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Alaya mueve ficha ahora…

Jorge Muñoz | 27 de octubre de 2013 a las 9:00

La juez Mercedes Alaya, en los juzgados de Sevilla

La juez Mercedes Alaya, en los juzgados de Sevilla

Tras el auto de la Audiencia de Sevilla del pasado viernes, le toca mover ficha ahora a Alaya. La juez de los ERE ha sabido hasta ahora anticiparse a los movimientos cuando la Audiencia ha revocado alguna decisión suya y así, cuando el tribunal ha cambiado sus autos de prisión incondicional por fianzas, Mercedes Alaya ha sabido maniobrar rápidamente e imponer fianzas a otros imputados a los que había enviado a la cárcel. De esta forma, evitaba nuevos varapalos…

El auto de la Audiencia le reprocha que la imputación que en su día hizo de Magdalena Álvarez no estaba suficientemente motivada, por lo que debe concretar más los hechos y citar los delitos que se atribuyen. Pero más allá del caso concreto de la ex consejera de Economía y ex ministra de Fomento, la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla ha enviado un mensaje claro a la magistrada: la instrucción ha terminado y ya sólo queda resolver la cuestión de los aforados.

Es aquí donde Alaya puede volver a anticipar sus movimientos. La Fiscalía Anticorrupción recurrió en septiembre pasado el auto por el que Alaya preimputó a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a otros cinco ex altos cargos -entre ellos José Antonio Viera-, pero ese recurso del Ministerio Público aún no ha llegado a la Audiencia de Sevilla porque se supone que la instructora está dándole traslado a todas las partes antes de remitirlo al tribunal. Pero, ¿cómo puede anticiparse nuevamente la instructora? La verdad es que puede suceder cualquier cosa: Alaya no está por la labor de envíar, de momento, la causa al Supremo, si no lo habría hecho ya sin necesidad de haber acordado la preimputación de Chaves y Griñán. Pero la juez tampoco tiene ya mucho margen y podría decidir, si no le fuerzan antes, a principios de años sobre la remisión de la causa al Tribunal Supremo.

La juez también podría anticiparse por lo que se refiere al recurso que presentó la Junta de Andalucía contra la imputación de los 20 altos cargos -incluido Magdalena Álvarez- y sobre el que aún no se ha pronunciado la Audiencia de Sevilla, aunque los magistrados se reunirán el próximo 31 de octubre para deliberar sobre el mismo. La Audiencia ha dicho que la nulidad parcial de ese auto sólo afecta en principio a Magdalena Álvarez y no a los otros altos cargos que fueron imputados con la ex consejera, pero habrá que ver qué resuelve al final el tribunal.

Lo que sí parece claro es que la próxima semana, la que se celebra la fiesta de Halloween ya tan asumida en España, va a estar movidita en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla… Lo que no sabemos es si habrá “truco o trato”. En unos días saldremos de dudas…

Intolerables insultos

Jorge Muñoz | 11 de octubre de 2013 a las 13:19

Uno de los sindicalistas que quedó en libertad anoche

Uno de los sindicalistas que quedó en libertad anoche

Los insultos que profirieron ayer medio centenar de afiliados y simpatizantes de los sindicatos UGT y CCOO a la juez Mercedes Alaya son intolerables e inadmisibles en un Estado de Derecho. Alaya fue abordada a su entrada a los juzgados de Sevilla por una masa enfebrecida que reclamaba la puesta en libertad de dos de sus compañeros, detenidos en el marco de la segunda fase de la operación Heracles.

Los insultos a Alaya representan actitudes cercanas al “acoso” a un juez, como se ha encargado de recordar esta misma mañana la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que ha mostrado su total apoyo a la juez Mercedes Alaya.

Los jueces no son intocables, pero tampoco pueden ser objetos de presiones de este tipo si aceptamos las reglas que marca nuestra Constitución y nuestras leyes. La juez Mercedes Alaya, aunque no lo parezca, siempre ha sido la parte más débil del escándalo de los ERE, condenada a una lucha solitaria en la que ha tenido que sorportar numerosas críticas y presiones, incluidas las procedentes del poder político.

