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Ayudas justas, no delictivas

Jorge Muñoz | 29 de abril de 2017 a las 2:00

Juzgados del PradoMovida por el caso de los ERE Habra que estar hasta las doce y algo para hacer varias cosas, incluido fotos a la juez Maria Nu?ez Bola?os para renovar el archivo

La juez María Núñez Bolaños llega a los juzgados. Foto: Juan Carlos Vázquez.

Hace tan sólo unos meses, en octubre pasado, la juez de los ERE, María Núñez Bolaños, abrió un debate muy interesante para el devenir de la investigación de las macrocausas. La juez decidió archivar entonces la primera pieza de los ERE no porque las ayudas concedidas en su día hubieran prescrito, sino porque no apreció que en las mismas se hubiesen cometido los delitos de prevaricación y malversación que han marcado la instrucción desde el inicio. En ese auto, dictado el 11 de octubre, Bolaños archivó la causa relativa a las ayudas de 1,3 millones concedidas a la empresa Azucareras Reunidas de Jaén porque la ayuda no era “injusta” y además en la misma no aparecen intrusos, con independencia de que el procedimiento empleado en la tramitación pudiera ser inadecuado.
Ese auto ha sido ahora revocado por la Audiencia de Sevilla, que ha ordenado a la magistrada que siga investigando esta ayuda porque entiende que hay una “patente apariencia” de que se han cometido los delitos de prevaricación y malversación de caudales.
La Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, encargada de los recursos, tenía en sus manos la posibilidad de poner coto a la investigación expansiva que en su día realizó la anterior instructora, Mercedes Alaya, con el amparo de la Fiscalía Anticorrupción. La cuestión no es nueva y su autoría no puede atribuirse en exclusiva a la juez Bolaños, dado que el magistrado Alberto Jorge Barreiro, que en su día instruyó en el Tribunal Supremo la causa de los ERE cuando Manuel Chaves y José Antonio Griñán eran aforados, ya lo expuso claramente en uno de sus autos.
Decía el juez Barreiro que el hecho de que las subvenciones de los ERE sean “nulas por haber infringido el ordenamiento jurídico, no significa que todo el dinero concedido con cargo a ese programa presupuestario haya sido defraudado en perjuicio del erario público”. El magistrado añadía que “un porcentaje de las subvenciones ilegalmente concedidas habría que concederlas también en el caso de que la concesión fuera legalmente tramitada”.
La propia Audiencia de Sevilla reconocía recientemente en uno de sus autos que tras estallar el escándalo de los ERE, la Consejería de Empleo inició un plan para recuperar los pagos indebidos que dio lugar a 69 informes referidos a 70 empresas, donde se analizaron 322 pólizas que afectaban a 5.982 personas, de las cuales “72 nunca habían trabajado para las empresas beneficiarias de las ayudas y otras 54 no cumplían los requisitos mínimos para ser beneficiarios de dichas ayudas”. Es decir, de unos 6.000 trabajadores, las supuestas ilegalidades se reducen a 126 personas, que habrían percibido más de 12 millones de euros, que ya son objeto de reclamación, frente a los 741 millones –la totalidad– en que cifra el fraude la Fiscalía Anticorrupción.
La Audiencia ha cerrado ahora el debate, al confirmar de nuevo las tesis de Alaya de que todas las ayudas son ilegales porque parten de un procedimiento inadecuado. Da igual todo lo demás, que no haya intrusos, que la empresa pudiese haber recibido esa ayuda, etc.
La juez Bolaños aún no ha tomado ninguna decisión tras recibir el atestado de Heineken, pero visto el auto dictado ayer por la Audiencia, pocas posiblidades hay de que se produzcan nuevos archivos. En el caso de Heineken sorprende además que la Guardia Civil haya introducido delitos como el de administración desleal.

Más fricciones por los ERE

Jorge Muñoz | 11 de abril de 2017 a las 2:00

Juzgados del Prado Movida por el caso de los ERE  Habra que estar hasta las doce y algo para hacer varias cosas, incluido fotos a la juez Maria Nu?ez Bola?os para renovar el archivo

La juez María Núñez Bolaños sale de los juzgados de Sevilla.

