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La condena de Alaya

Jorge Muñoz | 13 de marzo de 2014 a las 8:00

Magdalena ÁlvarezSi alguna suerte supone para Magdalena Álvarez que la juez Mercedes Alaya esté instruyendo la causa de los ERE deriva de que esta magistrada no formará parte, en su momento, del tribunal que hipotéticamente deba enjuiciarla, en el caso de que se mantengan los cargos contra la ex ministra. Y digo suerte porque el auto de Alaya en el que le impone una millonaria fianza es una auténtica sentencia condenatoria contra la que fuera consejera de Economía durante una década. 

La alusión de Alaya a la “probabilidad cierta” de que Álvarez y otros ex altos cargos de la Junta puedan ser condenados en un futuro por estos hechos, supone otro paso cualitativo de la instructora. Nunca hasta ahora Alaya había ido tan lejos, ni había ha tratado de esta forma a ninguno de los 144 imputados que hay en la causa de los ERE fraudulentos, sobre todo si se tiene en cuenta que la causa aún está en fase de instrucción y que Magdalena Álvarez sólo está imputada, un término que los juristas tratan sin mucho éxito de explicar que sólo representa una garantía para la persona que comparece ante un juez, que tiene derecho a defenderse y a acudir acompañada de su abogado.

Alaya ha pulverizado en un auto que tiene una extensión de sólo 11 folios la presunción de inocencia de Magdalena Álvarez, a la que la ex consejera andaluza tiene derecho, como cualquier ciudadano que es imputado en un proceso judicial. Una cosa es desgranar todos los indicios que Alaya ha detectado con respecto a la gestión de Magdalena Álvarez al frente de la Consejería de Economía y Hacienda, y otra muy distinta es anticipar una condena, aspecto que está vedado al juez instructor, cuya función consiste precisamente en investigar los hechos, reunir todas las pruebas y presentarlas de la mejor forma posible para que sea otro juez, ajeno a la instrucción, quien dicte la correspondiente sentencia una vez valorados todas las pruebas.

Alaya dictó ayer su propia sentencia, que también condena a Álvarez a la muerte civil, al imponerle una fianza millonaria que a buen seguro será incapaz de reunir. Sólo cabe preguntarse quién responderá de las consecuencias si, al final, la Justicia exculpa a Magdalena Álvarez.

La fase cutre de los ERE: embargos de motos y Seat Pandas

Jorge Muñoz | 28 de febrero de 2014 a las 8:00

Javier Guerrero, a su salida de la cárcel de Sevilla-I, el 5 de junio de 2013El megaproceso de los ERE parece entrar en su fase aparentemente más cutre, a tenor de los últimos embargos decretados por el juzgado de Mercedes Alaya. La instructora ha fijado fianzas millonarias que se aproximan ya a los 3.000 millones de euros y ha comenzado a trabar los embargos de los bienes de los principales imputados.

Primero se ha acudido, como es lógico, a los bienes de mayor valor, como los pisos, locales, garajes, etc. propiedad de las personas a las que se ha fijado una responsabilidad civil, así como a la intervención de los saldos de las cuentas bancarias. Lo que ocurre es que como las fianzas impuestas son tan elevadas, esa primera oleada de embargos resulta ridícula en comparación con las cuantías.

Por ello, estos días la secretaria judicial está dictando decretos en los que acuerda la “mejora de embargo” sobre los bienes de los imputados, pero más que “mejora” parece que con estas actuaciones la situación empeora, dado el tipo de bienes sujetos a embargo. Así, el juzgado no ha dudado a la hora de embargar para garantizar la fianza civil de 686 millones de una motocicleta Suzuki VL250 propiedad de Francisco Javier Guerrero, el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta, uno de los principales imputados y autor de la expresión “fondo de reptiles” para definir la partida presupuestaria 31L por la que se concedían las ayudas.

Éste no es el único embargo singular acordado por el juzgado, ya que recientemente se dispuso el embargo de dos vehículos, entre ellos un Seat Panda, del conseguidor de los ERE y ex sindicalista Juan Lanzas Fernández, al objeto de hacer frente a la fianza civil de otros 38 millones. El juzgado señaló entonces que el embargo de estos dos vehículos, un Ford Mondeo y un Seat Panda, se producía una vez que han resultado “insuficientes” los bienes embargados para satisfacer la fianza impuesta.