Pero una cosa es criticar las decisiones judiciales y otra caer en los insultos que, además de estar fuera de lugar, eran incluso en el caso de la juez totalmente desacertados e injustos. Una cosa es protestar por la detención de una persona y otra insultar a la juez que debe decir sobre su puesta en libertad y que, además, no era ni siquiera la responsable de los arrestos, puesto que éstos habían sido ordenados por la propia Guardia Civil en su autonomía investigadora.

Desde estas páginas se ha criticado la actuación de la juez en determinadas circunstancias, como cuando ha hecho coincidir el dictado de sus resoluciones con destacados eventos políticos, o por el hecho de que haya personas imputadas en la causa desde hace más de tres años y a las que aún no ha tomado declaración. Y los jueces son conscientes de que están sometidos al escrutinio de la opinión pública y de los medios de comunicación, pero no pueden ser víctimas de espectáculos zafios como el que protagonizaron ayer en los juzgados los sindicalistas, entre los que se hallaban incluso algunos altos cargos de estas organizaciones sindicales.

Alaya, guste o no guste su forma de actuar, está prestando uno de los mayores servicios que puede hacer un juez a la sociedad, al desatar la mayor investigación contra la corrupción que se ha desarrollado en Andalucía en los últimos 30 años. Insultar a la magistrada sólo desacredita a los autores de esta injusta agresión verbal, quienes tienen en cualquier caso la posibilidad de mostrar su disconformidad con la actuación de la juez a través del propio procedimiento judicial y la posibilidad de recurrir las decisiones judiciales que no se comparten.

Si atacamos ahora la labor judicial, ¿qué será lo próximo? Insultar a la Guardia Civil que investiga el caso, a la Prensa que cuenta el estado de las investigaciones. O se escalará un grado más, pasando de la agresión verbal a la física. Hay caminos por los que nunca se debe transitar… Lo ocurrido ayer con Alaya debe hacer reflexionar a sus autores y a los dirigentes sindicales de las organizaciones a las que pertenecen.

El esperado combate se quedó en exhibición

Jorge Muñoz | 8 de octubre de 2013 a las 22:53

Magdalena ÁlvarezEl esperado combate entre Alaya y Álvarez se quedó en una mera exhibición. Un cuerpo a cuerpo descafeinado que recordaba más a un partido amistoso en el que ninguno de los contrincantes quería tocar al otro. Respeto mutuo y fair-play.

La declaración de Magdalena Álvarez transcurrió con una normalidad inusitada para lo que acostumbran las comparecencias en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. No hubo ningún momento de tensión ni ningún reproche por parte de la juez, que en una reciente declaración acusó al ex director general de Presupuestos de la Junta Antonio Vicente Lozano de “hacer teatro”. El interrogatorio de Alaya fue muy correcto, según aseguran los que asistieron al mismo, que también se sorprendieron por el tono del interrogatorio. Todo muy comedido y educado. La instructora realizó 38 preguntas a la ex consejera, a la que siempre se dirigió como “la señora Magdalena Álvarez”, mientras que la ex ministra respondía a la instructora dirigiéndose a la misma como “señoría”.

Alaya no fue ayer la Alaya incisiva de los interrogatorios anteriores y buena culpa de esta nueva versión moderada de la magistrada seguro que se debe a la segunda fase de la operación Heracles que la magistrada dirigió ayer en ocho provincias españolas. Los que están acostumbrados a presenciar los interrogatorios de Alaya consideran que la mente de la juez realmente no estaba ayer en la sala donde se hallaban Magdalena Álvarez y la treintena de abogados que asistían a la declaración de la ex ministra.

Parecía que Alaya estaba más pensando en el desarrollo de la Heracles 2, en cómo se habían desarrollado los diez registros domiciliarios que el día anterior había acordado en un auto y, sobre todo, las nueve detenciones que ha practicadas por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO)de laGuardia Civil.

Una buena prueba de la actitud de Alaya en el interrogatorio es que en muchas ocasiones la juez pidió celeridad a la ex consejera en sus respuestas cuando ésta intentaba explicarse y argumentar sus contestaciones. “Vamos rápido, vamos rápido”, llegó a repetir Alaya a Álvarez para evitar que se extendiera.

