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Los deberes de la magistrada

Jorge Muñoz | 4 de agosto de 2013 a las 11:13

La juez Mercedes Alaya, en los juzgados de Sevilla

La juez Mercedes Alaya

Septiembre es, al igual que enero, un mes de buenos propósitos. Es época de coleccionables, de retomar los cursos de idiomas abandonados o de apuntarse a un gimnasio para reducir los efectos de los excesos de las vacaciones.

Septiembre es el mes en el que se produce la tradicional apertura del año judicial. Y septiembre también es el mes en el que Alaya vuelve de sus vacaciones y debe hacer frente a los deberes que dejó pendientes.

La causa de los ERE, cuya investigación se inició a principios de 2011, está actualmente en una encrucijada. Alaya tiene pendiente aún tomarle declaración a más de la mitad de los 93 imputados, de los cuales 50 aún no han realizado el conocido paseíllo hasta las puertas de los juzgados del Prado de San Sebastián.

Pero el grave retraso en la toma de estas declaraciones, algunos de los imputados llevan más de dos años sin haber sido citados a declarar, no es el único problema de una instructora que está recibiendo críticas desde los miembros del Gobierno andaluz y desde algunos de los abogados de los altos cargos imputados ante lo que consideran una “selectiva imputación” para evitar toparse con los aforados, como el propio presidente de la Junta, José Antonio Griñán, en su etapa al frente de la consejería de Economía y Hacienda.

La Junta y el PSOE han empleado toda su munición para reclamar que se eleve la causa al Tribunal Supremo. Cierto es que, en lo que se refiere a los aforados, las críticas no están exentas de veracidad.

Alaya no podrá aguantar mucho tiempo más sin decidir qué hacer con el ex consejero de Empleo José Antonio Viera, que está marcado por la Guardia Civil desde febrero de 2012, cuando los investigadores le atribuyeron un papel clave en las millonarias ayudas concedidas a empresas de la Sierra Norte de Sevilla.

La juez debe aprovechar el retorno de las vacaciones para, tal y como le pide Anticorrupción, impulsar decididamente la instrucción y, si cree que aún no es el momento de elevar el caso al Tribunal Supremo, por lo menos debe acelerar la toma de declaraciones de los imputados que llevan ya citados muchos meses y años en algunos casos.

Sería imperdonable que un trabajo tan extraordinario como el que está haciendo la magistrada se viera finalmente ensombrecido por posibles nulidades que puedan dar al traste con una investigación que trata de esclarecer el dispendio de fondos públicos durante una década.

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El Supremo puede esperar…

Jorge Muñoz | 27 de julio de 2013 a las 7:35

Alaya siempre ha dejado claro que es la que marca los tiempos procesales. Por mucho que le se le pida, ya sea por el propio PSOE o por alguna de las acusaciones, que impute a Griñán y a otros aforados y remita la causa al Tribunal Supremo, la juez no dará este trascendental paso hasta que considere que es el momento procesal oportuno, una coletilla jurídica que en este caso significa que hasta que ella no quiera no se inhibirá en favor del Alto Tribunal.

El hecho de que el ex interventor de la Junta le haya ofrecido indicios para una posible imputación del presidente Griñán no implica que Alaya vaya a tomar una decisión inminente.

La juez sigue con su propio ritmo de declaraciones y no es previsible que se plantee qué hacer con los posibles aforados hasta que le tome declaración a la veintena de altos cargos, entre ellos Magdalena Álvarez, que ha imputado recientemente.
De hecho, hace más de un año y medio –en marzo de 2012– que el ex director de Trabajo Francisco Javier Guerrero implicó a todo el Gobierno de la Junta en el fraude de los ERE, al afirmar que la partida 31.L, el fondo de reptiles que él bautizó, era conocido y amparado por todo el Gobierno andaluz.

De la misma fecha aproximadamente es un oficio de la Guardia Civil en el que se atribuye al ex consejero de Empleo y también aforado José Antonio Viera un “papel esencial” en la concesión de ayudas a empresas de la Sierra Norte.

Y a pesar de estas circunstancias y del tiempo transcurrido, la juez aún no le ha imputado. Y no lo hará hasta que crea que ha llegado ese momento, que quizás no es éste.

