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Caso de los ERE: El mismo marco legal

Jorge Muñoz | 29 de octubre de 2017 a las 2:00

Una declaración que corrobora el informe remitido recientemente a la juez María Núñez Bolaños por el director general de Empleo en el que se asegura que el Gobierno central concedió durante una década 220 ayudas extraordinarias sin concurso público, como ocurrió con la Junta en las ayudas de los ERE. La ex directora general de Trabajo del Ministerio Soledad Cordova –que ocupó el cargo entre 1991 y 2004– declaró como investigada el pasado 17 de octubre en la pieza separada de la Faja Pirítica onubense, en la que se investigan las prejubilaciones de centenares de mineros.
La juez Bolaños le preguntó en concreto en esa declaración si consideraba que la actuación de la Administración pública andaluza y de la Administración estatal en la concesión de este tipo de subvenciones –sin ningún tipo de concurrencia pública y de manera excepcional–, incurría “en algún tipo de ilegalidad”. La respuesta de Soledad Cordova fue contundente: “Para nada. Se han aplicado estrictamente los criterios de la orden de 1995. Estas ayudas, que son de aplicación directa, estaban perfectamente encardinadas dentro de la ley de subvenciones”, recoge la grabación de la declaración incorporada al sumario.

CASO ERE. Declaran Chaves, Griñán y Viera . Que se hagan fotos de ambiente y de los jueces Bolaños y Álvaro

La juez María Núñez Bolaños llega a los juzgados de Sevilla.

Es más, según esta ex alto cargo, con la vigente Ley de Subvenciones, que entró en vigor en febrero de 2004, “se ha adecuado la orden a las previsiones de la ley de subvenciones. Las ayudas siguen siendo las mismas y siguen pudiendo ser de adscripción directa, tanto las aplicadas por la Junta de Andalucía” como las del Estado.
En ese momento, la instructora intervino para puntualizar. “¿Quiere usted decir que el marco legal es el mismo?”, preguntó Bolaños. “Puede ser, claro, es que la concesión de este tipo de ayudas de aplicación directa puede hacerlo la Junta de Andalucía” porque tiene “plenas competencias en materia laboral”, respondió la ex directora general de Trabajo, que continuó diciendo lo siguiente: “es más en la orden de ayudas, no recuerdo si es en el artículo segundo o tercero, se contempla la posibilidad de no conceder las ayudas cuando bien alguna otra administración, o la empresa o entidad similar hubiera dado ayudas o similares a la de la orden, luego ya de entrada se está reconociendo” que pueden darse.
En el caso de la Faja Pirítica, la ex alto cargo insistió en que podían concederse dichas ayudas el final de ese mismo artículo “viene a decir que esa excepción se puede dar, como sería el caso de la Junta o en la Faja Pirítica cuando hay un reconocimiento en ese proceso de reestructuración entre las dos Administraciones, es decir que la Junta puede dar perfectamente las ayudas que vienen contempladas en la orden, lo que yo ya desconozco señoría es el procedimiento de concesión. No conozco las normas autonómicas, pero es que la Junta tiene competencia plena en las ayudas excepcionales”, agregó.
En ese mismo interrogatorio, la abogada que representa a Soledad Cordova le preguntó si el informe elaborado por la Guardia Civil sobre las ayudas a los mineros de la Faja Pirítica incurre en un “error” al afirmar que no existió una fiscalización previa de estas ayudas. Cordova explicó que “se han confundido los términos”, ya que, según dijo, “no se puede autorizar un gasto si no está retenido el crédito que garantice que ese gasto se va a llevar a cabo”. Por ello, indicó que hubo una “fiscalización previa en noviembre, la firma de la resolución [de concesión de las ayudas] es de 1 de diciembre, y el documento de pago del 2 de diciembre”, por lo que el procedimiento, a su juicio, se siguió con “total pulcritud”, algo que reconoce el propio informe pericial elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que es la base principal de la acusación en la macrocausa de los ERE fraudulentos.
La ex directora general de Empleo continuó explicando que la orden ministerial de 1995 sólo exige dos cosas para acogerse a estas ayudas directas: “Haber estado afectado por un expediente de despido colectivo y encontrarse en una situación de especial desprotección. Esos son los dos únicos junto con el evidente de que haya dotación presupuestaria, no hay ningún requisito de edad”.
La edad, prosiguió la ex alto cargo del Ministerio, es un criterio de “reparto del gasto, porque no nos olvidemos que en la Faja Pirítica hay un proceso de reestructuración de un sector y hay un acuerdo marco de medidas de acompañamiento laboral para los trabajadores excedentes de ese sector y hay un compromiso político de que las ayudas que se deriven de ese plan iban a ser cofinanciadas entre dos Administraciones”.
Uno de los errores de la Guardia Civil, según dijo, es que no se tuvo en cuenta un informe del Instituto Nacional de la Seguridad Social con respecto a las bonificaciones de la mina Aguas Teñidas, en la que no se valoran los coeficientes reductores por los trabajos realizados en otras minas”, por lo que tenía más de 55 años, concluyó.

 

VISTO PARA SENTENCIA

 

abogadosnd

Manolo Rus

El ejercicio de la abogacía en Nueva Delhi, en la calle y con máquinas de escribir

*La fotografía fue tomada esta semana por el periodista sevillano Manolo Rus en Nueva Delhi (India), con motivo de un viaje familiar que está realizando con su hija. En la imagen se observa a un grupo de abogados apostados en plena calle, a las puertas de los juzgados, ocupando el acerado con unas antiguas máquinas de escribir, para agilizar las gestiones de los ciudadanos. Hay algunos que cuelgan hasta un cartel (“Notary public/advocate”). Salvando las distancias, que evidentemente son enormes, aquí los letrados se quejan del Lexnet

La bomba de los ERE

Jorge Muñoz | 7 de octubre de 2017 a las 2:00

El informe enviado a la juez Bolaños por el Ministerio de Empleo supone un nuevo giro en la macrocausa, al confirmar que el Gobierno central concedía las ayudas de la misma forma

CASO ERE. Declaran Chaves, Griñán y Viera . Que se hagan fotos de ambiente y de los jueces Bolaños y Álvaro

