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La primera carta de los ERE

Jorge Muñoz | 7 de febrero de 2016 a las 6:00

PERITOS DE LA CÁMARA DE CUENTAS CONFIRMAN ANOMALÍAS EN LAS AYUDAS DE LOS ERELo ha dicho muy claro, aunque sus palabras no aparecieran recogidas en el resumen oficial del auto que difundió a la prensa el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). La lectura profunda de la resolución dictada esta semana por la juez María Núñez Bolaños no deja lugar a duda alguna. La conclusión que puede extraerse es que la instructora entiende que la absolución de los imputados en la pieza principal de los ERE, la del denominado “procedimiento específico” en la que están imputados los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, conllevaría el archivo de otras tantas ayudas en aquellos casos en los que “no se aprecie irregularidad en la ejecución, empresas en crisis sin intrusos, o ayudas directas en las que la Unidad Central Operativa (UCO), en el atestado inicial, no aprecia otra irregularidad que no sea la utilización de un procedimiento presuntamente ilegal”.
¿El planteamiento de Bolaños es descabellado? Evidentemente no lo es. Si el procedimiento es legal, a pesar de las irregularidades, podría desembocar en esa cascada de archivos y habría que ver cuántas piezas de las más de 200 que hay investigar llegan finalmente a juicio.
Bolaños no es la única que plantea esta cuestión. Basta recordar lo que dijo el instructor del caso de los ERE en el Tribunal Supremo, el magistrado Jorge Alberto Barreiro, quien, después de proponer que la investigación continuara contra los ex presidentes por una presunta prevaricación, cifró el posible fraude en 855 millones de euros, coincidiendo con las tesis de Merces Alaya. El magistrado del Alto Tribunal advirtió de que se habían generado “importantes perjuicios al erario público” pero matizó que aunque la cuantía de las ayudas pueda ser nula por haberse infringido el ordenamiento jurídico –en cuanto a los requisitos de las ayudas–, eso “no significa que todo el dinero concedido con cargo a ese programa presupuestario haya sido defraudado en perjuicio del erario público”.
Barreiro añadió que las cifras concretas son de “difícil cuantificación” por cuanto la investigación sigue abierta, pero ya apuntaba que de las 263 empresas afectadas, en 77 casos las subvenciones tienen relación directa con la tramitación de un ERE.
Es la misma línea que marcó el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, el sospechoso habitual de los ERE (ha declarado ya en el juzgado en seis ocasiones), cuando declaró ante el Tribunal Supremo, donde minimizó el posible fraude. Fernández afirmó que de los más de 6.000 trabajadores que se han beneficiado de estas ayudas, que fueron “validadas” por el Gobierno y el Parlamento andaluz, los “famosos intrusos “ se reducen a 60 personas, lo que representa aproximadamente un uno por ciento del total.
Bolaños ha puesto ahora la atención sobre los juicios del procedimiento específico y las sobrecomisiones, que marcarán sin duda el futuro de la instrucción del resto de las piezas de la macrocausa. Lo que no tiene mucho sentido es que haya que esperar a que se dicten las sentencias en esas piezas para continuar con el enjuiciamiento del resto de las piezas.
Si la Audiencia de Sevilla decidiera finalmente que el procedimiento por el que se daban las ayudas es legal, la house of cars (para los que le guste la serie de televisión), ese castillo de naipes que constituye el macroproceso de los ERE, podría acabar desplomándose a las primeras de cambio según el resultado de la sentencia. Y si eso ocurriera y tuviera las consecuencias que Bolaños plantea para el resto de las ayudas en ese supuesto, la cuestión es cómo se podrá explicar a la sociedad lo que ha ocurrido durante tantos años de instrucción…