Lo mismo ocurre con Zarrías, al que algunos imputados atribuyen presiones para meter a intrusos en las pólizas de prejubilaciones, pero tampoco ha sido imputado.

Alaya está a punto de irse de vacaciones y salvo que dé alguna sorpresa –en forma de auto y no precisamente de inhibición– en los próximos días, el Supremo aún puede esperar.

El anuncio de Griñán se anticipa al calendario de Alaya

Jorge Muñoz | 24 de julio de 2013 a las 7:06

El anuncio que JoséAntonio Griñán realizará esta tarde al comité director del PSOE andaluz se produce la víspera de una declaración clave en la investigación judicial de los ERE que instruye la juez Mercedes Alaya.

Griñán, anticipándose al calendario de la instructora, anunciará que dejará la presidencia de la Junta el día antes de que el ex interventor general Manuel Gómez comparezca en calidad de imputado ante Alaya, que sin duda le preguntará si recibió alguna orden política para que no realizara un “informe de actuación” sobre el procedimiento de concesión de las ayudas.

Aunque la Junta muestra una apariencia de tranquilidad ante esta comparecencia, lo cierto es que se trata quizás de la más importante en estos tres años de intensa instrucción judicial, por cuanto puede marcar la suerte procesal del propio Griñán, cercado tras la imputación de la ex consejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez, a la que Griñán sucedió en el cargo en 2004.
Desde que Alaya imputó a la ex ministra de Fomento y a los otros 19 altos cargos, el 28 de junio, en el Ejecutivo andaluz había un absoluto convencimiento de que tras la declaración del interventor Alaya se inhibiría en favor del Tribunal Supremo, al estimar una posible imputación de Griñán, una decisión que, como en otros hitos en la instrucción, se haría coincidir con un momento decisivo para el partido, en este caso la celebración de las Primarias.

Sin embargo, el nuevo auto dictado esta semana por Alaya, en el que fija la declaración de alguno de los 20 imputados para septiembre parece descartar rotundamente esta posibilidad.

En cualquier caso, habrá que esperar a que el interventor ratifique, en su caso, su peculiar teoría del bombero para justificar su actuación y, sobre todo, si corrobora sus acusaciones contra Griñán y la consejera Carmen Martínez Aguayo, a los que acusó de “cebar la corrupción” de los ERE.

Alaya no suspenderá la declaración del ex interventor de la Junta

Jorge Muñoz | 20 de julio de 2013 a las 11:24

Alaya no suspenderá la declaración del ex interventor de la Junta Manuel Gómez, prevista para el próximo jueves, día 25. La decisión de la Fiscalía de oponerse a la suspensión solicitada por la Junta permitirá que la comparecencia tenga lugar, por cuanto Alaya se ha visto nuevamente respaldada por el Ministerio Público. Ese aval no se produce sólo en torno a esta declaración, sino que va más allá, puesto que la Fiscalía ha corroborado los indicios que existen para la imputación del ex interventor, así como de la ex consejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez y de los otros altos cargos públicos imputados.

El fiscal, en un escrito de sólo cinco folios, corroboró todos estos indicios de la juez Alaya, al afirmar que el sistema de transferencias de financiación por el que se concedían las ayudas bajo sospecha es una “fórmula montada que tiene una apariencia formal de legalidad pero una última finalidad fraudulenta, indiciariamente delictiva, que supera la categoría de infracción o irregularidad administrativa”.

La Fiscalía recuerda que la Administración autonómica alegó que se había producido una infracción del principio de legalidad y hacía referencia al uso de las transferencias de financiación, a las modificaciones presupuestarias y a las leyes de presupuestos, señalando que la instructora estaba criminalizando estas figuras y su uso.

El fiscal delegado de Anticorrupción sostiene que la hipótesis delictiva que maneja la juez Alaya parte de la utilización de esta figuras pero “de su uso perverso, de un uso finalísticamente dirigido a burlar todos los controles de la Intervención de la Junta como medio para poder dilapidar los fondos públicos, favoreciendo y enriqueciendo a terceros, y esa finalidad sí es penalmente relevante e implica a todos aquellos que conociendo tal uso perverso lo hicieron posible o sencillamente no lo evitaron”.

