está garantizada.

En cualquier caso, la Fiscalía Anticorrupción avisó por activa y por pasiva de la inminente prescripción de los delitos a la juez Mercedes Alaya, que instruyó la causa desde el principio y durante más de cuatro años. Los fiscales alertaron de la prescripción en más de media docena de escritos, el primero de los cuales data de abril de 2011, tan sólo tres meses después de que se iniciara la investigación de la macrocausa, en enero de ese año. Los fiscales plantearon a Alaya que la investigación de las posibles irregularidades en las ayudas debía comenzar precisamente por las subvenciones más antiguas, puesto que el plazo de prescripción para estos delitos era de diez años.
Los representantes del Ministerio Público pidieron a la juez que comenzara las pesquisas por las ayudas recibidas por Jerez Industrial e Hijos de Andrés Molina (Hamsa), pero el verdadero problema de la prescripción no estaba en las ayudas sociolaborales como éstas, que se concedían a los trabajadores –el delito se seguiría cometiendo mientras continuasen abonando los pagos a los prejubilados–, sino en las ayudas directas a empresas, donde por lo general se efectúan uno o varios pagos y, desde ese momento, comienza a contar el plazo de la prescripción.
Alaya hizo caso omiso a la Fiscalía, lo que ha llevado ahora a la Audiencia de Sevilla a declarar prescritos los delitos que se imputaban a dos beneficiarios de ayudas de la Sierra Norte. La nueva juez de los ERE, María Núñez Bolaños, siguiendo este criterio y el de Anticorrupción, ha acordado el archivo de la causa contra 12 imputados –uno ya fallecido– al aplicar la prescripción de los delitos, algo que solicitó el Ministerio Público el 18 de marzo de 2015.
En ese documento, la Fiscalía estableció dos criterios básicos para considerar que el delito ha prescrito: que hayan transcurrido diez años desde que pagó la ayuda sin que la causa se dirija contra los beneficiarios y que la misma sea inferior a 450.000 euros. En concreto, los fiscales pidieron a la instructora que declare la prescripción de las conductas de aquellos imputados “perceptores de ayudas directamente o en nombre de personas jurídicas” contenidos en el auto del pasado 6 de febrero de 2015 –en el que fueron imputadas 35 personas por ayudas relacionadas con la Sierra Norte–, cuyo importe fuese “claramente inferior a 450.000 euros, siempre y cuando desde la fecha del último pago de la ayuda al dictado del auto referido hayan pasado más de 10 años”, decía el fiscal.
Alaya dictó el auto de imputación de estas personas con retraso por la demora a su vez de la Unidad CentralOperativa (UCO) de la Guardia Civil en la entrega del atestado relacionado con las ayudas de la Sierra Norte, que no llegó al juzgado hasta diciembre de 2014, tres años después de que se ordenara la investigación. El problema está en que esta unidad de élite, que tiene abiertas numerosas investigaciones contra la corrupción, no ha comenzado hasta hace poco a delegar en otras unidades la investigación de distintas ayudas. Y si a eso se une que desde el primer momento no se siguió el rastro de las subvenciones más antiguas, no es extraño que la causa esté en la situación en la que está ahora y que la prescripción amenace con dejar impunes a muchos imputados.

Alaya no se considera culpable

CONFERENCIA MERCEDES ALAYA

La juez Mercedes Alaya, en una jornada universitaria esta semana en Sevilla.

Muchas de las críticas sobre la prescripción de los delitos en los ERE se han dirigido contra la juez Mercedes Alaya, que investigó el caso entre 2011 y 2015, cuando se marchó a la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla. La magistrada aseguró esta semana, en una jornada universitaria, que la “culpa” de las prescripciones y de las dilaciones indebidas no es del juez, sino de las “tramas delictuales”, dado que los macroprocesos son “extremadamente complicados y generan un esfuerzo personal y material que sobrepasa las posibilidades” del instructor.

El problema estriba que en que “se averigüe que hay indicios de la existencia de este delito demasiad tarde y ese delito se remonte” a muchos años atrás, lo que hace que el juez trabaje “con prisa y celeridad” y los medios materiales “no permiten seguir investigando eficazmente”. Alaya añadió que la culpa de que aparezcan estas tramas delictivas está en que “se han consentido durante mucho tiempo y esa corrupción política existe con el conocimiento casi notorio por parte de mucha gente”.