 

El combate perfecto

Jorge Muñoz | 7 de octubre de 2013 a las 12:36

magdalena-AlayaLa cita es mañana a partir de las diez, si la juez Alaya no se retrasa, como suele ser habitual. A esa hora, la juez ha citado a la que fuera consejera de Economía y Hacienda durante una década (1994-2004) y ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez para que preste declaración como imputada en el escándalo de los ERE fraudulentos. Será el combate perfecto, digno de las mejores veladas pugilísticas que se celebran en el Madison Square Garden de Nueva York, pero el escenario de los juzgados del Prado de San Sebastián de Sevilla no tiene tanto glamour. El duelo será, en cualquier caso, de gran altura dialéctica y técnica, como corresponde a las brillantes trayectorias profesionales de ambas contrincantes. El fuerte temperamento de ambas hará el resto. No faltará la tensión, como suele ocurrir en los intensos interrogatorios a los que acostumbra la juez Alaya, e incluso pueden saltar chispas por la confrontación que algunos abogados personados en la causa comparan con la de un choque de dos locomotoras funcionando a pleno rendimiento.

La expectación es máxima y se espera incluso un considerable aumento del número de letrados para asistir a la declaración de Magdalena Álvarez. Hay quien ha llegado a comentar que “por nada” se perdería el interrogatorio que enfrentará a dos pesos pesados, cada uno en su ámbito. Si van todos los letrados personado en la causa -más de un centenar- habría que buscar una sala alternativa, puesto que la que se utiliza actualmente no tendría cabida. Se supone que, a pesar de la expectación, no hará falta cambiar de sala.

En contra del criterio seguido por los últimos ex altos cargos de la Junta, que se han acogido a su derecho constitucional a no declarar, Magdalena Álvarez sí que va a someterse al interrogatorio de la juez Alaya. Entre los últimos que se negaron a declarar, después de haber comenzado a hacerlo, está el ex viceconsejero de la Presidencia Antonio Lozano, quien interrumpió su declaración después de que la instructora le acusara de “hacer teatro”.

Magdalena Álvarez ha preparado concienzudamente su declaración. Ha estudiado todo el marco legal que permitió que se utilizaran las transferencias de financiación para la concesión de las ayudas sociolaborales, una práctica que Alaya considera fraudulenta e ilegal, e incluso hay quien dice que ha estado estudiando la ley de Enjuiciamiento Criminal para defenderse, aunque para esos menesteres ya cuenta con su abogado, Horacio Oliva.

Alaya encontrará en Álvarez un rival de altura. Hasta ahora del medio centenar de imputados en la causa de los ERE que han comparecido por su juzgado, pueden contarse con los dedos de una mano los que han sabido hacer frente al vehemente interrogatorio de la magistrada, que esta misma semana se ha negado a que se graben las declaraciones para evitar “actuaciones teatrales o alegatos políticos” y que la causa se convierta en una “comparsa”, según la juez.

Sólo el ex director de Trabajo Daniel Rivera, el ex gerente de Urbanismo de Sevilla Manuel Marchena y el concejal de IU en el Ayuntamiento hispalense Antonio Rodrigo Torrijos -estos dos últimos imputados en una variantes del caso Mercasevilla, no en los ERE- han plantado cara a Alaya en los interrogatorios. También lo hicieron el ex interventor de la Junta Manuel Gómez y el abogado de Acyco Gabriel Barrero. Este último mostró calma y seguridad en lo que decía, según comentaron algunos de los  asistentes.

Aun así, hasta ahora “no hay nadie” que haya convencido de lo más mínimo a Alaya en sus premisas iniciales sobre lo que ha ocurrido con los fondos públicos. El combate con Alaya es siempre desigual, porque la instructora tiene la posibilidad de adoptar medidas muy perjudiciales para el imputado y quien se sienta frente a ella llega con un cierto y lógico temor. Aún está por llegar el imputado que la convenza de algo.

