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Ni nuevas imputaciones relevantes ni grandes novedades

Jorge Muñoz | 4 de junio de 2013 a las 22:18

Éste es el resumen de los 51 tomos secretos de la investigación de los ERE. Los que seguimos el caso esperábamos encontrar, como nos tiene acostumbrados la juez Alaya, grandes titulares sobre el avance de la investigación, pero tras rebuscar entre los miles de folios dispersos y no numerados en farragosos documentos tipo PDF, no hay nada que aporte grandes novedades a lo que ya se conocía.

Bien es cierto que, a pesar del secreto de sumario, ha trascendido en estos meses muchos de los pasos que ha ido dando la juez, sobre todo en lo relacionado con la operación Heracles, la que llevó de nuevo a prisión al ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero. Poco parece que quedaba por contar. Quizás las supuestas revelaciones del ex chófer de los ERE, Juan Francisco Trujillo, implicando al ex consejero de Presidencia y diputado del PSOE Gaspar Zarrías en la inclusión de varios intrusos.

Pero esta declaración procede de un imputado, que además ha reconocido que se gastó miles de euros de fondos públicos en pagar su adicción a la cocaína y la del ex director de Trabajo, así como en fiestas y regalos. Su testimonio tampoco está corroborado por la Guardia Civil, que al analizar las relaciones entre el conseguidor de los ERE, el ex sindicalista Juan Lanzas, y Gaspar Zarrías, concluye que no se puede definir la relación de ambos, porque las personas investigadas sólo apuntan a meras conjeturas “carentes o escasas de validez”.

Interesantes son las comisiones que por importe de más de 7 millones percibieron las organizaciones sindicales de las sobrecomisiones pagadas por la Junta, en relación con las pólizas contratadas para los prejubilados, como también los 21 millones en que cifra el pago de estas sobrecomisiones a la consultora Vitalia, según el atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Lo que sí incluyen los miles de folios son cuestiones menores o incluso anecdóticas, como por ejemplo que el coche oficial del director de Trabajo Francisco Javier Guerrero fue utilizado por su chófer, Juan Francisco Trujillo, para ir a comprar drogas a la barriada sevillana de las Tres Mil Viviendas, o los bares y cafeterías en la que los testaferros hacían entrega de sobre con dinero a Juan Lanzas, a quien la Audiencia ha decidido dejar en libertad si abona una fianza de 450.000 euros, la misma que pagó en agosto del año pasado el ex consejero de Empleo Antonio Fernández para poder salir de prisión.

En cuanto a las imputaciones, la juez Alaya ha acordado imputar a otras cinco personas de las 18 que le pidió el fiscal, tres de ellas de Vitalia, otra la ex pareja de uno de los testaferros, y otra persona que figuraba en una de las empresas que recibieron ayudas.

Y poco más. Un trabajado atestado de la Guardia Civil de más de 1.000 folios en el que se describe al detalle la operativa de las consultoras para cobrar las sobrecomisiones, así como la relación de los implicados, investigaciones patrimoniales, etc…

Lo que si creo es que Alaya no dudará en dar un nuevo golpe de efecto en breve, tras haber superado sus horas más bajas con los avisos que le dieron recientemente desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y el propio presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner, por mucho que luego se intentara desde el gabinete de prensa del Poder Judicial matizar sus palabras sobre el retraso en la instrucción de los ERE, que el magistrado consideró que no era “normal ni aceptable”, si bien apuntó que por ahora no veía motivos para expedientar a la juez Alaya.

 

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51 tomos en el secreto de Alaya

Jorge Muñoz | 2 de junio de 2013 a las 19:27

La juez Alaya ha levantado el secreto que pesaba sobre la causa de los ERE y bajo la misma hay otros 51 tomos nuevos de investigaciones de la Guardia Civil y de documentos que han ido recopilándose durante los seis meses en que las actuaciones han permanecido bajo esta medida.