VISTO PARA SENTENCIA

Confusiones por la nueva nomenclatura
*La reciente reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal que ha sustituido algunos vocablos de la nomenclatura legal ya está provocando las primeras confusiones. Recuerden que ahora los imputados se llaman investigados y los secretarios judiciales letrados de la Administración de Justicia. Les voy a contar una anécdota que ocurrió recientemente y que refleja perfectamente cómo los cambios en materia de Justicia tardan un tiempo en asimilarse. Un preso telefoneó indignado a su abogada defensora, El diálogo que se produjo entre ambos fue el siguiente:
–Hola. ¿Por qué has renunciado a mi defensa? –pregunta el preso.
–¿Qué estás diciendo? Yo sigo siendo tu letrada… –responde sorprendida la abogada.
–Que sí, no me cuentes historias… Que me ha llegado una carta del turno de oficio designando a la “letrada de la administración de Justicia” y yo quiero que tu sigas defendiéndome, que para eso te pago. –añadió el interno.
Menudo jaleo tuvo la abogada para explicarle que, mientras estaba a la sombra, el Gobierno había decicido cambiar el cargo de los antiguos secretarios judiciales.
De las confusiones a las erratas graciosas
*Errare humanum est. Un reciente escrito del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla sobre los EREordenaba dar traslado de la causa al también investigado “ManuelChavez González”(sic). Chavez con zeta y sin tilde, como el que fuera presidente venezolano. Pero lo curioso es que el presidente de la Junta lo lleva claro, por lo menos en lo que se refiere a que escriban bien su apellido, porque la exposición razonada que la juez Mercedes Alaya remitió al Tribunal Supremo en agosto de 2014 no paraba de citarle, incluso desde el primer folio, como “Manuel Chávez González”. Por cierto que no es la única errata que aparece en esa diligencia del juzgado, puesto que la misma también da traslado de la actuaciones a ”José Antonio Viera Aguayo”, una mezcla de apellidos de los ex consejeros José Antonio Viera Chacón y Carmen Martínez Aguayo. Lo dicho, errar es humano.
La procesión de la vágina de plástico
*La Justicia se ve en muchas ocasiones desbordada por la excesiva litigiosidad. Asistimos a la judicialización de muchos ámbitos de la vida cotidiana. Hoy en día se denuncia todo, desde la pelea con la vecina por el tendedero hasta las situaciones más insólitas o inverosímiles. El aumento de las denuncias y demandas se debe en muchas ocasiones a asuntos que no deberían llegar a la mesa de un juez. Esta semana, la juez de Instrucción 10 de Sevilla, Pilar Ordóñez, ha tomado declaración como “investigadas” por un delito contra los sentimientos religiosos a tres mujeres que portaban en procesión una vagina de plástico en la manifestación del primero de Mayo de 2014. Las tres imputadas han negado que tuvieran una “voluntad de mofa”. La historia no deja de ser anecdótica, pero denuncias de este tipo hacen que los jueces tengan que emplear un tiempo y un esfuerzo que podrían emplear a otros asuntos de verdadera trascendencia.

¿Se va Alaya?

Jorge Muñoz | 2 de octubre de 2014 a las 6:00

juez Mercedes Alaya. caso EREAlaya anuncia que se va, pero en realidad se queda hasta acabar la instrucción de las macrocausas. En los mentideros judiciales no para de comentarse en los últimos días la posible marcha de la juez a la Audiencia. Según fuentes consultadas por este periódico, la magistrada, que dirige desde 1998 el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, ha trasladado incluso a sus funcionarios la intención de pedir una plaza de magistrada en una de las secciones penales de la Audiencia de Sevilla.
Alaya, que ahora tiene 51 años, habría explicado a sus funcionarios que se trataría de la “última oportunidad” para solicitar una plaza en la Audiencia, donde a finales de este año está previsto que se convoque un concurso para la creación de cuatro nuevas plazas de magistrado que vendrían a completar las cuatro secciones de lo Penal que hay actualmente en la Audiencia y que, a partir de entonces, pasarían a contar cada tribunal con cinco magistrados.
Y sería la última oportunidad porque es muy difícil que se convoquen cuatro plazas de golpe, lo normal es que su suplan vacantes a un ritmo menor. Al salir cuatro plazas en bloque, Alaya, que es una de las magistradas más antiguas en los juzgados de Instrucción, tendría más opciones para lograr una de estas plazas, dado que actualmente sólo le superan en el escalafón varios jueces. Pero la anunciada marcha de Alaya no sería tan inmediata, puesto que la juez tiene previsto acabar las macrocausas que tiene abiertas y que la han convertido en una auténtica estrella de la judicatura a nivel nacional, equiparable en fama o incluso superior a alguno de los magistrados destinados en los juzgados de la Audiencia Nacional.
Alaya no quiere marcharse de su juzgado sin finalizar la instrucción de los ERE fraudulentos, donde ha imputado ya a 227 personas y ha trasladado la preimputación a nueve aforados, y sobre todo la macrocausa relacionada con el fraude de los cursos de formación. Esto implica que, para incordio de muchos abogados defensores –que apostarían por un cambio de instructor–, Alaya continuará al frente de estos macroprocesos.
La fórmula para que la juez pueda seguir hasta que acabe de instruir estas causas es la misma que ha permitido al magistrado Pablo Ruz continuar en el juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional para investigar el caso Gürtel, el de Fórum Filatélico o el de los papeles de Bárcenas. En este caso, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha venido prorrogando por periodos de seis meses la comisión de servicio del juez Ruz para la instrucción de estas causas ante el “excelente rendimiento” del juez. Pablo Ruz sigue en el juzgado porque el titular de este órgano, el magistrado Miguel Carmona –ex vocal del CGPJ y que durante años presidió la Audiencia Provincial de Sevilla– continúa en situación de servicios especiales como juez de enlace en el Reino Unido. En el caso de Ruz, el órgano de gobierno de los jueces tuvo en cuenta, además del rendimiento del magistrado, el hecho de  “cualquier cambio en la comisión de servicio produciría una alteración seria en la tramitación de las causas en el juzgado” dado el volumen, excepcionalidad y la complejidad de estas investigaciones.