El desencuentro cada vez más patente entre la juez de los ERE, María Núñez Bolaños, y los fiscales delegados de Anticorrupción, amenaza con convertirse en todo un culebrón. Y por capítulos. Si hace tan sólo unas semanas la Fiscalía Anticorrupción cargaba contra la instructora por usar argumentos sociales y “no jurídicos” a la hora de archivar la causa contra uno de los denominados intrusos, los representantes del Ministerio Público han vuelto a cuestionar una decisión de la instructora.
Esta nueva fricción se produce con motivo de una providencia dictada por la juez Bolaños el pasado 30 de marzo, en la que solicitaba a la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla que remitiera una “copia testimoniada” de todas las resoluciones que se dicten en relación con los recursos presentados en la denominada “pieza política” de los ERE, en la que se investiga el procedimiento específico que se implantó para la tramitación de las ayudas bajo sospecha y en la que están procesados los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán junto a otros 23 ex altos cargos de la administración autonómica.
En esa providencia, la juez motivaba la petición a la Audiencia de la entrega de esas resoluciones en tanto que “puedan afectar al curso del presente procedimiento”, en referencia a las diligencias 174/11, la causa matriz de los ERE de la que se han ido desgajando las diferentes piezas separadas para su enjuiciamiento por la Audiencia de Sevilla.
En el escrito presentado el pasado 5 de abril en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, los fiscales Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra plantean una aclaración a la magistrada.
En concreto, la Fiscalía “interesa que para un mejor entendimiento para todas las partes de los resuelto por la magistrada instructora se aclare el alcance de la afección que el dictado de resoluciones resolviendo recursos dictados” en las diligencias del procedimiento específico –“seguidas por hechos distintos, desgajados, de las presentes diligencias previas”–, puedan “tener sobre los hechos que aún siguen siendo objeto de las presentes”. Es decir, que los representantes del Ministerio Público no entienden la petición de la juez.
La respuesta de María Núñez Bolaños no se ha hecho esperar y, en otra providencia que ahora ha sido notificada, la instructora ha zanjado la cuestión al afirmar que la petición de que se le envíe una copia de los recursos “viene justificada por considerarlo útil e ilustrativo a la presente causa”.
No sabemos qué hará ahora la Fiscalía, si dará un paso más y recurrirá la providencia a la Audiencia, pero lo que sí evidencia este nuevo cruce de escritos es que las relaciones entre la instructora de la macrocausa y los fiscales del caso no parece que tiendan a normalizarse, sino todo lo contrario. El rifirrafe entre los fiscales y la juez continúa.

Sospechosos habituales sin “salvoconducto procesal”

Jorge Muñoz | 23 de marzo de 2017 a las 2:00

CASO ERE  JUZGADOS DEL PRADO Declara por sexta vez en este caso por el ERE de Egmasa el ex consejero Antonio Fernández

El ex consejero Antonio Fernández, uno de los “sospechosos habituales” de los ERE

No habrá “salvoconducto procesal” para los sospechosos habituales, los imputados de los ERE que serán juzgados en la pieza política del caso, la del denominado “procedimiento específico” por el que se concedían las ayudas, y que están abocados además a sentarse en el banquillo de los acusados posiblemente en las más de 200 piezas distintas que serán juzgadas individualmente, en relación con cada una de las ayudas.
La Audiencia de Sevilla ha rechazado la posibilidad de que estos investigados sean enjuiciados una única vez, al desestimar los recursos presentados por el ex consejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández y el ex director de la agencia Idea Jacinto Cañete. Ambos habían solicitado, tras ser procesados en la pieza del procedimiento específico, el “sobreseimiento parcial subjetivo” (sic) en las diligencias previas 174/2011, la causa matriz del escándalo de los ERE, de la que la juez María Núñez Bolaños está desgajando cada una de las piezas individuales de ayudas.

Ambos pedían ese archivo para que no pudieran ser imputados en cada una de las piezas, algo que según algunas fuentes consultas tiene cierta lógica jurídica. Si ya están imputados por su supuesta participación en la creación del sistema que habría permitido el fraude y van a ser enjuiciados por estos hechos, en los que incluso se les reclama una indemnización por la totalidad de las ayudas, no sería lógico jurídicamente que se repitiera luego un juicio por cada ayuda en el que volvieran a pedirse responsabilidades penales y civiles, partiendo según las defensas de que se trata de unos mismos hechos.
En un auto dictado ahora por la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, que tiene fecha del 3 de marzo, el tribunal señala que los recursos de Antonio Fernández y Jacinto Cañete sostienen que tras el dictado del auto de procesamiento del 31 de mayo de 2016 –el que procesó a Chaves y Griñán y otros 23 ex altos cargos– “se han venido a agotar los hechos de relevancia penal apreciables en su contra en el llamado caso de los ERE, de forma que toda pieza ya abierta o que se abra en el futuro dimanantes de las presentes diligencias 174/2011 implicarían la vulneración de su derecho fundamental a un juicio con las debidas garantías ya que supondría su persecución penal por los mismos hechos en más de un enjuiciamiento”, y la imposición de sucesivas supuestas penas en caso de condena.
Los magistrados ponen de manifiesto la “imposibilidad lógico-jurídica de entrar a analizar” esta petición porque no concretan los hechos que forman parte del objeto actual de las diligencias, por cuanto con esta petición de sobreseimiento entienden que se está reclamando una “especie de salvoconducto procesal que cierre la posibilidad de toda apertura futura de piezas separadas contra estos imputados, algo que es ajeno a la finalidad del instituto procesal del sobreseimiento que se reclama, y que conllevaría el riesgo de impedir la formación de piezas separadas cuya incoación sí pudiera estar justificada”.
El tribunal deja abierta la posibilidad, no obstante, a que en esos “eventuales otros procesos con los que deba establecerse la comparación entre los hechos objeto de uno y otro para aclarar si se está o no ante un doble enjuiciamiento, como los mismos apelantes han hecho ya”.

Defensas al contraataque

Jorge Muñoz | 20 de marzo de 2017 a las 2:00

UNA SALA PRESIDIDA POR UN EX ALTO CARGO ENJUICIARA A CHAVES Y GRI?AN

El magistrado de la Audiencia de Sevilla Pedro Izquierdo, que fue secretario para la Justicia entre 2008 y 2014.