Los 51 tomos suponen, como la propia juez ha argumentado en algunas ocasiones, una ingente documentación cuyo análisis ha llevado a la Guardia Civil a emplear todo este tiempo, en el que además se ha desarrollado la denominada operación Heracles, que se saldó en marzo pasado con la detención de 22 personas y la realización de 13 registros domiciliarios.

La causa de los ERE ya era voluminosa sin contar con los nuevos documentos, ya que se acumulaban más de 60 tomos en los más de dos años que llevan abiertas estas diligencias previas relacionadas con las presuntas irregularidades en la concesión de las ayudas públicas. Habrá que ver qué han dado de sí esos seis meses de investigación secreta. Seguro que habrá muchas sorpresas que irán conociéndose en los próximos días…

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La semana más dura de Alaya

Jorge Muñoz | 25 de mayo de 2013 a las 9:45

Termina la semana más dura de la juez Alaya. La instructora de los ERE superó al inicio de la investigación la recusación que le planteó una de las imputadas, después ganó el pulso del Gobierno andaluz por la entrega de las actas de los Consejos de Gobierno de la Junta, y recientemente se reincorporó de una baja por enfermedad que se prolongó durante seis meses. Pero a pesar de todos estos avatares, esta semana ha sido de las más delicadas, puesto que ha recibido un aviso de la sala de Gobierno del TSJA por la demora en la instrucción de las macrocausas que investiga, un aviso que también ha sido corroborado esta misma semana por el propio presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner.

La semana comenzó con la reunión de la Sala de Gobierno del TSJA que urgió a la juez a compartir las investigaciones para evitar retrasos en alguna de las causas, donde hay imputados que aún no han prestado declaración a pesar de que llevan tres años formalmente imputados. Esto ocurrió el martes. Dos días después, el presidente del máximo órgano de gobierno de los jueces hizo unas declaraciones en Sevilla en la misma línea del acuerdo del TSJA, mostrando su preocupación por la situación del juzgado y llegando a decir que el retraso en estos procedimientos “no es normal ni aceptable”, si bien señaló que “por ahora” el CGPJ no ve motivos para abrir un expediente a la juez Alaya por un retraso injustificado en la tramitación de las causas.

Tras estas manifestaciones, asociaciones de jueces, como la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la asociación Francisco de Vitoria, han salido en apoyo de la juez Alaya, criticando las declaraciones de Moliner, al considerar que ponen “en tela de juicio el esfuerzo personal que está realizando la magistrada”.

Para finalizar la semana, la Audiencia de Sevilla ha revocado uno de los autos de prisión que decretó Alaya en el marco de la operación Heracles, ordenando la puesta en libertad de una directiva de Vitalia si abona una fianza de 600.000 euros.

Dentro de todos estos varapalos a la instructora sólo una noticia positiva para Alaya. El ex consejero deportivo del Betis Luis Oliver ha sido condenado a pagar una multa de 4.500 euros por injuriarla, después de llamara a la magistrada “loca” y la comparara con los nazis. Dice la sentencia que esas manifestaciones vulneraron en el derecho al honor de Alaya, tanto en el plano personal como en el profesional. Totalmente de acuerdo, esas manifestaciones no están amparadas por la libertad de expresión, uno puede estar en desacuerdo con una resolución judicial pero no se puede decir “ni los nazis hacían lo que hace esta loca”, frase que está fuera de todo lugar.

Por último, el consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha vuelto a soltar una de sus ya clásicas perlas, al declarar que Alaya “no es superwoman” y aconsejarle a la instructora que pida ayuda y comparta las investigaciones….

A pesar de todos los avatares de esta semana, Alaya es grande y seguro que pronto, muy pronto, vuelve a dar titulares importantes en relación con las macrocausas que instruye. Al tiempo.