Lo mismo podría predicarse respecto a las causas que instruye Alaya, quien en los últimos cuatro años ha llegado a abrir hasta ocho macrocausas. Alaya ha investigado cinco causas relacionadas con la empresa pública Mercasevilla –de las cuales dos pueden considerarse macrocausas por el volumen de estos procedimientos relacionados con delitos societarios y la venta fraudulenta de los suelos–; así como la principal de los ERE, otra sobre los cursos de formación realizados por las empresas de Juan Lanzas y las ayudas a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) –en la que se incluyen las diligencias relacionadas con el ex consejero andaluz de Hacienda Ángel Ojeda–.
Alaya también mantiene abierta, aunque en la recta final de la instrucción, la investigación por el delito societario que atribuye al ex mandatario del Real Betis Manuel Ruiz de Lopera; y las diligencias declaradas secretas en relación con la denominada operación Madeja, sobre el presunto enriquecimiento ilícito del ex asesor del Ayuntamiento de Sevilla Domingo Enrique Castaño y las irregularidades en los contratos del Ayuntamiento de Sevilla. En febrero pasado, la juez abrió otra causa para investigar las ayudas concedidas por la agencia Idea. Los inconvenientes de su marcha serían muchos: ¿Quién podría hacerse cargo a esta altura las macrocausas?¿Cuánto tiempo le costaría ponerse al día?
Que la juez Alaya vaya a solicitar una plaza de magistrada en la Audiencia de Sevilla, sólo supone una salvaguarda para su promoción dentro de la carrera judicial, porque a buen seguro que aún queda juez para rato. Y serán varios años porque todo el mundo coincide en que la causa de los cursos de formación será más extensa que la de los ERE. La juez incansable, como ella misma se definió en uno de sus personalísimos autos, y sus guardias de la UCO van a seguir dando mucha guerra aunque a muchos les pese tanta perseverancia.

El final de una instrucción con muchos flecos pendientes

Jorge Muñoz | 20 de julio de 2014 a las 5:29

La juez Mercedes Alaya

La juez Mercedes Alaya llega a los juzgados.

