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El PP-A sorprende al cambiar a los abogados en Invercaria

Jorge Muñoz | 1 de julio de 2014 a las 5:00

Luis García Navarro y Lourdes Fuster

Los abogados Luis García Navarro y Lourdes Fuster

Después de más de dos años de investigación, el nuevo presidente del PP-A, Juan Manuel Moreno Bonilla, Juanma como le gusta que le llamen en los medios, ha decidido relevar del caso Invercaria a los abogados Luis García Navarro & Lourdes Fuster y sustituirlos por el letrado Wenceslao Moreno de Arredondo, el abogado que en su día defendió al comisionista Pedro Llach en el caso Ollero y que también ha representado al empresario Luis Castel, que quiso comprar el Betis.

El nuevo letrado se encargará además de la acusación del PP en las nueve diligencias previas abiertas -que también investiga el juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla- en relación con las ayudas  concedidas desde el año 2003 a diferentes sociedades públicas, entre las que se encuentran la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (Epsa), la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (Egmasa) o la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda).

No hay una explicación oficial del cambio de letrados. Sólo mucha sorpresa entre los letrados personados en el caso de los ERE, causa en que, en principio, Luis García Navarro y Lourdes Fuster van a seguir representando al PP. Algunas fuentes interpretan que esta decisión de quitar a los abogados que conocen a la perfección la causa de Invercaria puede suponer un cambio de tendencia en la nueva dirección regional del PP, en lo que respecta a la utilización de los casos de corrupción como elemento de desgaste del Gobierno andaluz. Bajar el ritmo de la denuncia judicial para aumentar el plano del debate político.

Hace unos días, Wenceslao Moreno Arredondo pidió la venia para el caso Invercaria y las otras investigaciones de las nueve empresas públicas.  Sobre cómo se designa a este letrado para ejercer la acusación del PP, algunas fuentes han destacado su conocimiento por parte del alcalde de Mairena del Aljarafe y ex presidente del PP de Sevilla Ricardo Tarno, cuya mujer trabaja precisamente desde hace años en el despacho de Moreno Arredondo. Además, Wenceslao Moreno ha tramitado el divorcio de un hermano de Ricardo Tarno, casado en segunda nupcias con una responsable del PP-A.

Hasta ahora, los abogados del PP personados en las distintas causas en las que están personados como acusación particular han desarrollado una importante labor y han logrado granjearse el respeto de muchos de los abogados de la defensa, así como de la juez Mercedes Alaya y de la propia Fiscalía Anticorrupción.

 

El cerco judicial

Jorge Muñoz | 1 de diciembre de 2013 a las 8:09

La Junta de Andalucía está cercada por la Justicia. Nada más y nada menos que 16 frentes judiciales se han abierto en los últimos años contra la Administración autonómica, en relación con el pago de subvenciones y ayudas de los ERE y los pagos a empresas públicas a través de las famosas transferencias de financiación.

Se trata de una auténtica causa general contra la Junta, en la que no hay una sola consejería de la Junta que no esté bajo sospecha, bien por la juez Mercedes Alaya, que durante los últimos años ha provocado numerosos quebraderos de cabeza al gobierno andaluz, o recientemente por el juez Juan Gutiérrez Casillas, que investiga las irregularidades en la sociedad pública de capital riesgo de la Junta, Invercaria.

Ambos jueces tienen formas de trabajar bien distintas. Alaya es personalista e individualista, y no tiene en cuenta casi nunca la postura de la Fiscalía Anticorrupción. El juez Gutiérrez, por su parte, colabora más con el Ministerio Fiscal y, a diferencia de Alaya, la mayoría de las veces acepta el criterio de la acusación pública.

Los interrogatorios de uno y otro también son muy diferentes. Para empezar, el juez Gutiérrez comienza las declaraciones con puntualidad, a las nueve cita a declarara a los imputados y testigos, mientras que los retrasos son frecuentes en Alaya. La juez de los ERE es además más vehemente y suele interrumpir a los imputados cuando creen que no le están diciendo la verdad. El juez Gutiérrez, en cambio, deja que digan todo lo que desean, al fin y al cabo el imputado derecho a decir lo que le convenga a su defensa e incluso a mentir, aunque esta posibilidad sea a veces muy criticada por la opinión pública.

Pero a pesar de que Alaya y Gutiérrez son muy diferentes como instructores, tienen en común la fe ciega en su trabajo, en descubrir la verdad de los hechos. La Junta está cercada, acorralada, por todas estas investigaciones, y a buen seguro que esa presión judicial también afecta a los funcionarios de la Administración, que a buen seguro cuestionan su actuación cada vez que tienen que firmar un documento relacionado con las subvenciones, no vaya a ser que acaban haciendo el paseíllo por los soportales más conocidos de Sevilla, los de los viejos juzgados del Prado de San Sebastián.