Habrá que ver las próximas semanas cómo transcurre el nivel de los embargos, pero mucho me temo que seguirán apareciendo bienes curiosos, presumiblemente de escaso valor ante la cuantía de las fianzas-roncha que ha impuesto Alaya.

Al final puede pasar como sucedió con el embargo de la moto de Miguel Carcaño, que fue incautada para satisfacer los más de 616.000 euros que había costado la búsqueda de Marta pero la Audiencia de Sevilla decidió después de cinco años intervenida devolver el vehículo al condenado, dado su “ínfimo valor”, que rondaba los 320 euros. Y si no, ¿cuánto puede costar la moto de 2,5 cc de Guerrero o el Seat Panda de Lanzas?  Lo veremos….

Cita de imputados en el Nuria antes de enfrentarse a Alaya

Jorge Muñoz | 8 de febrero de 2014 a las 8:00

El ex delegado de Empleo Antonio Rivas y el ex diputado del PSOE Ramón Díaz Alcaraz.

El ex delegado de Empleo Antonio Rivas conversa con el ex diputado del PSOE Ramón Díaz Alcaraz, en presencia del abogado Jon Ander Sánchez.

Una imagen que hace bueno el dicho. El ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas se reunió este viernes con el ex diputado del PSOE Ramón Díaz Alcaraz en el restaurante Nuria, muy próximo a los juzgados de Sevilla. Encuentro entre dos imputados antes de que el primero se enfrentase a un cara a cara con la juez de los ERE. De esa cita judicial podía salir cualquier cosa. Ni Antonio Rivas, ni nadie, tenía claro cómo podía acabar esa comparecencia, porque la revelación de la juez Alaya a principios de semana respecto a que la Guardia Civil había detectado un “incremento patrimonial ilícito” del ex alto cargo, en el que éste podría haber utilizado a personas de su entorno familiar, hacían presagiar los peores augurios respecto a que Rivas podía seguir el camino que había llevado a otros imputados, como sus amigos Antonio Fernández y Francisco Guerrero, a Sevilla-I. Esos supuestos tambores de rejas que parecían haberse oído a comienzos de semana no se confirmaron finalmente, por el bien del propio Rivas, para quien la elevada fianza civil solicitada por la Fiscalía Anticorrupción de más de 5,5 millones de euros sonaba definitivamente a victoria.

Pero a primera hora de la mañana el resultado era incierto, una incógnita, por lo que resultaba lógico que Rivas recibiera apoyos de sus amigos antes de someterse a ese trance judicial. Quizás para dar y/o recibir un último consejo de quien ya se ha sentado frente a la juez. Si Rivas y Ramón Díaz pretendían pasar desapercibidos, el Nuria no era precisamente el mejor lugar para hacerlo, porque esta cafetería es frecuentada por muchos abogados, jueces y fiscales dada su cercanía con los edificios judiciales y por la calidad del café que se sirve en este veterano negocio. Tampoco tenían nada que ocultar.

Luego llegó la comparecencia ante Alaya, después de 1.115 días de espera, esto es, más de tres años, como se encargó de contar con exactitud y de reflejar el abogado Jon Ander Sánchez en su intervención a la hora de oponerse a la fianza civil solicitada por la Fiscalía. Y Rivas se acogió a su derecho constitucional a no declarar, como estaba previsto en casi todas las quinielas, al igual que han hecho la mayoría de ex altos cargos que han comparecido en los últimos meses ante la incansable Alaya.

El hecho de que Rivas se haya quejado anteriormente de que la juez no le citara a declarar tras llevar imputado durante todo este tiempo no implica que tuviera que prestar testimonio ahora, porque es su derecho y porque, como ha alegado su defensa, todavía hay atestados e informes de la Guardia Civil, como el referente a Mercasevilla, que no han sido incorporados a esta voluminosa instrucción a pesar de que en ocasiones se ha anunciado su entrega de forma inminente. Pero el tema de los retrasos y de lo que está ocurriendo en la instrucción es otra historia….