Se trata de la noticia más esperada para muchos que siguen al milímetro la agotadora instrucción de los ERE fraudulentos. Casi cuatro años después de iniciada la investigación –las diligencias previas son de principios de 2011–, la juez Mercedes Alaya está a punto de cerrar una de las investigaciones más importantes contra la corrupción que se han desarrollado en la historia andaluza y que ha hecho tambalear al Gobierno autonómico. Es además el caso que ha convertido a la magistrada Alaya en una auténtica juez estrella, digna de competir con sus homólogos de la Audiencia Nacional.
Alaya es actualmente tan conocida como los Ruz, Pedrás o como lo fue en su día el propio Garzón, hoy caído en desgracia para la carrera tras ser condenado a once años de inhabilitación. Alaya comparte ese pódium de popularidad que sólo alcanzan algunos jueces en este país.
La instructora ha realizado una exhaustiva y perserverante investigación, algo que nunca se le podrá reprochar, aunque en determinados momentos se hayan producido más sombras que luces debido a su personalísima manera de instruir o de interrogar a las personas –ya más de 200– que se han tenido que sentar frente a la instructora para responder del uso que se ha dado a unos fondos públicos a través de las ayudas y subvenciones en las que no se respetaron los procedimientos legales, según la tesis que maneja desde el principio la instructora.
La marcha de la causa al Tribunal Supremo supone el final de una instrucción que aún tiene muchos flecos pendientes y que, más tarde o más temprano, tendrá que volver a las manos de Alaya. De hecho, sólo se ha investigado el 5% de los 401 expedientes de ayudas bajo sospecha.
El retorno de la causa se producirá una vez que el Tribunal Supremo decida que hacer con las personas aforadas que han sido señaladas por la instructora como partícipes de un sistema que Alaya considera fraudulento y mediante el cual se han estado concediendo subvenciones para prejubilaciones de trabajadores y ayudas a empresas en crisis durante más de una década.
En el tiempo en que la juez va a estar sin ERE no tendrá tiempo de aburrirse, otras causas como la de los cursos de formación ya se encuentran sobre la mesa de su despacho.

El foco apunta ya a Susana Díaz

Jorge Muñoz | 17 de julio de 2014 a las 5:00

La juez Mercedes Alaya

El símil no es mío, pero me han cedido el copyright para poder contarlo. El auto notificado ayer por Alaya supone un nuevo giro, el enésimo que la juez incansable da a la causa de los ERE para en este caso intentar poner el foco sobre la actual presidenta de la Junta, Susana Díaz, a la que la ampliación de la investigación a 2012 alcanza en su etapa como consejera de la Presidencia.
Vayamos con el símil. El auto de ayer puede interpretarse como la búsqueda de posibles conexiones del tercer presidente autonómico con el escándalo de los ERE, en el que ya están preimputados sus antecesores, Manuel Chaves y José Antonio Griñán. ¿Quién no ha visto esas espectaculares imágenes que ofrecen las cadenas de televisión americanas de la persecución policial de un delincuente que acaban tras una sucesión de choques o con los disparos de los agentes abatiendo al sospechoso?
Pues lo ocurrido puede ser el inicio de esa retransmisión no televisada, sino a través de autos judiciales con los que Alaya puede buscar cercar a Díaz.
La juez podría investigar si la entonces consejera pudo participar en algún Consejo de Gobierno en los que se ratificó alguna de las ayudas bajo sospecha como elemento para buscar una supuesta responsabilidad.
La francotiradora Alaya sabe muy bien cómo cobrarse las piezas importantes. Lo hemos visto con Chaves y Griñán. Llegados a este punto, el procedimiento de la juez para cercar a Díaz comenzaría con incluir en sus autos alusiones veladas a la Consejería de la Presidencia. Luego pasaría a citar a la titular de Presidencia en este período, aunque sin dar su nombre. El siguiente paso sería intentar relacionarla en otro auto con alguna actuación concreta que pudiera encuadrarla dentro de la investigación. Y cuando se haya generado ese caldo de cultivo en el que todos los que siguen al detalle el devenir de la causa de los ERE –los otros incansables– se pregunten si va a dirigir la causa contra Díaz, la juez estaría en disposición de lanzar un nuevo auto bomba dirigido al corazón del Gobierno andaluz. Para darle mayor trascendencia, la resolución coincidiría con un evento importante de la Junta o de los socialistas. La caza habría terminado. Sería como el final de la retransmisión de una persecución americana a la que se puede asistir en directo.

Imputados de los ERE de vacaciones

Jorge Muñoz | 10 de julio de 2014 a las 7:00

El escrito enviado por la defensa a la juez Mercedes Alaya

El escrito enviado por la defensa a la juez Mercedes Alaya.

En el caso de los ERE hemos visto últimamente cómo Alaya ordenaba embargos cutres de motocicletas y Seat Pandas, pero hasta ahora no habíamos visto que uno de los imputados le comunique a la instructora dónde va a pasar sus vacaciones, en cumplimiento de la obligación de informar sobre cualquier cambio de domicilio, aunque sea con carácter temporal.  Este es el caso del secretario general de la Federación Minerometalúrgica de CCOO de Andalucía, Manuel Roberto Carmona, cuya defensa ha puesto en conocimiento de la juez Alaya que va a estar dos meses de vacaciones en el camping Doñana de Matalascañas.

