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Póker de juicios para 2017

Jorge Muñoz | 2 de enero de 2017 a las 4:00

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Cuatro grandes juicios que marcarán la crónica de tribunales a lo largo de 2017, con independencia de que continuará la instrucción de las distintas macrocausas que instruye la juez María Núñez Bolaños, quien además ha perdido desde el 31 de diciembre a uno de los jueces de refuerzo, Álvaro Martín, que regresa al juzgado de lo Penal número 2 de Sevilla tras haber pasado más de tres años –desde septiembre de 2013– instruyendo las primeras piezas separadas del caso de los ERE fraudulentos.
El póker de grandes procesos arranca justo tras los Reyes, porque la juez de lo Penal número 13 de Sevilla, Yolanda Sánchez Gucema, ha fijado para el próximo 17 de enero el inicio de la vista oral contra el ex portavoz municipal de IU Antonio Rodrigo Torrijos y el ex asesor del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla Domingo Enrique Castaño, que serán enjuiciados junto a otros ocho acusados por las presuntas irregularidades en la adjudicación del concurso para la venta de los suelos de Mercasevilla, la empresa pública de la que partió el escándalo de los ERE.
La Fiscalía reclama una condena de dos años de prisión a para los diez acusados que se sentarán en el banquillo, a los que atribuye un delito de fraude y exacciones ilegales, aunque también reclama una condena de nueve años de inhabilitación especial para el ex director general de la lonja Fernando Mellet.
Esta vista oral se prolongará durante 28 sesiones entre los meses de enero y marzo.
La segunda cita judicial importante del año llegará en el mes de abril, puesto que la Audiencia de Sevilla ha fijado a partir del 18 de abril el juicio contra el ex mandatario del Real Betis Manuel Ruiz de Lopera, que se enfrenta a una petición de condena de tres años de cárcel y al pago de 3,6 millones de indemnización por un delito de apropiación indebida. De este juicio se han establecido inicialmente otras 24 sesiones que se desarrollarán entre los meses de abril y octubre, habiéndose señalado para el 5 de junio la declaración de Lopera. Hay algunos que confían en que la Fiscalía y las acusaciones particulares que ejercen las asociaciones de notables béticos lleguen a a una conformidad que evite la celebración del juicio, pero para ello el ex mandatario del Real Betis tendría que reconocer las supuestas irregularidades, algo que a lo largo de la tortuosa instrucción que se inició en 2008 por la juez Mercedes Alaya siempre ha rechazado. De hecho, su defensa solicita la libre absolución, porque entiende que Lopera “ni se ha extralimitado en sus funciones, ni ha realizado actuaciones en detrimento económico del Real Betis y no le ha provocado perjuicio alguno”.
Al margen de este juicio, la vista oral más esperada para el año que viene es la del caso de los ERE, el enjuiciamiento de los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán por su supuesto conocimiento del fraude en el pago de las ayudas sociolaborales y directas a empresas. Todavía hay muchas dudas de que el juicio pueda iniciarse antes de que acabe el 2017, a pesar de que el juez Álvaro Martín ya dictó el auto de apertura de juicio oral, el sumario está concluido y la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado las penas para los 26 ex altos cargos procesados.
Aún queda por determinar a qué sección de la Audiencia le corresponderá, por un turno especial de reparto implantado recientemente, el enjuiciamiento de esta pieza de los ERE, y todavía no se han resuelto los recursos presentados por los ex presidentes y otros ex altos cargos. Además, la Audiencia de Sevilla y el TSJA deberán fijar medidas extraordinarias para la celebración de la vista oral, puesto que en la actualidad resulta bastante complicado que alguna de las salas de vistas de la Audiencia pueda acoger un juicio con 26 acusados y sus respectivas defensas, no descartándose incluso que, como Sevilla no cuenta con una Ciudad de la Justicia, haya que trasladar este juicio a una sede provisional fuera del viejo edificio del Prado de San Sebastián. En principio, el juicio podría celebrarse en la Sala donde actualmente se celebran los juicios con jurado popular, pero como se prevé que la vista pueda durar hasta ocho meses, dificultaría enormemente la tramitación de los juicios con jurado, muchos de los cuales son además asuntos preferentes porque hay acusado que están en prisión provisional. La búsqueda de esta nueva sede y su acondicionamiento, retrasaría el posible inicio del juicio a los ex presidentes.
Fuentes de la Audiencia apuntan que ese hipotético emplazamiento externo de la Audiencia de Sevilla debería incluso comprometerse por un período mínimo de dos años, puesto que además del juicio a los ex altos cargos, en la macrocausa de los ERE se pueden formar más de 200 piezas que también deben ser enjuiciadas.
Algunas de estas piezas, como las relacionadas con las ayudas a las empresas Aceitunas y Conservas (Acyco) y Surcolor-Surcolor Óptica también están finalizadas, de ahí que no se descarta que algunos de estos juicios –con un número menor de imputados– pueda celebrarse en la Audiencia antes del juicio a Chaves y Griñán.
Septiembre es el mes que completa el póker de juicios en Sevilla. El día 12 arranca en el juzgado de lo Penal número 10 de Sevilla el juicio por el supuesto amaño de las oposiciones en la Policía Local, en el están procesadas 45 personas, de las cuales 37 son miembros de la Policía Local. La vista se prolongará hasta el mes de diciembre, en sesiones de martes, jueves y viernes.
La Fiscalía de Sevilla ha solicitado una condena de 13 años de inhabilitación y el pago de una multa de 5.400 euros para el superintendente de la Policía Local Juan José García por delitos continuados de prevaricación y revelación de secretos, mientras que el resto de agentes que superaron las oposiciones gracias a la supuesta filtración de los exámenes se enfrentan al pago de una multa de 100.000 euros y a cuatro años de inhabilitación.
En su escrito de acusación, la Fiscalía detalla las relaciones que tienen los opositores beneficiados por la filtración con mandos, agentes y sindicalistas. Así, detalla que además de los relacionados con Juan José García, figura además un sobrino del intendente mayor de la Policía Local, Gabriel Nevado; dos hijos de un subinspector de la Policía Local, hijos de oficiales –uno de ellos perteneciente a la Unidad de Escoltas del alcalde–, y de agentes del Cuerpo. También figura el hijo de una representante del PSOE en la Junta del Distrito Norte; el de un comisario de la Policía Nacional; los de los jefes de Policía de Umbrete y Algeciras; y de un funcionario de los juzgados ya jubilado.

