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Las demandas de divorcio caen un 8,6% en 2016 en Andalucía

Jorge Muñoz | 6 de marzo de 2017 a las 16:22

divorcio1

El año pasado se presentaron en los juzgados 21.605 demandas de divorcio y 1.264 demandas de separación. Las 22.869 demandas de disolución matrimonial –es decir, demandas de separación o de divorcio, tanto de mutuo acuerdo como no consensuadas- presentadas en los juzgados de Andalucía durante el año pasado suponen una disminución del 8,6% respecto a las registradas en 2015, según los datos publicados hoy por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El descenso afectó tanto al número de demandas de divorcio –un total de 21.605, lo que representa un 8,1% menos que el año anterior- como la de demandas de separación -1.264, una disminución del 16,7% respecto a 2015-.

Del total de demandas de divorcio presentadas en 2016 en Andalucía, 11.001 fueron de consensuadas, y 10.604 contenciosas. En cuando a las demandas de separación, 768 de las presentadas fueron de mutuo acuerdo y 496 no consensuadas. Además, en 2016 se registraron 22 demandas de nulidad matrimonial, frente a las 27 del año anterior.

Poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial del total del año con la población a 1 de enero de 2016, se observa que el mayor número de demandas de disolución por cada 1.000 habitantes se dio en Canarias y en la Comunidad Valenciana (2,9), mientras que en el otro extremo se situó Castilla y León (1,9). La media de demandas en España fue de 2,6 por cada mil habitantes y en Andalucía está en 2,7 por cada mil habitantes.

divorcios

El CGPJ propone un plan de urgencia para la avalancha de demandas de cláusulas suelos

Jorge Muñoz | 9 de febrero de 2017 a las 17:25

clausulasuelo

 

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)  ha aprobado hoy una propuesta de plan de urgencia para hacer frente al previsible aumento de litigios sobre cláusulas abusivas en escrituras hipotecarias como consecuencia de la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en relación con las cláusulas suelo, según ha informado hoy el máximo órgano de gobierno de los jueces.

El órgano de gobierno de los jueces entiende que aunque el Real Decreto-ley 1/2017 de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo solucionará por vía extrajudicial parte de los conflictos que se planteen, puede producirse un importante incremento de demandas derivados de la sentencia del TJUE, que se unirían a las que ya se tramitan en los Juzgados de Primera Instancia sobre condiciones generales de la contratación y protección de consumidores y usuarios.

Un reparto masivo de este tipo de litigios a todos los órganos judiciales de la primera instancia civil podría llegar a comprometer la capacidad de éstos para dar salida al resto de los asuntos de otra naturaleza, por lo que el CGPJ cree necesaria la adopción de medidas con carácter urgente y anticipándose a la previsible entrada masiva de demandas, de forma que en el momento del registro y reparto de las mismas ya estén establecidos los cauces para su atribución a unos órganos judiciales concretos.

Especialización de Juzgados de Primera Instancia

La solución que contempla el Consejo General del Poder Judicial consiste en la especialización de un Juzgado de Primera Instancia en cada provincia, con competencia extendida a todo el territorio de la misma, que de manera exclusiva y no excluyente conozca de la materia relativa a las acciones individuales previstas en la legislación de condiciones generales de la contratación y la protección de consumidores y usuarios.

La especialización se haría al amparo del artículo 98.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece que el CGPJ “podrá acordar de manera excepcional y por el tiempo que se determine, con informe favorable del Ministerio de Justicia, oída la Sala de Gobierno y, en su caso, la Comunidad Autónoma con competencias en materia de Justicia, que uno o varios Juzgados de la misma provincia y del mismo orden jurisdiccional asuman el conocimiento de determinadas clases o materias de asuntos (…)”.

La decisión sobre qué Juzgados serán especializados se tomaría en estrecha colaboración con los Tribunales Superiores de Justicia –cuyos presidentes han sido convocados a una reunión el próximo día 15 para estudiar el plan- y con las Juntas Sectoriales de jueces y magistrados, para lo que el día 21 se mantendrá otro encuentro con los jueces decanos. La propuesta es especializar aquellos órganos que se ofrezcan voluntariamente y, en caso de ausencia de voluntarios o de que haya varios en la misma provincia, elegir al Juzgado que se encuentre en mejor situación.

