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Los nuevos rostros del caso de los ERE y del Real Betis

Jorge Muñoz | 20 de febrero de 2013 a las 18:53

Ana Rosa Curra y Rogelio Reyes son los nuevos rostros del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que sustituyen a la juez Mercedes Alaya, que continúa de baja por enfermedad. Tanto Ana Rosa Curra como Rogelio Reyes son jueces de Adscripción Territorial que ahora han sido destinados a este juzgado y que ya se han distribuido inicialmente las causas que investigaba Alaya.

Ana Rosa Curra ha asumido el caso de los ERE fradulentos y Rogelio Reyes el delito societario que se atribuye al ex máximo accionista del Real Betis Manuel Ruiz de Lopera. Ambos jueces tienen una trayectoria en la judicatura similar, tienen la misma edad, 37 años e ingresaron en la carrera judicial en el año 2004.

Ana Rosa Curra y Rogelio Reyes han sido los rostros más buscados por los reporteros gráficos que hoy han cubierto la huelga de los jueces y fiscales en Sevilla. La verdad es que han sido fotografiados hasta la saciedad. Se trata de uno de los inconvenientes que tiene llevar una causa de tanta trascendencia pública como la que les ha tocado investigar.

Y si no que se lo pregunten a la juez a la que están sustituyendo, Mercedes Alaya, cuyo rostro se convirtió y sigue siendo uno de los más populares en el ámbito de la judicatura y que incluso ha seguido saliendo en los medios de comunicación a pesar de que lleva apartada más de cinco meses de su quehacer profesional debido a sus problemas de salud. Nunca una baja y sus respectivas ampliaciones fue tan pública como la de esta magistrada….

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El ‘zapatazo’ del presidente del TSJA y el sufrimiento de Alaya

Jorge Muñoz | 23 de enero de 2013 a las 22:27

El presidente del TSJA, Lorenzo del Río, se desplazó a Sevilla a poner orden en el juzgado de Alaya ante la justificada ausencia por enfermedad de la titular del juzgado que investiga, entre otros asuntos voluminosos, el escándalo de los ERE fraudulentos.

Lorenzo del Río llegó a Sevilla, vio la situación del juzgado de Instrucción número 6 y dio un zapatazo para arreglar la situación. No era para menos. Más de cuatro meses de ausencia de Alaya han paralizado la causa de los ERE y la juez de adscripción territorial Ana Rosa Curra, que lleva destinada en el juzgado desde el pasado 3 de enero, no acababa de tomar las riendas de la investigación de las ayudas irregulares.

Cierto es que la juez necesita un tiempo para ponerse al día en un sumario que acumula más de 60 volúmenes -30.000 folios- y que tiene más de 200.000 documentos en anexos, pero también es cierto que se trata de una juez de carrera y que, por lo tanto, su actuación no puede limitarse a la actuaciones de urgencia y a aquellas de mero trámite. Ante una baja de Alaya que se presume puede prolongarse durante más tiempo, había que activar estos procedimientos, tal y como ha reconocido Lorenzo del Río.

El presidente del TSJA ha dicho que Ana Rosa Curra, al llegar  este juzgado, ha asumido “todas las causas” de este juzgado, pero también ha puntualizado que la carga de trabajo que soporta este órgano requiere por lo menos que haya siempre dos jueces o incluso tres, si Alaya vuelve finalmente.

Y ésta es precisamente la solución que se ha acordado. La próxima semana se incorporará un nuevo juez de refuerzo o en comisión de servicio para que apoye a la juez Curra y, a partir de ese momento, entre ambos jueces se distribuirán las causas pendientes, algunas de ellas desde 2008, como ocurre con el delito societario en el que se investiga a Manuel Ruiz de Lopera, el ex máximo accionista del Real Betis.

En su visita, Lorenzo del Río también ha logrado arrancar el compromiso de la Junta para que el juzgado de Alaya cuente con dos nuevos funcionarios judiciales de refuerzo, que contribuyan a “agilizar” los delicados procedimientos que se investigan en este juzgado.