Esa finalidad, continúa la Fiscalía, se “sedimenta en hechos objetivos que parten del uso indebido de la figura de las transferencias de financiación, engordadas mediante las oportunas modificaciones presupuestarias, unido a la no consideración como subvenciones de las ayudas sociolaborales, lo que facilitaba su no fiscalización, y todo ello junto a la fórmula consagrada en el convenio entre la Consejería de Empleo y el IFA del mes de julio de 2001, que hábilmente, a los mismos efectos de evitar cualquier fiscalización que estorbara, separaba el expediente de la ayuda, que permanecía en la Consejería de Empleo, del pago, que se efectuaba en el IFA/IDEA, cuyo interventor por tanto al fiscalizar el pago no contaba ni podía contar con el expediente previo de la ayuda”.

Anticorrupción considera “muy ilustrativas” a estos efectos las respuesta que en su declaración como imputado ofreció el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, a preguntas precisamente de la Fiscalía sobre los “fines y consecuencias del sistema montado”.

Ya sólo queda que el interventor comparezca ante la instructora. Habrá que ver si ante la juez Manuel Gómez declara en el mismo sentido en el que lo hizo en una carta remitida al presidente del Parlamento  tras pasar por la comisión de investigación parlamentaria y en la que acusó al presidente de la Junta de “cebar la corrupción” de los ERE. Manuel Gómez Martínez, que se consideró entonces “agredido por una caterva de políticos cobardes y sin honor”, apuntó al jefe del Ejecutivo andaluz, José Antonio Griñán, como uno de los responsables de lo ocurrido -junto con la actual consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo- que conociendo “las graves irregularidades descubiertas en la Consejería de Empleo nada hicieron para combatirlas; antes al contrario, cebaron sin descanso la corrupta partida presupuestaria de los ERE”. Sólo queda saber cuántos días estará declarando Manuel Gómez. Los más optimistas dicen que con dos días será suficiente y que la declaración no se prolongará hasta el fin de semana, pero en todo caso habrá que ver el interrogatorio que plantea la instructora….

El sorprendente cambio de criterio de Alaya

Jorge Muñoz | 10 de julio de 2013 a las 18:46

Alaya cambió su criterio con el abogado Carlos Leal Bonmati, responsable del bufete Estudios Jurídicos Villasís, al que recientemente dejó en libertad bajo fianza de 150.000 euros. Sólo unas semanas antes, la juez había impuesto una fianza de 600.000 euros al dueño de la mediadora Uniter, José González Mata, que permanece en prisión al no haber podido reunir esta cantidad.

Algunas fuentes defienden la decisión de Alaya por la diferente participación de uno y otro en la trama de los ERE, pero lo cierto es que si se examina el auto de la juez Alaya su decisión resulta aún más controvertida. ¿Por qué?  Porque Alaya sostiene que Carlos Leal dirigía a través de su bufete un auténtico “centro de lavado” de las comisiones del conseguidor de los ERE Juan Lanzas, a cuyas empresas Estudios Jurídicos Villasís llegó a pagar 1,1 millones de euros con “facturas falsas por servicios inexistentes”. En sólo seis años, Villasís habría recibido además 3,7 millones de la mediadora Uniter y además la instructora atribuye a Carlos Leal la inclusión de 20 intrusos en las pólizas de los ERE, en connivencia con Lanzas y el ex director de Trabajo Javier Guerrero.

¿Qué es lo que ha sucedido entonces? Hay quien apunta a que lo sucedido guarda relación con la actitud de colaboración que aparentemente Carlos Leal habría mantenido en su declaración ante la juez, quien no obstante en un momento dado le reprochó que le estaba “mintiendo descaradamente”. De hecho, desde esta perspectiva el abogado le habría servido en bandeja de plata a Alaya la cabeza del ex consejero de la Presidencia y ex vicepresidente de la Junta Gaspar Zarrías, con sus revelaciones respecto al supuestamente inusitado interés de éste en solucionar los problemas de la empresa Primayor Foods -la antigua Cárnicas Molina, una de las primeras empresas donde se implantó el sistema de las prejubilaciones y las pólizas financiadas por la Junta- y el para nada rentable acuerdo con las empresas vinculadas a la familia de Ruiz Mateos, como el caso de Dhul que recibió una subvención de 15 millones de euros para montar una planta de elaboración de tortillas, platos preparados, ensaladillas y zumos, en la que se pretendía colocar a los 145 trabajadores que se habían quedado sin empleo por la crisis de Primayor.