La bomba de los ERE ha estallado antes de que comience el juicio a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y sin necesidad de escuchar la artillería pesada que las defensas de los 22 ex altos cargos imputados en el caso van a desplegar en el trámite de las cuestiones previas al juicio, a partir del próximo 13 de diciembre. Desde hace unos meses se esperaba un informe del Ministerio de Empleo y Seguridad Social que puede ser clave a la hora de determinar la legalidad del sistema por el que se concedían las ayudas a las prejubilaciones por parte de la Junta de Andalucía entre los años 2001 y 2011.
Ese informe, que firma el director general de Empleo del Ministerio, Javier Thibault Aranda, corrobora que durante la misma década, el Gobierno central concedió 220 ayudas extraordinarias por un importe global aproximado de unos 300 millones de euros, y lo hizo “directamente” y sin concurso público, al igual que el Gobierno andaluz en los ERE.
Las ayudas del Ejecutivo central –que se siguen concediendo de la misma forma– estaban amparadas en la orden del Ministerio de 5 de abril de 1995 y para pedirlas sólo se requería la solicitud por la empresa y los trabajadores, o sólo por estos últimos, acompañando una “memoria explicativa en la que constasen los motivos por los que se solicitaba, la cobertura y el coste económico individualizado”. Es decir, los requisitos eran los mismos que se pedían en las ayudas de la Junta.
¿Quiere esto decir que todas las ayudas concedidas por la Junta eran correctas o legales? No, porque en algunas se han detectado flagrantes irregularidades, como por ejemplo la presencia de los intrusos, o aquellas que concedió el director general de Trabajo Javier Guerrero a su chófer sin amparo alguno. Pero que haya casos concretos de irregularidades y posibles delitos, no implica que la totalidad de las mismas fuesen otorgadas de forma ilegal.
Desde el PP, que ejerce la acusación particular en el caso de los ERE, y desde el Gobierno central se afanan en defender tras conocerse el informe del Ministerio de Empleo que hay una diferencia “clara” entre unas y otras ayudas, porque las primeras estaban amparadas en esa orden ministerial y las otras se hicieron sin normativa.
Para desmontar este argumento basta con acudir al auto del juez Álvaro Martín que procesó a los ex presidentes de la Junta, donde el magistrado los acusa de haber impulsado la creación y el mantenimiento durante una década de un “procedimiento particularísimo” para otorgar las ayudas –conocido como el procedimiento específico–, conociendo ambos tanto los mecanismos de las transferencias de financiación y las modificaciones presupuestarias, como la falta de un procedimiento dotado de las “mínimas y elementales garantías para el reparto de las ayudas”.

CASO ERE. Declaran Chaves, Griñán y Viera . Que se hagan fotos de ambiente y de los jueces Bolaños y Álvaro
Había por tanto un procedimiento específico que regulaba –bien o mal– dicha concesión, pero lo regulaba, y es ahora la Justicia la que debe analizar en el juicio si el procedimiento fue legal o no.
La base que sustenta la acusación de los ERE es el informe de los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que considera “inadecuado” e “improcedente” el uso de las transferencias de financiación para pagar las ayudas, porque se impedía la “fiscalización previa” y además se concedieron con discrecionalidad –como las que otorgó el Ejecutivo central–, prescindiendo “absolutamente del procedimiento administrativo” y sin aplicar los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación que regula la ley general de Subvenciones –como ocurre en el caso de las subvenciones estatales–.
Es más, en la instrucción judicial de los ERE se están investigando la totalidad de las ayudas concedidas, algo que no se ha hecho con las 220 subvenciones otorgadas por el Ejecutivo central. Supongamos que una juez decidiera ahora abrir otra causa para escudriñar todas esas 220 ayudas estatales. ¿Alguien puede garantizar que en las mismas no haya ninguna irregularidad? También cabe preguntarse si aguantarían las ayudas del Estado el mismo escrutinio que en su día hizo la juez Alaya de las subvenciones de la Junta. Y cabe recordar que la juez Bolaños ha citado a declarar como investigados el día 17 a dos ex altos cargos del Gobierno de Aznar por las ayudas a los mineros de la Faja Pirítica.
Insisto. Es evidente que hubo irregularidades en los ERE, que se concedieron algunas ayudas por amistad o afinidades políticas de los responsables en su momento de la Consejería de Empleo, pero de ahí a sostener que hubo una confabulación o una trama organizada para cometer el fraude hay un auténtico abismo, el mismo que puede separar las acusaciones realizadas en la fase de instrucción y los “hechos probados” que sean acogidos en la sentencia que se dice en su día.

Del Alayismo al Bolañismo

Jorge Muñoz | 1 de octubre de 2017 a las 2:00

bolaños

La juez María Núñez Bolaños, fotografiada en su despacho de los juzgados de Sevilla.

 Desde que asumió la instrucción de las macrocausas, la juez María Núñez Bolaños ha dictado tres importantes autos que revelan sus opiniones sobre cómo deben culminar las investigaciones

