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CASO ERE: Llamadas desconcertantes

Jorge Muñoz | 12 de febrero de 2017 a las 2:00

JUECES

Rosell

Nerviosismo, preocupación, intriga, desconcierto. Cualquiera de estas palabras podría usarse para intentar describir las extrañas maniobras que se han sucedido en las últimas semanas en la Audiencia Provincial de Sevilla para supuestamente teledirigir el sumario de la macrocausa de los ERE, el que afecta a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, hacia una concreta Sala o tribunal para su enjuiciamiento.

La cuestión llevaba analizándose desde muchos meses antes, cuando los 20 magistrados de las secciones Penales de la Audiencia de Sevilla –Primera, Tercera, Cuarta y Séptima– se reunieron en junio de 2016 para establecer los criterios para elegir al tribunal que debía enjuiciar el denominado “procedimiento específico” de los ERE, en el que están acusados los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán junto a otros 24 ex altos cargos, así como las distintas macrocausas que en los últimos años se han ido instruyendo sobre todo en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.
De esa reunión, surgió un acuerdo para establecer un turno de reparto específico para las causas de “especial complejidad”, entendiendo por éstas a las que excedían de los 3.000 folios –sin contar los posibles anexos documentales– o las que contaran con ocho o más intervinientes personados, sin tener en cuenta al Ministerio Fiscal y considerando como interviniente a cada acusado.
Ese acuerdo pareció –o debió– zanjar la polémica, pero no fue así. En septiembre de 2016, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ratificó el acuerdo de los jueces sevillanos y aprobó la modificación del turno de reparto de los asuntos en la Audiencia de Sevilla, lo que derivó en un sorteo entre las cuatro secciones penales para fijar el orden de inicio de ese turno nuevo. El sorteo, celebrado el 14 de octubre, deparó que fuese la sección Primera la que iniciara el turno específico. En realidad se habían fijado dos turnos, uno que la Audiencia denominaba como “recursos devolutivos contra resoluciones dictadas por órganos unipersonales”, que incluía sentencias y “autos interlocutorios”. Y un segundo reservado para los “asuntos de enjuiciamiento”, que engloba los “procesos ordinarios por delitos graves y procedimientos abreviados que son competencia de la Audiencia”. Aquí es donde debía incluirse el juicio por el “procedimiento específico” de los ERE, el primero cuya instrucción ha finalizado, junto al de las subvenciones concedidas a las empresas Acyco y Surcolor-Surcolor Óptica.
Un hecho que iba a cambiar de forma repentina la aparente normalidad con la que los jueces de la Audiencia habían asumido el turno de reparto fue el auto dictado el 4 de noviembre por el juez de refuerzo de Instrucción 6 Álvaro Martín, quien ese día dictó el auto de apertura de juicio oral contra los ex presidentes de la Junta y los otros 24 ex altos cargos. Con la instrucción finalizada, ese auto acercaba más a la Audiencia el reparto del primer juicio de los ERE.
En ese auto, el instructor concedió un plazo de un mes a las defensas de los 26 encausados para que presentaran sus correspondientes escritos de defensa, una vez conocida las peticiones de la Fiscalía Anticorrupción y de las demás acusaciones.
Las siguientes semanas de noviembre y las primeras de diciembre, el juez Álvaro Martín fue dando los últimos coletazos al caso con la clara intención de enviar el sumario de los ERE a la Audiencia antes de que finalizara su comisión de servicio en el juzgado de Instrucción número 6. El último día para que Álvaro Martín pudiera remitir el sumario era el 23 de diciembre pasado y ese día el magistrado dio instrucciones precisas para que la causa se enviara a la Audiencia. Sin embargo, no pudo hacerse porque, entre otras cuestiones, el procedimiento no estaba listo para su remisión porque faltaban aún por presentar –y estaban en plazo de hacerlo– los escritos de varias defensas.
Si la causa se hubiese enviado el 23 de diciembre, de acuerdo con el turno de reparto aprobado por los jueces de la Audiencia, el enjuiciamiento habría correspondido a la Sección Tercera, que preside el magistrado Ángel Márquez, quien en su día instruyó el denominado caso Juan Guerra. Márquez  había estado destinado precisamente en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla hasta 1998, cuando cedió el testigo a la juez Mercedes Alaya, la instructora de las macrocausas hasta el año 2015. Tras ese primer intento de enviar el sumario de Chaves y Griñán, se produjo un impasse propiciado por las vacaciones de Navidad, que prácticamente paralizan por completo el funcionamiento de los juzgados, salvo para las actuaciones consideradas urgentes.
Y una vez pasados los Reyes Magos, se produjeron los hechos más sorprendentes. El martes 10 de enero, a mediodía, poco antes de la finalización de la jornada en los juzgados, un magistrado de la Audiencia al que podría corresponder el juicio de Chaves y Griñán, telefoneó al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, pero no habló con la titular, María Núñez Bolaños, sino con un funcionario de esta oficina judicial. ¿El motivo? Interesarse sobre el hecho de por qué no se había remitido aún el sumario de los ERE a la Audiencia –que algunos esperaban para antes de las Navidades– y si quedaba aún mucho para que se elevara a la Audiencia. El funcionario no pudo dar respuesta a las inquietudes del magistrado.
Fue una conversación corta, pero que sin duda desató todas las señales de alarma. Unos dicen que con esa llamada –que no fue la única realizada desde la Audiencia, hubo al menos otras dos llamadas– el juez simplemente se estaba interesando por la supuesta demora en el envío de la causa por su interés en asumir el enjuiciamiento, aunque otras fuentes señalan que su interés era el contrario, que preguntaba porque no quería que le correspondiera el juicio.
Sea como fuere, lo grave es que se produjeran esas llamadas y que ese contacto no fuese por ejemplo a nivel de jueces, que podría tener cierta lógica entre compañeros, sino que se hiciera con un funcionario del juzgado y sin conocimiento de la titular, María Núñez Bolaños.