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Primer aviso del TSJA a la juez Alaya

Jorge Muñoz | 21 de mayo de 2013 a las 14:34

Un primer aviso en toda regla. La Sala de Gobierno del TSJA ha lanzado hoy un claro mensaje de advertencia a la juez Mercedes Alaya, a la que ha instado a compartir sus macrocausas con el juez de refuerzo Rogelio Reyes, el único que quedó en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla después de la titular comunicara al Alto Tribunal andaluz que no necesitaba la ayuda de la juez Ana Rosa Curra, con quien la relación no era precisamente buena.

El acuerdo del TSJA no tiene desperdicio.  Tras recibir el informe de la juez Alaya, una medida que el TSJA le impuso como obligación cada dos meses después de que la instructora asumiera la competencia en exclusiva de las cuatro macrocausas, el Alto Tribunal ha ido este martes un paso más allá. El acuerdo comienza mostrando la “preocupación” de la Sala de Gobierno por el calendario y la prolongación temporal de algunas de las causas, así como el número de imputados a los que no se ha tomado declaración hasta el momento.

Y concluye que esta situación “aconseja que se valore la importancia de la sustitución interna y apoyo del juez de refuerzo en estas macrocausas”, lo que traducido a un lenguaje coloquial significa que el TSJA le está pidiendo a Alaya que reparta juego, que comparta sus investigaciones con el juez de refuerzo, que permita a Rogelio Reyes colaborar en la instrucción de estos macroprocesos para evitar los perjuicios sobre los que la Fiscalía Anticorrupción ya lleva tiempo advirtiendo a la instructora: la posible prescripción de algunos delitos y el retraso injustificado de las investigaciones, lo que al final puede redundar en un beneficio para los imputados, a los que se investiga por el desvío de millones de euros de las arcas públicas y que en el futuro podrían ver cómo se les aplica una circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, por un retraso que no puede achacarse a los imputados.

La cuestión no es baladí, porque los imputados tienen derecho a un proceso con todas las garantías, a que su procedimiento no se demore de forma excesiva, porque no es normal que Alaya haya citado, por ejemplo, a declarar como imputados a los ex directivos de Mercasevilla para octubre próximo, tres años y medio después de que les imputara formalmente, algo que ocurrió en mayo de 2010. Tampoco es normal que el ex delegado de Empleo de la Junta Antonio Rivas lleve más de 800 días imputados en el caso de los ERE sin que haya prestado declaración, como tuvo ocasión de recordar recientemente su propia defensa.

El TSJA ha hecho bien en dar el aviso a la juez Alaya, que siempre ha sido la parte más débil -no hay que olvidar que tiene en frente a todo el Gobierno andaluz dado el cariz de su investigación-, pero que no puede pensar que ella es la única capaz de sacar adelante las macrocausas… Ha llegado el momento en que Alaya comparta la instrucción con su compañero, por el bien de las propias investigaciones y para evitar los posibles perjuicios que puedan ocasionarse.
La Sala de Gobierno ha llegado hasta donde puede llegar. Si al final la situación se complica, el retraso de estos procesos podría llegar hasta el  Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que podría tomar otro tipo de decisiones más contundentessi persiste la negativa de la juez a compartir las macrocausas y continúa el retraso de los procedimientos…

 

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Un ‘cara a cara’ con testigos