Pero el presidente del Alto Tribunal andaluz también ha dejado constancia de la situación en la que se encuentra la juez Mercedes Alaya, quien según del Río, está “sufriendo” por tener que quedarse en casa y no poder volver a trabajar. Si hay algo que precisamente no se puede reprochar a Alaya es su entrega y dedicación al juzgado y en especial al caso de los ERE, que es el caso de su vida, el que marca a un juez, como en su día el caso Juan Guerra marcó al magistrado Ángel Márquez, por citar algún ejemplo cercano.

No me cabe duda y así lo creen muchos de los que conocen la labor de la juez Alaya que la instructora está deseando volver, pero su enfermedad la mantiene, a pesar de sus esfuerzos, alejada de los contundente autos y resoluciones que acostumbra dictar los viernes. En alguna ocasión he comentado en esteblog que la instrucción de los ERE no será la misma sin Alaya, pero que ante su ausencia, no se podía esperar más, porque la Fiscalía Anticorrupción ya ha advertido de la posible prescripción de algunos delitos, y porque, como también han reflejado ya algunos de los abogados defensores de los imputados que conocen la causa al dedillo, los retrasos y la falta de traslado de las actuaciones policiales que han seguido desarrollándose estos meses sin Alaya comienzan a afectar al derecho de defensa de los propios imputados.

La última baja de Alaya es por 20 días. Ojalá vuelva antes o cuanto antes, porque esta compleja instrucción la necesita.

El rastro de las comisiones

Jorge Muñoz | 20 de enero de 2013 a las 11:04

La investigación del escándalo de los ERE se encuentra ante un nuevo hito que puede abrir la línea definitiva que buscaba la juez Mercedes Alaya y que está vinculada a las comisiones que cobraban los brókers o entidades mediadoras que intervenían con las compañías aseguradoras de las pólizas financiadas por la Junta de Andalucía.

En el marco de este nuevo rumbo de la investigación que lleva a cabo la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil -en la que se trata de averiguar nuevos delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales, entre otros-, la juez Ana Rosa Curra, que refuerza a Alaya mientras sigue de baja por enfermedad, ha encarcelado a un presunto testaferro, Juan Francisco Algarín, quien ha reconocido que trasladó sobres con dinero entre Mercasevilla y puntos cercanos a la Consejería de Empleo hasta las proximidades de la Delegación de Empleo en Sevilla.

Casi cuatro años después del inicio de las diligencias relacionadas con el intento de cobro de comisiones en la empresa pública Mercasevilla -que ya ha concluido con tres condenas por cohecho-, el círculo parece que se cierra, aunque aún se desconoce el destino final de la totalidad de los pagos relacionados con esas comisiones.

La Guardia Civil puso a la juez Alaya tras la pista de las comisiones de las entidades mediadoras hace más de un año, cuando remitió a la instructora un informe en el que aseguraba que junto a la deficiente gestión en la concesión de las ayudas públicas, la Junta había abonado gastos de mediación e intereses que se asumían “sin reparo” y que eran conocidos a nivel de viceconsejero. La Guardia Civil apuntaba entonces que se habrían pagado “comisiones elevadas a las mediadoras Vitalia y Uniter con el conocimiento” del director general de Trabajo y Seguridad Social” y uno de los principales imputados en la causa, Francisco Javier Guerrero.

Esas comisiones se abonaban presuntamente porque los brókers eran los únicos que podían conseguir que determinadas compañías de seguros “aceptaran el pago a plazos del coste de las primas de las diferentes pólizas, mediante las que se han ido haciendo efectivas las ayudas sociolaborales otorgadas”, precisaba la Guardia Civil, que añadía que cuando se incumplían los calendarios de pagos pactados se generaban “cuantiosos intereses que eran asumidos sin reparo” por la dirección general de Trabajo de la Junta.

Con anterioridad a este informe, la propia juez Alaya ya había puesto el foco de atención sobre el cobro de comisiones excesivas por parte de las entidades mediadores como Vitalia, que había cobrado la cantidad de 964.204,66 euros en comisiones superiores a la media del mercado por tramitar los ERE de únicamente tres de las empresas investigadas: Calderinox, Río Grande y Acyco. Para la juez, resultaba “inaudito” que la Junta admitiera estos sobrecostes, que en algún caso superaban hasta en un 20,51% la media del mercado.