Pero, ¿sólo con la declaración de Leal la juez puede imputar a Zarrías? Lo cierto es que únicamente con su testimonio serían unos indicios muy endebles para sostener la imputación, pero Alaya cuenta además con el testimonio del que fuera chófer del ex director general de Trabajo, quien afirmó que Zarrías habría llamado a Guerrero para incluir a varios intrusos en los expedientes de prejubilaciones financiadas por la Junta.  Aun salvando la credibilidad de este testimonio del chófer de la coca, lo cierto es que Alaya ha demostrado en anteriores ocasiones -como ocurrió con la imputación de Antonio Rivas en el caso del cohecho de Mercasevilla- que no necesita ni muchos ni muy sólidos indicios para sentar en el banquillo de los acusados a un político.

Otra cosa distinta es que, a juicio de la instructora, no haya llegado el momento de dar el salto e imputar a personas aforadas, porque hasta ahora la magistrada está sorteando decididamente la imputación de cualquier persona que tenga esta condición y que, en ese caso, le haría perder la competencia de la instrucción en favor de un Alto Tribunal. Quizás la declaración prevista para finales de este mes del ex interventor general de la Junta Manuel Gómez pueda hacer también que Alaya cambie de criterio. Pero esa es otra historia…

 

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La ‘bomba’ de Alaya a las Primarias del PSOE

Jorge Muñoz | 3 de julio de 2013 a las 7:44

Desde el pasado viernes, fecha que tiene el nuevo auto de Alaya, se habían disparado los rumores sobre la posibilidad de que la instructora soltara una auténtica “bomba” en relación con el escándalo de los ERE. Los rumores apuntaban a que, por fin, podía darse un paso definitivo con la imputación de alguna persona aforada; otras fuentes apuntaban a que se podía adoptar alguna medida con respecto a la posible salida de la Junta y de los sindicatos como acusación particular en el proceso… Ningún rumor acertó. La “bomba” de los ERE que ayer detonó la juez con extraordinaria y pulcra precisión -como suele ser habitual en ella- era la imputación de la ex consejera de Hacienda y ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez y de otros 19 altos cargos o ex altos cargos de la Junta, entre los que hay 5 ex viceconsejeros, diez directores generales, tres secretarios generales, y el interventor general de la Junta, etc…

Como la propia Alaya dice, este auto supone un “paso cualitativo” en la instrucción, no tanto ya por el número global de imputados -ya son 93 las personas imputadas-, sino porque 26 de ellos han sido altos cargos de la Junta. Lejos quedan las palabras del ex presidente de la Junta Manuel Chaves cuando, al principio de estallar el escándalo, limitó las irregularidades de los ERE a la actuación de “cuatro golfos”.

Otra cosa distinta es el momento en el que se dicta el nuevo auto. Alaya ya ha dado bastantes muestras de que no sólo maneja los tiempos procesales, sino también los informativos. Su “bombazo” ha estallado en pleno proceso de Primarias en el PSOE andaluz, después de que la semana pasada el presidente José Antonio Griñán anunciara que no se presentaría a la reelección.

En anteriores ocasiones, la juez también ha elegido momentos precisos para soltar autos contundentes. En noviembre de 2011, a tan sólo cinco días de que se celebraran las elecciones generales, Alaya dio un nuevo giro de tuerca en el caso al pedir información sobre las ayudas que fueron autorizadas en su día por el propio Griñán, en su etapa de consejero de Economía y Hacienda, así como de las que pudo autorizar la actual titular de este departamento, Carmen Martínez Aguayo. Algo parecido ocurrió con la imputación en el escándalo de Mercasevilla del que fuera primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos, cuya imputación se dio a conocer poco antes de la celebración de las elecciones municipales.