Varias defensas pasan al contraataque en la recusación planteada contra el magistrado de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla Pedro Izquierdo. Los abogados de varios ex altos cargos de la Junta han presentado sendos escritos en los que se oponen al incidente de recusación planteado por las acusaciones populares que ejercen el sindicato Manos Limpias y el Partido Popular, al considerar que no concurre ni razones de amistad ni de interés directo o indirecto en el asunto.
La sorpresa en torno a la recusación puede venir de la mano de la Fiscalía Anticorrupción, que se va a pronunciar de manera inminente. En Sevilla, sin contar con la recusación de un magistrado del caso Betis, no se producía un incidente de tal nivel desde el año 2010, cuando una defensa recusó a la juez Mercedes Alaya por el caso Mercasevilla, por el hecho de que su marido había sido en el pasado auditor de cuentas del mercado mayorista. La Fiscalía de Sevilla, que inicialmente se pronunció en contra de la recusación de Alaya al no apreciar motivos, en un cambio radical en cuestión de días, acabó por apoyar que la juez fuese apartada del procedimiento, pero la Audiencia de Sevilla lo rechazó de forma tajante.
Ala espera de que la Fiscalía Anticorrupción se pronuncie, las defensas de varios ex altos cargos de la Junta, como el ex interventor general Manuel Gómez –también se han pronunciado el abogado de un ex consejero procesado–, han presentado escritos impugnando la recusación y, en consecuencia, apoyando que Pedro Izquierdo siga adelante.
Las defensas consideran que no hay causa legal para que el magistrado no forme parte del tribunal, pese a que durante ocho años (entre 2008 y 2014) ocupó el cargo de secretario general para la Justicia y, por tanto, coincidió con los dos ex presidentes imputados en la pieza del denominado “procedimiento específico” por el que se concedían las ayudas. No hay causa legal, pero sí la pérdida de la apariencia de imparcialidad, tal y como comenté recientemente en este mismo blog.
En el escrito presentado por la defensa del ex interventor general de la Junta y también del ex secretario general de Hacienda Antonio Estepa, se recuerda que Manos Limpias alegó las “dudas” que podía generar a un ciudadano medio la posible relación de amistad del magistrado o el interés que éste pudiera tener en el procedimiento.
Pero esas dudas o sospechas sobre la imparcialidad, prosigue, “no basta con que surjan en la mente de quien recusa, sino que es preciso determinar caso a caso si las mismas alcanzan una consistencia tal que permitan afirmar que se hallan objetiva y legítimamente justificadas”, según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que cita en su escrito.
Así, esta defensa rechaza que existan indicios de afinidad, sintonía política, compañerismo o amista que pudieran comprometer al juez en su función de juzgar, por cuanto “nadie puede, pues, ser descalificado como juez en razón de sus ideas y, por tanto, no resultaría constitucionalmente posible remover a los magistrados recusados, aun cuando fuesen ciertas las actitudes que se les atribuyen”.
En cuanto al interés directo, sostienen que la única relación del magistrado está en que algunos de los acusados fueron miembros del Consejo de Gobierno que aprobó su nombramiento, pero esto “no es suficiente para que prospere la pretensión”. La defensa concluye que “ni se acredita la pretendida relación de amistad, ni tampoco se acredita le existencia de un interés directo o indirecto”.

CASO ERE: Llamadas desconcertantes

Jorge Muñoz | 12 de febrero de 2017 a las 2:00

JUECES

Rosell

Nerviosismo, preocupación, intriga, desconcierto. Cualquiera de estas palabras podría usarse para intentar describir las extrañas maniobras que se han sucedido en las últimas semanas en la Audiencia Provincial de Sevilla para supuestamente teledirigir el sumario de la macrocausa de los ERE, el que afecta a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, hacia una concreta Sala o tribunal para su enjuiciamiento.