La competencia debe ser exclusiva y no excluyente porque de lo contrario se daría una respuesta eficaz a los litigios relacionados con las cláusulas suelo, pero se sobrecargaría al resto de los Juzgados de Primera Instancia con los asuntos de reparto general de los que quedaran excluidos los órganos especializados.

Esta es la razón de que la Comisión Permanente haya considerado que la competencia exclusiva y no excluyente deba ir acompañada de medidas de refuerzo, adscribiendo al Juzgado especializado uno o varios Jueces de Adscripción Territorial (JAT) que recibirían formación específica sobre la materia para reforzar sus conocimientos y garantizar menores tiempos de respuesta.

Entre las medidas de refuerzo que se plantean también figuran el nombramiento de letrados de la Administración de Justicia y de funcionarios por parte de las Administraciones competentes, así como la asignación de medios materiales.
La competencia territorial, que se extendería a toda la provincia, permitiría dar una respuesta idéntica en tiempo y contenido a todos los ciudadanos, con independencia de la localidad en la que residan.

El CGPJ considera que el plan debería ponerse en marcha el próximo 1 de junio, de modo que los Juzgados especializados puedan asumir las demandas que se produzcan una vez concluidos los cuatro meses que suman los plazos establecidos en el Real Decreto-ley 1/2017 para que las entidades de crédito adopten las medidas necesarias para dar cumplimiento a sus previsiones y para que el consumidor y la entidad lleguen a un acuerdo o se tenga por concluido el procedimiento extrajudicial.

Mayor seguridad jurídica

El órgano de gobierno de los jueces cree que la adopción de las medidas contempladas en su propuesta conllevaría una serie de ventajas, ya demostradas por la experiencia que supuso la especialización de órganos judiciales en materia de comercialización de productos híbridos financieros (preferentes).

Así, el plan permitiría contener en el ámbito de los órganos especializados el problema de la alta litigiosidad como consecuencia de las demandas que se presenten, evitando que resulten afectados todos los Juzgados de Primera Instancia. De este modo se garantiza eficacia y rapidez en la resolución de los asuntos relacionados con las cláusulas suelo y, a la vez, que los tiempos de respuesta a los litigios de otra clase no se dilaten.

También se gozaría de una mayor seguridad jurídica, proporcionando respuestas de fondo unitarias por la existencia de unidad de criterios, lo que a su vez facilitaría transacciones judiciales y extrajudiciales; y daría un uso racional a la figura de los JAT, aprovechando su versatilidad para acomodarse a los cambios sociales, legales o jurisprudenciales que cada vez tienen un reflejo más rápido en las cargas de trabajo de los tribunales.

Por último, el CGPJ considera que las medidas propuestas contribuirían a aumentar la confianza del ciudadano en los tribunales al darle un servicio específico y eficaz frente a un problema que le acucia.

Andalucía concentra el 11% de los procesados por delitos de corrupción de España

Jorge Muñoz | 12 de enero de 2017 a las 15:34

Sede del CGPJ en Madrid

Sede del CGPJ en Madrid

El 11,10%. Ese es el porcentaje de personas procesadas por delitos de corrupción en Andalucía en comparación con España, lo que sitúa a Andalucía en segundo lugar a nivel nacional, sólo superada por Cataluña, según los datos extraídos del nuevo repositorio creado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que reúne los principales indicadores de la actividad judicial contra la corrupción, tal y como ha informado este jueves el máximo órgano de gobierno de los jueces. El repositorio, que se actualizará trimestralmente, arranca con los datos correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de julio de 2015 y el 30 de septiembre de 2016, periodo en el que los juzgados y tribunales dictaron auto de apertura de juicio oral o de procesamiento contra 1.378 personas en 166 procedimientos por delitos de corrupción, de los cuales 153 corresponden a la comunidad autónoma andaluza, lo que representa ese 11,10% del total nacional. A Andalucía sólo la supera en número de procesados por estos delitos Cataluña, con 303 procesados y el 21,98% del total.