En un escrito remitido por la defensa del sindicalista se explica que como quiera que la juez le impuso entre las medidas cautelares la obligación de comunicar al juzgado “cualquier cambio de lugar de residencia, aunque fuese de carácter temporal”, es por lo que informa del lugar de veraneo. Con independencia de la anécdota, lo que resulta también curioso es la amplitud de las vacaciones, porque el sindicalista fija su domicilio vacacional para los meses de julio y agosto. Quien pudiera…

La juez ya ha tomado cuenta de la comunicación del imputado.

El PP-A sorprende al cambiar a los abogados en Invercaria

Jorge Muñoz | 1 de julio de 2014 a las 5:00

Luis García Navarro y Lourdes Fuster

Los abogados Luis García Navarro y Lourdes Fuster

Después de más de dos años de investigación, el nuevo presidente del PP-A, Juan Manuel Moreno Bonilla, Juanma como le gusta que le llamen en los medios, ha decidido relevar del caso Invercaria a los abogados Luis García Navarro & Lourdes Fuster y sustituirlos por el letrado Wenceslao Moreno de Arredondo, el abogado que en su día defendió al comisionista Pedro Llach en el caso Ollero y que también ha representado al empresario Luis Castel, que quiso comprar el Betis.

El nuevo letrado se encargará además de la acusación del PP en las nueve diligencias previas abiertas -que también investiga el juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla- en relación con las ayudas  concedidas desde el año 2003 a diferentes sociedades públicas, entre las que se encuentran la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (Epsa), la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (Egmasa) o la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda).

No hay una explicación oficial del cambio de letrados. Sólo mucha sorpresa entre los letrados personados en el caso de los ERE, causa en que, en principio, Luis García Navarro y Lourdes Fuster van a seguir representando al PP. Algunas fuentes interpretan que esta decisión de quitar a los abogados que conocen a la perfección la causa de Invercaria puede suponer un cambio de tendencia en la nueva dirección regional del PP, en lo que respecta a la utilización de los casos de corrupción como elemento de desgaste del Gobierno andaluz. Bajar el ritmo de la denuncia judicial para aumentar el plano del debate político.

Hace unos días, Wenceslao Moreno Arredondo pidió la venia para el caso Invercaria y las otras investigaciones de las nueve empresas públicas.  Sobre cómo se designa a este letrado para ejercer la acusación del PP, algunas fuentes han destacado su conocimiento por parte del alcalde de Mairena del Aljarafe y ex presidente del PP de Sevilla Ricardo Tarno, cuya mujer trabaja precisamente desde hace años en el despacho de Moreno Arredondo. Además, Wenceslao Moreno ha tramitado el divorcio de un hermano de Ricardo Tarno, casado en segunda nupcias con una responsable del PP-A.

Hasta ahora, los abogados del PP personados en las distintas causas en las que están personados como acusación particular han desarrollado una importante labor y han logrado granjearse el respeto de muchos de los abogados de la defensa, así como de la juez Mercedes Alaya y de la propia Fiscalía Anticorrupción.

 

La boda a la que no estaba invitada Alaya

Jorge Muñoz | 23 de mayo de 2014 a las 16:37

La juez Alaya a su llegada a los juzgados de SevillaCuando una juez como Mercedes Alaya fija de una semana para otra la declaración de los imputados pueden suceder muchas cosas que impidan la comparecencia de estas personas. Es lo que ha ocurrido con la “semana fantástica” de Alaya en el caso de los ERE, donde al margen que ni uno solo de los 19 imputados que han comparecido ha prestado declaración, hay otros que no han comparecido, por motivos muy diversos.

Hay imputados que no han acudido porque tenían problemas de salud, otros porque se encontraban de viaje fuera de Sevilla, y también los hay que no han asistido porque estaban celebrando la boda de un hijo. Esto es lo que ha ocurrido con un imputado que ha presentado un escrito a la juez informando que no podía comparecer alegando “motivos personales”, puesto que Alaya había fijado para su declaración el mismo día en que se celebraba la ceremonia civil de matrimonio de su hijo. Vaya tino de la juez.