La juez cargó contra la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que ha fijado unos plazos para la instrucción de las causas –seis meses para las sencillas y 18 meses para las complejas, como las macrocausa-, algo que consideró que supone colocar una “espada de Damocles” sobre los magistrados, “cuando hay tramas de corrupción tan importantes, cuando hay tantos millones, millones y millones defraudados”.

 

Sanz, el acusador popular

Jorge Muñoz | 4 de octubre de 2015 a las 6:00

SANZ1Separar la actuación institucional de la que se ejerce desde un partido político no resulta fácil en muchas ocasiones, sobre todo cuando se está en el Gobierno. Y no es lo mismo estar en el partido que formar parte del Gobierno, aunque a veces se tienda a mezclar ambos conceptos. Algo así se puede decir que ha ocurrido con el delegado del Gobierno en Andalucía, el popular Antonio Sanz, que sigue ejerciendo la acusación popular en el caso de los ERE fraudulentos a pesar de que desde febrero de este año ocupa el despacho principal de la Torre Sur de la Plaza de España.
No hay nada que impida a priori que Antonio Sanz siga ejerciendo la acusación popular en esta macrocausa. Es más una cuestión estética, de imagen, más que legal. Si era hasta cierto punto lógico que el secretario general del PP-A se personara en el caso de los ERE cuando estalló el escándalo en 2011 (Sanz ocupó el cargo entre 2006 y 2012), lo que no lo es tanto es que mantenga esa posición después de ser nombrado en febrero pasado delegado del Gobierno en Andalucía por Mariano Rajoy. Algunos dirán que es lo mismo, pero no da igual.
Supongamos que la situación se mantiene, que la instrucción de los ERE avanza –sobre todo ahora que la juez María Núñez Bolaños ha dividido la macrocausa en piezas separadas– y que comienzan los primeros juicios. En esos procesos, la acusación popular, al igual que el Fiscal, tendrá que presentar sus escritos de conclusiones provisionales y pedir una posible condena para los imputados. ¿Quién estaría pidiendo, llegado el caso, la condena para los ex altos cargos de la Junta? ¿La acusación del PP o el delegado del Gobierno en Andalucía?
Es una cuestión de estética, o no, porque al final es difícil deslindar la figura del que ejerce las acciones penales de su cargo como delegado del Gobierno.
La situación se complica aún más cuando el acusador popular propone pruebas en beneficio de la actuación del Gobierno en el caso de las ayudas concedidas por el Estado a la Faja Pirítica de Huelva. La juez Bolaños ordenó a principios de septiembre que se investiguen posibles delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en relación con las subvenciones concedidas por el Ministerio de Trabajo a la Faja Pirítica de Huelva.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz.