Los jueces María Núñez Bolaños y Álvaro Martín, en los juzgados de Sevilla.

Los jueces María Núñez Bolaños y Álvaro Martín, en los juzgados de Sevilla.

 

A partir de ese momento y conforme pasaban las semanas sin que el envío de la causa se produjera, aumentó la incertidumbre y las suspicacias, tanto en la Audiencia de Sevilla como en el juzgado de Instrucción.
Y también se dispararon los reproches mutuos y la rumorología, dándose por sentado en los mentideros judiciales que la juez Bolaños estaba supuestamente retrasando de forma intencionada la elevación a la Audiencia para controlar a qué Sala de la Audiencia podría corresponderle el caso de los ERE, cuando de los movimientos realizados por la Audiencia parece todo lo contrario, que el interés en controlar o al menos conocer el tribunal partía supuestamente de los magistrados de la Audiencia, los mismos que en teoría habían dejado zanjado en junio del año pasado el asunto del reparto de las piezas separadas de la macrocausa de los ERE. La juez Bolaños justificó la decisión de no enviar la causa en que estaba completando la documentación, de acuerdo con la “guía” para las macrocausas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
La situación se hacía cada vez más insostenible y llegó incluso a trascender el ámbito provincial hasta llegar al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), cuyo presidente aprovechó que el pasado 3 de febrero tenía que trasladarse a Sevilla para visitar varios órganos judiciales, para entrevistarse personalmente con el presidente de la Audiencia, Damián Álvarez, al que trasladó su preocupación por lo que estaba sucediendo con este primer juicio de los ERE.
Dicen que el presidente del TSJA pidió claridad y transparencia a la Audiencia, que se acabara con la rumorología, y Damián Álvarez convocó de nuevo a las secciones de lo Penal, que la semana pasada aprobaron modificar las normas de reparto para hacer un nuevo sorteo único y exclusivo para el caso de Chaves y Griñán. Oficialmente, la Audiencia ha justificado el nuevo sorteo por las “excepcionales circunstancias de especial complejidad y de singular trascendencia mediática” de la causa. En una cosa sí tiene razón el acuerdo de la Audiencia: las circunstancias que se han producido en torno al reparto son “excepcionales”, pero no por la complejidad del caso sino por las maniobras orquestadas por algunos jueces o sectores judiciales.