Para probar que la veracidad de las alegaciones, el imputado ha aportado en su escrito una copia de la invitación de boda, donde consta el día y lugar de celebración del evento, así como el menú preparado para el disfrute de los invitados. Alaya se coló en esta boda, aunque lógicamente no estaba invitada -la juez ya celebró su propia ‘reboda’ recientemente-, y al padre del novio seguro que no le hizo mucha gracia recibir el auto que la instructora dictó el pasado 13 de mayo.

La invitación de boda, que a partir de ahora quedará incluida en el voluminoso sumario de los ERE, recuerda que la ceremonia tendrá lugar en las casas rurales de Málaga, con una duración de dos días. Al segundo día -“Nochecitas alegres, mañanitas tristes” reza la invitación-, se servirá “desayuno en las casas (el que pueda)” y una comida que incluye langostinos, cordero de Soria, y paella… Buen menú para disfrutar.

De momento, Alaya no se ha pronunciado sobre la citación del padre del novio para otro día. ¡Vivan los novios! Ya habrá otro día para comparecer ante la juez y para acogerse a la ley del silencio que ha marcado la agenda de la magistrada durante toda la semana: De los 25 imputados que había citado a declarar, han comparecido 19 y todos éstos, sin excepción, se han acogido a su derecho constitucional a no declarar. Omertá en el juzgado de Alaya.

Como el código de honor siciliano, nadie ha hablado durante esta semana ante Alaya, aunque en este caso el silencio está amparado legalmente y si el mismo se rompe -y los imputados acceden a declarar-  afortunadamente no sufrirán las mismas consecuencias que en el código de honor de la mafia, en el que no respetar ese juramento puede castigarse con la muerte…

Los fantasmas de Alaya

Jorge Muñoz | 21 de mayo de 2014 a las 5:00

La juez Mercedes AlayaUna de las pocas cosas de interés que te enseñan en la Facultad de Periodismo es que el “yo” del periodista, los avatares del informador a la hora de conseguir la noticia, no son de interés para el lector. Pero siempre hay excepciones, como en cualquier ámbito de la vida. Y hoy es necesario contar el espectáculo bochornoso que protagonizó ayer la juez Mercedes Alaya al requisar el teléfono móvil de un periodista de La Razón que había osado poner a cargar su teléfono en un enchufe muy cerca de la puerta del despacho de su señoría, entre otras cosas porque quizás era una de las pocas tomas eléctricas que funcionaban en esa zona del viejo edificio de los juzgados. No hay nada más. Su señoría no debe buscar explicaciones surrealistas o sospechar que el periodista pretendía grabar conversaciones privadas en su despacho.
La señal de alerta a la juez la dio una funcionaria, quien quizá en un exceso de celo profesional, comunicó más allá de las dos de la tarde a Alaya –que ya había terminado las declaraciones correspondientes a la jornada de ayer– la cercanía del teléfono móvil a la puerta de su despacho.
Nada más ser informada, la juez salió de su despacho, tomó el teléfono y el cargador, y se dirigió a los periodistas que aún quedaban en las inmediaciones de su juzgado –periodistas a los que ni siquiera saluda después de años cubriendo esta información y siguiendo la causa de losERE–, para preguntar por el propietario del móvil. Alaya preguntó por qué se estaba cargando el móvil en aquel enchufe y al no convencerle las razonables explicaciones del periodista, bajó al puesto de guardia de seguridad del edificio y regresó acompañada de un agente de la Guardia Civil.
El guardia civil, que en todo momento se comportó con corrección y educación, pidió al informador que le acompañase hasta las dependencias del juzgado de guardia. En el ascensor, el periodista le preguntó: “¿Qué sucede?¿Estoy detenido?”, a lo que el agente le respondió que no, que únicamente había recibido la orden de la magistrada para revisar el teléfono móvil y comprobar que no se había realizado ninguna grabación procedente del despacho de su señoría. El guardia verificó que, como decía el periodista, el móvil estaba incluso apagado cuando lo cogió la instructora, porque estaba descargado completamente.