La información facilitada procede de los boletines estadísticos de los órganos judiciales, el Ministerio de Justicia, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y la Dirección General de Servicios Penitenciarios de la Generalitat de Cataluña. De los 99 procedimientos que finalizaron con sentencia en ese periodo, el 72,7 por ciento lo fue con una resolución condenatoria. Las sentencias que han adquirido firmeza en estos cinco trimestres han supuesto la condena por delitos de corrupción de 399 personas. Los delitos de prevaricación administrativa, prevaricación urbanística y malversación son los más frecuentes en las sentencias dictadas en los procedimientos por corrupción, explica el CGPJ.

El repositorio de datos sobre procedimientos judiciales por corrupción será de acceso público y permitirá a los ciudadanos conocer la acción de la Justicia en el marco global de la lucha contra la corrupción a través de sus principales indicadores –personas acusadas y/o procesadas, procedimientos, sentencias dictadas, etc.-, que se actualizarán trimestralmente. El repositorio puede consultarse desde hoy en el Portal de Transparencia del Consejo General del Poder Judicial ubicado en la web www.poderjudicial.es en el siguiente enlace: www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Transparencia/Repositorio-de-datos-sobre-procesos-por-corrupcion/

La creación de esta base de datos estaba prevista en el convenio que el órgano de gobierno de los jueces firmó con Transparencia Internacional España el 2 de julio de 2014. El trabajo posterior que ha hecho posible su puesta en marcha ha sido desarrollado por el Grupo de Transparencia creado en el seno del CGPJ.

El repositorio arranca con la información de los cinco trimestres comprendidos entre el 1 de julio de 2015 –fecha en la que entró en vigor la adenda a los boletines estadísticos que cumplimentan los letrados de la Administración de Justicia de cada órgano judicial y que permite recoger los datos de los procedimientos por corrupción- y el 30 de septiembre de 2016. A partir de ahora se actualizará trimestralmente.

Además de esta información, la web del CGPJ ofrece la del Registro Central de Penados, dependiente del Ministerio de Justicia, sobre condenados por sentencia firme por delitos de corrupción; y la de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarios del Ministerio del Interior y la Dirección General de Servicios Penitenciarios de la Generalitat de Cataluña sobre las personas –tanto penados como en situación de prisión preventiva- sometidas a régimen penitenciario por este tipo de delitos.

Corrupción pública

El Consejo General del Poder Judicial ha optado por centrar la información que se ofrece en el repositorio en la denominada corrupción pública, entendiendo que es ésta la que más altos índices de preocupación inspiran en la ciudadanía.

De este modo, los procedimientos judiciales cuyos datos se recogen en el repositorio tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política.

Estos fenómenos tienen su traducción en el Código Penal en un amplio listado de delitos que incluye la prevaricación urbanística (artículos 320 y 322), la prevaricación administrativa (art. 404, 405 y 408), la infidelidad en la custodia de documentos y la violación de secretos (art. 413, 414, 415, 416, 417 y 418), el cohecho (art. 419, 420, 421 y 422), el tráfico de influencias (art. 428, 429 y 430), la malversación (art. 432, 433, 434 y 435), los fraudes y exacciones ilegales (art. 436, 437 y 438), las negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y los abusos en el ejercicio de su función (art. 439, 441, 442 y 443) y la corrupción en las transacciones comerciales internacionales (artículo 286, 3º y 4º).

Fase procesal

Los datos que se ofrecen en el repositorio corresponden a procedimientos penales por delitos relacionados con la corrupción una vez dictado auto de apertura de juicio oral o de procesamiento.

Se ha optado por fijar éste como el momento procesal a partir del que solicitar la información a los órganos judiciales dado que la finalidad de la fase de instrucción es determinar la naturaleza y circunstancias del hecho y las personas que hayan participado en él, pudiendo variar durante la investigación tanto el tipo penal como el número de personas implicadas en la misma.

1.378 personas acusadas y/o procesadas por delitos de corrupción

Con estas premisas, los datos del repositorio indican que, entre el 1 de julio de 2015 y el 30 de septiembre de 2016, los Juzgados y Tribunales españoles dictaron auto de apertura de juicio oral o de procesamiento por delitos relacionados con la corrupción contra 1.378 personas.