Jorge Muñoz | 14 de mayo de 2013 a las 21:02

La reunión de Lorenzo del Río con la juez Alaya fue distinta a la de marzo pasado, cuando la instructora de los ERE comunicó al presidente del TSJAque no cedía ninguna de sus investigaciones y rechazaba la ayuda de uno de los jueces. Y fue diferente por varios aspectos que se hicieron claramente visibles en un encuentro tan mediático, que había congregado a una docena de periodistas para cubrir la cumbre Alaya-Del Río. Para empezar, en esta ocasión Alaya no jugó en casa, usando el símil futbolístico, puesto que en lugar de su despacho, el presidente del TSJA hizo que, en esta ocasión, fuese Alaya la que acudiera hasta el juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla, órgano que Lorenzo del Río estaba inspeccionando dentro de su visita programada a Sevilla.
El cara a cara entre el presidente del TSJA y la juez de los ERE contó en esta ocasión con dos testigos de excepción: el presidente de la Audiencia de Sevilla, Damián Álvarez, y el juez decano, Francisco José Guerrero. Estos magistrados, oficialmente, habían acudido a saludar a Lorenzo del Río, y el presidente les pidió que se quedaran en su encuentro con Mercedes Alaya. Al término del mismo, el presidente del TSJA quiso transmitir una imagen de normalidad y tranquilidad e incluso manifestó que la reunión había sido muy productiva.
Pero al margen de las declaraciones oficiales sobre la situación del juzgado, lo que sí se pudo observar es cómo la juez Mercedes Alaya salía del encuentro aparentemente intranquila. Alaya y Rogelio Reyes, el juez de refuerzo, salieron cada uno por su lado, al igual que ocurrió en aquel primer encuentro de hace dos meses entre Lorenzo del Río, Mercedes Alaya, Ana Rosa Curra y Rogelio Reyes.
Cierto es que la salida de Curra de este juzgado ha aliviado la alta tensión que se vivió meses atrás, cuando Alaya se negó a distribuir las macrocausas con los dos jueces de refuerzo que, de forma excepcional, habían sido adscritos para colaborar con Alaya, quien ahora ha accedido a entregar una parte de la causa del Betis a Rogelio Reyes.
En el fondo subyace la preocupación del TSJA por el estado de unas investigaciones que llevan ya varios años abiertas y que parecen no tener fin. La posible prescripción de los delitos que ya ha advertido la Fiscalía en varias ocasiones y las dilaciones indebidas que pueden producirse en un proceso de esta trascendencia obligan a la juez Alaya a dar celeridad a estos procesos para que no se eternicen y se adopten las decisiones que deban producirse en relación con los imputados o los que estén a punto de ser citados en esta condición.

El derecho al descanso de los imputados de los ERE

Jorge Muñoz | 27 de marzo de 2013 a las 11:49

Las maratonianas jornadas de trabajo que se impone la juez Alaya plantean muchos interrogantes sobre el derecho al descanso de los imputados por las irregularidades en los ERE. ¿Es legal que una juez tome declaración a un sospechoso que ha pasado toda la noche en vela? ¿Está esta persona en condiciones de someterse a un interrogatorio del que depende que acabe o no entre rejas?

Consultados algunos abogados y fiscales muchos coinciden en que someter a una persona a un interrogatorio que comienza de madrugada y acaba a las nueve de la mañana -como ocurrió el pasado sábado con un directivo de Vitalia- puede vulnerar el derecho de defensa de esta persona. Un imputado que ha pasado toda la noche en vela y que lleva dos días detenido, con la misma ropa, sin tomar una ducha y en unos calabozos nada confortables, parece que en principio no está en condiciones de prestar declaración. Y mucho menos ante una juez incisiva como Alaya, cuya forma de interrogar es vehemente, según dicen quienes han presenciado alguno de sus interrogatorios.

Y en esas condiciones, ¿qué opciones tiene el imputado? Si se acoge a su derecho a no declarar, puede que la instructora lo utilice para reprocharle que no ha colaborado con la investigación y tomar una decisión drástica como su encarcelamiento, a pesar de que el hecho de no declarar no puede servir para ello dado que este imputado está haciendo uso de un derecho… Y eso sólo por hablar de los imputados, que son los que se la juegan de verdad, pero tampoco es de recibo imponer esos horarios a los abogados, a los fiscales y a los funcionarios de su juzgado.

