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Las cláusulas suelo… por los suelos

Jorge Muñoz | 15 de septiembre de 2017 a las 2:00

 

La verdad es que era una imagen que no había visto en los juzgados de Sevilla desde hace algún tiempo. Las pilas de documentos vuelven a amontonarse en los suelos de los juzgados, en este caso con ocasión de las demandas de reclamación por las cláusulas suelo de las hipotecas. ¡Cláusulas suelo por los suelos!, singular juego de palabras que tanto le gustan a mi compañero Francisco Correal. Pero no sólo es que las demandas se acumulen en el suelo, que ya de por sí es grave al mostrar una falta de medios evidentes, sino que estas imágenes muestran que los juzgados especializados han nacido ya colapsados. En Andalucía se especializaron ocho órganos judiciales para atender el previsible aluvión de reclamaciones tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea.

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Las demandas de cláusulas suelo, amontonadas en el juzgado especializado de Sevilla.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), artífice del plan de urgencia para combatir la avalancha de demandas, hizo público ayer un comunicado en el que informaba de que los juzgados especializados en España habían recibido 57.068 demandas entre el 1 de junio y el 8 de septiembre, es decir, en sólo dos meses dado que agosto es inhábil. El Consejo señalaba que “muchos” de esos juzgados ya han dictado sentencia y están celebrando vistas previas, añadiendo que en Madrid hay previstas 159 vistas para este mes.
El comunicado indicaba que el juzgado de Madrid, con 13.064 asuntos, es el que mayor demandas ha recibido, seguido de Barcelona, con 4.644, y Sevilla, con 2.946 reclamaciones –según los datos extraídos de Lexnet, si bien la estadística del decanato sitúan la cifra de demandas recibidas en 3.044–. Más de 3.000 en estos dos meses.
En Andalucía, a Sevilla, le sigue Málaga, con 2.177 demandas, Granada (1.580), Cádiz (1.440), Jaén (1.428), y Huelva (1.150), mientras que las provincias que han recibido menos asuntos de este tipo son Córdoba y Almería, con 940 y 787 demandas, respectivamente. El CGPJ no hace ninguna alusión al colapso de juzgados como el de Sevilla, que no sólo no ha celebrado aún ninguna vista previa –y parece que no comenzarán hasta finales de octubre o principios de noviembre–, sino que además no dispone aún de los medios necesarios para desarrollar el trabajo.

El máximo órgano de gobierno de los jueces señala que muchos de los juzgados especializados están “dictando ya sentencias, la mayoría por allanamiento de la parte demandada”, es decir, cuando la entidad bancaria acepta las pretensiones de los clientes, aunque en otros caso el juez ha entrado en el fondo del asunto al no producirse el acuerdo.
La presidenta del sector de Justicia del sindicato CSIF en Sevilla, Águila Fernández, recordó ayer que los medios con los que se ha dotado a este juzgado especializado son “insuficientes” y lamentó que el reparto de asuntos “no garantice que el ciudadano vaya a tener pronta respuesta a sus reclamaciones”.

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Otra imagen del juzgado sevillano.

El Consejo anuncia que en las próximas semanas mantendrá nuevas reuniones de coordinación con las administraciones –el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias de Justicia– para evaluar la marcha del plan y las posibles necesidades.

Esperemos que de esa reunión surja alguna medida para agilizar la tramitación de demandas en los juzgados que están colapsados, como el de Sevilla, que ya cuenta con dos jueces en prácticas pero cuya plantilla de funcionarios no está completa.

A ver si al final va a ocurrir como con el refuerzo de la Audiencia de Sevilla por los ERE, que en parte se ha hecho a costa de la pérdida de un juez que precisamente estaba reforzando los juzgados de lo Social y que solicitó esa vacante en la Audiencia.