Tras comprobar que no había ninguna grabación, se lo devolvió al periodista, que pudo abandonar entonces la sede judicial. Más allá de la desagradable anécdota, el incidente de ayer viene a demostrar el nerviosismo de la instructora, que no deja de ver fantasmas por todas partes y que lleva un tiempo que parece estar obsesionada con las supuestas filtraciones informativas. De hecho, Alaya tiene abiertas unas diligencias previas tras la publicación de una información relacionada con la operación Madeja, y en otras ocasiones ha ordenado investigar la filtración de autos relacionados con sus investigaciones.
El incidente de ayer no es el primero con la prensa, a la que Alaya ha prohibido otras veces permanecer en la misma planta de su juzgado cuando toma declaración, obligando a los periodistas a estar en el hall del edificio, dos plantas más abajo. Y a los abogados les prohíbe desde hace tiempo entrar con sus móviles y tabletas electrónicas en las declaraciones –se quedan custodiadas por la Guardia Civil en una caja de cartón cutre– sin que el colegio de abogados haya dicho lo más mínimo.
Alaya ve enemigos por todas partes, cuando la prensa siempre fue un aliado. Siempre he reconocido y no me cansaré de poner de manifiesto la inmensa labor de Alaya en la lucha contra la corrupción en Andalucía, pero ésta no es la primera vez que la juez pone trabas a la labor informativa. Su señoría no debe olvidar que el derecho a la información también aparece en la misma Constitución que ella defiende cada día desde su juzgado. El desafortunado incidente de ayer demuestra, una vez más, que Alaya se equivoca de objetivo, probablemente por el cansancio ante la ingente tarea que realiza. Señoría, no busque enemigos donde no los hay, bastante tiene con los ya conocidos.

La semana fantástica de Alaya

Jorge Muñoz | 19 de mayo de 2014 a las 5:00

La juez Mercedes AlayaComo si fuera un anuncio de unos grandes almacenes ávidos de captar nuevos clientes. Alaya arranca hoy la semana fantástica del caso de los ERE, en plena recta final de las elecciones europeas. No lo olviden, porque no es la primera vez que la juez hace coincidir eventos políticos con el dictado de sus resoluciones.

Después de haber protagonizados varias madrugadas de trabajo, con el dictado de autos a primera hora de la mañana del día siguiente a su llegada a los juzgados -recuérdese la noche del pescaíto de hace dos años cuando envió a prisión al ex consejero Antonio Fernández o con algunas de las operaciones realizadas en 2013-, Alaya ha programado esta semana cargadita de declaraciones. En cinco días tiene previsto tomar declaración a 25 imputados, o al menos eso entiende la juez, puesto que mucho me temo que sean muy pocos los que no se acojan a su derecho a no declarar. Algo que quizás la propia juez haya tenido en cuenta a la hora de fijar cinco declaraciones diarias, porque si todos declaran nos metemos en la noche seguro…

Lo sorprendente es que nunca, hasta ahora y desde que comenzó esta macrocausa en 2011, Alaya la incansable había programado un calendario tan intenso de declaraciones y con tan poco espacio de por medio. El auto que ampliaba la imputación a los vocales del consejo rector de Idea entre 2001 y 2008 lo dictó la semana pasada y, en menos de una semana, espera que los imputados -hay 16 nuevos que no conoce la causa-, se empapen para poder ejercer adecuadamente su derecho de defensa de una voluminosa instrucción que supera ya los 200.000 folios de extensión.

El nuevo calendario revela que Alaya está acelerando el final de la instrucción. Posiblemente porque se vea presionada por la Fiscalía Anticorrupción, que no hace más que recordarle que, a su juicio, ya no es competente para seguir instruyendo el caso, ante la preimputación de aforados y la aparición de indicios contra otras personas que gozan de esa misma condición. Son tres los avisos que desde el pasado 3 de abril el Ministerio Público ha dado ya a la juez recordándole que debe apartarse de la causa y enviar las actuaciones al Alto Tribunal, al menos la parte que afecta a los aforados previa división en distintas piezas del procedimiento.

Y Alaya está acelerando la instrucción porque ya ha reiterado, hace poco, que la investigación judicial, al menos en el ámbito de su competencia, acabará “en breve plazo”, aunque hace seis meses que ya dijo lo mismo. Hay quien apunta a que antes de este verano podría remitir el caso al Supremo y entrar de lleno a investigar otros macroprocesos, como el que recientemente le ha enviado la Fiscalía respecto a las ayudas de 49,5 millones que recibió la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), que otros entienden que fue un auténtico nido de enchufismo, de colocaciones a dedo, con el que la instructora no va a parar de dar nuevos titulares, a cual más escandaloso.