Póker de juicios para 2017

Jorge Muñoz | 2 de enero de 2017 a las 4:00

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Cuatro grandes juicios que marcarán la crónica de tribunales a lo largo de 2017, con independencia de que continuará la instrucción de las distintas macrocausas que instruye la juez María Núñez Bolaños, quien además ha perdido desde el 31 de diciembre a uno de los jueces de refuerzo, Álvaro Martín, que regresa al juzgado de lo Penal número 2 de Sevilla tras haber pasado más de tres años –desde septiembre de 2013– instruyendo las primeras piezas separadas del caso de los ERE fraudulentos.
El póker de grandes procesos arranca justo tras los Reyes, porque la juez de lo Penal número 13 de Sevilla, Yolanda Sánchez Gucema, ha fijado para el próximo 17 de enero el inicio de la vista oral contra el ex portavoz municipal de IU Antonio Rodrigo Torrijos y el ex asesor del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla Domingo Enrique Castaño, que serán enjuiciados junto a otros ocho acusados por las presuntas irregularidades en la adjudicación del concurso para la venta de los suelos de Mercasevilla, la empresa pública de la que partió el escándalo de los ERE.
La Fiscalía reclama una condena de dos años de prisión a para los diez acusados que se sentarán en el banquillo, a los que atribuye un delito de fraude y exacciones ilegales, aunque también reclama una condena de nueve años de inhabilitación especial para el ex director general de la lonja Fernando Mellet.
Esta vista oral se prolongará durante 28 sesiones entre los meses de enero y marzo.
La segunda cita judicial importante del año llegará en el mes de abril, puesto que la Audiencia de Sevilla ha fijado a partir del 18 de abril el juicio contra el ex mandatario del Real Betis Manuel Ruiz de Lopera, que se enfrenta a una petición de condena de tres años de cárcel y al pago de 3,6 millones de indemnización por un delito de apropiación indebida. De este juicio se han establecido inicialmente otras 24 sesiones que se desarrollarán entre los meses de abril y octubre, habiéndose señalado para el 5 de junio la declaración de Lopera. Hay algunos que confían en que la Fiscalía y las acusaciones particulares que ejercen las asociaciones de notables béticos lleguen a a una conformidad que evite la celebración del juicio, pero para ello el ex mandatario del Real Betis tendría que reconocer las supuestas irregularidades, algo que a lo largo de la tortuosa instrucción que se inició en 2008 por la juez Mercedes Alaya siempre ha rechazado. De hecho, su defensa solicita la libre absolución, porque entiende que Lopera “ni se ha extralimitado en sus funciones, ni ha realizado actuaciones en detrimento económico del Real Betis y no le ha provocado perjuicio alguno”.
Al margen de este juicio, la vista oral más esperada para el año que viene es la del caso de los ERE, el enjuiciamiento de los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán por su supuesto conocimiento del fraude en el pago de las ayudas sociolaborales y directas a empresas. Todavía hay muchas dudas de que el juicio pueda iniciarse antes de que acabe el 2017, a pesar de que el juez Álvaro Martín ya dictó el auto de apertura de juicio oral, el sumario está concluido y la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado las penas para los 26 ex altos cargos procesados.
Aún queda por determinar a qué sección de la Audiencia le corresponderá, por un turno especial de reparto implantado recientemente, el enjuiciamiento de esta pieza de los ERE, y todavía no se han resuelto los recursos presentados por los ex presidentes y otros ex altos cargos. Además, la Audiencia de Sevilla y el TSJA deberán fijar medidas extraordinarias para la celebración de la vista oral, puesto que en la actualidad resulta bastante complicado que alguna de las salas de vistas de la Audiencia pueda acoger un juicio con 26 acusados y sus respectivas defensas, no descartándose incluso que, como Sevilla no cuenta con una Ciudad de la Justicia, haya que trasladar este juicio a una sede provisional fuera del viejo edificio del Prado de San Sebastián. En principio, el juicio podría celebrarse en la Sala donde actualmente se celebran los juicios con jurado popular, pero como se prevé que la vista pueda durar hasta ocho meses, dificultaría enormemente la tramitación de los juicios con jurado, muchos de los cuales son además asuntos preferentes porque hay acusado que están en prisión provisional. La búsqueda de esta nueva sede y su acondicionamiento, retrasaría el posible inicio del juicio a los ex presidentes.
Fuentes de la Audiencia apuntan que ese hipotético emplazamiento externo de la Audiencia de Sevilla debería incluso comprometerse por un período mínimo de dos años, puesto que además del juicio a los ex altos cargos, en la macrocausa de los ERE se pueden formar más de 200 piezas que también deben ser enjuiciadas.
Algunas de estas piezas, como las relacionadas con las ayudas a las empresas Aceitunas y Conservas (Acyco) y Surcolor-Surcolor Óptica también están finalizadas, de ahí que no se descarta que algunos de estos juicios –con un número menor de imputados– pueda celebrarse en la Audiencia antes del juicio a Chaves y Griñán.
Septiembre es el mes que completa el póker de juicios en Sevilla. El día 12 arranca en el juzgado de lo Penal número 10 de Sevilla el juicio por el supuesto amaño de las oposiciones en la Policía Local, en el están procesadas 45 personas, de las cuales 37 son miembros de la Policía Local. La vista se prolongará hasta el mes de diciembre, en sesiones de martes, jueves y viernes.
La Fiscalía de Sevilla ha solicitado una condena de 13 años de inhabilitación y el pago de una multa de 5.400 euros para el superintendente de la Policía Local Juan José García por delitos continuados de prevaricación y revelación de secretos, mientras que el resto de agentes que superaron las oposiciones gracias a la supuesta filtración de los exámenes se enfrentan al pago de una multa de 100.000 euros y a cuatro años de inhabilitación.
En su escrito de acusación, la Fiscalía detalla las relaciones que tienen los opositores beneficiados por la filtración con mandos, agentes y sindicalistas. Así, detalla que además de los relacionados con Juan José García, figura además un sobrino del intendente mayor de la Policía Local, Gabriel Nevado; dos hijos de un subinspector de la Policía Local, hijos de oficiales –uno de ellos perteneciente a la Unidad de Escoltas del alcalde–, y de agentes del Cuerpo. También figura el hijo de una representante del PSOE en la Junta del Distrito Norte; el de un comisario de la Policía Nacional; los de los jefes de Policía de Umbrete y Algeciras; y de un funcionario de los juzgados ya jubilado.