Los jueces decano alertan del posible colapso de los juzgados de cláusulas suelo

Jorge Muñoz | 30 de mayo de 2017 a las 20:58

COMUNICADO DE LOS JUECES DECANOS DE ESPAÑA SOBRE LA ESPECIALIZACIÓN DE JUZGADOS PROVINCIALES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS SOBRE CLAUSULAS ABUSIVAS

Los 50 Jueces Decanos de España que suscribimos el presente comunicado, ante la próxima entrada en funcionamiento de Juzgados provinciales para el conocimiento de demandas sobre condiciones generales de la contratación (cláusulas abusivas) acordado por la Comisión permanente del CGPJ el pasado 25 de mayo de 2017 (BOE 27 de mayo), estimamos necesario realizar las siguientes consideraciones:

  • El día 21 de febrero de 2017 en reunión mantenida entre el CGPJ y una representación de los Jueces Decanos de diversas ciudades de España, el órgano de gobierno aseguró que no se aplicaría el “Plan de Urgencia” que implicaba la creación de dichos Juzgados provinciales especializados si no se disponía de medios humanos y materiales, lo que se reiteró en posterior acuerdo del Pleno de 23 de febrero de 2017 que se hizo público en todo los medios de comunicación.

 

  • A fecha de hoy, 30 de mayo de 2017, a tan sólo dos días de que comience el reparto a los nuevos Juzgados especializados de ámbito provincial, nos encontramos en muchas ciudades con que no se dispone de la dotación mínima necesaria para entren en funcionamiento, es decir, carecen de medios personales y materiales (letrados de la administración de Justicia, funcionarios, dependencias e instalaciones adecuadas, ordenadores, cuenta de consignaciones propia, etc…). Lógicamente, el desconcierto entre los jueces es absoluto.

 

  • En consecuencia el próximo jueves día 1 de junio de 2017 puede ocasionarse el colapso de dichos juzgados desde el mismo momento de su nacimiento, dada la situación caótica en que nos encontramos, ya que se repartirán a los mismos centenares de demandas de toda la provincia pero no podrán tramitarlas por falta de medios. Obviamente el resultado de todo ello es que la medida, en lugar de agilizar las demandas, va a ralentizarlas, con evidente perjuicio para el ciudadano.

 

  • La imprevisión y falta de coordinación –que ya viene siendo habitual- entre el CGPJ, el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas ha llevado a esta situación en muchas ciudades de España dejando abandonados a su suerte a los jueces afectados sin que nadie aporte soluciones efectivas a dos días de su entrada en funcionamiento.

 

  • Según se indica en el acuerdo de la Comisión Permanente del CGPJ del pasado día 25 de mayo de 2017, el próximo día 31 de mayo el CGPJ va a celebrar una reunión con las Comunidades Autónomas, es decir, tan sólo un día antes de que se ponga en marcha el aludido Juzgado bis de refuerzo, lo cual no deja de ser sorprendente.

 

  • La preocupación por este asunto en la judicatura es enorme, siendo su única inquietud dar un servicio adecuado, ágil y eficaz al ciudadano, tarea sencillamente imposible si no se dota a los jueces de los medios imprescindibles para el desempeño de sus funciones.

 

En consecuencia, y por todo el expuesto, los Jueces Decanos solicitamos:

 

  • Al CGPJ, que interese y reitere expresa y formalmente del Ministerio de Justicia y de las Comunidades Autónomas que cumplan su obligación de dotar de medios personales y materiales a dichos Juzgados provinciales.

 

  • A las Salas de Gobierno, que eleven consulta al CGPJ en el caso de que no se disponga de los medios personales y materiales suficientes para poner en marcha el Juzgado provincial de apoyo al Juzgado especializado el próximo jueves día 1 de junio, fecha en que comenzarán a presentarse ante los mismos las demandas sobre cláusulas abusivas, a fin de que indique, a la vista de su acuerdo de fecha 23 de febrero de 2017 y en coherencia con el mismo, si debe suspenderse el denominado “Plan de Urgencia” y el destino que debe darse a las demandas repartidas.

 

  • A los Jueces Decanos, que procedan a la convocatoria de Juntas de Jueces en aquellas sedes donde los Juzgados provinciales especializados carezcan de los medios necesarios para entrar en funcionamiento, o sean insuficientes, valorando la posibilidad de solicitar la convocatoria del Pleno de la Sala de Gobierno del TSJ correspondiente.

