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Los jueces decano consideran un “absoluto fracaso” el plan de urgencia sobre las cláusulas suelo

Jorge Muñoz | 18 de octubre de 2017 a las 17:55

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Los jueces decano de España consideran un “completo y absoluto fracaso” el plan de urgencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para hacer frente al aluvión de demandas de cláusulas suelo, según han denunciado en las jornadas de jueces decano celebradas en Bilbao.

Estas son las conclusiones de las jornadas de jueces decanos de España celebradas esta semana en Bilbao:

1.- INDEPENDENCIA JUDICIAL.

  1. Elección y funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial.

Resulta ineludible reforzar la independencia del Poder Judicial mediante la reforma del mecanismo de elección de sus órganos de gobierno, por la apariencia de politización que tiene en la actualidad. Así, solicitamos que la elección de los vocales de procedencia judicial del CGPJ se realice por todos los Jueces y Magistrados de forma universal y directa, un juez un voto, de forma que todas las sensibilidades que concurren en la Carrera Judicial puedan tener presencia en el Consejo.

  1. Independencia económica del Poder Judicial.

Reclamamos la independencia económica del Poder Judicial, que no puede ni debe seguir condicionado por la mayor o menor generosidad de los poderes ejecutivos central o autonómicos, ya que estos pueden derivar en una sutil forma de condicionamiento de la eficacia judicial. El Poder Judicial es hoy económico-dependiente cuando al menos se le debería garantizar autonomía presupuestaria para decidir y dotar las medidas de apoyo, sustituciones y la política de creación de plazas judiciales, ya que el sistema actual en el que intervienen el Ministerio de Justicia, las Comunidades Autónomas, el CGPJ y las Salas de Gobierno carecen de instrumentos eficaces para exigir que las administraciones competentes cumplan sus obligaciones a la hora de poner a disposición de los juzgados y tribunales los medios materiales y humanos, ya que hoy por hoy carecen de capacidad para exigir el cumplimiento de dichas obligaciones y la actividad gubernativa queda en algo puramente testimonial, inoperante e inútil. De hecho se trata del único Poder del Estado que depende en todo de los demás para disponer de recursos y funcionar eficazmente, lo que implica que la Justicia será lo que los demás Poderes del Estado quieran que sea, según le proporcionen los medios necesarios o no.

  1. Recuperación de los derechos económicos y estatutarios perdidos por los jueces durante la crisis económica.

Los recortes que se han producido durante la crisis económica han mermado notablemente los derechos económicos y estatutarios de los jueces. Por tanto, una vez constatada la recuperación económica como un hecho indiscutible, según indica el Gobierno, entendemos que es el momento para que los jueces españoles, que han realizado un duro trabajo durante la crisis económica con importantes sacrificios económicos y estatutarios, recuperen los derechos perdidos como consecuencia de dichos recortes durante siete años. En todo caso, exigimos por elementales razones de absoluta independencia institucional, que las retribuciones de los jueces deben pasar a depender del CGPJ y no del Ministerio de Justicia.

Es necesario poner fin a la situación de agravio comparativo que afecta a los jueces respecto del resto del sector público en materia de recuperación de permisos y vacaciones. En este sentido pedimos que se modifique la LOPJ a fin de introducir una cláusula para aplicar de forma automática a los jueces aquellas reformas que mejoren los derechos del resto de servidores públicos, como ya ocurre en materia de igualdad.

En concreto, y con relación a los Jueces de Instrucción, es necesario revisar la retribución del servicio de guardia y compensar los festivos en que se presta este servicio con los correspondientes días libres, garantizando así el debido derecho al descanso y equiparando el estatuto personal del juez al de los funcionarios de la administración de Justicia que ya lo tienen reconocido.

  1. La gestión imposible de la administración de Justicia.

1. La gestión gubernativa de los Juzgados y Tribunales debe, ante todo, facilitar la actividad jurisdiccional, sin que en ningún caso pueda suponer injerencia en materias que por ley competen con carácter exclusivo a los jueces y magistrados.

2. Los jueces decanos demandamos una actuación responsable y meditada de los órganos de gobierno en el ejercicio de las competencias que la LOPJ atribuye al Consejo General del Poder Judicial, a los Presidentes y Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia.

3. Las decisiones tomadas por estos órganos de gobierno del Poder Judicial en relación a la especialización de ámbito provincial de un único órgano para el conocimiento exclusivo de determinadas demandas, los planes anuales de sustitución de jueces y magistrados y las sustituciones externas están suponiendo una grave perturbación para el correcto desarrollo de la actividad de juzgados y tribunales.

4. La intervención concurrente del Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas exige el cumplimiento leal de sus respectivas competencias y que las administraciones prestacionales suministren cuantos medios personales y materiales les sean solicitados para el ejercicio de la actividad jurisdiccional lo que, por desgracia, es poco habitual.

2.- CARGAS DE TRABAJO Y ESTATUTO JUDICIAL.

  1. Adecuación de la Planta Judicial.

Es imprescindible incrementar el número jueces y elaborar un programa de ampliación de la planta judicial a medio y largo plazo, que aspire a situar la ratio de jueces en España en términos ajustados a los países de nuestro entorno para garantizar un servicio de calidad. Como ha señalado el CEPEJ en un reciente informe, España tiene la mitad de jueces que la media europea. En efecto: hoy somos 5.692 jueces y juezas en España (12’2 jueces por cada 100.000 habitantes; no se computan los jueces de paz, porque prácticamente no tienen funciones jurisdiccionales, sin pertenecer a la carrera judicial) y para alcanzar la ratio europea de 21 jueces por 100.000 habitantes deberíamos contar con al menos 9.600 jueces. Pero antes debemos diseñar el nuevo modelo judicial y determinar qué tipo de organización judicial queremos. La planta judicial es un tema pendiente de resolver desde hace años. Además del número de jueces que hacen falta también hay de determinar en qué lugares son necesarios.

  1. Planes anuales de sustitución.

La regulación sobre sustituciones contenida en los artículos 210 y siguientes de la LOPJ comporta una vulneración del principio de especialidad en la medida en que prevé la posibilidad de que los jueces atiendan órganos de distinto orden jurisdiccional. Así mismo, implica un esfuerzo adicional e incluso agotamiento al tener que compatibilizar el propio juzgado y la sustitución en otro órgano.

Los planes de sustitución están provocando, además, un retraso notable en los procedimientos de las jurisdicciones especialmente sobrecargadas.