Alaya colabora con quien colabora con Alaya

Jorge Muñoz | 24 de septiembre de 2013 a las 18:49

Las últimas decisiones de la juez Mercedes Alaya que ha decidido dejar imputados pero sin imponerles ninguna medida cautelar al ex interventor de la Junta, Manuel Gómez, y a la ex asesora de Empleo María José Rofa,  vienen a corroborar que Alaya también colabora con quien colabora con Alaya. Que el imputado que colabora con la Justicia recibe, por así decirlo, mejor trato.

La investigación de Alaya comenzó por el caso Mercasevilla y la petición a los dueños de La Raza de una comisión ilegal de 450.000 euros, con el pretexto de que “la Junta colabora con quien colabora con la Junta”, con lo que esa comisión tenían que pagarla a cambio de poder hacerse con la gestión del proyecto de una escuela de hostelería que la Junta iba a subvencionar con 900.000 euros.

La juez Alaya ha decidido ahora dejar sin medida alguna a estos imputados. En el caso del ex interventor, Alaya precisa que él mismo alertó “a sus superiores” del uso presuntamente ilícito de las transferencias de financiación para la concesión de las subvenciones, por lo que “con independencia de la apariencia de antijuricidad de su conducta”, la instructora considera que no es necesario la prestación de fianza para hacer frente a la posible responsabilidad civil.

Sobre María José Rofa, la propia juez señala en el auto que “debe valorarse positivamente, además, la contribución que la misma ha realizado para el esclarecimiento de los hechos, todo lo cual determina que no se adopte para ella, acogiendo en este caso el criterio reciente del Ministerio Fiscal, medida cautelar alguna de naturaleza real”.

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La Fiscalía Anticorrupción vuelve a avalar la imputación de Magdalena Álvarez en la causa de los ERE

Jorge Muñoz | 20 de septiembre de 2013 a las 16:22

La ex consejera y ex ministra Magdalena ÁlvarezLa Fiscalía Anticorrupción ha vuelto a avalar la legalidad de la imputación de la ex consejera de Economía y ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez en la causa de los ERE fraudulentos. Este es el recurso del fiscal:

“El Fiscal, dando curso al traslado conferido, impugna el recurso directo de apelación interpuesto por la representación procesal de Magdalena Álvarez Arza contra el Auto de fecha 28 de junio de 2013, y ello por las siguientes

ALEGACIONES

Primera.-  Alega la parte recurrente que el auto vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva por manifiesta falta de concreción tanto de los hechos como de los delitos en que se basa la imputación.

Como punto de partida debemos recordar ante qué tipo de auto procesalmente hablando nos encontramos, cuál sea su objeto y finalidad. El auto responde a la decisión judicial de instruir del art. 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal a nuevas personas, otorgándolas asi la condición de imputadas. Sería pues lo que podríamos denominar un Auto de imputación. Y he aquí el “problema”, pues tal figura no esta contemplada en el iter procesal del procedimiento penal. Nada hubiera impedido su no existencia y la mera citación de las personas para declarar sobre hechos penalmente relevantes un día determinado a fin de determinar su participación. ¿Es necesario que los imputados dispongan, mediante Auto, con anterioridad de un pormenorizado relato de todos y cada uno de los hechos que se les atribuyen y que tienen relevancia penal? O basta instruirles del art. 118 de la ley de enjuiciamiento criminal para facilitar su personación y señalar los puntos clave de su implicación.

En cambio, es plenamente exigible para el respeto de su derecho de defensa que tal relato lo mas pormenorizado posible le sea hecho en momento de prestar su declaración debidamente asistido de letrado y con todas las garantía legales y derechos, entre los que se encuentra el de no responder a todas o a alguna de las preguntas que a continuación se le formulen por las partes personadas.

Como señala la propia Audiencia Provincial de Sevilla, Sección 7ª en su Auto de fecha 31 de Enero de 2013 :

 

“1)estamos ante una decisión judicial que, detectando en el curso de la investigación de hechos delictivos de suma complejidad indicios de la comisión de nuevos hechos delictivos con aquellos relacionados, se limita a acordar extender la instrucción a tales nuevos hechos poniendo ello en conocimiento de los posibles autores a efectos de posibilitarles el ejercicio de su derecho de defensa”

2) se trata, en consecuencia, de una resolución judicial equiparable a la resolución judicial de apertura del procedimiento penal ya sea por atestado ya de otra forma de recepción de la noticia criminis como pudiera ser una denuncia o querella.