 

El Supremo rechaza revisar las sentencias firmes dictadas antes de la doctrina europea de las cláusulas suelo

Jorge Muñoz | 5 de abril de 2017 a las 12:38

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La Sala Primera del Tribunal Supremo, en un auto del que ha sido ponente el magistrado Rafael Sarazá Jimena, ha inadmitido a trámite una demanda que pretendía revisar la sentencia firme dictada por el Juzgado de 1a Instancia número 1 de Torremolinos (Málaga) en octubre de 2016, según ha informado hoy el Alto Tribunal.

Los demandantes alegaban que la sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de diciembre de 2016, sobre los efectos restitutorios de la nulidad de la «cláusula suelo», es un documento que debe permitir la revisión de la sentencia firme anterior en la que solo se condenó a la restitución de lo indebidamente pagado tras la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013.

No es la primera vez que se plantea la cuestión de los efectos que produce una sentencia del TJUE sobre las sentencias firmes anteriores de los tribunales nacionales, pero sí es la primera vez que se ha planteado con relación a los efectos restitutorios de la nulidad de una cláusula suelo.

El tribunal ha considerado que, de acuerdo con su jurisprudencia, no es posible obtener la revisión de una sentencia firme por el hecho de que una sentencia posterior establezca una jurisprudencia que sea incompatible con los argumentos que fundamentan el fallo de la sentencia anterior. Esa sentencia posterior no es un «documento» a efectos de lo previsto en la regulación de las demandas de revisión en la Ley de Enjuiciamiento Civil, precisa el fallo.

Por otro lado, nuestro ordenamiento jurídico preserva la firmeza de las sentencias frente a modificaciones posteriores de la jurisprudencia, adoptadas por propia iniciativa del Tribunal Supremo o impuestas por la doctrina sentada en las resoluciones del Tribunal Constitucional, y sólo permite, tras la reciente reforma de la Ley Orgánica 7/2015, la revisión de una sentencia civil firme en ciertos casos excepcionales cuando una sentencia del TEDH declare que dicha sentencia ha sido dictada en violación de alguno de los derechos reconocidos en el CEDH.

El tribunal ha aplicado la jurisprudencia del TJUE, que ha reconocido la importancia del principio de cosa juzgada tanto en el ordenamiento jurídico de la Unión como en los ordenamientos jurídicos nacionales, pues garantiza tanto la estabilidad del Derecho y de las relaciones jurídicas como la recta administración de la justicia. La aplicación de los principios de efectividad y equivalencia no determina en estos casos la revisión de las sentencias firmes por el hecho de que con posterioridad se haya dictado una sentencia por el TJUE que siente una doctrina incompatible con la de la sentencia firme del tribunal nacional.

El Supremo aplica la retroactividad total de las cláusulas suelo

Jorge Muñoz | 15 de febrero de 2017 a las 14:12

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El Tribunal Supremo adapta la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a las cláusulas suelo. El Pleno de la Sala Civil del Alto Tribunal, al resolver un recurso de casación del BBVA, ha adaptado la jurisprudencia de la sala sobre la retroactividad de la nulidad de las cláusulas suelo a la sentencia del TJUE de 21 de diciembre de 2016, según ha informado este miércoles el Alto Tribunal.

El Pleno ha decidido confirmar la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que acordaba la retroactividad total. Además, rechaza que concurra la “cosa juzgada” propuesta por el banco, primero porque “conforme a la jurisprudencia de la propia Sala Primera, del TC y del TJUE, por tratarse en este caso de una acción individual y no colectiva”. Segundo, porque la cláusula enjuiciada era diferente de las examinadas por la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013; y tercero porque la entidad de crédito contratante no fue en este caso el propio BBVA, sino por la entonces Caixa  d’Estalvis Comarcal de Manlleu.

Por último, el Supremo no ha considerado procedente plantear al TJUE la cuestiones prejudiciales que proponía el BBA. El texto íntegro de la sentencia se redactará en los próximos días.

El Supremo suspende los recursos de cláusulas suelo hasta conocer la opinión del Tribunal de Justicia de la UE sobre la retroactividad

Jorge Muñoz | 14 de abril de 2016 a las 10:37

clausula-sueloLa Sala I del Tribunal Supremo ha suspendido la tramitación de un recurso de una entidad bancaria en materia de cláusula suelo de una hipoteca hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie sobre los efectos de la declaración de nulidad de dichas cláusulas, en concreto sobre el alcance de la retroactividad de dicha nulidad.