Ante la necesidad de acudir a las sustituciones la regla a aplicar no puede ser que las realicen jueces/zas no voluntarios que ya superen la carga de trabajo exigible por el CGPJ. Y como quiera que la indicada reforma propuso que “la actuación de jueces sustitutos y magistrados suplentes sea excepcional”, su plena aplicación debe quedar supeditada a la convocatoria urgente de oposiciones con carácter anual que remedie la situación de colapso de la Justicia, y como consecuencia, de riesgo muy grave o grave para la salud de un porcentaje alto de jueces/zas. La solución al problema pasa por la adecuación de la planta judicial a los estándares europeos. La llamada a la sustitución externa constituye un remedio a la actual situación.

Instamos al CGPJ a dejar sin efecto la decisión de impedir que los sustitutos externos ya nombrados puedan entrar en el turno de sustituciones internas, tal y como se está llevando a cabo en los períodos vacacionales.

  1. Medidas ante el incumplimiento de la fijación de las cargas de trabajo.

1. El Consejo General del Poder Judicial tiene la obligación de fijar las cargas de trabajo de los jueces y juezas de conformidad con el art. 560.1.21 LOPJ, con los arts. 7 y siguientes de la Ley 15/2003, de 26 de mayo, y con el Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la Carrera Judicial.

2. A pesar de ello, nuestro órgano de gobierno viene incumpliendo sistemáticamente dicha obligación, habiendo iniciado los trabajos en todos los ámbitos (carga de entrada, de salida -a efectos retributivos y a efectos disciplinarios- y a efectos de salud) pero sin resultados definitivos, desconociendo el estado de dichos trabajos en la actualidad.

3. En particular, es llamativa la resistencia del CGPJ en fijar las cargas de trabajo a efectos de salud, entendiendo que se trata de una cuestión esencial para la carrera definir la carga que, con carácter orientativo, debe soportar un juez como máximo para no ver comprometida su salud, y esto con prioridad a la fijación de cualquier otra carga, porque es la que debe servir de base al resto y condicionarlas. La salud es lo primero.

4. El incumplimiento de su obligación por parte del CGPJ hace que el sistema descanse exclusivamente en el voluntarismo o heroicidad de los jueces, que ponen así en riesgo su salud tratando de abarcar la totalidad de asuntos que entran, y debido a la resistencia a crear plazas judiciales o incrementar la planta judicial.

5.- En consecuencia, y como ya hicimos el año pasado, pedimos al CGPJ que fije de una vez nuestras cargas de trabajo, en particular a efectos de salud, siguiendo la propuesta elaborada por los representantes de las cuatro asociaciones judiciales en la Comisión Nacional de Seguridad y Salud, de fecha 20 de abril de 2016, conforme a la cual se planteaba: “fijar, con carácter provisional, como carga de trabajo de la que eventualmente pudiera derivarse un riesgo para los integrantes de la carrera judicial, una horquilla entre el 90% y el 100% del tiempo de dedicación (módulo de salida) del sistema provisional de medición de la función jurisdiccional aprobado por el CGPJ en el año 2010”, que parte de los módulos anulados del año 2006 pero que se sigue utilizando para la inspección de los Tribunales.

6. En ningún caso puede hacerse recaer en los integrantes de la carrera judicial la inoperatividad del CGPJ en la determinación de las cargas de trabajo.

7. Los jueces decanos estamos dispuestos a colaborar en todo lo que sea necesario para la fijación de dichas cargas de trabajo.

3.- MODERNIZACIÓN Y EXPEDIENTE DIGITAL.-

  1. El fiasco del papel cero y el abandono del Juez.

Los jueces decanos apoyamos la modernización de la Administración de justicia mediante la implantación y desarrollo de sistemas informáticos de calidad que mejoren las condiciones laborales de los Magistrados y la agilización de las causas. El cambio debe realizarse de manera paulatina respetando los tiempos de adaptación a un nuevo sistema y facilitando la imprescindible formación de todos los intervinientes, incorporando al mismo tiempo las sugerencias que formulen los miembros del poder judicial para mejorar el sistema y para que la herramienta sea útil. Será necesario simultanear el papel con el expediente digital cuando sea preciso; lo importante es que la transición se haga bien, de forma que no se produzcan disfunciones que hagan cuestionar la implantación de esta herramienta, muy desigual en su implantación en todo el territorio nacional. El expediente judicial electrónico no puede suponer para el juez más tiempo de trabajo del que comportaba el expediente en papel.

  1. Una nueva perspectiva de los tribunales de instancia.

Los jueces decanos apostamos por la sustitución del Partido Judicial por el Tribunal o Tribunales de Instancia como nuevo modelo de distribución territorial de los órganos judiciales de instancia, que merece una favorable acogida en cuanto motor de la creación de nuevas plazas judiciales posibilitando que la planta judicial española se acerque a la media europea de jueces por habitante y la distribución más equitativa de las cargas de trabajo.

Este modelo de organización territorial de la justicia de instancia debe, en todo caso, asegurar el respeto a la titularidad de las plazas judiciales actualmente existentes en cada uno de los órdenes jurisdiccionales, un reparto de asuntos entre todos sus integrantes basado en criterios objetivos y no de oportunidad, con carga de trabajo predefinida y que la designación de su presidente o decano se realice, como hasta ahora se ha venido efectuando en los órganos judiciales de instancia, por todos los jueces y magistrados que lo integren.

4.- LA JUSTICIA ANTE LA SOCIEDAD.-

  1. Últimas actuaciones del Consejo General del Poder Judicial en relación con la inamovilidad del Juez.

Entendemos que el celo del CGPJ por tener previstos todos los aspectos de la legislación orgánica, sobre todo en lo que viene a generar un esfuerzo adicional para los jueces y magistrados que, con escasos medios, afrontamos día a día la ardua tarea de ejercer la jurisdicción, no se corresponde ni con el principio de especialización de jurisdicciones, ni con el que muestra hacia el cumplimiento de la obligación de fijar cargas máximas de trabajo a efectos de salud laboral, o hacia la exigencia a los restantes poderes públicos para dar cumplimiento a las previsiones de la Ley de Retribuciones sobre la constitución de la mesa de revisión de las mismas que debió haberse convocado hace casi diez años.

En el mismo sentido, la pretensión de adscribir a los jueces/zas de Menores, de Vigilancia Penitenciaria o Social a otros órganos (Acuerdo de la CP del CGPJ de 23 de marzo de 2017), como a los alumnos de la 67 promoción de la Escuela Judicial para asumir funciones de sustitución o refuerzo en los Juzgados Bis (Acuerdo del CGPJ de 25 de mayo de 2017), muestran la actitud del referido CGPJ que lejos de atender el problema estructural de la falta de jueces/zas, busca soluciones parciales e insuficientes, con afectación en la salud laboral de aquellos.

5.- OTRAS PROPUESTAS DE LOS JUECES DECANOS.