La cuestión llevaba analizándose desde muchos meses antes, cuando los 20 magistrados de las secciones Penales de la Audiencia de Sevilla –Primera, Tercera, Cuarta y Séptima– se reunieron en junio de 2016 para establecer los criterios para elegir al tribunal que debía enjuiciar el denominado “procedimiento específico” de los ERE, en el que están acusados los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán junto a otros 24 ex altos cargos, así como las distintas macrocausas que en los últimos años se han ido instruyendo sobre todo en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.
De esa reunión, surgió un acuerdo para establecer un turno de reparto específico para las causas de “especial complejidad”, entendiendo por éstas a las que excedían de los 3.000 folios –sin contar los posibles anexos documentales– o las que contaran con ocho o más intervinientes personados, sin tener en cuenta al Ministerio Fiscal y considerando como interviniente a cada acusado.
Ese acuerdo pareció –o debió– zanjar la polémica, pero no fue así. En septiembre de 2016, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ratificó el acuerdo de los jueces sevillanos y aprobó la modificación del turno de reparto de los asuntos en la Audiencia de Sevilla, lo que derivó en un sorteo entre las cuatro secciones penales para fijar el orden de inicio de ese turno nuevo. El sorteo, celebrado el 14 de octubre, deparó que fuese la sección Primera la que iniciara el turno específico. En realidad se habían fijado dos turnos, uno que la Audiencia denominaba como “recursos devolutivos contra resoluciones dictadas por órganos unipersonales”, que incluía sentencias y “autos interlocutorios”. Y un segundo reservado para los “asuntos de enjuiciamiento”, que engloba los “procesos ordinarios por delitos graves y procedimientos abreviados que son competencia de la Audiencia”. Aquí es donde debía incluirse el juicio por el “procedimiento específico” de los ERE, el primero cuya instrucción ha finalizado, junto al de las subvenciones concedidas a las empresas Acyco y Surcolor-Surcolor Óptica.
Un hecho que iba a cambiar de forma repentina la aparente normalidad con la que los jueces de la Audiencia habían asumido el turno de reparto fue el auto dictado el 4 de noviembre por el juez de refuerzo de Instrucción 6 Álvaro Martín, quien ese día dictó el auto de apertura de juicio oral contra los ex presidentes de la Junta y los otros 24 ex altos cargos. Con la instrucción finalizada, ese auto acercaba más a la Audiencia el reparto del primer juicio de los ERE.
En ese auto, el instructor concedió un plazo de un mes a las defensas de los 26 encausados para que presentaran sus correspondientes escritos de defensa, una vez conocida las peticiones de la Fiscalía Anticorrupción y de las demás acusaciones.
Las siguientes semanas de noviembre y las primeras de diciembre, el juez Álvaro Martín fue dando los últimos coletazos al caso con la clara intención de enviar el sumario de los ERE a la Audiencia antes de que finalizara su comisión de servicio en el juzgado de Instrucción número 6. El último día para que Álvaro Martín pudiera remitir el sumario era el 23 de diciembre pasado y ese día el magistrado dio instrucciones precisas para que la causa se enviara a la Audiencia. Sin embargo, no pudo hacerse porque, entre otras cuestiones, el procedimiento no estaba listo para su remisión porque faltaban aún por presentar –y estaban en plazo de hacerlo– los escritos de varias defensas.
Si la causa se hubiese enviado el 23 de diciembre, de acuerdo con el turno de reparto aprobado por los jueces de la Audiencia, el enjuiciamiento habría correspondido a la Sección Tercera, que preside el magistrado Ángel Márquez, quien en su día instruyó el denominado caso Juan Guerra. Márquez  había estado destinado precisamente en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla hasta 1998, cuando cedió el testigo a la juez Mercedes Alaya, la instructora de las macrocausas hasta el año 2015. Tras ese primer intento de enviar el sumario de Chaves y Griñán, se produjo un impasse propiciado por las vacaciones de Navidad, que prácticamente paralizan por completo el funcionamiento de los juzgados, salvo para las actuaciones consideradas urgentes.
Y una vez pasados los Reyes Magos, se produjeron los hechos más sorprendentes. El martes 10 de enero, a mediodía, poco antes de la finalización de la jornada en los juzgados, un magistrado de la Audiencia al que podría corresponder el juicio de Chaves y Griñán, telefoneó al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, pero no habló con la titular, María Núñez Bolaños, sino con un funcionario de esta oficina judicial. ¿El motivo? Interesarse sobre el hecho de por qué no se había remitido aún el sumario de los ERE a la Audiencia –que algunos esperaban para antes de las Navidades– y si quedaba aún mucho para que se elevara a la Audiencia. El funcionario no pudo dar respuesta a las inquietudes del magistrado.
Fue una conversación corta, pero que sin duda desató todas las señales de alarma. Unos dicen que con esa llamada –que no fue la única realizada desde la Audiencia, hubo al menos otras dos llamadas– el juez simplemente se estaba interesando por la supuesta demora en el envío de la causa por su interés en asumir el enjuiciamiento, aunque otras fuentes señalan que su interés era el contrario, que preguntaba porque no quería que le correspondiera el juicio.
Sea como fuere, lo grave es que se produjeran esas llamadas y que ese contacto no fuese por ejemplo a nivel de jueces, que podría tener cierta lógica entre compañeros, sino que se hiciera con un funcionario del juzgado y sin conocimiento de la titular, María Núñez Bolaños.

Los jueces María Núñez Bolaños y Álvaro Martín, en los juzgados de Sevilla.

Los jueces María Núñez Bolaños y Álvaro Martín, en los juzgados de Sevilla.

 

A partir de ese momento y conforme pasaban las semanas sin que el envío de la causa se produjera, aumentó la incertidumbre y las suspicacias, tanto en la Audiencia de Sevilla como en el juzgado de Instrucción.
Y también se dispararon los reproches mutuos y la rumorología, dándose por sentado en los mentideros judiciales que la juez Bolaños estaba supuestamente retrasando de forma intencionada la elevación a la Audiencia para controlar a qué Sala de la Audiencia podría corresponderle el caso de los ERE, cuando de los movimientos realizados por la Audiencia parece todo lo contrario, que el interés en controlar o al menos conocer el tribunal partía supuestamente de los magistrados de la Audiencia, los mismos que en teoría habían dejado zanjado en junio del año pasado el asunto del reparto de las piezas separadas de la macrocausa de los ERE. La juez Bolaños justificó la decisión de no enviar la causa en que estaba completando la documentación, de acuerdo con la “guía” para las macrocausas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
La situación se hacía cada vez más insostenible y llegó incluso a trascender el ámbito provincial hasta llegar al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), cuyo presidente aprovechó que el pasado 3 de febrero tenía que trasladarse a Sevilla para visitar varios órganos judiciales, para entrevistarse personalmente con el presidente de la Audiencia, Damián Álvarez, al que trasladó su preocupación por lo que estaba sucediendo con este primer juicio de los ERE.
Dicen que el presidente del TSJA pidió claridad y transparencia a la Audiencia, que se acabara con la rumorología, y Damián Álvarez convocó de nuevo a las secciones de lo Penal, que la semana pasada aprobaron modificar las normas de reparto para hacer un nuevo sorteo único y exclusivo para el caso de Chaves y Griñán. Oficialmente, la Audiencia ha justificado el nuevo sorteo por las “excepcionales circunstancias de especial complejidad y de singular trascendencia mediática” de la causa. En una cosa sí tiene razón el acuerdo de la Audiencia: las circunstancias que se han producido en torno al reparto son “excepcionales”, pero no por la complejidad del caso sino por las maniobras orquestadas por algunos jueces o sectores judiciales.