 

 

Bolaños cumple con su plan piloto

Jorge Muñoz | 8 de marzo de 2016 a las 7:00

La juez María Núñez Bolaños

La juez María Núñez Bolaños

Con la citación de los ex presidentes Chaves y Griñán a declarar la próxima semana y las comparecencias para después de Semana Santa, en concreto el día 30, de los otros ex consejeros que en su día estuvieron aforados, se cierra la ronda de las declaraciones de los 51 imputados en la pieza política de los ERE, la del denominado “procedimiento específico” por el que se concedían las ayudas bajo sospecha.

Con estas declaraciones, la instrucción de esta primera pieza y a priori la más importante de las seis en que se dividió inicialmente el voluminoso sumario de los ERE, está prácticamente acabada. El juez de refuerzo Álvaro Martín sólo tiene por delante otras declaraciones voluntarias que van a solicitar una decena de imputados que en su día se acogieron a su derecho a no declarar ante la juez Mercedes Alaya y que ahora sí quieren rendir testimonio ante el nuevo instructor, así como las de varios testigos que puedan proponer las acusaciones y defensas.

A partir de finalicen esas comparecencias, esta primera pieza estará lista para su remisión a la Audiencia de Sevilla. Los plazos, todavía muy estimativos, que se barajan indican que la pieza política podría llegar a la Audiencia en el mes de junio. Eso no significa que el juicio sería inmediato, porque quedaría por practicar alguna tramitación de la causa por parte de la Sala de la Audiencia a la que corresponda. Sólo podría corresponde a las secciones penales Primera, Tercera o Cuarta, dado que la Séptima, en la que está destinada ahora Mercedes Alaya, es la encargada de resolver los recursos de los ERE. Lo normal es que el juicio no se fijara hasta finales de este año o, lo que es más probable, a principios de 2017.

En cualquier caso, si Bolaños y Álvaro Martín logran enviar esta pieza a la Audiencia en junio o antes del verano habrán cumplido el plan piloto diseñado por la nueva titular del juzgado, que precisamente cumplirá en junio un año al frente del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.

Bolaños ha dado un papel fundamental a la sentencia del “procedimiento específico”, hasta el punto de que ha apuntado ya en un auto que la absolución de los imputados en esta pieza principal conllevaría el archivo de otras tantas ayudas en aquellos casos en los que “no se aprecie irregularidad en la ejecución, empresas en crisis sin intrusos, o ayudas directas en las que la Unidad Central Operativa (UCO), en el atestado inicial, no aprecia otra irregularidad que no sea la utilización de un procedimiento presuntamente ilegal”.