Tres años de espera para declarar ante la incansable

Jorge Muñoz | 29 de enero de 2014 a las 7:00

JUEZA ALAYANo sé  cómo se habrá tomado el ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas el anuncio, realizado por la juez Alaya, la incansable, de que por fin va a tomarle declaración tras su imputación en el escándalo de los ERE, algo que tuvo lugar al inicio de la investigación de esta macrocausa, en enero de 2011.

Supongo que, al margen de que a nadie le agrade prestar declaración ante un juez y mucho menos como imputado, Rivas se habrá sentido hoy algo más aliviado. Por lo menos, tendrá la oportunidad de responder a las acusaciones que pesan sobre él desde que Alaya le situó al mismo nivel que el ex director general de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Guerrero, con quien le imputó.

Una declaración que se produce con tres años de retraso supone una dilación inaudita en un procedimiento de este calado, por muy complejo y voluminoso que sea, algo que la propia Fiscalía Anticorrupción se ha apresurado a denunciar en varias ocasiones, en las que ha urgido a la juez Alaya a que tome declaración a estas personas que llevan hasta tres años esperando la citación a declarar después de haber sido señalados públicamente, con el estigma que supone estar imputado por Alaya, que no es moco de pavo. Porque hoy en día Alaya es sinónimo de la lucha anticorrupción y todo el que aparece imputado -y ya van más de 141 personas- queda sin duda marcado.antonio rivas

Rivas podría ahora acogerse a su derecho constitucional a no declarar, algo que no debería sorprender tampoco a nadie, porque es su derecho y porque sería como una forma de protestar ante tan enorme dilación en el procedimiento.

Otra cosa es que el ex delegado de Empleo quiera refutar a la instructora los hechos supuestamente delictivos que le imputa por su intervención directa, como autoridad laboral, en los dos ERE realizados en el plazo de cuatro años en la empresa pública Mercasevilla (2003 y 2007) y que según Alaya se hicieron por los mismos motivos: la sobredimensión de la plantilla y el intento de rejuvenecerla.

El consejero de Justicia, Emilio de Llera, dijo ayer que “no es normal” que haya un retraso de este calibre en la toma de declaración de los imputados, y se remitió a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que en su artículo 400 establece que el procesado podrá declarar “cuantas veces quisiere y el juez recibirá inmediatamente la declaración si tuviere relación con la causa”. Lo que se dice “inmediatamente” no parece que sea citar a un imputado tres años después de llamarle al proceso.

El consejero de Justicia no es el único en criticar la demora de la instrucción de los ERE. Lo hizo hace unos meses el entonces presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), quien consideró que no era aceptable ni normal un retraso de tres años.

Y es que no es la primera vez que Alaya acumula un retraso de tres años en la toma de declaración de los imputados, también le ocurrió hace unos meses con el ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet, citado a declarar tres años y medio después, en la causa por el delito societario que se le atribuye en relación con la gestión al frente del mercado mayorista.

El retraso de Alaya se está convirtiendo cada vez más en habitual, tanto como sus demoras a la hora de comenzar las declaraciones el día en que son citados a declarar los imputados, lo que ha hecho que algunos letrados no se presenten a la hora fijada para el inicio de las comparecencias, sino que lo hagan con unos minutos de retraso sobre la hora programada.  Muchos de estos letrados critican abiertamente, aunque no públicamente, los retrasos de la instructora, que consideran una falta de respeto no sólo hacia los abogados sino a los propios encausados… Pero nadie hace nada por evitarlo.

Alaya echa el resto en 2014

Jorge Muñoz | 3 de enero de 2014 a las 8:00

La juez AlayaMucho, mucho trabajo para el año que empieza. La juez Alaya no ha tenido que pedir este deseo que anhelan millones de españoles para el año 2014. Todas las macrocausas que tiene abiertas actualmente la instructora auguran que este año que acaba de empezar será, como poco, igual o incluso yo me aventuraría a decir que más intenso si cabe en las dependencias del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.

Alaya entró en 2013 con mal pie, puesto que venía de la larga baja de seis meses que le había apartado de su juzgado y no fue hasta el mes de marzo cuando se reincorporó y con qué fuerza al trabajo. Ese mes se quitó de en medio a los jueces de refuerzo que le había nombrado el TSJA -dicen que la instructora llegó a decir que se había sentido como si hubiesen invadido su despacho- y también desarrolló la primera de las cuatro operaciones policiales que haría a lo largo de 2013: la Heracles-1 contra el cobro de comisiones desmesuradas en las póliza financiadas con fondos públicos de la Junta. Ese primer gran espectáculo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se cerró con una veintena de detenidos, entre ellos el ex sindicalista y conseguidor de los ERE Juan Lanzas Fernández, que acabaría en prisión provisional, al igual que el ex director general de Trabajo Francisco Guerrero, en su caso por segunda vez por orden de Alaya.