De sospechosos habituales a acusados perpetuos

Jorge Muñoz | 16 de octubre de 2016 a las 5:30

CASO ERE. Declaran cinco nuevos imputados.

El ex consejero Antonio Fernández, con su abogado Alfonso Martínez del Hoyo.

Fueron sin duda alguna los sospechosos habituales de la instrucción de los ERE, en la que llegaron a declarar en varias ocasiones –algunos incluso más de media docena de veces– y ahora se han convertido en los principales acusados de las tres primeras piezas cuya instrucción ha finalizado. Ninguno es Keyser Söze (el poderoso jefe de una organización criminal que interpreta Kevin Spacey en la película titulada Sospechosos habituales), pero son los acusados perpetuos, un reducido grupo compuesto, por ahora, por cinco ex altos cargos que figuran como procesados en esos tres procedimientos judiciales y a los que la Fiscalía ha solicitado penas de prisión de hasta 28 años y medio.
El juez de refuerzo Álvaro Martín ha culminado ya tres de las piezas piloto de los ERE diseñadas por María Núñez Bolaños: la del procedimiento específico –en la que hay 26 procesados–, la de las ayudas a Aceitunas y Conservas (Acyco), con 12 procesados, y la de Surcolor-Surcolor Óptica, con 16 implicados.Sólo en estas tres piezas de las más de 200 que deben formarse hay ya 54 procesados, de los cuales cinco son ex altos cargos que se repiten.

Agustín Barberá

Agustín Barberá

La lista de acusados perpetuos la encabezan Antonio Fernández y Agustín Barberá, ex consejero y ex viceconsejero de Empleo, respectivamente, quienes se sentarán en el banquillo en la primera pieza de los ERE, la del denominado “procedimiento específico” por el que se concedían las ayudas; así como por las ayudas concedidas por la Junta a las empresas Aceitunas y Conservas (Acyco) y Surcolor-Surcolor Óptica. La Fiscalía ha pedido a Fernández y Barberá la misma condena: ocho años de cárcel por el procedimiento específico, otros doce años y medio por su intervención en la subvención a Acyco, y ocho más por Surcolor.En total, las peticiones del Ministerio Público suman ya los 28,5 años de prisión, una condena global que supera la máxima para un delito grave como el asesinato –20 años– y el límite de cumplimiento máximo, que es de 25.
Otro ex altos cargos que acumulan tres peticiones de condena de la Fiscalía son los ex directores general de Trabajo Javier Guerrero (se enfrenta por ahora a 24 años de cárcel, a razón de ocho años por cada una de las acusaciones), Juan Márquez (18,5 años) y Daniel Alberto Rivera (18 años).

Javier Guerrero

Javier Guerrero

Además de estos cinco ex altos cargos, hay otros tres procesados que han sido enjuiciado en dos de las tres piezas finalizadas. Así, Antonio Albarracín y Jesús Bordallo, los ex representantes de Vitalia, la mediadora que gestionaba las pólizas, se enfrentan a 16 y 10 años de prisión, respectivamente, por su intervención en las ayudas de Acyco y Surcolor, en las que aparecieron los primeros intrusos, personas que fueron incluidas para percibir las ayudas a pesar de que nunca habían trabajado allí.

Y otro acusado, Miguel Ángel Serrano Aguilar, ex director de IDEA, la agencia que actuaba como caja pagadora de las ayudas que concedía la Consejería de Empleo, se enfrenta a una petición de la Fiscalía Anticorrupción de 16 años de cárcel tras haber sido procesado en la pieza del procedimiento específico y en la de Acyco.
Estos ocho acusados concentran sólo ellos 159 años y medio de cárcel, y todavía quedan muchas piezas por cerrar y muchos escritos de acusación de la Fiscalía por conocer. Es el peligro del que llevan ya advirtiendo las defensas desde hace tiempo, sobre todo desde que se dividió la macrocausa en piezas separadas para agilizar su enjuiciamiento. Uno de los primeros en alzar la voz fue el abogado de Juan Márquez, Manuel Pérez Cuajares, quien recurrió precisamente la división de los ERE porque entendía que con la separación de la causa su cliente podría ser condenado a 20 años de prisión, el doble de la pena prevista para un delito continuado de malversación. Así el artículo 76 del Código Penal establece que el máximo de cumplimiento efectivo de la condena “no podrá exceder del triple del tiempo que se le imponga la más grave de las penas en que haya incurrido, declarando extinguidas las que procedan desde que las ya impuestas cubran dicho máximo, que no podrá exceder de 20 años”.
El abogado Alfonso Martínez del Hoyo, que defiende al ex consejero Antonio Fernández, también lleva tiempo advirtiendo de los riesgos e incluso nada más dictarse el auto de procedimiento abreviado en la “pieza política” de los ERE promovió un incidente solicitando el sobreseimiento en todas las demás piezas y que no fuera incluido en ninguna más. “Y ello en base a que, como principio elemental del derecho Penal, nadie puede ser investigado y juzgado más que una vez por unos mismos hechos”, explicó ayer el letrado.