La decisión de la juez venía motivada por un oficio de la Guardia Civil en el que los agentes precisaban que venían desarrollando una “línea de investigación” sobre la presunta comisión de delitos por las ayudas para el pago de las pólizas de prejubilación que concedió el Ministerio a los mineros mayores de 55 años. La Guardia Civil advertía de que había detectado cómo la Administración central “presuntamente utilizó de forma voluntaria y de manera arbitraria los listados de edades bonificadas confeccionadas por los comités de empresa para determinar qué trabajador tenía más de 55 años, pese a que tenía conocimiento de que dichos listados eran erróneos al alza y que la institución competente para determinar dicha edad era el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que además pertenecía al propio Ministerio de Trabajo y, sin embargo, no utilizó los cálculos realizados por dicha institución para determinar la edad de cada minero”.
Ante esta decisión de la juez, el delegado del Gobierno presentó el pasado 25 de septiembre el escrito que se reproduce arriba y en el que, en primer lugar, muestra su sorpresa por el hecho de que tras el oficio de la Guardia Civil de Huelva de “motu proprio se había iniciado una investigación prospectiva –lo que está vedado en nuestro derecho penal como ha puesto recientemente de manifiesto la Audiencia de Sevilla– sobre la aplicación de los coeficientes correctores para el cálculo de la edad de jubilación en la minería de Huelva”.
No deja de resultar llamativo que la acusación del PP o del delegado del Gobierno, que durante años permitió a la juez Alaya la apertura de líneas y líneas de investigación, hable ahora de instrucción prospectiva por la ayudas que pueden salpicar al Estado. Es la doble vara de medir.
Pero hay más, en el escrito remitido a la juez Bolaños por la representación de Antonio Sanz, se pone de manifiesto que además del informe policial sobre la Faja Pirítica con posterioridad “se ha recibido del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Delegación del Gobierno de Andalucía” –la misma que preside– documentos en los que se “evidencia que en todo momento se siguió por parte del Ministerio de Trabajo el procedimiento legalmente establecido para la concesión de las ayudas a los prejubilados de la Faja Pirítica de Huelva, siguiendo lo preceptuado en la orden de 5 de abril de 1995”. Es decir, el delegado del Gobierno sale en defensa del Estado citando informes de la Delegación…
El escrito de Antonio Sanz pide a la juez Bolaños que cite a declarar, en calidad de testigos peritos, a dos inspectores de la Inspección General de Servicios del Ministerio de Trabajo que con fecha 17 de marzo de 2011 elaboraron un informe que concluye que la dirección provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social “obró siempre con todo rigor en la aplicación de los criterios emanados en cada momento de sus servicios centrales, y cuando fue necesario establecer los coeficientes reductores de la edad de jubilación, conforme a las referidas relaciones nominales de trabajadores, procedió a su cálculo descontando cuidadosamente todos aquellos periodos que pudiesen resultar coincidentes con periodos de suspensión de los contratos de cada uno de los trabajadores afectados”.
Ese informe ahora aportado por Sanz añadía que “no se puede deducir que haya habido actuaciones irregulares en la aplicación de los coeficientes reductores de la edad de jubilación” de los trabajadores de Minas de Riotinto S. A. autorizados por Expedientes de Regulación de Empleo relativos al año 2003 y anteriores”.
Sanz pide la declaración de los inspectores para el “buen fin de la investigación y el esclarecimiento de los hechos”. La acusación ahora defiende.

El laberinto del caso Alaya

Jorge Muñoz | 13 de septiembre de 2015 a las 6:00

alaya-bolañosLo que parecía un destino provisional en la Audiencia de Sevilla para sólo unos días, o como mucho para varias semanas, se antoja cada vez más definitivo para la juez Mercedes Alaya. Su intención de seguir a toda costa con la instrucción de la totalidad de las macrocausas y el hecho de que no haya dudado lo más mínimo en lanzar severas y aparentemente injustificadas críticas contra su sustituta, la juez María Núñez Bolaños, y contra el magistrado Álvaro Martín, que en los últimos años ha asumido en silencio la tramitación de los asuntos ordinarios del juzgado número 6 mientras Alaya se dedicaba en exclusiva a investigar los grandes procesos –los mismos que le han permitido acaparar los grandes titulares y la han convertido en una juez mediática–, parece que han acabado por apartarla cada vez más de esas investigaciones a las que tanto empeño y esfuerzo ha dedicado en el último lustro.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que preside Carlos Lesmes, y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de Lorenzo del Río están envueltos desde junio pasado en un peligroso juego del tiki-taka en el que nadie se atreve –o quizás no le dejan– ponerle el cascabel al gato. Esta misma semana el máximo órgano de gobierno de los jueces volvió a pasar la pelota al tejado de Lorenzo del Río, al solicitar un nuevo informe a la Sala de Gobierno del Alto Tribunal andaluz sobre el plan de trabajo que dicha Sala aprobó en junio pasado para el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, en el que se acordó dejar en manos de Alaya la instrucción del caso de los ERE fraudulentos y la investigación del delito societario de Mercasevilla, mientras que la titular del juzgado, María Núñez Bolaños, se encargaría del resto de las macrocausas, incluidas la de los cursos de formación y la de los préstamos y avales concedidos por la agencia Idea.

El presidente del TSJA, Lorenzo del Río.

El presidente del TSJA, Lorenzo del Río.