3) de este tipo de resolución judicial entendemos que es predicable lo que acerca de la resolución de admisión a trámite de denuncia o querella dice la jurisprudencia de la Sala 2ª del TS cuando proclama que no constituye todavía un acto de imputación judicial, aunque permita al querellado comenzar a defenderse en el proceso conforme al artículo 118 de la lecrim”.

 

Segunda.- Mantiene la parte recurrente la ausencia de caracteres delictivos en la utilización de las transferencias de financiación

La hipótesis delictiva manejada por la Instructora parte de la utilización de las transferencias de financiación, de un “uso perverso”, de un uso finalísticamente dirigido a burlar todos los controles de la Intervención de la Junta de Andalucía como medio para poder dilapidar los fondos públicos, favoreciendo y enriqueciendo a terceros, y esa finalidad sí es penalmente relevante e implica a todos aquellos que conociendo tal uso perverso lo hicieron posible o sencillamente no lo evitaron. La formula montada tiene una apariencia formal de legalidad pero una ultima finalidad fraudulenta, indiciariamente delictiva, que supera la categoría de infracción o irregularidad administrativa

Esta finalidad se sedimenta en hecho objetivos que parten del uso indebido de la figura de las transferencias de financiación, engordadas mediante las oportunas modificaciones presupuestarias, unido a la no consideración como subvenciones de las ayudas sociolaborales, lo que facilitaba su no fiscalización, y todo ello junto a la fórmula consagrada en el convenio entre la Consejería de Empleo y el IFA del mes de julio de 2001, que hábilmente , a los mismos efectos de evitar cualquier fiscalización que estorbara, separaba el expediente de la ayuda, que permanecía en la CEM, del pago, que se efectuaba en el IFA/IDEA.

 

Tercera.- Habida cuenta de la naturaleza y los efectos del Auto que se recurre, conforme a lo expuesto en el motivo primero, huelga pronunciarse en este momento procesal sobre la posible prescripción de los delitos de prevaricación y/o malversación, debiéndose esperar al acto de imputación judicial para poder determinar la fecha o fechas de los concretos hechos con relevancia penal que se le imputen a la recurrente.

 

Como particulares que deben ser testimoniados para la pieza separada de recurso, señalamos los presentes:

 

  • Auto de fecha 18 de mayo de 2012 (folios 18722 y ss)
  • Informes de reparos de la IGJA al expediente de Hamsa, incluido el expediente de fiscalización de disconformidad de fecha 19 de junio de 2000 (folios 18758 y ss)
  • Folios 1608 a 1611 Informe de la Intervención General de la Junta de Andalucía de fecha 4/03/2011
  • Documentación remitida por la Intervención General de la Junta de Andalucía:
  • Convenio de fecha 17  julio de 2001 entre la CEM y el IFA (folios 2615 y ss) asi como Convenio Marco CEM-IFA de fecha 27 de julio de 2000(folios 22982 y ss)
  • Testimonios ANEXO CAMARA DE CUENTAS en lo relativo a :
·      Informe definitivo de cumplimiento  de IFA del ejercicio 2003 , en especial el Anexo III  relativo a las ayudas de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social comprometidas con terceros en cumplimientos de convenios suscritos  en el periodo 2001-2004..

 

Informe Provisional , folios  15 a 51  , en especial folios  19 vuelto  – sistema de registro de ayudas-, folio 20 vuelto – tratamiento como ayuda directa excepcional- , folio 24 vuelto – esquema de la encomienda de gestión  en 2010- , folio 27 – párrafo 90 relativo a los informes de la Intervención- , folio 27  vuelto – actuación de la Consejería de Empleo e IFA ante los informes de la Intervención – folio 28- aspectos generales  del resultado de la fiscalización- folio 35 vuelto – falta de justificación de los compromisos asumidos en materia de ayudas sociolaborales-

 

Alegaciones al informe de la Consejería de Empleo , folio 69 vuelto

 

Alegaciones del Interventor General Manuel Gómez Martínez , folios 169 a 176 .