Unos meses después, en concreto en el mes de julio, la instructora volvió a montar una segunda operación, denominada Madeja por la Guardia Civil, en este caso contra el presunto enriquecimiento de Domingo Enrique Castaño, el que fuera asesor del ex alcalde de Sevilla Alfredo Sánchez Monteseirín, y por la supuesta financiación ilegal del PSOE, ya que, según las investigaciones -aún bajo secreto-, unos contratistas habrían entregado un sobre con 30.000 euros que iba destinado al partido socialista.

Octubre fue el mes de la segunda fase de la operación Heracles, en este caso centrada contra la participación de los representantes sindicales en el cobro de comisiones y que se saldó con diez detenidos, todos finalmente puestos en libertad con cargos.

Lo que la instructora no contaba es con la cuarta de las operaciones -segunda fase de la operación Madeja-, la que se precipitó a mediados de diciembre pasado por un error de la propia juez, que reveló en el auto que prorrogaba por quinta vez el secreto de la causa que se habían pinchado una decena de teléfonos de contratistas y de funcionarios municipales. En cuestión de horas, Alaya montó un nuevo despliegue de la UCO que se saldó con la detención de cinco personas, de las cuales tres de ellas -un empresario de Fitonovo y dos funcionarios de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla- acabaron en prisión provisional.

Entre esas cuatro operaciones, Alaya la incansable -como ella misma se ha llegado a autodefinir en un auto- no ha parado de dictar autos y resoluciones durante 2013, algunas de ellas tan relevantes y con estratégicas fechas políticas elegidas para su difusión, como ocurrió con el auto del 28 de junio, en el que imputó a una veintena de altos cargos en el fraude de los ERE, entre ellos la ex consejera y ex ministra Magdalena Álvarez, o el del 10 de septiembre -fecha de la toma de posesión del nuevo gobierno de Susana Díaz-, en el que se inventó una fórmula jurídica para preimputar a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a otros cinco ex consejeros autonómicos.

Para 2014, a buen seguro que la juez lleva a cabo otras tantas operaciones policiales. Piénsese por ejemplo que aún no le ha metido mano a la causa de las facturas falsas de UGT-A, más los coletazos que puedan quedar de otras operaciones, como la Madeja…

A comienzos de año, si se respeta el calendario que maneja la instructora, también tendrá que elevar la causa al Tribunal Supremo, una vez que realice una exposición motivada sobre los indicios que pueda encontrar contra los aforados. La Audiencia obligó recientemente a la magistrada a motivar más los hechos que atribuye a esto aforados, como le había pedido la Fiscalía Anticorrupción, si bien Alaya cumplió a medias lo que le ordenó el tribunal, dado que ni siquiera concretó los delitos que pueden atribuirse a Chaves y Griñán. En ese auto Alaya comenzaba justificando la motivación con un curioso “por imperativo legal”, como si todas las resoluciones que dictaran los jueces no fuesen bajo ese mandato de respeto a la ley, de lo que se desprende que este nuevo varapalo de la Audiencia -que también le obligó a motivar más la imputación de Magdalena Álvarez- no le sentó muy bien a la magistrada.

En las últimas resoluciones, Alaya también ha comenzado a quejarse del exceso de trabajo que soporta y de la falta de medios, pero en este caso sus quejas son contradictorias con la postura que fijó la magistrada cuando rechazó cualquier apoyo por más jueces de refuerzo. El TSJA estaba dispuesto a dejar incluso su juzgado con tres jueces, pero Alaya se negó y ahora sólo cuenta con un magistrado que se encarga de la llevanza del juzgado y de la realización de las guardias mientras la magistrada se centra en las macrocausas, de las cuales ha cerrado este año una -la venta fraudulenta de  los suelos de Mercasevilla- y está a punto de cerrar la del delito societario del Real Betis…. Con este panorama, todo apunta a que 2014 va a ser un año muy movido en el juzgado de Alaya.