La opinión de Bolaños no es descabellada. Si el procedimiento es legal, a pesar de las irregularidades, podría desembocar en esa cascada de archivos y habría que ver cuántas piezas de las más de 200 que hay investigar llegan finalmente a juicio. El instructor del Tribunal Supremo, el magistrado Jorge Alberto Barreiro, después de proponer que la investigación continuara contra los ex presidentes por una presunta prevaricación, cifró el posible fraude en 855 millones de euros, coincidiendo con las tesis de Mercedes Alaya. El magistrado del Alto Tribunal advirtió de que se habían generado “importantes perjuicios al erario público” pero matizó que aunque la cuantía de las ayudas pueda ser nula por haberse infringido el ordenamiento jurídico –en cuanto a los requisitos de las ayudas–, eso “no significa que todo el dinero concedido con cargo a ese programa presupuestario haya sido defraudado en perjuicio del erario público”.

Barreiro añadió que las cifras concretas son de “difícil cuantificación” por cuanto la investigación sigue abierta, pero ya apuntaba que de las 263 empresas afectadas, en 77 casos las subvenciones tienen relación directa con la tramitación de un ERE.

Por su parte, el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, afirmó en el Supremo que de los más de 6.000 trabajadores que se han beneficiado de estas ayudas, que fueron “validadas” por el Gobierno y el Parlamento andaluz, los “famosos intrusos “ se reducen a 60 personas, lo que representa aproximadamente un uno por ciento del total.

Para Bolaños, los juicios del procedimiento específico y de las sobrecomisiones marcarán sin duda el futuro de la instrucción del resto de las piezas de la macrocausa. Si la Audiencia de Sevilla decidiera finalmente que el procedimiento por el que se daban las ayudas es legal, sí que podría suceder esa cascada de archivos que apunta la magistrada.

Alaya calienta la declaración de Chaves en el Supremo

Jorge Muñoz | 13 de abril de 2015 a las 7:00

La juez Mercedes Alaya

La juez incansable vuelve a hacerlo. A Alaya no le gusta pasar desapercibida ante una investigación en la que ha puesto tanta dedicación y empeño, y en la que ha sacrificado tantas horas de estudio. Y si de paso puede influir en la instrucción que está llevando a cabo el Tribunal Supremo sobre cinco aforados, pues mejor. Y qué mejor manera que reafirmar con rotundidad sus argumentos que mediante un nuevo auto, el órgano de expresión del Alayismo. En este caso, la resolución fue dictada el pasado 8 de abril, la víspera de la declaración del ex presidente de la Junta José Antonio Griñán ante el Tribunal Supremo. Aunque tiene esa fecha, el auto ha trascendido con posterioridad a la declaración de Griñán pero tan sólo dos días antes de que otro ex presidente, Manuel Chaves, haga su paseíllo por la sede judicial de Marqués de la Ensenada en medio de otra nube de cámaras y periodistas.

¿Y cuál es la novedad de la nueva resolución? La principal novedad es que Alaya extiende las irregularidades del caso de los ERE fraudulentos a la práctica totalidad de las Consejerías del Gobierno de la Junta, al afirmar que hay “múltiples empresas públicas” de la Junta que también usaron de forma “ilícita” -según las conclusiones de la juez- las transferencias de financiación, lo que le lleva a determinar que no sólo las consejerías a las que estaban adscritas estas empresas públicas sino todo el “Gobierno de la Junta” estaba al corriente del fraude, porque “conocía expresamente” ese uso ilícito a través de las distintas memorias elaboradas por la Intervención General de la Junta.

El ex presidente Griñán afirmó en su declaración ante el magistrado Alberto Jorge Barreiro, el instructor del Supremo, que no recibió los informes de la Intervención alertando de las irregularidades pero sí admitió que le llegaban las memorias anuales de la Intervención, que incluían esas observaciones, y alegó en su defensa que su departamento actuó, mejorando los controles de las ayudas.

Supremo

El nuevo auto de Alaya viene a corroborar todas las acusaciones que en los últimos años ha ido acumulando la instructora y que ha reflejado en las exposiciones razonadas remitidas al Supremo y al TSJA, en las que ha implicado a todo el Consejo de Gobierno de la Junta en el conocimiento de las irregularidades, haciéndolos partícipes del fraude y del menoscabo de los fondos públicos administrados por la Junta.