La juez Mercedes Alaya montó durante más de cuatro años (2011-2014) la teoría de la conspiración y confabulación en torno al fraude de la macrocausa de los ERE y su sucesora, María Núñez Bolaños, lleva más de dos años bajando el balón al suelo, desmontando y deconstruyendo la pirámide de responsabilidades que dibujó Alaya. Para la primera instructora todo lo relacionado con las ayudas de los ERE era claramente delictivo, desde la concesión de las mismas mediante un procedimiento administrativo inadecuado hasta la solicitud por parte de los beneficiarios, que eran llamados por Alaya al procedimiento en calidad de imputados, aunque tuvieran derecho a percibir las subvenciones y no pertenecían al grupo de los denominados intrusos, que por cierto han quedado reducidos a sólo 60, un 1% de los más de 6.000 trabajadores que en su momento se beneficiaron de estas ayudas.
Pero no piensen que Bolaños ha tenido que acudir a complicados razonamientos jurídicos ni bucear por las bases de datos –ahora digitales– de Aranzadi buscando jurisprudencia de órganos superiores como el Tribunal Supremo. No, ni mucho menos. A esta juez tan denostada en su día por Alaya le ha bastado únicamente recurrir a su sentido común, porque los jueces deben aplicar la ley, evidentemente, pero también el sentido común, la lógica y la razón.
Al igual que hubo una serie de autos en las macrocausas que marcaron las directrices del Alayismo, en los últimos años hay tres resoluciones que sustentan lo que es y será el Bolañismo. La última de estas resoluciones ha sido dictada esta misma semana en una de las piezas de investigación de los ERE, la relacionada con las ayudas concedidas por importe de 3,3 millones a la empresa Valeo Iluminación. La juez reflexiona en esta resolución sobre el papel que pueden jugar en el fraude de los ERE los beneficiarios de las ayudas y concluye que “el ciudadano cuando se dirige a cualquier administración desconoce cuál es el trámite legal adecuado” para solicitar una ayuda, por lo que “si un ciudadano pide una beca o cualquier ayuda a la Administración, sea ésta local, autonómica o estatal, se limita a cumplimentar los requisitos que desde la propia administración le exigen”.
Esta visión de Bolaños colisiona frontalmente con la que durante años sostuvo Alaya, con el aval sin fisuras de la Fiscalía Anticorrupción y la santificación por parte de la ilustrísima Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, la misma que ahora, según lamenta públicamente el Ministerio Público, le ha cambiado las reglas al permitir que los ex altos cargos sólo se sometan a un único juicio, el del denominado “procedimiento específico”, la pieza política de la macrocausa.
La argumentación de Bolaños en ese auto parece atacar uno de los cimientos del Alayismo, al afirmar que pretender que el ciudadano que solicita la subvención debe entender el marco legal administrativo que rige su actuación, si el órgano es o no competente, o si debió o no pedir otra documentación, “parece una petición que queda fuera de lo lógico y racional”, algo que se deba por hecho en la anterior etapa instructora, al estimar que todos tenían conocimiento de las irregularidades.
El razonamiento de Bolaños enlaza directamente con una petición reciente de la defensa de uno de los beneficiarios de las ayudas de los ERE, que ha solicitado el archivo de la causa al considerar que tras la decisión de la Audiencia de aplicar el non bis in ídem a los ex altos cargos imputados en la pieza del denominado “procedimiento específico” por la concesión de las subvenciones, no es posible juzgar por separado a los solicitantes de las mismas. Así lo ha expuesto el abogado Juan Carlos Alférez, que defiende a este empresario investigado en la pieza del Centro de Limpieza Industrial Huévar, quien asevera que es “conceptualmente imposible enjuiciar por separado a un presunto coautor-beneficiario de un delito de malversación de caudales públicos, sin que en el mismo proceso se enjuicie al autor principal del delito”.
Bolaños debe decidir ahora sobre esta solicitud, que puede dar un nuevo giro a la instrucción de una macrocausa que cada vez limita más su horizonte a que haya un único juicio o tan sólo varios más, a pesar de que se están investigando unas 200 ayudas.
En los otros dos autos que ilustran el Bolañismo, la instructora llega a aseverar, de un lado, que algunos de los imputados –ahora llamados de forma más elegante como investigados– no son mas que “víctimas de una macrocausa”; y de otro lado, que los jueces “no trabajan con papel”, porque “detrás de cada expediente o proceso hay familias y personas, por ello no es legítimo ni justificable utilizar maniobras para dilatar o mantener vivo un procedimiento”, en alusión a los recursos presentados contra el archivo de la pieza política de los cursos de formación.
Estas tres resoluciones marcan, por ahora, la era Bolaños al frente de las macrocausas. El presente y futuro de la herencia de las macroinvestigaciones que inició Alaya. Sólo el tiempo y el resultado de los juicios dirán cuál de las jueces estuvo más atinada en su enfoque de las macrocausas.

Cambalache de jueces por los ERE

Jorge Muñoz | 14 de septiembre de 2017 a las 2:00

El presidente del TSJA, Lorenzo del Río.

El presidente del TSJA, Lorenzo del Río.

Al final ha sido como desnudar a un santo para vestir otro. La jurisdicción de lo Social de Sevilla, una de las más sobrecargadas, ha perdido desde el 1 de septiembre a una magistrada de refuerzo que ha solicitado destino en la Audiencia Provincial y que ha pasado a reforzar las secciones de lo Penal con motivo de la llegada de un aluvión de juicios derivados de las distintas macrocausas como la de los ERE o las ayudas de Invercaria.
La salida de esta juez llevó a la junta de jueces de lo Social a acordar el pasado 5 de julio la suspensión de todos los juicios que debía celebrar esta magistrada, que versan sobre despidos, demandas y otras reclamaciones laborales, hasta que se nombrara otro juez de refuerzo por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
La Sala de Gobierno del Alto Tribunal andaluz analizó el pasado martes este acuerdo y decidió rechazar la suspensión de los señalamientos asignados a la juez de refuerzo que ha solicitado su traslado a la Audiencia y que fue aprobada por dicha junta de jueces de lo Social. La Sala ha resuelto que los señalamientos programados para dicha juez de refuerzo sean asumidos por todos los titulares de los 11 juzgados de lo Social así como por los tres Jueces de Adscripción Territorial (JAT) restantes hasta que esa plaza de refuerzo pueda ser cubierta de nuevo.
El TSJA quiso destacar que la reducción en una plaza de refuerzo, desde el pasado 1 de septiembre, no obedece a una decisión unilateral alguna del presidente, Lorenzo del Río, sino que es fruto de la petición de traslado y resolución del “concursillo” entre los JAT destinados en este Alto Tribunal, que fue convocado, conforme a los criterios generales aprobados por esta Sala de Gobierno, para hacer efectivas las disposiciones del Reglamento 1/2016, de desarrollo del estatuto de los Jueces de adscripción territorial y los jueces en expectativa de destino, aprobado por Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de 24 de noviembre de 2016, en vigor desde el 26 de diciembre de 2016.
Asimismo, señala el acuerdo, “esta Sala de Gobierno es plenamente consciente de la sobrecarga de trabajo existente en la jurisdicción Social de Sevilla y de las medidas de refuerzo adoptadas hasta el momento, así como de la necesidad de su mantenimiento, asegurando que la coyuntural reducción del refuerzo existente será corregida en cuanto la dinámica reglamentaria de adscripción de los JAT lo haga posible”. En base a ello, la Sala de Gobierno ha acordado que tanto los tres actuales JAT de refuerzo como los titulares de la jurisdicción social “asuman un día de señalamientos más al mes cada uno de ellos, hasta cubrir una rotación completa, sin perjuicio de la posible reestructuración de agenda en base a las circunstancias específicas del juez encargado legalmente de la sustitución ese día concreto, sin que pueda acogerse una suspensión general e indiscriminada de los señalamientos asignados al cuarto JAT de refuerzo”.
En cualquier caso, la reducción de la cuarta plaza de refuerzo podrá solucionarse a finales del presente año, de forma que la misma será ofertada y cubierta su adscripción de nuevo en “concursillo” de Jueces de Adscripción Territorial, ya que al tratarse de un refuerzo no es posible la sustitución. Tan sólo puede ser ocupada de nuevo con dicho “concursillo” y conforme a lo previsto en el Reglamento de JAT al tratarse de un refuerzo y no de una vacante, aclara el TSJA.