El respaldo definitivo a las tesis de Alaya

Jorge Muñoz | 14 de diciembre de 2013 a las 13:25

Los peritos de la Intervención General del Estado han dado el respaldo definitivo a las tesis de la juez Mercedes Alaya, si es que la instructora lo necesitó en alguna ocasión en lo que se refiere a las irregularidades detectadas en las ayudas públicas de la Junta.

Punto a punto, coma a coma, el informe de más de 8.000 folios de los expertos designados por la Intervención del Estado confirma todas las sospechas que Alaya ha ido poniendo de manifiesto en los últimos años sobre el fraude de los ERE y el pago de ayudas por parte de la Junta. Desde la ausencia total de procedimiento a la hora de conceder las ayudas hasta el uso inadecuado e “improcedente” de las transferencias de financiación al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) para el pago de las subvenciones.

El informe es especialmente duro con el interventor general de la Junta, del que dice que debió haber dado el siguiente paso -no sólo bastaba con los reparos expuestos en varios documentos-, sino que debió haber elaborado el informe de actuación, que hubiera paralizado el pago de las ayudas. Y también con los conejeros de Economía en el período 2000-2009, es decir, con Magdalena Álvarez, José Antonio Griñán, y Carmen Martínez Aguayo, a los que reprocha expresamente que no hayan adoptado las medidas necesarias para evitar las irregularidades.

Sobre la base de este voluminoso y demoledor informe, la Fiscalía Anticorrupción y las demás acusaciones tienen el suficiente soporte para montar una acusación solvente en el escándalo de los ERE.

El respaldo de este informe pericial a los planteamientos y argumentos de Alaya contrasta con el nuevo varapalo -el segundo- que sufre la magistrada por parte de la Audiencia de Sevilla, que ayer anuló el auto de la instructora que preimputó a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y a otros cinco ex consejeros. Al igual que ocurrió con Magdalena Álvarez, la Audiencia entiende que Alaya debe ofrecer una motivación reforzada sobre estas preimputaciones, por lo que dejó sin efecto dicho auto.

Ya sólo queda saber cuántos días, porque no van a ser muchos, va a tardar Alaya en dictar esa nueva resolución, como le ha ordenado la Audiencia de Sevilla. Entonces se concretarán los indicios delictivos que la instructora advierte en cada uno de estos aforados. El riesgo de esta motivación está en que al explicar los motivos Alaya puede estar precipitando el envío de la  causa al Tribunal Supremo, como se le está reclamando desde diversos sectores. En cualquier caso, esa inhibición no va a tardar muchos meses más en llegar….La juez Mercedes Alaya

Las quejas de Alaya

Jorge Muñoz | 9 de diciembre de 2013 a las 12:46

La juez Mercedes AlayaAlaya es humana y también se queja, a pesar de esa apariencia de juez incansable e incombustible. En las últimas providencias y autos que ha dictado recientemente la instructora de casos tan voluminosos como el de los ERE fraudulentos o el de las facturas falsas de la UGT -de este proceso todavía se sabe muy poco porque la investigación está bajo secreto de sumario desde septiembre pasado-, Alaya ha ido deslizando sus quejas por el exceso de trabajo que tiene que soportar.

La magistrada que se autodefinió en un auto como “incansable”, parece que ahora se está agotando. Cierto es y nadie lo niega, la extraordinaria labor que está realizando la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en la instrucción de las macrocausas citadas y en otras cuya investigación tiene encomendada, como el delito societario del ex máximo accionista del Real Betis Manuel Ruiz de Lopera o la investigación de la adjudicación presuntamente fraudulenta del concurso público de los suelos de la sociedad pública mixta Mercasevilla. También es cierta la complejidad y extensión de las diligencias judiciales, que sólo en el caso de los ERE acumulan más de 200.000 folios y más de un centenar de imputados, pero lo que la magistrada no puede hacer ahora es lamentarse de la carga de trabajo que soporta y de la falta de medios cuando hace tan sólo unos meses rechazó con vehemencia los refuerzos de jueces que le ofreció el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). El presidente del Alto Tribunal, Lorenzo del Río, estaba dispuesto incluso a dotar de forma excepcional al juzgado de Alaya con otros dos jueces de refuerzo, lo que convertiría a este juzgado de Instrucción en el único de España que contaría con tres magistrados.