Con independencia de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil haya informado al magistrado del Supremo que no ha hallado documentos firmados por los ex consejeros de la Presidencia Gaspar Zarrías y María del Mar Moreno, Alaya con este auto sigue atribuyéndoles fuertes indicios sobre su intervención en los hechos, sobre todo, al primero, dado que del estudio de las actas de las reuniones de la Comisión General de Viceconsejeros, los denominados “Consejillos”, la juez sostiene que eran conocedores de los “generalizados incumplimientos” en torno a las transferencias de financiación por numerosas empresas públicas de la Junta, no sólo por el IFA/Idea que se encargaba del pago de las ayudas vinculadas a los ERE.

A pesar de que no haya documentos firmados por Zarrías, Alaya detalla en el nuevo auto que a los consejillos llegó en varias ocasiones un proyecto de decreto, elevado en diciembre de 2000 por el entonces viceconsejero de Empleo Antonio Fernández, para tratar de regular el marco legal del pago de las ayudas sociolaborales, pero la Comisión “guardó en un cajón” ese proyecto y, en su lugar, se firmó el acuerdo marco de julio de 2001, que significó el “pistoletazo de salida a la firma de múltiples convenios particulares entre la Consejería de Empleo, que concedería las ayudas o subvenciones a través de la dirección general de Trabajo, y el IFA, a quien se le encargaría el pago de las ayudas”.

Además, Alaya señala que en los Consejillos se conocía la polémica partida presupuestaria 31L, conocida como el fondo de reptiles, porque en dicha comisión se estudió la misma en los anteproyectos de ley de Presupuestos de los años 2002 a 2009, y del análisis de las actas de las reuniones se deduce la “inclusión de nuevas medidas de control”, lo que lleva a la juez a considerar que los miembros de la Comisión “serían conscientes de los reparos y advertencias que la Intervención venía detectando en relación al uso que las empresas públicas hacían de las transferencias de financiación que recibían de las distintas consejerías y su incidencia sobre el presupuesto de la Junta”, pero a pesar de esas ampliaciones de los mecanismos de control a propuesta de la Intervención, “se seguiría haciendo caso omiso a los informes de Cumplimiento que la misma elaboraba”.

Los titulares de las consejerías a las que estaban adscritas esas empresas públicas y el “Gobierno de la Junta”, prosigue Alaya, conocía expresamente el uso ilícito de las transferencias a través de las memorias de la Intervención, al adoptar los acuerdos sobre Control Financiero Permanente.

La conclusión final de Alaya es demoledora: los titulares de esas Consejerías y el propio Gobierno de la Junta “menospreciaron” el contenido de los informes de la Intervención General de la Junta, “pues dicho órgano de control era desoído ejercicio tras ejercicio”.

Este auto de Alaya calienta aún más la comparecencia del ex presidente de la Junta Manuel Chaves, que está citado mañana a declarar como imputado ante el Tribunal Supremo, después de que Griñán admitiera que hubo “un gran fraude y algunos controles pudieron fallar”, aunque rechazara en rotundo la existencia de un gran plan detrás del caso de los ERE. Alaya trata de acorralar con sus resoluciones a los ex presidentes, a los que en su día preimputó en el escándalo. Sólo queda por saber si el instructor del Supremo tendrá en cuenta la nueva argumentación de Alaya.

 

El Supremo espera

Jorge Muñoz | 6 de julio de 2014 a las 5:00

La juez Mercedes Alaya

La juez Mercedes Alaya

El debate sobre la posible inhibición del caso de los ERE fraudulentos se planteó hace exactamente un año, cuando el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez Martínez prestó declaración ante la juez Mercedes Alaya y aportó una serie de indicios para una posible imputación en la causa del entonces presidente de la Junta José Antonio Griñán. Fueron muchos, incluido el propio PSOE, quienes en ese momento se alzaron pidiendo la elevación del caso al Tribunal Supremo para evitar lo que consideraban un juicio “político”, aunque más bien esa petición enmascaraba el deseo de arrebatar la investigación a una juez que llevaba tiempo torpedeando a la Junta con la imputación de numerosos altos cargos de la Administración andaluza y su personalísima manera de instruir.
La petición de inhibición se hizo más fuerte tras la imputación de la ex consejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez junto a una veintena de altos cargos, en un auto que la instructora dictó el 28 de junio del pasado año.
Alaya dejó entonces pasar el verano y a la vuelta de las vacaciones lanzó otro certero misil, en forma de auto.