Cierto es que la juez tiene que respetar el plazo legal de las 72 horas de detención, pero también lo es que en esas condiciones puede suceder, que bien el imputado no declare, o que reconozca incluso que “mató a Manolete”, por usar una expresión coloquial, porque a buen seguro que sus condiciones pisco-físicas no son las más adecuadas para comparecer ante una juez y responder de unos delitos de tal gravedad. No entiendo por qué la instructora no puede adelantar sus interrogatorios, porque otros muchos jueces han tenido también jornadas complicadas y no han tenido que prolongar ese horario nocturno durante tantos días consecutivos…

Una última cosa, esto es lo que dice el artículo 393 de la ley de Enjuiciamiento Criminal:
“Cuando el examen del procesado se prolongue mucho tiempo, o el número de preguntas que se le hayan hecho sea tan considerable que hubiese perdido la serenidad de juicio necesaria para contestar a lo demás que deba preguntársele, se suspenderá el examen, concediendo al procesado el tiempo necesario para descansar y recuperar la calma. Siempre se hará constar en la declaración misma el tiempo que se haya invertido en el interrogatorio”.

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El negocio de los ERE, ¿negocio de cuatro golfos?

Jorge Muñoz | 24 de marzo de 2013 a las 9:29

Alaya lo ha dejado claro en sus últimos autos. En la investigación por las irregularidades de los ERE se ha pasado del “clientelismo” político a un “verdadero negocio” en el que participaban los intermediarios, los sindicatos y cargos públicos como el que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero, ahora de nuevo en prisión en relación con las “sobrecomisiones” cobradas en las pólizas financiadas por la Junta de Andalucía.

Hace dos años, cuando Alaya inició la instrucción de este caso, el ex presidente de la Junta Manuel Chaves afirmó que el escándalo era cosa de “tres o cuatro golfos”. Cabe ahora preguntarse si ese negocio, ese saqueo a las arcas públicas que en este momento la Guardia Civil cifra en más de  50 millones de euros -sin duda el agujero será mayor cuando avance la instrucción-, es obra sólo de cuatro golfos.

Los datos objetivos señalan que, por ahora, hay ya 31 implicados, de los cuales siete (ocho si tiene en cuenta al testaferro Juan Francisco Algarín, en prisión desde enero) ya están encarcelados. Pero la cifra de imputados se aproxima ya al centenar, si se suman esta imputaciones a las que ya había en la causa de los ERE con anterioridad y en la que se incluyen los denominados intrusos, las personas que fueron incluidas por la cara para que cobrasen, bien porque pertenecían al entorno del PSOE o de la Junta, o simplemente eran allegados o amigos del responsable de la concesión de las ayudas.

Está claro que con casi 100 imputados no puede hablarse de un chiringuito montado por sólo cuatro golfos. Pero, ¿qué es lo que hay en el fondo de la investigación que ha emprendido la pertinaz Alaya? La juez quiere averiguar si ese saqueo de los fondos públicos formaba parte de un sistema de financiación ilegal del PSOE. A estas alturas de la investigación, parece que ese extremo tampoco se confirma, más allá de los millones que presuntamente se hayan podido llevar el conseguidor de los ERE, el ex sindicalista Juan Lanzas, y su entramado de empresas.

La juez cree que sólo Lanzas se pudo llevar más de 13 millones en sobrecomisiones -se inflaba el gasto de las pólizas en un 15%- y por eso la Guardia Civil está buscando un zulo en una finca familiar en Jaén para tratar de hallar el dinero oculto. Porque si este caso se diferencia en algo a otros actuales, como la trama Gürtel o el caso Bárcenas, es que aquí no hay cuentas suizas con saldos astronómicos. El sistema era tan burdo o la confianza de los implicados en que no serían cogidos era tal que no hacía falta esas cuentas. Aquí, además de los zulos, se empleaba el método de nuestras abuelas: ni cajas fuertes ni nada, los billetes debajo del colchón. Menudo colchón el de Lanzas si debe almacenar esos millones que dice la juez Alaya.