 

3T 2015 4T 2015 1T 2016 2T 2016 3T 2016 TOTAL
Tribunal Supremo 0 0 0 0 0 0
Audiencia Nacional 33 36 89 51 63 272
          Total órganos centrales 33 36 89 51 63 272
Andalucía 33 59 42 15 4 153
Aragón 4 0 0 2 1 7
Asturias 13 0 30 0 25 68
Baleares 14 0 3 10 43 70
Canarias 41 4 0 36 24 105
Cantabria 0 100 0 0 0 100
Castilla-La Mancha 1 7 2 4 10 24
Castilla y León 0 7 1 1 0 9
Cataluña 210 45 33 1 14 303
Comunidad Valenciana 12 23 9 1 6 51
Extremadura 1 1 3 0 0 5
Galicia 6 1 5 7 1 20
Madrid 133 5 7 0 0 145
Murcia 0 0 1 0 3 4
Navarra 0 0 0 0 0 0
País Vasco 0 1 1 26 0 28
La Rioja 4 3 2 5 0 14
                         Total CC.AA. 472 256 139 108 131 1.106
TOTAL 505 292 228 159 194 1.378

*Acusados y/o procesados en procedimientos instruidos por Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción, Juzgados de Instrucción, Salas de lo Civil y Penal de Tribunales Superiores de Justicia, Juzgados Centrales de Instrucción y Sala Segunda del Tribunal Supremo

Del total de acusados y/o procesados, 1.060 eran hombres –el 77 por ciento- y 318 mujeres. La base de datos –que permite consultas de manera global para toda España o de manera detallada en el ámbito de cada Comunidad Autónoma- ofrece también información sobre la nacionalidad de los implicados: 1.174 eran españoles, 34 de Estados miembros de la Unión Europea y 170 extracomunitarios.

Estas personas han sido acusadas y/o procesadas en 166 procedimientos distintos, según se puede observar en el siguiente cuadro:

 

3T 2015 4T 2015 1T 2016 2T 2016 3T 2016 TOTAL  
Tribunal Supremo 0 0 0 0 0 0
Audiencia Nacional 1 1 2 4 3 11
          Total órganos centrales 1 1 2 4 3 11
Andalucía 6 3 5 6 1 21
Aragón 1 0 0 1 1 3
Asturias 1 0 2 0 1 4
Baleares 4 0 2 3 7 16
Canarias 2 1 0 1 5 9
Cantabria 0 9 0 0 0 9
Castilla-La Mancha 1 4 2 4 4 15
Castilla y León 0 3 1 1 0 5
Cataluña 2 7 4 1 3 17
Comunidad Valenciana 4 7 3 1 5 20
Extremadura 1 1 1 0 0 3
Galicia 2 1 1 2 0 6
Madrid 7 3 2 0 0 12
Murcia 0 0 1 0 1 2
Navarra 0 0 0 0 0 0
País Vasco 0 1 1 1 1 4
La Rioja 1 1 2 2 3 9
                            Total CC.AA. 32 41 27 23 32 155
TOTAL 33 42 29 27 35 166

*Procedimientos instruidos por Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción, Juzgados de Instrucción, Salas de lo Civil y Penal de Tribunales Superiores de Justicia, Juzgados Centrales de Instrucción y Sala Segunda del Tribunal Supremo en los que se ha dictado auto de apertura de juicio oral o procesamiento

 Un 72,7 por ciento de sentencias condenatorias

De las 99 sentencias dictadas en procedimientos por delitos de corrupción en los cinco trimestres estudiados, 72 fueron total o parcialmente condenatorias, lo que representa el 72,7 por ciento del total.

 

Condenatoria con conformidad Condenatoria sin conformidad Parcialmente condenatoria Absolutoria TOTAL
3T 2015 3 3 0 2 8
4T 2015 5 5 0 9 19
1T 2016 9 7 4 5 25
2T 2016 9 6 3 5 23
3T 2016 6 10 2 6 24
 TOTAL 32 31 9 27 99

La información ofrecida detalla, dentro de las sentencias condenatorias, las que lo han sido con y sin conformidad, así como las parcialmente condenatorias (tanto porque no se haya condenado por todos los delitos por los que se acusaba o porque no se haya condenado a la totalidad de los acusados).