La semana fantástica de Alaya vendrá precedida de un nuevo auto en el que, al igual que hizo recientemente con la declaración de los empresarios de la Sierra Norte de Sevilla, la juez rechazará la petición de la Fiscalía de suspender las declaraciones. La Fiscalía Anticorrupción tendrá que decidir entonces si, como si en ese caso, presenta un recurso ante la Audiencia contra esta negativa de la juez a suspender las declaraciones.

Por el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla pasarán esta semana importantes personalidades del mundo económico andaluz, banqueros y personas de destacados sectores empresariales tendrán que acudir a un juzgado, para muchos por primera vez y marcados por el estigma de la imputación en uno de los procesos más mediáticos de los últimos años.

Una semana interesante y estresante la que arranca hoy…

¿Qué entiende Alaya por “breve”?

Jorge Muñoz | 2 de mayo de 2014 a las 5:00

La juez Mercedes Alaya llega a los juzgados de Sevilla.Alaya, la incansable, ha vuelto a pedir esta semana tranquilidad a las masas. A todos los que llevan meses reclamándole, no sin buena parte de razón -todo hay que decirlo-, que cierre el capítulo de los ERE fraudulentos, al menos, el que se refiere a los aforados que ella misma preimputó: los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y cinco ex consejeros autonómicos.

Pero, ¿qué entiende Alaya por breve? Esa es la clave. Hace cinco meses, a finales de octubre pasado, Alaya ya afirmó en un auto que no enviaría por el momento la causa al Tribunal Supremo. En ese auto, en el que la juez pidió expresamente “calma”, ya precisó que el final de la instrucción “no está lejos, sino más bien todo lo contrario”. Decía la instructora que, no obstante, todavía quedaba “un trecho de importancia capital” y apuntaba que para agotar la instrucción aún debían entregarse una serie de atestados, entre ellos el referido a las ayudas a la Sierra Norte de Sevilla. En ese mismo auto, la instructora afirmaba que quería culminar “con dignidad” el trabajo que “unos pocos incasables”, entre los que se autoincluía ella misma, iniciaron hace tres años.

Si Alaya entiende por “breve” lo mismo que la Guardia Civil, a la causa le quedan todavía algunos años de espera para cerrarla. No olviden que a principios de 2012 los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) ya anunciaron que el atestado relativo a la participación del ex consejero de Empleo José Antonio Viera en la concesión de las ayudas a la Sierra Norte se entregaría en breve.  Pero ese atestado no ha llegado al juzgado hasta hace poco tiempo, dos años después del anuncio realizado.

Tampoco hay que olvidar que a principios del año pasado, cuando Alaya se reincorporó tras su baja por enfermedad, le aseguró al presidente del TSJA que su intención era cerrar el caso de los ERE, o alguna de las macrocausas, antes de que finalizara 2013. Pero esa fecha tampoco se ha cumplido.

Al ritmo que va la causa, parece que queda ERE para rato. De momento y aunque el interés por las elecciones europeas para el electorado sea escaso, a buen seguro que Alaya dará todavía algunos golpes de efecto, a modo de auto, fianzas, citaciones, etc….  La Fiscalía ya ha pedido en más de media docena de escritos los riesgos de prescripción y de dilaciones indebidas por el retraso de una investigación que acumula ya más decenas de miles de folios (van casi 70.000) y no menos de 171 imputados.

Mientras tanto, seguiremos asistiendo al enfrentamiento que desde hace meses vienen protagonizando la juez y la Fiscalía Anticorrupción, que ha pedido la división de la causa en piezas y elevar la parte que afecta a los aforados al Supremo. La Fiscalía está dispuesta a recurrir todas y cada una de las declaraciones que la juez siga convocando en este procedimiento, y Alaya seguirá rechazando estos recursos. La última palabra la tendrá la Audiencia de Sevilla, que pronto hará pública su decisión sobre el recurso de la ex consejera de Economía y Hacienda de la Junta Magdalena Álvarez contra su imputación.