Alaya se negó entonces a los refuerzos porque no quería ceder la instrucción de ninguna de las macrocausas a sus compañeros, lo que motivó primero la marcha de la juez Ana Rosa Curra y, posteriormente, de Rogelio Reyes, que obtuvo su plaza de magistrado en un juzgado de Dos Hermanas. La convivencia con estos jueces, a su regreso de la baja por enfermedad, no fue fácil, porque Alaya entendía que le habían okupado su despacho, y si a eso se suma que la instructora no estaba dispuesta a ceder en lo más mínimo, la situación se complicaba todavía más.

En estos momentos, Alaya cuenta con el refuerzo del juez Alvaro Martín, un magistrado que procede de un juzgado de lo Penal y que está en el juzgado de Instrucción número 6 en comisión de servicio desde septiembre pasado. Mientras Alaya se centra en el estudio de las macrocausas, Alvaro Martín -con quien la convivencia parece más normal- se encarga del resto de la llevanza del juzgado, celebrando los juicios de faltas y haciendo las guardias, además de auxiliar a Alaya en una de las variantes de la investigación de los delitos relacionados con el Real Betis, en concreto la que se indaga la gestión de Luis Oliver en el club verdiblanco.

Salvo esta causa menor, Alaya no ha cedido al juez Álvaro Martín la instrucción de ninguno de los grandes procesos, a pesar de que la magistrada tiene actualmente dos investigaciones declaradas secretas y que están prácticamente al inicio de la instrucción, como son la causa mencionada de las facturas falsas de la UGT y la investigación de la denominada operación Madeja, en la que se trata de averiguar el presunto enriquecimiento ilícito de Domingo Enrique Castaño, un ex asesor del ex alcalde de Sevilla Alfredo Sánchez Monteseirín, y la supuesta financiación ilegal del PSOE, después de que un empresario reconociera a la juez que entregó 30.000 euros para el partido socialista a través de ese antiguo responsable municipal.

La primera queja de Alaya sobre su situación aparece en un auto del pasado 25 de noviembre, donde a la hora de incoporar un escrito de un imputado en el caso de los ERE, la juez explica que el retraso en la incorporación se ha producido porque la situación no es ideal, sino la que “deriva de una carga de trabajo que excede en muchos momentos de las capacidades personales”.

Tan sólo unos días después de dar esta respuesta, la juez dictó una providencia, que tiene fecha del 29 de noviembre, en la que vuelve a insistir en el excesivo volumen de las actuaciones. En este caso, Alaya explica al abogado del ex viceconsejero de la Presidencia de la Junta Antonio Lozano que está tardando en remitir un recurso a la Audiencia de Sevilla por el “volumen de la presente causa que con sus piezas y anexos superan los 200.000 folios, habida cuenta de la escasez de medios materiales y personales”, se queja la instructora.

El cerco judicial

Jorge Muñoz | 1 de diciembre de 2013 a las 8:09

La Junta de Andalucía está cercada por la Justicia. Nada más y nada menos que 16 frentes judiciales se han abierto en los últimos años contra la Administración autonómica, en relación con el pago de subvenciones y ayudas de los ERE y los pagos a empresas públicas a través de las famosas transferencias de financiación.

Se trata de una auténtica causa general contra la Junta, en la que no hay una sola consejería de la Junta que no esté bajo sospecha, bien por la juez Mercedes Alaya, que durante los últimos años ha provocado numerosos quebraderos de cabeza al gobierno andaluz, o recientemente por el juez Juan Gutiérrez Casillas, que investiga las irregularidades en la sociedad pública de capital riesgo de la Junta, Invercaria.

Ambos jueces tienen formas de trabajar bien distintas. Alaya es personalista e individualista, y no tiene en cuenta casi nunca la postura de la Fiscalía Anticorrupción. El juez Gutiérrez, por su parte, colabora más con el Ministerio Fiscal y, a diferencia de Alaya, la mayoría de las veces acepta el criterio de la acusación pública.