La propia empresa pública Mercasevilla, cuya investigación por el intento de cobro de comisiones constituye el germen de la causa de los ERE, ha llegado incluso a denunciar en dos ocasiones el cobro de comisiones igualmente millonarias, por importes de casi tres millones relacionados con los expedientes de regulación de empleo que se tramitaron en esta sociedad en los años 2003 y 2007. Una de estas denuncias advierte que la compañía aseguradora incluyó el gasto de un millón de euros en concepto de “gastos de adquisición (comisión)”, y que situarían la comisión abonada en un 20% de la prima, una cifra que supera con creces las cantidades pactadas con otra aseguradora.

En el ERE de 2007, la nueva dirección del Mercado Central de Abastos de Sevilla detectó otras comisiones de 1,9 millones, lo que supone un 22,5% de la prima, que ascendía a más de nueve millones de euros.

Las comisiones excesivas y los sobres con dinero que han surgido en la investigación apuntan nuevas conexiones entre las mediadoras y el que fuera responsable de la dirección general de Trabajo durante casi una década.

Alaya atribuyó en abril de 2012 al director general de Vitalia, Antonio Albarracín, el “presunto pago de dádivas” efectuado a Francisco Javier Guerrero, como “contraprestación a los servicios” encargados en nombre de la Consejería de Empleo, según apuntaba la instructora en un auto.

La pista sobre el posible pago de comisiones al ex director de Trabajo la aportó en su declaración el ex chófer de Guerrero, Juan Francisco Trujillo, quien antes de ser enviado a prisión aseguró a la instructora que en el año 2007 acudió en dos ocasiones a Madrid para recibir de manos de Antonio Albarracín sendos sobres que contenían una importante cantidad de dinero dirigida al entonces responsable de Trabajo. Según Trujillo, en ambas ocasiones, una de ellas en la estación de Atocha, el director de Vitalia le entregó un sobre de un tamaño folio doblado por la mitad que contenía más de dos dedos de grosor en billetes grandes.

Esta declaración coincide con la que ahora ha prestado el testaferro detenido esta semana, quien ha señalado que una vez se desplazó a Madrid para entregar dinero a Albarracín.

La Guardia Civil, en un informe de octubre pasado, antes de que se declarase el secreto de sumario en el caso de los ERE, puso de manifiesto la existencia de al menos tres empresas de mensajería -Atrado mensajería, Estudios Agenciales y Distripack Transporte Urgente- que podrían haber sido utilizadas como “empresas pantalla“, situando al supuesto conseguidor de los ERE, el ex sindicalista Juan Lanzas, como el ideólogo del sistema.

Los investigadores señalaban que esta operativa “podría estar encaminada a la intención por parte de Juan Lanzas, Estudio Jurídico Villasís y el holding Vitalia” de emplear estas sociedades como pantallas para introducir en el circuito financiero el dinero de las “sobrecomisiones” de las pólizas. El informe recogía un listado de movimientos bancarios y cheques por importe de más de 1,5 millones que habrían recibido los presuntos testaferros vinculados a estas empresas de mensajería.

Algunas fuentes apuntan a que la detención de Juan Francisco Algarín supone sólo el inicio de una nueva ronda de arrestos vinculada a esta nueva vía de blanqueo de capitales derivada del escándalo de los ERE. Ya sólo queda que los investigadores concreten el destino final de esas sobrecomisiones.

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La causa de los ERE no puede esperar más a Alaya

Jorge Muñoz | 17 de enero de 2013 a las 21:45

La instrucción de los ERE no puede esperar más a la juez Mercedes Alaya, que acaba de anuncia que prolonga durante otros 20 días más su baja por enfermedad.

Nada más conocerse que Alaya no vuelve mañana al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Ríoha tomado finalmente cartas en el asunto y ha anunciado una visita la próxima semana a Sevilla, donde se reunirá con la juez de Adscripción Territorial Ana Rosa Curra, que ha sido designada recientemente como refuerzo en el juzgado de Alaya.