Según fuentes del CGPJ, la solicitud de este nuevo informe viene motivada porque la juez Bolaños ha decidido, con posterioridad al acuerdo de la Sala de Gobierno del TSJA, dividir el caso de los ERE en tres grandes bloques de piezas separadas, una petición que todo el mundo reclamada desde hace tiempo: lo habían solicitado la Fiscalía Anticorrupción, el TSJAy el propioTribunal Supremo, que también preside Lesmes. Pero no nos equivoquemos, lo que está ocurriendo con la falta de resolución en este caso no se trata exclusivamente de un problema de burocracia judicial, porque encierra una serie de tensiones jurídico-políticas mucho más complejas.
Aquí nadie quiere pasar a la historia como el órgano que apartó a la juez Alaya, que sigue gozando de un merecido prestigio social, de la investigaciones que mantienen en jaque a un grupo de importantes dirigentes o ex dirigentes políticos y del mundo económico y social.
El último informe de la Sala de Gobierno del TSJA, que la Comisión Permanente del CGPJ lleva mareando desde hace meses sin adoptar una resolución, ponía el acento sobre el hecho de que después de las críticas de Alaya a Bolaños –a la que acusó de no estar preparada para asumir las investigaciones y de la que criticó su “estrecha amistad” con el consejero de Justicia, Emilio de Llera–, era imposible que existiera la “colaboración” que inexorablemente debe producirse entre una juez titular y otra a la que se ha concedido una comisión de servicio para, precisamente, tratar de agilizar y concluir algunas de las macrocausas que se mantienen abiertas desde hace años.
¿Y qué panorama se vislumbra ahora tras el nuevo informe solicitado por el CGPJ? Uno nada esperanzador, en el que, en el mejor de los casos, no habrá resolución para este laberinto hasta bien entrado el mes de octubre, es decir, más de tres meses después de que la juez Alaya se haya incorporado a su nuevo destino como magistrada de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, conocida popularmente en los ambientes jurídicos como el Kremlin y cuyos magistrados opusieron inicialmente reparos a la llegada de Alaya porque esta Sala tiene precisamente encomendada la resolución de todos los recursos derivados de la instrucción del caso de los ERE.

El presidente del CGPJ y del Supremo, Carlos Lesmes

El presidente del CGPJ y del Supremo, Carlos Lesmes

Y la resolución de este laberinto puede retrasarse hasta bien entrado el otoño porque, en principio, la Sala de Gobierno del TSJA no abordará hasta su reunión del próximo 22 de septiembre la nueva petición del CGPJ y, a partir de ahí, las opciones vuelven a multiplicarse. Para empezar, el tribunal andaluz podría volver a plantear a la juez María Núñez Bolaños –que no debe olvidarse es la juez natural predeterminada por la ley para investigar todas las macrocausas dada su condición de titular del juzgado– que dé su opinión sobre cómo debe repartirse la investigación de la causa de los ERE tras la división de este sumario. Es decir, aunque el TSJAatribuyó a Alaya dicha investigación mientras el CGPJ ratificar la distribución del trabajo, la opinión de la titular del órgano debe tenerse en cuenta a la hora de decidir.
Supongo que Bolaños no va a entregar a Alaya, al menos sin plantear batalla, la pieza más golosa de los ERE, la del denominado procedimiento específico, en la que se incluyen, entre otros altos cargos, los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, cuya investigación debe volver al juzgado sevillano al haber perdido su condición de aforados.
Cuando el TSJAresuelva, su propuesta deberá ser ratificada por el CGPJ, pero tal y como se está dilatando el proceso, el puzle no se resolverá hasta bien entrado el mes de octubre. Se habrá perdido un tiempo inestimable en una ya de por sí interminable y monstruosa instrucción judicial.

“Sinceramente, como juez no trabajo para los medios”

Jorge Muñoz | 27 de mayo de 2015 a las 6:00

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El ex interventor general de la Junta Manuel Gómez, cuando declaró ante la juez Alaya.

Que la Justicia no trabaja para los medios de comunicación, ya lo sabemos. Que hay jueces que, si pudieran, impedirían la entrada de los periodistas en los tribunales, también. Afortunadamente, una buena parte de la judicatura comprende la labor que realizan los cronistas de tribunales, uno de los estilos periodísticos que todavía permanecen más puros a pesar del efecto de prensa rosa que, cada vez con más frecuencia, invade el periodismo judicial debido al enjuiciamiento de personajes del corazón. Lo que les voy a contar sucedió en el Tribunal Supremo y durante el interrogatorio del ex interventor general de la Junta Manuel Gómez, quien pidió declarar voluntariamente después de que los ex presidentes de la Junta José Antonio Griñán y otros aforados derivaran las responsabilidades hacia la intervención general, por no haber realizado el denominado informe de actuación.