  1. Registro Civil.

PROPUESTA SOBRE EL RÉGIMEN TRANSITORIO DE LOS ENCARGADOS DE REGISTROS CIVILES EXCLUSIVOS

1. Debe considerarse acertado el plan avanzado por el Ministerio a principios de este año para reformar la LRC 2011 y que el Registro Civil permanezca dentro de la Administración de Justicia. Esta es la solución que se acomoda a la tradición jurídica española, la que mejor garantiza los derechos de los ciudadanos y la que resulta más fácil de poner en marcha desde el punto de vista legislativo, económico y organizativo.

2. Ahora bien, si los jueces no ostentáramos competencia alguna en esta materia tal como prevé el referido plan del Ministerio, el Registro Civil no debería permanecer dentro de la Administración de Justicia. Esta tiene carácter finalista tal como está diseñada constitucionalmente, es decir, está al servicio del Poder Judicial y de las funciones, jurisdiccionales o no, que corresponden a jueces y magistrados. Si el propósito es eliminar del Registro Civil a los jueces, lo coherente sería aplicar el modelo que prevé la LRC 2011, administrativizando el Registro Civil. La desjudicialización no es quitar al juez para poner al LAJ. La verdadera desjudicialización supondría extraer el Registro Civil de la Administración de Justicia.

3. No obstante, en caso de que finalmente el plan del Ministerio se llevara a efecto, debería articularse un régimen transitorio que garantice y sea respetuoso con los derechos profesionales de los actuales encargados de los registros civiles exclusivos. Para ello debería mantenerse la situación actual del Registro Civil hasta la plena efectividad de la LRC 2011 en todo el territorio nacional. A partir de ese momento debería permitirse que los encargados de registros civiles exclusivos se mantuvieran, en situación de servicios especiales, y con pleno respeto de sus derechos económicos actuales, al frente de las nuevas oficinas del Registro Civil hasta un máximo de siete años. Transcurrido dicho plazo quedarían adscritos al presidente del Tribunal Superior de Justicia respectivo y serían destinados a la primera vacante que se produzca en un juzgado de primera instancia de su localidad. Todo ello sin perjuicio del derecho de los magistrados afectados para participar en los concursos ordinarios de traslado que se convoquen con arreglo a su escalafón.

  1. Adscripciones forzosas.

En relación con las adscripciones forzosas que se están produciendo y/o valorando respecto de los jueces de Menores, los jueces decanos quieren hacer constar que tales medidas, además de conculcar todas las normas internacionales asumidas por España sobre la especialización de la jurisdicción y de todos sus intervinientes y el trato profesionalizado del interés del menor –interés prioritario-, han sido acordadas con un total desconocimiento de la regulación que al respecto establece el artículo 216 bis de la LOPJ, esto es, órgano de gobierno que debe proponerla (Presidente de los TSJ y no CGPJ) e indeterminación de las cargas de trabajo, tanto del juez llamado a la adscripción como de los jueces reforzados, llegando incluso a acordarse alguna adscripción respecto de órganos que no cumplen el módulo de entrada. Esto supone un riesgo evidente de que todos los jueces podamos ser llamados con criterios indeterminados, coyunturales y no estrictamente judiciales a reforzar otros juzgados. Además, debería valorarse el impacto que esta medida puede tener en derechos básicos como el del juez ordinario predeterminado por la ley.

En lugar de promocionar la existencia de una jurisdicción especializada y de unos jueces especialistas que son referente internacional y que tantos buenos resultados ha producido, están promoviendo el abandono de la jurisdicción y el desconocimiento de los derechos profesionales de los jueces afectados.

  1. Prevención y edificios judiciales.-

Los jueces decanos tenemos la obligación de denunciar el reiterado incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, debido al estado, en muchos casos, de abandono de los edificios judiciales, siendo alarmante las recientes consecuencias que ello ha tenido, por ejemplo, en la Ciudad de la Justicia de Valencia así como en la Comunidad de Madrid, debido a los graves incendios sufridos y otras incidencias.

La ausencia o deficiencia del mantenimiento de muchos edificios judiciales, donde ni tan siquiera funcionan los servicios de detección de incendios careciendo algunos de ellos incluso de salidas de emergencia, y las insuficiencias apreciadas en la seguridad de las sedes por recortes de personal, deficiencias de medios para un adecuado control de accesos, sistemas de seguridad obsoletos o inexistentes, avoca a un riesgo inadmisible.

Se hace urgente y necesario la elaboración o, en su caso, actualización inmediata, en cada sede judicial, de los Planes de Prevención de Riesgos Laborales, Evaluación de Riesgos de Seguridad y Salud, con inclusión de Planes de Evacuación, dotación de equipos de trabajo y medios de protección (desfibriladores, botiquines, realización de simulacros de evacuación…), formación e información, con determinación de recursos preventivos en las sedes judiciales.

Consideramos necesario una actuación más activa del CGPJ, Ministerio de Justicia y Comunidades Autónomas en cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, debiéndose instar también a la Inspección de Trabajo para que realicen visitas de inspección a las diversas sedes en las que se aprecien deficiencias, a los efectos legales oportunos.

d) Creación de Juzgados.- Sin perjuicio de que la recientemente publicada creación de 93 juzgados merece una valoración positiva, sigue siendo manifiestamente insuficiente ya que son muchas más las plazas judiciales que deben crearse en toda España. Por otro lado, como ya se ha indicado, continuamos muy lejos de la ratio europea de jueces por habitante, por lo que es necesario convocar al menos 250 plazas anuales durante 4 años.

e) El diagnóstico de la Justicia ya está hecho.- Invariablemente durante los últimos años los jueces decanos venimos exponiendo lo que a nuestro juicio debería ser la hoja de ruta para una Justicia más ágil y eficaz, y a tal fin hemos realizado numerosas propuestas en materia de organización, medidas legislativas, medios personales y materiales y lucha contra la corrupción, entre otras. En particular deben reiterarse todas y cada una de las propuestas de las Jornadas de Valencia, Vigo y Málaga (2014-2016) que están plenamente vigentes dado que no han sido hasta la fecha atendidas.

f) Ratificación de las reivindicaciones de las asociaciones.- Los jueces decanos nos adherimos a las reivindicaciones que se contienen en el comunicado suscrito por todas las asociaciones de fecha 16 de junio de 2017 y que han sido asumidas mayoritariamente por las Juntas de Jueces celebradas en todo el territorio nacional, incluidas las medidas de presión que en el mismo se contienen.

CONCLUSIONES SOBRE LA ESPECIALIZACIÓN DE ÓRGANOS JUDICIALES, REALIZADA POR EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, EN MATERIA DE ACCIONES INDIVIDUALES SOBRE CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN (CLÁUSULAS SUELO)

Los Jueces Decanos de España quieren dejar constancia, a día de hoy, 18 de octubre de 2017, que las medidas de refuerzo, consistentes en la especialización de Juzgados para el conocimiento de acciones individuales sobre Condiciones Generales de Contratación, está resultando un “completo y absoluto fracaso”.