 

399 condenados por sentencia firme por delitos de corrupción

El repositorio permite también conocer el número de personas condenadas por las sentencias dictadas por delitos relacionados con la corrupción que han adquirido firmeza en cada trimestre.

La suma de los cinco trimestres que recoge la base de datos es de 399 personas condenadas, según la información del Registro Central de Penados, dependiente del Ministerio de Justicia.

Los delitos que con mayor frecuencia aparecen en esas sentencias son, por este orden, los de prevaricación administrativa, prevaricación urbanística –es decir, delitos contra la ordenación del territorio, urbanismo, medio ambiente y patrimonio histórico- y malversación.

 

82 penados sometidos a régimen penitenciario

Por último, el repositorio ofrece los datos procedentes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, y de la Dirección General de Servicios Penitenciarios de la Generalitat de Cataluña sobre población reclusa.

En este caso, la información se refiere a las personas sometidas a régimen penitenciario –como penados o en situación de prisión preventiva- tomando en consideración el delito principal por el que han sido condenados o acusados. A 1 de enero de este año había en el conjunto de España 82 penados –en 47 casos, con el de malversación como delito principal y en otros 25 con el de cohecho- y cinco preventivos.

 Trasladar la imagen real de la acción de la Justicia

En el acto de presentación del repositorio, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha subrayado que con la información que a partir de hoy se hace pública se ofrece por primera vez a los ciudadanos una forma de conocer la acción de la Justicia en el marco global de la lucha contra la corrupción, “dando un paso más, y esperamos que importante, en la recuperación de la confianza de la sociedad en sus instituciones”.

“Nuestros jueces y nuestras juezas están cumpliendo con su misión, y no siempre en condiciones fáciles”, ha señalado Lesmes, que ha añadido que aunque en ocasiones se critica de manera interesada la labor de jueces y magistrados, sugiriendo elementos de politización en las decisiones adoptadas y veladas acusaciones de falta de imparcialidad, “la realidad deja sin fundamento esas críticas” y demuestra que “frente a la eventual degradación criminal de personas con responsabilidades políticas, el Poder Judicial se limita a actuar sobre cada caso concreto, aplicando únicamente la ley, desde la legitimidad que nos brinda el Estado de Derecho por el que nos regimos”.

Por su parte, la vocal del órgano de gobierno de los jueces Mar Cabrejas, miembro del Grupo de Transparencia del Consejo, ha dicho que la información que ofrece el repositorio evidencia “la existencia de límites reales y tangibles contra la arbitrariedad, el abuso y el despotismo, ofreciendo una visión clara de la dimensión del Poder Judicial como una instancia independiente e imparcial llamada a controlar desde el Derecho, a hacer efectiva la idea del Estado Constitucional como sistema de límites y de vínculos impuestos al ejercicio de cualquier poder”.

Cabrejas ha confiado también en que el repositorio contribuya a trasladar a los ciudadanos “la imagen real de una labor muchas veces silenciosa de sus jueces, magistrados, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, Policía Judicial, funcionarios y demás servidores públicos en su firme compromiso de lucha contra la corrupción”.