Los interrogatorios de uno y otro también son muy diferentes. Para empezar, el juez Gutiérrez comienza las declaraciones con puntualidad, a las nueve cita a declarara a los imputados y testigos, mientras que los retrasos son frecuentes en Alaya. La juez de los ERE es además más vehemente y suele interrumpir a los imputados cuando creen que no le están diciendo la verdad. El juez Gutiérrez, en cambio, deja que digan todo lo que desean, al fin y al cabo el imputado derecho a decir lo que le convenga a su defensa e incluso a mentir, aunque esta posibilidad sea a veces muy criticada por la opinión pública.

Pero a pesar de que Alaya y Gutiérrez son muy diferentes como instructores, tienen en común la fe ciega en su trabajo, en descubrir la verdad de los hechos. La Junta está cercada, acorralada, por todas estas investigaciones, y a buen seguro que esa presión judicial también afecta a los funcionarios de la Administración, que a buen seguro cuestionan su actuación cada vez que tienen que firmar un documento relacionado con las subvenciones, no vaya a ser que acaban haciendo el paseíllo por los soportales más conocidos de Sevilla, los de los viejos juzgados del Prado de San Sebastián.

La situación es complicada, porque estos procesos judiciales tienen una vida muy larga. De hecho, después de cuatro años, sólo hay cerrada -con el juicio celebrado y con la sentencia dictada- una de las causas, la que fue el origen de todo: el cohecho de Mercasevilla, el intento de exigir una mordida de 450.000 euros a los empresarios de La Raza para hacer con un proyecto de la escuela de hostelería que había subvencionado la Junta con 900.000 euros.

Lamentable es la imagen de desbarajuste que ha dado la Junta de Andalucía y, en concreto, la dirección general de Trabajo que dirigió durante toda una década -algo que no debe pasar desapercibido- el ínclito Javier Guerrero, a quien Alaya ya ha enviado dos veces a prisión y ha salido de la cárcel en dos ocasiones. Muchas de las subvenciones se daban sin apenas contar un expediente administrativo al uso y en la mayoría no hubo ni solicitud ni publicidad de la convocatoria.

Este desmadre no podía pasar desapercibido para los responsables políticos, en opinión de la juez Alaya, y de ahí que la magistrada haya ido escalando posiciones hasta llegar a lo más alto, a la cabeza de los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que han sido no obstante preimputados en una maniobra jurídica de la instructora bastante controvertida y polémica.

El problema de las macrocausas consiste en que se crean voluminosos procedimientos, monstruos judiciales con decenas de miles de folios, cuya instrucción se eterniza y cuando llegan a juicio vienen los problemas de las dilaciones indebidas, las prescripciones, etc. que dejan en niveles mínimos las posibles condenas, en caso de que se demuestre la culpabilidad de los imputados. En el caso de los ERE fraudulentos, el principal problema está en la recuperación de las cantidades que fueron abonadas indebidamente a empresas e intrusos, algo que va a resultar casi imposible en la mayoría de los casos. Y al final, ese menoscabo de fondos públicos que tanto lamentan las acusaciones va a ser definitivo.

El conseguidor, libre ocho meses después de la Heracles

Jorge Muñoz | 9 de noviembre de 2013 a las 18:41

Juan Lanzas sale de prisión el pasado 8 de noviembreJuan Lanzas ya ha disfrutado de su primera noche en libertad, después de casi ocho meses encarcelado. El ex sindicalista de UGT y conseguidor de los ERE, al que Alaya reprocha haber logrado más de 13 millones en comisiones, salió la noche del viernes de la prisión de Sevilla-I, tras haber pagado una fianza rebajada a 200.000 euros.  El desbloqueo de las cuentas bancarias de sus familiares en los últimos días hizo posible que Lanzas pudiera aportar el dinero que le exigió la instructora para permitir abandonar el centro penitenciario.

Tras su salida, ya sólo quedan en prisión dos de los detenidos en la primera fase de la operación Heracles, desarrollada en marzo pasado. Se trata de los ex directivos de la consultora Vitalia Eduardo Pascual y María Vaqué, quienes no han podido reunir los 225.000 euros a los que se rebajó la fianza en su día.