Tal y como se advirtió por los propios Jueces Decanos, desde un inicio, y se insistió en todo tipo de reuniones e informes elaborados al respecto, la entrada de asuntos de ese tipo, desde el 1 de junio de 2017, ha desbordado todas las previsiones realizadas por el Consejo General del Poder Judicial. Hasta el punto de que la inmensa mayoría de Juzgados especializados en toda España, están ya saturados de asuntos, con números imposibles de ser manejados por los compañeros que prestan su servicio en dichos órganos, y por las oficinas judiciales. Y la previsión de entrada de asuntos se mantiene al alza, sin que se observe ningún indicio de que decrezca, o de que se atisbe su final. En este sentido, se ofrecen los siguientes datos (del 1 de junio de 2017 hasta la fecha, cuatro meses y medio, contando agosto):

.- Madrid 22.234 asuntos (2 jueces en prácticas, un JAT, y un 25% del Juez Titular; 10 funcionarios; 2 LAJ)

.- Barcelona 8.727 (2 jueces en prácticas y un 10% del Juez Titular; 4 funcionarios; y un LAJ en comisión de servicio sin relevación de funciones).

.- Valencia 4.257 asuntos (3 jueces en prácticas; y 7 funcionarios; y un LAJ).

.- Málaga 3.888 asuntos (1 juez en prácticas y un JAT, 4 funcionarios; un LAJ).

.- Sevilla 5.173 asuntos (2 jueces en prácticas; 5 funcionarios; y un LAJ en comisión de servicio sin relevación de funciones)

.- Zaragoza 2.901 (1 juez en prácticas; 5 funcionarios y un LAJ en comisión de servicio sin relevación de funciones).

.- Palma asuntos (1 juez en prácticas; un LAJ en comisión de servicio sin relevación de funciones; y 3 funcionarios)

.- Vitoria 572 asuntos (1 juez en prácticas; un LAJ en comisión de servicio sin relevación de funciones; y 2 funcionarios)

.- Alicante 2.524 asuntos (1 juez en prácticas; un LAJ en comisión de servicio sin relevación de funciones; y 5 funcionarios).

.- Vigo 1.972 asuntos, dictadas 60 sentencias (1 juez en prácticas; el LAJ del Juzgado; y 3 funcionarios).

.- A Coruña 1.763 asuntos, 30 sentencias dictadas (1 juez en prácticas; un LAJ en comisión de servicio sin relevación de funciones; y 3 funcionarios).

.- Bilbao 3.062 asuntos (3 jueces en prácticas; el LAJ del Juzgado; y 4 funcionarios).

.- Santander 1.275 asuntos (1 juez en prácticas; el LAJ del Juzgado; y 5 funcionarios). En el mismo periodo, en los otros nueve Juzgados de Primera Instancia se han ingresado un total de 1.056 asuntos.

.- Pamplona 1.351 asuntos (1 juez en prácticas; un LAJ en comisión de servicio sin relevación de funciones; y 6 funcionarios).

.- Palma 1.757 asuntos, sólo se han admitido 984, con una bolsa de 773 asuntos sin incoar (1 juez en prácticas; un LAJ en comisión de servicio sin relevación de funciones; y 3 funcionarios).

.- Valladolid 2.200 asuntos (1 juez en prácticas; un LAJ en comisión de servicio sin relevación de funciones; y 5 funcionarios, que trabajan una hora al día cada uno de ellos).

.- Jaén 2.100 asuntos (1 juez en prácticas; un LAJ en comisión de servicio sin relevación de funciones; y 4 funcionarios).

.- Las Palmas 2.922 asuntos (1 juez en prácticas; el LAJ del Juzgado con ampliación de jornada; y 7 funcionarios).

.- León 1.808 asuntos (1 juez en prácticas; el LAJ del Juzgado con ampliación de jornada; y 2 funcionarios. Hay oficina judicial con SCOP).

.- Cáceres 1.510 asuntos (1 juez en prácticas; un LAJ en comisión de servicio sin relevación de funciones; y 2 funcionarios).

.- Mérida 1.800 asuntos (1 juez en prácticas; un LAJ en comisión de servicio sin relevación de funciones; y 2 funcionarios).

.- Soria 170 asuntos, sin ninguna medida de refuerzo. El Juez Titular había ingresado en 2016 un total de 67 procedimientos ordinarios.

.- Oviedo 1.879 asuntos, más 95 ejecuciones (1 JAT; un LAJ en comisión de servicio sin relevación de funciones; y 3 funcionarios).

.- Córdoba 1.717 asuntos (1 JAT; un LAJ en comisión de servicio sin relevación de funciones; y 3 funcionarios).

.- Huelva 1.845 (1 JAT; un LAJ en comisión de servicio sin relevación de funciones; y 2 funcionarios).

.- Tenerife 1.986 asuntos (1 Juez sustituto; un LAJ en comisión de servicio sin relevación de funciones; y 7 funcionarios). 30 asuntos ya resueltos por sentencia.

.- Castellón 627 asuntos. Refuerzos implementados el 1 de octubre de 2017, (1 juez en prácticas; el LAJ del Juzgado; y 2 funcionarios).

.- Logroño 746 asuntos (el Juez Titular en comisión de servicios in relevación de funciones; un LAJ en comisión de servicio sin relevación de funciones; y 2 funcionarios).

.- Granada 2.541 asuntos (1 juez en prácticas; un LAJ en comisión de servicio sin relevación de funciones; y 5 funcionarios).

.- Cádiz 2.433 asuntos (1 juez en prácticas; un LAJ en comisión de servicio sin relevación de funciones; y 4 funcionarios)

.- Burgos 669 asuntos (1 juez en prácticas; 2 LAJ con prolongación de jornada, con dedicación de aproximadamente media hora al día; y 2 funcionarios con dedicación de aproximadamente media hora al día. Existe Oficina Judicial con Servicio Común que absorbe todo).

.- Ourense 402 asuntos (1 juez en prácticas; sin funcionaros y sin LAJ).

.- Segovia 344 asuntos, sin ninguna medida de refuerzo, con exención de reparto del resto de asuntos civiles.

.- Lugo 199 asuntos, sin ninguna medida de refuerzo.

.- Lleida 285 asuntos, sin ninguna medida de refuerzo.

.- Girona 784 asuntos, sin ninguna medida de refuerzo.

Por los Jueces Decanos, y por la inmensa mayoría de Juntas Sectoriales de Magistrados de Primera Instancia, ya se advirtió sobre los inconvenientes del plan diseñado, poniendo el acento sobre:

1.- El número de procedimientos que se podrían llegar a acumular en Juzgados de ámbito provincial, o de Comunidades Autónomas uniprovinciales, y la falta de estadísticas previas, fiables al respecto.