 

 

Los convenios de Mercasevilla

Jorge Muñoz | 26 de febrero de 2014 a las 18:14

Las fotografías publicadas en la revista del colegio de abogados en 2006

La ex directora de Estructuras de Mercasevilla Regla Pereira aseguró en enero pasado a la juez Mercedes Alaya que “más del 50% de las actividades y proyectos” de la Fundación Socioasistencial de Mercasevilla se apartaban de los fines de la misma, y añadió que “muchos de los convenios” de los proyectos de esta entidad fueron firmados por Antonio Rodrigo Torrijos o Gonzalo Crespo, quienes fueron vicepresidente y presidente de Mercasevilla, respectivamente, en el período en el que se investigan delitos societarios relacionados con la gestión del Mercado mayorista.

En esas actividades se incluían jornadas como las que organizó en 2006 la fundación en colaboración con el colegio de abogados, que llegó a incluir una reseña de las mismas en la revista La Toga, que edita dicho colegio. Las fotografías que ilustraban la noticia resultan curiosas una vez transcurrido el tiempo, porque aparecen en ellas varios de los imputados por la juez Alaya, aunque en la causa de la venta fraudulenta de los suelos de Mercasevilla. En la primera imagen aparece el decano del colegio, José Joaquín Gallardo, con dos de los imputados: el ex asesor de Monteseirín Domingo Enrique Castaño y el ex concejal y entonces presidente de la Fundación Gonzalo Crespo. En la siguiente, están el ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet, junto a Crespo y el entonces vicedecano del colegio y ex asesor jurídico del Mercado Jorge Piñero, que también ha sido procesado por Alaya en la causa en la que se ha investigado la adjudicación a Sanma (filial del grupo Sando) del concurso público para la venta de los terrenos del mercado central de abastos

Es lo que tiene tirar de hemeroteca… Como ocurre con la imagen de abajo, que fue portada de la revista de Mercasevilla en abril de 2007 y en la que se hacía un reportaje sobre la escuela taller que comenzó a funcionar en el mercado. En esa foto, junto a los alumnos, aparecen de nuevo Gonzalo Crespo junto al ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, uno de los principales imputados en el caso de los ERE, y al ex delegado provincial de la Consejería de Empleo en Sevilla Antonio Rivas…. Portada de la revista de Mercasevilla de abril de 2007

 

Alaya y su ‘guerra’ con los fiscales

Jorge Muñoz | 14 de octubre de 2013 a las 16:27

La juez Mercedes Alaya llega a los juzgados de SevillaLa juez Mercedes Alaya acaba de archivar la causa contra los seis empresarios -incluidos los dos hermanos de la ministra Báñez- que participaron en el concurso público para la venta de los suelos de Mercasevilla y a los que se atribuía una presunta connivencia para favorecer a la empresa Sanma, que finalmente ganó el concurso con una oferta de 106 millones, muy inferior a los 158 millones que ofreció el grupo Noga.