El anticipo de los ERE

Jorge Muñoz | 25 de junio de 2017 a las 2:00

ALAYA EN LA PICOTA

Rosell

 

La labor de un juez de Instrucción consiste en recopilar el mayor número de indicios o pruebas de la comisión de un delito, garantizando el ejercicio del derecho de defensa de los investigados y adoptando, en su caso, las medidas para proteger a las víctimas o a los perjudicados por esos delitos. En función de cómo haya sido esa instrucción, de la contundencia o no de las pruebas que se pongan a disposición del tribunal que debe enjuiciar el caso, habrá más probabilidades de que la sentencia acabe en una condena. Y a la inversa, si la instrucción no ha sido buena y se ha sustentado en meras conjeturas o sospechas, la posibilidad de una sentencia absolutoria está más que cantada.
A lo largo de mi carrera como cronista de los tribunales he asistido a centenares de juicios, desde los antiguos juicios de faltas a algunos de los procesos relevantes, y siguiendo el desarrollo de una vista oral, con la práctica de las pruebas, el interrogatorio de los acusados y de los testigos, cualquier persona puede llegar a hacerse una idea de los hechos, aunque es finalmente el tribunal el que decide si realmente hay delito o no.
Cierto es que, como dice Michael Connelly en su novela El Veredicto, un juicio es un concurso de mentiras, donde todo el mundo miente: los acusados, los testigos, los abogados e incluso los policías. De ahí la importancia que tiene la fase de instrucción a la hora de recopilar las pruebas que puedan contrarrestar la subjetividad de todos esos testimonios que se someten a la deliberación de los jueces.
Una juez de lo Penal de Sevilla, Yolanda Sánchez Gucema, ha desmontado esta semana con contundencia una de las macrocausas que en su día abrió la mediática Mercedes Alaya, absolviendo a los diez acusados, entre ellos políticos, empresarios y funcionarios de Urbanismo, por la “fraudulenta e ilegal” –según Alaya– adjudicación del concurso para la venta de los terrenos de Mercasevilla. Se ha pasado de una instrucción en la que se hizo creer a la opinión pública, mediante vehementes y mediáticos autos y resoluciones judiciales, que había numerosas pruebas del presunto fraude a una sentencia que dice todo lo contrario: que no hay prueba alguna del “amaño”, de la “confabulación”, ni del “concierto previo” o manipulación del concurso público con la idea de favorecer a la constructora Sanma.
Un ejemplo. Cuando Mercedes Alaya imputó –el 7 de abril de 2011– al entonces primer teniente de alcalde y candidato de IU a las elecciones municipales de 2011 Antonio Rodrigo Torrijos –la imputación se hizo un mes y medio antes de la cita electoral–, lo hizo en un auto en el que la magistrada afirmaba que del resultado de las pruebas practicadas en esa instrucción se deducía la “responsabilidad y activa participación” de Torrijos en los asuntos de la Unidad Alimentaria y de “modo especial” en el proceso de adjudicación de los terrenos de la lonja a Sanma.
De esa “activa participación” que citaba Alaya podemos leer ahora en los 393 folios de la sentencia de la juez Yolanda Sánchez Gucema que hay una “escasa o nula participación” de Torrijos en los hechos, afirmando esta magistrada que ex portavoz de IU no participó ni intervino en los acuerdos entre Mercasevilla, Larena 98 y Sanma, ni mantuvo ningún contacto con los empresarios, ni tuvo ninguna intervención en el pliego de condiciones del concurso. Como declaró el propio Torrijos en su declaración en el juicio, lo único que hizo fue promover la fórmula del concurso público para evitar un “pelotazo urbanístico” en la operación de enajenación de los suelos del mercado mayorista.
La abogada de Torrijos, Encarnación Molino, criticó la instrucción “inquisitiva” y “viendo fantasmas donde no los había” en esta causa que comenzó a investigarse en el año 2009. Como el caso de Torrijos, sucede lo mismo con respecto a la ausencia de pruebas de su implicación en las supuestas irregularidades en los otros nueve acusados que también han sido absueltos de los delitos de fraude y exacciones ilegales, prevaricación y delito societario, por los que se enfrentaban a una condena de dos años de cárcel.
A la espera de la decisión que pueda adoptar ahora la Fiscalía de Sevilla, que dispone de un plazo de diez días para recurrir –aunque parece que el Ministerio Público no tiene muchos resquicios legales para plantear un recurso de apelación que pueda prosperar–, la sentencia supone un auténtico varapalo y un fracaso de la instrucción de Alaya, sin olvidar que la denuncia partió del actual ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y fue avalada hasta el final por el propio Ministerio Público, que llegó a calificar el concurso como “un paripé”.
La absolución de todos los acusados es un verdadero mazazo para la tesis acusatorias que en su día dibujó Mercedes Alaya, porque en el caso de que la juez hubiera dictado alguna condena se había corroborado mínimamente la labor de la instructora, pero con una absolución total como la que se ha producido, las críticas por el calvario que han padecido todos los acusados durante esta larga instrucción y enjuiciamiento tras más de ocho años, se vuelven directamente hacia Alaya.
Lo cierto es que en los 393 folios de la sentencia no hay ningún reproche concreto a la instrucción de Alaya –que a la hora de analizar determinados aspectos puede incluso echarse en falta para comprender el sentido del fallo–, a la que ni siquiera menciona. Es más, la única vez en la sentencia en la que la juez habla de la instrucción es para defender a Alaya respecto a las cuestiones previas en las que se le atribuía una falta de imparcialidad por el hecho de que su marido, Jorge Castro, hubiese auditado las cuentas de Mercasevilla con anterioridad al inicio de esa investigación.

La juez Yolanda Sánchez Gucema, que dictó la absolución en el caso Mercasevilla

La juez Yolanda Sánchez Gucema, que dictó la absolución en el caso Mercasevilla.