2.- El injusto y desmotivador criterio seguido para seleccionar el Juzgado a especializar en aquellos territorios donde no había uno voluntario. Se ha enviado un mensaje a los compañeros, en la idea de que si destacan especialmente en su trabajo, puede ser que se les encomiende aquello que no quieren, simplemente por eso, por hacer bien lo que les corresponde. Lo que ha desmotivado sobremanera al elegido, y ha provocado, sin duda, que todos los demás tengan una prevención a la hora de rendir satisfactoriamente, para el futuro. Se antoja complicado pensar que alguna organización de trabajo, de cualquier tipo, pueda diseñarse conscientemente un sistema que penalice a quien mejor haga su labor.

3.- El también criticable criterio de especializar un Juzgado por provincia. Así, el conocimiento de esta materia residía antes de octubre de 2015 en Juzgados de lo Mercantil; que luego se aperturó a todos los Juzgados de Primera Instancia no especializados, para terminar en la re – especialización vía acuerdo del Consejo General del Poder Judicial. Y ello, en un camino de vuelta a la especialización, en el que sólo se crea un Juzgado por provincia; independientemente del tamaño de la provincia. Cuando hay muchas provincias en España, donde se cuenta con más de un Juzgado de lo Mercantil.

Todas estas críticas fueron absolutamente desoídas, y se siguió adelante con el plan de especialización, sobre la base de las promesas de medios materiales, incumplidas por el Ministerio de Justicia y por algunas Comunidades Autónomas. La situación actual aboca al completo atasco de los Juzgados especializados, con una previsión de resolución de asuntos que se va a alargar de manera realmente importante en el tiempo; frustrando la resolución de las demandas interpuestas por los ciudadanos por su tardía respuesta.

En este punto, los Jueces Decanos instamos al Consejo General del Poder Judicial a dejar sin efecto el plan a partir del día 31 de diciembre de 2017, dado que, como se repitió por el propio Consejo, no se han puesto los medios que se preveían en un inicio, en función de la entrada de asuntos, pasando los asuntos que se ingresen a partir del 1 de enero de 2018 a reparto general entre todos los Juzgados de Primera Instancia de todos los partidos judiciales. Una vez puesto fin al plan deberán mantenerse en marcha todos los órganos especializados, hasta la finalización del último de los asuntos que se le haya asignado.

En todo caso, y para el supuesto de que esta petición vuelva a ser desoída, exigimos que se concrete expresamente cómo se va a proveer a la sustitución de los compañeros que sirven en dichos órganos, cuando la promoción 67 finalice su periodo de prácticas, y puedan concursar, como es su derecho, a otros Juzgados. Si ya se necesita un número muy superior de Jueces para resolver la avalancha de asuntos que siguen entrando constantemente, la pérdida de los jueces que actualmente se ocupan de todo ello, supondría un escenario insoportable, en el que los Magistrados Titulares de los Juzgados especializados no podrían, de ninguna de las maneras, asumir tal carga de trabajo. Asimismo, pedimos que se especifique qué gestiones va a realizar el Consejo para que se cumplan las promesas de medios materiales y personales en las distintas oficinas judiciales.

Reconocimiento especial. Los jueces decanos queremos reconocer expresamente la labor prestada por los equipos judiciales que tuvieron que intervenir a raíz de los atentados perpetrados en Barcelona y Cambrils.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE LOS JUECES DECANOS DE ESPAÑA DE APOYO A LOS JUECES DE CATALUÑA

Ante los acontecimientos ocurridos en Cataluña en las últimas semanas, los Jueces Decanos de España reunidos en Bilbao, creemos necesario realizar las siguientes manifestaciones:

1) Los jueces siempre hemos estado y estaremos al lado de la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político, valores en los que se asienta la Constitución y el conjunto del ordenamiento jurídico que, como servidores públicos, nos comprometimos a aplicar y defender.

2) Los jueces siempre hemos estado y estaremos por la pacífica convivencia de los ciudadanos, cualquiera que sea su lengua, cultura u origen

3) Los jueces siempre hemos estado y estaremos por la Ley y con la Ley, especialmente frente situaciones que pongan en peligro el Estado Democrático y de Derecho, único que dota de pleno sentido a la función judicial como último refugio para la tutela de los derechos ciudadanos. El incumplimiento generalizado de las leyes solo aboca al caos más absoluto, porque más allá de la Ley, los derechos están inermes y la Justicia se desvanece.

4) Los jueces decanos no hemos permitido ni permitiremos que ninguna instancia política pretenda ejercer influencia sobre la función jurisdiccional. Por ello la “Comisión especial sobre la violación de derechos fundamentales en Cataluña” es un esperpento sobrecogedor que carece de toda justificación en nuestra democracia, en cuanto desconoce la separación de poderes e ignora que los derechos y libertades están reconocidos y garantizados en nuestra Constitución.

5) Los jueces decanos mostramos nuestro apoyo a la labor de los jueces y magistrados que desempeñan su trabajo en Cataluña aplicando la Ley desde la más absoluta independencia, cumpliendo su deber constitucional en un momento complicado, y respetamos el trabajo que han venido desempeñando en nuestra democracia las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para el cumplimiento de las resoluciones judiciales, la protección de los ciudadanos y la defensa de sus derechos.

6) Entendemos que como jueces y como ciudadanos libres, debemos reafirmar sin complejos el Estado de Derecho frente a posiciones que pretenden desconocer la Ley desde una pretendida legalidad paralela que sólo contribuye a crear inseguridad y a acentuar el enfrentamiento. Por ello, instamos a que se haga todo lo posible y en todos los ámbitos a fin de favorecer el clima necesario para restaurar la pacífica convivencia y el Estado de Derecho en Cataluña, para que los ciudadanos puedan desarrollar en paz y libertad sus actividades cotidianas y para que nuestros jueces puedan desempeñar su trabajo con la serenidad y el rigor que precisa la función jurisdiccional.

Finalmente, los jueces decanos queremos dejar constancia de que estamos orgullosos de desempeñar nuestra labor en una de las más sólidas democracias del mundo, que con todos sus defectos y con todas sus virtudes ha supuesto para España 39 años de libertad, tolerancia y progreso.

Las cláusulas suelo… por los suelos

Jorge Muñoz | 15 de septiembre de 2017 a las 2:00

 

La verdad es que era una imagen que no había visto en los juzgados de Sevilla desde hace algún tiempo. Las pilas de documentos vuelven a amontonarse en los suelos de los juzgados, en este caso con ocasión de las demandas de reclamación por las cláusulas suelo de las hipotecas. ¡Cláusulas suelo por los suelos!, singular juego de palabras que tanto le gustan a mi compañero Francisco Correal. Pero no sólo es que las demandas se acumulen en el suelo, que ya de por sí es grave al mostrar una falta de medios evidentes, sino que estas imágenes muestran que los juzgados especializados han nacido ya colapsados. En Andalucía se especializaron ocho órganos judiciales para atender el previsible aluvión de reclamaciones tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea.