CASO ERE. DECLARA JUAN MARQUEZ

juan Márquez

Alfonso Martínez del Hoyo añade que dada la delimitación objetiva de la causa que se hacía en aquel auto, efectuando un relato de hechos que incluía la concesión y el pago de la totalidad de las ayudas objeto del proceso y efectuando, además, una calificación provisional de tales hechos como delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos, “sólo cabe entonces entender que cualesquiera de las ayudas objeto de las demás piezas separadas no son sino una parte del todo que constituye ya el objeto de la pieza de procedimiento específico, y cuyo todo sin excepción, además, ha sido objeto ya de la acusación por parte del Ministerio Fiscal en dicha pieza. De manera que no caben nuevas y duplicadas investigaciones ni acusaciones en cuanto a lo que, en definitiva, no son más que unos mismos hechos”.
Pero ese incidente, planteado en junio pasado, sigue sin resolverse por el juzgado a día de hoy. El defensor entiende que el juzgado ha entrado en contradicción con los autos dictados sobre Acyco y Surcolor e incluir en las mismas a Antonio Fernández por hechos que no son sino “una parte de ese todo” en el que ya previamente lo incluyó. Esos nuevos autos han sido recurridos por tal motivo, pero lo cierto es que, antes de ser resueltos, han sido presentados los correspondientes escritos de acusación por parte de la Fiscalía.

CASO ERE / DECLARA EL EX DIRECTOR DE TRABAJO DANIEL ALBERTO RIVERA.

Daniel Alberto Rivera

Para Del Hoyo, la situación actual resulta “muy alarmante” desde la necesidad de preservar la pureza del procedimiento. A su juicio, “se está avanzando precipitadamente, y no se entiende bien tras seis años de instrucción por causa de qué urgencias, de las cuales estos nuevos escritos de acusación son clara muestra. Nos movemos en lo que a mi juicio es un ya muy claro contexto de nulidad de actuaciones y con vulneración de derechos fundamentales de Antonio Fernández”.
El abogado lamenta que el ex consejero se ha convertido en una “suerte de sumidero universal de todas las sospechas, al que por defecto no se duda en hacer mecánicamente objeto de todas las acusaciones, desde la pura presunción de que todo lo tuvo que conocer y todo lo tuvo que consentir u ordenar, dado el cargo que ocupó. Ello constituye una clara inversión de su derecho a la presunción de inocencia, el cual, como ya he denunciado cada vez que he tenido ocasión, le fue gravemente lesionado a partir de que en mayo de 2012 fuese innecesaria y por tanto injustamente decretado su ingreso cautelar en prisión”.
Reponer tal presunción de inocencia y luchar contra ese intolerable prejuicio es la “ímproba pero crucial labor a que se ha de enfrentar la defensa en la antesala ya de la fase de juicio. Pero uno y sólo un juicio”, sentenció el letrado.

Alaya no es la única culpable

Jorge Muñoz | 15 de marzo de 2016 a las 6:30

JUZGADOS.Las cosas no son del todo blancas o negras, siempre hay matices y tonos grises. Culpar única y exclusivamente a la juez Mercedes Alaya de las prescripciones de los delitos de prevaricación y malversación en el caso de los ERE no es del todo justo. Debe partirse, indudablemente, de que el caso es lo que es por la actuación directa de esta magistrada, que durante más de cuatro años llevó una instrucción plagada de luces y sombras. Desde ese punto de vista, Mercedes Alaya, como máximo responsable de la instrucción, sería absolutamente responsable de la prescripción de los delitos.
Y no será porque los delegados de la Fiscalía Anticorrupción, cuales eficientes moscas cojoneras, llevaban advirtiendo a Alaya desde el inicio de la investigación de la posible prescripción. Más de media docena de escritos hicieron los fiscales Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández planteando esta preocupación a la instructora. El primero de esos escritos data de abril de 2011, tan sólo tres meses después de que se iniciara la investigación de la macrocausa, en enero de ese año. Los fiscales habían planteado a Alaya que la investigación de las posibles irregularidades en las ayudas –en las que se abarcaba un periodo tan amplio como una década– debía comenzar precisamente por las subvenciones más antiguas, puesto que el plazo de prescripción para estos delitos era de diez años.
Los fiscales plantearon a Alaya que comenzara las pesquisas por las ayudas recibidas por Jerez Industrial e Hijos de Andrés Molina (Hamsa), pero el verdadero problema de prescripción no estaba en las ayudas sociolaborales como éstas, que se concedían a los trabajadores –el delito se seguiría cometiendo mientras continuasen abonando los pagos a los prejubilados–, sino en las ayudas directas a empresas, donde por lo general se efectúa uno o varios pagos y, desde ese momento, comienza a contar el plazo de la prescripción.
Mercedes Alaya, cuyas relaciones nunca fueron buenas con los fiscales, hizo caso omiso al planteamiento de Anticorrupción, dada su personalísima manera de instruir y de dirigir la investigación de las macrocausas. Si la investigación hubiera comenzado por las ayudas más antiguas, como las que han provocado las primeras prescripciones, la situación podría ser bien distinta. Hay que aclarar, no obstante, que lo que prescribe es la responsabilidad penal de los empresarios beneficiarios de las ayudas, pero no la posibilidad de exigir a las empresas la devolución de las ayudas. Pero ése es otro cantar y muy complicado, porque muchas de las empresas que recibieron fondos públicos simplemente ya no existen.
Pero decía que la culpa de la prescripción, en sí misma, no puede atribuirse por completo a Alaya. No puede pasar por alto que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tardó más de tres años en entregar el atestado sobre las cuantiosas ayudas concedidas a la Sierra Norte de Sevilla. Y hasta ese atestado, como reconocía la Audiencia Provincial en el auto que declaró prescritos los delitos de dos empresarios, Alaya no tuvo conocimiento de la “notitia criminis” sobre estos hechos, por cuanto hasta ese informe la línea de investigación de la Sierra Norte no era más que una “indagación a ver qué subvención había sido concedida ilegalmente”.
Pero si injusto puede resultar culpar exclusivamente a Alaya de la prescripción, también lo es derivar la misma a la acusación particular que ejerce la Junta de Andalucía. Y no lo digo yo, lo dice la propia Mercedes Alaya, que llegó a reconocer que la Junta “potenció” la investigación en el caso de la Sierra Norte.
En un auto dictado el 27 de enero de 2015, que es conveniente recordar –es lo que tiene la hemeroteca–, Alaya rechazó expulsar a la Junta del caso de los ERE, como había solicitado el sindicato Manos Limpias. La juez criticó la “ambivalente posición” de la Junta como acusación, pues por un lado “debe velar por los intereses de la institución”, y por otro “no se escapa advertir en su estrategia procesal cierto apego, a determinados cargos hoy implicados que la han representado durante décadas”. Esta “contradicción interna”, según Alaya, no se tradujo en un “entorpecimiento de la causa, pues salvo el desorden del comienzo de la misma, su dirección letrada ha cumplido fielmente y con extraordinario celo profesional la entrega de documentación que le ha sido requerida, potenciando en algún caso concreto, como las ayudas de la Sierra Norte, las diligencias de investigación”. Y añadía que la Junta ejerció una acusación más pasiva que activa “pero sin obstaculizar, más bien al contrario, la obtención de las pruebas”.
En los ERE ni todo es blanco nuclear ni negro enlutado.