El fiscal estaba interrogando al ex interventor sobre las deficiencias detectadas en los expedientes de las ayudas, en algunos de los cuales no había ningún tipo de requisitos ni condiciones, ni reintegro, ni revisión. En ese momento intervino el abogado Gonzalo Martínez Fresneda, que representa al ex consejero de la Presidencia Gaspar Zarrías, para protestar por cómo se estaba tomando el acta de la declaración, que también se grabó. El diálogo que se suscitó fue el siguiente (juzguen ustedes mismos):

–Letrado de Zarrías: Me gustaría que constaran las preguntas del fiscal literalmente en el acta ya que está insinuando la respuesta.

–El instructor, Alberto Jorge Barreiro: Las declaraciones se están grabando y en su momento serán transcritas íntegramente, con las preguntas y respuestas.

–Letrado de Zarrías: Es que luego van a llegar a los medios de comunicación y claro, tiene su importancia, ¿no? El fiscal está afirmando que ha habido menoscabo y el testigo, no sé si llamarlo testigo, lo ha negado ya varias veces, así que es relevante que en la pregunta esté esa afirmación. Me gustaría que constara la pregunta en el acta.

–Instructor: Tienen que tener en cuenta los letrados que la Justicia actúa con los medios que tiene a día de hoy y con las posibilidades que tiene de transcribir inmediatamente o no el acta. Se hará lo posible, como con la del señor Griñán, por transcribirla íntegramente. Lo que no puede hacer la Justicia es operar de cara a los medios. Si mañana en los medios sale algo que guste o que no guste o que la pregunta no salga en los medios por no estar todavía transcrita el acta. Sinceramente, como juez no trabajo para los medios.

–Letrado de Zarrías: Pero este señor viene a declarar por lo que ha leído en los medios, señoría.

–Instructor: Ya.

–Letrado: Viene a declarar por lo que ha leído en los medios y toda su declaración es eso. Es una represalia por lo que ha leído en los medios. Eso tiene su importancia luego.

–Instructor: También discrepo del señor letrado. Este señor ha venido a declarar porque ha pedido declarar. Ése es el motivo pro el que ha venido a declarar. No es una víctima de los medios. Viene a declarar porque se ha enterado de unas declaraciones que le perjudicaban referidas por algunos de los imputados, y como le perjudicaban ha venido aquí a ejercitar en teoría su derecho de defensa. El instructor considera en este caso que es un testigo, un testigo/imputado, de los más nucleares del caso pues… y los fiscales lo pidieron y también la acusación popular, sin iniciativa ninguna de este instructor. El instructor estimó pertinente, ante la petición de las acusaciones, que viniera a declarar. Ése es el motivo, que quede claro. Sé que los medios afectan a los procesos. Pero, aunque los medios afecten a los proceso, a todo hay que ponerle un freno. Entonces no puedo estar llevando esta vista por lo que salga mañana en los medios, yendo detrás del ritmo de los medios, que quede bien claro para todas las partes que están presentes.

En este momento, interviene en la discusión el fiscal para decir lo siguiente:

–Fiscal: Simplemente hay que advertir que…

–Instructor: Si alguna pregunta considero que…

–Fiscal: No, no. Hay que advertir una cosa simplemente. No entiendo que vayan a ir las declaraciones a los medios de comunicación. Eso no es posible en el estado procesal en que estamos. Por lo tanto se está haciendo una advertencia y desde luego por el fiscal no van a los medios de comunicación, no pueden ir a los medios de comunicación. Hay que decírselo al letrado.  A ver si se enteran de una vez de que no pueden ir a los medios de comunicación. Son secretas las actuaciones, no son públicas, primera cuestión. Y segunda cuestión, el fiscal, a la vista de las declaraciones prestadas por los aforados, entendió que era necesaria la presencia del interventor, pero no porque lo dijeran los medios de comunicación. Son dos advertencias claras que creo que deben constar también.

–Instructor: Se comparte el criterio del Ministerio Fiscal de que el sumario en principio es secreto, pero, en fin, ese es otro de los déficits con que nos movemos, que se incumple el secreto legal de sumario. Y no solamente hay que operar con los medios, sino que después hay que seguir, una vez que están los medios dentro, el ritmo que se marca desde los medios. Como juez tengo claro que no voy a seguir esa línea. ¿Alguna pregunta más del Ministerio Fiscal?

–Manuel Gómez, el ex interventor: Yo no he contestado.

–Instructor: Ah, ¿no ha contestado usted?, pues conteste usted.