 

Tratamiento por fichas de las alegaciones por el Equipo técnico

Folio 294 sobre naturaleza de las ayudas.

Folio 299 sobre sistema de información de las ayudas.

Folio 304 vuelto , competencia de la Consejería de Empleo  a partir del 2004.

Folio 305 vuelto , tratamiento de las transferencias de financiación

Folio 309 , vuelto , gasto plurianual que no se tramito como tal

Folio 324  vuelto  en relación al Convenio IFA Consejería de Empleo

Folio 328 en relación a pagos efectuados

Folio 336 en relación al papel de IFA/IDEA

Folio 345  en relación al informe de actuación.

Folios 381 a 384  Acta 12/12

Folios 405 a 429  informe del gabinete jurídico de la Cámara  de fecha 5/07/12

Folio 437 , utilización de las transferencias de financiación.

Folio 438 vuelto , relativo a materia presupuestaria y contable.

Folio 440 y vuelto  relativo a la actuación de la Intervención

Folios 577 a 593  Acta  de la reunión celebrada  en Consejería de Empleo  el 6/03/2012

 

  • Informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía
  • Informe de seguimiento nº 7 de la UCO de la Guardia Civil sobre funcionamiento general de la Dirección General de Trabajo y Seguridad social de la Consejería de Empleo durante la época objeto de investigación en las presente causa (diligencias policiales nº 68/2012 de fecha 29 de mayo de 2012)(folios 19124 y ss)
  • Oficio de la UCO de la Guardia Civil de fecha 27 de junio de 2013 junto con todas las declaraciones y documental que se adjuntan al mismo.
  • Escrito del Ministerio Fiscal de fecha 8 de julio de 2013

 

Sevilla, a 17 de septiembre de 2013

El Fiscal Delegado

 

El otoño caliente de Alaya tras el 10-S

Jorge Muñoz | 14 de septiembre de 2013 a las 15:30

Alaya prepara un otoño caliente. Tan sólo tres días después del bombazo del 10-S, que saludó al nuevo Gobierno de Susana Díaz con la preimputación de los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y de cinco ex consejeros autonómicos, la magistrada ha fijado un nuevo calendario de declaraciones en el que, en sólo un mes, tomará declaración a 20 personas.

La fecha más destacada de este nuevo calendario es la del 8 de octubre, día en el que Alaya se verá las caras con la ex consejera de Economía y Hacienda y ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez, de la que se dice que está prepararándose a conciencia su declaración e incluso está estudiando las leyes procesales. Éste será, sin duda, un debate de altura entre dos mujeres que están consideradas de armas tomar por su fuerte carácter.

Si algo ha demostrado Alaya durante los tres años de instrucción de los ERE es que es muy vehemente en sus interrogatorios y cuando el imputado tiene un nivel similar al de la magistrada las declaraciones se convierten en todo un espectáculo dialéctico. El combate Alaya-Álvarez sería, sin duda, digno de los mejores debates, aunque sólo podrán disfrutar del mismo los abogados de los 123 imputados que hay actualmente personados en la causa de los ERE fraudulentos.

A la contundencia de Alaya se opondrá ahora una experimentada parlamentaria, curtida en muchos debates políticos y que está claro que se va a defender con uñas y dientes. No en vano, es mucho lo que se juega, porque en sede judicial estamos hablando de delitos y penas, no de reproches políticos.

La juez ha completado el calendario con la declaración de los ex directores genrales de Presupuestos, entre ellos Antonio Vicente Lozano, hasta el pasado viernes ‘número 2′ de Susana Díaz; del ex viceconsejero de Empleo Justo Mañas y de varios empresarios, directivos de Vitalia, dos cuñados del conseguidor Juan Lanzas, y dos sindicalistas de CCOO. Un otoño caliente en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.

Con esta nueva remesa de declaraciones, Alaya reducirá en parte el número de imputados pendientes de comparecer. De los 123 imputados que hay en la causa -si incluimos los siete aforados marcados por la instructora-, faltan por declarar a fecha de hoy 72.