Descienden un 18% las separaciones sin acuerdo

Jorge Muñoz | 14 de diciembre de 2016 a las 18:53

estadistica

En el tercer trimestre de 2016 el número de demandas de disoluciones matrimoniales ha mostrado una disminución tanto de las separaciones como de los divorcios, respecto a igual trimestre de 2015, según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Las separaciones no consensuadas son las que mayor descenso han experimentado, un 18%, mientras que las consensuadas también han disminuido un 16,3% respecto al tercer trimestre de 2015. En la comunidad Autónoma de Andalucía se interpusieron 98 demandas de separación no consensuada y 175 de separación consensuada, ha informado hoy el TSJA.
Respecto a los divorcios, también han disminuido aunque en menor medida. Así, los divorcios no consensuados han descendido un 1,8% mientras que los consensuados lo han hecho en un 14,5%. En Andalucía se presentaron durante el tercer trimestre del año 2.126 demandas de divorcio no consensuado y 2.193 demandas de divorcio consensuado.
Por provincias, Sevilla y Málaga son las que más demandas de separación y divorcio presentaron mientras que Huelva y Jaén son las que menos demanda hubo.
Poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial con la población a 1 de enero de 2016 vemos que el mayor número de demandas de disolución por cada 1.000 habitantes se ha dado en Canarias, 0,65; seguida de la C. Valenciana, 0,61; Cataluña, 0,58; Asturias, 0,56; Illes Balears, 0,55; Andalucía y La Rioja, 0,54. Todas superan la media nacional
de 0,52. Por el contrario, las más bajas, se han dado en Navarra, 0,36; Castilla y León y País Vasco, 0,37.

 

 

 

Los desahucios bajan en Andalucía un 9,3% en el tercer trimestre del año

Jorge Muñoz | 12 de diciembre de 2016 a las 18:38

Los lanzamientos consecuencia de ejecuciones hipotecarias descienden un 14 por ciento y los derivados de arrendamientos urbanos bajan un 3,2 por ciento · La cifra de ejecuciones hipotecarias iniciadas fue 2.180, lo que supone una disminución interanual del 38,3 por ciento · Los procesos monitorios bajan más de un 30 por ciento y disminuyen también las demandas por despido un 11 por ciento

TSJA

El número de lanzamientos practicados en el tercer trimestre de 2016 en la Comunidad Autónoma de Andalucía experimentó un descenso del 9,3 por ciento respecto al mismo trimestre del año anterior, al pasar de 2.157 a 1.956, según el informe “Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales”, que la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial ha hecho público hoy.

La cifra de lanzamientos practicados ha disminuido en todas las Comunidades Autónomas, excepto en Castilla y León, Extremadura, Galicia y Madrid. Los lanzamientos afectan a distintos tipos de inmuebles, no solo a viviendas y, en el caso de éstas, no solo a vivienda habitual.

Los lanzamientos por impago del alquiler disminuyeron el 3,2 por ciento respecto al tercer trimestre de 2015, mientras que los derivados de ejecuciones hipotecarias bajaron el 14 por ciento.

Cataluña –con 2.815, el 23,2 por ciento del total nacional- fue la Comunidad Autónoma en la que se practicaron más lanzamientos entre el 1 de julio y el 30 de septiembre pasados, seguida por Andalucía –con 1.956-, la Comunidad Valenciana –con 1.767- y Madrid, con 1.333. Estos cuatro territorios sumaron el 64,8 por ciento de todos los lanzamientos practicados en España en ese periodo.

Atendiendo solo a los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la LAU, en el primer lugar aparece también Cataluña, con 1.740; seguida por Madrid, con 970; Andalucía, con 856; y la Comunidad Valenciana, con 783. En cuanto a los derivados de ejecuciones hipotecarias, la clasificación la encabeza Andalucía, con 1.014; seguida por la Comunidad Valenciana, con 954; y Cataluña, con 949.

El informe incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque con la advertencia de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos. Además, el hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no supone que éste lo haya ejecutado.

Con estas premisas, los datos disponibles reflejan que el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes en el tercer trimestre de 2016 fue de 2.763, un 14,8 por ciento menos que en el mismo periodo del año anterior. De ellos, 1.511 terminaron con cumplimiento positivo, lo que representa un descenso interanual del 6,2 por ciento.

Las ejecuciones hipotecarias bajan un 37,3 por ciento

El número de ejecuciones hipotecarias iniciadas en el tercer trimestre del año fue de 2.180, un 37,3 por ciento menos que en el mismo periodo del año anterior.

Todas las Comunidades Autónomas experimentaron descensos interanuales en el número de ejecuciones hipotecarias iniciadas, siendo superiores al 40 por ciento en Asturias, Illes Balears, la Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid, Murcia y Navarra.

La Comunidad Autónoma con mayor número de ejecuciones hipotecarias iniciadas entre los pasados 1 de julio y 30 de septiembre fue Andalucía –con 2.180, el 24 por ciento del total nacional-; seguida por Cataluña –con 1.859- y la Comunidad Valenciana –con 1.263-.