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Las demandas de cláusulas suelo, amontonadas en el juzgado especializado de Sevilla.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), artífice del plan de urgencia para combatir la avalancha de demandas, hizo público ayer un comunicado en el que informaba de que los juzgados especializados en España habían recibido 57.068 demandas entre el 1 de junio y el 8 de septiembre, es decir, en sólo dos meses dado que agosto es inhábil. El Consejo señalaba que “muchos” de esos juzgados ya han dictado sentencia y están celebrando vistas previas, añadiendo que en Madrid hay previstas 159 vistas para este mes.
El comunicado indicaba que el juzgado de Madrid, con 13.064 asuntos, es el que mayor demandas ha recibido, seguido de Barcelona, con 4.644, y Sevilla, con 2.946 reclamaciones –según los datos extraídos de Lexnet, si bien la estadística del decanato sitúan la cifra de demandas recibidas en 3.044–. Más de 3.000 en estos dos meses.
En Andalucía, a Sevilla, le sigue Málaga, con 2.177 demandas, Granada (1.580), Cádiz (1.440), Jaén (1.428), y Huelva (1.150), mientras que las provincias que han recibido menos asuntos de este tipo son Córdoba y Almería, con 940 y 787 demandas, respectivamente. El CGPJ no hace ninguna alusión al colapso de juzgados como el de Sevilla, que no sólo no ha celebrado aún ninguna vista previa –y parece que no comenzarán hasta finales de octubre o principios de noviembre–, sino que además no dispone aún de los medios necesarios para desarrollar el trabajo.

El máximo órgano de gobierno de los jueces señala que muchos de los juzgados especializados están “dictando ya sentencias, la mayoría por allanamiento de la parte demandada”, es decir, cuando la entidad bancaria acepta las pretensiones de los clientes, aunque en otros caso el juez ha entrado en el fondo del asunto al no producirse el acuerdo.
La presidenta del sector de Justicia del sindicato CSIF en Sevilla, Águila Fernández, recordó ayer que los medios con los que se ha dotado a este juzgado especializado son “insuficientes” y lamentó que el reparto de asuntos “no garantice que el ciudadano vaya a tener pronta respuesta a sus reclamaciones”.

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Otra imagen del juzgado sevillano.

El Consejo anuncia que en las próximas semanas mantendrá nuevas reuniones de coordinación con las administraciones –el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias de Justicia– para evaluar la marcha del plan y las posibles necesidades.

Esperemos que de esa reunión surja alguna medida para agilizar la tramitación de demandas en los juzgados que están colapsados, como el de Sevilla, que ya cuenta con dos jueces en prácticas pero cuya plantilla de funcionarios no está completa.

A ver si al final va a ocurrir como con el refuerzo de la Audiencia de Sevilla por los ERE, que en parte se ha hecho a costa de la pérdida de un juez que precisamente estaba reforzando los juzgados de lo Social y que solicitó esa vacante en la Audiencia.

Los jueces decano alertan del posible colapso de los juzgados de cláusulas suelo

Jorge Muñoz | 30 de mayo de 2017 a las 20:58

COMUNICADO DE LOS JUECES DECANOS DE ESPAÑA SOBRE LA ESPECIALIZACIÓN DE JUZGADOS PROVINCIALES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS SOBRE CLAUSULAS ABUSIVAS

Los 50 Jueces Decanos de España que suscribimos el presente comunicado, ante la próxima entrada en funcionamiento de Juzgados provinciales para el conocimiento de demandas sobre condiciones generales de la contratación (cláusulas abusivas) acordado por la Comisión permanente del CGPJ el pasado 25 de mayo de 2017 (BOE 27 de mayo), estimamos necesario realizar las siguientes consideraciones:

  • El día 21 de febrero de 2017 en reunión mantenida entre el CGPJ y una representación de los Jueces Decanos de diversas ciudades de España, el órgano de gobierno aseguró que no se aplicaría el “Plan de Urgencia” que implicaba la creación de dichos Juzgados provinciales especializados si no se disponía de medios humanos y materiales, lo que se reiteró en posterior acuerdo del Pleno de 23 de febrero de 2017 que se hizo público en todo los medios de comunicación.

 

  • A fecha de hoy, 30 de mayo de 2017, a tan sólo dos días de que comience el reparto a los nuevos Juzgados especializados de ámbito provincial, nos encontramos en muchas ciudades con que no se dispone de la dotación mínima necesaria para entren en funcionamiento, es decir, carecen de medios personales y materiales (letrados de la administración de Justicia, funcionarios, dependencias e instalaciones adecuadas, ordenadores, cuenta de consignaciones propia, etc…). Lógicamente, el desconcierto entre los jueces es absoluto.

 

  • En consecuencia el próximo jueves día 1 de junio de 2017 puede ocasionarse el colapso de dichos juzgados desde el mismo momento de su nacimiento, dada la situación caótica en que nos encontramos, ya que se repartirán a los mismos centenares de demandas de toda la provincia pero no podrán tramitarlas por falta de medios. Obviamente el resultado de todo ello es que la medida, en lugar de agilizar las demandas, va a ralentizarlas, con evidente perjuicio para el ciudadano.

 

  • La imprevisión y falta de coordinación –que ya viene siendo habitual- entre el CGPJ, el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas ha llevado a esta situación en muchas ciudades de España dejando abandonados a su suerte a los jueces afectados sin que nadie aporte soluciones efectivas a dos días de su entrada en funcionamiento.

 

  • Según se indica en el acuerdo de la Comisión Permanente del CGPJ del pasado día 25 de mayo de 2017, el próximo día 31 de mayo el CGPJ va a celebrar una reunión con las Comunidades Autónomas, es decir, tan sólo un día antes de que se ponga en marcha el aludido Juzgado bis de refuerzo, lo cual no deja de ser sorprendente.

 

  • La preocupación por este asunto en la judicatura es enorme, siendo su única inquietud dar un servicio adecuado, ágil y eficaz al ciudadano, tarea sencillamente imposible si no se dota a los jueces de los medios imprescindibles para el desempeño de sus funciones.

 

En consecuencia, y por todo el expuesto, los Jueces Decanos solicitamos:

 

  • Al CGPJ, que interese y reitere expresa y formalmente del Ministerio de Justicia y de las Comunidades Autónomas que cumplan su obligación de dotar de medios personales y materiales a dichos Juzgados provinciales.