 

Y así acaba el incidente, según recoge la transcripción completa de la declaración del ex interventor, a la que han tenido acceso los medios… ¿Qué opinan del debate y de las opiniones del magistrado? Desde luego es interesante como convergen muchas ocasiones los debates jurídicos con los meramente mediáticos….

 

El alegato de Griñán

Jorge Muñoz | 12 de abril de 2015 a las 8:00

GRI?AN A SU SALIDA DEL TRIBUNAL SUPREMO

El ex presidente de la Junta José Antonio Griñán defendió el pasado jueves en el Tribunal Supremo que su departamento, la Consejería de Economía y Hacienda, tuvo una actuación “irreprochable”, por cuanto incrementó año tras año los controles sobre unas ayudas que, a la postre, resultaron ineficaces para evitar lo que el propio Griñán definió como un “gran fraude”.
Fuentes de la defensa del senador destacaron que el alegato principal que el senador socialista esgrimió ante el instructor del Alto Tribunal no radica tanto en el hecho de que Griñán asegurara que no recibió los informes de la Intervención General de la Junta que alertaban sobre las irregularidades, sino en el hecho de que su consejería y, posteriormente, su gobierno, no mantuvieron una actitud de inactividad porque se adoptaron numerosas medidas para paliar las observaciones que realizaba el órgano fiscalizador de la Junta. Según la defensa de Griñán, se actuó, “año tras año”, por lo que la inactividad de la Consejería de Economía “es falsa”.
La propia memoria anual de 2006, elevada al Consejo de Gobierno, reconocía, según explicaron estas fuentes, que se habían incrementado los medios y se habían fortalecido las medidas de Control Financiero Permanente.
La Consejería de Hacienda, según los argumentos aportados por Griñán en su comparecencia judicial, había actuado en función de las memorias y siempre conforme a las propuestas del interventor general de la Junta, pero la Intervención no realizó un informe de actuación con propuestas para corregir las posibles irregularidades, porque la Intervención hablaba de incumplimientos pero en ningún momento de “ilegalidades”.
Entre las medidas que Hacienda promovió para mejorar los controles destaca la adoptada en 2007 por el Consejo de Gobierno cuando se “instruyó” a la Intervención General de la Junta para que si las consejerías no le hacía caso o se pudiera detectar “fraude o menoscabo de fondos públicos” elevara el correspondiente informe de actuación.
Posteriormente, la Intervención solicitó mayor flexibilidad en la utilización de la Encomienda de Gestión –el mecanismo que luego sustituiría a las transferencias de financiación– y en los presupuestos de 2009 el mismo órgano solicitó incluir un artículo en la ley de Presupuestos para “regular” dicha Encomienda.
La tesis del ex presidente pasa por defender la legalidad de su actuación y del propio sistema de las transferencias de financiación, rechazando que este instrumento no fuese adecuado para el pago de las ayudas porque –como mantienen los peritos que han realizado el informe incorporado al sumario– las mismas sólo podían utilizarse para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias.
Con respecto a la labor desarrollada por la Intervención General de la Junta, el senador quiso dejar claro ante el instructor del Supremo, el magistrado Alberto Jorge Barreiro, que este organismo estuvo también actuando para mejorar los controles y cambiar el sistema de las transferencias de financiación por la Encomienda de Gestión, que fue introducida finalmente en 2010.
Aunque el interventor general de la Junta Manuel Gómez, que está imputado por la juez Alaya, no realizó el informe de actuación, Griñán “no cree que éste hiciera dejación de funciones”.
En su comparecencia, Griñán derivó claramente la responsabilidad del fraude de los ERE hacia los titulares de la Consejería de Empleo, dado que a su juicio el problema no estaba en la fase presupuestación sino en la de ejecución del gasto y, en este caso, “falló el control del gasto”. Como consejero de Hacienda, dijo Griñán, no podía ser responsable de “cómo se gestiona el gasto en otro departamento, en este caso Empleo”, porque el control le corresponde a la Intervención General de la Administración.

‘ERRE que ERRE’ con los ERE

Jorge Muñoz | 27 de enero de 2015 a las 6:00

Alaya no da su brazo a torcer, ni aunque lo diga el Supremo. La magistrada acaba de remitir una nueva “exposición razonada” al TSJA con los indicios contra los cuatro aforados autonómicos -Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, Manuel Recio y Antonio Ávila-, en la que, desoyendo al Tribunal Supremo y a la Fiscalía, ha reiterado su criterio de no dividir el voluminoso sumario en piezas separadas para agilizar su instrucción.