La juez Mercedes Alaya, en los juzgados de Sevilla

La juez Mercedes Alaya, en los juzgados de Sevilla

Alaya gana tiempo pero sigue sin soltar las riendas

Jorge Muñoz | 11 de septiembre de 2013 a las 7:02

Hace tiempo que se esperaba este auto, pero una vez más la juez Alaya ha vuelto a sorprender por el momento en que ha decidido trasladar la imputación a los ex presidentes de la Junta José Antonio Griñán y Manuel Chaves. Al primero casi ni le ha dado tiempo a abandonar San Telmo a la hora cuando la juez le ha lanzado un envenado ofrecimiento para que ejerza su derecho de defensa, para que se persone con abogado y procurador en la causa de los ERE y preste, si así lo desea, una declaración voluntaria antes de que la magistrada se pronuncie sobre la posibilidad de elevar la causa al Tribunal Supremo.

No es la primera vez que Alaya suelta una bomba, en forma de auto, que sacude los cimientos, en este caso, del nuevo gobierno que lidera Susana Díaz, que ha tratado de borrar desde el principio cualquier relación con las irregularidades detectadas en las ayudas públicas. Alaya ya hizo lo propio cuando el PSOE-A convocó el proceso de Primarias para elegir al sucesor de Griñán y la instructora dictó el, hasta ahora, trascendente auto del 28 de junio, que imputaba a una veintena de cargos públicos, entre ellos Magdalena Álvarez. Ese auto se ha quedado ahora en pañales al lado del que notificó ayer Alaya.

Pero más allá de estas extrañas coincidencias –el nuevo auto está amparado por la doctrina que expuso la Audiencia de Sevilla el pasado 8 de agosto en un auto en el que avaló la labor de la instructora-, lo cierto es que Alaya ha subido ya todos los peldaños de la pirámide de imputaciones que anunció en una ocasión y ha dado, esta vez sí, el último “paso cualitativo” al que se refirió en su anterior resolución.

La juez Mercedes Alaya llega a los juzgados de Sevilla

Alaya ha imputado a dos ex presidentes de la Junta, el primero de los cuales, Manuel Chaves, al principio de la instrucción, limitó las irregularidades a la actuación de “cuatro golfos”. De esos cuatro golfos iniciales se ha pasado a una causa que ronda ya los 123 imputados, entre los cuales se encuentran, además de los dos ex presidentes andaluces, un buen número de ex consejeros, directores generales, y ex altos cargos de la Administración andaluza.

 

Con el auto de ayer, Alaya vuelve a ganar tiempo para su particular manera de instruir y sigue sin soltar las riendas de la causa. Algunos apuntan a que esta resolución aleja los fantasmas de posibles nulidades, dado que la jurisprudencia advierte de que no se puede instruir una causa a espaldas del imputado, sin que éste pueda ejercer su derecho de defensa, algo que en el caso de los aforados Alaya pretende salvar con el ofrecimiento de la personación que les ha realizado formalmente.

Ahora ya sólo queda que la instructora acelere la investigación y tome declaración a los 72 imputados (sobre los 116 que había hasta ayer) que aún no han sido citados a pesar de que algunos llevan más de dos años imputados. La causa de los ERE no debe eternizarse para que evitar una sentencia que los ciudadanos no puedan entender, si alguien finalmente sale beneficiado de los retrasos de la investigación.

La salida de Lanzas de la UGT

Jorge Muñoz | 2 de septiembre de 2013 a las 20:46

El sindicato UGT ha dicho que Juan Lanzas, encarcelado desde marzo pasado por el caso de los ERE falsos, pagó sus cuotas de afiliado hasta el primer trimestre de 2011 y fue expulsado en noviembre de ese año, aunque hasta el primer trimestre de 2013 no fue borrado del fichero de militantes. UGT respondía de esta forma a la información que publica El Mundo en el sentido de que el sindicato no dio de baja a Lanzas hasta el 26 de marzo de 2013, cuando llevaba cuatro días encarcelado como mediador en los ERE.