Aumenta el número de concursos presentados

El número de concursos presentados en el tercer trimestre de 2016, contabilizando los presentados en los Juzgados de lo Mercantil y los de personas físicas registrados en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción fue de 223, lo que supone una disminución del 1,3 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

De esos concursos, 34 corresponden a los presentados por personas naturales no empresarios –cuya competencia corresponde desde el 1 de octubre de 2015 a los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción-, por lo que atendiendo solo a los 189 concursos registrados en los Juzgados de lo Mercantil se observa una disminución interanual del 16,4 por ciento.

Cataluña fue la Comunidad Autónoma con más concursos presentados en el tercer trimestre del año -376, el 23,6 por ciento del total nacional-. Le siguieron Madrid, con 317; Andalucía, con 223; y la Comunidad Valenciana, con 195.

También fue en Cataluña donde se registraron más concursos de personas físicas en ese periodo: 103, lo que supone el 30,7 por ciento del total. Le siguieron Madrid, con 74; la Comunidad Valenciana, con 49; y Andalucía, con 34.

Las demandas por despido caen un 11,1 por ciento

Las 3.726 demandas por despido presentadas en los Juzgados de lo Social de la Comunidad Autónoma en el tercer trimestre del año suponen un descenso interanual del 11,1 por ciento.

Por territorios, Madrid –con 4.745, el 20,3 por ciento del total nacional- fue la Comunidad Autónoma en la que se presentaron más demandas de este tipo, seguida por Cataluña –con 4.348, el 18,6 por ciento- y Andalucía –con 3.726, el 15,9 por ciento-.

Los procedimientos monitorios presentados en el tercer trimestre del año en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción fueron 21.895, lo que supone una reducción del 30,9 por ciento respecto al mismo periodo de 2015.

La disminución se ha producido en todas las Comunidades Autónomas excepto en Cataluña, donde han aumentado un 35,9 por ciento.

Este tipo de procedimiento sirve para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.

La filtración es lo de menos

Jorge Muñoz | 24 de junio de 2016 a las 5:00

La juez María Núñez Bolaños

La juez María Núñez Bolaños

El presidente del TSJA, Lorenzo del Río, decía hace algunos meses que existía una regla no escrita por la que los jueces no debían interferir en las campañas electorales con sus resoluciones judiciales. Pero estas reglas unas veces se cumplen y otras no, porque no hay que olvidar que tan sólo cuatro días después de que se iniciara la presente campaña electoral que hoy concluye, el Alto Tribunal andaluz anunció el archivo de la causa contra el consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, en relación con la adjudicación de unas obras cuando era vicerrector de la Universidad de Sevilla.

Ahora ha trascendido que la juez María Núñez Bolaños archivará en los próximos meses la denominada pieza política de los cursos de formación, en la que figuran 24 personas imputadas entre políticos y funcionarios del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). El Partido Popular ha arremetido contra la supuesta filtración de esta decisión y ha anunciado que pedirá al CGPJ que se investigue la filtración, pero en realidad era algo cantado y no había que ser un lince para ver los derroteros por los que seguiría la instrucción tras las declaraciones de los interventores negando la existencia de delitos y los archivos decretados en otros juzgados andaluces.

Las noticias surgen cuando el periodista las conoce y si ahora ha trascendido el archivo no hay que buscar explicaciones políticas o coincidencias electorales. En este caso, la información no favorece a la acusación popular al desinflar la instrucción. Lo que sorprende es que nunca hubo una reacción parecida en las filas populares cuando la anterior juez, Mercedes Alaya, hacía coincidir sus autos bomba con las campañas electorales o determinados hitos políticos.
Lo trascendental no es la filtración, sino la explicación que se les va a dar a esas 16 personas que estuvieron varios días en unos mugrientos calabozos tras ser detenidos por orden de la juez Mercedes Alaya.