La juez Yolanda Sánchez explica en la sentencia que no puede afirmarse que las defensas hayan mantenido “el rigor exigido” cuando apoyan sus argumentos sobre la ausencia de imparcialidad de Alaya en “meras alegaciones de irregularidades graves que, sin embargo, no identifican, ni detallan ni reseñan de forma pormenorizada”.
Pero la falta de reproches a la instrucción de Alaya en la sentencia no quita que, de la lectura de la misma, se aprecie que la juez rechaza la existencia de prueba o indicios de delitos y de ello se desprende que todos los acusados se han sentado en el banquillo para responder de sospechas o conjeturas sin una verdadera base probatoria.
Es como si a Alaya se le desmoronaran todas las macrocausas, algo que también le ha pasado a otros jueces estrella a lo largo de la historia judicial más reciente. Su sucesora al frente del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, archivó, con el visto bueno de la Fiscalía Anticorrupción, la denominada “pieza política” de los cursos de formación, en la que estaban imputados 24 ex altos cargos de la Consejería de Empleo y del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), y que fue la última operación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que autorizó Alaya. No obstante, otras piezas de los cursos de formación siguen abiertas, como la del ex consejero andaluz de Hacienda Ángel Ojeda.
El caso Mercasevilla es la segunda macroinvestigación de Alaya en la que se dicta sentencia. La anterior también estaba relacionada con la empresa pública del mercado mayorista, en concreto, con la petición de una mordida de 450.000 euros a los hosteleros de La Raza a cambio de la concesión de una escuela de hostelería.
En esa causa, Mercedes Alaya procesó a cuatro personas, pero un jurado popular, primero, y el Tribunal Supremo, después, absolvieron a dos de los acusados, uno de ellos el ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas. Sólo fueron condenados, finalmente, al pago de una multa de 600.000 euros y a 21 meses de inhabilitación los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet –que ahora ha sido absuelto de la venta de los suelos– y Daniel Ponce.
De los 14 procesados por la juez Alaya en estos dos asuntos, sólo dos de ellos han sido condenados y los otros doce han sido exculpados. Dos condenas y doce absoluciones no parece una gran estadística para una instructora de grandes procesos, ni tampoco para la Fiscalía, pero sobre todo lo relevante, más allá de la cifra de imputados, es cómo se argumenta la absolución en el proceso de la enajenación de los suelos.
Una tercera causa, que en realidad es la primera de gran relevancia que comenzó a instruir Mercedes Alaya, está siendo actualmente enjuiciada en la Audiencia de Sevilla: la investigación por el delito societario al ex mandatario del Real Betis Manuel Ruiz de Lopera, que está acusado junto a otras siete personas y se enfrente a una petición del fiscal de tres años de cárcel.
También está en investigación, aunque en la Audiencia Nacional, la macrocausa de la operación Madeja, en la que se investiga el pago de mordidas a funcionarios por parte de la empresa Fitonovo y en la que hay 107 imputados. En este macroproceso, que también se inició por parte de Alaya, el juez José de la Mata ya ha anunciado que la instrucción finalizará en noviembre próximo.
Sin duda la macrocausa más importante que instruyó Alaya es la relacionada con el escándalo de los ERE fraudulentos, en la que implicó a los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
Esta misma semana se ha conocido la fecha del juicio por el denominado “procedimiento específico” por el que se concedían las ayudas bajo sospecha y que arrancará el 13 de diciembre próximo. Además de los ex presidentes, están acusados otros 20 ex altos cargos de la Junta de Andalucía.

El tribunal que enjuiciará  a los ex presidentes Chaves y Griñán

El tribunal que enjuiciará a los ex presidentes Chaves y Griñán.

La absolución de los diez acusados por la venta de los suelos de Mercasevilla puede entenderse hasta cierto punto como un anticipo de lo que puede ocurrir con el caso de los ERE, que podría acabar con un resultado similar –con absoluciones de los acusados– si el tribunal encargado de enjuiciar la causa, la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, llegara a apreciar las mismas supuestas deficiencias en la instrucción que se han revelado con el caso de la venta de los suelos de Mercasevilla.
Si los magistrados que tienen la difícil misión de analizar estos hechos advierten esa misma falta de indicios o pruebas que se ha apreciado de forma tan clara y rotunda en Mercasevilla, la macrocausa podría derivar en la absolución de parte o muchos de estos 22 ex altos cargos, como por ejemplo los ex presidentes, de los que habría que probar sin ningún género de dudas que tenían conocimiento de que se estaba utilizando durante una década un procedimiento inadecuado para la concesión de las subvenciones públicas; que tenían conocimiento además de que se estuviera produciendo un menoscabo de fondos públicos; y que a pesar de ello no realizaron ninguna actuación para evitarlo.
Esa presunta responsabilidad podría centrarse sobre los altos cargos más próximos a la dirección general de Trabajo y Seguridad Social, encargada de la concesión de las ayudas, pero también es cierto que a medida que se asciende en la organización de la Junta y en el Gobierno andaluz ese posible conocimiento sería más complicado de acreditar con la contundencia que exige una condena penal.
El problema es que los altos cargos que salgan finalmente absueltos ya habrán sido condenados a seis, ocho o diez años de instrucción –de momento los ex presidentes llevan cuatro años imputados–, con la consiguiente pena de banquillo o de telediario que ello conlleva. Y de daños y perjuicios colaterales e irreparables.

Ayudas justas, no delictivas

Jorge Muñoz | 29 de abril de 2017 a las 2:00

Juzgados del PradoMovida por el caso de los ERE Habra que estar hasta las doce y algo para hacer varias cosas, incluido fotos a la juez Maria Nu?ez Bola?os para renovar el archivo

La juez María Núñez Bolaños llega a los juzgados. Foto: Juan Carlos Vázquez.

Hace tan sólo unos meses, en octubre pasado, la juez de los ERE, María Núñez Bolaños, abrió un debate muy interesante para el devenir de la investigación de las macrocausas. La juez decidió archivar entonces la primera pieza de los ERE no porque las ayudas concedidas en su día hubieran prescrito, sino porque no apreció que en las mismas se hubiesen cometido los delitos de prevaricación y malversación que han marcado la instrucción desde el inicio. En ese auto, dictado el 11 de octubre, Bolaños archivó la causa relativa a las ayudas de 1,3 millones concedidas a la empresa Azucareras Reunidas de Jaén porque la ayuda no era “injusta” y además en la misma no aparecen intrusos, con independencia de que el procedimiento empleado en la tramitación pudiera ser inadecuado.
Ese auto ha sido ahora revocado por la Audiencia de Sevilla, que ha ordenado a la magistrada que siga investigando esta ayuda porque entiende que hay una “patente apariencia” de que se han cometido los delitos de prevaricación y malversación de caudales.
La Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, encargada de los recursos, tenía en sus manos la posibilidad de poner coto a la investigación expansiva que en su día realizó la anterior instructora, Mercedes Alaya, con el amparo de la Fiscalía Anticorrupción. La cuestión no es nueva y su autoría no puede atribuirse en exclusiva a la juez Bolaños, dado que el magistrado Alberto Jorge Barreiro, que en su día instruyó en el Tribunal Supremo la causa de los ERE cuando Manuel Chaves y José Antonio Griñán eran aforados, ya lo expuso claramente en uno de sus autos.
Decía el juez Barreiro que el hecho de que las subvenciones de los ERE sean “nulas por haber infringido el ordenamiento jurídico, no significa que todo el dinero concedido con cargo a ese programa presupuestario haya sido defraudado en perjuicio del erario público”. El magistrado añadía que “un porcentaje de las subvenciones ilegalmente concedidas habría que concederlas también en el caso de que la concesión fuera legalmente tramitada”.
La propia Audiencia de Sevilla reconocía recientemente en uno de sus autos que tras estallar el escándalo de los ERE, la Consejería de Empleo inició un plan para recuperar los pagos indebidos que dio lugar a 69 informes referidos a 70 empresas, donde se analizaron 322 pólizas que afectaban a 5.982 personas, de las cuales “72 nunca habían trabajado para las empresas beneficiarias de las ayudas y otras 54 no cumplían los requisitos mínimos para ser beneficiarios de dichas ayudas”. Es decir, de unos 6.000 trabajadores, las supuestas ilegalidades se reducen a 126 personas, que habrían percibido más de 12 millones de euros, que ya son objeto de reclamación, frente a los 741 millones –la totalidad– en que cifra el fraude la Fiscalía Anticorrupción.
La Audiencia ha cerrado ahora el debate, al confirmar de nuevo las tesis de Alaya de que todas las ayudas son ilegales porque parten de un procedimiento inadecuado. Da igual todo lo demás, que no haya intrusos, que la empresa pudiese haber recibido esa ayuda, etc.
La juez Bolaños aún no ha tomado ninguna decisión tras recibir el atestado de Heineken, pero visto el auto dictado ayer por la Audiencia, pocas posiblidades hay de que se produzcan nuevos archivos. En el caso de Heineken sorprende además que la Guardia Civil haya introducido delitos como el de administración desleal.