La salida de Lanzas vino acompañada de un nuevo auto de Alaya, la incansable -como la juez se autodefinió en una de sus últimas resoluciones-, en el que la magistrada  ha reestructurado su calendario de declaraciones con la citación de 33 imputados, entre ellos seis ex altos cargos que fueron imputados en junio pasado junto a la ex consejera de Economía Magdalena Álvarez, que esta misma semana volvió a los juzgados de Sevilla para responder a cuatro nuevas preguntas que le planteó Alaya.

Parece que ahora sí la instructora está decidida a finalizar las declaraciones -cuando se fue de vacaciones no había tomado declaración ni a la mitad de los 133 imputados-, lo que viene a corroborar lo que ella misma ha anunciado: que la finalización de la instrucción no está lejana. Algunas fuentes apuntan a que será a principios del próximo año, entre los meses de febrero y marzo, cuando la juez pueda dar el paso que muchos esperan desde hace meses para remitir la causa al Tribunal Supremo tras la polémica pre-imputación de los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Para comienzos de esta semana se espera que la Audiencia de Sevilla  dicte un nuevo auto importante para la causa y resuelva el recurso que presentó la Junta de Andalucía contra la imputación de los veinte altos cargos. Si el tribunal, como es de esperar, mantiene el criterio que fijó en el auto que anuló parcialmente la imputación de Magadalena Álvarez por falta de motivación, todo apunta a que la juez tendrá que volver a citar a algunos de los imputados que ya han declarado, como el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez. Esto puede trastocar una vez más el calendario de declaraciones de Alaya, que ya ha sufrido varias modificaciones en las últimas semanas…

Alaya mueve ficha ahora…

Jorge Muñoz | 27 de octubre de 2013 a las 9:00

La juez Mercedes Alaya, en los juzgados de Sevilla

La juez Mercedes Alaya, en los juzgados de Sevilla

Tras el auto de la Audiencia de Sevilla del pasado viernes, le toca mover ficha ahora a Alaya. La juez de los ERE ha sabido hasta ahora anticiparse a los movimientos cuando la Audiencia ha revocado alguna decisión suya y así, cuando el tribunal ha cambiado sus autos de prisión incondicional por fianzas, Mercedes Alaya ha sabido maniobrar rápidamente e imponer fianzas a otros imputados a los que había enviado a la cárcel. De esta forma, evitaba nuevos varapalos…

El auto de la Audiencia le reprocha que la imputación que en su día hizo de Magdalena Álvarez no estaba suficientemente motivada, por lo que debe concretar más los hechos y citar los delitos que se atribuyen. Pero más allá del caso concreto de la ex consejera de Economía y ex ministra de Fomento, la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla ha enviado un mensaje claro a la magistrada: la instrucción ha terminado y ya sólo queda resolver la cuestión de los aforados.

Es aquí donde Alaya puede volver a anticipar sus movimientos. La Fiscalía Anticorrupción recurrió en septiembre pasado el auto por el que Alaya preimputó a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a otros cinco ex altos cargos -entre ellos José Antonio Viera-, pero ese recurso del Ministerio Público aún no ha llegado a la Audiencia de Sevilla porque se supone que la instructora está dándole traslado a todas las partes antes de remitirlo al tribunal. Pero, ¿cómo puede anticiparse nuevamente la instructora? La verdad es que puede suceder cualquier cosa: Alaya no está por la labor de envíar, de momento, la causa al Supremo, si no lo habría hecho ya sin necesidad de haber acordado la preimputación de Chaves y Griñán. Pero la juez tampoco tiene ya mucho margen y podría decidir, si no le fuerzan antes, a principios de años sobre la remisión de la causa al Tribunal Supremo.

La juez también podría anticiparse por lo que se refiere al recurso que presentó la Junta de Andalucía contra la imputación de los 20 altos cargos -incluido Magdalena Álvarez- y sobre el que aún no se ha pronunciado la Audiencia de Sevilla, aunque los magistrados se reunirán el próximo 31 de octubre para deliberar sobre el mismo. La Audiencia ha dicho que la nulidad parcial de ese auto sólo afecta en principio a Magdalena Álvarez y no a los otros altos cargos que fueron imputados con la ex consejera, pero habrá que ver qué resuelve al final el tribunal.

Lo que sí parece claro es que la próxima semana, la que se celebra la fiesta de Halloween ya tan asumida en España, va a estar movidita en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla… Lo que no sabemos es si habrá “truco o trato”. En unos días saldremos de dudas…