Lo más significativo de este auto de archivo, en el que la juez considera prescritos los delitos de maquinación para alterar el precio de las cosas, prevaricación, fraude y exacciones ilegales, es la feroz crítica de la instructora a la actuación de la Fiscalía Anticorrupción, a la que Alaya acusa de provocar “cierto retraso” en la tramitación de la causa y de ocasionar un “esfuerzo inútil”.

La magistrada aprovecha, de otra parte, su resolución para defender la calidad de su instrucción: El error de la Fiscalía -Alaya sostiene que los delitos estaban prescritos desde el inicio de las actuaciones- “ha provocado también un incidente que no es de agrado en una instrucción judicial tan medida y cuidada como ésta, encaminada a la incoación de sumario”. Toma ya… Es como si el que escribe este comentario dijera: “¡Qué bien escrito está este post!”

La magistrada recuerda en el auto de archivo que fue el fiscal quién pidió la imputación de los seis empresario y el que ahora ha pedido el archivo por la prescripción de los delitos, y apostilla que “tales ilícitos estaban prescritos desde el inicio de las actuaciones”.  Pero varias preguntas pueden hacerse al hilo de esta reflexión: el fiscal es quien pide la imputación, pero es la juez la que la acuerda, con lo cual podía haberla rechazado en su día argumentando que los delitos habían prescrito.

Segundo. Es la propia instructora la que en septiembre pasado amplió la imputación a los empresarios por los delitos de prevaricación y exacciones ilegales, y quien pidió a la Guardia Civil que investigue los posibles beneficios que hubiera podido obtener el grupo Noga, “ya bien por alguna otra adjudicación importante, por incidencias relativas a avales de licencias, o cualquier otra circunstancia que pudiera haber abocado a que la referida entidad no impugnara el resultado del concurso público, a pesar de ser la empresa que presentó la mejor oferta económica”.

Entonces, ¿en qué quedamos?: ha sido un “esfuerzo inútil”  la imputación de los empresarios, como recoge la propia juez en el auto, o realmente había materia para ordenar la investigación a la Guardia Civil.

Este auto, en definitiva, lo que viene a demostrar es el distanciamiento cada vez mayor y la ‘guerra’ abierta que hay entre la juez y los fiscales de Anticorrupción encargados de estas investigaciones.

Un retraso injustificable

Jorge Muñoz | 15 de mayo de 2013 a las 17:56

La juez Alaya ha citado, por fin, a declarar como imputados a Fernando Mellet, Daniel Ponce y Pilar Giraldo en la causa en la que se investigan delitos societarios relacionados con la gestión de estos directivos en la empresa pública Mercasevilla.

La citación llega tarde, muy tarde, puesto que estos ex directivos del Mercado mayorista están imputados en la causa desde mayo de 2010, hace tres años, y no declararán hasta el mes de octubre próximo, dentro de otros cinco meses, con lo que serán casi tres años y medio de demora. A ello se une que las diligencias previas por el delito societario son del año 2009, con lo que el retraso se presenta aún peor.

En descargo de la juez está el hecho de que se solicitó a la Agencia Tributaria una pericial contable sobre las cuentas de esta entidad, lo que resulta de una especial complejidad, así como la sobrecarga de Alaya por las otras macrocausas que investiga -sobre todo la de los ERE fraudulentos, de la que están surgiendo nuevas líneas de investigación- y, por último, los seis meses que la magistrada ha estado de baja por enfermedad, entre septiembre de 2012 y marzo de 2013.

El problema es que estos argumentos no desvirtúan la indefensión en la que se encuentran los imputados, que tienen derecho a que el proceso no se demore hasta estos extremos y que durante todo este tiempo han estado marcados por uno de los casos de corrupción más mediáticos de la historia de la democracia en Andalucía, con los efectos negativos que eso conlleva. 

Pero es que, además, en el caso de que la investigación continúe y los hechos acaben siendo enjuiciados, el retraso que ha experimentado la instrucción por una causa que en nada puede achacarse a estos imputados obligaría al tribunal que dicte sentencia a apreciarles en todo caso una circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, lo que tampoco sería entendido en su momento por la opinión pública.