Curioso resulta también como mide Alaya el nivel de las imputaciones, porque ninguno de los nuevos imputados tiene la condición de aforado, lo que le haría perder la instrucción en favor de un alto tribunal. La previsible imputación de Viera parece que tendrá que seguir esperando unos meses más…

La pregunta que está en el aire es si Griñán intuía que podía llegar un auto como el conocido ayer y si esa intuición tiene que ver con su decisión de no presentarse a la reelección… Con este auto, está claro que Alaya cierra el cerco en torno a José Antonio Griñán y a su antecesor en el cargo, el ex presidente Manuel Chaves.

Una última apreciación. Ahora habrá que esperar a ver cuánto tiempo tarda Alaya en tomarle declaración a Magdalena Álvarez y a la veintena de nuevos imputados, sobre todo si tiene en cuenta que en sus procesos hay imputados que llevan hasta tres años sin tomarle declaración, algo que el presidente del CGPJ, Gonzalo Moliner, consideró que “no era normal ni aceptable” y que motivó el aviso de este órgano y del TSJA a la instructora para que acelerase la instrucción de las macrocausas que instruye.

Alaya cuestiona ahora la competencia de la Junta para otorgar las ayudas a los prejubilados

Jorge Muñoz | 2 de julio de 2013 a las 8:43

Alaya ya no sólo cuestiona el procedimiento por el que se otorgaban las ayudas públicas a los prejubilados, sino el mismo hecho de darlas. La magistrada cuestiona que la Junta tenga competencia para concederlas. En un reciente auto, la juez Mercedes Alaya, que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos y el pago de sobrecomisiones vinculadas a las pólizas financiadas por la Junta de Andalucía, ha solicitado a la Secretaría General Técnica del Ministerio de Empleo y Seguridad Social para que se pronuncie sobre la“procedencia, a tenor de la legalidad vigente en cada momento”, del establecimiento por parte de la comunidad autónoma de un “sistema propio” de ayudas previas a la jubilación ordinaria a trabajadores afectados por Expedientes de Regulación de Empleo.

En un auto dictado el pasado 27 de junio, la juez acuerda solicitar esta información al Ministerio de Empleo una vez que un perito designado por la Intervención General de la Administración del Estado realizara una “extensa y detallada exposición sobre el establecimiento, mantenimiento, gestión y ejecución, al menos desde el año 2000 hasta 2012, de un régimen propio de ayudas que pudieran corresponder al ámbito laboral, financiadas con cargo a los presupuestos de la comunidad autónoma, sin que durante el período de 2000 a 2010 exista norma por la que la Junta regule su concesión, establezca sus límites, edad mínima de los beneficiarios, cuantías, períodos de percepción, porcentaje de financiación pública de las mismas o forma de tramitación”.

Dice la juez que de los estudios realizados por el perito, las ayudas concedidas no se ajustan a lo establecido en la orden de 5 de octubre de 1994, “superándose ampliamente los contenidos de la citada orden y tramitándose al margen de la Tesorería general de la Seguridad Social”. Los peritos consideran que dichas subvenciones pueden corresponde al “ámbito laboral” y la juez precisa que teniendo en cuenta que el artículo 149.1.7 de la Constitución fija la competencia exclusiva del Estado sobre la legislación laboral, “sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las comunidades autónomas”, se trata de determina si el ejercicio del “poder subvencional llevado a cabo por la Consejería de Empleo de la Junta se sitúa dentro (y no al margen) del orden de competencias fijados por la Constitución y el Estatuto de Autonomía”.

La juez señala que los peritos de la Intervención General del Estado han afirmado que “no deja de ser sintomático que, con respecto a la materia objeto de análisis, no exista, o al menos no se haya detectado la reproducción del modelo seguido en Andalucía”, tras haber realizado una comparación con otras comunidades, por lo que Alaya considera procedente recabar la información acerca de la “compatibilidad” de las ayudas.

La investigación de la juez parece que no tiene límites….y ése es precisamente el problema, porque se sabe cuándo ha comenzado la instrucción pero el final no se ve próximo….

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Alaya sigue dificultando la labor de la prensa

Jorge Muñoz | 17 de junio de 2013 a las 21:08

Ya no se puede amparar en que la causa está secreta. La juez Mercedes Alaya sigue dificultando la labor de la prensa cuando prolonga sus maratonianas jornadas de trabajo más allá del horario de apertura de los juzgados de Sevilla. Y lo peor es que ninguna instancia judicial toma nota del asunto y le pide que entre en razones, porque no hay que olvidar que la causa que investiga es de notable interés público y de relevancia nacional.