Sorprendente también es la revelación de Alaya, completada por la declaración del ex director de Vitalia, Antonio Albarracín, respecto a los más de cuatro millones que recibieron los sindicatos UGT y CCOO en comisiones. Los sindicatos también se beneficiaban presuntamente del negocio de los ERE, de las dificultades de los trabajadores que estaban envueltos en dichos expedientes. Y sacaban, según el directivo de la medidadora, una tajada del 0,5% por cada prima que se suscribía en torno a un ERE. Y si no recibían su comisión, iban a la Junta y la operación se frustraba.

¿Quién permitía todo esto? Para Alaya y de momento, el máximo responsable que habría permitido esta situación sería el propio Javier Guerrero, quien recibiría parte de la mordida de las comisiones, mediante transferencias de las propias entidades mediadoras, pero que también percibiría pagos de otra especie, como los viajes a Shangai y Egipto que, según la instructora, sufragó Juan Lanzas a través de su entramado societario.

Es indudable que Alaya va a continuar esta interminable instrucción de los ERE y que va a encontrar más implicaciones y responsables de este auténtico saqueo a los fondos públicos de la Junta. Lo que no tiene explicación es que durante una década nadie en la Administración se percatara de lo que estaba sucediendo o, lo que es todavía más grave, no pusiera remedio en caso de conocerlo. Quedan todavía muchas madrugás de Alaya en su despacho…

La semana de pasión de Alaya

Jorge Muñoz | 21 de marzo de 2013 a las 0:44

Ahora sí que Alaya ha vuelto de verdad. Llevaba sólo dos semanas reincorporada en su juzgado cuando ha desatado una importante operación contra el desvío de fondos públicos procedentes de la Junta de Andalucía y vinculados al escándalo de los ERE fraudulentos.

Aunque esta operación, denominada Heracles y que se ha saldado en principio con 20 detenidos y 13 registros en seis provincias, llevaba ya tiempo gestándose en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, no ha sido hasta que ha regresado Alaya a su despacho cuando se ha materializado. Y lo ha hecho de una manera contundente. En la primera jornada de la puesta en marcha del amplio dispositivo policial, Alaya ha vuelto a enviar a prisión al que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero Benítez, acusado de cobrar presuntamente dinero procedente de las “sobrecomisiones” que se habrían pagado a las entidades mediadoras de las pólizas sufragadas con fondos públicos.

En esta primera fase de la investigación, que procede de la pieza de los ERE que lleva declarada secreta desde noviembre pasado, la juez ha constado cómo sólo dos intermediarios, el supuesto conseguidor de los ERE y ex sindicalista Juan Lanzas, y el directivo de Vitalia Antonio José Albarracín, lograron una mordida de 9,5 millones de euros. 

Alaya sospecha que Lanzas recibió de los testaferros 2,8 millones que aún siguen “ocultos” y otros tres millones por comisiones en ERE del grupo Nueva Rumasa. En el caso de Albarracín, la instructora cree que él y su mujer recibieron otros 3,7 millones a través de la sociedad Permar 21, lo que les permitió a ambos cónyuges llevar un “elevado nivel de vida”.

Alaya pasó a los anales de la crónica judicial por haber estado 24 horas seguidas en su juzgado tomándole declaración y enviando a prisión al ex consejero de Empleo Antonio Fernández, hecho que ocurrió el 23 de abril de 2012, la noche del Pescaíto de la Feria de Sevilla. Ahora parece que también quiere irrumpir con la misma fuerza en la otra fiesta grande de la ciudad: la Semana Santa. Alaya ha comenzado su particular semana de pasión, en la que día a día y de momento incluido el próximo sábado, van a ir pasando por su despacho, uno a uno, los 30 implicados en este nuevo escándalo relacionado con el desvío de fondos públicos de la Junta.