A todo ello se une que no es la primera vez que esto sucede con alguna de las causas que instruye la juez Alaya, puesto que recientemente, el ex delegado de Empleo de la Junta Antonio Rivas ha presentado un escrito ante la instructora, a la que se queja de que llevaba más de 800 días imputados sin que se le haya tomado declaración aún. Lo mismo que ha pasado con los anteriores imputados. Tiene razón su abogado cuando asegura que esta circunstancia “no es admisible en un Estado que se autodenomina de Derecho”.

A ello se une que la propia Fiscalía Anticorrupción, que ejerce la acusación pública en este proceso, ya ha pedido en varias ocasiones a la juez Alaya que tomase declaración a los ex directivos de Mercasevilla “a la mayor brevedad posible”, escritos -el último de ellos de diciembre pasado, cuando la instructora seguía de baja- a los que se ha hecho caso omiso.

La decisión de Alaya de fijar un calendario viene forzada precisamente por la presión realizada desde el TSJA para que agilice todas las macrocausas que tiene abiertas y llega después de la tensión que la propia Alaya provocó en marzo pasado, cuando se reincorporó y le dijo al Alto Tribunal que ella seguía asumiendo la investigación de todas las causas y que sólo necesitaba a uno de los dos jueces de refuerzo. 

En este contexto y con el retraso que acumula, Alaya no debió rechazar la ayuda de la juez Ana Rosa Curra, porque esto significa que se vale por sí misma para llevar de una forma adecuada todos los procesos y eso no es compatible con tener a un imputado sin recibirle en declaración durante tres años. 

En caso de que no agilice las causas, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dispone de mecanismos de seguimiento de los juzgados y, en el peor de los supuestos, puede llegar a tomar incluso medidas de índole disciplinaria… algo que no estaría en todo caso bien visto en el caso de una juez que tiene una imagen como la que tiene Alaya.

La enfermedad de la juez Mercedes Alaya

Jorge Muñoz | 19 de diciembre de 2012 a las 19:13

Un mes más. La juez Alaya ha presentado un nuevo parte de baja por enfermedad que la mantendrá alejada de su juzgado durante otro mes, en principio hasta después de Reyes. Todo apunta, en principio, a que la instructora no agotará este nuevo plazo y que se reincorporará a su labor en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en los primeros días del año.

Cabe analizar, no obstante, el importante retraso que se está ocasionado a una causa ya de por sí complicada y voluminosa. Cuando Alaya vuelva se habrán perdido cuatro meses de trabajo, porque desde julio prácticamente no se mueve un papel importante del caso de los ERE, quitando el secreto de sumario que acordó el juez sustituto Iván Escalera una vez que así se lo solicitó la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para no perjudicar las investigaciones sobre nuevos delitos societarios y de blanqueo de capitales que han ido surgiendo en el curso de la investigación.

Si ayer fue el principal imputado en el caso, el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, quien solicitaba la vuelta de “doña Mercedes”, hoy ha sido la propia Fiscalía de Sevilla la que ha lanzado un mensaje similar o, al menos, ha pedido que alguien tome ya cartas en el asunto y se retome la investigación de las causas pendientes, empezando por la investigación del delito societario en la empresa pública Mercasevilla -en la que están imputados los ex directivos Fernando Mellet, Daniel Ponce y Pilar Giraldo- y continuando por la supuesta adjudicación irregular de los terrenos de Mercasevilla.

Estas tres personas llevan más de dos años imputadas en esta variante del caso Mercasevilla y aún no se les ha tomado declaración, lo que tampoco es de recibo…

Resulta muy significativo que el escrito de la Fiscalía tenga fecha del pasado lunes, 17 de diciembre, el día en el que cumplía el último parte de baja de Alaya y la juez debía reincorporarse a su trabajo. La prórroga de un mes parece haber anticipado la actuación de la Fiscalía, que recuerda que su función, como garante de la legalidad del proceso, consiste en dar el “debido impulso” a las actuaciones. Por ello, el fiscal Juan Enrique Egocheaga ha pedido al juzgado que informe del estado de los recursos pendientes por resolver o tramitar, y que se pida a la Agencia Tributaria que aporte o informe de cómo está la pericial contable que se pidió sobre las cuentas de Mercasevilla.

El problema del escrito de la Fiscalía es que suelta la patata caliente al juez sustituto…La juez Mercedes Alaya