El anuncio de la llegada de Del Río -que oficialmente viene a interesarse por la situación y el volumen de trabajo del juzgado de Alaya- supone un paso definitivo para zanjar la polémica en torno a la continua baja de la titular, que se ausenta de su juzgado desde el pasado 12 de septiembre y que ha sumido la instrucción del caso de los ERE y de otros de importancia -como el delito societario del Betis- en una auténtica parálisis instructora. Por mucho que la Guardia Civil siga investigando, hace falta el impulso de un juez.

Es cierto que nadie como Mercedes Alaya sería capaz de llevar esta investigación a los extremos -tanto positivos como negativos- a los que ha llegado esta instructora, pero si no puede continuar por su enfermedad, es hora de ceder el testigo a otro magistrado/a.

La Fiscalía Anticorrupción, que durante los primeros meses aguardó prudentemente la recuperación de Alaya, ha comenzado en las últimas semanas una ofensiva para reactivar la instrucción, solicitando que vuelvan a realizarse actuaciones instructoras: toma de declaraciones de imputados, que se dé traslado de los sumarios, recursos, etc… La Fiscalía ha hablado de la posible prescripción de algunos delitos y ha pedido a la Guardia Civil que “priorice” la investigación de las ayudas concedidas entre los años 2001 y 2003.

La causa de los ERE puede encontrarse igualmente en un momento crucial, en el que se está investigando el posible destino de las comisiones que, según apuntó en su día la propia Alaya, habrían cobrado las entidades mediadoras de las pólizas financiadas por la Junta de Andalucía. Y ha caído un presunto testaferro, que ha sido enviado a prisión provisional, y todo apunta que puede haber más detenciones en breve.

Y Alaya no sólo tramitaba el caso de los ERE, también instruía otras causas complejas como el delito societario del Betis o las investigaciones relacionadas con la empresa pública Mercasevilla, que dio origen al escándalo de los ERE.

En esta situación y, por mucho que les pese a muchos, es hora de encontrar una solución definitiva a las ausencias justificadas de Alaya. Algunas fuentes habían apuntado incluso que si la titular no se reincorporaba ahora, como así ha sucedido, la sala de Gobierno del TSJA tendría que adoptar una medida más contundente, que lo más probable es que pase por ordenar a la juez Ana Rosa Curra que asuma por completo el trabajo de Alaya.

Sólo hay una última opción. Que Alaya se incorporara antes de esos nuevos 20 días -que se cumplirán el 6 de febrero-, pero tampoco hay ninguna seguridad sobre este extremo. La causa de los ERE está en el momento más delicado de estos más de dos años de investigación porque la posible sustitución de Alaya por otra juez supone un nuevo contratiempo: la nueva instructora necesitará un tiempo importante para ponerse al día de un voluminoso sumario. Y también necesitará que la eximan del reparto de los otros asuntos y le nombren a su vez un sustituto, porque hay que concederle las mismas condiciones con las que contaba Alaya.

Las prisiones provisionales vuelven al escándalo de los ERE

Jorge Muñoz | 16 de enero de 2013 a las 20:49

De nuevo prisiones provisionales en la causa en la que se investiga el escándalo de los ERE. Ha sido la juez sustituta de Mercedes Alaya -que sigue de baja por enfermedad- la que ha enviado a prisión a un presunto testaferro de las comisiones de los ERE, Juan Francisco Algarín Lamela.

Este nuevo imputado habría recibido cheques por importe de 362.500 euros, según la Guardia Civil, que considera que actuaba bajo las órdenes del supuesto “conseguidor” de los ERE, el ex sindicalista Juan Lanzas.

Algarín, que estaba en un centro de acogida rehabilitándose, se mostró “muy colaborador” con la Justicia, lo que significa que ha tirado de la manta. Ha dicho que llevó sobres con dinero de Mercasevilla y de bares próximos a la Consejería de Empleo hasta otros bares próximos también a la delegación de Empleo. Y también recogió dinero en Madrid del director general de Vitalia, Antonio Albarracín.