Los indicios contra Griñán no se transformaron en el polémico auto de la preimputación del propio Griñán y de su antecesor Manuel Chaves hasta el 10 de septiembre del año pasado, cuando la instructora dinamitó el acto de toma de posesión del nuevo Gobierno de Susana Díaz al hacer pública la preimputación de ambos junto a otros cinco ex consejeros.
Septiembre es un mes clave del año. No es sólo el mes que supone la vuelta a la normalidad familiar, con la reanudación de la actividad docente, sino que marca el retorno de la actividad en todos los sectores, como el político y el judicial, que acoge el acto de inauguración oficial del año judicial.
Dicen que la juez Alaya lleva varias semanas -quizás meses- preparando ese nuevo y definitivo auto que muchos esperan desde hace largo tiempo. Se trata de la resolución que pondrá fin, por el momento, a la instrucción del caso de los ERE por parte del juzgado sevillano. Alaya se inhibirá con esta resolución al Tribunal Supremo, ante la aparición de indicios contra personas que gozan del privilegio del aforamiento, entre las que se encuentran los denominados preimputados.
La magistrada se ha dejado ver muy poco en las últimas semanas por su juzgado, lo que ha alimentado las expectativas de que a lo largo de este mes y antes de las vacaciones ese auto pueda ver la luz. Sin embargo, hay varios elementos que apuntan a que la instructora puede aplazar hasta la vuelta de las vacaciones la ansiada elevación al Alto Tribunal. Para empezar, ese auto-resumen de más de tres años de instrucción resulta especialmente complejo por el nivel de minuciosidad y detalle que la magistrada debe hacer en el mismo una exposición razonada de los indicios que hay contra todas las personas aforadas –inicialmente los dos ex presidentes y otros cinco ex consejeros de la Junta– y de la necesidad de que sean los magistrados del Alto Tribunal los que lleven a cabo la instrucción en relación con estas personas.
En teoría, Alaya podría tener tiempo para acabar de elaborar el auto antes de que acabe este mes de julio, de no ser porque no puede dedicarse en exclusiva a su elaboración. Además de resolver los numerosísimos recursos que una macrocausa con 199 imputados genera, la instructora ha establecido un nuevo calendario de declaraciones de 16 nuevos imputados, que han sido citados a declarar entre el 14 y el 18 de julio próximos. Lo lógico sería que Alaya esperara a completar esas declaraciones –si es que alguien declara, puesto que hace tiempo que asistimos a una particular ley del silencio de los implicados– antes de remitir la causa al Supremo, pero en ese caso nos situaríamos en las últimas semanas de julio.
Remitir al Supremo el caso a finales de este mes, con las vacaciones a la vuelta de la esquina, podría resultar precipitado, puesto que el instructor al que corresponda tendría poco tiempo para examinar las actuaciones, lo que podría motivar una devolución a la instructora en caso de encontrar algún motivo para ello.
Además Alaya no tendría por qué acelerar la decisión, cuando ya ha rechazado recientemente la petición de la Fiscalía Anticorrupción para que dividiese la causa en piezas y remitiera al Supremo la que afecta al “procedimiento específico” de concesión de las ayudas, donde se enmarcaría la participación de los aforados.
Alaya se va de vacaciones a principios de agosto y, aunque este año disfrutará de algunos días menos –por los que gastó con su reboda–, la juez podría incorporarse al juzgado la última semana de agosto. Tendría entonces tiempo suficiente para acabar de dar los últimos retoques al auto de inhibición, que estaría listo para hacerse público el día 1 de septiembre, lunes, coincidiendo con el retorno mayoritario al trabajo.
La instrucción quedaría desde ese momento a expensas de lo que decida el Alto Tribunal, si bien con el tiempo tendría que volver al juzgado de Alaya para que se complete, puesto que por ahora sólo se han investigado una veintena de los 400 expedientes de ayudas bajo sospecha.