Más fricciones por los ERE

Jorge Muñoz | 11 de abril de 2017 a las 2:00

Juzgados del Prado Movida por el caso de los ERE  Habra que estar hasta las doce y algo para hacer varias cosas, incluido fotos a la juez Maria Nu?ez Bola?os para renovar el archivo

La juez María Núñez Bolaños sale de los juzgados de Sevilla.

El desencuentro cada vez más patente entre la juez de los ERE, María Núñez Bolaños, y los fiscales delegados de Anticorrupción, amenaza con convertirse en todo un culebrón. Y por capítulos. Si hace tan sólo unas semanas la Fiscalía Anticorrupción cargaba contra la instructora por usar argumentos sociales y “no jurídicos” a la hora de archivar la causa contra uno de los denominados intrusos, los representantes del Ministerio Público han vuelto a cuestionar una decisión de la instructora.
Esta nueva fricción se produce con motivo de una providencia dictada por la juez Bolaños el pasado 30 de marzo, en la que solicitaba a la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla que remitiera una “copia testimoniada” de todas las resoluciones que se dicten en relación con los recursos presentados en la denominada “pieza política” de los ERE, en la que se investiga el procedimiento específico que se implantó para la tramitación de las ayudas bajo sospecha y en la que están procesados los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán junto a otros 23 ex altos cargos de la administración autonómica.
En esa providencia, la juez motivaba la petición a la Audiencia de la entrega de esas resoluciones en tanto que “puedan afectar al curso del presente procedimiento”, en referencia a las diligencias 174/11, la causa matriz de los ERE de la que se han ido desgajando las diferentes piezas separadas para su enjuiciamiento por la Audiencia de Sevilla.
En el escrito presentado el pasado 5 de abril en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, los fiscales Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra plantean una aclaración a la magistrada.
En concreto, la Fiscalía “interesa que para un mejor entendimiento para todas las partes de los resuelto por la magistrada instructora se aclare el alcance de la afección que el dictado de resoluciones resolviendo recursos dictados” en las diligencias del procedimiento específico –“seguidas por hechos distintos, desgajados, de las presentes diligencias previas”–, puedan “tener sobre los hechos que aún siguen siendo objeto de las presentes”. Es decir, que los representantes del Ministerio Público no entienden la petición de la juez.
La respuesta de María Núñez Bolaños no se ha hecho esperar y, en otra providencia que ahora ha sido notificada, la instructora ha zanjado la cuestión al afirmar que la petición de que se le envíe una copia de los recursos “viene justificada por considerarlo útil e ilustrativo a la presente causa”.
No sabemos qué hará ahora la Fiscalía, si dará un paso más y recurrirá la providencia a la Audiencia, pero lo que sí evidencia este nuevo cruce de escritos es que las relaciones entre la instructora de la macrocausa y los fiscales del caso no parece que tiendan a normalizarse, sino todo lo contrario. El rifirrafe entre los fiscales y la juez continúa.

Sospechosos habituales sin “salvoconducto procesal”

Jorge Muñoz | 23 de marzo de 2017 a las 2:00

CASO ERE  JUZGADOS DEL PRADO Declara por sexta vez en este caso por el ERE de Egmasa el ex consejero Antonio Fernández

El ex consejero Antonio Fernández, uno de los “sospechosos habituales” de los ERE

No habrá “salvoconducto procesal” para los sospechosos habituales, los imputados de los ERE que serán juzgados en la pieza política del caso, la del denominado “procedimiento específico” por el que se concedían las ayudas, y que están abocados además a sentarse en el banquillo de los acusados posiblemente en las más de 200 piezas distintas que serán juzgadas individualmente, en relación con cada una de las ayudas.
La Audiencia de Sevilla ha rechazado la posibilidad de que estos investigados sean enjuiciados una única vez, al desestimar los recursos presentados por el ex consejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández y el ex director de la agencia Idea Jacinto Cañete. Ambos habían solicitado, tras ser procesados en la pieza del procedimiento específico, el “sobreseimiento parcial subjetivo” (sic) en las diligencias previas 174/2011, la causa matriz del escándalo de los ERE, de la que la juez María Núñez Bolaños está desgajando cada una de las piezas individuales de ayudas.