Este nuevo imputado, al que la Fiscalía le pide en otra causa ocho años de cárcel por sendos delitos fiscales -al parecer derivados de una denuncia de la Agencia Tributaria y que tendrían vinculación con los hechos que ahora están siendo investigados bajo secreto de sumario-, ha sido el primer imputado que va a prisión después de que la Audiencia de Sevilla frenara la ronda de encarcelaciones que decidió la juez Alaya: que envío a prisión al ex director de Trabajo Francisco Javier Guerrero, a su ex chófer Juan Francisco Trujillo, y al ex consejero de Empleo Antonio Fernández, todos ellos ya en libertad con cargos.

En esta nueva línea de investigación que permanece secreta se investigan varios delitos, entre ellos blanqueo de capitales de las “sobrecomisiones” cobradas por las entidades mediadoras de las pólizas financiadas por la Junta. Esta investigación trata de determinar el destino final de esas comisiones, si realmente fueron a parar a algunos de los imputados, o hay algo más importante y escandaloso detrás.

Todo apunta, además, que esta semana puede ser ajetreada en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que a la detención de Algarín pueden seguir algunas más, todas ellas con nombres propios vinculados al cobro de esas comisiones… La juez Ana Rosa Curra parece que va a tener trabajo, al menos mientras se produce, si es verdad, que tiene lugar el esperado retorno de la juez Alaya, a quien por cierto le cumple este jueves día 17 el último parte de baja que se le concedió.

Algunas fuentes señalan que la intención de la juez sería incorporarse el viernes o, como muy tarde, el próximo lunes, día 21, pero todo dependerá igualmente de su estado de salud, que presenta continuos altibajos. Si la vuelta no se produce, la Audiencia de Sevilla y la sala de gobierno de TSJA deberán adoptar otras medidas más contundentes para no mantener la parálisis que afecta a la instrucción de éste y otros sumarios que se tramitan en el juzgado de Alaya.

El retorno de la juez Alaya

Jorge Muñoz | 13 de enero de 2013 a las 11:45

Su vuelta a los juzgados de Sevilla se espera como agua de mayo o como el retorno de una heroína de una saga cinematográfica. Después de cuatro meses apartada de la instrucción de la causa de los ERE fraudulentos por motivos de salud, esta semana está previsto el regreso de la juez Mercedes Alaya, titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.
La vuelta de la magistrada debe producirse, salvo complicaciones de su estado de última hora, el próximo jueves, día 17, aunque algunas fuentes apuntan que la instructora lleva ya tiempo intentando reincorporarse, con lo que esa fecha podría incluso adelantarse a los primeros días de la semana que entra.
Lo que sí parece meridianamente claro en las distintas instancias judiciales es que, en el supuesto poco probable de que esa reincorporación no se produzca y la magistrada vuelva a ampliar su baja, tanto la Audiencia de Sevilla como la Sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía(TSJA) tomarían cartas en el asunto para evitar un mayor retraso en la instrucción de este complejo procedimientos y de los otros que investiga la juez Alaya.
La magistrada, de 49 años, lleva de baja por enfermedad, aquejada de fuertes cefaleas, desde el pasado 25 de septiembre, pero en realidad la investigación está prácticamente paralizada desde hace casi seis meses. El último auto que firmó Alaya tiene fecha de 31 de julio de 2012, cuando fijó una fianza de responsabilidad civil de 490 millones al ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá, de 173 millones al ex director general de Trabajo Juan Márquez y de siete millones al sucesor de este último, Daniel Alberto Rivera. Tras firmar esta resolución, Alaya se fue de vacaciones y al volver cayó enferma.
La marcha a principios de enero del que juez sustituto Iván Escalera, nombrado como refuerzo de Alaya para tramitar el resto de asuntos del juzgado y la celebración de las guardias, amenaza igualmente con provocar nuevos retrasos si la vuelta de Alaya no es inminente. En sustitución de Escalera, el TSJAha enviado a una juez de carrera, del grupo de Adscripción Territorial, Ana Rosa Curra, que tendría que asumir los casos de Alaya si su ausencia se prolonga nuevamente. Sin embargo, esta juez, como cualquier otro que se nombrara ex profeso para continuar la instrucción de los ERE, necesitaría de varios meses para ponerse al día –el sumario acumula ya más de 30.000 folios y 60 tomos, aunque con los documentos anexos son varias decenas de millar más– y retomar la actividad instructora, con la toma de declaraciones y la práctica de nuevas diligencias.
De cualquier forma, la instrucción sin Alaya no sería la misma. Ningún otro magistrado sería capaz de investigar el escándalo de los ERE siguiendo el criterio extensivo de Alaya, que ha abierto nuevas líneas de investigación donde otros jueces habrían desistido.
La baja prolongada de Alaya ha llevado a la Fiscalía Anticorrupción ha presentar varios escritos en el juzgado, en los que ha solicitado que se active la instrucción de este procedimiento y de otros que llevan ya tiempo paralizados, como la investigación por el delito societario en la empresa pública mixta Mercasevilla, donde los ex directivos Fernando Mellet, DanielPonce y Pilar Giraldo llevan imputados desde hace más de dos años –en concreto desde mayo de 2010– y ni siquiera se les ha tomado declaración todavía.
La Fiscalía ha advertido ya en otras ocasiones de su preocupación ante la posibilidad de que puedan prescribir algunos de los delitos que se investigan, por lo que ha llegado a reclamar que se “priorice” la investigación de las ayudas concedidas entre los años 2001 y 2003. El retraso del procedimiento podría beneficiar además a los imputados, a los que habría que aplicar la atenuantes de dilaciones indebidas.