Sin la velocidad de crucero de Alaya

Jorge Muñoz | 17 de enero de 2016 a las 8:00

La juez María Núñez Bolaños

La juez María Núñez Bolaños

Todo cambio radical requiere un periodo de adaptación y la macrocausa de los EREno iba a ser una excepción a este principio. Tras cinco años de investigación judicial y el cambio en la dirección del juzgado, la instrucción se encuentra en un momento crucial, una vez que la nueva titular, María Núñez Bolaños, diseñó un plan piloto sobre seis primeras piezas que se pretenden sean enjuiciadas alguna a lo largo de este año.
Se trata de un reto difícil, sobre todo si tenemos en cuenta que el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha experimentado tras la marcha de Mercedes Alaya a la Audiencia de Sevilla una lógica disminución de la intensidad de la investigación en la que han influido muchos factores. El principal es que hasta octubre del año pasado no se despejó cuál de las dos magistradas se haría cargo de la instrucción de los ERE, a raíz de la pugna que ambas magistradas mantuvieron ante los órganos de gobierno de los jueces por el control de las macrocausas.
También es cierto que Bolaños necesitaba tiempo para ponerse al día de las diferentes investigaciones y para decidir qué hacía con ellas: ya ha pergeñado la división en piezas de los ERE y de la causa de los cursos de formación. También ha decidido que el juez de refuerzo Álvaro Martín se encargue de acabar la instrucción de las seis piezas iniciales en las que han sido separados los ERE, mientras que la titular se reserva para ella la investigación de dos jugosas macrocausas: la de los cursos de formación y de los avales y préstamos de la agencia Idea. Pero el CGPJ tampoco ha ratificado hasta ahora el plan de trabajo en este juzgado, con lo que el juez Álvaro Martín no puede por el momento meter mano al sumario de los ERE, al menos a los efectos de tomar decisiones instructoras.
Por muchos factores, el juzgado no está actualmente a la velocidad de crucero que mantenía cuando Alaya estaba al frente del mismo, y eso se nota, por ejemplo, en las cuestiones que están pendientes de resolver y se siguen acumulando a la espera de las decisiones de la instructora.
Consciente de la labor que aún queda por hacer y del retraso que acumula la causa, que no es poco –la instrucción de los ERE apenas ha completado la investigación del 40% de las subvenciones que se hallan bajo sospecha–, la Fiscalía Anticorrupción ha remitido a la juez Bolaños en los últimos meses una serie de escritos en los que, de forma periódica, comunica a la magistrada los asuntos que están pendientes de alguna decisión de la instructora.
Entre otras cuestiones, la Fiscalía ha pedido a la juez que fije las fianzas civiles de 83 imputados en la causa, algunas de las cuales llevan años a la espera de que se determinen.
También pidió en marzo del año pasado, aunque en este caso la petición se hizo a la juez Alaya, que acordara el archivo de la causa contra 12 imputados de los ERE, al estimar el Ministerio Público que los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos habían prescrito.
Pero no sólo las posibles prescripciones y las dilaciones amenazan la eficacia de la instrucción porque, por ejemplo, uno de los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) se acaba de jubilar recientemente. Además al menos cuatro imputados en los ERE han fallecido durante la instrucción. Dos de ellos recientemente –el empresario José Enrique Rosendo y el ex director del IFA Francisco Mencía–, y los otros dos en enero de 2015 y agosto de 2012.
Y también hay otro imputado que permanece fugado desde julio pasado: el ex directivo de Vitalia Eduardo Pascual. Todos estos son sólo algunos de los peligros de las macrocausas.