 

  • A las Salas de Gobierno, que eleven consulta al CGPJ en el caso de que no se disponga de los medios personales y materiales suficientes para poner en marcha el Juzgado provincial de apoyo al Juzgado especializado el próximo jueves día 1 de junio, fecha en que comenzarán a presentarse ante los mismos las demandas sobre cláusulas abusivas, a fin de que indique, a la vista de su acuerdo de fecha 23 de febrero de 2017 y en coherencia con el mismo, si debe suspenderse el denominado “Plan de Urgencia” y el destino que debe darse a las demandas repartidas.

 

  • A los Jueces Decanos, que procedan a la convocatoria de Juntas de Jueces en aquellas sedes donde los Juzgados provinciales especializados carezcan de los medios necesarios para entrar en funcionamiento, o sean insuficientes, valorando la posibilidad de solicitar la convocatoria del Pleno de la Sala de Gobierno del TSJ correspondiente.

 

El Supremo rechaza revisar las sentencias firmes dictadas antes de la doctrina europea de las cláusulas suelo

Jorge Muñoz | 5 de abril de 2017 a las 12:38

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La Sala Primera del Tribunal Supremo, en un auto del que ha sido ponente el magistrado Rafael Sarazá Jimena, ha inadmitido a trámite una demanda que pretendía revisar la sentencia firme dictada por el Juzgado de 1a Instancia número 1 de Torremolinos (Málaga) en octubre de 2016, según ha informado hoy el Alto Tribunal.

Los demandantes alegaban que la sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de diciembre de 2016, sobre los efectos restitutorios de la nulidad de la «cláusula suelo», es un documento que debe permitir la revisión de la sentencia firme anterior en la que solo se condenó a la restitución de lo indebidamente pagado tras la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013.

No es la primera vez que se plantea la cuestión de los efectos que produce una sentencia del TJUE sobre las sentencias firmes anteriores de los tribunales nacionales, pero sí es la primera vez que se ha planteado con relación a los efectos restitutorios de la nulidad de una cláusula suelo.

El tribunal ha considerado que, de acuerdo con su jurisprudencia, no es posible obtener la revisión de una sentencia firme por el hecho de que una sentencia posterior establezca una jurisprudencia que sea incompatible con los argumentos que fundamentan el fallo de la sentencia anterior. Esa sentencia posterior no es un «documento» a efectos de lo previsto en la regulación de las demandas de revisión en la Ley de Enjuiciamiento Civil, precisa el fallo.

Por otro lado, nuestro ordenamiento jurídico preserva la firmeza de las sentencias frente a modificaciones posteriores de la jurisprudencia, adoptadas por propia iniciativa del Tribunal Supremo o impuestas por la doctrina sentada en las resoluciones del Tribunal Constitucional, y sólo permite, tras la reciente reforma de la Ley Orgánica 7/2015, la revisión de una sentencia civil firme en ciertos casos excepcionales cuando una sentencia del TEDH declare que dicha sentencia ha sido dictada en violación de alguno de los derechos reconocidos en el CEDH.

El tribunal ha aplicado la jurisprudencia del TJUE, que ha reconocido la importancia del principio de cosa juzgada tanto en el ordenamiento jurídico de la Unión como en los ordenamientos jurídicos nacionales, pues garantiza tanto la estabilidad del Derecho y de las relaciones jurídicas como la recta administración de la justicia. La aplicación de los principios de efectividad y equivalencia no determina en estos casos la revisión de las sentencias firmes por el hecho de que con posterioridad se haya dictado una sentencia por el TJUE que siente una doctrina incompatible con la de la sentencia firme del tribunal nacional.

El Supremo aplica la retroactividad total de las cláusulas suelo

Jorge Muñoz | 15 de febrero de 2017 a las 14:12

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El Tribunal Supremo adapta la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a las cláusulas suelo. El Pleno de la Sala Civil del Alto Tribunal, al resolver un recurso de casación del BBVA, ha adaptado la jurisprudencia de la sala sobre la retroactividad de la nulidad de las cláusulas suelo a la sentencia del TJUE de 21 de diciembre de 2016, según ha informado este miércoles el Alto Tribunal.

El Pleno ha decidido confirmar la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que acordaba la retroactividad total. Además, rechaza que concurra la “cosa juzgada” propuesta por el banco, primero porque “conforme a la jurisprudencia de la propia Sala Primera, del TC y del TJUE, por tratarse en este caso de una acción individual y no colectiva”. Segundo, porque la cláusula enjuiciada era diferente de las examinadas por la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013; y tercero porque la entidad de crédito contratante no fue en este caso el propio BBVA, sino por la entonces Caixa  d’Estalvis Comarcal de Manlleu.

Por último, el Supremo no ha considerado procedente plantear al TJUE la cuestiones prejudiciales que proponía el BBA. El texto íntegro de la sentencia se redactará en los próximos días.

El Supremo suspende los recursos de cláusulas suelo hasta conocer la opinión del Tribunal de Justicia de la UE sobre la retroactividad

Jorge Muñoz | 14 de abril de 2016 a las 10:37

clausula-sueloLa Sala I del Tribunal Supremo ha suspendido la tramitación de un recurso de una entidad bancaria en materia de cláusula suelo de una hipoteca hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie sobre los efectos de la declaración de nulidad de dichas cláusulas, en concreto sobre el alcance de la retroactividad de dicha nulidad.

El recurso suspendido fue interpuesto por Unicaja contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Jaén, de 10 de julio de 2014, que dio la razón a dos clientes anulando su cláusula suelo con la citada entidad, y condenando a ésta a devolver lo indebidamente cobrado sin tener como tope la fecha de mayo de 2013, señalada por el Tribunal Supremo en su sentencia sobre este asunto.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene fijada para el próximo 26 de abril la vista de una cuestión prejudicial planteada por un Juzgado de lo Mercantil de Granada para conocer si se ajusta a la normativa comunitaria moderar los efectos retroactivos de la nulidad de una cláusula suelo.

Los dos clientes de Unicaja a los que dio la razón la Audiencia de Jaén pidieron al Supremo que suspendiese el recurso de la entidad bancaria (cuya deliberación estaba fijada para el próximo 4 de mayo) hasta que se pronuncie sobre la retroactividad el Tribunal de Justicia de la UE. Tanto el banco como la Fiscalía se opusieron a dicha petición.

Sin embargo, el alto tribunal accede a la suspensión porque la cuestión jurídica planteada en el recurso interpuesto por Unicaja Banco S.A. está directamente relacionada con la cuestión prejudicial que debe resolver el alto tribunal europeo, “pues en el recurso se solicita la aplicación de la doctrina de esta Sala sobre efectos de la declaración de nulidad de la cláusula suelo, interpretación que está siendo cuestionada a la luz de la normativa comunitaria ante el TJUE”.