Además, la juez ha enviado al Tribunal andaluz no sólo la parte que afecta a estos cuatro ex consejeros -ahora blindados hasta que pasen las elecciones andaluzas- sino la totalidad del sumario, incluidos los 229 imputados en este proceso que comenzó a investigarse hace cuatro años.

La insistencia de la magistrada en negarse a dividir el sumario no es nueva. Alaya ha rechazado en otras ocasiones anteriores la petición que en este sentido le había hecho la Fiscalía Anticorrupción.

El propio Tribunal Supremo advirtió cuando abrió la causa contra Chaves y Griñán y otros tres aforados, en noviembre pasado, de la necesidad de dividir la causa, mostrándose a favor de la propuesta del fiscal de investigar y enjuiciar de forma independiente los hechos relativos al denominado “procedimiento específico” por el que se concedían las ayudas bajo sospecha: la ideación, diseño, organización y establecimiento del sistema, así como las  las actuaciones consistentes en decisiones que en el tiempo supusieron el mantenimiento del sistema durante 12 años.

El Supremo citaba una sentencia de la propia Sala de lo Penal de diciembre de 2013 sobre la complejidad de los macroprocesos, lo que redunda en las dilaciones en la tramitación, algo que no se produciría en el caso de que hubiera más procedimientos, y advertía expresamente de la “disparatada prolongación” de las sesiones del juicio oral.

La Fiscalía reiteró en su informe la “conveniencia de dividir la causa principal en diversas piezas separadas, ya que las conductas de los aforados pueden ser analizadas de forma separadas”. Entendía el Ministerio Público que la causa de los ERE es “ciertamente escindible” del resto de la instrucción y nada impedía que el TSJA también asumiera la investigación en lo referente a los aforados autonómicos.

Tras el auto del Supremo que abrió la causa contra Chaves y Griñán, la Fiscalía Anticorrupción pidió a Alaya que elevara al TSJA otra exposición razonada, en un escrito en el que recordaba a la juez que según el Supremo la causa debe dividirse en distintas piezas separadas. Anticorrupción llegaba a apuntar asimismo que, ante la carga de trabajo del juzgado y “la ingente” tarea resultaba necesario que se nombraran jueces de apoyo, dotados de recursos humanos y materiales para poder “avanzar simultáneamente en la instrucción de las piezas que se formen”.

La Fiscalía llegaba a apuntar que hay al menos nueve ayudas -Aglomerados Morell, Surcolor, Saldauto, Matadero de Fuenteobejuna, Río Grande, Acyco, Calderinox, Hotel Cervantes y Mercasevilla- que se encuentran en un estado tan avanzado de investigación que incluso podrían ir a juicio a lo largo de este 2015.

Per0 Alaya ha demostrado, por activa y por pasiva, que no apuesta por la división del sumario, un criterio que ha impuesto incluso sobre las órdenes del Tribunal Supremo. Alaya sigue “erre que erre” con su planteamiento, por lo que mucho me temo que la idea de la Fiscalía de juzgar esas nueve ayudas este año quedará en saco roto. Y luego algunos se echarán las manos a la cabeza cuando los acusados se beneficien del retraso de la Justicia….

Alaya extiende el océano de los ERE

Jorge Muñoz | 27 de diciembre de 2014 a las 6:00

Alaya, la juez incansable –como ella misma llegó a definirse–, sigue dando muestras de su incombustibilidad, aunque a veces en ese ánimo de abarcar lo inabarcable invada la competencia de otro juzgado. Su último auto, con sólo una extensión de tres folios, incluye una nueva bomba de racimo que detona sobre el sumario de los ERE fraudulentos –el que parecía bien encarrilado tras la exposición razonada remitida al Supremo– y que vuelve a salpicar las entrañas de la Junta de Andalucía en plenas fechas Navideñas –la resolución tiene fecha de la víspera de Nochebuena–.

La capacidad de trabajo de la juez es irreprochable, nunca me cansaré de reconocerlo, pero en el derecho español no caben las causas generales, como ésta que la juez parece abrir de nuevo, en este caso sobre las empresas públicas de la Junta donde Alaya quiere buscar los “paralelismos” con lo ocurrido en la agencia IDEA, que era utilizada como caja pagadora de las ayudas de los ERE y de esta forma se eludía, siempre según las tesis de la instructora, el control y la fiscalización previa de las subvenciones.