Ambos pedían ese archivo para que no pudieran ser imputados en cada una de las piezas, algo que según algunas fuentes consultas tiene cierta lógica jurídica. Si ya están imputados por su supuesta participación en la creación del sistema que habría permitido el fraude y van a ser enjuiciados por estos hechos, en los que incluso se les reclama una indemnización por la totalidad de las ayudas, no sería lógico jurídicamente que se repitiera luego un juicio por cada ayuda en el que volvieran a pedirse responsabilidades penales y civiles, partiendo según las defensas de que se trata de unos mismos hechos.
En un auto dictado ahora por la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, que tiene fecha del 3 de marzo, el tribunal señala que los recursos de Antonio Fernández y Jacinto Cañete sostienen que tras el dictado del auto de procesamiento del 31 de mayo de 2016 –el que procesó a Chaves y Griñán y otros 23 ex altos cargos– “se han venido a agotar los hechos de relevancia penal apreciables en su contra en el llamado caso de los ERE, de forma que toda pieza ya abierta o que se abra en el futuro dimanantes de las presentes diligencias 174/2011 implicarían la vulneración de su derecho fundamental a un juicio con las debidas garantías ya que supondría su persecución penal por los mismos hechos en más de un enjuiciamiento”, y la imposición de sucesivas supuestas penas en caso de condena.
Los magistrados ponen de manifiesto la “imposibilidad lógico-jurídica de entrar a analizar” esta petición porque no concretan los hechos que forman parte del objeto actual de las diligencias, por cuanto con esta petición de sobreseimiento entienden que se está reclamando una “especie de salvoconducto procesal que cierre la posibilidad de toda apertura futura de piezas separadas contra estos imputados, algo que es ajeno a la finalidad del instituto procesal del sobreseimiento que se reclama, y que conllevaría el riesgo de impedir la formación de piezas separadas cuya incoación sí pudiera estar justificada”.
El tribunal deja abierta la posibilidad, no obstante, a que en esos “eventuales otros procesos con los que deba establecerse la comparación entre los hechos objeto de uno y otro para aclarar si se está o no ante un doble enjuiciamiento, como los mismos apelantes han hecho ya”.

Defensas al contraataque

Jorge Muñoz | 20 de marzo de 2017 a las 2:00

UNA SALA PRESIDIDA POR UN EX ALTO CARGO ENJUICIARA A CHAVES Y GRI?AN

El magistrado de la Audiencia de Sevilla Pedro Izquierdo, que fue secretario para la Justicia entre 2008 y 2014.

Varias defensas pasan al contraataque en la recusación planteada contra el magistrado de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla Pedro Izquierdo. Los abogados de varios ex altos cargos de la Junta han presentado sendos escritos en los que se oponen al incidente de recusación planteado por las acusaciones populares que ejercen el sindicato Manos Limpias y el Partido Popular, al considerar que no concurre ni razones de amistad ni de interés directo o indirecto en el asunto.
La sorpresa en torno a la recusación puede venir de la mano de la Fiscalía Anticorrupción, que se va a pronunciar de manera inminente. En Sevilla, sin contar con la recusación de un magistrado del caso Betis, no se producía un incidente de tal nivel desde el año 2010, cuando una defensa recusó a la juez Mercedes Alaya por el caso Mercasevilla, por el hecho de que su marido había sido en el pasado auditor de cuentas del mercado mayorista. La Fiscalía de Sevilla, que inicialmente se pronunció en contra de la recusación de Alaya al no apreciar motivos, en un cambio radical en cuestión de días, acabó por apoyar que la juez fuese apartada del procedimiento, pero la Audiencia de Sevilla lo rechazó de forma tajante.
Ala espera de que la Fiscalía Anticorrupción se pronuncie, las defensas de varios ex altos cargos de la Junta, como el ex interventor general Manuel Gómez –también se han pronunciado el abogado de un ex consejero procesado–, han presentado escritos impugnando la recusación y, en consecuencia, apoyando que Pedro Izquierdo siga adelante.
Las defensas consideran que no hay causa legal para que el magistrado no forme parte del tribunal, pese a que durante ocho años (entre 2008 y 2014) ocupó el cargo de secretario general para la Justicia y, por tanto, coincidió con los dos ex presidentes imputados en la pieza del denominado “procedimiento específico” por el que se concedían las ayudas. No hay causa legal, pero sí la pérdida de la apariencia de imparcialidad, tal y como comenté recientemente en este mismo blog.
En el escrito presentado por la defensa del ex interventor general de la Junta y también del ex secretario general de Hacienda Antonio Estepa, se recuerda que Manos Limpias alegó las “dudas” que podía generar a un ciudadano medio la posible relación de amistad del magistrado o el interés que éste pudiera tener en el procedimiento.
Pero esas dudas o sospechas sobre la imparcialidad, prosigue, “no basta con que surjan en la mente de quien recusa, sino que es preciso determinar caso a caso si las mismas alcanzan una consistencia tal que permitan afirmar que se hallan objetiva y legítimamente justificadas”, según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que cita en su escrito.
Así, esta defensa rechaza que existan indicios de afinidad, sintonía política, compañerismo o amista que pudieran comprometer al juez en su función de juzgar, por cuanto “nadie puede, pues, ser descalificado como juez en razón de sus ideas y, por tanto, no resultaría constitucionalmente posible remover a los magistrados recusados, aun cuando fuesen ciertas las actitudes que se les atribuyen”.
En cuanto al interés directo, sostienen que la única relación del magistrado está en que algunos de los acusados fueron miembros del Consejo de Gobierno que aprobó su nombramiento, pero esto “no es suficiente para que prospere la pretensión”. La defensa concluye que “ni se acredita la pretendida relación de amistad, ni tampoco se acredita le existencia de un interés directo o indirecto”.

CASO ERE: Llamadas desconcertantes

Jorge Muñoz | 12 de febrero de 2017 a las 2:00

JUECES

Rosell

Nerviosismo, preocupación, intriga, desconcierto. Cualquiera de estas palabras podría usarse para intentar describir las extrañas maniobras que se han sucedido en las últimas semanas en la Audiencia Provincial de Sevilla para supuestamente teledirigir el sumario de la macrocausa de los ERE, el que afecta a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, hacia una concreta Sala o tribunal para su enjuiciamiento.