La situación es complicada, porque estos procesos judiciales tienen una vida muy larga. De hecho, después de cuatro años, sólo hay cerrada -con el juicio celebrado y con la sentencia dictada- una de las causas, la que fue el origen de todo: el cohecho de Mercasevilla, el intento de exigir una mordida de 450.000 euros a los empresarios de La Raza para hacer con un proyecto de la escuela de hostelería que había subvencionado la Junta con 900.000 euros.

Lamentable es la imagen de desbarajuste que ha dado la Junta de Andalucía y, en concreto, la dirección general de Trabajo que dirigió durante toda una década -algo que no debe pasar desapercibido- el ínclito Javier Guerrero, a quien Alaya ya ha enviado dos veces a prisión y ha salido de la cárcel en dos ocasiones. Muchas de las subvenciones se daban sin apenas contar un expediente administrativo al uso y en la mayoría no hubo ni solicitud ni publicidad de la convocatoria.

Este desmadre no podía pasar desapercibido para los responsables políticos, en opinión de la juez Alaya, y de ahí que la magistrada haya ido escalando posiciones hasta llegar a lo más alto, a la cabeza de los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que han sido no obstante preimputados en una maniobra jurídica de la instructora bastante controvertida y polémica.

El problema de las macrocausas consiste en que se crean voluminosos procedimientos, monstruos judiciales con decenas de miles de folios, cuya instrucción se eterniza y cuando llegan a juicio vienen los problemas de las dilaciones indebidas, las prescripciones, etc. que dejan en niveles mínimos las posibles condenas, en caso de que se demuestre la culpabilidad de los imputados. En el caso de los ERE fraudulentos, el principal problema está en la recuperación de las cantidades que fueron abonadas indebidamente a empresas e intrusos, algo que va a resultar casi imposible en la mayoría de los casos. Y al final, ese menoscabo de fondos públicos que tanto lamentan las acusaciones va a ser definitivo.

Caso Invercaria: Varios meses esperando armarios y un refuerzo de plantilla

Jorge Muñoz | 14 de julio de 2013 a las 8:35

Estas imágenes fueron captadas recientemente en el juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, que investiga las presuntas irregularidades en la sociedad pública de capital riesgo de la Junta, Invercaria. Las fotografías no necesitan comentario alguno. El juzgado llevaba meses reclamando a la Consejería de Justicia el envío de armarios y estanterías para guardar los miles de folios de documentos que acumula ya esta causa, que según muchas fuentes está llamada a ser incluso más escandalosa que la de los ERE fraudulentos.

No ha sido hasta que se han publicado estas fotos cuando la Junta ha enviado los armarios. Curiosa coincidencia, aunque desde la Junta aseguran que estaba previsto el envío de dichas estanterías el mismo día en que se publicaría la noticia.

Lo que por el momento tendrá que esperar es el refuerzo de la plantilla de funcionarios. Justicia asegura que en estos momentos no es posible, porque hay otros juzgados con necesidades más importantes y añade que, en cuanto se pueda, los refuerzos de personal llegarán.

El problema es que las necesidades de este juzgado no pueden esperar más, sobre todo en un órgano judicial que, como ocurre con el juzgado de los ERE, están llevando a cabo una de las investigaciones más importantes en Andalucía para luchar contra la corrupción política desde la democracia

El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, que conoce muy bien el estado de los juzgados, debería tomar cartas en el asunto y ordenar el inmediato refuerzo de esta plantilla… Es su obligación como responsable de la dotación de medios materiales y personales de la Administración de Justicia.

Invercaria puede dar más sorpresas que la causa de los ERE

Jorge Muñoz | 14 de diciembre de 2012 a las 14:44

Los que conocen bien los entresijos del sistema que la Junta utilizó durante más de una década para conceder las ayudas relacionadas con los ERE auguran que la causa abierta por las irregularidades en Invercaria, la sociedad de capital riesgo de la Junta, puede dar muchas más sorpresas. De momento, el juez de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, que comenzó investigando la denuncia del ex trabajador de Invercaria Cristóbal Cantos y el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentes del ejercicio 2009, ya ha ampliado la investigación a otras inversiones realizadas en 41 empresas en el período 2006-2008, de acuerdo con la petición que cursó en este sentido la Fiscalía Anticorrupción.

El PP bautizó a esta sociedad como el “fondo de reptiles 2″ y todo apunta, siguiendo estas fuentes, a que el escándalo que se destape en relación con la sociedad pública de capital riesgo puede superar incluso a lo que se ha conocido durante la investigación de la juez Mercedes Alaya, quien por cierto continúa de baja por enfermedad. La semana próxima sabremos si la magistrada vuelve a la carga, como es su intención, o tiene que continuar en casa por prescripción médica.

De cualquier forma, la causa de Invercaria todavía está en una fase muy incipiente, con la Guardia Civil recabando documentación y dando los primeros pasos de la investigación, aunque los fiscales de Anticorrupción ya se anticiparon hace un tiempo solicitando la imputación del ex presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo.

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