La situación es la siguiente. Por las mañanas, cuando comienza la declaración -generalmente con retraso no achacable al imputado- no hay ningún problema porque por el edificio judicial puede transitar el público y, los periodistas, también. La prensa se sitúa a una distancia prudencial de la Sala, donde además hay dos guardias civiles custodiando el acceso y que además se encargan de retener los móviles a todos los abogados que entran en la sala para evitar comunicaciones con el exterior.

El problema se produce una vez finaliza el horario de audiencia pública, al mediodía, cuando en teoría Alaya se queda sola tomando declaración al imputado en la sala de vistas ubicada en la segunda planta del edificio del Prado de San Sebastián. Es entonces cuando los periodistas tienen que aguardar en el hall del edificio, dos plantas más abajo y sin posibilidad de conocer qué ocurre cuando, por ejemplo, se produce un receso hasta que alguien decide salir de la sede judicial…

¿Cómo se hacía antes del secreto? El juez decano había habilitado una sala para la prensa justo enfrente, a una distancia de más de 50 metros de la sala donde se toma declaración al imputado, de esta forma se garantizaba la intimidad que quiere Alaya para sus interrogatorios y que algunos apuntan al hecho de que en alguna ocasión se había oído su tono fuerte más allá de la Sala en algún lance de sus vehementes interrogatorios.

La labor que realiza Alaya es muy importante, lo he comentado en alguna ocasión anterior, pero la juez no debería olvidar que los periodistas también cumplen una función social: el derecho a la información de los ciudadanos y más ante un escándalo de esta magnitud. Y este derecho también debería interesarle a la magistrada que se cumpliera… Y a los distintos estamentos judiciales también…

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Las guerras de Alaya

Jorge Muñoz | 9 de junio de 2013 a las 18:54

La juez Mercedes Alaya no sólo tiene problemas con sus jueces de refuerzo. Las relaciones con los dos fiscales Anticorrupción, como con otros fiscales que tienen contacto con su juzgado, tampoco son normales, al menos eso es lo que vienen a demostrar los últimos escritos que se han cruzado los fiscales delegados de Anticorrupción Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández con la magistrada.

Los últimos enfrentamientos entre la Fiscalía y la instructora de los ERE fraudulentos de la Junta de Andalucía comienzan en mayo pasado, cuando los representantes del Ministerio Público solicitan a la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla que certifique la fecha en la que se incorporaron a la causa de los expedientes de regulación de empleo cuatro resoluciones dictadas en abril pasado por la magistrada, lo que llevó a Alaya a dictar una providencia, el día 3 de mayo, en la que reprochaba a los fiscales su “extraña petición”.

Como contestación a esta providencia, los fiscales remitieron el 17 de mayo un nuevo escrito a la instructora, en el que exponían que con su petición sólo intentaban “hallar una lógica respuesta” a algo que ignoran: “¿Por qué un auto con fecha impresa de 2 de abril se empieza a notificar el día 22 de abril?”, veinte días después.

Los fiscales replican a la juez que entre las obligaciones “esenciales e irrenunciables” de la Fiscalía se encuentran las de “velar por el respeto de las garantías procesales de los imputados y por la protección de los derechos de la víctima y de los perjudicados por el delito”, y añaden que ese retraso es importante porque la causa se hallaba en este momento declarada secreta, y “el fiscal es la única parte con acceso a su contenido, acceso que se vería de modo inadmisible coartado si se producen tal tipo de tardanzas o retrasos en la notificación de resoluciones que son inmediatamente ejecutadas por la oficina judicial”. El escrito de la Fiscalía Anticorrupción recordaba que en el caso del auto de 2 de abril se adoptaban unas medidas de bloqueo de productos bancarios y financieros de los imputados, pero no se notifica se le notifica al Ministerio Público hasta el 23 de abril, lo que provoca un “cruce” de un nuevo escrito presentado el 8 de mayo que guarda estrecha relación con ese auto.