El recurso suspendido fue interpuesto por Unicaja contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Jaén, de 10 de julio de 2014, que dio la razón a dos clientes anulando su cláusula suelo con la citada entidad, y condenando a ésta a devolver lo indebidamente cobrado sin tener como tope la fecha de mayo de 2013, señalada por el Tribunal Supremo en su sentencia sobre este asunto.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene fijada para el próximo 26 de abril la vista de una cuestión prejudicial planteada por un Juzgado de lo Mercantil de Granada para conocer si se ajusta a la normativa comunitaria moderar los efectos retroactivos de la nulidad de una cláusula suelo.

Los dos clientes de Unicaja a los que dio la razón la Audiencia de Jaén pidieron al Supremo que suspendiese el recurso de la entidad bancaria (cuya deliberación estaba fijada para el próximo 4 de mayo) hasta que se pronuncie sobre la retroactividad el Tribunal de Justicia de la UE. Tanto el banco como la Fiscalía se opusieron a dicha petición.

Sin embargo, el alto tribunal accede a la suspensión porque la cuestión jurídica planteada en el recurso interpuesto por Unicaja Banco S.A. está directamente relacionada con la cuestión prejudicial que debe resolver el alto tribunal europeo, “pues en el recurso se solicita la aplicación de la doctrina de esta Sala sobre efectos de la declaración de nulidad de la cláusula suelo, interpretación que está siendo cuestionada a la luz de la normativa comunitaria ante el TJUE”.

Además, el Supremo recuerda que contra la sentencia que debe dictar no cabe interponer recurso alguno en vía judicial, y subraya la cercanía de la fecha señalada para la vista ante el tribunal europeo y, consiguientemente, de la sentencia que haya de dictarse, por lo que la suspensión temporal del proceso no se prevé extensa, y no se causa un perjuicio relevante a las partes.

Las cláusulas suelo llegan al Tribunal de Justicia de la UE

Jorge Muñoz | 19 de mayo de 2015 a las 7:00

clausula-sueloDecenas de afectados por cláusulas suelo hipotecarias, que tienen demandas en tramitación ante Juzgados de lo Mercantil de diversas ciudades de Andalucía y Extremadura, han solicitado de los tribunales que eleven al Tribunal de Justicia de la Unión Europea la cuestión de si procede que se les devuelvan todas las cantidades cobradas de más por las entidades financieras (la llamada “retroactividad plena” del art. 1303 del Código Civil). Los más de setenta escritos presentados simultáneamente ante diversos tribunales suponen una iniciativa novedosa, en la que los afectados por malas prácticas bancarias solicitan directamente el amparo de los órganos de la Unión Europea para que les reconozca los derechos que el Tribunal Supremo español les niega, según ha informado el bufete de abogados Moreana.

La última sentencia del Tribunal Supremo sobre esta espinosa y controvertida cuestión (STS 139/2015 de 25 de marzo) interpretó la legislación aplicable en el sentido de que sólo procede condenar a las entidades financieras a la devolución de los cargos excesivos posteriores a 9 de mayo de 2013 (la llamada “retroactividad parcial”). Los consumidores afectados entienden que esa interpretación supone una merma sustancial de sus legítimos derechos conforme a la normativa europea. “La Directiva de Consumidores impone a los Estados que desarrollen la máxima diligencia para evitar el uso de cláusulas abusivas como las cláusulas suelo, y exige que esas cláusulas no vinculen en modo alguno a los consumidores. El Tribunal Supremo ha hecho un improcedente regalo a los bancos, a la vez que ha ignorado las exigencias de la Unión Europea. Por eso recurrimos al Tribunal de Justicia de la Unión, que es quien deberá decidir la cuestión de forma definitiva y que entendemos nos amparará plenamente”, afirman. La Sentencia 139/2015 supuso un duro mazazo a las expectativas de cientos de miles de consumidores que han demandado o se plantean demandar a las entidades financieras. “Para la hipoteca tipo, suscrita antes de la crisis inmobiliaria, la última sentencia del Supremo ha supuesto despojar de un plumazo a los consumidores afectados de aproximadamente dos tercios de sus expectativas de recobro económico”, afirma Carlos Fidalgo Gallardo, Socio Director de Moreana Abogados y Economistas, Profesor de la Universidad de Sevilla, y promotor de la cuestión prejudicial. “Eso supone, a nuestro juicio, una directa vulneración tanto del mismo Derecho español (en concreto del artículo 1.303 del Código Civil), como sobre todo de la normativa comunitaria, que debe aplicarse conforme a los principios de primacía y efecto directo”.