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Los temores de la Fiscalía en el caso de los ERE

Jorge Muñoz | 27 de diciembre de 2012 a las 15:25

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al sustituto de Alaya -por el momento sigue siendo el juez Iván Escalera- que levante parcialmente el secreto de los ERE, decretado a principios de noviembre para investigar otros delitos de cohecho y blanqueo de capitales, y en su lugar acuerde abrir una pieza separada sobre esta parte de la investigación.

La medida parece acertada, porque busca dar el “impulso procesal adecuado al resto de la causa”. Esta frase describe la preocupación del Ministerio Público ante lo que está sucediendo en la instrucción de los ERE, que está prácticamente paralizada desde hace cuatro meses por la enfermedad de la juez Alaya.

El fiscal Egocheaga ha pedido ahora al juzgado que cite a declarar a todos los imputados que aún no hayan comparecido en un procedimiento que acumula más de 60 imputados pero de los que no han comparecido ante la juez ni un tercio.

Es lo mismo que la Fiscalía solicitó recientemente en relación con otras dos causas de Alaya igualmente paradas, en las que se investiga un posible delito societario en Mercasevilla y otro en la venta de los terrenos del mercado central. Lo que no es de recibo que, como ocurre en el caso del delito societario, los imputados lleven más de dos años señalados por la juez y aún no hayan tenido la posibilidad de defenderse de las imputaciones plasmadas de manera formal en un auto.

En el caso de los ERE, hay un precedente de una situación parecida, la que tuvo que sufrir el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, que pasó más de un año imputado hasta que la juez Alaya acordó finalmente tomarle declaración en una serie de maratonianas jornadas que concluyeron con un auto de prisión.

A estas alturas del proceso y en prevención de que Alaya pueda continuar de baja, la preocupación de la Fiscalía cobra más fuerza. La Audiencia de Sevilla o la Sala de Gobierno del TSJA deben adoptar las decisiones oportunas para que el proceso, voluminoso y complicado ya de por sí, no vuelva a sufrir más paralizaciones que, a la postre, pueden provocar otros efectos no deseados.

Las defensas son las menos perjudicadas por la paralización, porque mientras siga transcurriendo el tiempo sin actividad instructora, continúan ganando enteros para que se les aprecie finalmente a sus clientes unas posibles dilaciones indebidas, con una rebaja de la posible condena. Pero lo peor de todo, es que la sociedad andaluza siga sin conocer qué pasó realmente con unas ayudas que la juez Alaya ha considerado ilegales…

Y entre los temores de la Fiscalía también se encuentra la posible prescripción de algunos de los delitos investigados, lo que ha llevado a pedir en otros escritos remitidos al juzgado que se aceleren las pesquisas policiales que se realizan.

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¿Y ahora qué pasa con la instrucción de los ERE?