Alguno de los acusados, como el propio Javier Guerrero, ya han comenzado a experimentar la pasión según Alaya; a vivir otro calvario.  Guerrero está de nuevo entre rejas a tan sólo unos días de que se echen a la calle los primeros nazarenos y el público ávido por ver a los feligreses realizar su estación de penitencia. El ex alto cargo de la Junta iba resignado e incluso haciendo gala del buen sentido del humor que siempre le ha acompañado en los momentos más duros, como el que ha experimentado otra vez. Era la imagen de otro Cautivo, no como la que pronto se representará en muchas calles andaluzas…

Desconozco si su señoría es muy cofrade o no, pero lo que parece claro es que esta semana va a rivalizar con las hermandades a la hora de compartir los principales espacios de las portadas de los periódicos y de los programas informativos. Todo indica que Guerrero no va a estar solo en la cárcel y que otros implicados pueden hacer su mismo recorrido. Al tiempo….

 

Alaya vence pero no convence

Jorge Muñoz | 11 de marzo de 2013 a las 15:17

La juez Alaya ha vuelto a imponer su criterio, al negarse a compartir la instrucción de las cuatro macrocausas que se investigan en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. La titular de este órgano remitió un informe al presidente del TSJA, Lorenzo del Río, en el que explica que, tras su regreso de la baja por enfermedad que la ha apartado casi seis meses del juzgado, no va a compartir la instrucción de los cuatro casos importantes con los jueces de refuerzo Ana Rosa Curra y Rogelio Reyes.

Alaya en estado puro. Alaya le ha dicho al TSJA que sólo necesita uno de estos jueces -sin dar nombres, aunque sus preferencias son evidentes, dada la incompatibilidad de caracteres con Curra- para que se encargue del resto de los asuntos del juzgado. De nada ha servido el interés de los jueces de refuerzo y del propio TSJA para que se distribuyeran de forma equitativa los procesos, con la idea de contribuir a una agilización de estas causas, alguna de las cuales se investiga desde el año 2008, como es el caso del delito societario que se atribuye a Manuel Ruiz de Lopera.
A la vista de este informe, la Sala de Gobierno del TSJA ha acordado la salida de uno de estos jueces de refuerzo y todo apunta a que será Curra, que el viernes pasado salió muy afectada de una reunión con Alaya. La titular habrá impuesto una vez más su criterio, a pesar de que el propio Lorenzo del Río -que ahora debe decidir qué juez se queda con Alaya- aseguró en su día que en este juzgado había trabajo para tres jueces.

A Alaya le parecen muchos jueces para un solo juzgado. Y ojalá no haga falta que vuelva nadie, lo que significaría que la instructora está totalmente recuperada de sus problemas de enfermedad. Pero, ¿qué ocurrirá si Alaya tiene una recaída? Entonces habría que volver al punto inicial: nombrar otro juez de refuerzo, y el juzgado volvería a resentirse por la ausencia de la titular.

Está claro que Alaya no debía entregar la causa de los ERE, un caso que actualmente es lo que es gracias a su peculiar forma de dirigir los procesos. Tampoco la de Lopera y la de la venta de los suelos de Mercasevilla, que están muy avanzadas y a falta de escasas diligencias, pero la juez podría haber cedido un poco y compartir la causa del delito societario de Mercasevilla con alguno de los jueces de refuerzo. Sobre todo, porque esta causa está prácticamente virgen, no se ha adoptado ninguna decisión relevante y ni siquiera se ha tomado declaración a los ex directivos de Mercasevilla, que están imputados dicho sea de paso desde hace casi tres años -mayo de 2010-. Es evidente que el tiempo transcurrido hace necesario que se impulse esta investigación. Alaya ha vencido, pero no ha convencido.

 

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Alta tensión en el juzgado de Alaya

Jorge Muñoz | 9 de marzo de 2013 a las 9:49

Ocurrió en la mañana del viernes. La juez Mercedes Alaya, que esta semana se reincorporó a su puesto como titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla después de casi seis meses de baja, se reunió con los dos jueces de refuerzo, Ana Rosa Curra y Rogelio Reyes Pérez, y poco después los tres mantuvieron un encuentro con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río.