Además, el Supremo recuerda que contra la sentencia que debe dictar no cabe interponer recurso alguno en vía judicial, y subraya la cercanía de la fecha señalada para la vista ante el tribunal europeo y, consiguientemente, de la sentencia que haya de dictarse, por lo que la suspensión temporal del proceso no se prevé extensa, y no se causa un perjuicio relevante a las partes.

Las cláusulas suelo llegan al Tribunal de Justicia de la UE

Jorge Muñoz | 19 de mayo de 2015 a las 7:00

clausula-sueloDecenas de afectados por cláusulas suelo hipotecarias, que tienen demandas en tramitación ante Juzgados de lo Mercantil de diversas ciudades de Andalucía y Extremadura, han solicitado de los tribunales que eleven al Tribunal de Justicia de la Unión Europea la cuestión de si procede que se les devuelvan todas las cantidades cobradas de más por las entidades financieras (la llamada “retroactividad plena” del art. 1303 del Código Civil). Los más de setenta escritos presentados simultáneamente ante diversos tribunales suponen una iniciativa novedosa, en la que los afectados por malas prácticas bancarias solicitan directamente el amparo de los órganos de la Unión Europea para que les reconozca los derechos que el Tribunal Supremo español les niega, según ha informado el bufete de abogados Moreana.

La última sentencia del Tribunal Supremo sobre esta espinosa y controvertida cuestión (STS 139/2015 de 25 de marzo) interpretó la legislación aplicable en el sentido de que sólo procede condenar a las entidades financieras a la devolución de los cargos excesivos posteriores a 9 de mayo de 2013 (la llamada “retroactividad parcial”). Los consumidores afectados entienden que esa interpretación supone una merma sustancial de sus legítimos derechos conforme a la normativa europea. “La Directiva de Consumidores impone a los Estados que desarrollen la máxima diligencia para evitar el uso de cláusulas abusivas como las cláusulas suelo, y exige que esas cláusulas no vinculen en modo alguno a los consumidores. El Tribunal Supremo ha hecho un improcedente regalo a los bancos, a la vez que ha ignorado las exigencias de la Unión Europea. Por eso recurrimos al Tribunal de Justicia de la Unión, que es quien deberá decidir la cuestión de forma definitiva y que entendemos nos amparará plenamente”, afirman. La Sentencia 139/2015 supuso un duro mazazo a las expectativas de cientos de miles de consumidores que han demandado o se plantean demandar a las entidades financieras. “Para la hipoteca tipo, suscrita antes de la crisis inmobiliaria, la última sentencia del Supremo ha supuesto despojar de un plumazo a los consumidores afectados de aproximadamente dos tercios de sus expectativas de recobro económico”, afirma Carlos Fidalgo Gallardo, Socio Director de Moreana Abogados y Economistas, Profesor de la Universidad de Sevilla, y promotor de la cuestión prejudicial. “Eso supone, a nuestro juicio, una directa vulneración tanto del mismo Derecho español (en concreto del artículo 1.303 del Código Civil), como sobre todo de la normativa comunitaria, que debe aplicarse conforme a los principios de primacía y efecto directo”.

La Directiva de Consumidores estableció en su día los principios mínimos a que debían atenerse los Estados miembros de la Unión Europea para velar por que se evitase el uso por las grandes empresas de condiciones generales abusivas. España desarrolló sus compromisos derivados de esa directiva, entre otros, con el dictado de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación (Ley 7/1998) y de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios (hoy Real Decreto Legislativo 1/2007). El Tribunal Supremo, según la cuestión prejudicial planteada, estaría yendo en contra de ese marco legal, y por tanto consagrando, al menos parcialmente, unas situaciones de abuso que el mismo Tribunal Supremo ha condenado con extraordinaria rotundidad.

Según la normativa que regula el planteamiento de cuestiones prejudiciales (artículo 19.3 del Tratado de la Unión Europea y art. 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea), son los Juzgados que están tramitando los pleitos los que deben decidir ahora si elevan la cuestión a Luxemburgo. Cuál sea la decisión que adopten se sabrá en las próximas semanas.

La banca no devolverá todo lo cobrado por las cláusulas suelo

Jorge Muñoz | 17 de abril de 2015 a las 6:00

El Tribunal Supremo ha apelado al “trastorno económico” que supondría para la banca devolver todo lo cobrado de más por las cláusulas suelo de hipotecas declaradas abusivas y ha zanjado de forma definitiva la discrepancia entre los jueces sobre el asunto, al concluir que no restituirá aquellas anteriores al 9 de mayo de 2013. Ese día, el Supremo dictó una sentencia en la que declaraba nulas todas las cláusulas suelo que no cumplieran con los criterios de transparencia, incluso si el cliente se benefició “durante un tiempo” de caídas en el euríbor y declaraba la irretroactividad de su decisión.

Desde ese momento se han dictado muchas sentencias que han obligado a la devolución de las cuantías cobradas de más desde el inicio del contrato, al entender que el Supremo falló sobre una acción colectiva de cesación -lo que suponía eliminarla de las condiciones generales del contrato y no aplicarla en lo sucesivo-, y no se debían aplicar a casos individuales.

La parte dispositiva de la sentencia del Supremo es la siguiente:

1. Desestimar el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA “BBVA SA”, contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Álava (Sección Primera) el día 21 de noviembre de 2013, en el recurso de apelación 465/2013, interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil número Uno de Vitoria en los autos de juicio ordinario 8/2013.

2. Estimar el recurso de casación interpuesto por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA “BBVA SA”, contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Álava (Sección Primera) el día 21 de noviembre de 2013, en el recurso de apelación 465/2013, interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil número Uno de Vitoria en los autos de juicio ordinario 8/2013.

3. Estimar, asumiendo la instancia, el recurso de apelación interpuesto por BBVA SA contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia, declarando que los efectos de restitución derivados de la declaración de nulidad de la cláusula no se extienden a los pagos de intereses efectuados en aplicación de ella anteriores a la fecha de publicación de la sentencia de 9 de mayo de 2013.

4. Se fija como doctrina: “Que cuando en aplicación de la doctrina fijada en la sentencia de Pleno de 9 de mayo de 2013, ratificada por la de 16 de julio de 2014, Rc. 1217/2013 y la de 24 de marzo de 2015, Rc. 1765/2013 se declare abusiva y, por ende, nula la denominada cláusula suelo inserta en un contrato de préstamo con tipo de interés variable, procederá la restitución al prestatario de los intereses que hubiese pagado en aplicación de dicha cláusula a partir de la fecha de publicación de la sentencia de 9 de mayo de 2013″.

5. No se imponen a la parte recurrente las costas del recurso extraordinario de infracción procesal ni las del recurso de casación, con devolución del depósito para recurrir.

6. No ha lugar a hacer expresa condena en las costas de las instancias.