El problema de la nueva vía abierta por la juez Alaya es que la instructora ha decidido ampliar las pesquisas a algo de lo que ya se percató la Fiscalía Anticorrupción hace precisamente un año, cuando investigaba las presuntas irregularidades en la sociedad pública de capital riesgo Invercaria y se topó con un informe de la Intervención General donde se ponían de manifiesto otros “defectos” a la hora de contabilizar las transferencias de financiación realizadas por nueve empresas públicas. El juez de Instrucción número 16 de Sevilla abrió entonces nueve diligencias previas, una por cada una de las empresas públicas que usaron además el mecanismo de las transferencias de financiación.

Lo normal es que ahora la Fiscalía Anticorrupción recurra el nuevo auto de Alaya, porque en este caso la competencia para investigar los hechos correspondería a este otro juzgado que lleva más de un año tras la pista de esta nueva línea de investigación.

Alaya viaja en un utilitario desaliñado y sin aire acondicionado

Jorge Muñoz | 22 de octubre de 2014 a las 5:00

Una imagen del coche donde los escoltas llevan a diario a la juez Alaya

Una imagen del coche donde los escoltas llevan a diario a la juez Alaya

La Real Academia Española de la Lengua define coche utilitario como el que es “modesto y de escaso consumo”. A tenor de la imagen que ilustra este post, no cabe duda de que el vehículo oficial que utiliza el servicio de escolta de la juez Alaya puede considerarse como utilitario, aunque lo menos que se puede pedir a la Jefatura Superior de Policía y al Ministerio del Interior es que el coche reúna unas mínimas condiciones que no parece que tenga el Renault Clío que cada día recoge a la magistrada en los juzgados de Sevilla. No digo que Alaya tenga que viajar en un Mercedes ni en otro coche de alta gama, pero por lo que puede verse en la imagen el coche que actualmente se utiliza deja mucho que desear.

Uno de los coches que utilizan los agentes de la TIA (Técnicos de Investigación Aeroterráquea) creada por el maestro Francisco Ibáñez.

Uno de los vehículos que utilizan los agentes de la TIA (Técnicos de Investigación Aeroterráquea), organización creada por el maestro Francisco Ibáñez para sus cómic. Los Seat 600 y los Seat 124 aparecen con frecuencia conducidos por estos peculiares agentes de la saga.

Al margen de los desperfectos que se aprecian en el espejo retrovisor y en la chapa del vehículo oficial, y también en la tapicería interior -hay incluso remaches de otras telas en alguno de los asientos- que dan una imagen más propia de un vehículo de Mortadelo y Filemón  o del inspector José Luis Torrente -ahora que acaba de estrenar nueva película de la saga protagonizada por Santiago Segura- que de uno de la Policía española, lo más grave es que no le funciona el aire acondicionado. Esto supone una auténtica maldición en una ciudad como Sevilla que, en pleno mes de octubre, sigue alcanzando temperaturas por encima de los 30 grados.

Y por supuesto que de blindaje ni hablamos...

 

 

 

No parece que un utilitario de este tipo sea el más adecuado para llevar a una juez a la que se tuvo que fijar hace un año un servicio de escolta policial, después de que la magistrada fuese gravemente insultada por centenares de sindicalistas que se agolparon a  las puertas de los juzgados de Sevilla para protestar por la detención de varios de sus líderes y exigir su puesta en libertad. Fue el propio decano de los jueces, Francisco Guerrero, el que trasladó a la Policía la necesidad de facilitar protección a la magistrada.

No se trata de una cuestión estética o de glamour, para nada, sino de seguridad, porque supongo que tampoco el vehículo tiene la suficiente potencia como para poder sacar a la magistrada y a su servicio de escolta en un caso de apuro. Como se ve, la falta de medios no sólo afecta a los juzgados, también a la Policía, pero lo que me pregunto -y llevo ya algunos años escribiendo sobre las carencias de los juzgados- es si realmente la Policía no dispone de coches más adecuados y potentes para llevar a una juez que está investigando varias causas extremadamente graves.

Seguro que sí los hay…. ¿no creen? 

Salvo que se trate de una cuestión de camuflaje y con este coche se intente pasar desapercibido, que tampoco pienso que sea el caso. Una cosa sí está clara, al menos el coche consume poco….