El 24 de marzo pasado, el entonces secretario general de UGT en Andalucía, Manuel Pastrana, expresó en rueda de prensa su malestar por el hecho de que Lanzas siguiese siendo presentado como ex sindicalista de UGT cuando dejó de pertenecer a este sindicato en 2002 y “todas las actividades por las que se le investiga las hizo con posterioridad a su salida de UGT”.

Lo que pasa por alto el sindicato es que, ya sea en 2013 o en 2011, lo cierto es que la salida de Lanzas de la UGT no se produce hasta que la juez Alaya abrió la investigación del escándalo de los ERE, cuando salieron a relucir los primeros intrusos y el nombre del conseguidor de los ERE. Alaya abrió dichas diligencias en enero de 2011, pero ya desde muchos meses antes investigaba el presunto cohecho, una causa en la que ya fue citado a declarar como testigo el propio Lanzas.

Ahora, el sindicato matiza que Lanzas “no ha ostentado ningún cargo de responsabilidad ni relación contractual con UGT desde 2002″. “Es cierto que ha pagado su cuota como afiliado hasta el primer trimestre del año 2011 porque con anterioridad no concurrían circunstancias para darle de baja como afiliado” y fue en abril de 2011 cuando se abrió un expediente que se resolvió el 30 de noviembre de ese mismo año. Dicho expediente concluyó con su expulsión del sindicato por falta muy grave.

“Juan Lanzas no está afiliado a este sindicato desde esa fecha, aunque es cierto que no se ha procedido al borrado de sus datos del fichero de afiliación hasta el primer trimestre del año 2013″, reconoce la nota, que precisa que los hechos que se le imputan “nada tienen que ver con su etapa como sindicalista”, donde fue secretario de su federación de alimentación.

Esto es cierto, pero también lo es que la juez Alaya está investigando el pago de más de siete millones de euros en comisiones a empresas vinculadas a los sindicatos UGT y CCOO, en relación con su intervención en la tramitación de las pólizas de los ERE. Hay que recordar que algunos de los imputados han dicho que los sindicatos se llevaban hasta un 1% por no hacer nada y, si realmente estas sospechas se confirman, esto sí que es grave: organizaciones que en teoría defienden los intereses de los trabajadores que se lucran de los procesos de regulación de empleo.

Habrá que esperar a dónde lleva esta línea de investigación de la juez Alaya sobre las comisiones de los sindicatos, lo que ocurre es que la instructora tiene muchos, demasiados frentes abiertos, para una sola magistrada, por mucho que ésta sea  una excelente trabajadora como Alaya.

A Alaya se le acumula el trabajo

Jorge Muñoz | 6 de agosto de 2013 a las 8:11

Hace unos días contaba en estas mismas páginas que Alaya se había marchado de vacaciones dejando sin citar a 50 de los 93 imputados que hay en la causa de los ERE fraudulentos. La situación es más grave, por cuanto la instructora ha dictado un nuevo auto -el pasado 31 de julio, el último día antes de marchar de vacaciones- en el que ha decidido imputar en el proceso a otras 23 personas, entre ellas dos hijos del empresario jerezano José María Ruiz-Mateos.

De esta forma, la situación queda como sigue: después de dos años y medio de instrucción hay 116 imputados en la causa de los ERE, pero Alaya sólo ha tomado declaración a 43, con lo que le queda por hacerlo a otros 73. Una cifra que muestra la gravedad del retraso en la toma de estas declaraciones. En otras ocasiones he comentado los riesgos que algunos apuntan a que se se produzcan prescripciones o a que haya que aplicar finalmente circunstancias atenuantes de dilaciones indebidas por el retraso considerable en la instrucción.

Al final todas estas cuestiones pueden ensombrecer el magnífico trabajo que la magistrada está haciendo para esclarecer el mayor escándalo de corrupción que se ha destapado en Andalucía desde la democracia. Esperemos que, a su regreso de las merecidas vacaciones, la juez fije un auténtico calendario para la toma de declaraciones y decida sobre qué hacer con los posibles aforados que puedan ser imputados en el procedimiento. Y si el caso tiene que ser elevado al TSJA o al Tribunal Supremo, pues que así sea…

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