Alta tensión por el juzgado de Alaya

Jorge Muñoz | 18 de mayo de 2015 a las 6:00

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La juez Mercedes Alaya llega a los juzgados de Sevilla

A Alaya le crecen los problemas. Cuando aún no está nada claro que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) vaya a concederle una comisión de servicio para que continúe investigando las tres macrocausas, la juez se acaba de encontrar con una querella por presunta prevaricación en relación con el denominado caso Betis, que Alaya comenzó a investigar hace siete años en una instrucción plagada de polémicas. La querella del ex consejero delegado del Betis Luis Oliver ya está en manos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que ha abierto una “causa especial” contra Alaya y ha designado como ponente de tramitación al magistrado Juan Ruiz-Rico Ruiz-Morón, que se ha incorporado recientemente a la Sala.

La admisión o no de la querella contra Alaya está pendiente ahora del informe que debe realizar la Fiscalía Superior de Andalucía, que tiene que emitir un informe pronunciándose precisamente sobre si hay fundamento o no para admitir la querella e investigar una actuación supuestamente irregular de la juez. Ese dictamen no estará en principio hasta después de las elecciones municipales del 24-M, dado que el Ministerio Público debe examinar de forma exhaustiva los 192 folios en los que Oliver denuncia las decisiones de la magistrada que considera arbitrarias.

Para echar más leña al fuego, la Audiencia de Sevilla ha decidido estimar la recusación planteada contra uno de los jueces que hasta ahora estaba resolviendo todos los recursos contra las decisiones tomadas por Alaya. Se trata del magistrado Juan Antonio Calle Peña, que ha sido apartado del caso por ser sobrino de uno de los socios de la Liga de Juristas Béticos, que actúa como acusación particular en la causa contra Manuel Ruiz de Lopera.

Mientras la Fiscalía Superior de Andalucía estudia el asunto, el futuro de Alaya al frente de las macrocausas sigue siendo una incógnita, dada la guerra abierta en el seno del CGPJ respecto a si la juez debe terminar las investigaciones o marcharse a su nuevo destino en la Audiencia de Sevilla, una plaza que no hay que olvidar solicitó de forma voluntaria la propia instructora. Nadie puede ahora mismo poner la mano en el fuego sobre lo que ocurrirá con la juez.Unos días hay fuentes que apuntan que Alaya podrá seguir instruyendo las macrocausas al menos durante seis meses -que se le concederá una primera comisión de servicio- y otros días, en cambio, dicen que el CGPJ se inclina por no conceder dicha comisión, con lo que Alaya estaría previsiblemente a mediados de junio próximo en su nuevo destino de la Audiencia de Sevilla.

Los contactos y las presiones al más alto nivel, al nivel del presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, no cesan. Dicen que son muchas las llamadas que recibe relacionadas con este asunto. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha reconocido que ha hablado con el presidente del CGPJ, en el marco de una relación “institucional y cordial”, pero ha negado presiones para apartar a Alaya del juzgado.

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La juez María Núñez Bolaños, nueva titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla

En esa guerra de alta intensidad que se libra en el máximo órgano de gobierno de los jueces, unos intentan que se aparte a Alaya de las macrocausas que llevan bombardeando al Gobierno andaluz desde hace ya casi cinco años, y otros, en cambio, pretende que la magistrada siga adelante hasta finalizar su labor. 

Y en medio de esta escena entra la juez María de los Ángeles Núñez Bolaños, la nueva titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla y, precisamente por ese motivo, juez natural para conocer las causas y macrocausas asignadas a este órgano judicial. Si esta magistrada no llega a un acuerdo con Alaya para el reparto de las macrocausas, volverá a verse un espectáculo como el que protagonizó en su día la propia Alaya, cuando se negó a compartir los grandes casos con los dos jueces de refuerzo que le había enviado el TSJA (Ana Rosa Curra y Rogelio Reyes), y que acabó con la salida de ambos refuerzos del juzgado y ella manteniendo su supremacía en todas las macrocausas. Alaya hizo valer entonces su condición de juez natural predeterminada por la ley para la instrucción de los macroprocesos, un principio que ahora parece haber caído en el olvido con la llegada de Núñez Bolaños.

A estas alturas y con todo lo que se ha dicho cabe pensar que ni Alaya está segura de dónde estará prestando servicio dentro de unas semanas.