La Directiva de Consumidores estableció en su día los principios mínimos a que debían atenerse los Estados miembros de la Unión Europea para velar por que se evitase el uso por las grandes empresas de condiciones generales abusivas. España desarrolló sus compromisos derivados de esa directiva, entre otros, con el dictado de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación (Ley 7/1998) y de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios (hoy Real Decreto Legislativo 1/2007). El Tribunal Supremo, según la cuestión prejudicial planteada, estaría yendo en contra de ese marco legal, y por tanto consagrando, al menos parcialmente, unas situaciones de abuso que el mismo Tribunal Supremo ha condenado con extraordinaria rotundidad.

Según la normativa que regula el planteamiento de cuestiones prejudiciales (artículo 19.3 del Tratado de la Unión Europea y art. 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea), son los Juzgados que están tramitando los pleitos los que deben decidir ahora si elevan la cuestión a Luxemburgo. Cuál sea la decisión que adopten se sabrá en las próximas semanas.

La banca no devolverá todo lo cobrado por las cláusulas suelo

Jorge Muñoz | 17 de abril de 2015 a las 6:00

El Tribunal Supremo ha apelado al “trastorno económico” que supondría para la banca devolver todo lo cobrado de más por las cláusulas suelo de hipotecas declaradas abusivas y ha zanjado de forma definitiva la discrepancia entre los jueces sobre el asunto, al concluir que no restituirá aquellas anteriores al 9 de mayo de 2013. Ese día, el Supremo dictó una sentencia en la que declaraba nulas todas las cláusulas suelo que no cumplieran con los criterios de transparencia, incluso si el cliente se benefició “durante un tiempo” de caídas en el euríbor y declaraba la irretroactividad de su decisión.

Desde ese momento se han dictado muchas sentencias que han obligado a la devolución de las cuantías cobradas de más desde el inicio del contrato, al entender que el Supremo falló sobre una acción colectiva de cesación -lo que suponía eliminarla de las condiciones generales del contrato y no aplicarla en lo sucesivo-, y no se debían aplicar a casos individuales.

La parte dispositiva de la sentencia del Supremo es la siguiente:

1. Desestimar el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA “BBVA SA”, contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Álava (Sección Primera) el día 21 de noviembre de 2013, en el recurso de apelación 465/2013, interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil número Uno de Vitoria en los autos de juicio ordinario 8/2013.

2. Estimar el recurso de casación interpuesto por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA “BBVA SA”, contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Álava (Sección Primera) el día 21 de noviembre de 2013, en el recurso de apelación 465/2013, interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil número Uno de Vitoria en los autos de juicio ordinario 8/2013.

3. Estimar, asumiendo la instancia, el recurso de apelación interpuesto por BBVA SA contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia, declarando que los efectos de restitución derivados de la declaración de nulidad de la cláusula no se extienden a los pagos de intereses efectuados en aplicación de ella anteriores a la fecha de publicación de la sentencia de 9 de mayo de 2013.

4. Se fija como doctrina: “Que cuando en aplicación de la doctrina fijada en la sentencia de Pleno de 9 de mayo de 2013, ratificada por la de 16 de julio de 2014, Rc. 1217/2013 y la de 24 de marzo de 2015, Rc. 1765/2013 se declare abusiva y, por ende, nula la denominada cláusula suelo inserta en un contrato de préstamo con tipo de interés variable, procederá la restitución al prestatario de los intereses que hubiese pagado en aplicación de dicha cláusula a partir de la fecha de publicación de la sentencia de 9 de mayo de 2013″.

5. No se imponen a la parte recurrente las costas del recurso extraordinario de infracción procesal ni las del recurso de casación, con devolución del depósito para recurrir.

6. No ha lugar a hacer expresa condena en las costas de las instancias.