Jorge Muñoz | 21 de diciembre de 2012 a las 16:56

Nuevos cambios amenazan con paralizar aún más la instrucción de los ERE. La Sala de gobierno del TSJA ha designado una juez de adscripción territorial para que, a partir del 3 de enero, se constituya como refuerzo de la juez Mercedes Alaya, que sigue de baja por enfermedad desde el pasado 12 de septiembre.

La medida implica la salida del juez sustituto Iván Escalera, que en los últimos meses ha estado trabajando en la causa y que, aunque no ha tomado declaración a ninguno de los imputados en el escándalo de los ERE fraudulentos, sí que ha adoptado decisiones de cierta trascendencia, como la rebaja a 50.000 euros de la fianza impuesta al ex director Francisco Javier Guerrero -que permitió su salida de prisión tras abonarla- y, sobre todo, la declaración del secreto de sumario a instancias de la Guardia Civil para no perjudicar las investigaciones sobre blanqueo de capitales que realiza la Unidad Central Operativa (UCO).

Iván Escalera tiene contrato hasta el próximo 31 de diciembre y, aunque su salida para un juzgado de lo Social de Sevilla, puede depender de que Mercedes Alaya pueda adelantar o no su regreso al juzgado de Instrucción número 6, lo que sí está claro es que la propia investigación es la que puede verse perjudicada de nuevo, por cuanto la nueva juez tendrá que partir de cero a la hora de tener que sumergirse en un sumario que acumula más de 24.000 folios.

Algunas fuentes han apuntado que detrás de la salida de Escalera puede haber algo más, en el sentido de que se ha intentado apartar del caso a un juez que seguía en la misma línea que Mercedes Alaya. Sinceramente, no sé qué pensar. Lo que sí creo es que, en principio, la salida del sustituto de este juzgado no beneficia a la instrucción, sobre todo, si Alaya no se reincorpora pronto.

La idea de Alaya es no agotar el nuevo parte de un mes -hasta el 17 de enero- que le han concedido, pero se trata de una cuestión de índole exclusivamente médico que no depende de la voluntad de la magistrada de reincorIván Escalera, juez sustituto de Alaya, a la izquierda.porarse a su juzgado. La solución en todo caso se conocerá en las próximas semanas.

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La enfermedad de la juez Mercedes Alaya

Jorge Muñoz | 19 de diciembre de 2012 a las 19:13

Un mes más. La juez Alaya ha presentado un nuevo parte de baja por enfermedad que la mantendrá alejada de su juzgado durante otro mes, en principio hasta después de Reyes. Todo apunta, en principio, a que la instructora no agotará este nuevo plazo y que se reincorporará a su labor en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en los primeros días del año.

Cabe analizar, no obstante, el importante retraso que se está ocasionado a una causa ya de por sí complicada y voluminosa. Cuando Alaya vuelva se habrán perdido cuatro meses de trabajo, porque desde julio prácticamente no se mueve un papel importante del caso de los ERE, quitando el secreto de sumario que acordó el juez sustituto Iván Escalera una vez que así se lo solicitó la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para no perjudicar las investigaciones sobre nuevos delitos societarios y de blanqueo de capitales que han ido surgiendo en el curso de la investigación.

Si ayer fue el principal imputado en el caso, el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, quien solicitaba la vuelta de “doña Mercedes”, hoy ha sido la propia Fiscalía de Sevilla la que ha lanzado un mensaje similar o, al menos, ha pedido que alguien tome ya cartas en el asunto y se retome la investigación de las causas pendientes, empezando por la investigación del delito societario en la empresa pública Mercasevilla -en la que están imputados los ex directivos Fernando Mellet, Daniel Ponce y Pilar Giraldo- y continuando por la supuesta adjudicación irregular de los terrenos de Mercasevilla.

Estas tres personas llevan más de dos años imputadas en esta variante del caso Mercasevilla y aún no se les ha tomado declaración, lo que tampoco es de recibo…

Resulta muy significativo que el escrito de la Fiscalía tenga fecha del pasado lunes, 17 de diciembre, el día en el que cumplía el último parte de baja de Alaya y la juez debía reincorporarse a su trabajo. La prórroga de un mes parece haber anticipado la actuación de la Fiscalía, que recuerda que su función, como garante de la legalidad del proceso, consiste en dar el “debido impulso” a las actuaciones. Por ello, el fiscal Juan Enrique Egocheaga ha pedido al juzgado que informe del estado de los recursos pendientes por resolver o tramitar, y que se pida a la Agencia Tributaria que aporte o informe de cómo está la pericial contable que se pidió sobre las cuentas de Mercasevilla.