Jubilaciones post ERE

Jorge Muñoz | 10 de diciembre de 2015 a las 6:00

La juez María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los ERE.

La juez María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los ERE.

Es uno de los problemas de las macrocausas. Las instrucciones se prolongan tanto que en el curso de las mismas puede ocurrir, como ha pasado con los ERE, que no sólo han fallecido ya varios de los imputados, sino que ahora se suma la jubilación de uno de los peritos que han colaborado con el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en la investigación sobre las irregularidades en las pólizas de los prejubilados. Una jubilación post ERE.

El director del equipo interventor designado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), Jesús Ruiz-Ayúcar de Merlo, ha comunicado a la juez María Núñez Bolaños que desde el pasado 1 de diciembre se encuentra jubilado, por lo que ha cesado su condición de funcionario en activo del cuerpo superior de interventores y auditores del Estado, así como su destino en la IGAE. Al jubilarse, el perito explica que ha cesado igualmente en su cargo de perito, “todo ello sin perjuicio del cumplimiento de cuantas obligaciones se deriven en un futuro”, como consecuencia del ejercicio de su cargo de perito para el que fue designado en auxilio jurisdiccional durante el periodo comprendido entre el 15 de marzo de 2012 –fecha en la que aceptó el cargo de perito– hasta el 30 de noviembre de 2015, su último día en activo.
La jubilación del perito, que dirigía un equipo compuesto por cuatro personas, se produce cuando la macrocausa ha sido desgajada en seis piezas piloto en las que la juez Bolaños quiere acelerar la instrucción y su enjuiciamiento.
La jubilación del perito es uno de los problemas de una causa que comenzó a instruirse hace casi cinco años y en la que, por ahora, han fallecido incluso varios de los imputados. Uno de ellos falleció en enero pasado y otro, un vecino de El Pedroso (Sevilla) y amigo del ex director de Trabajo Javier Guerrero murió en agosto de 2012. Este imputado había recibido una ayuda de 449.981 euros. En ambos casos, la juez procedió al archivo de la causa contra ambos imputados, al extinguirse la posible responsabilidad penal.
Pero si las jubilaciones y los posibles fallecimientos son algunos de los problemas de la excesiva duración de los procedimientos como éste, el que más preocupa en estos momentos a la Fiscalía Anticorrupción y a la Junta de Andalucía, que ejerce la acusación particular, es la posible prescripción de los delitos conforme transcurra el tiempo. De hecho, la Fiscalía Anticorrupción pidió en marzo pasado a la juez Mercedes Alaya –antes de su salida de las macrocausas– que archivara la causa contra una docena de imputados al estimar que habían prescrito los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos que se les atribuyen. Aún no hay respuesta del juzgado pese a que han pasado nueve meses.
El pasado martes, día 7, entró en vigor la reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal que reduce los tiempos de la instrucción y limita a 18 meses la investigación de los asuntos complejos. Aunque habrá prorrogas, habrá que ver en qué medida afecta a los ERE.

Un café imposible con Alaya

Jorge Muñoz | 23 de octubre de 2015 a las 5:00

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Doce del mediodía de ayer. El escenario: el restaurante La Hostería del Prado, del Grupo La Raza, donde comenzó el caso Mercasevilla que derivó en el de los EREfraudulentos y en las demás macrocausas. En este establecimiento, frecuentado a diario por muchos abogados y jueces, conversan delante de un café la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, y la juez María Núñez Bolaños, la nueva titular del juzgado que investiga las macrocausas que en su día abrió Mercedes Alaya.
El encuentro, que aparece en la fotografía adjunta –Segarra está de espaldas frente a Bolaños– no es para nada sospechoso, pero sí refleja el tiempo nuevo y los cambios que se están produciendo en este juzgado desde la llegada, hace apenas cuatro meses, de la juez María Núñez Bolaños.
No es la primera vez en los últimos días que se reúnen la fiscal jefe y la magistrada. La reunión es evidentemente informal, un acercamiento entre la titular del juzgado y la responsable de la Fiscalía hispalense, pero hubiera sido impensable que se produjera hace tan sólo unos meses con la juez Mercedes Alaya.
No es ningún secreto que Alaya no mantenía buenas relaciones con los fiscales delegado de Anticorrupción, con los que se habían producido numerosos roces a lo largo de la instrucción de las macrocausas, casi siempre a través de los escritos presentados por los fiscales y las respuestas de Alaya.
Tampoco había buenas relaciones con la fiscal jefe, sobre todo después de que a finales de 2010 la Fiscalía apoyara que Alaya fuese apartada de la investigación del caso Mercasevilla por el trabajo que desempeñó el marido de la juez, Jorge Castro, como auditor de esta empresa hasta el año 2001. Esa recusación fue finalmente desestimada y Alaya continuó con la instrucción, pero provocó un cisma insalvable con los representantes de la acusación pública.
La Fiscalía Anticorrupción recurrió numerosas decisiones de Alaya, que sufrió algunos importantes varapalos por parte del tribunal. El café entre Segarra y Alaya nunca habría tenido oportunidad de celebrarse. Un tiempo nuevo marca ahora las relaciones entre la Fiscalía y el juzgado. ¿A ver cuánto dura el buen rollo?