Una salida para Alaya

Jorge Muñoz | 1 de abril de 2014 a las 5:00

La juez Mercedes AlayaLa Fiscalía Anticorrupción le ha dado una salida a la juez Alaya, la incansable, para que envíe al Tribunal Supremo la causa contra los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y contra los cinco ex consejeros a los que la instructora preimputó de forma tan extraña. Tan fácil, según el Ministerio Público, como dividir en tres grandes bloques: las piezas separadas de cada expediente de ayuda sociolaboral o de ayuda directa a empresa -salvo los casos en los que haya conexidad por identidad de los beneficiarios-; otra pieza separada por las sobrecomisiones pagadas de las pólizas de los ERE; y otra pieza relativa al denominado “procedimiento específico” de concesión de las ayudas, o lo que es lo mismo, el sistema que permitió el fraude durante una década -ya sea mediante los convenios individuales de Empleo y el IFA, el convenio marco de 2001, o la encomienda de gestión de 2010-.

Llevábamos muchos meses hablando de la inhibición al Tribunal Supremo y el debate jurídico estaba muy abierto. Había quienes opinaban que la juez tendría que remitir la totalidad de la causa al Alto Tribunal y otros que apostaban sólo por enviar la parte que afectaba a los aforados. Ahora parece que la Fiscalía Anticorrupción ha abierto el camino para que la juez acceda a inhibirse de parte de la causa.

Ha sido un camino tortuoso, que aún no ha acabado. Todo comenzó en agosto pasado, cuando la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, dictó un auto, en el que al resolver un recurso de una de las defensas, señalaba a la instructora que podía “apurar y depurar” la investigación antes de realizar la exposición razonada para elevar la causa al Tribunal Supremo.

Tras este auto, Alaya sorprendió a todo el mundo con el auto que dictó el 10 de septiembre de 2013, coincidiendo con la toma de posesión de Susana Díaz como presidenta de la Junta de Andalucía. Ese día, la juez Alaya acordó la preimputación de los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y de cinco ex consejeros, todos ellos aforados: José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo, Manuel Recio Menéndez, Francisco Vallejo Serrano y Antonio Ávila Cano.

A finales de octubre, Alaya afirmó que no habría inhibición al Tribunal Supremo de modo inmediato. La juez Mercedes Alaya aprovechó  el auto en el que volvía a citar a la ex consejera Magdalena Álvarez para el 7 de noviembre para contestar a las dudas planteadas por la Audiencia de Sevilla respecto a si la instrucción estaba finalizada y era hora de remitir al Alto Tribunal el procedimiento por la presencia de los aforados.

Alaya advertía en ese auto que la mayor parte de la causa “es inescindible” y precisaba que, aunque el final de la instrucción “no está lejos, más bien todo lo contrario”, todavía quedaba un “trecho de importancia capital, no por el tiempo que ha de invertirse” sino por los contenidos que tenían que incorporarse para completar la investigación y determinar el “grado de participación delictiva” que pudieran haber tenido los aforados, con la aportación en su caso de los “indicios o principios de prueba que lo fundamenten”. Con esta argumentación, Alaya pedía  “calma” para poder afrontar esta última etapa de trabajo y estudio, y para “encajar los cambios” que puedan producirse todavía en el desarrollo de la instrucción.

La magistrada aseguraba que para agotar la instrucción la Guardia Civil aún debe aportar los atestados de las ayudas de la Sierra Norte de Sevilla –con especial referencia a las otorgadas a los empresarios Enrique Rosendo y José María Sayago– y el atestado del IFA/IDEA y la Consejería de Innovación.  También aludía al informe realizado por los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado, que llegó en diciembre pasado y que avaló punto por punto cada uno de los argumentos y sospechas que la instructora había ido apuntando en los tres años de instrucción.

Cinco meses después de que Alaya negara que había llegado el momento de mandar el caso al Supremo, la Fiscalía y previamente la defensa del ex viceconsejero de la Presidencia Antonio Vicente Lozano le han pedido que envíe ya la causa al Alto Tribunal.

Pero ojo, que Alaya es muy libre de no hacer caso a la Fiscalía y mantener su competencia en la instrucción. De hecho, Alaya no suele hacer mucho caso a las peticiones de la Fiscalía y cuando lo hace, no suele decirlo…

Basta con que Alaya entienda que aún no ha recopilado los indicios suficientes contra los aforados para hacerlo, aunque por el tiempo transcurrido desde el inicio de la investigación, hace tres años, todo apunta a que esta vez sí que podíamos estar en el momento culminante de la instrucción de los ERE fraudulentos. Que sea el de la inhibición o no sólo Alaya lo sabe, aunque supongo que esta vez no tardará en dar una respuesta al escrito de la Fiscalía.