El problema del escrito de la Fiscalía es que suelta la patata caliente al juez sustituto…La juez Mercedes Alaya

Guerrero quiere que vuelva la juez Alaya

Jorge Muñoz | 19 de diciembre de 2012 a las 0:43

Resulta cuanto menos paradójico que el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero, el amante confeso del Marlboro y del gin tonic de Beefeater, haya asegurado en su primera entrevista tras salir de la cárcel (en Giralda Televisión) que está deseando que se reincorpore la juez Mercedes Alaya, la magistrada que le mandó a prisión durante siete meses y que sólo accedió a rebajar la fianza para que pudiera abandonar la prisión cuando la Audiencia de Sevilla comenzó a revocar estos autos y a imponer fianzas.

También resulta sorprendente que Guerrero diga que está “deseando” que la juez “llegue hasta el final” de la investigación que inició hace dos años y que lleva casi cuatro meses paralizada por motivos de salud de la magistrada. Si Guerrero realmente desea que la instructora acabe lo que en principio parece una causa infinita -cada vez que profundiza en una línea de trabajo vuelven a salir nuevas variantes-, podría haber ya tirado de la manta y revelar todo cuanto sabe del fondo de reptiles, como el mismo bautizó a la partida 31L por la que se concedían las ayudas en las que han aparecido todas estas presuntas irregularidades.

“Mi error ha sido no decir burradas de los demás, ni querer salvarme yo echando pestes contra otros. Mi error ha podido ser el silencio, pero mi silencio lo manejo yo y lo administro como yo quiero y lo que sé y lo que no sé lo iré administrando como me vaya conviniendo”, ha dicho Guerrero en la mencionada entrevista.

Sobre las ayudas concedidas, Guerrero ha insistido lo que ya le dijo a la juez cuando declaró durante varias maratonianas sesiones: que todo el mundo en la Junta sabía para qué iba el dinero y a quien iba destinado.

El que fuera responsable de Empleo durante nueve años (1999 a 2008) se considera un “chivo expiatorio” por parte del PSOE y de la Junta de Andalucía, y tal vez tenga parte de razón en lo que dice, porque a estas alturas de la causa, ni la juez Alaya ni la Fiscalía Anticorrupción creen que las irregularidades se deban a la actuación de “cuatro golfos”, la teoría que en su día expuso el ex presidente de la Junta Manuel Chaves para tratar de explicar lo que había ocurrido con los intrusos de los ERE.

Guerrero, del que por cierto Chaves también renegó al decir que no lo conocía, ha asegurado que el ex presidente de la Junta “alguna vez estuvo con su mujer en una finca de la familia de mi ex mujer” y precisó que incluso comieron “migas y caldereta en El Pedroso”, la localidad sevillana donde Guerrero tenía una casa y donde se llegaron a firmar algunas de las pólizas de las ayudas.

La ausencia de la juez Mercedes Alaya, que está de baja desde el 12 de septiembre, está amenazando con provocar un grave perjuicio a la causa de los ERE, en la que prácticamente no se toma una decisión trascendente -salvo el secreto decretado por el juez sustituto a instancias de la Guardia Civil- desde el mes de julio. El retorno de Alaya lleva anunciándose una semana sí y otra también, pero sigue sin producirse a pesar de que todos los que conocen a la juez señalan que ella es la primera interesada en volver a trabajar a su juzgado. Ojalá se recupere pronto, la mayor investigación judicial emprendida hasta ahora por la gestión de los fondos públicos en Andalucía, necesita de la profesionalidad y perseverancia de la juez Alaya… para que ésta pueda llegar al final de la investigación, como pide ahora uno de los principales imputados. Yo también quiero que vuelva Alaya.

Vea el vídeo completo de la entrevista aquí