La cuestión llevaba analizándose desde muchos meses antes, cuando los 20 magistrados de las secciones Penales de la Audiencia de Sevilla –Primera, Tercera, Cuarta y Séptima– se reunieron en junio de 2016 para establecer los criterios para elegir al tribunal que debía enjuiciar el denominado “procedimiento específico” de los ERE, en el que están acusados los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán junto a otros 24 ex altos cargos, así como las distintas macrocausas que en los últimos años se han ido instruyendo sobre todo en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.
De esa reunión, surgió un acuerdo para establecer un turno de reparto específico para las causas de “especial complejidad”, entendiendo por éstas a las que excedían de los 3.000 folios –sin contar los posibles anexos documentales– o las que contaran con ocho o más intervinientes personados, sin tener en cuenta al Ministerio Fiscal y considerando como interviniente a cada acusado.
Ese acuerdo pareció –o debió– zanjar la polémica, pero no fue así. En septiembre de 2016, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ratificó el acuerdo de los jueces sevillanos y aprobó la modificación del turno de reparto de los asuntos en la Audiencia de Sevilla, lo que derivó en un sorteo entre las cuatro secciones penales para fijar el orden de inicio de ese turno nuevo. El sorteo, celebrado el 14 de octubre, deparó que fuese la sección Primera la que iniciara el turno específico. En realidad se habían fijado dos turnos, uno que la Audiencia denominaba como “recursos devolutivos contra resoluciones dictadas por órganos unipersonales”, que incluía sentencias y “autos interlocutorios”. Y un segundo reservado para los “asuntos de enjuiciamiento”, que engloba los “procesos ordinarios por delitos graves y procedimientos abreviados que son competencia de la Audiencia”. Aquí es donde debía incluirse el juicio por el “procedimiento específico” de los ERE, el primero cuya instrucción ha finalizado, junto al de las subvenciones concedidas a las empresas Acyco y Surcolor-Surcolor Óptica.
Un hecho que iba a cambiar de forma repentina la aparente normalidad con la que los jueces de la Audiencia habían asumido el turno de reparto fue el auto dictado el 4 de noviembre por el juez de refuerzo de Instrucción 6 Álvaro Martín, quien ese día dictó el auto de apertura de juicio oral contra los ex presidentes de la Junta y los otros 24 ex altos cargos. Con la instrucción finalizada, ese auto acercaba más a la Audiencia el reparto del primer juicio de los ERE.
En ese auto, el instructor concedió un plazo de un mes a las defensas de los 26 encausados para que presentaran sus correspondientes escritos de defensa, una vez conocida las peticiones de la Fiscalía Anticorrupción y de las demás acusaciones.
Las siguientes semanas de noviembre y las primeras de diciembre, el juez Álvaro Martín fue dando los últimos coletazos al caso con la clara intención de enviar el sumario de los ERE a la Audiencia antes de que finalizara su comisión de servicio en el juzgado de Instrucción número 6. El último día para que Álvaro Martín pudiera remitir el sumario era el 23 de diciembre pasado y ese día el magistrado dio instrucciones precisas para que la causa se enviara a la Audiencia. Sin embargo, no pudo hacerse porque, entre otras cuestiones, el procedimiento no estaba listo para su remisión porque faltaban aún por presentar –y estaban en plazo de hacerlo– los escritos de varias defensas.
Si la causa se hubiese enviado el 23 de diciembre, de acuerdo con el turno de reparto aprobado por los jueces de la Audiencia, el enjuiciamiento habría correspondido a la Sección Tercera, que preside el magistrado Ángel Márquez, quien en su día instruyó el denominado caso Juan Guerra. Márquez  había estado destinado precisamente en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla hasta 1998, cuando cedió el testigo a la juez Mercedes Alaya, la instructora de las macrocausas hasta el año 2015. Tras ese primer intento de enviar el sumario de Chaves y Griñán, se produjo un impasse propiciado por las vacaciones de Navidad, que prácticamente paralizan por completo el funcionamiento de los juzgados, salvo para las actuaciones consideradas urgentes.
Y una vez pasados los Reyes Magos, se produjeron los hechos más sorprendentes. El martes 10 de enero, a mediodía, poco antes de la finalización de la jornada en los juzgados, un magistrado de la Audiencia al que podría corresponder el juicio de Chaves y Griñán, telefoneó al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, pero no habló con la titular, María Núñez Bolaños, sino con un funcionario de esta oficina judicial. ¿El motivo? Interesarse sobre el hecho de por qué no se había remitido aún el sumario de los ERE a la Audiencia –que algunos esperaban para antes de las Navidades– y si quedaba aún mucho para que se elevara a la Audiencia. El funcionario no pudo dar respuesta a las inquietudes del magistrado.
Fue una conversación corta, pero que sin duda desató todas las señales de alarma. Unos dicen que con esa llamada –que no fue la única realizada desde la Audiencia, hubo al menos otras dos llamadas– el juez simplemente se estaba interesando por la supuesta demora en el envío de la causa por su interés en asumir el enjuiciamiento, aunque otras fuentes señalan que su interés era el contrario, que preguntaba porque no quería que le correspondiera el juicio.
Sea como fuere, lo grave es que se produjeran esas llamadas y que ese contacto no fuese por ejemplo a nivel de jueces, que podría tener cierta lógica entre compañeros, sino que se hiciera con un funcionario del juzgado y sin conocimiento de la titular, María Núñez Bolaños.

Los jueces María Núñez Bolaños y Álvaro Martín, en los juzgados de Sevilla.

Los jueces María Núñez Bolaños y Álvaro Martín, en los juzgados de Sevilla.

 

A partir de ese momento y conforme pasaban las semanas sin que el envío de la causa se produjera, aumentó la incertidumbre y las suspicacias, tanto en la Audiencia de Sevilla como en el juzgado de Instrucción.
Y también se dispararon los reproches mutuos y la rumorología, dándose por sentado en los mentideros judiciales que la juez Bolaños estaba supuestamente retrasando de forma intencionada la elevación a la Audiencia para controlar a qué Sala de la Audiencia podría corresponderle el caso de los ERE, cuando de los movimientos realizados por la Audiencia parece todo lo contrario, que el interés en controlar o al menos conocer el tribunal partía supuestamente de los magistrados de la Audiencia, los mismos que en teoría habían dejado zanjado en junio del año pasado el asunto del reparto de las piezas separadas de la macrocausa de los ERE. La juez Bolaños justificó la decisión de no enviar la causa en que estaba completando la documentación, de acuerdo con la “guía” para las macrocausas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
La situación se hacía cada vez más insostenible y llegó incluso a trascender el ámbito provincial hasta llegar al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), cuyo presidente aprovechó que el pasado 3 de febrero tenía que trasladarse a Sevilla para visitar varios órganos judiciales, para entrevistarse personalmente con el presidente de la Audiencia, Damián Álvarez, al que trasladó su preocupación por lo que estaba sucediendo con este primer juicio de los ERE.
Dicen que el presidente del TSJA pidió claridad y transparencia a la Audiencia, que se acabara con la rumorología, y Damián Álvarez convocó de nuevo a las secciones de lo Penal, que la semana pasada aprobaron modificar las normas de reparto para hacer un nuevo sorteo único y exclusivo para el caso de Chaves y Griñán. Oficialmente, la Audiencia ha justificado el nuevo sorteo por las “excepcionales circunstancias de especial complejidad y de singular trascendencia mediática” de la causa. En una cosa sí tiene razón el acuerdo de la Audiencia: las circunstancias que se han producido en torno al reparto son “excepcionales”, pero no por la complejidad del caso sino por las maniobras orquestadas por algunos jueces o sectores judiciales.