Esos encuentros tenían por finalidad establecer cómo iba a ser la supuesta distribución de las importantes causas que se investigan en este juzgado tras el regreso de Alaya. La titular del juzgado, como era de esperar y conociendo su carácter, descartó cualquier reparto. El caso de los ERE, el delito societario del Real Betis y las otras dos causas relacionadas con la empresa pública de Mercasevilla, son suyas y no va a permitir que nadie meta mano en la instrucción de estos procesos, por expresarlo de una manera coloquial.

¿Pero entonces para qué quedan los otros dos jueces? Según la teoría alayística, como jueces de refuerzo que son, están para ayudar y colaborar con la juez en la marcha del juzgado, es decir, para la instrucción del resto de casos ordinarios y la celebración de los servicios de guardia que Alaya no quiera hacer por sí misma.

¿A alguien le extraña este planteamiento conociendo el temperamento de la juez? A mi no, desde luego. Y además, creo que Alaya tiene parte de razón, porque el caso de los ERE es hoy lo que es gracias a ella y a su peculiar manera de instruir y llevar la investigación al límite. Otra cosa es que Alaya pudiera ceder y dejar que alguno de los jueces instruyera, por ejemplo, la causa por el delito societario de Mercasevilla, porque esta investigación prácticamente ni siquiera ha empezado y los ex directivos están imputados desde mayo de 2010 sin que se les haya aún tomado declaración. Las otras dos causas pendientes, la de Manuel Ruiz de Lopera y la de la venta de los suelos de Mercasevilla, están muy avanzadas y podrían cerrarse pronto, por lo que podría finalizarlas Alaya.

Sea como fuere, Alaya dio un golpe sobre la mesa en la mañana de este viernes y recordó que ella es la titular del juzgado. Hubo alta tensión en el encuentro con los jueces de refuerzo e incluso hay quien apunta que Ana Rosa Curra, con la que Alaya no tiene mucho feeling (se comenta que incluso tuvieron un enfrentamiento en una junta de jueces), salió bastante molesta e incómoda tras la reunión.

La segunda reunión, con el presidente del TSJA, tampoco fue como Lorenzo del Río esperaba. Alaya expuso al presidente del Alto Tribunal andaluz su visión de lo que había ocurrido en su ausencia y sus planes de reasumir todos sus casos. Y el presidente le pidió a la juez un informe sobre la redistribución del trabajo en el juzgado para su estudio por la sala de Gobierno del Alto Tribunal el próximo martes.

La postura de Alaya es comprensible, hasta cierto punto. Entiendo que a nadie que se ausenta de su trabajo por motivos de enfermedad le guste ver cómo otro compañero ha ocupado su despacho y está mirando sus documentos, por decirlo de alguna manera gráfica, pero los jueces de refuerzo son también jueces de carrera, no sustitutos, y por lo tanto, en teoría, son tan válidos como Alaya para instruir estos casos. Y además Alaya no debe olvidar que es un funcionario público y que el interés general de los ciudadanos debe estar por encima de los personalismos.

Alaya sigue siendo Alaya, y por lo que se ve ha vuelto de su baja con las pilas recargadas. Una juez que ha soportado todas las presiones habidas y por haber en el asunto de los ERE fraudulentos, a buen seguro que tiene claro que puede salir airosa de este nuevo pulso al TSJA. Al fin y al cabo, el Alto Tribunal no puede ordenar que haya un reparto de las causas entre los tres jueces, aunque sí puede exigir que haya resultados y que los procesos no se eternicen, que se impulse verdaderamente la instrucción.

Habrá que esperar a ver qué dice el informe de la juez Alaya y la respuesta que dé el TSJA. Quizás todo esto se podría haber evitado habiendo dejado al juez sustituto Iván Escalera, con el que Alaya se entendía perfectamente y que había incluso comenzado a estudiar el caso de los ERE en su ausencia, pero el TSJA lo envió a un juzgado de lo Social y trajo a Ana Rosa Curra en su lugar.

 

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