La respuesta de Alaya a las críticas de los fiscales llegó de nuevo en modo de una providencia dictada el pasado 29 de mayo, en la que la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla rechaza certificar la fecha en la que se incorporaron los autos porque, a su juicio, “no se aprecia en modo alguno el retraso o demora importante alegado en las notificaciones”. Sostiene Alaya que desde que se dicta la resolución hasta que se notifica “no existen más de doce días hábiles, entre los cuales se encuentra incluida la semana de Feria de Sevilla, semana ésta en que es práctica habitual en estos juzgados el procurar evitar las notificaciones de resoluciones de fondo en aras de no perjudicar a las partes con plazos y términos que difícilmente pudieran cumplir en días festivos, a excepción por supuesto de las resoluciones de carácter urgente, por lo que podemos decir que se ha notificado al Ministerio Fiscal en apenas una semana desde su dictado”.

Alaya argumenta además que se notificaron a la vez varias resoluciones y concluye que “en este procedimiento se dictan multitud de resoluciones de fondo casi a diario que tienen que ser notificadas a todas las partes personadas además del Ministerio Fiscal y que se trata de un proceso de enorme complejidad y trabajo diario que hace que se acumulen las resoluciones y que incluso pueda haber en algún caso un cruce de escritos entre fechas de resoluciones y presentación de los mismos”.

Parece que Alaya ha iniciado ahora un nuevo frente con los fiscales que impulsan la investigación del caso de los ERE. El problema es que en las guerras no hay vencedores ni vencidos, todos pierden algo en el camino.

¿Por qué la juez pone ahora en libertad a Guerrero?

Jorge Muñoz | 6 de junio de 2013 a las 7:40

Alaya puso ayer por sorpresa en libertad a Francisco Javier Guerrero, el ex director de Trabajo y Seguridad Social de la Junta imputado en el escándalo de los ERE fraudulento. La magistrada acordó esta decisión sin esperar a que resuelva la Audiencia de Sevilla el recurso de apelación que presentó la defensa del ex alto cargo y en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que recientemente se opuso a que Guerrero quedase en libertad.

¿Por qué esta sorprendente decisión? En el auto, la juez argumenta su cambio de criterio en que, una vez levantado el secreto de sumario que pesaba sobre parte de la causa, ya no existen los riesgos de que Guerrero pueda entorpecer la investigación, quitar pruebas o influir en los otros imputados en la causa. Eso es cierto, pero sólo en parte, puesto que el propio Javier Guerrero ha confesado a su salida de la prisión de Sevilla-I que compartía módulos con otros imputados, como el conseguidor de los ERE Juan Lanzas, con quien coincidía habitualmente en el patio.

Resulta curioso que la juez rechazó en abril pasado el recurso de reforma que presentó la defensa de Guerrero pidiendo su puesta en libertad y es ahora, cuando la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla iba a resolver el nuevo recurso, en este caso de apelación, cuando la juez ha optado de motu proprio por dejarle en libertad sin fianza.

En este recurso, el abogado Fernando de Pablo, criticó que la instrucción había “más humo que fuego” y rechazó rotundamente que Guerrero recibiera en sus cuentas 168 transferencias realizadas por la mediadora Vitalia, lo que le habría generado unos ingresos de 249.000 euros. Para la defensa, esas afirmaciones incluidas en el auto eran “totalmente falsas” puesto que tras haber investigado los movimientos de las cuentas del ex director de Trabajo no existía ninguna de esas transferencias. Si eso fue realmente así, ¿quién se equivocó? ¿la juez Alaya o los guardias civiles de la Unidad Central Operativa (UCO) que investigan el caso?

Paradójico también resulta que Guerrero fue uno de los pocos imputados en la operación Heracles a los que Alaya no impuso ninguna fianza de responsabilidad civil, a pesar de que se habría supuestamente beneficiado de esos pagos realizados por la consultora, mientras que en otros casos fueron millonarias para hacer frente a las posibles responsabilidades civiles derivadas del cobro de sobrecomisiones vinculadas a las pólizas financiadas por la Junta de Andalucía.

Justificar el cambio de criterio sólo en el levantamiento del secreto de sumario parece endeble y, en todo caso, la decisión se debería haber adoptado la semana pasada, que es cuando se adoptó esta medida… Y otra cuestión en el aire: ¿Por qué no pone entonces en libertad a los otros imputados que continúan en prisión?